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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 13001-23-33-000-2017-00820-01

Fecha
28 de mayo de 2026
Consejero ponente
José Roberto Sáchica Méndez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 13001-23-33-000-2017-00820-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida el 30 de julio de 2024 por el Tribunal Administrativo de Bolívar, Sala de Decisión 6, por las razones expuestas en esta sentencia. SEGUNDO: CONDENAR en costas de segunda instancia a la parte actora, las cuales serán liquidadas por el Tribunal de origen en los términos de los artículos 365 y 366 del C.G.P. FIJAR como agencias en derecho a favor de la parte demandada y cargo de cada uno de los demandantes (Carlos Fernando Córdoba 22 Expediente: 13-001-23-33-000-2017-00820-00 (74181) Demandante: Carlos Fernando Córdoba Avilés y otros Demandado: Nación - Ministerio de Cultura Acción: Controversias contractuales Avilés, Generadora de Proyectos de Puertos Arquitectura y Vías S.A.S. y A.S.A. Arquitectos Asociados Ltda.), la suma equivalente a un (1) salario mínimo legal mensual vigente (SMLMV) a la fecha de ejecutoria de esta providencia. TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, DEVUÉLVASE el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 13001-23-33-000-2017-00820-01

Consejero ponente: José Roberto Sáchica Méndez

28 de mayo de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A

Consejero ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Bogotá, D. C., veintiocho (28) de mayo dos mil veintiséis (2026)

Expediente: 13-001-23-33-000-2017-00820-00 (74181)
Demandante: Carlos Fernando Córdoba Avilés y otros
Demandado: Nación - Ministerio de Cultura
Medio de control: Controversias Contractuales
Asunto: Sentencia de segunda instancia

TEMAS: AUSENCIA DE SALVEDADES EN ACUERDOS MODIFICATORIOS – La falta de salvedad
expresa al suscribir un otrosí no constituye, por sí sola, razón suficiente para desestimar una
reclamación posterior de restablecimiento económico, pues corresponde al juez establecer si, por su
contenido y contexto, el acuerdo reguló, absorbió o zanjó de manera expresa o inequívoca la
controversia patrimonial. / MAYOR PERMANENCIA EN OBRA – Para que proceda el reconocimiento
de mayores costos por prolongación del plazo, el contratista debe demostrar que durante el período
adicional se causaron erogaciones ciertas, efectivamente asumidas y debidamente cuantificadas,
específicamente imputables a ese lapso y no constitutivas de gastos ordinarios de ejecución ya
comprendidos en la estructura económica del contrato, en los precios unitarios pactados o en el
componente de administración del AIU. / PRUEBA DEL SOBRECOSTO POR NÓMINA OPERATIVA
– Para su reconocimiento autónomo no basta allegar comprobantes de nómina o relaciones de
personal, sino que es necesario demostrar que tales pagos exceden la remuneración ordinaria ya
incorporada en los precios unitarios y que corresponden específica y temporalmente al período
adicional de ejecución. / RECONOCIMIENTO DE COSTOS ADMINISTRATIVOS POR PRÓRROGA
– Su reconocimiento exige demostrar que la prolongación del plazo generó un excedente real, cierto,
cuantificable y no absorbido por la estructura económica ordinaria del contrato, por lo que no basta
la sola acreditación de nóminas ni la continuidad del personal durante la ejecución. / STAND BY DE
MAQUINARIA – No retribuye el simple transcurso del tiempo ni la prolongación del vínculo
contractual, sino una situación material y excepcional de disponibilidad improductiva por causas
ajenas al contratista. Su reconocimiento exige individualizar los equipos inmovilizados, los períodos
concretos de inactividad, la causa imputable a la entidad y el valor objetivo y contemporáneo de su
disponibilidad durante el lapso reclamado.

Surtido el trámite de ley, sin que se observe causal de nulidad que invalide lo
actuado, la Sala procede a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte
actora contra la sentencia que negó las pretensiones de la demanda.

Los demandantes solicitan el restablecimiento del equilibrio económico del contrato
por los mayores costos que afirman les generó la prolongación del plazo de
ejecución, situación que atribuyen a deficiencias técnicas del proyecto —
particularmente las relacionadas con los ajustes del componente eléctrico— y a
otras circunstancias sobrevenidas que afirman no les eran imputables durante la
ejecución contractual.

Expediente: 13-001-23-33-000-2017-00820-00 (74181)
Demandante: Carlos Fernando Córdoba Avilés y otros
Demandado: Nación - Ministerio de Cultura
Acción: Controversias contractuales

I. LA SENTENCIA IMPUGNADA

1. Corresponde a la sentencia1 proferida el 30 de julio de 2024 por el Tribunal
Administrativo de Bolívar, Sala de Decisión 6, mediante la cual se negaron las
pretensiones de la demanda2 presentada el 21 de junio de 2017, por Carlos
Fernando Córdoba Avilés, Generadora de Proyectos de Puertos Arquitectura y Vías
S.A.S. y A.S.A. Arquitectos Asociados Ltda. (la parte actora), integrantes del
Consorcio Nuevo Mompox 20133 (el consorcio), contra la Nación – Ministerio de
Cultura4 (la entidad demandada o contratante), cuyos hechos y pretensiones se
exponen a continuación.

La demanda

2. Como sustento de sus pretensiones, la parte actora expuso que el la entidad
demandada adelantó la Licitación Pública 008 de 2013 y, como resultado de esta,
adjudicó al Consorcio Nuevo Mompox 2013 el contrato de obra 2389 del 3 de
septiembre de 2013, cuyo objeto consistió en la recuperación del espacio público
de la Plaza de Santa Bárbara y de la carrera primera, sector Albarrada Sur, en Santa
Cruz de Mompox, por valor de $7.245’278.067 y con un plazo de ocho (8) meses,
contado a partir del acta de inicio suscrita el 10 de octubre de 2013.

3. Sostuvo que durante la ejecución se presentaron múltiples circunstancias
imputables a la entidad contratante que retrasaron la ejecución de las obras, entre
ellas, deficiencias en la información técnica inicialmente suministrada, falta de
entrega oportuna y completa de diseños y planos, ajustes en el componente
eléctrico, dificultades derivadas del manejo arqueológico e indefiniciones técnicas
sobre distintos aspectos del proyecto.

4. Afirmó que tales situaciones ocasionaron la ampliación del plazo contractual,
para lo cual el 9 de abril de 2014 el consorcio presentó una reprogramación de obra
con fecha estimada de terminación al 10 de septiembre de 2014, la cual fue avalada
por la interventoría. Posteriormente se suscribió el Otrosí 1 del 6 de mayo de 2014,
mediante el cual se prorrogó el plazo por tres (3) meses y se incrementó el anticipo.
Indicó que esa mayor permanencia en obra, derivada de la prórroga, generó
sobrecostos al consorcio por gastos administrativos y por stand by de maquinaria.

5. Señaló que el contrato fue liquidado bilateralmente el 23 de abril de 2015 sin
que la entidad reconociera tales sobrecostos, razón por la cual el consorcio dejó
expresa salvedad sobre su inconformidad frente al no restablecimiento económico
del contrato.

6. Con fundamento en lo anterior, solicitó declarar que se alteró el equilibrio
económico del contrato de obra, y como consecuencia de esa declaración condenar

1
Expediente digital, archivo "037ED_36Sentencia”
2
Expediente digital, archivo "005Oficinadeapoy_demandaadministrativ”
3
Poderes otorgados por Carlos Fernando Córdoba Avilés, Generadora de Proyectos de Puertos Arquitectura y Vías S.A.S. y
A.S.A. Arquitectos Asociados Ltda., en los que se identifica su condición de integrantes del Consorcio Nuevo Mompox 2013;
en ellos consta, además, que su participación correspondía al 80 %, 10 % y 10 %, respectivamente.
4
Denominado actualmente Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, conforme a la Ley 2319 de 2023. En esta
providencia se mantiene la denominación con la que la entidad fue vinculada al proceso y bajo la cual se surtieron la totalidad
de las actuaciones.

2

Expediente: 13-001-23-33-000-2017-00820-00 (74181)
Demandante: Carlos Fernando Córdoba Avilés y otros
Demandado: Nación - Ministerio de Cultura
Acción: Controversias contractuales

a la entidad demandada al pago de $922’236.942 por concepto de mayores costos
derivados de la mayor permanencia en obra, así como de $73’771.700 por perjuicios
morales, junto con la actualización de las sumas reclamadas y los intereses
correspondientes5.

La contestación de la demanda

7. La entidad demandada6 se opuso a las pretensiones.

8. Como fundamento de su defensa afirmó que, si el contratista consideraba
roto el equilibrio económico del contrato, debió formular la correspondiente
reclamación al momento de solicitar o suscribir la prórroga y no esperar hasta la
liquidación bilateral para hacerlo. Asimismo, sostuvo que no se acreditó que la
mayor permanencia en obra obedeciera exclusivamente a hechos imputables a la
entidad, puesto que también existían atrasos y gestiones pendientes atribuibles al
propio contratista, además de que no existió maquinaria en stand by durante la
ejecución del contrato.

9. Adicionalmente, cuestionó la prueba de los sobrecostos reclamados, al
considerar que varios de los rubros presentados correspondían a costos ordinarios
de ejecución ya incluidos en la estructura económica del contrato, o no estaban
suficientemente demostrados. Igualmente negó la procedencia de los perjuicios
morales reclamados al no existir prueba de su causación.

La sentencia de primera instancia

10. Surtido el debate probatorio7, el Tribunal a quo negó las pretensiones de la
demanda, al concluir que la reclamación de restablecimiento del equilibrio
económico del contrato fue presentada de manera extemporánea.

