Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 20001-23-31-000-2011-00046-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 20001-23-31-000-2011-00046-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 20001-23-31-000-2011-00046-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 20001-23-31-000-2011-00046-01
Consejero ponente: Maria Adriana Marin
4 de febrero de 2022
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
Consejera ponente: MARÍA ADRIANA MARÍN
Bogotá D.C., cuatro (4) de febrero de dos mil veintidós (2022)
Radicación número: 200012331000201100046 01 (45762)
Actor: JOSE GUILLERMO CASTRO GÁMEZ
Demandado: DEPARTAMENTO DEL CESAR
Referencia: APELACIÓN SENTENCIA - CONTROVERSIAS
CONTRACTUALES
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por las partes en contra de la
sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Cesar el 7 de junio 2012, que
acogió parcialmente las pretensiones de la demanda.
I.SÍNTESIS DEL CASO
El Departamento del Cesar y el señor José Guillermo Castro Gámez celebraron el
Contrato de Obra No. 281 de 2006 cuyo objeto fue el mejoramiento y/o
pavimentación de la vía secundaria desde el Corregimiento de La Mata hasta el
Municipio de La Gloria en dicho departamento, el cual fue objeto de seis
suspensiones, por las cuales el demandante reclama la indemnización de perjuicios
consistente en los mayores costos provenientes de la mayor permanencia en obra,
el valor del transporte del material de terraplén por el cambio de la fuente de
materiales y el stand by de la maquinaria.
II. ANTECEDENTES
1. La demanda
El 1º de febrero de 2011, el señor José Guillermo Castro Gámez, a través de
apoderado debidamente constituido y en ejercicio de la acción de controversias
Radicación número: 200012331000201100046 01 (45762)
Actor: Jose Guillermo Castro Gámez
Demandado: Departamento Del Cesar
Referencia: Apelación Sentencia - Controversias Contractuales
contractuales prevista en el artículo 87 del C.C.A., presentó demanda en contra del
departamento del Cesar, con el propósito de obtener las siguientes declaraciones y
condenas (f. 1, c. 1; y f. 738 y 763, c. 4)1:
Primero: Declarar que son nulos los actos administrativos presuntos resultantes
del silencio administrativo negativo en relación con las peticiones de fecha 11
de enero y 1 de julio del año 2009 dirigidos a la entidad demandada por mi
poderdante, cuyo objeto dan cuenta los hechos de la demanda.
Segundo: Declarar que la Entidad contratante incumplió el contrato de Obra No.
281 del año 2006, causándole perjuicios al contratista.
Tercero: Como consecuencia de las nulidades anteriormente declaradas y el
incumplimiento de la entidad contratante condenar al Departamento del Cesar
pagar a mi mandante los valores que a continuación relaciono por los siguientes
conceptos, que emanan de la ejecución del contrato de Obra No. 281 del año
2006, celebrado entre JOSE GUILLERMO CASTRO y el Departamento del
Cesar:
(a) La suma de $943.626.417,31 por concepto de mayor permanencia en
obra.
(b) La suma de $545.581.665 por concepto del valor de transporte del
material para terraplén.
(c) La suma de $197.330.000, por concepto de costos por Stan by (sic) de
maquinaria producidos por mayor permanencia en obra.
(d) La suma de $40.156.300,63, por concepto del Acta de ajuste de
precios No. 11.
(e) La suma de $158.784.449, por concepto del ilegal descuento del 50%
de afectación del anticipo.
(f) Todos estos valores con su correspondiente corrección monetaria,
mas los intereses moratorios legales2.
1.1. Los fundamentos de hecho
El actor sustentó sus pretensiones en los fundamentos fácticos que, en síntesis, se
expresan a continuación:
Las partes celebraron el Contrato de Obra No. 281 de 2006, cuyo objeto fue el
mejoramiento y/o pavimentación de la vía secundaria desde el Corregimiento de La
1
La demanda fue inadmitida mediante auto del 10 de febrero de 2011, para que el demandante la
corrigiera mediante la inclusión del acápite de pretensiones, corrección que efectivamente se llevó a
cabo y la demanda fue admitida en providencia del 24 de febrero del mismo año (f. 760 y 784, c. 4).
2
La Sala se abstendrá de referir los argumentos expuestos a lo largo del proceso en relación con
los literales d) y e) del numeral tercero de las pretensiones, toda vez que, en diligencia de conciliación
llevada a cabo ante el a-quo el 2 de octubre de 2012 -con posterioridad a la interposición de los
recursos de apelación-, las partes conciliaron las pretensiones correspondientes a: i) el valor del acta
de ajuste No. 11 por la suma de $43’770.697,82; y ii) el valor de los descuentos del 50% efectuados
a las actas de ajuste de precios No. 1 a 10, por la suma de $ 178’041.257,37, acuerdo conciliatorio
que fue aprobado por el a-quo mediante auto del 25 de octubre de 2012, en el que se concedieron
los recursos de apelación respecto de los demás puntos (f. 960 y 978, c. ppl.).
2
Radicación número: 200012331000201100046 01 (45762)
Actor: Jose Guillermo Castro Gámez
Demandado: Departamento Del Cesar
Referencia: Apelación Sentencia - Controversias Contractuales
Mata hasta el Municipio de La Gloria en el Departamento del Cesar, en cuya
ejecución se produjo un desequilibrio económico por causas ajenas al contratista,
que resultó afectado con las mismas.
Adujo como causa del desequilibrio, que desde la celebración del contrato hasta su
terminación transcurrieron 862 días, cuando la obra estaba planeada para
ejecutarse en 11,5 meses, con lo cual se extendió el periodo de ejecución en más
de 17 meses, producto de seis suspensiones, por causas ajenas y no imputables al
contratista: revisión de estudios y diseños por la alternativa de concreto rígido
(suspensión 1); imposiblidad de desarrollar las actividades normales por el intenso
invierno en el sitio de la obra (suspensión 2); imposibilidad de extracción de los
materiales pétreos y granulares requeridos para la construcción de sub-base
granular y pavimento en concreto rígido del lecho del río Simaña, por el invierno en
el municipio de La Gloria (suspensión 3); para adicionar el contrato de interventoría
(suspensión 4); nuevamente, por el intenso invierno (suspensión 5) y por la
necesidad de prorrogar el contrato de interventoría (suspensión 6), para un total de
522 días de suspensión.
Alegó que todas las causas de las suspensiones fueron imprevisibles para el
contratista, pues constituyeron áleas anormales y extraordinarias que alteraron en
gran magnitud la economía del contrato, debido a las alzas de los insumos y los
mayores gastos administrativos por la mayor permanencia en la obra; adujo que
durante las suspensiones el contratista mantuvo sus maquinarias, equipos,
vehículos, comisión de topografía y personal técnico y administrativo en permanente
disponibilidad, y que no percibió en el tiempo estipulado la utilidad prevista, por lo
que procede el restablecimiento del equilibrio económico del contrato.
A lo anterior, agregó que el contratista tuvo que descartar el sitio inicialmente
señalado por la Gobernación del Cesar para la explotación del material de terraplén
requerido para la obra, pues la escogida era zona inundable y de alto riesgo para la
explotación de cantera, como lo certificó la Secretaría de Planeación y Obras
Públicas del Municipio de La Gloria y que, además, su material no cumplía con las
especificaciones generales de carreteras del Invías, según apiques y ensayos de
laboratorio que se hicieron a las muestras de suelo recogidas en el sitio; por ello
tuvo que cambiarlo por otra cantera, ubicada a 18 km del proyecto, con autorización
del interventor, lo que significó pagar un valor de transporte del material que no se
3
Radicación número: 200012331000201100046 01 (45762)
Actor: Jose Guillermo Castro Gámez
Demandado: Departamento Del Cesar
Referencia: Apelación Sentencia - Controversias Contractuales
había considerado en los análisis de precios unitarios, pues las distancias iniciales
eran inferiores a un kilómetro, lo que causó un detrimento al contratista, que le debe
ser reconocido por la entidad contratante.
