Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-27-000-2020-00015-00
Consejo de Estado · Sección Cuarta
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Consejo de Estado · Sección Cuarta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-27-000-2020-00015-00
Consejo de Estado · Sección Cuarta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Cuarta
Radicado 11001-03-27-000-2020-00015-00
Consejero ponente: Milton Chaves Garcia
25 de mayo de 2023
Radicado: 11001-03-27-000-2020-00015-00 (25332)
Demandante: Juan David Barbosa Mariño
FALLO
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERO PONENTE: MILTON CHAVES GARCÍA
Bogotá D.C., veinticinco (25) de mayo de dos mil veintitrés (2023)
Referencia: MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD
Radicación: 11001-03-27-000-2020-00015-00 (25332)
Demandante: JUAN DAVID BARBOSA MARIÑO
Demandados: LA NACIÓN - MINISTERIOS DE HACIENDA Y CRÉDITO
PÚBLICO Y DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO Y DE
MINAS Y ENERGÍA.
Temas: Procedimiento aduanero. Término para notificar actos definitivos
SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA
En ejercicio del medio de control previsto en el artículo 137 del CPACA, Juan David
Barbosa Mariño solicitó la nulidad de las expresiones que a continuación se subrayan,
contenidas en los artículos 588 y 607 del Decreto 390 de 2016 1 y 686 y 705 del
Decreto 1165 de 2019 2:
“DECRETO 390 DE 2016
ARTÍCULO 588. ACTO ADMINISTRATIVO QUE DECIDE DE FONDO. La
autoridad aduanera dispondrá de cuarenta y cinco (45) días para expedir el acto
administrativo que decida de fondo sobre la imposición de la sanción, la
formulación de la liquidación oficial o el archivo del expediente, si a ello hubiere
lugar, término que se contará así:
1. A partir del día siguiente al vencimiento del término para responder el
requerimiento especial aduanero, cuando no hubieren (sic) pruebas que decretar,
ni a petición de parte ni de oficio.
2. A partir del día siguiente al de la presentación de la respuesta al requerimiento
especial aduanero, donde el interesado renuncie al resto del término que faltare,
siempre y cuando no hubieren (sic) nuevas pruebas que decretar, ni a petición de
parte, ni de oficio.
3. A partir del día siguiente a la notificación del auto que cierra el periodo
probatorio.
El acto administrativo que decide de fondo será motivado y resolverá sobre los
demás aspectos a que hubiere lugar, tales como la efectividad de la garantía y la
finalización del régimen aduanero, si esto fuere procedente.
1 “2013Por el cual se establece la regulación aduanera”. El decreto fue expedido por el Presidente de la República
y los Ministros de Hacienda y Crédito Público, Comercio, Industria y Turismo y de Minas y Energía.
2 “Por el cual se dictan disposiciones relativas al Régimen de Aduanas en desarrollo de la Ley 1609 de 2013”.. El
decreto fue proferido por el Presidente de la República y los Ministros de Hacienda y Crédito Público y de Comercio,
Industria y Turismo
1
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Radicado: 11001-03-27-000-2020-00015-00 (25332)
Demandante: Juan David Barbosa Mariño
FALLO
Dentro de los términos para decidir de fondo no se incluyen los requeridos para
efectuar la notificación de dicho acto administrativo.
[…]
ARTÍCULO 607. TÉRMINO PARA DECIDIR EL RECURSO DE
RECONSIDERACIÓN. El término para decidir el recurso de reconsideración será
de cuatro (4) meses, contados a partir del día siguiente a:
1. La recepción del recurso y del expediente por parte del área competente para
decidir de fondo, cuando no se haya proferido auto inadmisorio.
2. La ejecutoria de la resolución que resuelve el recurso de reposición admitiendo
el recurso de reconsideración.
3. La ratificación por parte del interesado de la actuación del agente oficioso,
siempre y cuando la dependencia competente para decidir haya recibido el
recurso y el expediente y no se haya proferido auto inadmisorio.
Dicho término se suspenderá por el mismo tiempo que dura el periodo probatorio,
contado a partir de la fecha de ejecutoria del auto que decreta las pruebas.
Dentro del término para decidir de fondo no se incluye el requerido para efectuar
la notificación de dicho acto administrativo.”.
DECRETO 1165 DE 2019
“Artículo 686. ACTO ADMINISTRATIVO QUE DECIDE DE FONDO. La autoridad
aduanera dispondrá de cuarenta y cinco (45) días para expedir el acto
administrativo que decida de fondo sobre la imposición de la sanción, la
formulación de la liquidación oficial o el archivo del expediente, si a ello hubiere
lugar, término que se contará así:
1. A partir del día siguiente al vencimiento del término para responder el
requerimiento especial aduanero, cuando no hubieren (sic) pruebas que decretar,
ni a petición de parte ni de oficio.
2. A partir del día siguiente al de la presentación de la respuesta al requerimiento
especial aduanero, donde el interesado renuncie al resto del término que faltare,
siempre y cuando no hubiere nuevas pruebas que decretar, ni a petición de parte,
ni de oficio.