5
Textualmente solicitó: “PRIMERA: Que se declare el desequilibrio económico presentado a los integrantes los
INTEGRANTES DEL CONSORCIO NUEVO MOMPOX 2013 conformado por: 1) CARLOS FERNANDO CÓRDOBA AVILES;
2) GENERADORA DE PROYECTOS DE PUERTOS ARQUITECTURA Y VÍAS SAS, y 3) A.S.A. ARQUITECTOS
ASOCIADOS LTDA., en la ejecución del contrato de obra No. 2389 de 2013, (…) por hechos imputables al contratante
NACIÓN - MINISTERIO DE CULTURA, derivados de la mayor permanencia de obra por falta de definición oportuna en
diseños eléctricos del proyecto .SEGUNDA: Se condene a la NACIÓN - MINISTERIO DE CULTURA a pagar a los
INTEGRANTES DEL CONSORCIO NUEVO MOMPOX 2013 conformado pon í) CARLOS FERNANDO CÓRDOBA AVILÉS;
2) GENERADORA DE PROYECTOS DE PUERTOS ARQUITECTURA Y VÍAS SAS, y 3) A.S.A. ARQUITECTOS
ASOCIADOS LTDA., la suma de Novecientos Veintidós Millones Doscientos Treinta y Seis Mii Novecientos Cuarenta y Dos
Pesos ($ 922.236.942) M/cte. por el desequilibrio económico generado por la mayor permanencia en obra por tres meses
más a lo inicialmente proyectado, situación que ocasiono sobrecostos en la administración y por stand by de maquinaria
(…)TERCERA: Que se condene a la NACIÓN - MINISTERIO DE CULTURA a pagar a los INTEGRANTES DEL CONSORCIO
NUEVO MOMPOX 2013 (…), la suma de Setenta y Tres Millones Setecientos Setenta y Un Mil Setecientos Pesos M/cte.
($73.771.700) - correspondiente a la suma de Cien (100) Salario Mínimos mensuales legales vigentes, por concepto de
indemnización por perjuicios Morales, (…) CUARTA; Que se ordene la indexación de las sumas anteriormente solicitadas al
momento de proferirse la respectiva sentencia. SEXTA (SIC): Que se condene a la NACIÓN - MINISTERIO DE CULTURA en
costas y al pago de agencias en derecho.”
6
Expediente digital, archivo "2_Oficinadeapoy_Untitled_0_20250211110818496”
7
En audiencia inicial del 4 de noviembre de 2021, el Tribunal decretó como pruebas los documentos allegados con la demanda
y su contestación, el testimonio de Rafael Aguilar, dispuso citar a los representantes legales de Generadora de Proyectos de
Puertos Arquitectura y Vías S.A.S. y A.S.A. Arquitectos Asociados Ltda., así como a Carlos Fernando Córdoba Avilés, para
absolver el interrogatorio solicitado por la demandada, negó el interrogatorio pedido por la parte actora al representante de la
entidad y, en su lugar, ordenó oficiar al Ministerio de Cultura para que rindiera informe escrito bajo juramento; además, por
adición de la decisión probatoria, ordenó oficiar a la entidad demandada para que remitiera copia auténtica de la bitácora de
obra y de las actas de comité de obra. Respecto de las pruebas documentales allegadas, se aportaron los pliegos de condi-
ciones, el contrato de obra, el acta de inicio, las comunicaciones dirigidas a la interventoría y al Ministerio, la reprogramación
de obra, el Otrosí 1, el acta de liquidación bilateral y los soportes contables del reclamo (documentación contractual y técnica
del proceso, junto con los documentos invocados para sustentar la mayor permanencia en obra y el stand by de maquinaria).
Posteriormente, en audiencia de pruebas del 13 de junio de 2024, se incorporó al expediente el informe escrito remitido por
el Ministerio de Cultura, se aceptó el desistimiento del testimonio de Rafael Aguilar, se aceptó el desistimiento del interroga-
torio de parte de las dos sociedades integrantes del consorcio y se practicó el interrogatorio de Carlos Fernando Córdoba
Avilés. Expediente digital, archivos “022Oficinadeapoy_16AudienciaInicialpd” y “041Oficinadeapoy_30ActaAudienciaPrueb”.

3

Expediente: 13-001-23-33-000-2017-00820-00 (74181)
Demandante: Carlos Fernando Córdoba Avilés y otros
Demandado: Nación - Ministerio de Cultura
Acción: Controversias contractuales

11. Para resolver el litigio, señaló que primero debía establecerse si la parte
actora formuló oportunamente su reclamación económica y solo en caso afirmativo
sería posible estudiar si efectivamente se produjo un desequilibrio del contrato y si
este era imputable a la entidad demandada. Con apoyo en la jurisprudencia del
Consejo de Estado, indicó que las reclamaciones por mayores costos o ruptura del
equilibrio económico deben formularse al momento de suscribirse las prórrogas,
suspensiones, adicionales u otros acuerdos contractuales relacionados con los
hechos que las originan, pues esas oportunidades permiten dejar constancia de los
asuntos pendientes entre las partes.

12. Aplicando ese criterio al caso concreto, consideró que las circunstancias
alegadas por la demanda como generadoras de la mayor permanencia en obra eran
conocidas por el contratista durante la ejecución y, en todo caso, antes de la
suscripción del Otrosí 1 del 6 de mayo de 2014, mediante el cual se prorrogó el
plazo contractual. Sin embargo, observó que en esa oportunidad el consorcio no
dejó salvedad ni formuló reclamación económica alguna.

13. Por ello, concluyó que la inconformidad planteada al momento de la
liquidación bilateral del 23 de abril de 2015 resultaba tardía, razón por la cual negó
las pretensiones.

II. EL RECURSO DE APELACIÓN

14. La parte actora8 solicitó revocar la sentencia de primera instancia al
considerar que el Tribunal las desestimó a partir de una visión excesivamente formal
de la oportunidad de la reclamación y sin valorar adecuadamente las pruebas
obrantes en el expediente. Cuestionó que el Tribunal hubiera aplicado de forma
rígida la jurisprudencia sobre salvedades, sin atender a la evolución posterior del
Consejo de Estado

15. Sostuvo que el Tribunal erró al dejar de considerar que el consorcio sí había
advertido durante la ejecución las dificultades técnicas del proyecto, los atrasos
generados y la necesidad de ampliar el plazo contractual. Afirmó por ello que la
prórroga no podía interpretarse como una renuncia tácita al reclamo económico.

16. Adujo que la sentencia valoró insuficientemente las pruebas que
demostraban que la mayor permanencia en obra obedeció a deficiencias técnicas y
de planeación imputables a la entidad, especialmente en el componente eléctrico y
en otros aspectos del proyecto, lo cual generó mayores costos de administración y
stand by de maquinaria que debían ser reconocidos.

17. Finalmente, agregó que negar el reconocimiento de los mayores costos
asumidos por el contratista implicaba trasladarle cargas económicas que no le eran
imputables y producir un beneficio injustificado a favor de la entidad demandada.

8
Expediente digital, archivo " 39_EXPEDIENTEDIGI_38RecursoApelacion_35_20260303101617270””

4

Expediente: 13-001-23-33-000-2017-00820-00 (74181)
Demandante: Carlos Fernando Córdoba Avilés y otros
Demandado: Nación - Ministerio de Cultura
Acción: Controversias contractuales

Trámite relevante en segunda instancia

18. El recurso de apelación fue admitido por esta Corporación mediante auto del
11 de marzo de 20269, en el que se dejó constancia de que había sido
oportunamente interpuesto y que reunía los requisitos legales.

19. En aplicación de los numerales 5 y 6 del artículo 247 del CPACA, no hubo
traslado para alegar en esta instancia, por no haberse decretado pruebas. Ninguna
de las partes se manifestó en el término de ejecutoria de la apelación. Por su parte,
el Ministerio Público rindió concepto el 7 de abril de 202610 en el que solicitó revocar
la sentencia de primera instancia11.

III. CONSIDERACIONES

Problema jurídico

20. Corresponde determinar si la ausencia de una salvedad expresa en el Otrosí
1 del 6 de mayo de 2014 era suficiente para desestimar las pretensiones de la
demanda y, en caso contrario, establecer si la parte actora acreditó que la
ampliación del plazo contractual le generó unos sobrecostos ciertos, cuantificables
e imputables a la entidad demandada por concepto de mayor permanencia en obra
y de stand by de maquinaria, y si estos permiten tener por configurada una ruptura
del equilibrio económico del contrato susceptible de restablecimiento.

21. Para resolver el problema así planteado, la Sala abordará: (i) el alcance de la
sentencia de unificación de 27 de julio de 2023 sobre la ausencia de salvedades en
acuerdos modificatorios; (ii) el contenido y alcance jurídico del Otrosí 1 y del
incremento del anticipo; (iii) la prueba del rubro reclamado por concepto de
administración; (iv) la prueba del rubro reclamado por concepto de stand by de
maquinaria; y (v) se pronunciará sobre la pretensión de perjuicios morales.

La ausencia de salvedades en acuerdos modificatorios

22. La Sala Plena de la Sección Tercera, en sentencia de unificación de 27 de
julio de 202312, precisó que el juez del contrato no puede deducir del silencio una
renuncia tácita, ni convertir la ausencia de salvedades en un requisito jurisprudencial
de procedencia o prosperidad de una reclamación posterior. Sin embargo, ello no
significa que la sola falta de reserva expresa baste para habilitar, sin más, el estudio
de fondo de cualquier reclamación ulterior. La regla unificada parte de que los
acuerdos modificatorios suscritos durante la ejecución del contrato también son
expresión de la autonomía de la voluntad, de modo que corresponde al juez

9
SAMAI C.E. Índice 00004, archivo " 54_Autoqueadmite_74181AdmisionParafir_0_20260312115359306”
10
SAMAI C.E. Índice 00010, archivo “60_60_130012333000201700820011YYY04070607
11
Afirmó que el Tribunal negó las pretensiones con un criterio excesivamente formal, al tener por extemporánea la reclamación
por falta de salvedades en la prórroga, sin aplicar la sentencia de unificación del Consejo de Estado de 27 de julio de 2023 ni
valorar integralmente las comunicaciones y demás pruebas del expediente, las cuales, a su juicio, mostraban que el contratista
sí puso en conocimiento de la entidad las causas de la mayor permanencia en obra.
12
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sala Plena, Radicación número: 05001-23-
31-000-1999-02151-01 (39121). C.P. Guillermo Sánchez Luque.

5

Expediente: 13-001-23-33-000-2017-00820-00 (74181)
Demandante: Carlos Fernando Córdoba Avilés y otros
Demandado: Nación - Ministerio de Cultura
Acción: Controversias contractuales

examinar su contenido y contexto para establecer si, por su texto, alcance y
finalidad, las partes regularon, ajustaron o zanjaron la diferencia económica que
luego se reclama. Solo cuando ese examen no revele una voluntad negocial en tal
sentido resulta procedente avanzar al estudio de fondo.

23. La sentencia explica que esa conclusión descansa en dos pilares. El primero
es el principio de autonomía de la voluntad, que impide atribuir al silencio el valor
de una declaración dispositiva de derechos. Admitir lo contrario supondría conferir
al silencio de una de las partes el efecto de producir reglas contractuales sin una
manifestación de voluntad que las sustente. El segundo pilar es el numeral 3 del
artículo 5 de la Ley 80 de 199313, que prohíbe a las entidades estatales condicionar
la adición o modificación del contrato a la renuncia, desistimiento o abandono de
peticiones, acciones, demandas o reclamaciones por parte del contratista. Si la ley
impide a la administración exigir ese resultado, el juez tampoco puede alcanzarlo
por vía interpretativa mediante la exigencia de salvedades no previstas en el
ordenamiento.

