Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 25000-23-24-000-2008-00347-01
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Silencio administrativo positivo: situaciones que lo configuran en materia aduanera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 25000-23-24-000-2008-00347-01
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 25000-23-24-000-2008-00347-01
Consejero ponente: Hernando Sánchez Sánchez
10 de mayo de 2018
SILENCIO ADMINISTRATIVO POSITIVO – Situaciones que lo configuran en materia aduanera / SILENCIO ADMINISTRATIVO POSITIVO ADUANERO – Marco normativo / DEFINICIÓN DE LA SITUACIÓN JURÍDICA DE MERCANCÍA – Cómputo del término para resolver se debe contar a partir del día siguiente al vencimiento del plazo establecido para la práctica de las pruebas decretadas / SILENCIO ADMINISTRATIVO POSITIVO ADUANERO - No se configura porque el acto que decide de fondo fue proferido en término
[E]n este asunto no se configuró el silencio administrativo positivo, como quiera que la resolución de decomiso de las mercancías aprehendidas, siendo una decisión de fondo en el procedimiento administrativo, fue expedida por la autoridad dentro del término de treinta (30) días previsto en la legislación aduanera, el cual debe contarse, no a partir de la fecha del acta de aprehensión de la mercancía como equivocadamente lo entiende la parte demandante, sino a partir del día siguiente al vencimiento del plazo establecido para la práctica de las pruebas decretadas en dicho procedimiento de conformidad con lo previsto en el inciso segundo del artículo 512 del Decreto 2685 de 1999, modificada por el artículo 20 del Decreto 4431 de 2004 . Pruebas que pueden ser decretadas por decisión oficiosa de la Administración y/o en atención a la solicitud de pruebas presentada por el interesado en el escrito de objeción al acta de aprehensión. En efecto, el Jefe de la Fiscalización de la Aduana Especial de Bogotá, estando dentro de los treinta (30) días para proferir la decisión de fondo, conforme a lo señalado en el inciso 2º del artículo 512 del Decreto 2685 de 1999, expidió la Resolución número 03-070-213-636-1-003153 del 21 de junio de 2007 por medio de la cual decomisó a favor de la Nación la mercancía aprehendida, sin embargo, la propia administración al estudiar el recurso de reconsideración interpuesto por la sociedad importadora Sonoprinter S.A contra la resolución anteriormente descrita, revocó tal acto administrativo mediante la Resolución número 03-072-193-601-001572 del 19 de diciembre de 2007, por violación al debido proceso al haberse pretermitido, en el trámite de definición jurídica de la mercancía, el periodo probatorio, es decir, no se analizó ni decidió sobre las pruebas solicitadas en la objeción a la aprehensión de la mercancía encartada. Como consecuencia de lo anterior la administración tenía el deber de subsanar esta situación, reponiendo el trámite viciado. Para la Sala, en este caso, no existió dilación de la administración para expedir el acto de fondo, por cuanto, en efecto, se profirió el acto administrativo que definía la situación jurídica de la mercancía dentro del término establecido en el artículo 512 del Decreto 2865 de 1999 sin superar dicho término, lo que ocurrió fue que, la administración al observar la vulneración al debido proceso del administrado, revocó la actuación viciada y la repuso, lo que no se puede señalar, como lo hace la parte apelante, como la intención de la administración de revivir términos .ya que la actuación de la administración se hizo, en esa etapa procesal, en beneficio del administrado.
NOTA DE RELATORÍA: Ver sentencia Consejo de Estado, Sección Primera, de 25 de julio de 2013, Radicación 25000-23-24- 000-2009-00079-01, C.P. Guillermo Vargas Ayala.
PROCEDIMIENTO DE DEFINICIÓN DE LA SITUACIÓN JURÍDICA DE MERCANCÍA – Periodo probatorio / PROCEDIMIENTO PARA LA DEFINICIÓN DE LA SITUACIÓN JURÍDICA DE MERCANCÍA – Término
Dentro del trámite del proceso de definición de situación jurídica de la mercancía aprehendida, existe un periodo probatorio el cual está regulado en el artículo 511 del Decreto 2685 de 1999 […] La legislación aduanera establece unos términos perentorios para la adopción de decisiones de fondo, entre ellas, la definición de la situación de las mercancías aprehendidas por la autoridad aduanera en ejercicio de las competencias legales de fiscalización y control le corresponde a la DIAN. La normativa aduanera establece así, la operancia del silencio administrativo positivo, como efecto jurídico por el incumplimiento por parte de la Administración de los citados términos, indicando que si trascurre el término legal establecido para la definición de la situación jurídica de una mercancía sin que la autoridad aduanera haya adoptado la respectiva decisión, se dispondrá en favor del administrado la entrega de la mercancía, previa presentación y aceptación de la declaración de legalización, cancelando los tributos aduaneros a que hubiere lugar y sin el pago de rescate.
MERCANCÍA NO DECLARADA A LA AUTORIDAD ADUANERA – Cuando no corresponda con la declaración de importación / APREHENSIÓN Y DECOMISO DE LA MERCANCÍA – Cuando no corresponda con la declaración de importación
[L]a identificación plena de la mercancía, atendida su naturaleza, exigía que en la Declaración de Importación figurara, entre otras, la composición de la misma para distinguirla respecto de otras, y la discordancia entre la consignada en la Declaración de Importación y la aprehendida, conduce a tenerla por no declarada, al tenor del literal b) artículo 231-1 del Decreto 2685 de 1999. El análisis merciológico permitió determinar que la mercancía declarada era diferente a la mercancía aprehendida, opuesto a lo aducido por la parte demandante no se trata de una “nimia falencia” sino que las diferencias encontradas en la comparación del análisis químico y los componentes de la mercancía declarada alteran sustancialmente la esencia de la mercancía. La Sala observa del examen químico de laboratorio – merciológico, que ninguno de los componentes de las dos muestras tomadas a la mercancía encartada, coincide con los componentes de los tipos de medias descritos en la declaración de importación, lo cual no fue desvirtuado por la parte demandante, ni ante la administración, habiendo tenido la oportunidad de controvertir las pruebas en la vía gubernativa y, tampoco en el presente proceso contencioso administrativo en con su derecho de solicitar pruebas. Por todo lo anterior, la Sala concluye que no se desvirtuó la causal de aprehensión y decomiso de mercancía importada, descrita en el numeral 1.6 del artículo 502 del Decreto 2685 de 1999, invocada por la DIAN en la aprehensión de la mercancía; en consecuencia, tampoco se desvirtuó la legalidad de los actos administrativos demandados por cuanto la mercancía no se identificó con la descrita en la declaración de importación allegada al expediente administrativo, por lo tanto no ésta amparada en ella.
FUENTE FORMAL: DECRETO 2685 DE 1999 – ARTÍCULO 231 / DECRETO 2685 DE 1999 – ARTÍCULO 232 / DECRETO 2685 DE 1999 – ARTÍCULO 502 NUMERAL 1.6 / DECRETO 2685 DE 1999 – ARTÍCULO 511 / DECRETO 2685 DE 1999 – ARTÍCULO 512 / DECRETO 2685 DE 1999 – ARTÍCULO 519
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Consejero ponente: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Bogotá, D.C., diez (10) de mayo de dos mil dieciocho (2018)
Radicación número: 25000-23-24-000-2008-00347-01
Actor: SOCIEDAD PRODUCTORA Y COMERCIAL ANDINA S.A. - SPC ANDINA S.A. Y PERFUME Y FRAGANCIA LTDA
Demandado: DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES - DIAN
Referencia: ACCIÓN DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Referencia: Se resuelve recurso de apelación contra la sentencia de 4 de agosto de 2011 proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera Subsección “B”.
Referencia: Decomiso de mercancía
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia de 4 de agosto de 2011 proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección “B”, mediante la cual denegó las pretensiones de la demanda presentada por la sociedad Productora y Comercializadora Andina S.A., - SPC ANDINA S.A. anteriormente con razón social SONOPRINTER S.A. EN RESTRUCTURACIÓN y la sociedad PERFUME Y FRAGANCIA LTDA, en adelante denominadas, la parte demandante, contra la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN, en adelante la parte demandada.
La presente providencia tiene las siguientes partes: i) antecedentes; ii) consideraciones, y iii) resuelve; las cuales se desarrollan a continuación.
1. ANTECEDENTES
1. La demanda
La parte demandante, por medio de apoderado especial, presentó demanda, en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho prevista en el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo, contra la parte demandada, con el fin de que se reconozcan las siguientes:
1.1 Pretensiones
“[…] I. DECLARACIONES
Primera.- Que se declare que es nulo integramente(sic) el acto
administrativo contenido en la Resolución No. 03-070-213-636-1
000156 17 ENE 2008 (17 enero de 2008), suscrita por HENRY HERNANDO RUBIO ROJAS en su calidad de Jefe de la División de Fiscalización Aduanera de la Administración Especial de Aduanas de Bogotá mediante la cual se decomisa a favor de la Nación, Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, la mercancía aprehendida con acta No. 834-297 FISCA del 19 de abril de 2007, relacionada en el DIIAM No. 39032112611 del 21 de abriI de 2007, avaluada en la cuantía de cuatrocientos un millones setecientos y ocho mil cuatrocientos treinta y dos pesos m/cte ($401.778.432=). Segunda.- Que se declare que es nulo íntegramente el acto administrativo contenido en la Resolución 03-072-193-601 16 ABR 2008 000459 (del 16 Abril de 2008), la cual confirma la anterior resolución y se niega la ocurrencia del Silencio Administrativo Positivo a favor del administrado suscrita por OLGA LUCÍA OSPINA ARISTIZABAL en su calidad de Jefe División Jurídica Aduanera de la Administración Especial de Aduanas de Bogotá. Tercera.- Que se declare que es nulo integramente(sic) el acto administrativo contenido en la Resolución 03-0772-193-670 12 MAY 2008 000544 que confirma la Resolución 03-072-193-601 16 ABR 2008 000459 (del 16 Abril de 2008), suscrita por OLGA LUCÍA OSPINA ARISTIZABAL en su calidad de Jefe División Jurídica Aduanera de la Administración Especial de Aduanas de Bogotá, proferidas dentro del expediente administrativo No. DM200720070968 tramitado en esa Administración de Aduanas, agotando con esta la vía gubernativa. Cuarta.- Que se declare la operancia del silencio positivo a favor administrado dentro del expediente administrativo No. DM200720070968, tramitado en la Administración de Aduanas de Bogotá y que es legal la permanencia dentro del territorio nacional de la totalidad de mercancías que las aludidas resoluciones ordenan decomisar a favor de Nación-Unidad Administrativa Especial, Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN, cuya nulidad se pide en las anteriores declaraciones, por haber ingresado a Colombia, por lugar habilitado, cumpliendo todos los requisitos y formalidades legales, estatuidos en nuestra legislación aduanera, haber ingresado por lugar habilitado, estar debidamente declarados en sus documentos de transporte, haber sido presentadas a la autoridad aduanera al momento de su llegada al territorio nacional, nacionalizas(sic) con el pago de todos los tributos aduaneros y obteniendo lícitamente su levante, situación en que estaban al momento de su aprehensión. Como consecuencia de las anteriores declaraciones y a título de restablecimiento del derecho y de reparación de los daños y perjuicios causados se decreten las siguientes: II. CONDENAS
Primera.- Se ordene a la Nación-Unidad Administrativa Especial, Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN y/o Administración Especial de Aduanas de Bogotá, que devuelva las mercancías decomisadas mediante los actos por esta demandados, si es del caso previa legalización sin sanción, en forma real y material en el mismo estado en que se encontraban al momento de su aprehensión, a mi poderdante SOCIEDAD PRODUCTORA Y COMERCIAL ANDINA S.A. con sigla SPC ANDINDA S.A., anteriormente con razón social SONOPRINTER S.A. EN REESTRUCTURACIÓN, la que se identifica tributariamente con el NIT. 830.085.703-5, en su calidad de importador de las mismas, siendo a cargo de la parte demandada todos los gastos de bodegaje y custodia de las mismas hasta que sean devueltas en forma real y material a la demandante.
Segunda.- Que en el evento en que la Nación-Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN y/o Administración Especial de Aduanas de Bogotá D.C., haya enajenado a cualquier título o perdido las mercancías encartadas, se ordene el pago de las mismas en efectivo a favor de la sociedad demandante SOCIEDAD PRODUCTORA Y COMERCIAL ANDINA S.A. con sigla SPC ANDINA S.A., anteriormente con razón social SONOPRINTER S.A. EN REESTRUCTURACIÓN, su valor comercial al momento de su aprehensión, actualización a la fecha de la sentencia que de por terminado este proceso - indexado- siendo este valor la suma de cuatrocientos un millones setecientos setenta y ocho mil cuatrocientos treinta y dos pesos m/cte ($401.778.432=), valor fijado por la demandada, o el que resulte probado dentro del consecuente proceso, en razón de esta demanda. Tercera.- A título de lucro cesante se liquiden, reconozcan y se ordene el pago de los intereses corrientes vigentes conforme lo establece el artículo 1617 del Código Civil, sobre la anterior suma de dinero a devolver, hasta la fecha de ejecutoria de la sentencia y/o el día en que se efectúe realmente su pago
Cuarta.- Que se condene a la demandada a pagar a mi representada, los perjuicios adicionales de cualquier tipo que resulten probados dentro del proceso y los que legal y jurisprudencialmente se presuman. Quinta.- Que se ordene a la parte demandada el cumplimiento de la sentencia en los términos de los artículos 167 y 177 del CCA. Sexta.- Que se ordene que la demandada pagar a la demandante los gastos y costas de este proceso, incluyendo los honorarios de abogado que se causen […]”
1.2 Presupuestos fácticos
La parte demandante indicó, como fundamento de sus pretensiones, los hechos que se extractan a continuación:
1.2.1. “[…] El día 19 de abril de 2007 funcionarios de la DIAN y de la Policía Fiscal y Aduanera, se hicieron presentes en la bodega ubicada en la carrera 44 No. 19-31 de Bogotá, lugar en que mi representada, mantenía en depósito las mercancías objeto de definición de su situación jurídica mediante el proceso en referencia, lugar donde fueron atendidos por el señor FRANCISCO JAVIER CEPEDA, quien en forma oportuna presento la declaración de importación 062007000014811-1 del 19 de enero de 2007 (autoadhesivo 23630013462546), de la aduana de Cartagena, en la que figura como importador mi representada, la cual ampara la totalidad del cargamento, documento, que no fue aceptado, ni tenido en cuenta por los estatales quienes las aprehendieron, mediante el ACTA DE APREHNENSION 834- 0297 FISCA DEL 19 DE ABRIL DE 2007, absteniéndose de recibir los documentos soporte aportados por no estar a nombre de Perfumes y Fragancias Ltda (depositario de las mismas al momento de los hechos), lo que es reconocido y consignado en el acta de hechos 2374 de esa fecha […]”. 1.2.2. “[…] La causal invocada como fundamento de la aprehensión es la consagrada en el numeral 1.6 del artículo 502 del Decreto 2685 de 1999, modificado por el decreto 1232 de 2001, 1161 de 2002 y memorando 00387 de noviembre 25 de 2005, por no demostrarse vínculo comercial al momento de la diligencia entre el tenedor y el importador […]”. 1.2.3. “[…] Dentro del término de la Ley, debidamente legitimado directamente por el importador, se objeto(sic) y se hizo oposición al acta de aprehensión, tal como lo autoriza las normas aduaneras vigentes para la fecha de los hechos, oponiéndome al decomiso, aportando y peticionando pruebas, fundamentando de hecho y derecho las justas pretensiones de mi patrocinada, mediante radicado 0684 del 7 de mayo de 2007, en el cual en forma expresa se solicito(sic): tener como pruebas a favor de y en procura del despacho favorable de la misma, toda la actuación procesal, documentos y pruebas obrantes dentro del expediente, practicar inspección ocular y/o administrativa sobre la mercancía aprehendida y decomisada para su cotejo físico-documental con intervención, del suscrito, de mi poderdante o dependientes y delegado del Ministerio Público para probar que el cargamento se encuentra debidamente presentado y declarado con todos los documentos soporte de la importación, reservándome el derecho a interrogar y contra interrogar durante el tramite(sic) de esta diligencia y aportar los documentos que estime conveniente, que interesen al proceso […]”. 1.2.4 “[…] La División de Fiscalización, expidió la resolución 3153 DEL 21 DE JUNIO DE 2007 (03-070-213-636-1), por medio de la cual decomisa la mercancía aprehendida, la cual dentro del término legal fue recurrida con las formalidades de rigor, debidamente fundamentada, peticionando la práctica de pruebas consideradas necesarias para la defensa de los derechos de mi representada […]”. 1.2.5. “[…] La División Jurídica expide el Acto Administrativo 1270 del 11 de octubre de 2007 decretando la práctica de pruebas y suspendiendo el término para fallar el recurso de reconsideración por dos meses [...]”. 1.2.6. “[…] Mediante la Resolución 000156 DEL 17 PE ENERO DE 2008 (03-070-20-636-1), la División de Fiscalización me informa que la División Jurídica expidió la Resolución 03-072-193-601-001572 del 19 de diciembre mediante la cual se revoca la resolución 3153 del 21 de junio de 2007. por violación al debido proceso, que con auto 03-070-213-143-005929 del 28 de diciembre se denegaron las pruebas solicitadas por el suscrito en mi escrito de objeción radicado con el número 684 del 7 de mayo de 2007, que a folios 534 a 537 obra el resultado del análisis químico practicado a dos pares de medias, ordena el decomiso de la mercancía porque este no esta(sic) acorde con la descripción hecha en la declaración de importación presentada por el interesado para ampararlas […]”.
1.2.7. “[…] Dentro del término de ley con las formalidades de rigor se interpuse(sic) recurso de reconsideración contra el acto de decomiso, debidamente fundamentado ya que fue expedido violando su derecho al debido proceso y a la defensa. 1.2.8. “[…] La Administración se pronuncia sobre el recurso de reconsideración, mediante la Resolución No. 03-072-193-601 000459 16 ABR 2008, suscrita por OLGA LUCIA OSPINA ARISTIZABAL, en su calidad de Jefe División Jurídica Aduanera, mediante la cual confirma el anterior acto administrativo y niega el decreto del silencio positivo, ante lo cual interpuse el recurso de reposición, el cual fue resuelto desfavorablemente, agotando con esta la vía gubernativa […]”.
1.3 Normas violadas
En criterio de la parte demandante, las resoluciones demandadas vulneraron los artículos 1, 2, 13, 15, 21, 29, 34, 58 y 83 de la Constitución Política; el artículo 4 del Código de Procedimiento Civil; el artículo 831 del Código de Comercio y artículos 2, 3, 228, 229, 231, 232, 232-1, 502, 502-1, 504, 511, 512, 519, 520 y 563 del Decreto 2685 de 28 de diciembre de 1999.