3. A partir del día siguiente a la notificación del auto que cierra el periodo
probatorio.
El acto administrativo que decide de fondo será motivado y resolverá sobre los
demás aspectos a que hubiere lugar, tales como la efectividad de la garantía y la
finalización del régimen aduanero, si esto fuere procedente.
Dentro de los términos para decidir de fondo no se incluyen los requeridos para
efectuar la notificación de dicho acto administrativo.
[…]”
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Radicado: 11001-03-27-000-2020-00015-00 (25332)
Demandante: Juan David Barbosa Mariño
FALLO
Artículo 705. TÉRMINO PARA DECIDIR EL RECURSO DE
RECONSIDERACIÓN. El término para decidir el recurso de reconsideración será
de cuatro (4) meses, contados a partir del día siguiente a:
1. La recepción del recurso y del expediente por parte del área competente para
decidir de fondo, cuando no se haya proferido auto inadmisorio.
2. La ejecutoria de la resolución que resuelve el recurso de reposición admitiendo
el recurso de reconsideración.
3. La ratificación por parte del interesado de la actuación del agente oficioso,
siempre y cuando la dependencia competente para decidir haya recibido el recurso
y el expediente y no se haya proferido auto inadmisorio.
Dicho término se suspenderá por el mismo tiempo que dura el periodo probatorio,
contado a partir de la fecha de ejecutoria del auto que decreta las pruebas.
Dentro del término para decidir de fondo no se incluye el requerido para efectuar
la notificación de dicho acto administrativo.”
El demandante invocó como normas violadas las siguientes 3:
Artículos 29, 150 y 209, numeral 19, literal c, de la Constitución Política.
Artículo 3, numeral 9 del CPACA.
Artículos 1° y 4° de la Ley 1609 de 2013 -Ley Marco de Aduanas.
Artículo 4°, numerales 4 y 5 del Acuerdo sobre Facilitación del Comercio.
Artículo 4° de la Ley 1879 de 2018.
Como concepto de la violación expuso, en síntesis, lo siguiente:
Las expresiones demandadas violan el debido proceso e impiden que se
configure el silencio administrativo positivo en materia aduanera.
De acuerdo con los artículos 609 del Decreto 390 de 2016 y 707 del Decreto 1165 de
2019, cuando la autoridad aduanera incumpla los términos previstos para decidir de
fondo una actuación administrativa, opera el silencio administrativo positivo en favor
de los administrados.
Sin embargo, las disposiciones acusadas establecen que dentro de los términos para
decidir no debe incluirse el plazo para notificar el acto que decide de fondo la actuación
administrativa (liquidación oficial, resolución sanción o un acto que decide el recurso
de reconsideración).
Así, los actos que deciden de fondo se entienden oportunamente expedidos, aunque
no hayan sido puestos en conocimiento del administrado, motivo por el cual no puede
predicarse la existencia de un silencio administrativo positivo.
3 Folios 23 a 27, c.p.
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Demandante: Juan David Barbosa Mariño
FALLO
Tanto el artículo 3 numeral 9 del CPACA como el artículo 4 de la Ley Marco de
Aduanas (Ley 1609 de 2013) establecieron que todas las actuaciones administrativas
deben desarrollarse con arreglo, entre otros principios, al de publicidad, lo que permite
que los administrados ejerzan su derecho al debido proceso, por ejemplo, mediante el
control de la oportunidad con que actuó la administración, máxime si se tiene en cuenta
que sóo con la notificación del acto administrativo se puede tener certeza de la
concreción o no del silencio administrativo positivo.
Por su parte, el artículo 4 numeral 5 del Acuerdo sobre Facilitación del Comercio,
aprobado por la Ley 1879 de 2018, expresamente señala que: “(…) 5. Nada de lo
dispuesto en el presente párrafo impedirá a un Miembro reconocer el silencio
administrativo respecto del recurso o la revisión como una decisión en favor del
solicitante de conformidad con sus leyes y reglamentos”.
En consecuencia, Gobierno Nacional no está facultado para establecer que en los
procedimientos aduaneros relacionados con una liquidación oficial, una sanción o la
decisión de un recurso de reconsideración, la autoridad no está limitada
temporalmente para notificar tales actos administrativos, puesto que es sólo con la
notificación de los actos que los administrados pueden tener certeza de la concreción
o no del silencio administrativo positivo y de la eventual falta de competencia temporal
del funcionario que expidió los actos administrativos.
En relación con la expresión demandada “dentro de los términos para decidir de fondo
no se incluyen los requeridos para efectuar la notificación”, prevista también en el
derogado Decreto 2685 de 1999, la Sección Primera del Consejo de Estado precisó
que “[s]i bien, en principio, la norma se refiere al verbo expedir, también lo es que dicha
expresión no puede entenderse, en este caso, en su tenor literal, pues es lógico que
si la Administración no notifica el acto en cuestión dentro del término a que alude el
artículo 512 en comento, en últimas, dicho término sería letra muerta y no se
configuraría el silencio administrativo positivo, lo que es contrario al espíritu del
legislador”. (Sentencia del 29 de septiembre del 2009, Exp. 2003-00442-01)
En materia tributaria, el término para “resolver” incluye el plazo de la notificación de la
decisión, especialmente por cuanto este plazo tiene la vocación de interrumpir el
término que corre a favor del contribuyente para que opere, en su favor, el silencio
administrativo positivo. No hay razón para que en materia aduanera el mismo
contribuyente reciba un tratamiento diferente.