24. La misma decisión de unificación precisó que el principio de buena fe objetiva
no habilita al juez para crear por vía jurisprudencial requisitos de prosperidad de las
pretensiones no establecidos en la ley, ni para instaurar cargas de comportamiento
que terminen por impedir el estudio de fondo de los conflictos derivados de la
ejecución del contrato estatal. Por el contrario, la buena fe impone al juzgador
examinar la conducta real de las partes durante la ejecución, valorar el material
probatorio disponible e indagar el alcance efectivo de los acuerdos celebrados, con
el fin de determinar las responsabilidades que a cada una incumban.

25. Ese entendimiento es consistente con el régimen propio de la contratación
estatal. En virtud del artículo 13 de la Ley 80 de 199314, los contratos del Estado se
rigen por las disposiciones civiles y comerciales pertinentes en las materias no
reguladas especialmente por el estatuto contractual. De allí que resulten aplicables
los artículos 1603 del Código Civil15 y 871 del Código de Comercio16, conforme a
los cuales los contratos deben ejecutarse de buena fe y obligan no solo a lo
expresamente pactado, sino a todo lo que corresponde a su naturaleza. Sin
embargo, ese principio no puede desnaturalizarse hasta convertirlo en una
exigencia de “salvedades” como presupuesto de la reclamación posterior, toda vez
que ni la Ley 80 ni el derecho común establecen esa consecuencia.

13
“De los Derechos y Deberes de los Contratistas. Para la realización de los fines de que trata el artículo 3o. de esta Ley, los
contratistas: (…) 3o. Podrán acudir a las autoridades con el fin de obtener la protección de los derechos derivados del contrato
y la sanción para quienes los desconozcan o vulneren. Las autoridades no podrán condicionar la participación en licitaciones
o concursos ni la adjudicación, adición o modificación de contratos, como tampoco la cancelación de las sumas adeudadas
al contratista, a la renuncia, desistimiento o abandono de peticiones, acciones, demandas y reclamaciones por parte de éste”
(La expresión «Concurso» fue derogada por el art. 32 de la Ley 1150 de 2007).
14
“De la Normatividad Aplicable a los Contratos Estatales. Los contratos que celebren las entidades a que se refiere el artículo
2 del presente estatuto se regirán por las disposiciones comerciales y civiles pertinentes, salvo en las materias particularmente
reguladas en esta Ley. Los contratos celebrados en el exterior se podrán regir en su ejecución por las reglas del país en
donde se hayan suscrito, a menos que deban cumplirse en Colombia Los contratos que se celebren en Colombia y deban
ejecutarse o cumplirse en el extranjero podrán someterse a la ley extranjera.”
15
“EJECUCIÓN DE BUENA FE. Los contratos deben ejecutarse de buena fe, y por consiguiente obligan no solo a lo que en
ellos se expresa, sino a todas las cosas que emanan precisamente de la naturaleza de la obligación, o que por ley pertenecen
a ella”
16
“PRINCIPIO DE BUENA FE. Los contratos deberán celebrarse y ejecutarse de buena fe y, en consecuencia, obligarán no
sólo a lo pactado expresamente en ellos, sino a todo lo que corresponda a la naturaleza de los mismos, según la ley, la
costumbre o la equidad natural”.

6

Expediente: 13-001-23-33-000-2017-00820-00 (74181)
Demandante: Carlos Fernando Córdoba Avilés y otros
Demandado: Nación - Ministerio de Cultura
Acción: Controversias contractuales

26. La sentencia de unificación delimitó el papel que corresponde al juez del
contrato, definiendo que no se trata de ignorar el contenido de los acuerdos
modificatorios ni de prescindir de la interpretación contractual, sino de examinar,
caso por caso, si del texto y del contexto del acuerdo se desprende que las partes,
de manera expresa o inequívoca, regularon, ajustaron o zanjaron la diferencia que
luego se reclama judicialmente. Solo cuando ese ejercicio hermenéutico revele que
la controversia fue efectivamente clausurada por voluntad conjunta de los
contratantes podrá concluirse que la pretensión posterior carece de sustento.
Cuando el acuerdo guarda silencio sobre el asunto reclamado, sin que de sus
cláusulas se desprenda intención de abandonarlo, el estudio de fondo es
procedente.

27. En consecuencia, la cuestión no radica en que el Consorcio Nuevo Mompox
2013 no hubiera dejado una salvedad o reserva expresa al suscribir el Otrosí 1, ni
tampoco en asumir que esa sola omisión habilitaba automáticamente el análisis de
mérito, sino en determinar si, interpretado en su texto y en su contexto, ese acuerdo
modificatorio tuvo realmente el alcance de regular, absorber o zanjar la controversia
económica que hoy se reclama. La ausencia de salvedades, por sí sola, no facultaba
al Tribunal para negar las pretensiones por extemporaneidad; lo que correspondía
era establecer si del contenido de esa modificación se desprendía una voluntad
inequívoca de las partes de entender restablecida la ecuación económica del
contrato o de excluir cualquier reclamación posterior sobre ese punto y, solo de no
ser así, proceder al examen de fondo sobre la acreditación de los sobrecostos y del
desequilibrio alegado.

El contenido y alcance del Otrosí 1

28. Definido el marco de comprensión anterior, corresponde examinar el
contenido del Otrosí 1 de 6 de mayo de 201417 para establecer si ese acuerdo
reguló, extinguió o compensó los conceptos económicos que la parte actora reclama
en este proceso.

29. El mentado instrumento tuvo por objeto tres modificaciones concretas al
contrato de obra 2389 de 2013: (i) prorrogar el plazo de ejecución por tres (3) meses
—desde el 11 de junio hasta el 10 de septiembre de 2014—; (ii) autorizar el
desembolso adicional del anticipo hasta completar el 50 % del valor del contrato; y
por último, (iii) incorporar los ajustes y nuevos ítems del componente eléctrico cuya
ejecución justificó la extensión del plazo.

30. Las consideraciones del acuerdo modificatorio muestran cuál fue la causa
específica de la prórroga. En el texto del otrosí se dejó consignado que la solicitud
de ampliación del plazo fue remitida con concepto favorable de la interventoría, con
fundamento en las comunicaciones CM-EPMX-136-13 y CM-EPMX-139-13 del 2 y
4 de abril de 201418. De estas se desprende que la modificación contractual

17
Expediente digital, archivo "48_EXPEDIENTEDIGI_CDFl458zip_1_20260303102014261”. Archivo “INFORME DEMANDA”,
págs. 80 a 86.
18
En el texto del Otrosí No. 1 se dejó consignado: “En cumplimiento de nuestras obligaciones contractuales, y una vez
evaluada la solicitud realizada por el CONSORCIO NUEVO MOMPOX 2013, con el comunicado MOMX 2013/164 del 09 de
abril de 2014 en el cual solicita una prórroga de tres (03) meses, esta se remite con concepto favorable de acuerdo con la
evaluación realizada por la interventoría en los comunicados CM-EPMX-136-13 del 2 de abril de 2014 y CM-EPMX-139-13

7

Expediente: 13-001-23-33-000-2017-00820-00 (74181)
Demandante: Carlos Fernando Córdoba Avilés y otros
Demandado: Nación - Ministerio de Cultura
Acción: Controversias contractuales

obedeció a una necesidad concreta de ejecución asociada al componente eléctrico,
y no al propósito de definir o liquidar las reclamaciones económicas del contratista.

31. Esa misma conclusión se refuerza con otro aspecto consignado en la
justificación elaborada para la suscripción del otrosí: allí se indicó que una vez
incorporados los ajustes del componente eléctrico y los nuevos ítems no
contractuales, no se presentaba incremento en el valor contractual, razón por la cual
no se requería modificar el monto inicialmente pactado19. Esa precisión revela que
el acuerdo no tuvo por finalidad reconocer mayores costos, sino mantener incólume
el valor del contrato mientras se modificaban únicamente el plazo y las condiciones
del anticipo.

32. El clausulado del otrosí se circunscribió estrictamente a esas materias. No
existe en su texto cláusula alguna relativa a compensación económica por los costos
de administración causados durante el período prorrogado, a la permanencia
inactiva de maquinaria durante la extensión, ni a los eventuales sobrecostos que la
mayor permanencia en obra pudiera generar al contratista. Tampoco contiene pacto
de renuncia, declaración de finiquito, paz y salvo, saldo cero o estipulación
semejante que exprese la voluntad de las partes de dar por terminada la
controversia sobre los conceptos ahora reclamados. Respecto de esos conceptos
económicos, el otrosí no contiene previsión alguna.

33. Además, en la cláusula quinta del otrosí se especificó que las demás
estipulaciones del contrato continuaban vigentes en cuanto no se opusieran a la
modificación20, estipulación que pone de manifiesto que la alteración negocial fue
puntual y limitada: se modificaron la forma de pago y el plazo, pero no se rediseñó
la estructura económica del contrato ni se introdujo una cláusula de cierre de
controversias económicas.

34. Tampoco puede sostenerse que el incremento del anticipo al 50 % del valor
del contrato constituyó una compensación implícita de los sobrecostos que la parte
actora aduce. Ese desembolso adicional respondió a la incorporación de mayores
cantidades de obra y de nuevos ítems no contractuales del componente eléctrico,
así como a la necesidad de adquirir materiales e insumos indispensables para su
ejecución —cables, luminarias, tableros y transformadores— y de atender la mano
de obra asociada a esos conceptos21. El propio otrosí incorporó la distribución del
saldo pendiente del anticipo y precisó que el 10 % adicional solicitado sería invertido
esencialmente en materiales para compra y mano de obra.

del 4 de abril de 2014”; y, a continuación, reprodujo que “la interventoría avala un tiempo de prórroga de tres (03) meses, una
vez valoradas cada una de las consideraciones presentadas por el CONSORCIO NUEVO MOMPOX 2013, de las cuales el
único argumento válido que determina la necesidad de una prórroga, son las implicación que han tenido los ajustes a los
diseños eléctricos y su posterior implementación”
19
En la justificación que antecedió a la suscripción del Otrosí No. 1 se dejó consignado: “una vez evaluada la inclusión de
estos ítems no contractuales y de los ajustes al diseño eléctrico, no se presenta incremento en el valor contractual, por lo
tanto no se requiere modificar el valor inicialmente pactado”.
20
La cláusula quinta del Otrosí No. 1 dispuso: “Las demás cláusulas del Contrato de Obra No. 2389 de 2013 continúan
vigentes en cuanto no se opongan al presente otrosí”.
21
En las consideraciones del Otrosí No. 1 se dejó consignado: “Visto lo anterior, al encontrarse mayores cantidades de obra
y nuevos ítems no contractuales del componente eléctrico y siendo estos indispensables para el adecuado desarrollo del
proyecto requiriendo su adquisición prioritaria dados los tiempos de entrega de algunos de estos materiales, esta supervisión
considera viable la solicitud del CONSORCIO NUEVO MOMPOX 2013 para el desembolso adicional del 10% de anticipo...”.
En el mismo instrumento se indicó, además: “El 10% solicitado (...) serán esencialmente invertidos en los siguientes anticipos.
MATERIALES PARA COMPRA Y MANO DE OBRA”; y en el cuadro de inversión del anticipo se discriminaron recursos para
“a. Mano de obra”, “b. Transporte y alquiler de maquinaria” y “c. Compra de materiales y accesorios”.