1.4 Concepto de la violación.
La parte demandante desarrolló el concepto de la violación, así:
1.4.1 En cuanto la Constitución Política, las normas de rango legal y reglamentario
1.4.1.1. Violación directa de normas constitucionales
Respecto de la Constitución Política:
1.4.1.1.1 “[…] Artículo primero (1). Violación directa de la ley por error de derecho Los actos cuya nulidad se pide, violan el principio de Estado Social de derecho que nos rige, consagrado en esta norma constitucional al presumir la administración de Aduanas de Bogotá, la mala fe del administrado, contrario al amparo constitucional y legal del que goza, impidiéndole el ejercicio pleno de su derecho a la propiedad y libre empresa, al privarlo arbitrariamente de su mercancía, no obstante haberse aportado la documentación que da fe de su licita(sic) introducción al territorio nacional al momento de la aprehensión, durante el transcurso del proceso, negarle de hecho las pruebas peticionadas en la oportunidad procesal correspondiente, en especial el decreto de la inspección administrativa sobre el cargamento aprehendido para la practica(sic) del cotejo físico documental y demostrar que si estaba nacionalizado, lo cual fue impedido, en forma absurda por parte de los aprehensores, funcionarios y dependencias competentes a cargo del tramite(sic) del expediente administrativo de definición de la situación jurídica de la mercancía, no obstante estar plenamente facultado por las normas aduaneras para realizar esta gestión […]”
1.4.1.1.2 “[…] Artículo Segundo (2). Violación directa de la ley por error de derecho. Se observa la violación a este principio constitucional porque con los actos administrativos cuestionados por esta demanda, en vez de protegerse los derechos de mi poderdante se le están violando, ya que se le decomiso una mercancía legítimamente ingresada y presentada ante la DIAN, estando al momento de la aprehensión lícitamente, dentro del territorio nacional, en libre disposición, no obstante aportársele al momento de la diligencia toda la documentación que acreditaba esta situación los aprehensores, luego se adelanto(sic) un proceso, en el cual no obstante peticionarse pruebas y tener la administración el deber de proferir el correspondiente auto de pruebas, este no se produjo, ni notifico al interesado, para luego fallar de fondo sin el menor análisis, lo que en su momento fue censurado, tramite(sic) durante el cual se ordenaron pruebas de oficio, que en su momento confirmaron la licitud del cargamento, no obstante lo cual se ordeno(sic) la la(sic) revocatoria del decomiso, por violación al debido proceso, pero ordenado la devolución a la División de Fiscalización, para subsanar los errores cometidos, providencia que no fue notificada al apoderado del importador, reviviendo términos ya vencidos, para negar nuevamente las pruebas solicitadas y fallar nuevamente de plano y sin el menor fundamento […].”
1.4.1.1.3 “[…] Articulo (13) Violación directa de la ley por error de derecho en la aplicación del artículo 13 de la Constitución Política de Colombia […] Para la época de los hechos materia de la aprehensión y decomiso del cargamento objeto de la presente demanda, mi representada SOCIEDAD PRODUCTORA Y COMERCIAL ANDINA S.A. con sigla SPC ANDINA S.A., anteriormente con razón social SONOPRINTER S.A EN REESTRUCTURACION, fue objeto de múltiples operativos por parte de la DIAN, quien sin el menor fundamento, le aprehendió gran cantidad de mercancías, en forma por demás parcializada y censurable, en algunos casos confirmo los decomisos sin la menor motivación, en otros acepto la violación al debido proceso y a la defensa ordenando la revocatoria de los decomisos, para que se expidiera y notificara en debida forma el auto de pruebas, para darle oportunidad al administrado de impugnarlo, en otros ordeno la revocatoria y terminación del expediente para que se expidiera nueva acta de aprehensión y en otros ordeno inspección sobre los diferentes cargamentos constatando que efectivamente estaban amparados devolviendo millonarias sumas, lo cual es contrario a derecho porque no obstante estar consagrado las causales de aprehensión y decomiso en el artículo 502 del decreto 2685 de 1999 y sus reformas y adiciones y teniendo el deber legal de respetar el procedimiento sin distingos de ninguna índole, lo cierto es que en forma por demás caprichosa se adelantaron los diferentes procesos, según el saber y entender del funcionario de tumo lo cual viola flagrantemente el principio de Igualdad […]”
1.4.1.1.4 “[…] Artículo 15. Violación directa de la ley por error de derecho. Con los actos acusados se atenta al buen nombre de mi poderdante, ya que se está cuestionando su intachable proceder al decomisarle su mercancía en una errada motivación, citando su actuar ha sido a todas luces lícito pero que injustificadamente los funcionarios de la DIAN tildan de irregular, lo cual es contrario al precepto supremo consagrado en este artículo […].”
1.4.1.1.5 “[…] Artículo 21. Violación directa de la ley por error de derecho. Con los actos cuestionados la administración aduanera atenta contra la honra y buen nombre de mi poderdante y contra el prestigio comercial que ha alcanzado durante el tiempo que lleva en el mercado al poner en tela de juicio su honorabilidad en el cumplimiento de sus deberes civiles como miembro activos de nuestra sociedad […].”
1.4.1.1.6 “[…] Artículo 29. Violación directa de la ley por error de derecho,- violación del debido proceso, derecho a la defensa y vicio de incompetencia […] Las providencias por el presente demandadas fueron expedidas violando el derecho al debido proceso y a la defensa de mi patrocinada, porque los funcionarios de la DIAN, que intervinieron y decidieron de fondo las diferentes etapas procésales, no respetaron la legislación aduanera, al aprehender una mercancía lícitamente nacionalizada, con base en una causal inaplicable, para este caso, porque al momento del registro del establecimiento de comercio donde se encontraban almacenadas, se aporto(sic) su documentación que acreditaba su licitud aduanera dentro del país, la cual arbitrariamente no fue tenida en cuenta, alegando que no se había probado nexo entre el importador del cargamento SONOPRINTER S.A y su depositario al momento de la diligencia PERMFUME Y FRAGANCIA LTDA, lo que no es cierto, ya que este cargamento, ya había sido objeto de inspección por la DIAN, el cuatro (4) de abril de 2007 como consta en el acta de hechos 0212 de esa fecha suscrita por JORGE LOPEZ, funcionario de la DIAN y patrullero GOMEZ de la POLFA, sin novedad alguna, además se les aporto el correspondiente contrato de deposito(sic), que daba fe de esta situación, aprehendiendo ilegalmente este cargamento mediante el acta de aprehensión 0834-297 del 19 de abril de 2007 con base en la causal contemplada en el numeral 1.6 del artículo 502 del decreto 2685 de 1999, luego una vez iniciado el proceso de definición de la situación jurídica de este cargamento por parte de 1 a Administración de aduanas de Bogotá No. DM200729070968, no se cito(sic) como en derecho correspondía al importador de: mismo SONOPRINTER S.A. para que pudiera notificarse de en forma persona de acta de aprehensión, sino que esta se notifico(sic) por estado, documento que fue objetado dentro del termino(sic) legal en el cual se peticiono(sic) pruebas, sobre las cuales no se manifestó la División de Fiscalización la cual de plano fallo de fondo este proceso mediante la resolución 003153 del 21 de junio de 2007, sin las mas(sic) mínimas garantías, ni respetar los términos y etapas procésale(sic) para la definición de la situación jurídica del cargamento, al fallar de plano sin antes proferir y notificar en debida forma el auto de pruebas para que el interesado pudiera recurrirlo, sin la más mínima motivación, providencia oportunamente censurada, recurso dentro del cual se ordenaron y practicaron pruebas que reconfirmaron la correcta nacionalización del cargamento, pero no obstante lo anterior, decide injustificadamente la División Jurídica, revocar el decomiso pero no como en derecho y en justicia correspondía, esto es con la devolución del cargamento al interesado, sino devolviendo el proceso a la División de Fiscalización, con el peregrino argumento, para que subsanara falencias procesales, cuando ya esta División había perdido competencia para decidir sobre este asunto al expedir y notificar la resolución 003153 del 21 de junio de 2007, en razón del decomiso que había ordenado, el cual era precisamente la razón del recurso, esto es de hecho revivió términos ya proscritos lo cual es abiertamente ilegal, decisión que no fue notificada (ni ha sido) en legal forma al importador ni a su apoderado, quien tan solo vino a enterarse de estas arbitrariedades, mediante el nuevo acto administrativo que ordena nuevamente el decomiso del cargamento resolución 000156 del 17 de enero de 2008, el que fue recurrido y confirmado por la Administración mediante la resolución 000459 del 16 de abril de 2008, por el presente, demandadas, lo que de hecho evidencia que dentro del proceso dentro del cual se expidieron estos actos por la presente demandados se expidieron dos actos de decomiso o sea dos decisiones de fondo, lo cual es abiertamente ilegal violatorio al debido proceso […]”.
1.4.1.1.7 “[…] Articulo 34. Violación directa de la ley por error de derecho. Prohíbe la confiscación y el enriquecimiento sin causa por parte del Estado, es claro que con los actos acusados en la practica(sic) se esta dando una confiscación ya que sin tener en cuenta que mi representado tenia legitimo(sic) derecho al disfrute legitimo(sic) del cargamento aprehendido por estar este en forma licita(sic) dentro del territorio nacional, se apropia el Estado por intermedio de la DIAN, de parte del patrimonio de mi representado al despojarle de las mercancías lícitamente introducidas a Colombia […].”
1.4.1.1.8 “[…] Artículo 58. Violación directa de la ley por error de derecho. Consagra el derecho fundamental a la propiedad, derecho que es violado al desconocer la DIAN, mediante los actos acusados la licitud de la introducción de las mercancías encartadas al territorio nacional, no obstante ceñirse mi poderdante a lo reglado en la Ley en especial la legislación aduanera […].”
1.4.1.1.9 “[…] El artículo 83. Violación directa de la ley por error de derecho. El artículo 83 de nuestra Carta Política regula: “Las actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas deberán ceñirse a los postulados de la buena fe, la cual se presumirá en todas las gestiones que aquéllos adelanten ante éstas”. Principio constitucional conculcado arbitrariamente por la DIAN al proceder al decomiso del cargamento de propiedad de mi representada que no obstante haber ingresado lícitamente al país, estar relacionada en su documento de trasporte, estar a la vista en depósito habilitado por la DIAN, es aprehendida, impidiendo su legalización tal como autorizan las normas aduaneras, para proceder a su decomiso de hecho con el inverosímil argumento que no había sido presentada, lo que riñe con la realidad […] En el caso que nos ocupa, es evidente que no se ha incurrido en ninguna conducta dolosa o de mala fe por parte de mi representada, ya que como bien se precisó en el acápite de los hechos, la mercancía decomisada, conforme a los documentos que la amparan dan plena fe que no solamente se introdujeron al territorio nacional por un lugar habilitado para ello, sino que también que el importador para la adecuada nacionalización de la mercancía aprehendida, contaba y sigue contando con todos los documentos legalmente exigibles que demuestran su presentación, por tanto eran legalizables sin sanción […].”
1.4.1.2. Violación de las disposiciones legales
Respecto del artículo 4º del Código de Procedimiento Civil:
1.4.1.2.1 “[…] Artículo cuarto (4) del C.P.C. Con las resoluciones de decomiso se sacrifico(sic) el derecho de mi mandante, contrariándose el espíritu y la letra de este artículo, el cual estatuye que los funcionarios al proferir sus decisiones deben tener en cuenta que el objeto los procedimientos es lograr la efectividad de los derechos reconocidos por la Ley sustantiva y por consiguiente, con este criterio han de interpretarse y aplicarse las disposiciones procedimentales y las relativas a las pruebas de los hechos que se aduzcan como fundamento de derecho, norma conculcada por la administración al ordenar el decomiso del cargamento […]”
Respecto del artículo 831 del Código de Comercio:
1.4.1.2.2 “[…] Artículo 831 del Código de Comercio. Dicho precepto legal es igualmente viciado toda vez que al decomisarse la mercancía a mi mandante se da un enriquecimiento sin causa por parte del Estado y en contra de mi poderdante al apropiarse injustamente de parte de su patrimonio […]”.
Respecto del artículo 2º del Decreto 2685 de 1999:
1.4.1.2.3 “[…] Artículo segundo (2) del Decreto 2685 de 1999. La DIAN, en los actos demandados ha incurrido en violación directa por error de derecho de esta norma, ya que los principios orientadores de la legislación aduanera son los de eficiencia y justicia […] es claro que los actos cuestionados violan abiertamente esta disposición legal ya que en vez de ser la DIAN un organismo dinamizador y propiciador del comercio internacional del país, en este caso en particular se constituyó en traba en el ejercicio licito(sic) de esta actividad por parte de mi poderdante, quien no obstante haber cumplido con todos los requisitos de ley fue privado en su derecho a la propiedad, al decomisarle la poli mencionada mercancía […]”.
1.4.1.2.4 Aplicación indebida de los artículos 228, 229, 232, 231. 502,5002-1, 504, 512 y 519, 520 del Decreto 2685 de 1999:
“[…] Violación directa por error de derecho del artículo(sic) 228, 229, 232, 231. 502,5002-1, 504, 512 y 519, 520 del Decreto 2685 de 1999. Como se explicó en forma amplia en el concepto de violación del artículo 29 de la Constitución Nacional en este acápite (violación al debido proceso, a la defensa y vicio de incompetencia), es claro que la administración, incurrió en violación directa de estas normas por error de derecho al darles una interpretación y aplicación indebida, en la expedición de los actos por esta demandados, ya que al expedir el acta de aprehensión con base en la causal 1.6 del Decreto 2685 de 1999, se trabo la relación jurídico procesal y que conforme lo estatuido en el artículo 228, 229, 231, 232, 232-1 y 502-1 del Estatuto Aduanero (Decreto 2685 de 1999), las mercancías encartadas estaban debidamente nacionalizadas, por tanto mi representado ya desde el momento mismo de la aprehensión había desvirtuado este cargo, no obstante lo anterior, se hizo parte dentro del proceso de definición de la situación jurídica de la misma donde también aporto(sic) nuevamente la documentación que acreditaba esta situación pero la Administración en forma por demás negligente y arbitraria omitió expedir el auto de pruebas para darle al administrado la oportunidad de controvertirlo, fallando de plano sin el menor sustento ni fáctico ni legal, lo cual en su oportunidad fue censurado, pero no obstante lo anterior se confirmó el decomiso, no obstante las fallas procesales evidentes dentro del proceso, lo cual no se ajusta al derecho porque solamente los cargos se pueden formular en el acta de aprehensión, por lo tanto al expedirse los actos por esta demandados incurre la Administración en vías de hecho por falta de competencia y en una errada motivación, dando un alcance errado a lo consagrado en los artículos 232 y 232-1 del estatuto aduanero, por tanto se concluye que al no estar el cargamento sujeto a restricción legal o administrativa, perdió competencia la DIAN para expedir válidamente los actos demandados, razón por la cual se deben anular en la forma peticionada
El acto censurado se debe revocar porque se fundamento(sic) en una causal inaplicable para el caso en estudio ya que como se manifestó en otro acápite anterior, la mercancía si esta totalmente amparada, cosa diferente es que se fundamente su decomiso, en tan nimia falencia, como el hecho de presuntamente no coincidir la composición química declarada en los documentos de su nacionalización con la del cargamento, pasando por alto que de trescientos dos mil quinientos cuarenta y cuatro pares (302.544) tan solo se practico(sic) supuestamente peritaje merciologico(sic) a dos (2) pares, lo cual es un insignificante muestreo, que no desvirtúa la legalidad de la mercancía, máxime cuando esta nimia falencia puede ser subsanada sin ningún tipo de sanción y no es objeto de aprehensión conforme lo reglado en el artículo 321 del decreto 2685 de 1999, circunstancia no evidenciada por los funcionarios aduaneros que decidieron de fondo el decomiso del cargamento ya que no practicaron cotejo físico documental del cargamento tal como lo peticiono(sic) oportunamente el interesado.
El legislador en procura de hacer más eficiente las operaciones de comercio exterior, para evitar procesos en extremo dilatados que perjudican en gran medida al importador estableció términos perentorios para que la administración se pronuncie de fondo sobre la legalidad o no de una mercancía en el país, en el presente caso es claro que la Administración perdió competencia para proferir el acto por este censurado, por haber operado el silencio administrativo, porque a la fecha se han vencido de lejos los términos para expedirlo en forma valida, siendo improcedente, proferir una providencia como la censurada por el presente proceso aduanero de definición de la situación jurídica de una mercancía como se hizo en la actuación en referencia. […]”
2. Contestación de la demanda
La DIAN, por intermedio de apoderada especial, presentó el 14 de enero de 2009 escrito mediante el cual se solicitó desestimar las pretensiones de la demanda, al considerar que los actos administrativos demandados se encuentran debidamente motivados y, por ende, es evidente que la actuación de la Administración se encuentra ajustada a derecho, con base en los siguientes argumentos:
2.1 “[…] En primer lugar no obra en el expediente administrativo, ni fue aportado al presente proceso, el documento aduanero idóneo, esto es la Declaración de Importación, que demuestre que la mercancía decomisada por mi defendida a través de los actos administrativos demandados fue legalmente importada. Por lo tanto al no haberse demostrado la legal importación de la mercancía al Territorio Colombiano, los actos administrativos cuya nulidad se pretende, contrario a lo afirmado por la sociedad actora, se encuentran debidamente motivados, pues en ellos no se hace otra cosa que relacionar los fundamentos fácticos y jurídicos que le sirven de sustento, los cuales y ante la ausencia de prueba que los desvirtuara, necesariamente conducían a la decisión que efectivamente tomó mi defendida, pues ante la presencia de una mercancía de procedencia extranjera respecto de la cual no se acredita su legalidad aduanera a través de los documentos idóneos (Declaración de Importación que la ampare), la obligación legal de la entidad que represento era decomisarla a favor de la Nación, como efectivamente lo hizo con la expedición de los actos demandados […]”.
2.2 “[…] funcionarios debidamente comisionados realizaron el registro del inmueble ubicado en la carrera 44 N° 19-31 de la ciudad de Bogotá, denominada PERFUME Y FRAGANCIA LTDA, donde se procedió a realizar la diligencia de aprehensión de la mercancía consistente en medias, valga decir durante la cual, contrario a lo manifestado por el apoderado de la actora, no se presentó ningún documento que amparara la legalidad de la mercancía ni se manifestó objeción alguna respecto del procedimiento llevado a cabo por mi defendida, así como tampoco se aporto(sic) documento alguno que demostrara el supuesto contrato de depósito o almacenamiento en virtud deI cual supuestamente se encontraban las mercancías en dicho lugar; tal y como consta en el acta de aprehensión N° 834-0297 Fisca del 19 de abril de 2007, la cual fue llevada a cabo de conformidad con el artículo 504 del estatuto aduanero […]”.
2.3 “[…] Como consecuencia de lo anterior, se procedió a llevar a cabo la aprehensión de la mercancía de procedencia extranjera respecto de la cual el tenedor de la mercancía no aportó los documentos aduaneros idóneos que la ampararan; es decir qué respecto de la misma se tenían serios indicios de encontrarse en situación de ilegalidad en el territorio aduanero nacional; de manera que es completamente errado manifestar que dicha actuación constituye una presunción de "mala fe" y que con la misma se sufrió un desmedro a su buen nombre […]”.