Las expresiones demandadas de los artículos 588 y 607 del Decreto 390 de 2016
son nulas, aunque estas normas no se encuentran vigentes.
Los artículos 588 y 607 del Decreto 390 de 2016 fueron derogados por el Decreto 1165
de 2019. Sin embargo, deben anularse por los efectos que pudieron surtir durante su
vigencia, en especial, en lo que se refiere a la imposibilidad de la concreción del
silencio administrativo positivo y al control de legalidad en cuanto a la oportunidad de
las actuaciones administrativas.
Lo dicho es aplicable respecto a las normas demandadas del Decreto 1165 de 2019
en el evento que al momento de fallar dicho decreto tampoco esté vigente.
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Demandante: Juan David Barbosa Mariño
FALLO
COADYUVANCIA
Pedro Enrique Sarmiento Pérez y Andrea Ospina García presentaron escrito de
coadyuvancia para controvertir la legalidad de los actos acusados. Sus argumentos
se resumen de la siguiente manera:
La falta de notificación de los actos dentro de los términos para decidir viola el debido
proceso por cuanto dichos términos son preclusivos.
Si bien las normas demandadas consagran un plazo para que la administración se
pronuncie, dicho término no está determinado, pues deja por fuera los términos de
notificación, que permiten que se materialice el silencio administrativo positivo.
El incumplimiento de un término en general viola el principio de confianza legítima y
genera inseguridad jurídica, pues no se puede exigir el cumplimiento de términos a
los usuarios aduaneros, pero ser laxos con el cumplimiento de los términos cuando
de la administración se trata 4.
En lo que respecta a la configuración del silencio administrativo positivo, la diferencia
en materia tributaria y aduanera es injustificada. No tiene sentido que en materia
tributaria la autoridad deba proferir y notificar el acto administrativo dentro del término
establecido, mientras que en el ámbito aduanero la administración no tiene plazo para
notificar el acto administrativo, a pesar de que, en ambos casos, el fin del silencio
administrativo es resolver oportunamente la solicitud del administrado.
CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA
El Ministerio de Minas y Energía solicitó que se nieguen las pretensiones de la
demanda por las razones que se resumen así 5:
Cuando la norma aduanera establece que dentro de los términos para decidir de fondo
no se incluyen los requeridos para notificar el correspondiente acto administrativo, no
se afecta la posibilidad del administrado de determinar con precisión el momento de
ocurrencia de un eventual silencio administrativo positivo.
Lo anterior, por cuanto según los artículos 707 del Decreto 1165 de 2019 y 609 del
derogado Decreto 390 de 2016, hay lugar a la ocurrencia del silencio administrativo
positivo una vez transcurrido el plazo para expedir el acto administrativo que resuelve
de fondo un proceso de fiscalización relativo a la expedición de una liquidación oficial,
una sanción, el decomiso, o el recurso de reconsideración, sin que la administración
haya expedido el respectivo acto.
El Ministerio de Hacienda y Crédito Público se opuso a las pretensiones de la
demanda, en los siguientes términos 6:
4 Citó las sentencias de la Sección de 8 de febrero de 2018, expediente 21111, de 1 de marzo de 2018, expediente
22630, de 15 de marzo de 2018, expediente 22864, de 5 de abril de 2020, expediente 21018 y 19 de abril de 2018,
expediente 21761.
5 Fl. 56-63 c.p.
6 Fl. 56-63 c.p.
5
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Demandante: Juan David Barbosa Mariño
FALLO
Fue mediante el artículo 20 del Decreto 4431 de diciembre 30 de 2004, es decir, seis
meses después de los hechos estudiados por el Consejo de Estado en la sentencia
invocada por el demandante, que el Presidente de la República modificó el artículo
512 del Decreto 2685 de 1999, incorporando el siguiente parágrafo “Dentro de los
términos para decidir de fondo no se incluyen los requeridos para efectuar la
notificación, la cual se surtirá de conformidad con los artículos 564 y 567 de este
decreto".
El demandante desconoce que, tanto para dar respuesta al requerimiento especial
aduanero como para interponer el recurso de reconsideración contra el acto de fondo,
la norma establece un término para el administrado de “quince (15) días hábiles
siguientes a su notificación”, lo cual se enmarca en el pleno acatamiento a los
principios fundamentales del debido proceso y el derecho de defensa del
administrado.
Según los artículos 707 del Decreto 1165 de 2019 y 609 del derogado Decreto 390 de
2016, hay lugar a la ocurrencia del silencio administrativo positivo una vez transcurrido
el plazo para expedir el acto administrativo que resuelve de fondo un proceso de
fiscalización relativo a la expedición de una liquidación oficial, una sanción, el
decomiso, o el recurso de reconsideración, sin que la administración haya expedido
el respectivo acto.