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Acción: Controversias contractuales

35. Por tanto, que el Ministerio haya anticipado recursos de liquidez para
financiar la ejecución de las actividades que motivaron la prórroga, no significa que
con ese anticipo haya reconocido o compensado los costos de administración y de
stand by que el contratista afirma haber soportado por la extensión del plazo o que
por virtud de éste el contratista renunciara a reclamarlos. Equiparar ambos efectos
desvirtuaría la naturaleza del anticipo como instrumento de financiación de la
ejecución futura y lo convertiría en un reconocimiento de desequilibrio económico
que el propio instrumento no contempla.

36. La misma conclusión se sigue de las reglas generales de interpretación
contractual. En virtud del artículo 13 de la Ley 80 de 1993, a los contratos estatales
les son aplicables las disposiciones civiles y comerciales pertinentes en lo no
regulado especialmente por el EGCAP. Por ello, resultan aplicables los artículos
161822 y 162223 del Código Civil, según los cuales debe atenderse a la intención
real de los contratantes y las cláusulas deben interpretarse unas por otras, de modo
que a cada una se le dé el sentido que mejor convenga al contrato en su conjunto.
Aplicadas al caso, esas reglas impiden atribuir al Otrosí 1 un alcance extintivo o de
definición de las reclamaciones económicas que no se desprende ni de sus
consideraciones, ni de sus cláusulas, ni del contexto negocial en el que fue
celebrado.

37. Un elemento adicional confirma el acierto antes indicado. En el acta de
liquidación bilateral suscrita el 23 de abril de 2015, el consorcio formuló salvedades
expresas y reclamó la suma de $957’000.000 por concepto de administración y
stand by de maquinaria durante la prórroga, además del valor correspondiente a la
retención en garantía24. Esa manifestación evidencia que el Otrosí 1 no fue
entendido por el contratista como un acuerdo conclusivo de la controversia
económica.

38. Finalmente, debe precisarse que cuando una prórroga es concedida en
beneficio del contratista —esto es, para que este supere o remedie atrasos que le
son imputables—, las reglas de la buena fe objetiva impiden que quien obtuvo esa
ventaja reclame después un sobrecosto derivado de su ejecución durante el período
extendido, pues la mayor permanencia en obra, incluso si exigió un sobreesfuerzo
en recursos y equipos, no sería en ese caso consecuencia de una carga impuesta
por la entidad, sino del cumplimiento de obligaciones que debieron ejecutarse dentro
del plazo original. Ello no depende de que el acuerdo modificatorio incorpore o no
22
“PREVALENCIA DE LA INTENCIÓN. Conocida claramente la intención de los contratantes, debe estarse a ella más que a
lo literal de las palabras”.
23
“INTERPRETACIONES SISTEMÁTICA, POR COMPARACIÓN Y POR APLICACIÓN PRACTICA. Las cláusulas de un
contrato se interpretarán unas por otras, dándosele a cada una el sentido que mejor convenga al contrato en su totalidad.
Podrán también interpretarse por las de otro contrato entre las mismas partes y sobre la misma materia. O por la aplicación
práctica que hayan hecho de ellas ambas partes, o una de las partes con aprobación de la otra parte”.
24
Expediente digital, archivo "48_EXPEDIENTEDIGI_CDFl458zip_1_20260303102014261”. Archivo “INFORME DEMANDA”
págs. 91 y ss. En la salvedad consignada por el contratista en la liquidación bilateral se solicitó incluir: “A. Novecientos
Cincuenta y Siete Millones de Pesos ($957.000.000) en razón a la administración de los recursos puestos a disposición del
contrato y el ‘stand by’ de maquinaria durante la prórroga de tres (3) meses, pactada en el Otrosí No. 1 al contrato de la
referencia”. En la misma salvedad también se reclamó: “iii. (Setecientos veintidós millones ciento noventa y cuatro mil
doscientos ochenta y tres pesos con cuarenta y cuatro centavos) $ 722.194.283,44, correspondiente a la retención en garantía
del contrato de la referencia, la cual, al día de hoy, no ha sido devuelta al Consorcio”. La referencia a la retención en garantía
se incorpora únicamente para reconstruir el contexto en el que se formuló la salvedad en el acta de liquidación bilateral. Sin
embargo, ese concepto no integra el objeto litigioso del presente proceso, pues no fue incluido dentro de las pretensiones de
la demanda ni constituye materia de inconformidad autónoma en el recurso de apelación, de manera que su mención no
comporta un problema jurídico pendiente de decisión.

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una cláusula expresa en el sentido de que la ampliación no genera costos
adicionales, pues si la prórroga se celebra para permitir al contratista remediar
atrasos que le son atribuibles, la buena fe le impone revelar al momento de solicitarla
o convenirla, si la ejecución del nuevo plazo habrá de ocasionarle erogaciones
extraordinarias. De no hacerlo, no resulta admisible que posteriormente pretenda
presentar como perjuicio indemnizable lo que en realidad corresponde al costo de
ejecutar en forma tardía las prestaciones que estaba obligado a cumplir
oportunamente.

39. La anterior conclusión no se impone en este caso. Según quedó consignado
en el propio Otrosí 1, el fundamento y causa de la prórroga consistió únicamente en
“las implicaciones que han tenido los ajustes a los diseños eléctricos y su posterior
implementación”, de modo que la ampliación no fue concebida como un plazo
remedial para subsanar retrasos imputables al contratista, sino como el tiempo
adicional requerido para ejecutar un componente cuya definición técnica, según el
marco contractual del proceso, no aparecía inicialmente radicada en cabeza del
contratista25. Esa constatación explica el contexto en el que se celebró la prórroga,
pero no comporta un juicio sobre la responsabilidad contractual de la entidad ni
implica que el otrosí hubiera reconocido automáticamente las consecuencias
económicas derivadas de esa situación. Por ello, la parte actora no está impedida,
desde esta perspectiva, para reclamar los sobrecostos que afirma haber asumido
durante la ampliación del plazo, sin que ello la releve de la carga de demostrarlos.

40. En consecuencia, del examen del instrumento mediante el cual se prorrogó
el contrato, no se desprende que las partes hubieran regulado los conceptos
económicos reclamados en la demanda, o remediado una situación conflictiva en
torno a los mismos. Que la prórroga haya obedecido a la necesidad de incorporar y
ejecutar ajustes del componente eléctrico no significa, por ese solo hecho, que el
acuerdo modificatorio hubiera tenido por objeto definir la imputación jurídica de esa
circunstancia o resolver sus eventuales repercusiones patrimoniales. El acuerdo
modificatorio se limitó a formalizar la prórroga, el incremento del anticipo y la
incorporación de ajustes eléctricos, sin resolver la controversia patrimonial hoy
planteada.

La prueba del rubro reclamado por concepto de administración

41. Superado lo anterior, corresponde verificar si la parte actora demostró que la
ampliación del plazo contractual, formalizada mediante el Otrosí 1, le generó una
afectación económica efectiva y jurídicamente relevante por concepto de gastos
administrativos asociados a la permanencia adicional en obra, suma que cuantificó
en $331’332.942.

42. La mayor permanencia en obra no genera por sí misma un derecho
automático al restablecimiento económico del contrato, pues para que ese
reconocimiento proceda es necesario demostrar que la prolongación del plazo,
además de ser atribuible a la entidad contratante, produjo una afectación económica

25
El objeto licitado se circunscribió a la ejecución de la obra y el numeral 1.12 del pliego previó que la oferta se formulaba
tomando los “diseños, precios y condiciones” del proceso.

10

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real para el contratista y que esta se tradujo en sobrecostos efectivamente asumidos
durante el período adicional de ejecución. Por ende, son varios los elementos que
se deben acreditar. No basta que la obra continuara por un lapso superior al
inicialmente previsto, pues los perjuicios invocados no se presumen y su
procedencia depende de que exista prueba suficiente de su realidad, de su cuantía
y de su vínculo concreto con la extensión del contrato.

43. Bajo ese entendimiento, correspondía a la parte actora, conforme al artículo
167 del CGP, demostrar con precisión los hechos en los que funda su reclamación,
lo cual supone acreditar que durante el período prorrogado se causaron erogaciones
adicionales ciertas, efectivamente asumidas y debidamente cuantificadas, que
guardan relación directa con la mayor permanencia en obra y no con la ejecución
ordinaria del contrato. También implica acreditar que esos costos corresponden
específicamente al lapso adicional y no al plazo originalmente pactado ni a meses
posteriores, así como establecer que no se trata de gastos normales de la ejecución
ya comprendidos en la estructura económica del negocio, en los precios unitarios
pactados o en los mecanismos ordinarios de financiación, distribución de riesgos y
administración previstos por las partes. Solo a partir de una demostración de esa
naturaleza puede examinarse si el rubro reclamado tiene la entidad necesaria para
ser reconocido a título de restablecimiento del equilibrio económico.

44. En este caso, en la demanda y en la salvedad formulada por el Consorcio
Nuevo Mompox 2013 en la liquidación bilateral26, se discriminó el rubro de
“administración” en aportes, arrendamientos, nóminas y servicios públicos. No
obstante, el examen del material probatorio allegado para soportarlo revela que los
documentos no permiten establecer con precisión qué parte de esos pagos
corresponde exclusivamente al período prorrogado comprendido entre el 11 de junio
y el 10 de septiembre de 2014, ni si se trata, en efecto, de costos adicionales no
cubiertos por la ejecución ordinaria del contrato.