Otras causas de la reclamación, fueron: que en el contrato se ejecutaron mayores
cantidades de obra, que también sufrieron un desajuste de precios, por lo que se
debe actualizar su precio, para conservar el valor adquisitivo de la moneda; y que
por las suspensiones, se produjo el stand by de la maquinaria que debía
permanecer en el sitio de las obras, que estaba calculado en $ 197’330.000.
Trámite en primera instancia
Contestación de la demanda
Mediante auto del 24 de febrero de 2011 fue admitida la demanda y se ordenó su
notificación al gobernador del Departamento del Cesar y al Ministerio Público (f. 784,
c. 4).
El 29 de mayo de 2011, el Departamento del Cesar contestó la demanda, se opuso
a las pretensiones, aceptó como ciertos algunos hechos, otros los calificó de
apreciaciones subjetivas del demandante y se atuvo a lo que se pruebe respecto de
los demás. Propuso las excepciones de cumplimiento contractual, inexistencia de la
obligación, cobro de lo no debido y buena fe (fls. 793 a 802, c.4).
Manifestó, en síntesis, que al demandante le correspondía probar los fundamentos
de hecho de sus pretensiones, pues lo cierto era que el Departamento del Cesar le
había cancelado al contratista todos los valores debidos con ocasión del contrato
ejecutado y que, si se presentó una mayor permanencia en la obra, no fue por
causas imputables a la entidad contratante, quien además cumplió con sus propias
obligaciones y si suscribió adiciones al contrato, fue para garantizar su correcta
ejecución, habiendo el contratista manifestado en las respectivas actas que no
presentaría reclamación alguna por mayor permanencia en la obra ni costos
adicionales.
Respecto de la reclamación relativa al transporte de material, adujo que desde el
pliego de condiciones había quedado establecida la obligación del proponente de
4
Radicación número: 200012331000201100046 01 (45762)
Actor: Jose Guillermo Castro Gámez
Demandado: Departamento Del Cesar
Referencia: Apelación Sentencia - Controversias Contractuales
informarse sobre el sitio de las obras, la naturaleza del suelo y del terreno y las
fuentes de materiales requeridos, así como todas las circunstancias relacionadas,
para efectos de calcular el valor de su oferta. Así mismo, en el pliego se consideró,
en el presupuesto oficial y los análisis de precios unitarios del proyecto, una
distancia promedio de acarreo de 15 km, con un valor unitario del ítem de levante y
conformación del terraplén con material transportado de $ 19.000 por km3, es decir
que sí estaba contemplado el transporte de material, el contratista debió tenerlo en
cuenta, y además el valor final del análisis de precios en su oferta, muestra que el
precio es superior al establecido en el presupuesto oficial.
En cuanto a los mayores costos por la mayor permanencia derivada de las
suspensiones, la demandada sostuvo que no estaban probados y que, en todo caso,
la propuesta económica del contratista contemplaba un rubro de imprevistos del
5,34% del valor total de la obra, que debía destinarse a atender los que se
presentaran en su ejecución. Y que la afectación de los precios del contrato en razón
de tales suspensiones, fue superada a través del ajuste de los precios de las actas
de obra 1 a 10, que ascendió a $154’228.294,79.
Finalmente, estimó que el contratista no tenía derecho a reclamar por la mayor
permanencia en la obra generada por las suspensiones, pues en las actas de
adición en valor y plazo al Contrato 281 de 2006, el contratista renunció
voluntariamente a presentar reclamaciones por dicho concepto, por lo que
constituye un atentado contra el principio de la buena fe que gobierna las
disposiciones contractuales, que ahora el demandante quiera desconocer lo
pactado en dichas actas de adición.
Alegatos de conclusión
En auto del 26 de mayo de 2011, se decretaron las pruebas solicitadas por las partes
y mediante auto del 3 de noviembre de 2011, se corrió traslado a las partes por el
término de 10 días para que presentaran sus alegatos de conclusión y al Ministerio
Público para que rindiera su concepto (fl. 814 y 862, c.4).
En sus alegaciones, la parte actora, con fundamento en las pruebas obrantes en
el proceso, insistió en los argumentos expuestos en la demanda sobre el
5
Radicación número: 200012331000201100046 01 (45762)
Actor: Jose Guillermo Castro Gámez
Demandado: Departamento Del Cesar
Referencia: Apelación Sentencia - Controversias Contractuales
rompimiento del equilibrio económico del contrato y la obligación de la entidad
contratante de reconocer su restablecimiento (fl. 864, c.4).
La parte demandada, por su parte, en el alegato de conclusión reiteró que en el
proceso no estaban probados los hechos que daban sustento a las pretensiones del
demandante y, por lo tanto, las mismas debían ser denegadas (fl. 867, c.4).
La sentencia impugnada
El Tribunal Administrativo del Cesar, profirió sentencia el 7 de junio de 2012 en la
cual decidió (fls. 877 a 923 y 9533, c. ppl.):
PRIMERO: Declarar imprósperas las excepciones propuestas por el ente
territorial demandado, por las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia.
SEGUNDO: Declarar que el Departamento del Cesar incumplió el contrato de
obra No. 281 de 2006, celebrado con el ingeniero José Guillermo Castro
Gámez, para el mejoramiento y/o pavimentación de la vía secundaria desde el
corregimiento de La Mata hasta el Municipio de La Gloria en el Departamento
del Cesar.
TERCERO: Condenar al Departamento del Cesar a pagar al demandante las
siguientes sumas de dinero:
• Por costos de administración derivados de la mayor permanencia en la obra, la
suma de OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS UN
MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS CON OCHENTA Y
NUEVE CENTAVOS ($869’201.254.89).
• Por valor del transporte de material de terraplén se reconocerá la suma de
SEISCIENTOS VEINTIDÓS MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y
CINCO MIL SETECIENTOS VEINTIÚN PESOS CON VEINTISÉIS CENTAVOS
($622’955.721.26).
• Por valor del Acta de ajustes de precios No. 11, se reconocerá la suma de
CUARENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS SETENTA MIL
SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS CON OCHENTA Y DOS
CENTAVOS ($43’770.697,82).
• Por valor del descuento del 50% efectuado a las actas de ajustes de precios
No. 1 a 10, se reconocerá la suma de CIENTO SETENTA Y OCHO MILLONES
CUARENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS CON
TREINTA Y SIETE CENTAVOS ($178’041.257,37).
CUARTO: Negar las demás pretensiones de la demanda.
3
Mediante auto del 12 de julio de 2012, se corrigió la fecha de la sentencia, pues por error se había
puesto como año 2011, siendo el correcto 2012.
6
Radicación número: 200012331000201100046 01 (45762)
Actor: Jose Guillermo Castro Gámez
Demandado: Departamento Del Cesar
Referencia: Apelación Sentencia - Controversias Contractuales
QUINTO: Sin condena en costas en esta instancia.
SEXTO: Si el presente fallo no fuere apelado, envíese el expediente al Consejo
de Estado para que efectúe el grado jurisdiccional de consulta.
En cuanto a las razones de dicha decisión, de un lado, el a-quo consideró que las
excepciones propuestas eran en realidad asuntos de fondo; y en cuanto a las
pretensiones, estimó que era procedente su estudio, toda vez que, si bien el contrato
fue liquidado de común acuerdo, el contratista dejó sentadas las respectivas
salvedades.