La no expedición del acto administrativo que decide de fondo puede ser verificada
por el administrado, a partir del día hábil siguiente al vencimiento del plazo, mediante
consulta de la publicación en la página web de la entidad, establecida por el parágrafo
del artículo 707 del Decreto 1165 de 2019, actualmente vigente, y, en su momento,
por el parágrafo del artículo 609 del derogado Decreto 390 de 2016.
El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo se opuso a las pretensiones de la
demanda, con los siguientes argumentos:
Los términos para impugnar las decisiones aduaneras se cuentan, en todos los casos,
a partir de la notificación del acto en debida forma, de tal suerte que se salvaguardan
la garantía del debido proceso y del derecho de defensa.
Con sujeción al artículo 707 del Decreto 1165 de 2019, solamente hay lugar a la
configuración del silencio administrativo positivo, si transcurre el plazo para expedir el
acto que resuelve de fondo un proceso de fiscalización sin que la administración haya
expedido el respectivo acto.
No se vulnera el principio de publicidad, pues además de la expedición oportuna del
acto, este debe notificarse después, para ser oponible y controvertido por el
administrado.
TRÁMITE DEL PROCESO
Con fundamento en el numeral 1 del artículo 182A de la Ley 1437 de 2011 -CPACA-,
adicionado por el artículo 42 de la Ley 2080 de 2021, mediante auto de 17 de agosto
de 2022, se dio aplicación a la figura de la sentencia anticipada. Lo anterior, porque el
asunto es de puro derecho.
6
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Demandante: Juan David Barbosa Mariño
FALLO
ALEGATOS DE CONCLUSIÓN
El demandante guardó silencio en esta etapa del proceso.
Los coadyuvantes reiteraron los argumentos expuestos en su escrito de
coadyuvancia.
Los Ministerios de Hacienda y Crédito Público y de Comercio, Industria y
Turismo reiteraron los argumentos de la contestación de la demanda 7.
El Ministerio Público no intervino en esta etapa del proceso.
CONSIDERACIONES DE LA SALA
La Sala decide si son nulas las expresiones “Dentro de los términos para decidir de
fondo no se incluyen los requeridos para efectuar la notificación de dicho acto
administrativo”, contenida en los artículos 588 del Decreto 390 de 2016 y 686 del
Decreto 1165 de 2019 y “Dentro del término para decidir de fondo no se incluye el
requerido para efectuar la notificación de dicho acto administrativo”, de los artículos
607 del Decreto 390 de 2016 y 705 del Decreto 1165 de 2019.
En concreto, decide si en materia aduanera, al no incluir el término de notificación de
los actos dentro del plazo para decidir de fondo las actuaciones administrativas a que
se refieren las normas parcialmente demandadas, se vulneran los derechos a la
igualdad y al debido proceso, que incluyen los principios de publicidad y contradicción.
Lo anterior, porque, a juicio de la parte actora, si no se notifica en tiempo el acto
definitivo no se podrían configurar el silencio administrativo positivo ni la consiguiente
falta de competencia temporal para resolver por parte de la administración.
La Sala accede a las pretensiones de la demanda, según el siguiente análisis:
Sea lo primero precisar que pese a que las expresiones demandadas de los artículos
588 y 607 del Decreto 390 de 2016 perdieron vigencia porque dicho decreto fue
derogado por el Decreto 1165 de 2019, es procedente realizar un pronunciamiento de
fondo, pues, aunque dichas normas ya no están produciendo efectos, es factible que
a su amparo existan situaciones jurídicas particulares que no se hayan consolidado y
que ameriten la reparación del daño o la restauración del derecho que eventualmente
se haya afectado durante la vigencia de dichas normas 8.
7 Índice 17 de SAMAI.
8 Sentencias del 23 de septiembre de 2021, Exp. 25240, C.P. Milton Chaves García; 29 de abril de 2021, Exp.
25056, C.P. Myriam Stella Gutiérrez Argüello; Sentencia del 8 de marzo de 2019. Exp. 22290, CP: Stella Jeannette
Carvajal Basto; Sentencia del 14 de noviembre de 2019, Exp. 20930, CP: Jorge Octavio Ramírez Ramírez; 23 de
enero de 2014, Exp. 18841, CP. Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez, 20 de noviembre de 2014, Exp. 18943, CP.
Martha Teresa Briceño de Valencia, 28 de mayo de 2015, Exp. 21116 y del 19 de abril de 2018, Exp. 21176, CP.
Jorge Octavio Ramírez Ramírez; Auto del 9 de diciembre de 2019, Exp. 20498, CP: Milton Chaves García.