45. Respecto de esto último, conviene precisar que en los contratos celebrados
por el sistema de precios unitarios fijos, la estructura económica de cada APU
comprende, por regla general, los costos directos de la actividad correspondiente,
dentro de los cuales se incluyen los materiales, la mano de obra directa, el equipo
y la maquinaria necesarios para su ejecución, así como, cuando hay lugar a ello, el
transporte. A su turno, sobre esos costos directos se incorporan los costos
indirectos, usualmente reflejados en el AIU, que comprenden la administración, los
imprevistos y la utilidad del contratista. En ese esquema, la mano de obra que
participa directamente en la ejecución de los ítems contratados no constituye, en
principio, un gasto autónomo y adicional distinto del precio unitario, sino un
componente ordinario de este.

46. Bajo esa lógica, cuando la parte actora incorpora dentro del rubro de “gastos
administrativos” pagos de nómina correspondientes a trabajadores que intervienen
de manera directa en la ejecución de los ítems contratados, no basta con allegar los
26
En la salvedad consignada por el contratista en la liquidación bilateral se indicó: “A. Novecientos Cincuenta y Siete Millones
de Pesos ($957.000.000) en razón a la administración de los recursos puestos a disposición del contrato y el ‘stand by’ de
maquinaria durante la prórroga de tres (3) meses, pactada en el Otrosí No. 1 al contrato de la referencia, que se justifica así:
Administración: CONCEPTO / VALOR. Aportes $ 88.785.959; Arriendos $ 27.118.000; Nóminas $ 206.545.179; Servicios
Públicos $ 8.883.804; TOTAL $ 331.332.942”.

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comprobantes de egreso o las relaciones de personal, pues es necesario demostrar,
además, que esas erogaciones no constituían la retribución ordinaria de actividades
ya remuneradas a través de las actas de obra, sino que correspondían a una carga
adicional efectivamente causada por la prolongación del contrato. De lo contrario, el
reconocimiento pretendido no reflejaría un sobrecosto autónomo derivado de la
mayor permanencia en obra, sino la reiteración de erogaciones que, en principio, ya
se encuentran incorporadas en el precio unitario de las actividades ejecutadas27.

47. En el caso concreto, emergen elementos suficientes para sostener que la
mano de obra directa fue tratada, dentro de la economía del contrato, como parte
de la estructura de precios unitarios, por cuanto: (i) el pliego dispuso que la oferta
económica debía contemplar todos los costos directos, indirectos, impuestos, tasas,
contribuciones y cualquier otra erogación necesaria para ejecutar el contrato, y
agregó expresamente que el proponente debía considerar en su cálculo la
disponibilidad de materiales y de mano de obra y asumir los sobrecostos derivados
de errores en su determinación28; (ii) la matriz de riesgos asignó al contratista la
carga de garantizar, por su cuenta y riesgo, los equipos mínimos, los insumos y la
mano de obra para cumplir el cronograma, y aludió a la lista de insumos “puestos
en los APU”, lo que confirma que la mano de obra formaba parte del costo ordinario
de ejecución29; y (iii) en el Otrosí 1 se incorporó un cuadro de inversión titulado
“materiales para compra y mano de obra”, donde la última aparece cuantificada
como componente económico específico de los nuevos ítems eléctricos, lo que
refuerza que ese concepto ya estaba internalizado en la estructura de precios y no
era, prima facie, un gasto administrativo externo30.

48. Además, la propia conducta del contratista corrobora ese entendimiento. En
la comunicación del 15 de abril de 2014, el consorcio precisó que la cuadrilla de
siete ayudantes arqueológicos constituía un concepto “no contemplado dentro del
APU contractual” 31, lo que muestra que, cuando consideró que determinado
personal no estaba comprendido en la estructura ordinaria del contrato, así lo hizo
saber de manera expresa. Esa precisión permite sostener, al menos de forma

27
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 5 de marzo de
2021, rad. 25000-23-26-000-2001-00066-01 (39249), C.P. José Roberto Sáchica Méndez. En esa providencia la Sala indicó
que, conforme al numeral 3.2.13.5 de los pliegos, los “precios unitarios fijos” debían cubrir “los costos de materiales, mano de
obra (…), inclusive los imprevistos, gastos de administración, impuestos y contribuciones y utilidades del Contratista”; precisó,
además, que el AIU debía “incluirse dentro de cada uno de los precios unitarios”; concluyó que las cantidades aprobadas
“solo debían multiplicarse por los precios unitarios ofertados” y que “era con base en éstos que se remunerarían las labores
que se comprometió a ejecutar”; y agregó que, de entenderlo de otra forma, “supondría realizar un doble pago por un mismo
concepto”, por lo que no procedía pagar “por separado o, si se quiere, doblemente, el AIU”.
28
Expediente digital, archivo “7_Oficinadeapoy_PLIEGODECONDICIONESp_4_20250211110903432.pdf”, pág. 43. En el
acápite de la propuesta económica se indicó: “todo caso, el proponente deberá tener en cuenta en el cálculo de su oferta la
ubicación de las obras, accesibilidad, medio ambiente, disponibilidad de materiales y de mano de obra (...) y demás
circunstancias que debe tener en cuenta para la presentación de su propuesta y debida ejecución del contrato. Cualquier
error en la determinación de los valores relacionados en el Anexo ‘1’, no dará lugar a su modificación (...), y el contratista
deberá asumir los sobrecostos que esto le ocasione”.
29
Ibíd, en el aparte en que se asignó al contratista la carga de garantizar, por su cuenta y riesgo, los equipos mínimos, los
insumos y la mano de obra necesarios para cumplir el cronograma, con referencia a los insumos incorporados en los APU.
30
En las consideraciones del Otrosí No. 1 se dejó: “Visto lo anterior, al encontrarse mayores cantidades de obra y nuevos
ítems no contractuales del componente eléctrico y siendo estos indispensables para el adecuado desarrollo del proyecto
requiriendo su adquisición prioritaria dados los tiempos de entrega de algunos de estos materiales, esta supervisión considera
viable la solicitud del CONSORCIO NUEVO MOMPOX 2013 para el desembolso adicional del 10% de anticipo...”. También
se indicó: “El 10% solicitado (...) serán esencialmente invertidos en los siguientes anticipos. MATERIALES PARA COMPRA
Y MANO DE OBRA”; y en el cuadro de inversión del anticipo se discriminaron recursos para “a. Mano de obra”, “b. Transporte
y alquiler de maquinaria” y “c. Compra de materiales y accesorios”.
31
Anexos de la demanda, págs. 249 a 251. En la comunicación de 15 de abril de 2014, el contratista indicó que había dispuesto
“una cuadrilla compuesta por 7 ayudantes durante toda la ejecución de este componente, concepto que no estaba
contemplado dentro del APU contractual, que nos implicó grandes sobrecostos”.

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indicativa, que el restante personal operativo de obra no era concebido por el propio
contratista como un costo extraño a los APU ordinarios del contrato.

49. La inclusión de la mano de obra en los APU adquiere especial relevancia al
examinar los soportes de nómina allegados para justificar el rubro reclamado, pues
de su contenido se desprende que una parte sustancial de los pagos corresponde
a personal operativo directamente vinculado con la ejecución material de los ítems
contratados. Dentro de la llamada “Nómina de Maquinaria” figuran cargos como
conductor, volquetero, operador y obrero; y en la “Nómina Operativa”, múltiples
trabajadores con el cargo de obrero32. Esos perfiles corresponden típicamente a
mano de obra directa, esto es, personal que ejecuta físicamente las actividades
constructivas o que opera los equipos y vehículos requeridos para excavaciones,
rellenos, transporte de material y movimiento de tierra. En un contrato a precios
unitarios, el costo de ese personal está comprendido en los APU de las actividades
efectivamente ejecutadas, y cuando hay obra productiva, su remuneración ya
encuentra contraprestación en las actas de avance.

50. De ello se sigue que la sola acreditación del pago de esas nóminas no basta
para demostrar un sobrecosto autónomo derivado de la mayor permanencia en
obra. Para que tales erogaciones pudieran ser reconocidas como un perjuicio
adicional, era necesario demostrar que excedían la remuneración ordinaria de la
mano de obra ya incorporada en los precios unitarios y que correspondían,
específicamente, a una carga económica causada por la prolongación del plazo
contractual. Dicho de otro modo, no bastaba con probar que el contratista pagó
salarios durante la prórroga, sino que era indispensable establecer que esos pagos
no tenían ya como contrapartida la ejecución normal de actividades de obra
remuneradas dentro del contrato.

51. En ese contexto, el reclamo de estas nóminas como sobrecosto de mayor
permanencia solo habría podido prosperar si se hubiese demostrado que, durante
el período de extensión, ese personal operativo permaneció en obra sin ejecutar
actividades productivas, por causas no atribuibles al contratista, y que, pese a ello,
continuó generando erogaciones salariales no cubiertas por los ingresos derivados
de la ejecución contractual, pero esa demostración no existe en el expediente. La
prórroga se suscribió precisamente para culminar obras pendientes y, al finalizar
ese lapso, el contrato se encontraba ejecutado en su totalidad, además de lo cual,
la interventoría dejó constancia en el acta de liquidación de que nunca se
observaron equipos ni personal inactivos en el sitio de la obra, pues las actividades
de excavación y relleno previas al componente eléctrico continuaban en ejecución
al iniciarse la prórroga, aspecto sobre el que se volverá más adelante. Asimismo, la
nómina allegada no distingue entre jornadas efectivamente productivas y
eventuales períodos de inactividad, ni el reclamo se estructura en esos términos,
pues la parte actora se limita a presentar el valor mensual completo como si
constituyera, sin más, un costo adicional de la extensión.

32
Expediente digital, archivo "48_EXPEDIENTEDIGI_CDFl458zip_1_20260303102014261”. Archivo “INFORME DEMANDA”
págs. 176, 188, 217 y 245 NÓMINA - MAQUINARIA y págs. 183, 187, 214 y 246 en la NÓMINA – OPERATIVA.

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52. El defecto adquiere mayor relevancia si el reclamo se confronta con el
contenido del Otrosí 1. El cuadro de inversión del anticipo incorporado en ese
instrumento muestra que, al momento de su celebración, aún quedaban por invertir
$494’220.892 del saldo del anticipo, de los cuales $138’299.389 se destinaban a
mano de obra, $5’625.064 a transporte y alquiler de maquinaria, y $350’296.443 a
compra de materiales y accesorios. Ese dato no demuestra que la totalidad de los
costos posteriores quedara absorbida por esos recursos, pero sí revela que al
tiempo de pactarse la prórroga, el contrato todavía contaba con recursos ordinarios
para atender componentes esenciales de la ejecución, entre ellos, la mano de obra
directa y rubros asociados a maquinaria. Por ello, la parte actora tenía la carga de
demostrar por qué, pese a esa disponibilidad de recursos contractuales, los pagos
posteriormente reclamados constituían un sobrecosto autónomo y no simplemente
la continuación del gasto ordinario de ejecución financiado con los mecanismos
propios del contrato.