Respecto de la nulidad del acto ficto que se pidió, consideró que era irrelevante
generar un pronunciamiento sobre esta petición, ya que posteriormente a la solicitud
de pago presentada por el demandante ante la entidad, se produjo la liquidación
bilateral del contrato, en la que se plasmaron las inconformidades del contratista y
que se subsumen en las demás pretensiones de la demanda.
Sobre tales pretensiones, encontró que de las seis suspensiones del contrato, tres
se habían producido por causas imputables a la entidad por falta de planeación, así:
i) la primera, pues la cantera que había designado para la sustracción de los
materiales requeridos no era apta, ya que tales materiales no cumplían con los
requerimientos del Invías para la construcción de carreteras; y ii) la cuarta y la sexta,
por el vencimiento del contrato de interventoría, sin el cual el contratista no podía
continuar la ejecución de las obras, por lo que los perjuicios derivados de la mayor
permanencia en la obra por estas causas, eran imputables a la conducta de la
entidad contratante; en cuanto a las suspensiones segunda, tercera y quinta,
debidas al intenso invierno en el sitio de las obras que impidió su normal desarrollo,
el Tribunal consideró que se trató de un evento exógeno a las partes e imprevisto,
que rompió el equilibrio económico del contrato, pues implicó, junto con las demás
suspensiones, que el plazo originalmente establecido en 150 días calendario, se
prolongara a 2 años, 4 meses y 10 días.
Sobre la prueba de los perjuicios sufridos, el a-quo, con fundamento en el dictamen
pericial practicado en el proceso, procedió a determinar cuáles aparecían
debidamente probados, y concluyó que era procedente el reconocimiento de los
gastos de administración por mayor permanencia en la obra en virtud de las
suspensiones producidas, calculados por el perito con fundamento en el porcentaje
dispuesto en la propuesta; y el valor del transporte del material para terraplén por el
7
Radicación número: 200012331000201100046 01 (45762)
Actor: Jose Guillermo Castro Gámez
Demandado: Departamento Del Cesar
Referencia: Apelación Sentencia - Controversias Contractuales
cambio de cantera, que implicó un aumento de la distancia a 18 kilómetros, pues
estaba demostrado que el interventor autorizó el cambio al área que la Secretaría
de Planeación y Obras Públicas del municipio de La Gloria estimó apropiada para
la explotación de los materiales requeridos en la obra -hacienda Bellacruz, distante
a 18 km.-, más las planillas de pago y comprobantes de egresos. Todas las sumas
reconocidas fueron indexadas y el Tribunal negó la reclamación por concepto de
stand by de la maquinaria, pues consideró que no estaba debidamente probada,
como no lo estaban los mayores costos por concepto de mano de obra durante los
periodos de suspensión del contrato, que tampoco reconoció.
Recurso de apelación
Inconformes con lo decidido, tanto la parte actora como la demandada interpusieron
recurso de apelación en contra de la sentencia de primera instancia.
De la parte actora
La demandante, en su recurso de apelación, pidió que se condene a la entidad
demandada al pago de los costos de stand by de maquinaria originados por la mayor
permanencia en la obra y que tuvo que asumir el contratista en virtud del
incumplimiento contractual de la entidad demandada. Como fundamento del
recurso, expuso que el Tribunal se equivocó al estudiar y resolver esta pretensión,
por las siguientes razones (f. 950, c. ppl.):
El a-quo, para negar esta pretensión, consideró que i) los comprobantes de egresos
que indican el pago por concepto de alquiler de equipos y maquinaria, que se
encontraba en plena disposición para ejecutar la obra del Contrato 281 de 2006,
reposaban en formatos estándar, sin ningún membrete de la empresa del
demandante; ii) que pudo suceder que algunos de los equipos y/o maquinaria no se
necesitaren en determinados tiempos debido a la reprogramación de obra impuesta
por las distintas suspensiones y adiciones al contrato y iii) que era bastante probable
que los equipos y máquinas que el demandante tenía disponibles en la obra, por no
requerirse en ella, en los tiempos inicialmente previstos, pudieran ser utilizados en
otras obras o simplemente no fueren tomados en alquiler sino hasta el momento en
que en realidad se necesitaran.
8
Radicación número: 200012331000201100046 01 (45762)
Actor: Jose Guillermo Castro Gámez
Demandado: Departamento Del Cesar
Referencia: Apelación Sentencia - Controversias Contractuales
Al respecto, el apelante sostuvo que i) los comprobantes de egreso aportados como
prueba eran originales y perfectamente válidos, pues no existe tarifa probatoria que
exija que debían estar encabezados por algún membrete y esta situación era
insuficiente para desestimar la prueba, máxime cuando la parte contraria no la
objetó ni realizó tacha alguna de falsedad sobre la misma; ii) que el momento en
que se tomaron en alquiler los equipos y maquinarias está debidamente
determinado en las fechas contenidas en los comprobantes de egreso y que el
perjuicio del demandante surgió, precisamente, en razón a que a la maquinaria que
había sido destinada para la ejecución de la obra, así no se necesitara durante las
suspensiones, no podía dársele otro uso, debido a que no se tenía la certeza del
tiempo que duraría la suspensión de la obra, por lo que no podía comprometerse en
ningún otro trabajo, pues si al momento de reiniciar actividades tales equipos y
maquinaria no se encontraban disponibles, el contratista podría incurrir en retrasos
del programa, que en tal evento sí serían atribuibles a él, por no tener la
disponibilidad de la maquinaria requerida para la ejecución del contrato.
De la parte demandada
El Departamento del Cesar interpuso recurso de apelación en el que pidió que se
revocara la sentencia de primera instancia, en los siguientes puntos: i) la decisión
de condenar a la entidad por costos de administración derivados de mayor
permanencia en la obra, por valor de $ 869’201.254,89; y ii) la decisión de condenar
al Departamento por concepto de los gastos en que incurrió el contratista por el
valor de transporte del material de terraplén. Pidió, así mismo, que en caso de que
resultara, luego de una valoración de las pruebas, alguna indemnización a favor del
contratista, se tuviera en cuenta que no son 522 días que duró suspendido el
contrato, sino 481 días; y no aplicarle a tal indemnización una indexación, por cuanto
este concepto no fue objeto de reclamación por parte del contratista en la respectiva
acta de liquidación (f. 934, c. ppl.).
Como soporte de sus peticiones adujo, respecto de la condena referida a los costos
de administración durante las suspensiones del contrato, que para que pueda
aplicarse la teoría de la imprevisión, como lo hizo el a-quo, deben presentarse
factores exógenos a las partes y no pueden imputársele al Estado. En
consecuencia, por las suspensiones de las actas segunda, tercera y quinta -que se
debieron a la imposibilidad de ejecutar las obras por el intenso invierno-, no puede
9
Radicación número: 200012331000201100046 01 (45762)
Actor: Jose Guillermo Castro Gámez
Demandado: Departamento Del Cesar
Referencia: Apelación Sentencia - Controversias Contractuales
atribuírsele responsabilidad a la entidad contratante, pues para la aplicación de la
teoría de la imprevisión, según la jurisprudencia, se requiere que el hecho producido
sea exógeno a las partes, que no haya sido razonablemente previsto ni previsible
por ellas al momento de contratar y que produzca una afectación de la ecuación
económica del contrato extraordinaria y excepcional. Además, de haberse
producido el rompimiento del equilibrio económico del contrato por un hecho
imprevisible, no podía obligarse a la entidad a reparar integralmente al contratista,
pues sólo surge el deber de compensarlo y llevarlo a un punto de no pérdida.