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Demandante: Juan David Barbosa Mariño
FALLO
Naturaleza y alcance de los Decretos 390 de 2016 y 1165 de 2019 que desarrollan
la Ley Marco de Aduanas (Ley 1609 de 2013). Reiteración jurisprudencial 9
EL artículo 150 numeral 19 de la Constitución Política establece las leyes marco como 1
aquellas normas generales que señalan los objetivos y criterios a los cuales debe
sujetarse el Gobierno Nacional para reglamentar materias específicas, como el crédito
público, el comercio exterior, el régimen cambiario, la modificación de aranceles,
tarifas y demás disposiciones aduaneras, el mercado financiero, bursátil y
asegurador, o el régimen salarial y prestacional de los empleados públicos.
La generalidad que caracteriza las leyes marco, por la naturaleza de las materias que
son su objeto, por tratarse de asuntos cambiantes y de carácter técnico, justifica la
facultad y competencia del Gobierno Nacional, para regularlas de manera ágil, a fin de
que no pierdan su razón de ser.
Por esa razón, las leyes marco suponen una distribución de competencias entre el
legislativo y el ejecutivo. Al primero le corresponde determinar, por medio de la ley, las
pautas generales para que las enunciadas materias sean reguladas. Y, el segundo
debe precisar y completar esas disposiciones legales mediante decretos (actos
administrativos), lo que lleva a señalar que las leyes marco cobran sentido mediante
la actividad normativa que realiza el ejecutivo.
La Ley 1609 de 2013, ley marco de aduanas, se ocupó de dictar normas y principios
generales a los cuales debía sujetarse el Gobierno Nacional para establecer el régimen
aduanero, dentro de los cuales se encuentra el principio de publicidad. Y en ejercicio
de la competencia concurrente que tiene el ejecutivo para desarrollar las pautas
generales previstas en la citada ley marco, los Decretos 390 de 2016 y 1165 de 2019,
regularon el procedimiento aduanero y, dentro de este, en lo que interesa a este
asunto, los términos para decidir de fondo las actuaciones aduaneras y el silencio
administrativo positivo.
Notificación de los actos administrativos. Principio de publicidad.
Por regla general, el proceso de elaboración de un acto administrativo supone el
cumplimiento de dos etapas: la de la decisión y la de la exteriorización. En esta última
fase se encuentra el deber de publicidad del acto administrativo, a efectos de su
vigencia y oponibilidad. La inoponibilidad del acto administrativo no deriva, pues, del
contenido del mismo ni de la actuación administrativa previa a la decisión -pues ello se
refiere a la validez-. La inoponibilidad aparece en la etapa posterior, durante la cual la
administración tiene el deber de publicar y notificar el acto, según el caso, conforme a
los artículos 43 y 44 CCA (hoy artículos 6510 y ss del CPACA) 11.
La notificación de los actos administrativos es un elemento esencial del debido
proceso, pues busca proteger el derecho de defensa y contradicción, además de
garantizar que las actuaciones administrativas sean conocidas por los administrados
9 Sentencia del 24 de mayo de 2018, Exp. 21144, C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
10 Modificado por el artículo 15 de la Ley 2080 de 2021.
11 Consejode Estado, Sección Tercera, sentencia del 19 de noviembre de 2021, Exp. 34909 C.P. Guillermo
Sánchez Luque.
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Demandante: Juan David Barbosa Mariño
FALLO
para que puedan controvertirlas a través de los recursos en vía administrativa y judicial,
según sea el caso 12.
En virtud del principio de publicidad, consagrado en los artículos 209 de la C.P, 3 del
CPACA y 4 de la Ley Marco de Aduanas 1609 de 2013, la administración debe dar a
a conocer sus decisiones, con la finalidad de garantizar el derecho al debido proceso,
en especial, el derecho a la defensa y a presentar los recursos establecidos por la Ley.
Este requisito de publicidad es un presupuesto de eficacia u oponibilidad, frente a
terceros, como lo ha explicado la jurisprudencia, no de validez. Es decir, el acto nace
a la vida jurídica desde su expedición, pero su fuerza vinculante comienza a partir del
momento en que se ha producido su notificación o publicación. […]13 . Por tanto, el
conocimiento de los actos mediante su notificación debe ser oportuno, para garantizar
también los principios de eficacia, economía y celeridad de las actuaciones
administrativas (artículo 3 del CPACA y 4 de la Ley Marco de Aduanas 1609 de 2013)
Sobre el principio de publicidad, la Corte Constitucional ha señalado que “supone el
conocimiento de los actos de los órganos y autoridades estatales, en consecuencia,
implica para ellos desplegar una actividad efectiva para alcanzar dicho propósito; dado
que, la certeza y seguridad jurídicas exigen que las personas puedan conocer, no sólo
de la existencia y vigencia de los mandatos dictados por dichos órganos y autoridades
estatales, sino, en especial, del contenido de las decisiones por ellos adoptadas,
para lo cual, la publicación se instituye en presupuesto básico de su vigenc ia y
oponibilidad, mediante los instrumentos creados con tal fin”14.
De la configuración del silencio administrativo positivo en el régimen aduanero
Conforme con el artículo 84 del CPACA, de manera excepcional, esto es, solo cuando
expresamente la ley lo prevé, el silencio de la administración “equivale a una decisión
positiva”, o sea, favorable al administrado. Y los términos para que se entienda
producida la “decisión positiva presunta” comienzan a contarse desde cuando se
presentó la petición o recurso.