2.4 “[…] no puede hablarse de un detrimento en el buen nombre del interesado, especialmente si se tiene en cuenta que una cosa es el acto que define la situación jurídica de una mercancía (decomiso) que se encuentra o se ingresa irregularmente al territorio nacional, y, otra distinta, la relativa a las sanciones que se deben aplicar por infracciones al régimen aduanero, con lo que queda demostrado para el caso materia de litis, que al tratarse de un decomiso de mercancías, no se pretende endilgar responsabilidad alguna al interesado vinculado durante el proceso, tan solo se busca definir la situación jurídica de la mercancía […]”.
2.5 “[…] respecto del argumento según el cual en otros casos similares se fallo de forma diferente, es preciso señalar que éstos no son idénticos toda vez que cada acta de aprehensión da inició a un proceso diferente que va surtiendo sus etapas de acuerdo a como se desarrolle el mismo, es así que las decisiones adoptadas en los diferentes casos, obedecen a cada uno de los parámetros establecidos en los respectivos procesos […]”.
2.6 “[…] contrario a lo manifestado por el apoderado de la actora al indicar que mi representada ordeno el decomiso de la mercancía a favor de la Nación, sin tener respaldo probatorio que demostrara su procedencia extranjera, me permito precisar que dentro del proceso surtido por mi representada en aras de respetar el debido proceso y el derecho de defensa y contradicción, teniendo en cuenta que no era una labor sencilla establecer la descripción de las medias por tratarse de confecciones textiles, la División Jurídica de esta administración mediante oficio 03.072-193-940- 49850 del 29 de noviembre de 2007 solicitó la practica(sic) de un análisis químico por parte de la División de Laboratorio de la Subdirección Técnica Aduanera, cuyo resultado obra a folios 517, 518, 534 al 537 del expediente administrativo, con radicado No. 6100048-0372 104286 del 19 de diciembre de 2007, resultado de este análisis, entre otras pruebas obrantes en el proceso se estableció que la mercancía relacionada en la declaraciones(sic) de importación N° 23830013452548 del 19 de enero 2007, no correspondía con la mercancía objeto de aprehensión, razón por la cual se ordeno(sic) su decomiso a favor de la nación […]”.
2.7 “[…] Del mismo modo se desvirtúa el argumento de la actora al sostener que no se analizaron los documentos soporte aportados ni la declaración de importación, pues precisamente al confrontar la descripción de la mercancía amparada en la declaración aportada por el interesado con el análisis químico efectuado, se pudo establecer que la mercancía no se encontraba amparada en declaración de importación, razón por la cual se procedió a su decomiso […]”.
2.8 “[…] En cuanto a la presunta violación del derecho de defensa y el debido proceso por la inexistencia del auto de pruebas debo señalar que si bien es cierto tal omisión se presento(sic) con ocasión de la resolución de decomiso N° 03-070-213-636-1-003153 del 21 de junio de 2007; no es menos cierto que mi defendida al percatarse de dicha irregularidad procedió a la revocatoria por violación al debido proceso del mencionado decomiso a través de la resolución N° 03-072-193-601-001572 del 19 de diciembre de 2007, acto proferido previa la expedición del auto de pruebas N° 03-072- 193-101-001270 del 11 de octubre de 2007 de la División Jurídica Aduanera de la Administración Especial de Aduanas de Bogotá. Es preciso señalar que en el acto en el cual se revocó el acto administrativo objeto de recurso de reconsideración, en aras de salvaguardar el derecho constitucional del debido proceso, el cual conlleva el derecho a la defensa y a la contradicción probatoria; se ordenó que se conocieran nuevamente las objeciones y se evaluara la posibilidad de decretar o negar la practica(sic) de pruebas con observancia del artículo 511 del Decreto 2685 de 1999 y en consecuencia, que se resolviera nuevamente la situación jurídica de las mercancías aprehendidas previo el agotamiento de las etapas legalmente consagradas para tal fin.
Debo precisar que la Resolución N° 03-072-193-601-001572 del 19 de diciembre de 2007, fue debidamente notificada al apoderado de la actora de manera supletoria por aviso publicado en el diario el Tiempo el 10 de enero de 2008 toda vez que la notificación por correo fue devuelta por la causal "No hay quien reciba" de conformidad con la Guía Crédito de Servientrega N° 192226734 del 20 de diciembre de 2007 obrante a folio 598 del tomo 3 de los antecedentes; notificación que a su vez se surtió a la tenedora PERFUME Y FRAGANCIA LTDA por correo como consta en la Guía de Crédito de Servientrega N° 192227590 obrante a folio 583 […]”.
2.9. “[…] Como consecuencia de lo anterior se remitió el expediente a la División de Fiscalización Aduanera, quien profirió el auto de pruebas N° 03-070-213-143-005929 del 28 de diciembre de 2007, en el que se reconoció personería para actuar al apoderado de la sociedad SONOPRINTER S.A. (situación esta que hecha(sic) de menos el apoderado de la hoy demandante), se denegaron las pruebas por el solicitadas y se advirtió sobre la procedencia de los recursos de ley contra éste; el mencionado auto de pruebas fue notificado con apego a la normatividad aduanera, a saber de conformidad con el artículo 566 del Decreto 2685 de 1999; mediante estado N° 1420 fijado entre el 31 de diciembre de 2007 y el 03 de enero de 2008, el cual obra a folio 538 […]”.
2.10 “[…] Continuando con el proceso de definición de situación jurídica de mercancías y una vez valoradas las pruebas recaudadas y obrantes en el expediente administrativo la División de Fiscalización Aduanera profirió la Resolución N° 03-070-213-636-1.-000156 del 17 de enero de 2008 por medio de la cual se ordena el decomiso de la mercancía, la cual fue debidamente notificada por correo (folios 563 al 581) […]”.
2.11 “[…] No debe perderse de vista que con ocasión del recurso de reconsideración, mi representada expide el Auto de Pruebas No. 03.072.193.101.001270 de octubre 11 de 2007, (folios 100 y ss del Exp. Administrativo), en el que se dispuso la práctica de unas pruebas y de manera oficiosa las que considerará necesarias para el perfeccionamiento de la investigación, dentro de las que se llevó a cabo una diligencia de inspección administrativa en las instalaciones de la sociedad SONOPRINTER S.A. para verificación de información contable, cambiaría y cualquier otra que fuera necesaria para la Investigación que se adelantaba, así mismo se dispuso la inspección administrativa de la mercancía aprehendida para determinar las características que la individualicen, se solicitó el estudio merciologico(sic) de las muestras recaudas, la verificación de facturas y declaraciones de importación […]”.
2.12 “[…] Como puede observarse de las anteriores consideraciones y de las plasmadas en los actos administrativos acusados, mi defendida a lo largo del proceso administrativo adelantado obro legalmente y con plena sujeción a las disposiciones aduaneras vigentes y aplicables, es decir, desarrolló un minucioso y extenso análisis de todos y cada uno de los documentos arrimados al proceso, para lograr con claridad meridiana determinar que la mercancía en estado le ilegalidad y ordenar su decomiso, como en efecto sucedió […]”.
2.13. “[…] Tenemos que el problema jurídico que deriva toda la actuación administrativa es la legalidad o ilegalidad de la mercancía en el territorio aduanero nacional; no obstante el apoderado de la actora no hace referencia alguna al hecho cierto de la discrepancia entre la composición plasmada en la declaración de importación que presuntamente la amparaba y la composición realmente determinada a través del análisis merciológico […]”
2.14. “[…] Por último, no es clara la razón por la cual se solicita la declaratoria de la configuración del silencio administrativo positivo; pues los actos fueron proferidos dentro de la oportunidad legal […]Frente al recurso de reconsideración interpuesto, la norma es clara al señalar que el término con el que cuenta la Administración es de tres (3) meses contados a partir de la interposición del mismo, lo que se cumplió a cabalidad pues recordemos que el recurso se interpuso el 01 de agosto de 2007, el 11 de octubre de 2007 se abrió el periodo probatorio y se suspendió por dos (2) meses contados a partir de la ejecutoria del acto que las decretó; el termino para decidir de fondo, posteriormente la resolución que decidió el mismo se profirió el 19 de diciembre de 2007 […] Teniendo en cuenta que en con ocasión del recurso de reconsideración se ordenó la revocatoria del acto de decomiso con el fin de que se profiriera el respectivo auto de prueba, es evidente que se restituyeron los términos legales, de manera que de conformidad con lo consagrado en el articulo(sic) 511 del Estatuto aduanero se profirió el auto de pruebas N° 03-070-213-143-005929 del 28 de diciembre de 2007, debidamente notificado por estado N° 1420 fijado entre el 31 de diciembre de 2007 y el 03 de enero de 2008; posteriormente se profirió la resolución de decomiso N° 03-070-213-636-1-000156 del 17 de enero de 2008 (nótese que entre un acto y el otro no transcurrieron más de 10 días hábiles); contra este ultimo(sic) se interpuso nuevamente recurso de reconsideración los días 08 y 13 de febrero de 2008; los cuales fueron decididos mediante la resolución N° 03-072-193-601-00459 del 16 de abril de 2008, por lo tanto se dio cabal cumplimiento a los términos legalmente consagrados en la legislación aduanera. No obstante la claridad de lo anterior y en aras de entrar en discusión; dicha declaratoria no esta llamada a prosperar por expresa disposición legal, si se tiene en cuenta que el silencio administrativo positivo no procede cuando se trate de mercancía respecto de la cual no proceda su legalización, postulado éste que se adecúan expresamente al caso sub-judice; en atención a lo preceptuado por el artículo 519 del Decreto 2685 de 1999 […]”
3. La sentencia proferida en primera instancia
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección “B”, mediante sentencia de 4 de agosto de 2011, decidió negar las pretensiones de la demanda así:
“[…]
1°) Deniéganse las pretensiones de la demanda.
2°) Abstiénese de condenar en costas a la parte actora.
3o) Devuélvase a la parte actora el remanente que hubiese a su favor por concepto del depósito de expensas para atender los gastos ordinarios del proceso.
4º) Ejecutoriada esta providencia, archívese el expediente previas las constancias secretariales de rigor […]”.
3.1 Consideraciones respecto del “[…] fondo del asunto […]”
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección “B”, fundamento su decisión de denegar las pretensiones de la demanda con base en los siguientes argumentos:
3.1.1 En cuanto a la “[…] violación directa de normas constitucionales (artículos 11, 2, 13, 15, 21, 29, 34, 58 y 83 de la Constitución Política) […]”, luego de hacer un recuento probatorio de lo sucedido en la vía gubernativa, indicó, respecto el cargo de violación al debido proceso, que:
“[…] si bien la DIAN inicialmente decretó el decomisó de la mercancía aprehendida por acta no. 834-297 de 20 de abril de 2007, sin haber decidido nada acerca de la solicitud probatoria presentada por la sociedad actora en el escrito contentivo de la oposición del acta de aprehensión aludida, esto es, con vulneración del derecho constitucional del debido proceso por el hecho de haber “pretermitido el periodo probatorio y/o de denegar mediante auto motivado las pruebas solicitadas en el escrito de objeciones contra el acta de aprehensión’’ (fl. 530 ibidem), lo cierto es que el 19 de diciembre de 2007, mediante la resolución no. 001572, tal actuación fue revocada, y por ende, dichas omisiones fueron enmendadas, pues se surtió nuevamente el trámite de decreto y práctica de las pruebas solicitadas, con motivación de tales decisiones y con notificación de dicho acto conforme lo prevén los artículos 511 y 566 del Decreto 2685 de 1999, es decir, por estado, que se fijó en las oficinas de la autoridad aduanera durante los días 31 de diciembre de 2007 y 3 de enero de 2008 (fl. 538 cdno. anexos no. 3), razones estas por las que este preciso cargo de nulidad no tiene vocación de prosperidad […]”.
3.1.2 En cuanto a la “[…] Violación directa de las normas en que se fundamenta […]”, el a quo consideró:
“[…] confrontada la información de la mercancía aprehendida con la relacionada en las declaraciones de importación aportadas por el actor junto con el escrito de objeción contra el acta de aprehensión no. 834-0297 Fisca de 20 de abril de 2007, la DIAN constató que tales elementos no estaban debidamente relacionados y especificados en la correspondiente declaración de importación, en consecuencia, para efectos de ilustración, se encontró que la información consignada en las correspondientes declaraciones de importación no coincidía con la composición específica de cada uno de estos encontrada en el análisis químico realizado por la DIAN, esto es, que no correspondía a la realidad de los elementos que encontró la autoridad aduanera […]”
“[…] es del caso precisar que las anteriores inconsistencias conllevan a determinar que la mercancía almacenada en la carrera 44 no. 19-31 de la ciudad de Bogotá, D. C. no se encontraba amparada en la correspondiente declaración de importación, y por ende, no existía la plena y necesaria certeza de la veracidad de la información contenida en los documentos presentados ante dicha autoridad, sino, solo hasta que esta procedió a verificar físicamente cada uno de los elementos alojados en dicha dirección, razón por la cual la Sala estima que, contrario a lo esgrimido por la parte actora, la actuación desplegada por la DIAN estuvo ajustada a derecho.
Así las cosas, en relación con la presunta falta de valoración de los documentos con los que aparentemente el actor acredita que la mercancía aprehendida y decomisada sí fue lícitamente nacionalizada, la Sala advierte que no es de recibo tal acusación argüida por el apelante, dado que fue precisamente a partir de los documentos aportados ante la DIAN que se hizo posible determinar que dicha entidad actúo conforme a la normatividad que regula la materia.
En ese orden, observa la Sala que el punto sustancial para adoptar la medida de aprehensión y posterior decomiso fue puntualmente la ausencia o errónea identificación de la mercancía, pues, como previamente se analizó, la indicación que de la misma se hizo en la correspondiente declaración de importación no coincide con la realidad, ya que en tal documento simplemente se hizo una alusión a las características similares con que esta cuenta mas no a la determinación específica requerida.
En tales condiciones, por lo ya explicado, no hay duda que las actuaciones desplegadas por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) en nada transgreden el ordenamiento jurídico, ya que la decisión adoptada en las resoluciones números 000156 de 17 de enero de 2008, 000459 de 16 de abril de 2008, y 000544 de 12 de mayo de 2008 estuvo ajustada a derecho, razón por la cual, este último cargo de nulidad propuesto no prospera […]”.
3.2 Costas
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección “B” manifestó que:
“[…] la Sala se abstendrá de condenar en costas a la parte actora, por cuanto la conducta procesal de ésta no está teñida de mala fe, dado que no es constitutiva de abuso del derecho, ni puede calificarse como torticera, maliciosa ni malintencionada, presupuesto este indispensable para adoptar este tipo de decisión […]”.
4. El recurso de apelación presentado por la parte demandante
La parte demandante, por medio su apoderado, presentó, mediante escrito de 29 de agosto de 2009, recurso de apelación contra la sentencia de 4 de agosto de 2011 proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección “B”, sustentando el mismo con base en los siguientes argumentos:
4.1 “[…] Los puntos sustanciales de la litis se centran en la operancia o no del silencio administrativo en favor del administrado, violación o no del derecho al debido proceso y a la defensa del administrado y en la legalidad o no del decomiso (atipicidad de la conducta).
En el presente caso con el simple análisis formal del expediente DM200720070968, adelantado por la entonces Administración, hoy Dirección Seccional de Aduanas de Bogotá, para la definición de la situación jurídica de la mercancía aprehendida mediante el acta 834-0297 FISGA DEL 19 DE ABRIL DE 2007, con el procedimiento estatuido en los artículos 502 y siguientes del Decreto 2685 de 1999, se concluye que la DIAN, promulgó la resolución de decomiso 03- 070-213-636-1 000156 del 17 de enero de 2008, en forma extemporánea, esto es cuando de hecho y de derecho había operado el silencio positivo a favor del administrado, ya que solo es con este acto, cuando la DIAN le informa que la División Jurídica expidió la Resolución 03-072-193-601-001572 del 19 de diciembre mediante la cual se revoca la resolución 3153 del 21 de junio de 2007, por violación al debido proceso, que con auto 03-070-2.13-143-005929 del 28 de diciembre se denegaron las pruebas solicitadas en el escrito de objeción radicado con el número 684 del 7 de mayo de 2007, que a folios 534 a 537 del citado expediente administrativo obra es resultado del análisis químico practicado a dos pares de medias fundamentando el decomiso de la mercancía, porque este no está acorde con la descripción hecha en la declaración de importación presentada por el interesado para ampararlas, lo cual es abiertamente contrario a derecho ya que a la fecha no se .había notificado en legal forma la Resolución 03-072-193- 601-001572 del 19 de diciembre mediante la cual se revoca presuntamente la resolución 3153 del 21 de junio de 2007, irregularidades que son una flagrante violación al debido proceso y derecho a la defensa del administrado por tanto siendo las etapas de un proceso concatenadas y preclusivas entre sí, se evidencia con el simple análisis del citado expediente que el acto de decomiso nació viciado a la vida jurídica y por tanto se debe anular y por ende su confirmatorio, lo cual no fue analizado en la sentencia recurrida.
Con base en lo anterior es de lógica concluir que el proceso de definición de la situación jurídica del cargamento de marras no se ajustó a derecho ya que la Administración, lo violó en la forma anteriormente indicada, impidiéndole al administrado controvertir el material probatorio arrimado en su contra […].
“[…] en la primera instancia no se valoró estas circunstancias y el hecho que el cargamento se retiro(sic) de la bodega de PERFUMES Y FRAGANCIAS el 19 de 2007, sin haberse tomado muestra del mismo, ya que la aprehensión se motivó por no acreditarse la relación entre su depositario y el importador directo del mismo al momento de presentarse la DIAN en sus instalaciones por tanto no existe certeza que los dos presuntos pares de medias, posteriormente analizadas en laboratorio, realmente correspondan a parte del mismo, máxime cuando son una insignificante muestra del mismo.
En la parte sustancial, tampoco le asiste la razón a la demandada al afirmar que la mercancía no corresponde con la declarada y amparada con la declaración aportada por los administrados al expediente de definición de su situación jurídica objeto de la presente acción porque la descripción plasmada en este documento si es concordante con el acta de aprehensión, el documento de inventario e ingreso al depósito, que es el cargo que en verdad tenía que desvirtuar el administrado, máxime cuando tan solo se tomaron como muestra dos (2) pares de medias para el presunto análisis químico del millonario cargamento, lo que no es representativo ni puede ser tenido en cuenta por no haberse brindado la oportunidad al interesado de controvertirlo, ya que la muestra fue tomada sin su concurso y su conclusión tan solo fue conocida en el acto de decomiso.