Por las anteriores razones, pidió que se revoque la decisión de condenar al
Departamento del Cesar por los costos de administración derivados de la mayor
permanencia en obra, por valor de $869’201.254,89.
En cuanto a los costos de transporte de material, la entidad recurrente consideró
que la condena por este concepto no era procedente, pues en el pliego de
condiciones de la Licitación Pública SI-011-2006 se estableció expresamente que
el oferente debía inspeccionar y examinar el sitio y los alrededores de la obra e
informarse por su cuenta, entre otras cosas, acerca de la localización y naturaleza
de la obra y de los materiales necesarios para su ejecución, transporte, mano de
obra y la fuente de tales materiales para su explotación, zona de botadero, vías de
acceso al sitio, etc., y en general todas las condiciones que afectaran el cálculo del
valor de la oferta. Además, en los anexos del pliego se anunció el presupuesto oficial
y se incluyó el análisis de precios unitarios del proyecto, que definían una distancia
promedio de acarreo de 15 kilómetros, con un valor unitario del ítem levante y
conformación de terraplén con material transportado de $ 19.000 M 3, lo cual
demostraba que en el pliego de condiciones se contempló, efectivamente, el valor
del transporte del terraplén y el mismo hacía parte del contrato. De otra parte, en su
oferta el contratista sí tuvo en cuenta una distancia superior a 15 km por el transporte
del terraplén y ofreció un valor de $ 13.206 por metro cúbico de terraplén
transportado.
Sostuvo que los reconocimientos efectuados por el Tribunal Administrativo
desconocían el artículo 1602 del Código Civil y el hecho de que las seis
suspensiones fueron suscritas por el contratista sin haber dejado ninguna
manifestación en las mismas sobre el supuesto desequilibrio que se estaba
presentando en la ejecución del contrato. Además, le asignó todos los riesgos al
10
Radicación número: 200012331000201100046 01 (45762)
Actor: Jose Guillermo Castro Gámez
Demandado: Departamento Del Cesar
Referencia: Apelación Sentencia - Controversias Contractuales
Departamento del Cesar, olvidando la distribución de riesgos entre las partes, pues
para la época de suscripción del negocio jurídico ya existía el documento CONPES
3133 del Departamento Nacional de Planeación, en el que se establecían
lineamientos generales en dicha materia.
En cuanto a la corrección monetaria y los intereses moratorios, la apelante
manifestó que el Tribunal le concedió a la parte actora la condena a su
reconocimiento, cuando el contratista no lo había solicitado ni dejó incluida esta
reclamación dentro de las salvedades efectuadas al acta de liquidación bilateral del
contrato. Finalmente, agregó que, contrario a lo sostenido por el a-quo, las
suspensiones del contrato fueron en total por 481 días y no por 522.
Actuación en segunda instancia
Mediante auto del 25 de enero de 2013, esta Corporación admitió el recurso de
apelación y mediante providencia del 22 de marzo siguiente, se corrió traslado a las
partes por el término de 10 días para que presentaran sus alegaciones finales.
Vencido dicho término se debía dar traslado al Ministerio Público para que rindiera
su concepto, en los términos del inciso 5 del artículo 212 CCA (fl. 990 y 996, c. ppl.).
La parte demandante presentó su alegato de conclusión, en el cual, de un lado,
reiteró los argumentos de la apelación sobre la procedencia del reconocimiento de
la pretensión por concepto del stand by de la maquinaria y, de otro, se refirió al
recurso de apelación de la parte demandada, para sostener i) que la corrección
monetaria y los intereses moratorios debían concederse sin importar si fueron o no
objeto de salvedad en el acta de liquidación; ii) que no se está reparando la
integridad de los perjuicios sufridos, pues sólo se reconocieron los mayores gastos
administrativos por mayor permanencia en la obra, es decir se está compensando
al afectado por el desmedro sufrido, llevándolo a un punto de no pérdida; iii) en
cuanto al valor del transporte del material de terraplén, aclaró que sólo se estaba
reclamando el acarreo de 18 km. por el cambio de la cantera, y que no se pueden
hacer presunciones sobre lo que pretendió hacer o no el contratista en su análisis
de precios unitarios ni tampoco asociarlo con el de la entidad contratante, que no
tienen por qué coincidir con la propuesta de aquel, aprobada íntegramente. Y que,
en el análisis de la demandada sobre esta reclamación, olvidó incluir las tres
actividades más importantes y costosas en la ejecución de dichos trabajos, como
11
Radicación número: 200012331000201100046 01 (45762)
Actor: Jose Guillermo Castro Gámez
Demandado: Departamento Del Cesar
Referencia: Apelación Sentencia - Controversias Contractuales
son la extendida del material con buldozer y/o retrocargador, la conformación con
motoniveladora, el riego o humedecimiento con carro tanque y la compactación con
vibrocompactador. Además, de acuerdo con las normas del Invías, el transporte es
un ítem que se paga por aparte, y no puede estar incluido en un ítem diferente, y el
contratista presentó el precio unitario del ítem terraplén, que fue aceptado por la
entidad; y agregó iv) que el contratista no hizo reclamaciones por las adiciones en
tiempo realizadas al contrato, sino que se limitó a reclamar los mayores costos
administrativos por la mayor permanencia en obra por el tiempo que duraron las 6
suspensiones de obra por causas no imputables a él, y que fueron por 522 días,
como lo sostuvo el a-quo (fl. 998, c. ppl.).
El Ministerio Público presentó escrito en el cual solicitó confirmar la sentencia de
primera instancia (fl. 1001, c. ppl.).
III. CONSIDERACIONES
Competencia del Consejo de Estado
Al iniciar el estudio del presente asunto, la Sala advierte que, en el contrato objeto
de la controversia, las partes pactaron la cláusula compromisoria, conforme a la cual
las diferencias que surgieran con ocasión de su celebración, ejecución, desarrollo,
terminación o liquidación que no pudieran resolverse directamente entre las partes,
serían sometidas a decisión arbitral4, lo que, en principio, podría significar que esta
jurisdicción carecería de competencia para conocer del presente asunto, según la
providencia de unificación jurisprudencial de la Sección Tercera proferida el 18 de
abril de 20135.
4
Cláusula décima séptima del Contrato 281 de 2006 (f. 14, c. 1).
5
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Auto del 18 de abril
de 2013, expediente 17859, C.P. Carlos Alberto Zambrano Barrera, en el cual se estableció la
improcedencia de la renuncia tácita al pacto arbitral contenido en la cláusula compromisoria de los
contratos estatales, derivada de la presentación de la demanda ante esta jurisdicción y la no
alegación de la respectiva excepción por la parte demandada, toda vez que la solemnidad del
contrato estatal exige que así como debe constar por escrito la cláusula compromisoria, también
debe hacerlo la renuncia de las partes a someter sus controversias a una decisión arbitral
concluyendo, por lo tanto, que “(…) si una de las partes que concurrió a la celebración de un pacto
arbitral acude al juez de lo contencioso administrativo, en lugar de convocar un tribunal de
arbitramento, dicho acto no desaparece, ni siquiera si el demandado no excepciona falta de
jurisdicción, y ello supone, necesaria e indefectiblemente, que el juez contencioso al que se asigne
el caso le dé aplicación rechazando la demanda o declarando la nulidad de lo actuado, esto último
con apoyo en las causales 1 y 2 del artículo 140 del C. de P.C.”.