Así, cuando la administración no decide dentro de los términos que tiene para ello, se
entiende que sí decidió y lo hizo de forma favorable al administrado.
Frente al silencio administrativo en materia aduanera, esta Sección ha precisado que
dentro del plazo que tiene la administración para decidir, debe expedir y notificar el
acto15. Entonces, la expresión decidir no es sinónimo de expedir o dictar, sino que
comprende tanto la expedición como la notificación de la decisión. Sólo así se entiende
que la administración decidió un asunto frente al administrado.
12 Sentencias del 23 de septiembre de 2021, Exp. 24912, C.P. Milton Chaves García; sentencia del 29 de abril de
2020, Exp. 22646, C.P. Milton Chaves García; 12 de junio de 2019, exp. 20613, C.P. Milton Chaves, del 8 de
septiembre de 2016, exp. 18945, C.P Jorge Octavio Ramírez Ramírez; del 20 de septiembre de 2017, exp. 20890,
C.P. Stella Jeannette Carvajal Basto, y del 19 de octubre de 2017, exp. 22283, C.P. Milton Chaves García.
13 Auto del 25 de marzo de 2021, Exp. 2177315, C.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez.
14 Ver sentencias C-957 de 1999 y C-096 de 2001.
15 Por ejemplo, en sentencia de 25 de mayo de 2017, expediente 21106, C.P. Stella Jeannette Carvajal Basto, con
fundamento en los artículos 515 y 519 del Decreto 2685 de 1999, esta Sección precisó que en materia aduanera
los términos para decidir de fondo los recursos son perentorios y, por consiguiente, al transcurrir el plazo –que es
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De acuerdo con los artículos 588 del Decreto 390 de 2016 y 686 del Decreto 1165 de
2019, la autoridad aduanera dispone de 45 días para expedir el acto administrativo
que decida de fondo sobre la imposición de la sanción, la formulación de la liquidación
oficial o el archivo del expediente.
El numeral tercero de ambas normas señala que dentro de los términos para decidir
de fondo “no se incluyen los requeridos para efectuar la notificación de dicho acto
administrativo”.
Asimismo, los artículos 607 del Decreto 390 de 2016 y 705 del Decreto 1165 de 2019
prevén que la administración aduanera cuenta con un plazo de 4 meses para decidir
el recurso de reconsideración y que dentro de ese término “no se incluye el requerido
para efectuar la notificación de dicho acto administrativo.”
Entonces, según las mencionadas normas, para que en materia aduanera se entienda
decidida o resuelta de fondo la actuación administrativa o decidido el recurso de
reconsideración, basta con que el acto administrativo se dicte o expida. No es
necesario notificarlo al administrado.
Por su parte, los artículos 609 del Decreto 390 de 2016 y 707 del Decreto 1165 de
2019 disponen que “Transcurrido el plazo para expedir el acto administrativo que
resuelve de fondo un proceso de fiscalización relativo a la expedición de una
liquidación oficial, una sanción, el decomiso, o el recurso de reconsideración previstos
en el presente decreto, dará lugar a la ocurrencia del silencio administrativo positivo”,
que puede declararse de oficio o a petición de parte “ante la dependencia que
presuntamente incumplió el término”.
Así, de acuerdo con los artículos 588 y 609 del Decreto 390 de 2016 y 686 y 705 del
Decreto 1165 de 2019, en materia aduanera, la autoridad cuenta con un plazo máximo
de 45 días para expedir o dictar el acto administrativo que decida de fondo sobre la
imposición de la sanción, la formulación de la liquidación oficial o el archivo del
expediente y de 4 meses para decidir el recurso de reconsideración, términos dentro
de los cuales no es necesario notificar el acto. Si la decisión administrativa, que no
incluye la notificación del acto, se profiere o expide por fuera de los plazos antes
mencionados, se configura el silencio administrativo positivo, de acuerdo con los
artículos 609 del Decreto 390 de 2016 y 707 del Decreto 1165 de 2019.
Caso concreto
Las normas parcialmente demandadas prevén un plazo máximo de 45 días para
expedir el acto administrativo que decida de fondo sobre la imposición de la sanción,
la formulación de la liquidación oficial o el archivo del expediente y de 4 meses para
decidir el recurso de reconsideración. Y para que se configure el silencio
administrativo positivo a que se refieren los artículos 609 del Decreto 390 de 2016 y
707 del Decreto 1165 de 2019, dentro del plazo para decidir de fondo no es necesario
notificar la decisión al administrado.
de 3 meses-, para resolver el recurso de reconsideración sin que este haya sido notificado al recurrente se
entenderá fallado a su favor.