Partiendo de los hechos planteados en la demanda y su contestación, se decanta lo realmente acontecido dentro de este proceso, esto es que mis representados actuaron de buena fe, aportaron en su momento toda la documentación que acredita que el cargamento aprehendido y decomisado si fue nacionalizado y se encontraba en forma lícita al momento de efectuarse la aprehensión que este se decomisó por no acreditarse en el momento el contrato de depósito del mismo y ya que la descripción hecha en el acta de aprehensión si corresponde con la descripción hecha en la declaración de importación lo que sumado a los vicios de procedimiento, en el proceso de definición de su situación jurídica, acreditan la violación de los derechos de mis representadas en la expedición de los actos demandados, por lo cual es imperioso su anulación y restablecimiento de los derechos con ellos vulnerados, en la forma peticionada en la demanda, lo que no fue desvirtuado por la administración durante el trámite del proceso ni analizado por el juzgador de primera instancia […].
Con base en la formulación de este cargo (1.6 del artículo 502 del decreto 2685 de 1999), es claro que al notificarse el acta de aprehensión se trabo la relación jurídico procesal para la definición de la situación jurídica de la mercancía perdiendo competencia la DIAN, para formular o adicionar nuevos cargos dentro del proceso administrativo de definición de la situación jurídica de la mercancía, por lo tanto el administrado únicamente tenía que desvirtuar este y no otro cargo para obtener la devolución del cargamento, lo que hizo al aportar la declaración de importación y el contrato de depósito ya que probó que lo descrito en el acta de aprehensión corresponde con lo declarado y la relación de causalidad entre su depositario o tenedor del cargamento como su importador directo al momento de la intervención de la DIAN es atípica para sustentar el decomiso, por tanto es ilegal y así se debe decretar.
Es concluyente que la sentencia censurada, adolece de un análisis en conjunto y en sana critica de todas las pruebas incorporadas legalmente al expediente, tan es así que no se manifiesta sobre el valor asignado a cada una porque no se tienen en cuenta, denegando las pretensiones de la demanda, no obstante estar acreditado que si se violó el derecho al debido proceso y a la defensa del administrado, que operó el silencio administrativo peticionado y que el cargamento si está debidamente nacionalizado, pasando por alto que el decomiso fue sustentado en presuntas nimias falencias, en la declaración de la mercancía no obstante que los documentos aportados tienen presunción de validez, lo cual no ha sido desvirtuado por parte de la DIAN, ya que el derecho es en ambas vías, esto es que si bien la carga de la prueba es en principio a cargo del administrado y la responsabilidad en el ámbito aduanero es de carácter objetivo, esto cambia al momento de aportarse los documentos que acreditan tanto la importación como el vínculo comercial con el importador documentos que no han sufrido ningún tipo de tacha al punto que la misma DIAN, los tiene en sus archivos lo cual en concordancia con la Ley de anti trámites obliga que el ente oficial las convalide sin están en su poder, con lo cual se deja sin soporte fáctico y legal el decomiso de carecer de una real y justa motivación […]”.
5. Trámite del recurso de apelación en segunda instancia
El Despacho sustanciador de la Sección Primera del Consejo de Estado, mediante auto de 8 de noviembre de 2011, admitió el recurso de apelación presentado por la parte demandante contra la sentencia de 4 de agosto de 2011 proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección “B”.
El Despacho sustanciador, mediante auto de 13 de agosto de 2014, ordenó “[…] Por Secretaria, córrase traslado a las partes y al Procurador Delegado ante esta Corporación, por el término de diez (10) días, para que presenten sus alegatos de conclusión […]”.
La parte demandada presentó, mediante escrito de 8 de septiembre de 2014, poder especial al abogado AUGUSTO FERNANDO RODRÍGUEZ RINCÓN, identificado con la cédula de ciudadanía núm. 7.697.327 y tarjeta profesional núm 91.661 del Consejo Superior de la Judicatura, “[…] con el fin de representar a la NACIÓN U.A.E. DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES, en el proceso de la referencia […]”.
6. Alegatos de conclusión en segunda instancia y concepto del Ministerio Público
6.1 Alegatos de conclusión de la parte demandante
La parte demandante, mediante escrito de 8 de septiembre de 2014, presentó sus alegatos de conclusión básicamente indicando los mismos argumentos esgrimidos en el recurso de apelación.
6.2 Alegatos de conclusión de la parte demandada
La parte demandada, mediante escrito de 8 de septiembre de 2014, presentó los alegatos de conclusión igualmente, basando sus argumentos de la misma forma que lo hizo en la contestación a la demanda.
6.3 Concepto del Ministerio Público
El Ministerio Público guardó silencio.
2. Consideraciones de la Sala
2.1 Competencia
La Sección Primera del Consejo de Estado es competente para conocer, en segunda instancia, del presente asunto, en los términos del artículo 129 del Código Contencioso Administrativo en concordancia con el numeral 3 del artículo 132 ibidem; y, el artículo 13 del Acuerdo 58 de 15 de septiembre de 1999, modificado por el Acuerdo 55 de 5 de agosto de 2003 expedidos por la Sala Plena de esta Corporación.
La Sala procederá a examinar las argumentaciones expuestas por la parte demandante en el recurso de apelación, interpuesto contra la sentencia de 4 de agosto de 2011 proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección “B”, mediante la cual se denegó las súplicas de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, teniendo en cuenta que de conformidad con el artículo 357 del Código de Procedimiento Civil, (hoy artículo 328 del Código General del Proceso), aplicable por remisión del artículo 267 del Código Contencioso Administrativo se limitará a conocer de los puntos o cuestiones a los cuales se contrae dicho recurso, pues los mismos, en el caso de apelante único, definen el marco de la decisión que ha de adoptarse en esta instancia.
La Sala abordará el estudio de las consideraciones en las siguientes partes: i) los actos administrativos demandados; ii) requisitos de procedibilidad del recurso de apelación interpuesto y la verificación de ausencia de causales de nulidades procesales; iii) el problema jurídico; iv) marco normativo aplicable; v) el análisis del problema jurídico y la resolución de los cargos formulados en el recurso de apelación; iv) reconocimiento de personería a los nuevos apoderados de las partes; y vi) conclusiones.
2.2 Requisitos de procedibilidad del recurso de apelación interpuesto y la verificación de ausencia de causales de nulidades procesales
Visto el artículo 212 del Código Contencioso Administrativo, en materia de recurso de apelación contra sentencias y el auto admisorio del mismo proferido el 15 de septiembre de 2012 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección “B”, la Sala encuentra que el recurso de apelación se ajusta a los supuestos normativos de procedibilidad de dicho recurso, por cuanto, se interpuso y sustentó por la parte demandante, a través del respectivo apoderado especial, ante el a quo, dentro del terminó de los diez (10) días contados a partir de la notificación de la sentencia, esto es, la sentencia fue notificada por edicto fijado el 8 de agosto de 2011 y desfijado el 16 de agosto de 2011 y el escrito de recurso de apelación se presentó el 29 de agosto de 2011.
Asimismo, la Sala no observa que en el presente proceso se haya configurado causal de nulidad que invalide lo actuado, en consecuencia, se procede a decidir el caso sub lite.
2.3. Los actos administrativos demandados
Se procederá a transcribir los apartes más relevantes de las resoluciones objeto de la presente demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, sin perjuicio de la transcripción que de los mismos se haga al analizar cada uno de los cargos presentados, así:
2.3.1. Resolución núm. 03-0170-213-636-1 000156 de enero 17 de 2008
“[…] DIAN
RESOLUCIÓN NÚMERO
(03-070-213-636-1 000156) 17 ENE 2008
POR MEDIO DE LA CUAL SE DECOMISA UNA MERCANCÍA
[…]
EL JEFE DE LA DIVISIÓN DE FISCALIZACIÓN ADUANERA DE LA ADMINISTRACIÓN
ESPECIAL DE ADUANAS DE BOGOTÁ,
En ejercicio de las facultades legales y en especial las conferidas en el artículo 37 literal a), y 39 del Decreto 1071 de 1999, artículo 69 de la Resolución 5632 de 1999, artículos 6 y 7 de la Resolución 8046 del 21 de julio de 2006, Resolución 7991 del 09 de julio de 2007, demás normas concordantes y/o complementarias, profiere la presente resolución, con base en los siguientes,
HECHOS
Con auto No. 134-00968 del 15 de mayo de 2007 (folio 1), se apertura el expediente No. DM 2007 2007 0968, por parte del Grupo Interno de Trabajo Secretaría de la División de Fiscalización Aduanera de esta Administración y con planilla No. 926 del 26 de diciembre de 2007 (folio 533) fue reasignado al Grupo de Definición de Situación Jurídica de la misma División.
Según acta de hechos No. 2374 del 19 de abril de 2007, funcionarios de la División de Fiscalización Aduanera de la Administración Especial de Aduanas de Bogotá, debidamente comisionados con Resolución No. 2374 del 19 de abril de 2007 (folios 3 al 6), se hicieron presentes en las instalaciones de la empresa Perfumes y Fragancias Ltda., ubicada en la Carrera 44 No.19-31 de esta ciudad donde procedieron a revisar la mercancía que se encontraba allí almacenada consistente en medias calcetines procediendo a la aprehensión de la misma con acta No. 834-297 Fisca del 20 de abril de 2007 (folios 13 y 14) avaluada en la suma de CUATROCIENTOS UN MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS MCTE ($401.778.432), con fundamento en la causal de aprehensión y decomiso de mercancías contemplada en el numeral 1.6 del artículo 502 del Decreto 2685 de 1999, modificado por los artículos 48 del Decreto 1232 de 2001 y 6 del Decreto 1161 de 2002.
El acta de aprehensión fue notificada personalmente al señor FRANCISCO JAVIER CEPEDA LIZARAZO Identificado con C.C. No. 79.460.538, en calidad de Gerente General de la sociedad PERFUME Y FRAGANCIA LTDA, el 20 de abril de 2007.
Con el Documento de Ingreso, Inventario y Avalúo de Mercancías Aprehendidas No. 39032112611 del 21 de abril de 2007 (folio 15), se realizó el ingreso de la mercancía al Deposito Almagrario Bosa, descrita de la siguiente manera:
I
T
E
M
DESCRIPCION DE LA MERCANCÍA, MARCA, MODELO, REFERENCIA Y SERIE
UNIDAD DE MEDIDA
CANTIDAD UNIDAD DE MEDIDA
VALOR
UNITARIO
VALOR
TOTAL
1
PARES DE MEDIA PARA HOMBRE, MARCA CARTTÓN SHOP MEN”S SOCKS EN 764 YUTES X 33 DOCENA CADA UNA
NAR
302.544
$1.328
$401.778.432
VALOR TOTAL: CUATROCIENTOS MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS MCTE ($401.778.432),
Mediante escrito radicado No. 017659 del 04 de mayo de 2007 (folios 22 al 31) y estando dentro del término establecido en el artículo 505-1 del Decreto 2685-1 del Decreto 2685 de 1999, adicionado por el artículo 14 del Decreto 4431 de 2004, el señor FRANCISCO JAVIER CEPEDA LIZARAZO identificado con C.C. 79.460.538 en calidad de gerente general de la sociedad PERFUME Y FRAGANCIA LTDA, con NIT 830.102.935-0, presentó objeción al acta de aprehensión No. 834-297 FISCA del 20 de abril de 2007. Dentro de su escrito el recurrente solicita la devolución de la mercancía, toda vez que la misma se encuentra amparada en la declaración de importación No. 23830013452548 del 19 de enero de 2007, anexa para el efecto copia de la misma y del contrato de bodegajes celebrado por la sociedad SONOPRINTER S.A, igualmente factura de la prestación de servicios generada por parte de la sociedad que representa. De otro lado y estando dentro del término establecido en la normatividad aduanera, con oficio radicado con el No. 684 del 07 de mayo de 2007 (folio 32 al 38), suscrito por el doctor ALVARO IBÁÑEZ GRIMALDOS, identificado con C.C. 19.399.942 y T. P No. 75764 del C. S de la Judicatura, en calidad de apoderado de la sociedad SONOPRINTER SOCIEDAD ANÓNIMA EN REESTRUCTURACION con NIT 830.085.703-5, importador de la mercancía encartada, calidad que acredita con poder debidamente presentado ante notario, manifiesta que se opone al decomiso de la mercancía, solicita desde ya la devolución de la misma a su representado y se ordene que los pagos de bodegaje y el proceso en general sea a cargo de la DIAN, además se ordene el archivo del expediente. Solicita que se tengan como pruebas las obrantes dentro del expediente y los siguientes documentos: Declaración de importación No.062007000014811-1 del 18 de enero de 2007 (folio 33)
Por último solicita una Inspección ocular y/o Administrativa sobre la mercancía aprehendida y decomisada para su cotejo físico-documental con intervención del suscrito, de mi poderdante o dependientes y delegado del Ministerio Público para probar que el cargamento se encuentra debidamente presentado y declarado con todos los documentos soportes de la importación. Acota que los documentos aportados, la inspección y cotejo físico de la mercancía aprehendida son pertinentes, conducentes y eficaces para probar que ni la aprehensión ni el procedimiento realizado hasta la fecha se han ajustado a derecho, solícita revocar todo lo actuado y ordenar la entrega total del cargamento que en justicia y en derecho corresponde y que se reserva el derecho a aportar nuevas pruebas durante el transcurso del proceso tal como lo autoriza el Código Contencioso Administrativo, vigente al momento de la aprehensión. Con resolución No. 03-070-213-636-1-003153 del 21 de junio de 2007, este despacho ordenó el decomiso de la mercancía aprehendida con acta No. 834-0297 Fisca del 20 de abril de 2007, con fundamento en la causal de aprehensión y decomiso de mercancías contemplada en el numeral 1.6 del artículo 502 del Decreto 2685 de 1.999, modificado por los artículos 48 del Decreto 1232 de 2001 y 6 del Decreto 1161 de 2002. (folios 76 al 84). Siendo notificada personalmente a la empresa SONOPRINTER S.A EN REESTRUCTURACION, con NIT 830.085.703-5 en calidad de importador, a través de su apoderado el señor ALVARO IBÁÑEZ GRIMALDOS identificado con C.C. 19.399.942 y tarjeta profesional No. 75.764 del C.S. de la Judicatura, el 11 de julio de 2007 (folio 84) y a la sociedad PERFUMES Y FRAGANCIAS LTDA con NIT 830.102.935-0 a través de su representante legal el 12 de julio de 2007 (folio 84), en las instalaciones de la División de Documentación de esta Administración. Mediante escrito con radicado No. 1073 del 1 de agosto de 2007 (folios 87 al 98), el doctor ALVARO IBÁÑEZ GRIMALDOS identificado con C.C. 19.399.942 y tarjeta profesional No.
75.764 del C.S. de la Judicatura en calidad de apoderado de la sociedad SONOPRINTER S.A EN REESTRUCTURACION con NIT 830.085.703-5 y con radicado No. 1031 del 24 de julio de 2007 el señor FRANCISCO JAVIER CEPEDA LIZARAZO identificado con C.C. 79.460.538 en calidad de Representante Legal de la sociedad PERFUME Y FRAGANCIA LTDA (folios 55 al 64), interpusieron recurso de reconsideración ante la División Jurídica de esta Administración, contra la Resolución de Decomiso No. 03-070-213-636-1-003153 del 21 de junio de 2007, recurso que fue desatado por la División citada con resolución No. 03-072-193-601-001572 del 19 de diciembre de 2007, ordenando en su artículo primero revocar, en todas sus partes por violación al Debido Proceso, la resolución de decomiso proferida (folios 519 al 531)
Con auto No. 03-070-213-143-005929 del 28 de diciembre de 2007 (folios 539 al 543), el Jefe de la División de Fiscalización Aduanera dispuso denegar las pruebas solicitadas por parte del doctor ALVARO IBÁÑEZ GRIMALDOS, identificado con C.C. 19.399.942 y T. P No. 75764 del C. S de la Judicatura, en calidad de apoderado la sociedad SONOPRINTER S.A EN REESTRUCTURACION con NIT 830.085.703-5, en el escrito de objeción radicado con el No. 684 del 07 de mayo de 2007, por considerarlas inconducentes, ineficaces, impertinentes e innecesarias, dicho auto fue notificado por estado No.1420 fijado en la División de Documentación de esta Administración, el 31 de diciembre de 2007 y desfijado el 03 de enero de 2008 (folio 538). A folios 534 al 537 obra el resultado del análisis químico practicado por el laboratorio de la DIAN a dos pares de medias.
[…]
CONSIDERACIONES DEL DESPACHO
[…] Observa el Despacho que la aprehensión de la mercancía efectuada con acta No. 834-297 Fisca del 20 de abril de 2007, se produjo como consecuencia de la visita realizada por los funcionarios de la División de Fiscalización Aduanera de la Administración Especial de Aduanas de Bogotá, a las instalaciones de la empresa Perfumes y Fragancias Ltda., ubicada en la Carrera 44 No. 19-31 de esta ciudad, al realizarse la inspección física de la mercancía de procedencia extranjera consistente en medias calcetines se estableció que esta no se encontraba amparada en una declaración de importación por lo que se configuro la causal contemplada en el numeral 1.6 del artículo 502 del Decreto 2685 de 1.999, modificado por los artículos 48 del Decreto 1232 de 2001 y 6 del Decreto 1161 de 2002.
Revisados los documentos que obran en el expediente, el Despacho encuentra que dentro del término legal establecido en el artículo 505-1 del Decreto 2685 de 1999, adicionado por el artículo 14 del Decreto 4431 de 2004, se recibió objeción al acta de aprehensión No. 834-297 FISCA del 20 de abril de 2007, con escritos radicados Nos. 017659 del 04 de mayo de 2007 suscrito por el señor FRANCISCO JAVIER CEPEDA LIZARAZO identificado con C.C. 79.460.538 en calidad de gerente general de la sociedad PERFUME Y FRAGANCIA LTDA, con NIT 830.102.935-0, y No. 684 del 07 de mayo de 2007 suscrito por el doctor ALVARO IBÁÑEZ GRIMALDOS, identificado con C.C. 19.399.924 y T. P No. 75764 del C. S de la Judicatura, en calidad de apoderado de la sociedad SONOPRINTER SOCIEDAD ANÓNIMA EN REESTRUCTURACION con NIT 830.085.703-5.