12
Radicación número: 200012331000201100046 01 (45762)
Actor: Jose Guillermo Castro Gámez
Demandado: Departamento Del Cesar
Referencia: Apelación Sentencia - Controversias Contractuales
No obstante, tal y como lo ha reconocido con posterioridad la jurisprudencia, no
resulta procedente la aplicación del criterio expuesto en dicha providencia de
unificación a procesos que ya estaban en curso en esta jurisdicción, así versen
sobre contratos contentivos de cláusula compromisoria, toda vez que, para cuando
fueron iniciados, la jurisprudencia admitía la renuncia tácita al pacto arbitral
derivada, precisamente, del silencio de las partes acerca de su existencia,
manifestado en la presentación, por una de ellas, de la demanda ante el juez
contencioso administrativo, y la contestación de la demanda por la otra parte, sin
proponer la respectiva excepción, toda vez que ello conllevaría una vulneración del
derecho fundamental de acceso a la administración de justicia y un desconocimiento
del principio de confianza legítima de las partes en el caso concreto 6.
Teniendo en cuenta lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 82
del Código Contencioso Administrativo -modificado por el artículo 1º de la Ley 1107
de 2006-, le corresponde a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo juzgar
las controversias y litigios originados en la actividad de las entidades públicas,
naturaleza que ostenta el demandado Departamento del Cesar, entidad territorial
que obró como contratante en el negocio jurídico objeto de la controversia.
Por otra parte, la Sala es competente para conocer del recurso de apelación
interpuesto por las partes en contra de la sentencia de primera instancia, de acuerdo
con lo dispuesto en el artículo 129 del CCA y el artículo 75 de la Ley 80 de 1993. Lo
es así mismo en razón de la cuantía, considerando que la suma de las pretensiones
6
(…) en criterio de esta judicatura, el Tribunal debió considerar con rigor que la controversia
contractual se introdujo por el Consorcio el 2 de marzo de 2010, esto es, en época anterior al
pronunciamiento de 18 de abril de 2013 de la Sala Plena de la Sección Tercera que modificó la tesis
jurisprudencial sobre la materia; pues a partir de tal averiguación se advierte la inaplicabilidad
temporal de ese precedente a la controversia sub judice, en razón a que el mismo era inexistente
para entonces y no puede ser invocado de manera retroactiva, toda vez que desconocería los
fundamentos de derecho –legales y jurisprudenciales– preexistentes con arreglo a los cuales se
determinó favorablemente la jurisdicción de lo contencioso administrativo como competente para
conocer y tramitar un litigio contractual en el que las partes habían pactado una cláusula
compromisoria, aspecto éste definitorio de la garantía constitucional y convencional de acceso a la
justicia. (…) En ese orden de ideas, en el sub judice se advierte la transición de una regla
jurisprudencial relativa a la determinación de la jurisdicción competente para conocer de una
controversia contractual en la que las partes pactaron una cláusula compromisoria y una de ellas
acudió ante el contencioso administrativo, razón por la cual cobra plena vigencia la ratio decidendi
de la sentencia de 4 de septiembre de 2017, para señalar que como este litigio se introdujo antes
del cambio jurisprudencial anotado el criterio aplicable es aquél anterior, vigente para entonces, que
informaba sobre la derogatoria táctica (sic) de la cláusula compromisoria y, en consecuencia, la
determinación de esta Jurisdicción como autoridad judicial habilitada para dirimir la controversia de
marras”. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección
C, sentencia del 25 de abril de 2018, expediente 58890, C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa;
reiterada en sentencia de la Subsección A, del 11 de abril de 2019, expediente 39229, C.P. Carlos
Alberto Zambrano Barrera.
13
Radicación número: 200012331000201100046 01 (45762)
Actor: Jose Guillermo Castro Gámez
Demandado: Departamento Del Cesar
Referencia: Apelación Sentencia - Controversias Contractuales
asciende a $ 1.885’478.831,947, y que para la época de presentación de la demanda
-1º de febrero de 2011-, eran susceptibles de acceder a la segunda instancia ante
esta Corporación, según lo previsto en el numeral 3 del artículo 132 del C.C.A. -
modificado por el artículo 40 de la Ley 446 de 1998-, los procesos promovidos en
ejercicio de la acción de controversias contractuales cuya cuantía excediera de 500
salarios mínimos legales8.
La acción ejercida y oportunidad de la misma
Las pretensiones de la demanda estuvieron orientadas a obtener la declaratoria de
incumplimiento contractual del Departamento del Cesar y, como consecuencia de
tal declaración, se solicitó la indemnización de perjuicios a favor del demandante9,
por lo que resulta evidente la procedencia de la acción de controversias
contractuales ejercida -artículo 87 del C.C.A.-. En cuanto a la oportunidad de su
ejercicio, se observa que la misma tiene un término de caducidad de dos años,
contados a partir de la liquidación bilateral del contrato cuando esta se haya
producido, de acuerdo con lo establecido por el artículo 136, numeral 10, literal c).
En el presente caso, el contrato de obra No. 281 de 2006 objeto de la controversia
fue liquidado de común acuerdo por las partes el 13 de octubre de 2009 (f. 62, c. 1),
por lo que el término de caducidad de la acción empezó a correr a partir del día
siguiente y, en consecuencia, vencía el 14 de octubre de 2011. Como la demanda
fue presentada el 1º de febrero de 2011, resulta evidente que lo fue en tiempo.
Legitimación en la causa
Tanto el demandante, señor José Guillermo Castro Gámez, como la entidad
demandada, Departamento del Cesar, están materialmente legitimados en la causa
por activa y por pasiva, respectivamente, toda vez que actuaron como parte
7
Artículo 3º de la Ley 1395 de 2010, que modificó el numeral 2º del artículo 20 del C.P.C.:
“Modifíquese el numeral 2 del artículo 20 del Código de Procedimiento Civil, el cual quedará así: //
1. <sic, 2> Por el valor de la suma de todas las pretensiones acumuladas al momento de la
presentación de la demanda”, norma que rigió hasta la expedición de la Ley 1450 del 16 de junio de
2011, artículo 198.
8
En 2011, el salario mínimo era de $535.600 (Decreto 033 del 11 de enero de 2011), por lo que 500
salarios mínimos equivalían a $267’800.000.
9
Aunque la parte actora también pidió en la demanda la nulidad de un acto administrativo ficto fruto
del silencio administrativo negativo, lo cierto es que en el recurso de apelación no insistió en la
misma, a pesar de que el tribunal a-quo denegó tal pretensión, razón por la cual la Sala se abstendrá
de analizar este aspecto en la presente providencia.
14
Radicación número: 200012331000201100046 01 (45762)
Actor: Jose Guillermo Castro Gámez
Demandado: Departamento Del Cesar
Referencia: Apelación Sentencia - Controversias Contractuales
contratista y parte contratante en el Contrato de Obra No. 281 de 2006, objeto de la
presente controversia.
El problema jurídico
Con fundamento en los hechos probados y los recursos de apelación interpuestos
por las partes, deberá establecer la Sala i) si resultaban procedentes las
pretensiones del demandante fundadas en las seis suspensiones del contrato,
teniendo en cuenta que las mismas fueron suscritas por el contratista sin dejar
salvedad alguna en ellas. Superado este análisis, deberá definirse si procedían ii)
las condenas por concepto de los costos de administración durante las
suspensiones segunda, tercera y quinta del contrato, por cuanto no obedecieron a
hechos razonablemente imprevistos e imprevisibles que hubieran afectado la
ecuación contractual, según la entidad apelante; iii) el pago de los costos del
transporte de material en virtud del cambio de la fuente, por cuanto según la entidad,
estaban incluidos dentro de las obligaciones del contratista; iv) si resulta procedente
el reconocimiento de los costos del stand by de los equipos y maquinaria del
contratista, que no fueron reconocidos en la sentencia de primera instancia, a pesar
de estar probados en el plenario, según el recurso de apelación de la parte actora
y, de concluir que eran procedentes tales condenas, deberá establecer la Sala v) si
había lugar a su indexación y el pago de intereses moratorios, por cuanto según la
demandada, estos rubros no fueron objeto de reclamación por el contratista ni de
salvedad en el acta de liquidación bilateral.