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Además, según el parágrafo de los artículos 609 del Decreto 390 de 2016 y 707 del
Decreto 1165 de 2019, para que el administrado pueda verificar si se produjo o no el
silencio positivo frente a la decisión de fondo, “la Dirección de Impuestos y Aduanas
Nacionales implementará un servicio de publicación,[…] en el que se podrá consultar
la parte resolutiva del acto administrativo, a partir del día hábil siguiente de la fecha de
su expedición y durante un periodo de un (1) mes en la página web de la DIAN. Este
servicio de publicación no constituye un requisito de validez del acto administrativo, ni
hace parte de su notificación”
Ese servicio de publicación permite saber que el acto se dictó o no en tiempo, pero no
puede reemplazar la notificación del acto. Entonces, con el argumento de que se puede
saber cuándo la DIAN dictó el acto que decide de fondo un asunto aduanero y por lo
mismo, determinar si existe o no silencio administrativo positivo, la administración
debería dar a conocer el acto completo en tiempo. Sin embargo, la notificación de ese
acto como garantía del debido proceso y del principio de publicidad queda postergada
en el tiempo. Por lo mismo, quedan postergadas, también, la eficacia y oponibilidad
del acto frente al administrado. De nada le sirve al administrado saber que el acto se
expidió o dictó en tiempo si queda aplazada su notificación, diligencia que le permite
conocer el contenido del acto no solo para que le resulte eficaz y oponible sino para
ejercer su derecho de defensa frente a la decisión de la administración, mediante los
recursos procedentes.
En síntesis, ese servicio de publicación para consultar la parte resolutiva del acto no
resulta suficiente para materializar y hacer efectivo el principio de publicidad, pues no
le permite al administrado conocer oportunamente el contenido íntegro del acto ni sus
motivos, lo que le impide ejercer a cabalidad el derecho de defensa. Nótese que el
servicio prevé publicar la parte resolutiva, pero no las razones por las cuales se tomó
la decisión.
La no exigencia legal de notificar el acto al administrado dentro de un plazo perentorio
asociado al término de expedición del mismo, implica generar un estado de
inseguridad jurídica frente a las razones de hecho y de derecho que motivaron el
sentido de la decisión administrativa y constituye una vulneración al principio de
publicidad según el cual los actos administrativos deben ser conocidos en su
integridad por los sujetos procesales con interés jurídico en actuar a través de los
mecanismos de comunicación instituidos en la ley, con el fin de que puedan ejercer
sus derechos a la defensa y contradicción.( Sentencia C-341/14).
Por lo demás, no hay norma que autorice al Gobierno Nacional para determinar que,
a pesar de no haber sido notificado el acto, este tiene algún efecto vinculante frente al
interesado.
No es dable considerar que la institución del silencio administrativo positivo por no
dictarse el acto en tiempo (artículos 609 del Decreto 390 de 2016 y 707 del Decreto
1165 de 2019) salvaguarda per se el debido proceso del administrado con la sola
expedición del acto, pues lo cierto es que esa figura se prevé como una sanción por el
actuar extemporáneo de la administración. Sin embargo, si el administrado no conoce
tanto la parte motiva como la resolutiva del acto, no se le ha decidido o resuelto el
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asunto.
Es de anotar que, sobre el silencio administrativo positivo en materia aduanera, existe
jurisprudencia de esta Sección, conforme con la cual dentro del término que tiene la
administración para resolver las actuaciones o recursos debe también notificarse la
decisión, pues si no sucede así la actuación o el recurso se entienden resueltos a favor
del administrado 16. Igual sucede con otros pronunciamientos en materia aduanera
(Decreto 2685 de 1999) en los que esta Corporación acogió la interpretación según la
cual el término “resolver” incluye dar a conocer o notificar el acto 17, como una garantía
del debido proceso del administrado.
Asimismo, sobre el término “expedir” y la imposibilidad de que se configure el silencio
administrativo positivo, la Sección Primera de esta Corporación señaló que “dicha
expresión no puede entenderse, en este caso, en su tenor literal, pues es lógico que
si la Administración no notifica el acto en cuestión dentro del término a que alude el
artículo 512 (Decreto 2685) en comento, en últimas, dicho término sería letra muerta y
no se configuraría el silencio administrativo positivo, lo que es contrario al espíritu del
legislador, pues lo que pretende el precepto es que la Administración dé pronta
respuesta al administrado, lo cual solamente se logra si éste, además, conoce la
decisión”18.
En esa línea, los apartes demandados desconocen la garantía de publicidad para el
administrado, que prevé el artículo 4 de la Ley Marco de Aduanas (Ley 1609 de 2013),
garantía que impone a la administración la obligación de dar a conocer al interesado,
el contenido total del acto administrativo, para que le sea oponible.
Comoquiera dentro del término para decidir de fondo debe surtirse la notificación del
acto, pues, como lo ha precisado la jurisprudencia, la pronta respuesta al administrado
16 Por ejemplo, en sentencia de 20 de agosto de 2015, expediente 25000-23-37-000-2012-00358-01(21131), M.P.
Martha Teresa Briceño de Valencia, esta Sección, invocando lo dispuesto en los artículos 515 y 519 del Decreto
2685 de 1999 (Estatuto Aduanero), concluyó que para que el recurso de reconsideración se entien da resuelto
oportunamente es necesario que dentro del término legal, que es de tres meses, se notifique el acto que lo decide,
pues solo así el contribuyente tiene conocimiento de la decisión administrativa.