Analizadas las objeciones presentadas y los documentos aportados por los interesados, así como las pruebas recaudadas, el Despacho concluye:
Según lo manifestado por el doctor ALVARO IBÁÑEZ GRIMALDOS, identificado con C.C. 19.399.924 Y T. P No. 75764 del C. S de la Judicatura, en calidad de apoderado de la sociedad SONOPRINTER SOCIEDAD ANÓNIMA EN REESTRUCTURACIÓN con sigla SONOPRINTER, con NIT 830.085.703-5, importador de la mercancía encartada y el señor FRANCISCO JAVIER CEPEDA LIZARAZO, identificado con C.C. No. 79.460.538, gerente general de la sociedad PERFUME Y FRAGANCIA LTDA con NIT 830.102.935-0, la mercancía aprehendida con acta No. 834- 297 fisca del 20 de abril de 2007 y relacionada en el DIIAM No. 39032112611 del 21 de abril de 2007, se encuentra amparada en la declaración de importación No. 23830013452548 del 19 de enero de 2007. Para verificar lo argumentado, el Despacho procederá a cotejar la descripción de la mercancía amparada con la declaración aportada, frente a la descripción determinada en el resultado del análisis químico practicado por la División de Laboratorio así:
ITEM 1
Muestra 1
Análisis Químico
D.I. No. 23830013452548
MARCA
Cartton shop Men's Socks
Cartton shop Men's Socks
COLOR
Azul Oscuro y Crema
Colores y estilos surtidos
CONSTRUCCIÓN
De punto por trama
Tejido de punto
TALLA
8-10
10-12
No es media de mujer No es media para varices. La media cubre todo el tobillo pero no alcanza a cubrir la pantorrilla
Medias para hombre
COMPOSICIÓN
Tipo de Fibra
Poliolefina filamentos texturados 1.9
Poliéster filamentos texturados 23.8
Acrílico fibras discontinuas 68.7
Poliéster fibras discontinuas 1.0
Spandex 3.3
Látex 1.3
Algodón 65%
Nylon 15%
Licra 20%
Poliéster 100%
Algodón 20%
Poliestser 70%
Spandex 10%
MUESTRA 2
Análisis Químico
D.I. No. 23830013452548
MARCA
Cartton shop Men's Socks
Cartton shop Men's Socks
COLOR
Gris Oscuro y Crema
Colores v estilos surtidos
CONSTRUCCIÓN
De punto por trama
Tejido de punto
TALLA
8-10
10-12
No es media de mujer No es media para varices. La media cubre todo el tobillo pero no alcanza a cubrir la pantorrilla
Medias para hombre
COMPOSICIÓN
Tipo de Fibra
Poliolefina filamentos texturados 2.0 Poliéster filamentos texturados 22.4 Acrílico fibras discontinuas 59.7
Algodón 3.9
Spandex 10.5
Látex 1.4
Algodón 65%
Nylon 15%
Licra 20%
Poliéster 100%
Algodón 20%
Poliéster 70%
Spandex 10%
De acuerdo al anterior cuadro el Despacho considera que la mercancía no se encuentra amparada al existir diferencia entre la composición declarada y la dictaminada por el laboratorio, concluyendo de esta forma que la declaración de importación aportada ampara mercancía totalmente diferente a la aprehendida.
En cuanto al principio de la buena fe alegado es importante manifestar que la buena fe de que trata el artículo 83 de la Constitución Nacional, no exime a los involucrados en el presente proceso de definición de situación jurídica del respectivo control legal que pueda ejercer la DIAN, quien es la única autoridad que establece si la mercancía cuestionada se encuentra en estado de ilegalidad y permanencia en el territorio aduanero nacional, La responsabilidad es de carácter objetiva plasmada en la norma aduanera y por lo tanto no permite atenuantes de responsabilidad.
Así las cosas el Despacho procederá a ordenar el decomiso de la mercancía aprehendida con acta No. 834-297 Fisca del 20 de abril de 2007, y relacionada en el DIIAM No. 39032112611 del 21 de abril de 2007, con fundamento en lo establecido en el numeral 1.6 del artículo 502 del Decreto 2685 de 1999, modificado por los artículos 48 del Decreto 1232 de 2001 y 6 del Decreto 1161 de 2002, en concordancia con el artículo 232-1 del Decreto 2685 de 1999, adicionado por el artículo 23 del Decreto 1232 de 2001
De otro lado con el presente proveído se entienden contestado(sic) los oficio(sic) radicados con los Nos. 017659 del 04 de mayo de 2007, suscrito por el señor FRANCISCO JAVIER CEPEDA LIZARAZO, identificado con C.C. No. 79.460.538, gerente general de la sociedad PERFUME Y FRAGANCIA LTDA con NIT 830.102.935-0 y No. 684 del 07 de mayo de 2007, suscrito por el doctor ALVARO IBÁÑEZ GRIMALDOS, identificado con C.C. 19.399.942 y T. P No. 75764 del C. S de la Judicatura, en calidad de apoderado de la sociedad SONOPRINTER SOCIEDAD ANÓNIMA EN REESTRUCTURACIÓN con sigla SONOPRINTER, con NIT 830.085.703-5, importador de la mercancía encartada.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 3 del Decreto 2685 de 1999, el despacho vinculará administrativamente a la sociedad PERFUME Y FRAGANCIA LTDA, con NIT No. 830.102.935-0, en calidad de tenedor de la mercancía y a la sociedad SONOPRINTER SOCIEDAD ANÓNIMA EN REESTRUCTURACIÓN con sigla SONOPRINTER, con NIT 830.085.703-5, en calidad de importador de la mercancía.
Una vez ejecutoriada la presente providencia se ordenará remitir copia por parte de la División de Documentación, a la División de Comercialización de esta Administración, para lo de su competencia al G.I.T Unidad Penal de la División Jurídica para los fines pertinentes y a la División de Cambios para su correspondiente estudio cambiario.
En mérito de lo anteriormente expuesto, y estando debidamente facultado, El Jefe de la División de Fiscalización Aduanera de la Administración Especial de Aduanas de Bogotá,
RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO: DECOMISAR a favor de la Nación, Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales la mercancía aprehendida con acta No.834-297 Fisca del 20 de abril de 2007 y relacionada en el DIIAM No. 39032112611 del 21 de abril de 2007, avaluada en la suma de CUATROCIENTOS UN MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS MCTE ($401.778.432), la cual se encuentra incursa en la causal de aprehensión y decomiso de mercancías, consagrada en el numeral 1.6 del artículo 502 del Decreto 2685 de 1999, modificado por los artículos 48 del Decreto 1232 de 2001 y 6 del Decreto 1161 de 2002, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta resolución.
ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR la presente resolución a la empresa SONOPRINTER S.A EN REESTRUCTURACION, con NIT 830.085.703-5, en calidad de importador de la mercancía a través de su apoderado el doctor ALVARO IBÁÑEZ GRIMALDOS, identificado con C.C. 19.399.942 y T. P No. 75764 del C. S de la Judicatura, y a la sociedad PERFUMES Y FRAGANCIAS LTDA con NIT 830.102.935-0 a través de su representante legal o quien haga sus veces de conformidad con lo establecido en el artículo 567 del Decreto 2685 de 1999, modificado por el artículo 02 del Decreto 143 de 2006 […]”.
2.3.2 Resolución nrúm. 03-072-193-601 000459 de enero 17 de 2008
“[…] DIAN
RESOLUCIÓN NÚMERO
(03-072-193-601 000459) 16 ABR 2008
ADMINISTRACIÓN ESPECIAL DE ADUANAS DE BOGOTÁ DIVISIÓN JURÍDICA ADUANANERA
“[…]
EL JEFE DE LA DIVISIÓN DE FISCALIZACIÓN ADUANERA DE LA ADMINISTRACIÓN
ESPECIAL DE ADUANAS DE BOGOTÁ
En ejercicio de las facultades legales conferidas por el literal c) del artículo 39 del Decreto 1071 del 26 de junio de 1999, artículo 22 del Decreto 1265 del 13 de julio de 1999, artículo 57 Resolución 01618 del 7 de febrero de 2006; Decreto 2685 de 1999 y sus modificatorios; Código Contencioso Administrativo y demás normas complementarias, y,
CONSIDERANDO QUE:
Mediante escrito radicado con el No. 112 del 13 de febrero de 2008 (fls 547 a 560), el doctor ALVARO IBÁÑEZ GRIMALDOS identificado con la cédula de ciudadanía No. 19.399.942 de Bogotá T.P. 75.764 del C.S. de la J, en su calidad de apoderado de la sociedad SONOPRINTER S.A., con personería para actuar reconocida en al artículo primero del auto de pruebas No. 03-070-213-143-005929 del 28 de diciembre de 2007, y con radicado No 100 de febrero 08 de 2008 el señor FRANCISCO JAVIER CEPEDA LIZARAZO identificado con la cédula de ciudadanía No. 79.460.538 de Bogotá en calidad de Representante Legal de la sociedad PERFUME Y FRAGANCIA LTDA., conforme lo acredita con el Certificado de Existencia y Representación Legal que obra a folios 69 y 70, interpusieron Recurso de Reconsideración contra la Resolución No. 03-070-213-636-1-000156 del 17 enero de 2008 proferida por la División de Fiscalización de ésta administración, por medio de la cual resuelve ordenar el decomiso a favor de la Nación, de la mercancía aprehendida con el acta No. 834-297 FISCA de abril 19 de 2007. (folios 566 a 573).
[…]
CONSIDERACIONES DEL DESPACHO
Una vez estudiados los argumentos de orden fáctico y legal presentados por el recurrente en su escrito de impugnación, al igual que el acervo probatorio que obra en el expediente, éste Despacho en razón a la competencia y con el fin de realizar el control de legalidad sobre el acto recurrido, procede a efectuar las siguientes consideraciones:
[…]
La declaración de importación No. 23830013452548 de enero 15 de 2007, cuya copia validada en el sistema informático aduanero obra a folio 496, en la casilla 90 correspondiente a la descripción de la mercancía describe la siguiente:
“...MERCANCÍA NUEVA DE PRIMERA CALIDAD, COLORES Y ESTILOS SUTIDOS(sic). MEDIAS PARA HOMBRE, COMP. 65% ALGODÓN 15% NYLON 20% LICRA, 100% POLIÉSTER, 20% ALGODÓN 70%, POLIESTES 10% SPANDEX, TALLAS DE LA 10-12. MARCA CARTÓN SHOP. MEN’S. TEJIDO DE PUNTO. ***// 26202DZ DE MEDIAS PARA HOMBRE (MEN’S SOCKS) REF ET-27.”
Así las cosas se hace necesario para este despacho cotejar el resultado del análisis merciológico allegado a la investigación y que arroja la composición de las muestras de las medias aprehendidas que fueron remitidas al laboratorio, con la composición descrita en la declaración de importación en cita. En este orden de ideas se observa que en la declaración de importación No. 23830013452548 de enero 15 de 2007 se nacionalizaron 314.424.oo partes de medias para hombre marca Cartón Shop Men’s Socks, colores y estilos surtidos y en cuanto a la composición se tiene que se describen tres tipos de medias a saber: COMP: 65% ALGODÓN 15% NYLON 20% LICRA
COMP: 100% POLIÉSTER
COMP: 20% ALGODÓN 70%, POLIESTES 10%
Claramente de simple cotejo se puede observar que el resultado del análisis del laboratorio no arroja medias con una composición de 100% poliéster, así como tampoco 65% de algodón, es mas la muestra No. 1 no tiene porcentaje de algodón. Ahora bien no puede perderse de vista que la descripción que de las mercancías se exige en las declaraciones de importación, debe necesariamente corresponder a las características reales de las mismas, pues así lo establece la Legislación Aduanera, la cual a través de la Resolución No. 2954 de 1996 modificatoria de la Resolución 362 del mismo año, dispuso que en las declaraciones de importación de las mercancías que se clasifican en los capítulos 50 a 63 del Arancel de Aduanas, como en el presente caso la descripción de mercancías tales como confecciones y otros artículos textiles debe, contener la denominación de la confección, la composición del tejido empleado y la unidad comercial, composición que no puede desde ningún punto de vista ser presumida, aproximada o declarada sin que se tenga certeza de la misma, toda vez que la composición es la que es y debe corresponder siempre a un dato objetivo y verificable, el cual se obtuvo en el caso en estudio con un análisis merciológico practicado por la autoridad competente como es la Subdirección Técnica Aduanera de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales.
[…]
Este Despacho le manifiesta al recurrente que la única forma de demostrar el legal ingreso de mercancía extranjera al territorio nacional, es presentando la declaración de importación que la describa plenamente con su correspondiente levante, declaración que en el caso de la mercancía aprehendida y decomisada, no se allegó pudiéndose por ende concluir con certeza que respecto de dicha mercancía no se acreditó su legal importación, y que en consecuencia el decomiso de la misma se encuentra totalmente ajustado a derecho.
[…]
No puede perderse de vista que el interesado aportó solamente una declaración de importación con la que pretende demostrar la legalidad de la totalidad de la mercancía aprehendida y posteriormente decomisada, razón por la cual es apenas lógico pensar que las muestras analizadas que son similares a la totalidad de la mercancía encartada, deben estar amparadas en la declaración aportada.
En relación con el argumento del apoderado de la sociedad SONOPRINTER en cuanto a la ocurrencia de la cosa juzgada este despacho no comparte esta apreciación por cuanto la División Jurídica es competente para revocar las decisiones que sean contrarias a derecho y por esta razón en el presente caso revocó la resolución de fondo y retrotrajo las actuaciones para que fueran estudiadas las pruebas solicitadas y se negaran con auto separado las que no fueren conducentes ni pertinentes, tal y como lo hizo la División de Fiscalización de esta administración al expedir el pruebas solicitadas y se negaran con auto separado las que no fueren conducentes ni pertinentes, tal y como lo hizo la División de Fiscalización de esta administración al expedir el auto No. 03-070-213-143-005929 del 28 de diciembre de 2007. (folios 539 a 543). Lo anterior se encuentra ajustado a derecho ya que las partes tuvieron la oportunidad de recurrir nuevamente la resolución que ordenó el decomiso de la mercancía aprehendida con lo cual se esta dando aplicación al debido proceso.
[…]
En cuanto a la ocurrencia del silencio administrativo positivo, este despacho entra a analizar si procede o no la ocurrencia del silencio administrativo positivo y si se dan las consecuencias del mismo para declarar su ocurrencia:
“[…] en la presente investigación de definición de situación jurídica de la mercancía aprehendida, para que opere el silencio administrativo positivo, no es suficiente con el vencimiento del término para resolver el recurso de reconsideración, sino que se requiere que la mercancía objeto del proceso de definición de situación jurídica sea legalizable en los términos del artículo 228 del Decreto 2685 de 1999 […]
En los casos en que se trate de mercancía aprehendida que NO haya sido presentada a la Aduana en el momento de su importación o que por cualquier otra circunstancia legal no sea legalizable, es claro que en relación con ella no procede la legalización de que trata el artículo 228 del Decreto 2685 de 1999, motivo por el cual efectivamente no hay lugar a declarar el silencio administrativo positivo. Además de los argumentos anteriores, es claro que en los eventos en que la mercancía no sea legalizable, cuando no se profieren las actuaciones dentro de los términos se presenta simplemente un “vencimiento de términos” pero jamás ocurre el silencio administrativo positivo porque el silencio administrativo positivo legalmente tiene ocurrencia cuando está expresamente consagrado en la ley y cuando transcurrido el término legal sin que la autoridad resuelva alguna instancia o petición de un particular, se entiende que se le resuelve de manera afirmativa, presupuestos estos que no se dan en este caso porque aquí no hay decisión favorable al interesado y no la hay precisamente porque la misma ley señaló de manera excepcional que cuando la mercancía no es legalizable se continúa con el proceso hasta que se defina la situación jurídica de la mercancía. No puede hablarse de “silencio administrativo positivo” si el vencimiento de términos no tiene como consecuencias las señaladas en la ley y que pretende el recurrente en su petición, como es la entrega de la mercancía, razón por la que no hay decisión favorable alguna que reconocerle al interesado. Si se observa el acta de aprehensión No. No. 0834-297 Fisca del 19 de abril de 2007, los funcionarios de la División de Fiscalización Aduanera de la Administración Especial de Aduanas de Bogotá, aprehendieron la mercancía encartada por la causal de aprehensión señalada en el numeral 1.6 del Decreto 2685 de 1999, es decir que se trata de mercancía que no se encuentra amparada en una declaración de importación, es decir que nunca fue presentada ante las autoridades aduaneras y a la fecha no se ha demostrado lo contrario.
Finalmente debemos referirnos a los argumento(sic) principal y único del Representante Legal de la sociedad PERFUMES Y FRAGANCIAS, el cual asevera que con el recurso de reconsideración interpuesto contra la resolución de decomiso se aportaron los documentos que prueban el vínculo comercial entre las partes vinculadas, al respecto el despacho le aclara que la mercancía aprehendida en el presente caso no se encuentra amparada en declaración de importación alguna, por lo que resulta innecesario establecer un vínculo comercial entre el importador y el actual propietario de una mercancía que se encuentra ilegalmente en el territorio nacional. Una vez valoradas las pruebas y analizados los argumentos planteados por el recurrente, así como las declaraciones de importación presentadas, encuentra este despacho que los elementos de hecho y de derecho con base en los cuales se ordenó el decomiso de la mercancía relacionada en el Documento de Ingreso, Inventario y Avalúo No. 39032112611 de abril 21 de 2007 no fueron desvirtuados, motivo por el cual se confirmará la decisión tomada con la Resolución No. 03-070- 213-636-1-000156 de 17 de enero de 2008. Se deberá compulsar copias de esta resolución y de la Resolución No. 03-070-213-636-1-000156 de enero 17 de 2008, a la División de Comercialización de esta administración para lo de su competencia, al Grupo interno de Trabajo Unidad Penal de la División Jurídica Aduanera y al Depósito ALMAGRARIO BOSA para su conocimiento. Finalmente se deberá archivar el expediente DM200720070968. En mérito de lo anteriormente expuesto, la Jefe de la División Jurídica Aduanera de la Administración Especial de Aduanas de Bogotá D. C. RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: CONFIRMAR la Resolución No. 03-070-213-636-1-000156 del 17 de enero de 2008 proferida por la División de Fiscalización de esta administración, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. ARTICULO SEGUNDO: NEGAR EL SILENCIO ADMINISTRATIVO POSITIVO de acuerdo a los señalado en la parte motiva de esta providencia, contra este artículo procede el recurso de reposición de conformidad con lo señalado en el artículo 50 y s.s. del Código Contencioso Administrativo, el cual deberá interponerse dentro de los cinco (5) días siguientes a la notificación del presente acto […]”.
2.3.3 Resolución núm. 03-072-193-601 000459 de enero 17 de 2008
“[…] DIAN
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES
ADMINISTRACIÓN ESPECIAL DE ADUANAS DE BOGOTÁ
DIVISIÓN JURIDICA ADUANERA
RESOLUCIÓN No. No. (03-072-193-670 000544) 12 MAY 2008
TIPO DE ACTO ADMINISTRATIVO: Por medio de la cual se resuelve recurso de reposición interpuesto contra el artículo segundo de la Resolución No. 0303-072- 193-601-000459 del 16 de abril de 2008.
“[…]
EL JEFE DE LA DIVISIÓN DE FISCALIZACIÓN ADUANERA DE LA ADMINISTRACIÓN
ESPECIAL DE ADUANAS DE BOGOTÁ
En ejercicio de las facultades legales conferidas por el literal c) del artículo 39 del Decreto 1071 del 26 de junio de 1999, artículo 32 del Decreto 1265 del 13 de julio de 1999, Resolución 5632 del 19 de julio de 1999, modificado por el artículo 9º de la Resolución 1250 del 17 de febrero de 2005, Decreto 2685 de 1999, modificado por el Decreto 4431 del 30 de diciembre de 2004, Resolución 4240 de 2000 modificado por la Resolución No.01249 del 17 de febrero de 2005, artículos 50 y 51 del Código Contenciosos Administrativo y demás normas complementarias, y
CONSIDERANDO QUE:
Mediante escrito radicado con el No. 391 del 25 de abril de 2008 (folios 599 a 604), el doctor ALVARO IBAÑEZ GRIMALDOS, identificado con la cédula de ciudadanía número 19.399.942 y T.P No. 75.764 del C.S de la J, actuando en calidad de apoderado de la sociedad SONOPRINTER S.A, calidad reconocida en el artículo primero del Auto de pruebas No. 03-070-213-143-5929 del 28 de diciembre de 2007 (folios 539 a 545), interpuso recurso de Reposición contra el artículo segundo de la Resolución No. 03-072-193-601-459 del 16 de abril de 2008, con la cual se fallo el recurso de reconsideración interpuesto contra la Resolución 03-070-213-636-1-156 del 17 de enero de 2008. (folios 605 a 621).