53. Una conclusión análoga, aunque fundada en razón distinta, se impone
respecto del personal incluido en la denominada “Nómina de Administración”. A
diferencia de la mano de obra directa de ejecución, cuya remuneración se integra
en los precios unitarios de las actividades efectivamente ejecutadas, los pagos
correspondientes a director de obra, residentes, especialistas, arqueóloga,
restauradora, secretaria o laboratorista pertenecen, en principio, al ámbito de los
costos indirectos del contrato, esto es, a aquellos gastos de dirección, coordinación,
apoyo y supervisión que no se asocian a un ítem constructivo específico, pero que
resultan necesarios para la administración general de la obra.

54. En los contratos celebrados por el sistema de precios unitarios fijos, tales
erogaciones se encuentran cubiertas, ordinariamente, por el componente de
Administración del AIU. En este caso, según el análisis financiero que obra en el
expediente y que la propia parte actora incorporó como soporte de su reclamación,
la administración fue fijada en el 19,39 % del costo directo, porcentaje que, aplicado
al costo directo total del contrato, arrojó un valor de administración de
$1.100’978.626,94 para los ocho meses del plazo original, equivalente a una
administración mensual de $137’622.328,3733. Proyectado ese mismo parámetro a
los tres meses de la prórroga, el valor de administración asciende a
$366’992.875,65, cifra superior a los $331’332.942 reclamados por la parte actora
por ese concepto. Este dato no demuestra que tales costos hubieran sido
efectivamente absorbidos, pero sí evidencia que la propia estructura económica del
contrato trató ese tipo de erogaciones como gastos ordinarios de administración y
no como un rubro extraordinario ajeno al precio pactado.

55. A ello se agrega que, aun cuando algunos soportes de nómina corresponden
temporalmente a meses comprendidos dentro de la prórroga, el personal
administrativo incluido en el reclamo no aparece vinculado a la obra con ocasión de
la prórroga ni como respuesta a una situación sobreviniente atribuible a la entidad.
Por el contrario, los documentos del expediente muestran que varios de esos
profesionales ya cumplían funciones desde la etapa inicialmente prevista de

33
Expediente digital, archivo "48_EXPEDIENTEDIGI_CDFl458zip_1_20260303102014261". Archivo "INFORME DEMANDA",
pág. 95.

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ejecución: Rafael Aguilar Torres figura como Director de Proyecto en el informe de
diseño eléctrico de enero de 2014 y como Director de Obra en la comunicación de
observaciones de planos de octubre de 201334; Angélica Vivas Salamanca aparece
como arqueóloga residente de tiempo completo desde el inicio de las obras civiles
en el documento arqueológico de diciembre de 201335; y, Alexander Toro Latorre
también figura en ese informe de 2014 como Residente Eléctrico36. Nada de ello
permite inferir la aparición de un costo nuevo o extraordinario generado por la
ampliación del plazo, sino la continuidad de gastos de dirección y apoyo que ya
formaban parte de la ejecución ordinaria del contrato. En esas condiciones, los
soportes allegados acreditan la persistencia de esos pagos durante la ejecución,
pero no demuestran que en la prórroga se hubiera generado un excedente real,
autónomo y extraordinario frente a la estructura económica originalmente prevista.

56. Por tanto, los pagos correspondientes al personal de la Nómina de
Administración tampoco configuran un sobrecosto autónomo resarcible a título de
mayor permanencia en obra. Se trata de erogaciones que se ubican dentro del
ámbito de los costos indirectos que el componente de administración del AIU estaba
llamado a cubrir, sin que la parte actora hubiera demostrado que la prolongación del
plazo hubiera generado un excedente real, cierto y específicamente cuantificable
por encima de esa previsión económica contractual.

57. A lo anterior se suman, además, inconsistencias concretas en los soportes
contables allegados para sustentar el rubro, toda vez que la relación general de
nóminas incorpora pagos que no corresponden al período de la prórroga, sino al
plazo ordinario de ejecución del contrato. El reparo no consiste en afirmar que toda
la documentación de nómina corresponda a meses ajenos a la prórroga, pues
algunos soportes sí comprenden períodos coincidentes con ella. El problema radica
en que la relación general de nóminas mezcla pagos del plazo ordinario, de la etapa
prorrogada y de meses posteriores, sin una depuración que permita aislar el
eventual sobrecosto atribuible exclusivamente a la ampliación del plazo. Tal es el
caso de la nómina comprendida entre el 1 y el 30 de mayo de 2014, pese a que ese
mes todavía hacía parte íntegra del plazo inicial, cuyo vencimiento ocurría el 10 de
junio de 2014. Por ello, su inclusión dentro del reclamo por mayor permanencia en
obra desdibuja el marco temporal del perjuicio alegado y evidencia una confusión
entre los costos ordinarios de ejecución y los supuestos sobrecostos derivados de
la extensión del plazo37.

58. La misma inconsistencia aparece respecto de pagos posteriores a la
terminación del plazo prorrogado. Los comprobantes de egreso fechados el 14 de
noviembre de 2014 por concepto de “CAN NOMINA OCTUBRE” y “CAN NOMINA
OCTUBRE 2014”, a favor de Alexander Toro Latorre y Rafael Aguilar Torres 38,

34
Ibíd, págs. 12 y 42.
35
Ibíd, págs. 29 y 76.
36
Ibíd, pág. 42.
37
Expediente digital, archivo “48_EXPEDIENTEDIGI_CDFl458zip_1_20260303102014261”, archivo “INFORME DEMANDA”,
págs. 173, 176, 238, 240, 242, 245, 247 y 335 a 340. Constan la relación general de nóminas, la nómina de mayo de 2014,
los comprobantes de octubre de 2014, la relación de aportes por períodos superpuestos y la relación de arriendos con cargos
de meses posteriores a la prórroga.
38
Ibíd, págs. 238, 240 y 242.

15

Expediente: 13-001-23-33-000-2017-00820-00 (74181)
Demandante: Carlos Fernando Córdoba Avilés y otros
Demandado: Nación - Ministerio de Cultura
Acción: Controversias contractuales

corresponden a la nómina del mes de octubre, posterior a la fecha de terminación
del contrato, esto es, el 10 de septiembre de 2014.

59. Esta falta de depuración se advierte en los demás soportes contables
allegados para sustentar el rubro de “Administración”. La relación de arriendos
incorpora conceptos correspondientes a octubre, noviembre y diciembre de 2014, e
incluso registra un pago efectuado el 27 de enero de 2015 por concepto de
diciembre del año inmediatamente anterior, pese a que el plazo prorrogado venció
el 10 de septiembre de 2014. Asimismo, esa relación no corresponde a costos
surgidos con ocasión de la extensión del plazo, sino a erogaciones que el contratista
ya venía asumiendo desde el inicio de la obra, toda vez el recibo incorporado en el
expediente describe el pago como el noveno mes de arriendo por el período
comprendido entre el 11 de junio y el 11 de julio de 2014, lo que revela que ese
contrato de arrendamiento existía desde octubre de 2013 y que su costo era, por
tanto, un gasto ordinario de administración39.

60. Igual reparo cabe formular respecto de los servicios públicos reclamados por
valor de $8’883.80440, cuyas facturas aparecen expedidas a nombre de terceros
particulares, sin que se acompañe una relación suficientemente depurada que
justifique su sumatoria ni se demuestre que tales servicios constituyan un costo
sobreviniente, directamente imputable al período de prórroga, y no un gasto
ordinario de apoyo logístico dentro de la ejecución del contrato.

61. La relación de aportes a seguridad social y parafiscales41 tampoco ofrece una
delimitación temporal suficiente del perjuicio alegado. Aunque algunos de los rangos
empleados comprenden parcialmente meses coincidentes con la prórroga, la
documentación no se estructura por períodos estrictamente coincidentes con la
prórroga, sino por rangos42, presentación que no permite identificar con precisión
qué pagos corresponden al período comprendido entre el 11 de junio y el 10 de
septiembre de 2014 y cuáles se proyectan sobre lapsos anteriores o posteriores. A
ello se suma que tales aportes recaen sobre rubros del personal respecto del cual,
como se explicó, no procede un reconocimiento autónomo, bien porque
corresponde a mano de obra directa cuya remuneración ya está incorporada en los
precios unitarios, bien porque recaen sobre personal de supervisión cuyos costos
se encuentran inicialmente cubiertos por el componente de administración del AIU.
Por ello, este soporte no resulta apto para acreditar con rigor el costo específico que
la parte actora atribuye a la mayor permanencia en obra.

62. De esta forma, visto en conjunto, el soporte contable allegado no ofrece una
base suficientemente depurada para identificar qué erogaciones obedecen al plazo
inicial, cuáles corresponden en sentido estricto al período prorrogado y cuáles,
incluso, se ubican con posterioridad a la terminación del contrato. Tampoco permite
diferenciar con nitidez entre gastos de mano de obra directa ya comprendidos en la
estructura de precios unitarios, pagos ordinarios de ejecución financiados con

39
Ibíd, págs. 282-283 y 323; cfr. pág. 284.
40
Ibíd, págs. 159 a 168.
41
Expediente digital, archivo “48_EXPEDIENTEDIGI_CDFl458zip_1_20260303102014261”, archivo INFORME DEMANDA,
págs. 247 y 335 a 340.
42
Como “junio-julio 2014”, “julio-agosto 2014”, “agosto-septiembre 2014” y “septiembre-octubre 2014”

16

Expediente: 13-001-23-33-000-2017-00820-00 (74181)
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recursos del negocio y supuestos costos incrementales derivados exclusivamente
de la extensión del plazo. La información, en lugar de aislar el perjuicio reclamado,
presenta una cuenta global en la que confluyen desembolsos de naturaleza, causa
y momento distintos.

63. En esas condiciones, la parte actora no demostró la existencia, cuantía e
imputación temporal específica de los sobrecostos por administración cuyo
reconocimiento pretende.