En sentencia de 25 de mayo de 2017, expediente 21106, C.P. Stella Jeannette Carvajal Basto, con fundamento en
los artículos 515 y 519 del Decreto 2685 de 1999, esta Sección precisó que en materia aduanera los términos para
decidir de fondo los recursos son perentorios y, por consiguiente, al transcurrir el plazo –que es de 3 meses-, para
resolver el recurso de reconsideración sin que este haya sido notificado al recurrente se entenderá fallado a su
favor.
En sentencia de 31 de mayo de 2018, expediente 22323, C.P. Milton Chaves García, al pronunciarse sobre un
cargo de falta de competencia temporal, la Sala concluyó que, conforme con las pruebas existentes, la
Administración resolvió el recurso de reconsideración [que incluye la notificación del acto] dentro de los tres (3)
meses siguientes a su interposición y por tanto, no había operado el silencio administrativo positivo (artículo 519
del Decreto 2685 de 1999).
17 En sentencia de 11 de diciembre de 2006, expediente 25000-23-15-000-2001-00413-01, C.P. Martha Sofía Sanz
Tobón, la Sección Primera de esta Corporación se reiteró que conforme para resolver y notificar el acto que resuelve
el recurso de reconsideración, la DIAN debe atender el término de tres (3) meses previsto en el artículo 515 del
Decreto 2685 de 1999, so pena que opere el silencio administrativo positivo.
En sentencia de 10 de mayo de 2018, expediente 25000-23-24-000-2008-00347-01, M.P. Hernando Sánchez
Sánchez, la Sección Primera señaló que la legislación aduanera establece unos términos perentorios para la
adopción de decisiones de fondo, en esa medida, “la normativa aduanera establece así, la operancia del silencio
administrativo positivo, como efecto jurídico por el incumplimiento por parte de la Administración de los citados
términos, indicando que si trascurre el término legal establecido para la definición de la situación jurídica de una
mercancía sin que la autoridad aduanera haya adoptado la respectiva decisión.”
18 Sentencia de 14 de diciembre de 2009, expediente núm. 2005 01747 01, C. P ( E ). María Claudia Rojas Lasso
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sólo se logra cuando éste conoce la decisión que se ha expedido” 19 para que se
garantice el principio del efecto útil de las normas parcialmente demandadas, esto es,
su efecto jurídico20, la Sala sólo anula la palabra no de los expresiones “Dentro de
los términos para decidir de fondo no se incluyen los requeridos para efectuar la
notificación de dicho acto administrativo”, contenida en los artículos 588 del Decreto
390 de 2016 y 686 del Decreto 1165 de 2019 y “Dentro del término para decidir de
fondo no se incluye el requerido para efectuar la notificación de dicho acto
administrativo”, de los artículos 607 del Decreto 390 de 2016 y 705 del Decreto 1165
de 2019.
En consecuencia, las expresiones demandadas quedan así:
“Dentro de los términos para decidir de fondo se incluyen los requeridos para efectuar
la notificación de dicho acto administrativo”, contenida en los artículos 588 del Decreto
390 de 2016 y 686 del Decreto 1165 de 2019 y “Dentro del término para decidir de
fondo se incluye el requerido para efectuar la notificación de dicho acto administrativo”,
de los artículos 607 del Decreto 390 de 2016 y 705 del Decreto 1165 de 2019.
No procede condena en costas, conforme lo dispuesto en el artículo 188 del CPACA.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sección Cuarta, Sala de lo
Contencioso, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por
autoridad de la ley,
FALLA
1. ANULAR la palabra no de las expresiones “Dentro de los términos para decidir de
fondo no se incluyen los requeridos para efectuar la notificación de dicho acto
administrativo”, contenida en los artículos 588 del Decreto 390 de 2016 y 686 del
Decreto 1165 de 2019 y “Dentro del término para decidir de fondo no se incluye el
requerido para efectuar la notificación de dicho acto administrativo”, de los artículos
607 del Decreto 390 de 2016 y 705 del Decreto 1165 de 2019.
En consecuencia, las expresiones demandadas quedan así:
“Dentro de los términos para decidir de fondo se incluyen los requeridos para efectuar
la notificación de dicho acto administrativo”, contenida en los artículos 588 del Decreto
390 de 2016 y 686 del Decreto 1165 de 2019 y “Dentro del término para decidir de
fondo se incluye el requerido para efectuar la notificación de dicho acto administrativo”,
de los artículos 607 del Decreto 390 de 2016 y 705 del Decreto 1165 de 2019.
2. Sin condena en costas.
Cópiese, notifíquese, devuélvase el expediente al Tribunal de origen. Cúmplase.
19 Ibídem.
20 Ver sentencia C-499 de 1998
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FALLO
La anterior providencia se estudió y aprobó en sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Presidenta
Salvo voto
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MILTON CHAVES GARCÍA WILSON RAMOS GIRÓN
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