[…]
CONSIDERACIONES DEL DESPACHO
[…] Ahora bien, el artículo segundo de la Resolución No. 0303-072-193-601-000459 del 16 de abril de 2008, negó la ocurrencia del silencio administrativo positivo y concedió el recurso de reposición, del cual hizo uso el apoderado de la sociedad SONOPRINTER SOCIEDAD ANÓNIMA EN REESTRUCTURACIÓN y que ahora nos ocupa.
En cuanto a la solicitud para que se declare el silencio administrativo positivo, en primer lugar se le informa al libelista que en el presente caso no procede la declaratoria del silencio administrativo positivo ya que de conformidad con la legislación aduanera, para que opere el silencio administrativo positivo en los procesos de definición de situación jurídica de las mercancías aprehendidas no basta con que se venzan los términos consagrados en la Legislación Aduanera para decidir de fondo, o para resolver el recurso de reconsideración presentado contra el acto que decide de fondo, o que haya transcurrido el término de un año desde la iniciación del respectivo proceso sin haberse proferido la decisión de fondo (artículo 519 del Decreto 2685 de 1999) sino que además es requisito sine quanon que la mercancía respecto de la cual se esta resolviendo su situación jurídica sea legalizable conforme al artículo 228 del Decreto 2685 de 1999, norma que consagra la figura de la legalización para mercancías de procedencia extranjera, esto es, que hayan sido presentadas a la Aduana en el momento de su importación.
[…]
En los casos en que se trate de mercancía aprehendida que NO haya sido presentada a la Aduana en el momento de su importación o que por cualquier otra circunstancia legal no sea legalizable. es claro que en relación con ella no procede la legalización de que trata el artículo 228 del Decreto 2685 de 1999, motivo por el cual efectivamente no hay lugar a declarar el silencio administrativo positivo.
Además de los argumentos anteriores, es claro que en los eventos en que la mercancía no sea legalizable, cuando no se profieren las actuaciones dentro de los términos se presenta simplemente un “vencimiento de términos” pero jamás ocurre el silencio administrativo positivo toda vez que el silencio administrativo positivo legalmente tiene ocurrencia cuando está expresamente consagrado en la ley y cuando transcurrido el término legal sin que la autoridad resuelva alguna instancia o petición de un particular, se entiende que se le resuelve de manera afirmativa, presupuestos estos que no se dan en este caso porque aquí no hay decisión favorable al interesado y no la hay precisamente porque la misma ley señaló de manera excepcional que cuando la mercancía no es legalizable se continúa con el proceso hasta que se defina la situación jurídica de la mercancía.
Así las cosas, no puede hablarse de “silencio administrativo positivo” si el vencimiento de términos no tiene como consecuencias las señaladas en la ley y que pretende el recurrente en su petición, como es la entrega de la mercancía, razón por la que no hay decisión favorable alguna que reconocerle al interesado.
[…]
RESUELVE
“ARTICULO PRIMERO: CONFIRMAR el artículo 2o de la Resolución No. 03-072-193- 601-000459 del 16 de abril de 2008, por las razones expuestas en la parte motiva del presente proveído […]”.
2.4. El problema jurídico
De acuerdo con los argumentos esgrimidos en el recurso de apelación por el apoderado de la parte demandante, corresponderá a la Sala establecer si los actos acusados fueron expedidos o no dentro del término establecido por la legislación aduanera o si por el contrario operó, en este asunto, el silencio administrativo en favor del administrado. Si del análisis se determina que no operó el silencio administrativo positivo, la Sala deberá determinar si la decisión de decomiso estuvo ajustada o no a la legalidad.
Para resolver lo anterior, desarrollará los siguientes puntos: i) el silencio administrativo positivo en materia aduanera: a) marco normativo, b) recuento probatorio y c) análisis del caso en concreto, respecto del silencio administrativo positivo; ii) descripción de la mercancía: a) marco normativo y b) análisis caso concreto respecto de la descripción de la mercancía.
2.5. Silencio administrativo positivo en materia aduanera
2.5.1. Marco normativo
El artículo 519 del Decreto 2685 de diciembre 28 de 1999, modificado por el artículo 22 del Decreto 4431 de diciembre 30 de 2004, se establece el silencio administrativo positivo en materia aduanera. La norma prevé:
“[…] Artículo 519. Incumplimiento de términos. <Artículo modificado por el artículo 22 del Decreto 4431 de 2004. El nuevo texto es el siguiente:>
Los términos para decidir de fondo previstos en el presente Capítulo son perentorios y su incumplimiento dará lugar al silencio administrativo positivo. Cuando el procedimiento se haya adelantado para imponer una sanción, se entenderá fallado a favor del administrado. Cuando el procedimiento se haya adelantado para formular una liquidación oficial, dará lugar a la firmeza de la declaración. En los casos de mercancía aprehendida para definición de situación jurídica, dará lugar a la entrega de la misma al interesado previa presentación y aceptación de la declaración de legalización, cancelando los tributos aduaneros a que hubiere lugar y sin el pago de rescate.
No habrá lugar al silencio administrativo positivo cuando no se hubiere presentado el documento de objeción a la aprehensión y cuando se trate de mercancía respecto de la cual no sea procedente la legalización de que tratan los artículos 228 y 502-del presente Decreto, ni de aquellas mercancías sobre las cuales existan restricciones legales o administrativas para su importación, a menos que en este último evento se acrediten los documentos que prueban el cumplimiento de la obligación que constituye restricción legal administrativa, y en todo caso, sin perjuicio de los términos previstos para decidir de fondo, so pena de las sanciones disciplinarias a que haya lugar por decidir de forma extemporánea.
Contra la negativa al silencio administrativo positivo procede el recurso de reposición en los términos del Código Contencioso Administrativo.
Igualmente, transcurrido el plazo para resolver el recurso de reconsideración sin que se haya notificado decisión expresa, se entenderá fallado a favor del recurrente en los términos previstos en los incisos anteriores, en cuyo caso la autoridad competente de oficio o a petición de parte así lo declarará.
Siempre que se declare el silencio administrativo positivo en el proceso administrativo para definir la situación jurídica de mercancías aprehendidas, dentro del mismo acto que decida de fondo se otorgará el término de un mes para presentar la declaración de legalización. Vencido este término sin que la declaración de legalización haya obtenido levante, quedará en firme el acto administrativo que ordenó el decomiso […]” (Destacado de la Sala).
El artículo 512 del Decreto 2685 de 1999 establece el término legal para decidir acerca de la situación jurídica de la mercancía aprehendida, en la siguiente forma:
“[…] Artículo 512. Acto administrativo que decide de fondo. <Artículo modificado por el artículo 20 del Decreto 4431 de 2004. El nuevo texto es el siguiente:>
Vencido el término previsto en el inciso primero del artículo 505-1 del presente Decreto o el término previsto en el inciso segundo del artículo 510 sin que se hubiere presentado el documento de objeción a la aprehensión o la respuesta al requerimiento especial aduanero, la autoridad aduanera dispondrá de quince (15) días para decidir de fondo sobre la situación jurídica de la mercancía aprehendida, mediante resolución motivada y de treinta (30) días para expedir el acto administrativo que decida de fondo sobre la imposición de la sanción, la formulación de la Liquidación Oficial o el archivo del expediente, si a ello hubiere lugar.
Cuando se hubiere presentado el documento de objeción a la aprehensión o la respuesta al requerimiento especial aduanero y no se hubieren decretado pruebas, la autoridad aduanera dispondrá de treinta (30) días para decidir de fondo sobre la situación jurídica de la mercancía aprehendida y para expedir el acto administrativo que decida de fondo sobre la imposición de la sanción, la formulación de la Liquidación Oficial o el archivo del expediente, contados a partir del día siguiente al cual se radicó la objeción a la aprehensión o la respuesta al requerimiento especial aduanero.
En el evento que se decrete la práctica de pruebas, los términos para decidir de fondo de que trata el inciso anterior se contarán a partir del día siguiente al vencimiento de los plazos establecidos para su práctica en el artículo anterior.
Parágrafo. Dentro de los términos para decidir de fondo no se incluyen los requeridos para efectuar la notificación, la cual se surtirá de conformidad con los artículos 564 y 567 de este decreto […]” (Destacado de la sala).
Dentro del trámite del proceso de definición de situación jurídica de la mercancía aprehendida, existe un periodo probatorio el cual está regulado en el artículo 511 del Decreto 2685 de 1999, en los siguientes términos:
“[…] Artículo 511. Periodo probatorio. <Artículo modificado por el artículo 19 del Decreto 4431 de 2004. El nuevo texto es el siguiente:>
Dentro de los diez (10) días siguientes a la recepción de la respuesta al Requerimiento Especial Aduanero o del Documento de Objeción a la Aprehensión, se decretará mediante auto motivado la práctica de las pruebas solicitadas que sean conducentes, eficaces, pertinentes y necesarias para el esclarecimiento de los hechos materia de investigación, se denegarán las que no lo fueren y se ordenará de oficio la práctica de las que se consideren pertinentes y necesarias, distintas a las relacionadas en el Requerimiento Especial Aduanero o en el Acta de Aprehensión.
En el mismo auto se ordenará la nueva práctica o el perfeccionamiento de las pruebas allegadas en el Acta de Aprehensión o relacionadas en el Requerimiento Especial Aduanero, cuando no se hubieren practicado en debida forma o requieran su perfeccionamiento.
El auto que decrete las pruebas se deberá notificar por estado conforme a lo establecido en el artículo 566 del presente Decreto. Cuando se denieguen pruebas procederá el recurso de reposición, el cual deberá interponerse dentro de los tres (3) días siguientes a su notificación y resolverse dentro de los tres (3) días siguientes a su interposición.
El término para la práctica de las pruebas será de dos (2) meses si es en el país, y de tres (3) meses cuando deban practicarse en el exterior, y correrá a partir de la ejecutoria del acto que las decretó.
Parágrafo. Cuando se hubiere denegado la garantía en reemplazo de la aprehensión y la práctica de las pruebas solicitadas, las dos actuaciones se resolverán en un solo acto administrativo contra el cual procederá el recurso de reposición […]” (Destacado de la Sala).
La legislación aduanera establece unos términos perentorios para la adopción de decisiones de fondo, entre ellas, la definición de la situación de las mercancías aprehendidas por la autoridad aduanera en ejercicio de las competencias legales de fiscalización y control le corresponde a la DIAN.
La normativa aduanera establece así, la operancia del silencio administrativo positivo, como efecto jurídico por el incumplimiento por parte de la Administración de los citados términos, indicando que si trascurre el término legal establecido para la definición de la situación jurídica de una mercancía sin que la autoridad aduanera haya adoptado la respectiva decisión, se dispondrá en favor del administrado la entrega de la mercancía, previa presentación y aceptación de la declaración de legalización, cancelando los tributos aduaneros a que hubiere lugar y sin el pago de rescate.
2.5.2 Recuento probatorio
Para desarrollar el análisis del caso, la Sala considera necesario realizar el siguiente recuento probatorio.
2.5.2.1. El 19 de abril de 2007, según consta en acta de hechos número 2374 de la misma fecha, funcionarios de la División de Fiscalización Aduanera de la Administración Especial de Aduanas de Bogotá y de la Policía Fiscal Aduanera, debidamente comisionados mediante Resolución de Registro de Inmueble número 2374 de 19 de abril de 2007, se hicieron presentes en la Carrera 44 No. 19 – 31 de la ciudad de Bogotá, en las instalaciones de la sociedad PERFUME Y FRANCANCIA LTDA, dando como resultado de tal diligencia la aprehensión de la mercancía número 834-0297 FISCA de la mencionada fecha.
En el acta de aprehensión en la sección denominada “Explicación/relación pruebas (Art. 504 Decreto 2685/99)” se indicó:
“[…] EXPLICACION DE LA CAUSAL DE APREHENCIÓN Y OBJECIONES.- Indique la(s) causal(es) de aprehensión, la(s) objeción(es) a la(s) misma(s) y la(s) pruebas:
“[…] De conformidad con el numeral 1.6 del artículo 502 del Decreto 2685 de 1999 modificado por el Decreto 1232 de 2001 y el Decreto 1161 de 2002 y memorando 00387 de Noviembre 25 de 2005, por cuanto en el curso de la diligencia no demostró el vínculo comercial entre el tenedor y el importador […]”
En las casillas de esta misma sección correspondientes a la “RELACION DE PRUEBAS PRACTICADAS O ALEGDAS DUREANTE L DILIGENCIA: (ANEXOS)” y denominadas, “Copia de Manifiesto de Carga”, “Copia de la Declaración de Importación”, “Copia Acta de Inspección”, “Copia Documento de Transporte”, “Copia DTA” y “Otro”, no fue señalada ninguna de ellas.
En cuanto a la sección “Descripción de la mercancía”, se indica en “[…] DESCRIPCION DE LA MERCANCÍA (Clase, marca, modelo, serie, referencia)”: Medias para hombre CARTTON SHOP. MEN´S SOCKS”, “Estado”: “B”, “Unidad de Empaque”: “(Bultos) Pares”, “Cantidad” “302.544” […]”.
2.5.2.2. En acta de hechos núm. 2374 de 19 de abril de 2007 se dejó la siguiente constancia:
“[…] Los funcionarios comisionados, una vez notificada la Resolución de Registro No. 2374 del 19 de abril de 2007, al representante legal de la sociedad Perfume y Fragancia Ltda., procedieron a realizar el inventario de las mercancías de procedencia extranjera ubicadas en el establecimiento de comercio citado, consistente en telas y calcetines para hombre; de igual forma, se le solicitó los documentos soportes de las referidas mercancías. El representante legal de la sociedad Perfume y Fragancia Ltda., aportó las declaraciones de importación correspondiente a las telas […] Respecto de los calcetines se solicitó a las doce del día allegar los documentos soporte con los cuales ampare los calcetines que se encontraban en calidad de Almacenamiento de Depósito sin aportar contrato o documento equivalente a que de dicha mercancía se encontraba bajo almacenamiento ante Perfume fragancia Ltda., tampoco se aportó documento que estableciera vínculo comercial con sociedad diferente a Perfume y Fragancia Ltda., razón por la cual los funcionarios comisionados nos abstuvimos de recibir documento aduanero soporte de la mercancía consistente en calcetines, que provengan del personas o sociedades distintas de Perfume y Fragancia Ltda., en consecuencia se procede a realizar la aprehensión de la mercancía consistente en calcetines mediante acta de aprehensión No. 834-297 FISCA del 19 de abril de 2007, de conformidad con el numeral 1.6 del artículo 502 de 2005, la mercancía aprehendida es retirada del establecimiento de comercio […] De deja constancia que la medida cautelar de aprehensión se fundamenta en el literal K del artículo 470 del Decreto 2685 de 1999 modificado por el decreto 4431 de 2004 en su artículo 7º en concordancia con lo establecido en el memorando 00387 de noviembre 25 de 2005 […]”.
2.5.2.3. El apoderado de la sociedad SONOPRINTER S.A., importador de la mercancía aprehendida, en adelante, el importador, mediante escrito de 7 de mayo de 2007,/ formuló objeción al acta de aprehensión número 834-297-FISCA del 19 de abril de 2007, oponiéndose al decomiso de las mismas y solicitando la devolución de la mercancía, argumentando que la misma fue presentada y declarada ante la DIAN, obteniendo en legal forma su levante y libre disposición tal como se acredita con los documentos aportados al momento de la diligencia lo que desvirtúa de plano la aprehensión. En el escrito, el apoderado de SONOPRINTER S.A. solicita que se tengan como prueba los documentos obrantes dentro del expediente, la Declaración de Importación número 0620070000014811 de 18 de enero de 2007 y que se practique la inspección ocular y/o administrativa de la mercancía aprehendida y decomisada para su cotejo físico-documental, en orden a demostrar que se encuentra debidamente presentada y declarada con todos sus documentos soporte.
2.5.2.4. La División de Fiscalización Aduanera de la Administración Especial de Aduanas de Bogotá mediante de la Resolución número 03-070-213-636-1-003153 de 21 de junio de 2007, ordenó el decomiso a favor de la Nación de la mercancía aprehendida, relacionada en el DIIAM número 39032112611 de 21 de abril de 2007, avaluada en la suma de $401,778,432.oo, por encontrase incursa en la causal de aprehensión y decomiso de mercancías consagrada en el numeral 1.6 del artículo 502 del Decreto 2685 de 1999, modificado por los artículos 48 del Decreto 1232 de 2001 y 6 del Decreto 1161 de 2002.
2.5.2.5. El representante legal de la sociedad Perfume y Fragancia Ltda. y el apoderado de SONOPRINTER S.A., mediante escritos radicados el 24 de julio de 2007 y 1 de agosto de 2007 presentaron ante la División Jurídica de la Administración Especial de Aduanas de Bogotá recursos de reconsideración contra la Resolución de Decomiso número 03-070-213-636-1-003153 de 21 de junio de 2007.
2.5.2.6. La División Jurídica Aduanera de la Administración Especial de Aduanas de Bogotá, mediante el Auto número 03-072-193-101-001270 de 11 de octubre de 2007 decretó pruebas con miras a resolver el recurso de reconsideración, en el que consideró y resolvió, lo siguiente:
“[…] Ahora bien observadas las pruebas que obran en el expediente, considera este despacho necesario, conducente y oportuno decretar además las siguientes, con el objeto de completar el acervo probatorio existente y aclarar los hechos materia de estudio:
1. Oficiar a la subdirección de Fiscalización Aduanera de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales con el fin de que informe a este Despacho si respecto a la sociedad RIMO IMPORT & EXPORT CORP., se está adelantando alguna investigación relacionada con la existencia de la misma.
2. Validar en el sistema informático aduanero la Declaración de Importación No. 23830013452548 de 15 de enero de 2004.
3. De manera oficiosa se practicarán las demás pruebas que se consideren pertinentes y necesarias para el perfeccionamiento y direccionamiento de la investigación.
4. Téngase como pruebas los documentos que reposan dentro del expediente.
De conformidad con lo anterior se hace necesario abrir a pruebas el presente expediente, por un término de dos (2) meses, contados a partir de la fecha de ejecutoria del presente auto, tal y como lo dispone el artículo 511 de Decreto 2685 de 1999, modificado por el artículo 19 del Decreto 4431 del 30 de diciembre de 2004.