Análisis de la Sala
Al emprender el estudio de los recursos de apelación interpuestos por las partes en
contra de la sentencia de primera instancia, lo primero que advierte la Sala es que,
si bien en las pretensiones de la demanda se pidió que se declarara el
incumplimiento del contrato por la entidad contratante, en los hechos se refirió,
específicamente, al rompimiento de equilibrio económico del contrato y a la
procedencia de su restablecimiento.
15
Radicación número: 200012331000201100046 01 (45762)
Actor: Jose Guillermo Castro Gámez
Demandado: Departamento Del Cesar
Referencia: Apelación Sentencia - Controversias Contractuales
Al respecto, resulta necesario recordar que, como lo ha dicho la Sala 10, si bien la
forma más común de afectación de los derechos de las partes en un contrato, está
dada por el incumplimiento de las obligaciones de uno de los contratantes, por lo
que podría pensarse que el incumplimiento contractual da lugar al rompimiento del
equilibrio económico del contrato -tal y como lo contempla el numeral 1º del artículo
5º de la Ley 80 de 1993, al consagrarlo como una de las causas de dicho
rompimiento-, lo cierto es que el incumplimiento contractual debe manejarse con
mayor propiedad bajo la óptica de la responsabilidad contractual, por cuanto, como
es bien sabido, se trata de dos instituciones distintas en su configuración y en sus
efectos11.
Así, la responsabilidad contractual se origina en el daño antijurídico que es
ocasionado por la parte incumplida del contrato, que se configura por razón de la
inobservancia o del cumplimiento tardío o defectuoso del contenido obligacional de
aquellas estipulaciones que de manera libre y voluntaria acordaron las partes al
tiempo de su celebración, y su consecuencia es el derecho que adquiere la parte
cumplida o que se allanó a cumplir en la forma y tiempo debidos, a que le sean
indemnizados en forma integral los perjuicios sufridos12; mientras que el instituto del
equilibrio económico en materia de contratación estatal, tiene como propósito
fundamental la conservación, durante la vida del contrato, de las condiciones
técnicas, económicas y financieras existentes al momento de su celebración, por lo
que, de comprobarse la alteración de la ecuación contractual, lo que procede es su
restablecimiento, que, dependiendo de la causa de la ruptura del equilibrio
económico del contrato, se logrará llevando al contratista a un punto de no pérdida.
En virtud de lo anterior, en la resolución de los problemas jurídicos planteados, la
Sala tendrá en cuenta la referida distinción.
10
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A,
sentencia del 31 de enero de 2019, expediente 37910, reiterada en sentencia del 20 de noviembre
de 2019, expediente 41934.
11
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 14 de
abril de 2005, expediente 28.616, C.P.: Germán Rodríguez Villamizar.
12
“El incumplimiento contractual, en cambio, tiene origen en el comportamiento antijurídico de uno
de los contratantes, esto es, que asume un proceder contrario a las obligaciones que contrajo al
celebrar el contrato y, como efecto principal, causa un daño antijurídico a la parte contraria que,
desde luego, no está en la obligación de soportar; además, el incumplimiento genera la obligación
de indemnizar integralmente los perjuicios causados a la parte cumplida”. Consejo de Estado, Sala
de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 14 de marzo de
2013, expediente 20.524, C.P. Carlos Alberto Zambrano Barrera. Sobre las diferencias entre el
incumplimiento contractual y el equilibrio económico del contrato, también se puede consultar
sentencia del 27 de enero de 2016, expediente 38449, C.P. Marta Nubia Velásquez Rico.
16
Radicación número: 200012331000201100046 01 (45762)
Actor: Jose Guillermo Castro Gámez
Demandado: Departamento Del Cesar
Referencia: Apelación Sentencia - Controversias Contractuales
I- Ausencia de salvedades en las actas de suspensión del contrato
Como ya se dijo, el demandante en las pretensiones del libelo introductorio pidió
que se declarara el incumplimiento del contrato por parte del Departamento del
Cesar, pero en los hechos de la demanda, sostuvo que se rompió el equilibrio
económico del contrato en virtud de las seis suspensiones de que fue objeto y que
se debieron a causas ajenas al contratista, que constituyeron áleas anormales y
extraordinarias que alteraron en gran magnitud la economía del contrato, debido a
las alzas de los insumos y los mayores gastos administrativos por la mayor
permanencia en la obra; a su turno, el Tribunal accedió a esta pretensión declarando
el incumplimiento de la entidad demandada y la condenó a pagar $ 869’201.254,89,
por concepto de los costos de administración derivados de la mayor permanencia
en la obra, pues consideró que tres de las suspensiones -una por la ineptitud de la
cantera designada inicialmente y dos por el vencimiento del contrato de interventoría
y la necesidad de prorrogarlo- se debieron a causas imputables a la entidad por falta
de planeación, y las otras tres -por causa del fuerte invierno-, obedecieron a un
hecho exógeno a las partes e imprevisto, que rompió el equilibrio económico del
contrato.
Ahora bien, la parte demandada, en su recurso de apelación, sostuvo que no era
procedente el reconocimiento efectuado por el Tribunal, pues con ello estaba
desconociendo el hecho de que el contratista no dejó salvedad alguna a la hora de
suscribir las actas de suspensión en relación con el alegado desequilibrio
contractual.
Al respecto, observa la Sala que, efectivamente, a la hora de suscribir las seis actas
de suspensión del contrato y las respectivas actas de reinicio de las obras, el
contratista no hizo manifestación alguna relacionada con los efectos económicos
adversos que le acarreaban dichas suspensiones (f. 31 a 53, c. 1).
En relación con esta circunstancia, resulta necesario reiterar lo ya dicho por la Sala,
en el sentido de que, si bien es cierto, como lo ha sostenido la jurisprudencia 13, las
partes de un contrato están obligadas a respetar el principio de la buena fe en sus
actuaciones, lo que implica observar una conducta acorde con las manifestaciones
13
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C,
sentencia del 8 de febrero de 2017, expediente 54614, C.P. Jaime Orlando Santofimio.
17
Radicación número: 200012331000201100046 01 (45762)
Actor: Jose Guillermo Castro Gámez
Demandado: Departamento Del Cesar
Referencia: Apelación Sentencia - Controversias Contractuales
y acuerdos previamente efectuados entre ellas, y se reconoce la fuerza vinculante
de tales acuerdos contractuales establecida inicialmente para las actas de
liquidación bilateral, pero que bien puede extenderse a todos los otrosíes que se
realizan en ejecución del contrato -adiciones, suspensiones, prórrogas, etc.-, con
fundamento en el artículo 1602 del Código Civil y en el principio de la buena fe y la
imposibilidad de obrar contra los actos propios, lo cierto es que (…) en la
jurisprudencia de esta Sala no se acepta incorporar una tarifa interpretativa acerca
del requisito formal de la salvedad, sino que en cada caso se parte del análisis del
contenido del respectivo acuerdo y de sus antecedentes14, para determinar el
alcance de los otrosíes correspondientes”15.