La prueba del rubro reclamado por concepto de stand by de maquinaria

64. El reconocimiento de sobrecostos por stand by exige demostrar que
determinados equipos —específicamente identificados— estuvieron físicamente
presentes en la obra durante un período definido y documentado, sin posibilidad
real de uso productivo, por una causa concreta imputable a la entidad contratante,
y que durante ese lapso el contratista continuó asumiendo el costo real de
disponibilidad de esos equipos sin recibir contraprestación en obra ejecutada. A esa
demostración debe sumarse la acreditación del valor objetivo de la disponibilidad
durante el período reclamado, pues sin ella no existe base cuantificable sobre la
que fijar la indemnización43.

65. A partir de lo anterior, desde la propia formulación del reclamo se advierte
una deficiencia central en su planteamiento, toda vez que la parte actora no
individualizó períodos concretos de inactividad de máquinas determinadas ni
discriminó lapsos específicos de inmovilización, sino que reclama, en bloque, el
valor del arrendamiento o de la disponibilidad de la maquinaria por la totalidad de
los tres (3) meses de la prórroga, comprendidos entre el 11 de junio y el 10 de
septiembre de 2014, como si durante todo ese lapso los equipos hubieran
permanecido improductivos, generando un costo autónomo no cubierto por la
economía ordinaria del contrato44. Así planteado, lo reclamado no parte entonces
de la demostración de una inactividad real, concreta y diferenciada, sino de una
equivalencia no probada entre prórroga y stand by, esto es, de la premisa de que
toda ampliación del plazo comporta, sin más, la improductividad durante el período
adicional, conclusión que no se sigue ni de la naturaleza del concepto reclamado ni
de los elementos obrantes en el expediente. La propia arquitectura del cálculo —
una tarifa mensual multiplicada uniformemente por noventa días— revela que el
43
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Tercera, Subsección A C P. María Adriana Marín, 4 de
febrero de 2022 Radicación número: 200012331000201100046 01 (45762) "No obstante, en relación con esta reclamación,
referida tanto a la Suspensión 1 como a la 4 y la 6, observa la Sala que no es suficiente con acreditar los pagos que el
demandante efectuó por dicho concepto de stand by de los equipos, vehículos y la maquinaria que tenía alquilados, sino que
se requería así mismo probar que los mismos estuvieron en el sitio de las obras, prestos para ser utilizados pero que, por
razón de las suspensiones del contrato, no fueron usados durante esos periodos en los trabajos objeto del mismo y que, en
consecuencia, se produjo ese sobrecosto para el contratista”
44
En la salvedad consignada en el acta de liquidación bilateral se indicó “A. Novecientos Cincuenta y Siete Millones de Pesos
($957.000.000) en razón a la administración de los recursos puestos a disposición del contrato y el ‘stand by’ de maquinaria
durante la prórroga de tres (3) meses, pactada en el Otrosí No. 1 al contrato de la referencia”; y, al discriminar ese segundo
rubro, indicó: “STANDBY MAQUINARIA / CONCEPTO - VALOR / Alquiler Maquinaria (de acuerdo con la factura 0426),
calculado para 3,5 meses $ 639.388.000 / Tiempo 3,5 meses (valor día) $ 6.565.600 / Total Tiempo (3 meses) $ 590.904.000”.
El reclamo se construyó entonces de la siguiente manera: tomando la Factura 0426 —emitida el 2 de octubre de 2013 y
correspondiente al alquiler de los equipos durante los primeros meses del contrato original—, se divide su valor total
($639.388.000) entre los 3,5 meses que cubre, se obtiene así una tarifa mensual de $182.682.857 y esa tarifa se multiplica
íntegramente por los tres meses de la prórroga para obtener el monto reclamado. Entonces, la tesis implícita es que durante
la totalidad de ese período —del 11 de junio al 10 de septiembre de 2014— la maquinaria vinculada al contrato permaneció
disponible en obra, pero sin poder ejecutar ninguna actividad productiva. Expediente digital, archivo
“48_EXPEDIENTEDIGI_CDFl458zip_1_20260303102014261” INFORME DEMANDA, pág. 98. Obra la Factura de Venta No.
0426, de 2 de octubre de 2013, en la que se registra el alquiler de distintos equipos de maquinaria, cada uno por 3,5 meses.

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Expediente: 13-001-23-33-000-2017-00820-00 (74181)
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reclamo no fue construido sobre la identificación de períodos concretos de
inactividad, sino sobre la equivalencia que se ha señalado.

66. El stand by no retribuye el simple transcurso del tiempo ni la mera
prolongación del vínculo contractual, sino una situación material y excepcional de
disponibilidad improductiva. En esa medida, su lógica económica no radica en que
el equipo permanezca adscrito a la obra durante un plazo mayor, sino en que, pese
a estar efectivamente disponible y generando un costo de tenencia o alquiler, no
pueda ser utilizado en ningún frente de trabajo por causas ajenas al contratista. Por
esa razón, una prórroga puede coexistir con escenarios muy distintos entre sí, como
la intensificación de actividades pendientes, la redistribución de recursos entre
frentes, la utilización parcial de algunos equipos o, solo eventualmente, la
inmovilización de otros. De allí que no resulte admisible convertir la prórroga, por sí
sola, en prueba de improductividad integral de la maquinaria, pues ello supone
sustituir la demostración de una circunstancia fáctica concreta por una inferencia
automática que desconoce la naturaleza misma del concepto indemnizatorio
reclamado.

67. Esta deficiencia en el planteamiento de la parte actora se hace aún más
visible al confrontar el reclamo con la causa misma de la prórroga. El Otrosí 1 y las
comunicaciones CM-EPMX-136-13 y CM-EPMX-139-13 del 2 y 4 de abril de 2014
—incorporadas expresamente en ese instrumento— dejan establecido que la
prórroga de tres (3) meses no se concibió como un período de suspensión, espera
o inmovilización de recursos, sino como el lapso adicional requerido para ejecutar
actividades pendientes, particularmente las relacionadas con los ajustes del
componente eléctrico y su implementación en obra; de allí que no resulte
consistente inferir, sin una demostración específica y diferenciada, que la
maquinaria arrendada permaneció improductiva durante los tres meses de
extensión. Si la prórroga se otorgó precisamente para continuar y culminar la
ejecución contractual, la carga de la parte actora consistía en acreditar que, aun
dentro de ese escenario de trabajo, determinados equipos identificables
permanecieron realmente ociosos, sin posibilidad de utilización productiva y por
causas atribuibles a la entidad, extremo que no se desprende de la sola ampliación
del plazo como se ha expuesto.

68. En esa misma dirección apunta la constancia dejada por la interventoría en
la nota aclaratoria del acta de liquidación. Allí se indicó que, para la fecha de
suscripción del Otrosí 1, el contratista presentaba atraso en actividades de
excavación y relleno en banca de las vías, que tales labores continuaban en
ejecución al iniciarse la prórroga y que incluso fue necesario requerir mayor equipo
para mejorar rendimientos y subsanar el atraso advertido. La misma nota precisó,
además, que nunca se evidenció en sitio maquinaria inactiva. Esa apreciación
resulta particularmente relevante, porque proviene de quien ejercía el seguimiento
técnico de la ejecución y contradice de manera directa la hipótesis de una
disponibilidad improductiva generalizada de la maquinaria durante el período
adicional, además de que no fue desvirtuada por la parte actora mediante ningún
medio de prueba obrante en el expediente.

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Expediente: 13-001-23-33-000-2017-00820-00 (74181)
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69. Además, esa conclusión encuentra respaldo en los registros de personal
correspondientes a los meses de la prórroga. Las nóminas de maquinaria de julio,
agosto y septiembre de 2014 muestran el pago de salarios a conductores,
volqueteros y operadores durante todo el período adicional 45, sin que se advierta
reducción de jornadas, suspensión temporal del personal o diferenciación alguna
entre tiempo efectivamente trabajado y eventuales lapsos de inactividad. Aunque
ese elemento probatorio, considerado aisladamente, no permite establecer con
exactitud el rendimiento de cada equipo en cada jornada, sí debilita de manera
importante la tesis de la improductividad global, por cuanto no existe en el
expediente soporte alguno que refleje en la gestión del personal una situación
consistente con la inmovilización alegada, como una disminución de jornadas, la
rotación del personal o la identificación de períodos concretos de inactividad.

70. A lo anterior se suman inconsistencias concretas en los soportes utilizados
para construir el cálculo de lo reclamado, pues este se liquida por la parte actora
con base en la Factura 0426, fechada el 2 de octubre de 2013, esto es, al inicio del
contrato original e incluso antes del acta de inicio suscrita el 10 de octubre siguiente,
documento que corresponde al alquiler de maquinaria durante un período de 3,5
meses que se ubica íntegramente en la fase inicial de ejecución del contrato y, por
tanto, no acredita ni el arrendamiento de los equipos durante la prórroga ni su
inactividad en el lapso comprendido entre junio y septiembre de 2014. En esas
condiciones, la factura no demuestra el hecho indemnizable que se afirma, pues se
limita a reflejar un costo histórico asociado al arranque de la obra, sin conexión
directa y comprobada con el período adicional por el cual se reclama el sobrecosto.

71. La inconsistencia se profundiza porque la parte actora toma el valor global
de esa factura, lo divide entre 3,5 meses para obtener un supuesto costo mensual,
y luego lo multiplica por los tres meses de la prórroga, sin que obre en el expediente
documento alguno que permita afirmar que ese mismo canon seguía vigente
durante la extensión del plazo. No existe certificación del arrendador, factura
correspondiente a junio, julio, agosto o septiembre de 2014, modificación del
contrato de alquiler, ni soporte contemporáneo que permita concluir que el costo
mensual de disponibilidad de la maquinaria durante la prórroga era idéntico al
pactado en octubre de 2013. Así, la cuantificación del rubro no descansa en un costo
actual, cierto y verificable del período reclamado, sino en una extrapolación
retrospectiva construida sobre un dato histórico ajeno al lapso de la supuesta
inactividad, lo que priva al reclamo de una base objetiva.

72. De igual forma, el contrato de arrendamiento de maquinaria allegado con la
demanda46, suscrito el 22 de octubre de 2013 —por un plazo de siete meses y un
valor de $1.378.776.000— cubre el período comprendido entre octubre de 2013 y
mayo de 2014, pero ese instrumento no contiene ninguna cláusula de extensión que
amplíe su vigencia hasta septiembre de 2014, ni obra en el expediente ninguna

45
Expediente digital, archivo “48_EXPEDIENTEDIGI_CDFl458zip_1_20260303102014261”, archivo “INFORME DEMANDA”,
págs. 188, 217 y 245. Nóminas de julio, agosto y septiembre de 2014, en las que figuran, dentro de la “NÓMINA -
MAQUINARIA”, cargos como “CONDUCTOR”, “VOLQUETERO” y “OBRERO” durante el período prorrogado.
46
Expediente digital, archivo “48_EXPEDIENTEDIGI_CDFl458zip_1_20260303102014261”, archivo “INFORME DEMANDA”,
págs., 100 a 102. Contrato de Alquiler de Maquinaria suscrito el 22 de octubre de 2013, en el que se pactó un plazo de “SIETE
(07) Meses” y un valor de MIL TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y SEIS MIL
PESOS ($1.378.776.000) IVA INCLUIDO”.