[…]
DISPONE:
ARTÍCULO PRIMERO: DECRETAR Y PRACTICAR LAS PRUEBAS relacionadas en la parte motiva de esta providencia, con el fin de resolver el Recurso de Reconsideración, interpuesto contra la Resolución No. 03-070-213-636-1-003153 de 21 de junio de 2007.
ARTÍCULO SEGUNDO: SUSPENDER por dos (2) mese, el término para fallar el Recurso de Reconsideración interpuesto contra la Resolución de Reconsideración interpuesto contra la Resolución 03-070-213-636-1-003161 del 22 de junio de 2007, término éste que se contará a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo y hasta cuando se venza el plazo establecido para la práctica de pruebas decretadas en la parte motiva de éste acto administrativo […]”
2.5.2.7 La División Jurídica de la Administración Especial de Aduanas de Bogotá, mediante la Resolución número 03-072-193-601-001572 del 19 de diciembre de 2007 resolvió el recurso de reconsideración, ordenando en su artículo 1° revocar en todas sus partes por violación al debido proceso la Resolución número 03-070-213-636-1-003153 del 21 de junio de 2007, y en su artículo 3º, enviar el expediente a la División de Fiscalización de esa Administración, para los efectos indicados en la parte motiva de dicho acto, esto es, para que se decrete el periodo probatorio y se resuelva nuevamente la situación jurídica de la mercancía aprehendida.
En la resolución anteriormente descrita, se lee:
“[…] De acuerdo con lo anterior, se concluye que la expedición de la resolución de decomiso se realizó en forma irregular, toda vez que directamente se procedió a decidir de fondo la situación jurídica de la mercancía aprehendida sin siquiera intentarse la práctica de las pruebas solicitadas, a fin de verificar si eran o no conducentes, eficaces, pertinentes y necesarias para el esclarecimiento de los hechos materia de investigación, contrariándose con ello la ley y la Constitución Política, disposiciones jurídicas consagradas en el artículo 511 del Decreto 2685 de 1999 y en el 29 de la Carta Magna.
Así las cosas, resulta claro que le asiste razón al libelista cuando alega violación al debido proceso, por cuanto al habérsele pretermitido el periodo probatorio y no denegar mediante auto motivado las pruebas solicitadas en el escrito de objeciones contra el acta de aprehensión, a la sociedad SONOPRINTER S.A., se le coartó el derecho que legalmente le asistía de objetar dicha acta y de solicitar pruebas, derecho que tal y como lo establece el artículo 505-1 adicionado por el artículo 14 del Decreto 4431 de 2004, se puede ejercer dentro de los diez (10) días siguientes a la notificación del acta de aprehensión, y el derecho de interponer el recurso de ley en el evento que se hubiesen denegado la práctica de pruebas.
Por lo anterior, en aras de respetar el derecho constitucional al debido proceso, el cual conlleva el derecho de defensa y la contradicción probatoria, se revocará el acto administrativo recurrido y se ordenará que se conozcan nuevamente las objeciones, para que se evalúe la posibilidad de decretar o denegar la práctica de pruebas, con la observancia plena de lo dispuesto en el artículo 511 del Decreto 2685 de 1999 y se resuelva nuevamente la situación jurídica de la mercancía aprehendida, previo agotamiento de las etapas legalmente consagradas para tal fin, para lo cual, una vez notificado el presente acto administrativo, se deberá remitir por parte de esta División el Expediente No. DM200720070968 a la División de Fiscalización de esta Administración […]” (Destacado de la Sala).
2.5.2.8. La División de Fiscalización Aduanera de la Administración Especial de Aduanas de Bogotá, dando cumplimiento a la Resolución anteriormente transcrita, profirió Auto de Pruebas número 03-070-213-143 005929 del 28 de diciembre de 2007, allí se consideró y resolvió lo siguiente:
“[…] Una vez analizado el acervo probatorio, encuentra que las pruebas solicitadas por el recurrente fueron ordenadas y practicadas en su totalidad por la División Jurídica mediante Auto No. 03-072-193-101-001270 del 11 de octubre de 2007, debidamente notificado por Estado No. 1021 fijado el 12 de octubre de 2007 y desfijado el 17 de octubre de 2007, así:
En cuanto a la inspección ocular esta fue realizada por la División Jurídica mediante Auto Comisorio No. 136-059 de 26 de noviembre de 2007 (filio 509), por lo que este Despacho considera innecesario realizar nuevamente dicha prueba.
En cuanto a la declaración de importación No. 23830013452548 del 19 de enero de 2007, con la que se pretendió amparar la mercancía, este Despacho se permite informarle que será valorada junto con los documentos obrantes dentro del expediente al momento de definir de fondo la situación jurídica de la mercancía.
De otro lado con la solicitud de legalización sin pago de sanción, se le manifiesta que ésta no está llamada a prosperar, toda vez que dicho procedimiento se debió realizar antes de que los funcionarios aduaneros comisionados efectuaran la diligencia de aprehensión, tal y como lo establece el parágrafo 1º del artículo 231 del Decreto 2685 de 1999 que a su tenor prevé: “[…] Artículo 231: […] PARAGRAFO 1.º Cuando los errores u omisiones parciales en la descripción, número, referencia y/o serie que figuren en la Declaración de Importación, no generen la violación de una restricción legal o administrativa o el pago de unos menores tributos aduaneros, el declarante dentro de los quince (15) días siguientes al levante, podrá presentar voluntariamente una Declaración de Legalización sin sanción, corrigiendo los errores u omisiones. Para todos los efectos legales, dicha mercancía se considerará declarada […]”.
Con fundamento en lo anteriormente expuesto, EL JEFE DE LA DIVISIÓN DE FISCALIZACIÓN ADUANERA DE LA ADMINISTRACIÓN ESPECIAL DE ADUANES DE BOGOTÁ,
DISPONE
ARTÍCULO PRIMERO: RECONOCER personería jurídica para actuar al doctor ALVARO IBAÑEZ GRIMALDOS, identificado con cédula de ciudadanía […]
ARTICULO SEGUNDO: DENEGAR las pruebas solicitadas por el doctor doctor ALVARO IBÁÑEZ GRIMALDOS […] en calidad de apoderado de la sociedad SONOPRINTER SOCIEDAD ANÓMINA EN REESTRUCTURACIÓN […] importador de la mercancía encartada, según lo señalado en la parte motiva el presente auto.
ARTÍCULO TERCERO: ADVERTIR a los interesados que contra el presenta acto administrativo procede el RECURSO DE RESPOISICÓN, el cual deberá interponerse dentro de los tres (3) días siguientes a su notificación en los términos del artículo 511 del Decreto 2685 de 1999.
ARTÍCULO CUARTO: TENER como pruebas, las obrantes en el expediente No. DM 2007 200 0968, que tengan relación directa con el hecho investigado […]”.
El anterior auto fue notificado por estado número 1420, fijado el 31 de diciembre de 2007 y desfijado el 3 de enero de 2008 en la División de Documentación de la Administración, y contra dicho auto no fue interpuesto recurso de reposición, medio de impugnación legamente procedente, según lo dispuesto en el artículo 511 del Decreto 2685 de 1999.
2.5.2.9. La División de Fiscalización Aduanera de la Administración Especial de Aduanas de Bogotá, mediante la Resolución número 03-070-213-636-1-000156 de 17 de enero de 2008, ordenó el decomiso a favor de la Nación de la mercancía aprehendida con acta número 834-297 Fisca del 20 de abril de 2007 y relacionada en la DIIAM número 39032112611 del 21 de abril de 2007, avaluada en la suma de $401.778.432, por encontrase incursa en la causal de aprehensión y decomiso de mercancías consagrada en el numeral 1.6 del artículo 502 del Decreto 2685 de 1999, modificado por los artículos 48 del Decreto 1232 de 2001 y 6 del Decreto 1161 de 2002.
2.5.2.10. El apoderado de la sociedad SONOPRINTER S.A. EN REESTRUCTURACIÓN, dentro de la oportunidad legal, mediante escrito radicado el 13 de febrero de 2008, interpuso recurso de reconsideración contra el anterior acto, el cual fue resuelto a través de la Resolución número 03-072-193-601-000495 de 16 de abril de 2008, el cual, en su artículo primero confirmó en todas sus partes el acto impugnado y, en el artículo segundo negó el silencio administrativo positivo. Respecto de la negativa del silencio administrativo positivo, el acto administrativo indicó que contra ésta específica decisión procedía el recurso de reposición de conformidad con el artículo 50 del Código Contencioso Administrativo.
2.5.2.11. El apoderado de la sociedad SONOPRINTER S.A. EN RESTRUCTURACIÓN, mediante escrito de 25 de abril de 2008 interpuso recurso de reposición contra el artículo segundo de la Resolución número 03-072-193-601-000495 de 16 de abril de 2008, el cual fue resuelto por la Resolución número 03-072-193-670- 000544 de 12 de mayo de 2008, en el sentido de confirmar el artículo recurrido.
2.6. Análisis del caso en concreto, respecto del silencio administrativo positivo
El apelante aduce que el Tribunal debió analizar, en su conjunto, las pruebas aportadas al proceso para declarar la nulidad de los actos acusados, al haber operado, en el presente caso, el silencio administrativo positivo en favor del administrado dentro del proceso administrativo identificado con el expediente número DM200720070968 de definición de la situación jurídica de la mercancía aprehendida mediante el Acta número 834-0297 FISCA de 19 de abril de 2007, toda vez que la resolución de decomiso fue expedida por fuera del término previsto en la legislación aduanera.
Afirmó, que el citado proceso realmente se inició con la expedición y notificación del Acta de Aprehensión número 834- 0297 FISCA del 14 de abril de 2007 y que, por lo tanto, la administración al expedir nuevamente el acto de decomiso mediante la Resolución núm. 03-070-213-636-1-000156 de 17 de enero de 2008, había culminado el término para expedir válidamente la decisión de fondo.
La Sala, vistas las normas aplicables al caso concreto y en atención al material probatorio antes referenciado, observa que, contrario a lo sostenido por el apelante, en este asunto no se configuró el silencio administrativo positivo, como quiera que la resolución de decomiso de las mercancías aprehendidas, siendo una decisión de fondo en el procedimiento administrativo, fue expedida por la autoridad dentro del término de treinta (30) días previsto en la legislación aduanera, el cual debe contarse, no a partir de la fecha del acta de aprehensión de la mercancía como equivocadamente lo entiende la parte demandante, sino a partir del día siguiente al vencimiento del plazo establecido para la práctica de las pruebas decretadas en dicho procedimiento de conformidad con lo previsto en el inciso segundo del artículo 512 del Decreto 2685 de 1999, modificada por el artículo 20 del Decreto 4431 de 2004. Pruebas que pueden ser decretadas por decisión oficiosa de la Administración y/o en atención a la solicitud de pruebas presentada por el interesado en el escrito de objeción al acta de aprehensión.
En efecto, el Jefe de la Fiscalización de la Aduana Especial de Bogotá, estando dentro de los treinta (30) días para proferir la decisión de fondo, conforme a lo señalado en el inciso 2º del artículo 512 del Decreto 2685 de 1999, expidió la Resolución número 03-070-213-636-1-003153 del 21 de junio de 2007 por medio de la cual decomisó a favor de la Nación la mercancía aprehendida, sin embargo, la propia administración al estudiar el recurso de reconsideración interpuesto por la sociedad importadora Sonoprinter S.A contra la resolución anteriormente descrita, revocó tal acto administrativo mediante la Resolución número 03-072-193-601-001572 del 19 de diciembre de 2007, por violación al debido proceso al haberse pretermitido, en el trámite de definición jurídica de la mercancía, el periodo probatorio, es decir, no se analizó ni decidió sobre las pruebas solicitadas en la objeción a la aprehensión de la mercancía encartada. Como consecuencia de lo anterior la administración tenía el deber de subsanar esta situación, reponiendo el trámite viciado.
Para la Sala, en este caso, no existió dilación de la administración para expedir el acto de fondo, por cuanto, en efecto, se profirió el acto administrativo que definía la situación jurídica de la mercancía dentro del término establecido en el artículo 512 del Decreto 2865 de 1999 sin superar dicho término, lo que ocurrió fue que, la administración al observar la vulneración al debido proceso del administrado, revocó la actuación viciada y la repuso, lo que no se puede señalar, como lo hace la parte apelante, como la intención de la administración de revivir términos .ya que la actuación de la administración se hizo, en esa etapa procesal, en beneficio del administrado.
De esa manera, dentro del mencionado procedimiento de definición de la situación jurídica de la mercancía aprehendida, contenida en el Acta 834- 0297 FISCA del 19 de abril de 2007, la División de Fiscalización Aduanera de la Administración Especial de Aduanas de Bogotá profirió, restituyendo el trámite viciado, el auto número 03-070-213-143-005929 del 28 de diciembre de 2007, a través del cual resolvió sobre las pruebas solicitadas por el importador en el escrito de objeción del acta de aprehensión, cumpliendo con lo establecido en el artículo 511 del Decreto 2685 de 1999.
En este auto, de conformidad con las consideraciones allí plasmadas, se negaron las pruebas solicitadas por el importador en el escrito de objeción a la aprehensión de la mercancía. Este acto fue notificado por estado número 1420, fijado el 31 de diciembre de 2007 y desfijado el 3 de enero de 2008 en la División de Documentación de la Administración, y contra el mismo no fue interpuesto recurso el recurso de reposición legalmente procedente, según consta en el expediente.
En este orden, la decisión anteriormente descrita, al no haber sido interpuesto recurso alguno, cobró ejecutoria el día 9 de enero de 2008; por lo que a partir del día siguiente, esto es, del 10 de enero de 2008, se empezaría a contabilizar el término de treinta (30) días para proferir la decisión de fondo conforme a lo señalado en el inciso 2º del artículo 512 del Decreto 2685 de 1999. Como el citado término está fijado en días, de acuerdo con el artículo 62 de la Ley 4ª de 20 de agosto de 1913, los mismos deben entenderse como días hábiles, por lo que el término se extendió hasta el 20 de febrero de 2008.
Así las cosas, es evidente que la Resolución de decomiso núm. 03-070-213-636-1-000156 fue proferida dentro de la oportunidad legal establecida en el inciso 2º del artículo 512 del Decreto 2685 de 1999, pues fue expedida el 17 de enero de 2008, lo que desvirtúa la supuesta ocurrencia del silencio administrativo positivo en favor del demandante.
Ahora bien, a pesar de que la apelante indica que solamente con la expedición de la Resolución de decomiso número 03-070-213-636-1-000156 de 17 de enero de 2008, la DIAN le informó de la existencia tanto de la Resolución de revocatoria 03-072-193-601-001572 de 19 de diciembre de 2007, como del Auto número 03-70-213-143-005929 de 28 de diciembre de 2007, por medio del cual se denegaron las pruebas solicitadas, la Sala del material probatorio establece lo siguiente:
-Respecto de la Resolución de revocatoria de 19 de diciembre de 2007: a folio 598 del anexo número 3 de los antecedentes administrativos, aparece constancia de la empresa de correo Servientrega de 20 de diciembre de 2007, con la que, en cumplimiento del numeral segundo de tal resolución se notificaría por correo al importador interesado; sin embargo, en dicha constancia se indica: “No hay quien reciba”; ante ello, la DIAN a folio 596 dejó constancia de notificación por aviso indicando: “prensa el Tiempo Enero 10/08”.
-En cuanto al auto que resolvió sobre las pruebas solicitadas: se observa su notificación a folio 538 del anexo número 3 de los antecedentes administrativos que de conformidad con el artículo 566 del Decreto 2685 de 1999, se realizó por estado, el cual se fijó el 31 de diciembre de 2007 y se desfijó el 3 de enero de 2008; en el numeral tercero de la parte resolutiva de dicho auto se advirtió a los interesados que “[…] contra dicho acto administrativo procede el RECURSO DE REPOSICIÓN, el cual deberá interponerse dentro de los tres (3) días siguientes a su notificación en los términos del artículo 511 del Decreto 2685 de 1999 […]”, respecto de lo cual la sociedad demandante guardó silencio.
Así las cosas, la sociedad demandante fue debidamente notificada de los actos administrativos, Resolución número 03-072-193-601-001572 de 19 de diciembre de 2007 y Auto de pruebas número 03-70-213-143-005929 de 28 de diciembre de 2007, por lo que tampoco por este aspecto se violó el debido proceso de la sociedad demandada.
2.7. Descripción de la Mercancía
2.7.1. Marco Normativo
El artículo 232-1 del Decreto 2685 de diciembre 28 de 1999, establece que se entiende como “mercancía no declarada” cuando no corresponda con la descripción de la declaración de importación. La norma prevé:
“[…] ARTÍCULO 232-1. MERCANCÍA NO DECLARADA A LA AUTORIDAD ADUANERA. Se entenderá que la mercancía no ha sido declarada a la autoridad aduanera cuando:
a) No se encuentre amparada por una Declaración de Importación;
b) No corresponda con la descripción declarada;
c) En la Declaración de Importación se haya incurrido en errores u omisiones en la descripción de la mercancía, o
d) La cantidad encontrada sea superior a la señalada en la Declaración de Importación. Sin perjuicio de lo establecido en los numerales 4 y 7 del artículo 128 del presente decreto, siempre que se configure cualquiera de los eventos señalados en el presente artículo, procederá la aprehensión y decomiso de las mercancías. Cuando la cantidad encontrada sea superior a la señalada en la declaración, la aprehensión procederá sólo respecto de las mercancías encontradas en exceso. Sin perjuicio de lo previsto en los literales b) y c) del presente artículo, cuando habiéndose incurrido en errores u omisiones en la descripción de la mercancía en la Declaración de Importación, la autoridad aduanera pueda establecer, con fundamento en el análisis integral de la información consignada en la Declaración de Importación y en los documentos soporte de la misma, que la mercancía corresponde a la inicialmente declarada, y los errores u omisiones no conlleven que la Declaración de Importación pueda amparar mercancías diferentes, no habrá lugar a su aprehensión, pudiéndose subsanar los errores u omisiones a través de la presentación de una Declaración de Legalización sin el pago de rescate […]”
2.7.2 Análisis caso concreto respecto de la descripción de la mercancía
La apelante aduce que las etapas del proceso son concatenadas y preclusivas entre sí, por lo que no entiende como en el Auto de pruebas número 03-70-213-143-005929 de 28 de diciembre de 2007 se negaron las pruebas solicitadas en la objeción al acta de aprehensión radicado el 7 de mayo de 2007 y, sin embargo, a folios 534 y 573 del expediente administrativo obra el resultado del análisis químico realizado a dos pares de medias, fechado el 19 de diciembre de 2007 con el cual se fundamentó posteriormente el decomiso de la mercancía encartada, porque, según el análisis químico, no está acorde con la descripción hecha en la declaración de importación presentada por el interesado para ampararlas, lo que resulta contrario a derecho ya que para esa fecha (19 de diciembre de 2007) no se había notificado en legal forma la Resolución 03-072-193-601-001572 de 19 de diciembre 2007, mediante la cual se revoca la Resolución número 070-213-636-1-03153 de 21 de junio de 2007.