Quiere decir lo anterior que, en cada caso concreto, deben estudiarse de fondo las
reclamaciones de la demanda, para analizar su relación con los acuerdos
modificatorios suscritos por las partes en los cuales no se dejaron salvedades, y
14
[90] “Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera – Subsección A,
sentencia de 8 de noviembre de 2016, radicación: 17001233100020080013801 (47336), Actor:
Constructora Castilla y otros, Demandado: Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de
Manizales – INFI-MANIZALES, acción: contractual temas: equilibrio contractual – Requisitos - Fuerza
vinculante de las prórrogas del contrato.”viii) Así las cosas, la Sala encuentra que no proceden los
argumentos que expuso el consorcio demandante en la apelación, toda vez que si bien se alegaron
las causas de la mayor permanencia en obra en su oportunidad, a la hora de firmar las prórrogas, el
contratista aceptó, en conocimiento de la existencia de tales circunstancias, que se ampliara el plazo
sin adición de valor. En similar forma, en la prórroga 2, se acordó una adición que fue delimitada en
su valor. La Sala advierte que las prórrogas se constituyeron en una ley para las partes, de acuerdo
con la fuerza legal del contrato, que aplica también a sus modificaciones. // 8.3.1. Como
consecuencia del análisis de las pruebas, se afirma la fuerza vinculante de las prórrogas del contrato,
con fundamento en el artículo 1602 del Código Civil, la cual lleva a establecer que el contratista no
podía alegar hechos imprevisibles en relación con aquellos eventos que conoció y pudo valorar antes
de firmar las prórrogas del contrato.// 8.3.2. Se puntualiza, además, que dentro del contrato sub lite,
las adiciones de obra extra y los nuevos precios que se negociaron durante 2006, se debían entender
como fundados en las condiciones del mercado a la fecha en que se propuso la respectiva adición,
teniendo en cuenta que no hubo reserva o pacto expreso en contrario, de manera que se tornó
improcedente y por fuera de la ecuación económica del contrato, la solicitud posterior que se planteó
en la etapa de liquidación del contrato, consistente en solicitar ajustes o actualizaciones sobre los
mismos valores”.. Esa jurisprudencia ha sido reiterada en varias oportunidades recientes: véase:
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera, Subsección A.
sentencia de 6 de febrero de 2020, radicación número: 25000-23-26-000-2012-00225-01(63123),
actor: Constructora Douquem Ltda, demandado: Distrito Capital – Secretaría De Educación Distrital,
referencia: acción contractual; 2 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección
Tercera, Subsección A, Consejera ponente: Maria Adriana Marín: sentencia de 6 de febrero de 2020;
radicación 25000-23-26-000-2002-01599-01 (38603), actor: Consorcio Proyectar, Instituto Distrital
para la Recreación y el Deporte IDRD”. En el mismo sentido: Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 23 de octubre de 2020,
expediente 45190, C.P. José Roberto Sáchica Méndez; sentencia del 7 de mayo de 2021, expediente
250002326000200900498 01 (43055) y sentencia del 24 de septiembre de 2021, expediente
190012331000200800171 01 (52577).
15
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A,
sentencia del 8 de mayo de 2020, expediente 64701, C.P. Marta Nubia Velásquez Rico.
18
Radicación número: 200012331000201100046 01 (45762)
Actor: Jose Guillermo Castro Gámez
Demandado: Departamento Del Cesar
Referencia: Apelación Sentencia - Controversias Contractuales
establecer cuáles fueron los motivos para su suscripción, “(…) –como, por ejemplo,
el incumplimiento de las obligaciones, la materialización de riesgos asumidos por
una parte o la ocurrencia circunstancias imprevisibles– y el contenido de los arreglos
que las partes alcanzaron, contrastándolo con los hechos que sirven de causa a las
pretensiones y con el objeto de estas. Con base en estos elementos y de cara a las
estipulaciones de los contratantes, habrá de definirse si las pretensiones resultan
improcedentes, ya porque desconocen el contenido de un negocio jurídico
obligatorio en el que se regularon los asuntos objeto de la reclamación, ya porque
la parte que formula la reclamación tenía el deber de hablar –expresar reservas o
salvedades– pues la ley, el contrato o el principio de buena fe se lo imponían, o ya
porque debe soportar los efectos de la ocurrencia de los hechos que motivaron la
suscripción de las prórrogas y suspensiones –por tratarse, por ejemplo, de un riesgo
asumido por ella–”16.
En las condiciones expuestas, considera la Sala que el argumento de la parte
demandada en su recurso de apelación, por sí solo, resulta insuficiente para
controvertir la decisión del a-quo, puesto que no basta con advertir y evidenciar que
el contratista no dejó salvedad alguna a la hora de suscribir las actas de suspensión
del contrato, sino que se requiere establecer, así mismo, las circunstancias que
rodearon tales acuerdos y demás actuaciones de las partes, y la incidencia de las
mismas frente a sus reclamaciones posteriores.
II- La procedencia de las condenas en virtud de las suspensiones segunda,
tercera y quinta
Recuerda la Sala que la entidad demandada, en su recurso de apelación, sólo refutó
y controvirtió la condena del a-quo relacionada con las mencionadas suspensiones,
al sostener que “Al respecto no le asiste razón al Honorable Tribunal
Administrativo17, por cuanto para que pueda darse aplicación a la denominada
teoría de la imprevisión o sujeciones materiales imprevistas, deben obedecer a
16
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A,
sentencia del 24 de septiembre de 2021, expediente 76001233100020110171101 (54.004), C.P.
José Roberto Sáchica Méndez.
17
Se refiere a la afirmación efectuada en la sentencia de primera instancia y transcrita en el recurso,
según la cual “(…) resulta evidente que los perjuicios que sufrió el contratista, derivados de mayor
tiempo que debió permanecer en la obra, son imputables en su mayoría a la conducta de la entidad
pública contratante, y los que se generaron por causas impredecibles (invierno) como ya se anotó
dan lugar a restablecimiento económico del contrato, en virtud de la teoría de la imprevisión” (f. 938,
c. ppl.).
19
Radicación número: 200012331000201100046 01 (45762)
Actor: Jose Guillermo Castro Gámez
Demandado: Departamento Del Cesar
Referencia: Apelación Sentencia - Controversias Contractuales
factores exógenos a las partes del negocio, las cuales no pueden imputársele al
estado por cuanto son externas, independientemente de que tengan incidencia en
la ejecución del contrato. es claro, entonces, que las suspensiones consignadas
dentro del acta segunda, tercera y quinta, no pueden atribuírsele responsabilidad al
departamento del Cesar”.
Al respecto, está probado en el plenario que el Contrato de Obra No. 281 de 2006,
cuyo objeto fue el mejoramiento y/o pavimentación de la vía secundaria desde el
corregimiento de La Mata hasta el municipio de La Gloria en el Departamento del
Cesar, fue celebrado el 4 de septiembre de 2006 por un valor, para efectos fiscales,
de $1.788’063.583 y el valor definitivo sería el resultado de multiplicar las cantidades
de obra efectivamente ejecutadas por los precios unitarios estipulados en la
propuesta del contratista18 -cláusula tercera-. En cuanto a la forma de pago, se
acordó la entrega de un anticipo de hasta el 50% del valor del contrato una vez
perfeccionado y cumplidos los requisitos de legalización del contrato y para su giro,
el contratista debía presentar un programa de desarrollo de las actividades de obra
e inversión del anticipo en que se mostraran claramente las actividades y su
duración; el saldo del 50%, sería pagado mediante actas parciales suscritas por el
contratista, el interventor y el secretario de infraestructura, en las que constara la
elaboración a satisfacción de los trabajos, actas a las cuales se les amortizaría el
anticipo -cláusula quinta-; el contrato tenía un plazo de ejecución de 150 días
calendario, contados a partir de la firma del acta de iniciación de la obra -cláusula
cuarta-, que se produjo el 22 de septiembre de 2006, mediante acta en la que se
consignó como fecha de terminación el 19 de febrero de 2007 (f. 8 y 27, c. 1).