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Expediente: 13-001-23-33-000-2017-00820-00 (74181)
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modificación que acredite su prolongación para abarcar los meses de prórroga;
tampoco existe en el proceso alguna factura de alquiler de maquinaria emitida al
consorcio durante los meses de junio, julio, agosto o septiembre de 2014. Si los
equipos efectivamente permanecieron en obra durante esos meses generando
costos de alquiler, la existencia de facturas periódicas sería la consecuencia
contable ordinaria y esperable de ese vínculo, por lo que su ausencia debilita de
manera ostensible la credibilidad del reclamo.

73. Se advierte además que el arrendador de la maquinaria en el contrato antes
indicado es Carlos Fernando Córdoba Avilés, quien actúa como parte actora, y
simultáneamente como integrante y representante legal del consorcio contratista.
Esa coincidencia no torna inválido el negocio jurídico, pero sí impone una
acreditación particularmente rigurosa de que los valores cobrados correspondían a
precios reales de mercado y de que los costos reclamados durante la prórroga
reflejaban erogaciones efectivamente asumidas por el contratista. Sin una tasación
independiente, un dictamen técnico o soportes externos de mercado para el período
de extensión, los montos reclamados carecen del grado de objetividad necesario
para ser reconocidos.

74. El Plan de Manejo de Equipos obrante en el expediente47 tampoco respalda
la pretensión. Ese documento únicamente proyecta la distribución de maquinaria
para los meses 1 a 8 del contrato, es decir, para el plazo inicial de ejecución, pero
no existe en el proceso un plan equivalente para los meses 9, 10 y 11,
correspondientes a la prórroga, ni obra documento alguno que identifique qué
equipos permanecieron efectivamente en la obra durante ese período adicional,
cuáles continuaron siendo utilizados en frentes productivos y cuáles, en hipótesis,
habrían quedado inmovilizados. Esa omisión no es menor, pues impide establecer
la correspondencia entre la maquinaria relacionada en los soportes iniciales de
alquiler y la que, según la demanda, habría permanecido en stand by durante la
extensión. Sin esa individualización técnica y temporal, no es posible tener por
demostrado que los equipos cuyo costo se reclama hubieran estado efectivamente
inactivos durante los tres meses de la prórroga.

75. Se resalta que en los documentos allegados no obra bitácora de obra, acta
de suspensión parcial de frentes, requerimiento dirigido a la interventoría,
comunicación de alerta o constancia equivalente en la que se hubiera dejado
registro de equipos concretos que permanecieran detenidos, sin posibilidad de
utilización productiva, por causa imputable a la entidad contratante. Esa ausencia
resulta especialmente significativa, porque un reclamo por stand by presupone un
hecho de inmovilización objetivamente verificable en el curso mismo de la ejecución
y no una situación reconstruida retrospectivamente al momento de la liquidación, de
manera que si la maquinaria efectivamente hubiera permanecido improductiva
durante la prórroga, ello debería estar reflejado en la documentación técnica y
contractual del negocio jurídico, lo que aquí no ocurre.

76. Aun si se entendiera que la parte actora pretendía reclamar costos de
disponibilidad de equipos no íntegramente compensados por la obra ejecutada

47
Ibíd, pág. 99.

20

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durante la prórroga —lo que, por lo demás, no fue planteado en esos términos en la
demanda—, el expediente tampoco ofrece los elementos necesarios para
reconstruir ese eventual mayor costo. No se indicó ni probó qué equipos concretos
dejaron de producir, durante qué lapsos determinados, por qué causa imputable a
la entidad, cuál era su costo real y vigente de disponibilidad en ese período, ni en
qué medida dicho costo excedió la contraprestación derivada de la obra
efectivamente ejecutada durante la extensión. En lugar de esa demostración, lo que
obra es una operación que toma un valor histórico de arrendamiento
correspondiente al inicio del contrato y lo proyecta linealmente sobre los tres meses
de prórroga, como si toda la maquinaria hubiera permanecido íntegramente
improductiva durante ese lapso, sin que ello se hubiese acreditado. Una
construcción de esa naturaleza no satisface la carga probatoria que exige el
reconocimiento judicial del rubro reclamado.

77. Finalmente, la pretensión de condena por perjuicios morales tampoco está
llamada a prosperar. La parte actora solicitó el reconocimiento de $73'771.700 por
este concepto, con fundamento en la afectación al buen nombre y al prestigio de los
integrantes del consorcio como contratistas serios —modalidad conocida como
daño moral objetivo—, categoría que, a diferencia del perjuicio moral subjetivo, no
presupone sufrimiento afectivo y puede, en principio, ser predicada tanto de
personas naturales como jurídicas48. Sin embargo, ese perjuicio no se presume del
solo incumplimiento o de la controversia económica derivada de la mayor
permanencia en obra, sino que exige prueba concreta de su existencia. Cuando lo
alegado es una lesión al buen nombre o al prestigio, no basta la afirmación de la
parte interesada, sino que se requiere demostrar, con elementos objetivos, la
ocurrencia real de ese agravio y su entidad, esto es, que la conducta de la
demandada produjo una merma concreta y verificable en la reputación o en la
consideración pública de los demandantes. En el presente caso, la demanda no
desarrolló un supuesto fáctico autónomo distinto de la controversia económica
derivada de la mayor permanencia en obra, y en el expediente no obra prueba
alguna que acredite descrédito comercial, pérdida de reputación, afectación pública
de la honra o menoscabo cierto de la imagen de los integrantes del consorcio. Por
ello, esta pretensión también debe ser desestimada.

78. En esas condiciones, aun si se admitiera que durante la ejecución se
presentaron dificultades técnicas y advertencias oportunas, incluso susceptibles de
ser atribuidas a la entidad demandada, la pretensión no prospera porque la parte
actora no acreditó con la suficiencia exigible los sobrecostos ciertos, cuantificables
y temporalmente imputables a la prórroga.

79. Así las cosas, corresponde confirmar la sentencia de primera instancia en
cuanto negó las pretensiones de la demanda, pero no con fundamento en la

48
Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 20 de noviembre de 2008, Exp. 05001-23-26-000-1992-01369-
01(17031), C. P. Ruth Stella Correa Palacio. “…resulta claro que las personas jurídicas no sufren perjuicios morales subjetivos
(pretium doloris), porque no pueden experimentar dolor o sufrimiento y menos aún por agresiones a bienes jurídicos
extrapatrimoniales que parten de esa subjetividad del individuo físico (la vida, la integridad corporal, o la honestidad, entre
otros); sin embargo, a ellas se les reconoce una subjetividad jurídica, gozan de atributos propios de la personalidad y, por
ende, son titulares de derechos que pueden considerarse en sentido objetivo como morales y de carácter extrapatrimonial
(reputación, el buen nombre, la probidad), los cuales si en alguna manera se les menoscaba, corresponde indemnizar, en
cuanto resulten demostrados en el respectivo proceso”.

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ausencia de salvedades al momento de la suscripción del Otrosí 1 ni en la
extemporaneidad del reclamo, sino en que, una vez examinado el fondo del asunto,
la parte actora no acreditó la existencia, cuantía e imputación específica de los
supuestos sobrecostos que invocó, ni por concepto de administración ni por
concepto de stand by de maquinaria, de modo que no se demostró una afectación
económica cierta, concreta y jurídicamente relevante que permita tener por
configurada una ruptura del equilibrio económico del contrato, como tampoco probó
la causación de los perjuicios morales reclamados.

Costas

80. De acuerdo con el artículo 188 del CPACA, modificado por el artículo 47 de
la Ley 2080 de 2021, en armonía con el artículo 365 del Código General del Proceso,
la condena en costas no requiere la apreciación o calificación de una conducta
temeraria, sino la verificación objetiva de quién resultó vencido, por lo que resulta
procedente la condena en costas en contra de la parte actora, en la medida en que
fracasaron los cargos de apelación que formuló contra la sentencia de primera
instancia.

81. En relación con las agencias en derecho, como integrantes de las costas
procesales, se rigen por el Acuerdo PSAA16-10554 de 5 de agosto de 2016
expedido por el Consejo Superior de la Judicatura. De conformidad con su artículo
2º, su fijación depende de “la calidad y la duración de la gestión realizada por el
apoderado o la parte que litigó personalmente, la cuantía del proceso y demás
circunstancias especiales directamente relacionadas con dicha actividad, que
permitan valorar la labor jurídica desarrollada”, sin que en ningún caso se puedan
desconocer los rangos de las tarifas mínimas y máximas señaladas por el artículo
5 de esta misma normativa, la cual, para los asuntos declarativos de segunda
instancia con cuantía, fija una tarifa mínima de un (1) SMLMV y una máxima de seis
(6) SMLMV. En este caso, las agencias en derecho se fijan en un (1) SMLMV, a
cargo de cada uno de los demandantes y en favor de la entidad demandada.

IV. PARTE RESOLUTIVA

82. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,

FALLA:

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida el 30 de julio de 2024 por el Tribunal
Administrativo de Bolívar, Sala de Decisión 6, por las razones expuestas en esta
sentencia.

SEGUNDO: CONDENAR en costas de segunda instancia a la parte actora, las
cuales serán liquidadas por el Tribunal de origen en los términos de los artículos
365 y 366 del C.G.P. FIJAR como agencias en derecho a favor de la parte
demandada y cargo de cada uno de los demandantes (Carlos Fernando Córdoba

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Avilés, Generadora de Proyectos de Puertos Arquitectura y Vías S.A.S. y A.S.A.
Arquitectos Asociados Ltda.), la suma equivalente a un (1) salario mínimo legal
mensual vigente (SMLMV) a la fecha de ejecutoria de esta providencia.

TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, DEVUÉLVASE el expediente al Tribunal
de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
ZORANNY CASTILLO OTÁLORA FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
(aclaración de voto)

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

VF

Nota: se deja constancia de que esta providencia se suscribe de forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de
manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y autenticidad del presente
documento en el enlace https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente
puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que aparece a la derecha.
Se recuerda que, con la finalidad de tener acceso al expediente, los abogados tienen la responsabilidad de
registrarse en el sistema SAMAI.

23

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