Al respecto, visto el material probatorio, la Sala establece que dentro del trámite para resolver el recurso de reconsideración contra la Resolución de decomiso número 070-213-636-1-003153 de 21 de junio de 2007, la administración profirió auto oficioso de pruebas número 03-072-193-101-001270 de 11 de octubre de 2007 del cual se deriva, la prueba de laboratorio mencionada por el apelante, dicho auto fue debidamente notificado por estado número 1021 fijado el 12 de octubre de 2007 y desfijado el 17 de octubre de 2007.
En efecto, este auto de pruebas, debidamente notificado, es anterior a la revocatoria de la Resolución de decomiso número 070-213-636-1-003153 de 21 de junio de 2007, la cual se efectuó mediante Resolución número 03-072-193-601-001572 de 19 de diciembre 2007. Sin embargo, estas pruebas fueron válidamente practicadas dentro del trámite de la definición jurídica de la mercancía y al estar debidamente notificado el auto de pruebas, los interesados tuvieron la oportunidad de contradecirla por lo que, dicha prueba conserva su validez y eficacia, motivo por el cual tampoco se encuentran conculcados ni el derecho de defensa ni el debido proceso de la demandante.
La parte apelante, indica adicionalmente, que el hecho que el cargamento se haya retirado de la bodega de Perfumes y Fragancias el 19 de abril de 2007, sin haberse tomado muestra del mismo, no da certeza de que los dos pares de medias tomadas como muestra para ser analizadas en laboratorio realmente correspondan a parte de la mercancía encartada. Sin embargo, como ya lo determinó la Sala, la parte demandante tuvo la oportunidad de controvertir las pruebas, entre ellas, las que aquí aludida, ya que fue debidamente notificado del auto que las decretó a fin de hacer el respectivo seguimiento a la práctica de las mismas; motivo por el cual, no existe violación a los derechos de defensa y debido proceso.
Aduce igualmente la apelante que tampoco le asiste razón a la demandada al afirmar que la mercancía aprehendida no corresponde con la declarada y amparada con la declaración de importación aportada al expediente administrativo, máxime cuando tan solo se tomaron como muestra dos (2) pares de medias para el presunto análisis químico del cargamento, lo que no es representativo ni puede ser tenido en cuenta por no haberse brindado la oportunidad al interesado de controvertirlo.
Al respecto, la Sala reitera lo ya establecido, es decir, que el auto de decreto de pruebas del cual se derivó la inspección a la mercancía aprehendida en las bodegas de Almagro fue debidamente notificado y, por lo tanto, la demandante tuvo la oportunidad de controvertir la prueba practicada, en donde se tomaron las muestras para el respectivo análisis químico de laboratorio –análisis merciológico.
Para la Sala, a pesar de que para la demandante las muestras tomadas de la mercancía encartada no sean representativas, en la declaración de importación número 062007000014811-1 de 18 de enero de 2007 (autoadhesivo 23830013452548), la mercancía se describió de la siguiente forma:
“[…] MERCANCÍA NUEVA DE PRIMERA CALIDAD, COLORES Y ESTILOS SURTIDOS. MEDIAS HOMBRES. COMP. 65% ALGODÓN 15% NYLON 20% LICRA, 100% POLIÉSTER, 20% ALGODÓN 70% POLIÉSTER 10% SPANDEX, TALLAS DE LA 10-12. MARCA CARTTÓN SHOP. MEN’S SOCKS. TEJIDO DE PUNTO. ***// 26202DZ DE MEDIAS PARA HOMBRE (MEN’S SOCKS) REF ET-27[…].”
De la anterior declaración se tiene que, además de describir toda la mercancía de manera similar, es decir, medias para hombre, se puede determinar que existían tres tipos de medias con diferentes composiciones, así:
• 65% ALGODÓN 15% NYLON 20% LICRA
• 100% POLIÉSTER
• 20% ALGODÓN 70%, POLIÉSTER 10% SPANDEX
Cotejando esta descripción con la prueba practicada en el análisis químico merciológico, se tiene que:
El análisis merciológico indica que la muestra 1, es decir, un par de medias tiene los siguientes componentes:
Poliolefina filamentos texturados 1.9
Poliéster filamentos texturados 23.8
Acrílico fibras discontinuas 68.7
Poliéster fibras discontinuas 1.0
Spandex 3.3
Látex 1.3
Indica que la muestra 2 tiene los siguientes componentes:
Poliolefina filamentos texturados 2.0
Poliéster filamentos texturados 22.4
Acrílico fibras discontinuas 59.7
Algodón 3.9
Spandex 10.5
Látex 1.4
En este caso, la identificación plena de la mercancía, atendida su naturaleza, exigía que en la Declaración de Importación figurara, entre otras, la composición de la misma para distinguirla respecto de otras, y la discordancia entre la consignada en la Declaración de Importación y la aprehendida, conduce a tenerla por no declarada, al tenor del literal b) artículo 231-1 del Decreto 2685 de 1999.
El análisis merciológico permitió determinar que la mercancía declarada era diferente a la mercancía aprehendida, opuesto a lo aducido por la parte demandante no se trata de una “nimia falencia” sino que las diferencias encontradas en la comparación del análisis químico y los componentes de la mercancía declarada alteran sustancialmente la esencia de la mercancía
La Sala observa del examen químico de laboratorio – merciológico, que ninguno de los componentes de las dos muestras tomadas a la mercancía encartada, coincide con los componentes de los tipos de medias descritos en la declaración de importación, lo cual no fue desvirtuado por la parte demandante, ni ante la administración, habiendo tenido la oportunidad de controvertir las pruebas en la vía gubernativa y, tampoco en el presente proceso contencioso administrativo en con su derecho de solicitar pruebas.
Por todo lo anterior, la Sala concluye que no se desvirtuó la causal de aprehensión y decomiso de mercancía importada, descrita en el numeral 1.6 del artículo 502 del Decreto 2685 de 1999, invocada por la DIAN en la aprehensión de la mercancía; en consecuencia, tampoco se desvirtuó la legalidad de los actos administrativos demandados por cuanto la mercancía no se identificó con la descrita en la declaración de importación allegada al expediente administrativo, por lo tanto no ésta amparada en ella.
En vista de que ninguno de los argumentos de la apelación, lograron desvirtuar la decisión adoptada en la primera instancia, el fallo impugnado será confirmado, tal y como así se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
R E S U E L V E:
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida el 4 de agosto de 2011 por la Sección Primera, Subsección “B”, del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: En firme esta providencia, remítase el expediente al Tribunal de origen.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE,
Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de diez (10) de mayo de dos mil dieciocho (2018).
HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ MARÍA ELIZABETH GARCÍA GONZÁLEZ
Presidente
OSWALDO GIRALDO LÓPEZ ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS
Cfr. Folio 1 del cuaderno principal de primera instancia. Cfr. Folios 54 a 72 del cuaderno principal de primera instancia.
“Por el cual se modifica la Legislación Aduanera”
Cfr. Folio 101 del cuaderno principal de primera instancia. Cfr. 82 a 100 del cuaderno principal de primera instancia. Cfr. Folios 134 a 169 del cuaderno principal de primera instancia. Cfr. Folios 171 a 177 del cuaderno de primera instancia. Cfr. Folio 8 del cuaderno principal de segunda instancia. Cfr. Folio 7 del cuaderno principal de segunda instancia. Cfr. Folio 12 del cuaderno principal de segunda instancia. Cfr. Folios 18 a 30 del cuaderno principal de segunda instancia. Cfr. Folios 31 a 33 del cuaderno principal de segunda instancia.
“[…] Artículo129. El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos y de las apelaciones de autos susceptibles de este medio de impugnación, así como de los recursos de queja cuando no se conceda el de apelación o se conceda en un efecto distinto del que corresponda, o no se conceda el extraordinario de revisión. […]”.
“[...] Artículo 132. Los tribunales administrativos conocerán en primera instancia de los siguientes asuntos:
[…]
3. De los de nulidad y restablecimiento del derecho en que se controviertan actos administrativos de cualquier autoridad, cuando la cuantía exceda de trescientos (300) salarios mínimos legales mensuales. […]”.
“Por medio del cual se modifica el reglamento del Consejo de Estado":
“[…] Artículo 1. Distribución de negocios entre las secciones. El artículo 13 del Acuerdo No. 58 de 1999, por el cual se expidió el reglamento del Consejo de Estado, quedará así: Artículo 13.- DISTRIBUCIÓN DE LOS NEGOCIOS ENTRE LAS SECCIONES. Para efectos de repartimiento, los negocios de que conoce la Sala de lo Contencioso Administrativo se distribuirán entre sus secciones atendiendo un criterio de especialización y de volumen de trabajo, así: Sección Primera:
[…]
2-. Los procesos de nulidad y restablecimiento del derecho que versen sobre asuntos no asignados a otras secciones. […]”. Decreto 1400 de 6 de agosto de 1970, “[…] Por el cual se expide el Código de Procedimiento Civil […]”, en su artículo 357 dispone: “[…] Artículo 357. Competencia del superior. La apelación se entiende interpuesta en lo desfavorable al apelante, y por lo tanto el superior no podrá enmendar la providencia en la parte que no fue objeto del recurso, salvo que en razón de la reforma fuere indispensable hacer modificaciones sobre puntos íntimamente relacionados con aquélla. Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado o la que no apeló hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones. […]” (Destacado de la Sala).
“[…] Artículo 267. En los aspectos no contemplados en este código se seguirá el Código de Procedimiento Civil en lo que sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a la jurisdicción en lo contencioso administrativo […]”.
“[…] Artículo 212. Modificado por el art. 51, Decreto Nacional 2304 de 1989, Modificado por el art. 67, Ley 1395 de 2010 En el Consejo de Estado el recurso de apelación de las sentencias proferidas en primera instancia tendrá el siguiente procedimiento. Recibido el expediente y efectuado el reparto, se dará traslado al recurrente por el término de tres (3) días para que sustente el recurso, si aún no lo hubiere hecho. Si el recurso no se sustenta oportunamente, se lo declarará desierto y ejecutoriada la sentencia objeto del mismo. Si el recurso fue sustentado oportunamente y reúne los demás requisitos legales, será admitido mediante auto que se notificará personalmente al Ministerio Público y por estado a las otras partes.
Las partes, dentro del término de ejecutoria del auto que admita el recurso, podrán pedir pruebas, que sólo se decretarán en los casos previstos en el artículo 214 del Código Contencioso Administrativo. Para practicarlas se fijará un término hasta de diez (10) días. Ejecutoriado el auto admisorio del recurso o vencido el término probatorio, se ordenará correr traslado a las partes, por el término común de diez (10) días, para alegar de conclusión y se dispondrá que, vencido éste, se dé traslado del expediente al Ministerio Público por diez (10) días, para que emita su concepto. Vencido este término se enviará el expediente al ponente para que elabore el proyecto de sentencia. Este se debe registrar dentro del término de treinta (30) días y la Sala o sección tendrá quince (15) días para fallar. Se ordenará devolver el expediente al tribunal de origen para obedecimiento y cumplimiento. […]”. Cfr. Folio 179 del cuaderno principal de primera instancia. Cfr. Folio 170 del cuaderno principal de primera instancia. Cfr. Folios 171 a 177 del cuaderno principal de primera instancia. Cfr. Folio 8 a 15 del cuaderno principal de primera instancia. Cfr. Folio 16 a 32 del cuaderno principal de primera instancia. Cfr. Folio 33 a 41 del cuaderno principal de primera instancia.
“Por el cual se modifica la Legislación Aduanera”
“Por el cual se modifica el Decreto 2685 de 1999”
<Inciso modificado por el artículo 30 del Decreto 2557 de 2007 (6 de julio). El nuevo texto es el siguiente:> “[…] Cuando se hubiere presentado el documento de objeción a la aprehensión o la respuesta al requerimiento especial aduanero y no se hubieren decretado pruebas o se hubieren denegado las solicitadas, la autoridad aduanera dispondrá de cuarenta y cinco (45) días para decidir de fondo sobre la situación jurídica de la mercancía aprehendida y para expedir el acto administrativo que decide de fondo sobre la imposición de la sanción, la formulación de la liquidación oficial o el archivo del expediente, contados a partir del día siguiente al cual se radicó la objeción a la aprehensión o la respuesta al requerimiento especial aduanero […]”
Cfr. Folio 7 del anexo número 1 de los antecedentes administrativos.
Cfr. Folios 3 a 6 del anexo número 1 de los antecedentes administrativos.
Cfr. Folio 13 y 14 del anexo número 1 de los antecedentes administrativos.
Cfr. Folio 7 del anexo número 1 de los antecedentes administrativos.
Según poder especial debidamente otorgado, a folio 35 del anexo número 1 de los antecedentes administrativos.
Cfr. Folios 32 a 34 del anexo número 1 de los antecedentes administrativos.
Presentando dentro del término establecido en el artículo 505-1 del Decreto 2685 de 1999 adicionado por el artículo 14 del Decreto 4431 del 2004.
Cfr. Folios 41 a 49 del anexo número 1 de los antecedentes administrativos.
Documento de Ingreso Inventario y Avalúo de Mercancías.
Cfr. Folio 15 del anexo número 1 de los antecedentes administrativos.
“[…] ARTICULO 502. CAUSALES DE APREHENSIÓN Y DECOMISO DE MERCANCÍAS. Dará lugar a la aprehensión y decomiso de mercancías la ocurrencia de cualquiera de los siguientes eventos:
1. En el Régimen de Importación:
1.6 Cuando la mercancía no se encuentre amparada en una Planilla de Envío, Factura de Nacionalización o Declaración de Importación, o no corresponda con la descripción declarada, o se encuentre una cantidad superior a la señalada en la Declaración de Importación, o se haya incurrido en errores u omisiones en su descripción, salvo que estos últimos se hayan subsanado en la forma prevista en los numerales 4 y 7 del artículo 128 y en los parágrafos primero y segundo del artículo 231 del presente decreto, en cuyo caso no habrá lugar a la aprehensión[…]”.
Cfr. Folios 55 a 64 del anexo número 1 de los antecedentes administrativos.
Cfr. Folios 87 a 98 del anexo número 1 de los antecedentes administrativos.
Cfr. Folios 100 a 102 del anexo número 1 de los antecedentes administrativos.
RIMO IMPORT & EXPORT es la sociedad proveedora en el exterior, de conformidad con la declaración de importación número 062007000014811-1
Cfr. Folios 519 a 531 del anexo número 3 de los antecedentes administrativos.
Cfr. Folios 539 a 543 del anexo número 3 de los antecedentes administrativos. Cfr. Folio 538 del anexo número 3 de los antecedentes administrativos. Cfr. Folios 566 a 573 del anexo número 3 de los antecedentes administrativos. Cfr. Folios 547 a 560 del anexo número 3 de los antecedentes administrativos. Cfr. Folios 605 a 640 del anexo número 3 de los antecedentes administrativos
Cfr. Folios 599 a 604 del anexo número 3 de los antecedentes administrativos. Cfr. Folios 646 a 653 del anexo número 3 de los antecedentes administrativos. Así también lo indicó esta Sección en sentencia de 25 de julio de 2013, expediente 2500232400020090007901 Consejero Ponente doctor Guillermo Vargas Ayala “no se configuró el silencio administrativo positivo, como quiera que la resolución de decomiso de las mercancías aprehendidas -decisión de fondo en el procedimiento de definición de su situación jurídica- fue expedida por la autoridad aduanera dentro del término previsto en la legislación aduanera, el cual debe contarse no a partir de la fecha del acta de aprehensión de la mercancía, como equivocadamente lo entiende el actor, sino a partir del día siguiente al vencimiento del plazo establecido para la práctica de las pruebas decretadas en dicho procedimiento administrativo, decretadas por decisión oficiosa de la Administración y en atención a la solicitud de pruebas presentada por el interesado en el escrito de objeción al acta de aprehensión”. Si no se hubieren decretado pruebas, en todo caso el término para decidir de fondo sobre la situación jurídica de la mercancía aprehendida empezaría a contabilizarse desde el día siguiente a la fecha de radicación del escrito de objeción al acta de aprehensión y no desde la fecha de esta acta, como lo sugiere el demandante. Inciso 3º del artículo 511 del Decreto 2685 de 1999, modificado por el artículo 19 del Decreto 4431 de 2004.
“Régimen Político y Muncipal” “[…] ARTICULO 62. En los plazos de días que se señalen en las leyes y actos oficiales, se entienden suprimidos los feriados y de vacantes, a menos de expresarse lo contrario. Los de meses y años se computan según el calendario; pero si el último día fuere feriado o de vacante, se extenderá el plazo hasta el primer día hábil […]”
“[…] ARTICULO 563. FORMAS DE NOTIFICACIÓN. Los requerimientos especiales aduaneros, los actos administrativos que deciden de fondo la imposición de una sanción, el decomiso de una mercancía, o la formulación de una liquidación oficial y, en general, los actos administrativos que pongan fin a una actuación administrativa, deberán notificarse personalmente o por correo […]” (Destacado de la Sala). Los actos que impulsen el trámite de los procesos se notificarán por estado […]”.
“[…] ARTICULO 566. NOTIFICACIÓN POR ESTADO. La notificación por estado se practicará un día después de proferido el acto, mediante la inserción en el estado del número y fecha del acto que se notifica, nombres de las partes que estén identificadas, la clase de proceso, un resumen de la decisión, fecha del estado y firma del funcionario. El estado se fijará por el término de tres (3) días en un lugar visible de la respectiva Administración de Aduanas, según el caso […]”.
“[…] ARTICULO 567. NOTIFICACIÓN POR CORREO. La notificación por correo se practicará, mediante entrega de una copia del acto correspondiente, en la dirección informada, de acuerdo con lo previsto en el artículo 562 de este decreto y se entenderá surtida en la fecha de recibo del acto administrativo, de acuerdo con la certificación expedida por parte de la entidad designada para tal fin. La Administración podrá notificar los actos administrativos, citaciones, requerimientos y otros comunicados, a través de la red oficial de correos o de cualquier servicio de mensajería especializada debidamente autorizada por la autoridad competente. Cuando el acto administrativo se envíe a una dirección errada, se podrá corregir en cualquier tiempo enviándolo a la dirección correcta.
En este caso los términos empezarán a correr a partir de la notificación efectuada en debida forma. Las actuaciones notificadas por correo que por cualquier razón sean devueltas, serán notificadas mediante aviso publicado en un periódico de amplia circulación nacional. En este evento, la notificación se entiende surtida para la Administración en la fecha de entrega del acto en la dirección que corresponda, de conformidad con el artículo 562 del presente decreto, pero el término para que el responsable responda o impugne se contará desde la publicación del aviso” […]” (Destacado de Sala)
“Por el cual se modifica la Legislación Aduanera”
“Por el cual se modifica el Decreto 2685 de 1999”
Cfr. Folio 103 de anexo número 1 de los antecedentes administrativos.
Cfr. Folio (517 y 518 del anexo número 3 del expediente). Análisis químico merciológico, suscrito por la Jefe de División de Laboratorio de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales.
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