El contrato fue objeto de seis suspensiones, en los siguientes términos:
1) Acta de Suspensión No. 1 del 27 de noviembre de 2006, “para efectos de Revisión
de Estudios y Diseños por la alternativa en Concreto rígido” (f. 29, c. 1), la cual tuvo
una duración de 63 días, ya que el 29 de enero de 2007, se suscribió el Acta de
Reiniciación No. 1 (f. 31, c. 1).
2) El 16 de abril de 2007 las partes suscribieron el Acta de Suspensión No. 2, la cual
se motivó “por causa del intenso invierno en el sitio de la obra, que impide el normal
18
Este valor incluye el AIU del 30% propuesto por el contratista en su oferta, en la que además lo
discriminó en un 16,55% por Administración, 8% por Utilidad y 5,34% por Imprevistos (f. 206 a 208,
Anexo 2).
20
Radicación número: 200012331000201100046 01 (45762)
Actor: Jose Guillermo Castro Gámez
Demandado: Departamento Del Cesar
Referencia: Apelación Sentencia - Controversias Contractuales
desarrollo de las actividades en cumplimiento de la ejecución del contrato (…)” (f.
33, c. 1), la cual tuvo una duración de 153 días, ya que el reinicio se produjo a partir
del 17 de septiembre de 2007 (f. 36, c. 1).
3) El Acta de Suspensión No. 3 se produjo el 24 de octubre de 2007 y se justificó
por el “(…) incremento del invierno en el Municipio de La Gloria, que impide la
extracción de materiales pétreos y granulares requeridos para la construcción de
subbase granular y pavimento en concreto rígido del lecho del río Simaña (…)” (f.
39, c. 1), suspensión que duró 80 días, ya que el 18 de enero de 2008 se suscribió
el acta de reiniciación de obras (f. 40, c. 1).
4) Acta de Suspensión No. 4 del 22 de febrero de 2008, la cual se produjo “(…) en
consideración a que en próxima fecha se vence el contrato de interventoría, sin
presencia de la cual el Contratista no puede continuar la ejecución de las obras del
contrato No. 281 de 2006, motivo suficiente para efectuar la presente suspensión
hasta tanto se realicen los trámites de legalización de un contrato adicional suscrito
entre la firma interventora Consorcio CAR 2006 y el Departamento del Cesar” (f. 42,
c. 1). La suspensión duró 129 días, ya que el acta de reiniciación se suscribió el 1º
de julio de 2008 (f. 45, c. 1)
5) El 25 de julio de 2008 -Acta de suspensión No. 5- se suspendió nuevamente el
contrato, lo que se justificó “por causa del intenso invierno en el sitio de la obra, que
impide el normal desarrollo de las actividades en cumplimiento de la ejecución del
contrato …” (f. 47, c. 1), la cual duró 25 días, puesto que el acta de reiniciación fue
suscrita el 19 de agosto de 2008 (f. 49, c. 1).
6) Acta de suspensión No. 6 del 30 de septiembre de 2008, “debido al próximo
vencimiento del contrato de interventoría de la obra (…) lo que impide el normal
desarrollo de las actividades (…)” (f. 51, c. 1), suspensión que duró 31 días, pues el
reinicio se produjo el 31 de octubre de 2008 (f. 53, c. 1).
El valor del contrato de obra fue adicionado una sola vez, por $ 893’688.511,oo,
mediante contrato adicional suscrito el 25 de julio de 2007, en el cual se consignó
como justificación del aumento del valor la existencia de mayores cantidades y
nuevas actividades de obra (f. 24, c. 1 y f. 828, c. 4).
21
Radicación número: 200012331000201100046 01 (45762)
Actor: Jose Guillermo Castro Gámez
Demandado: Departamento Del Cesar
Referencia: Apelación Sentencia - Controversias Contractuales
Las partes suscribieron, así mismo, tres prórrogas al plazo del contrato, así:
• La primera prórroga se produjo en el mismo acto de adición del valor del 25 de
julio de 2007 -es decir poco después de la Suspensión No. 2- y fue por 90 días,
contados a partir del vencimiento del plazo inicial. Entre las consideraciones de esta
adición y prórroga, se consignó: “7) Que de acuerdo con la Cláusula Cuarta del
referido contrato, este tiene un plazo de duración de CIENTO CINCUENTA (150)
DÍAS, contados a partir de la firma del Acta de Iniciación de la obra contratada lo
cual ocurrió el día 22 de Septiembre de 2006 y suspendido (sic) mediante Acta No.
01 de fecha 27 de noviembre de 2007, reiniciado mediante Acta No. 01 de fecha 29
de Enero de 2007 y suspendido mediante Acta No. 2 de fecha 16 de Abril de 2007;
por lo tanto se determina que se encuentra vigente. 8) Que existe presupuesto de
mayores cantidades y nuevas actividades de obra. Por consiguiente se ha logrado
determinar la viabilidad y conveniencia de la complementación de las obras (…)”.
En la cláusula sexta, se estipuló que “Todas las cláusulas y estipulaciones
contractuales del contrato principal, no modificadas por el presente acuerdo,
permanecen vigentes y su exigibilidad permanece” (f. 24, c. 1 y f. 828, c. 4).
• La segunda prórroga fue por 40 días calendario y se pactó por solicitud del
contratista, según consta en ella. Aunque no aparece la fecha de su celebración, la
misma se produjo con posterioridad al 25 de julio de 2008, ya que entre las
consideraciones que se tuvieron en cuenta para su suscripción, se registró que “(…)
a la fecha el plazo de ejecución se encuentra vigente, si se tiene que a la fecha el
contrato se encuentra suspendido desde 25 de julio de 2008”. Entre las razones
aducidas por el contratista para la solicitud de prórroga y que se consignaron en el
acuerdo, se adujo “1) que algunas de las actividades ya ejecutadas presentan
deterioros, además los materiales acopiados en las riveras del Río Simaña fueron
arrastrados, todo esto producto de los efectos de la ola invernal, 2) Que el cambio
en las especificaciones técnicas del pavimento a construir demanda un mayor
término para su ejecución, 3) Se presentaron demoras en la reubicación de las
viviendas que interferían en la ejecución de la obra, 4) que surgió la necesidad de
realizar unos pedraplenes para poder estabilizar algunos sectores donde se ejecuta
la obra”. En la cláusula tercera del contrato adicional, se pactó que “(…) no obstante
la adición en tiempo que se materializa en el presente contrato, el contratista
manifiesta expresamente que no presentará reclamación alguna por mayor
permanencia en la obra ni costos adicionales que tengan como causa la adición del
22
Radicación número: 200012331000201100046 01 (45762)
Actor: Jose Guillermo Castro Gámez
Demandado: Departamento Del Cesar
Referencia: Apelación Sentencia - Controversias Contractuales
plazo acordado en el presente documento”; y en la cláusula cuarta, se acordó que
“Todas las cláusulas y estipulaciones contractuales del contrato principal, no
modificadas por el presente acuerdo, permanecen vigentes y su exigibilidad
permanece” (f. 805, c. 4).
• La tercera prórroga se produjo el 4 de diciembre de 2008, por 60 días calendario,
y también fue consecuencia de la solicitud del contratista, quien manifestó “1) Que
la hacienda Bella Cruz donde está ubicada la fuente de materiales para la sub-base
y pavimento cambió de propietario, lo que le ha ocasionado un trauma por la
renuencia a negociar la extracción del material. 2) Que esa situación ha llevado al
contratista a recurrir a otras fuentes de materiales más distantes que incrementan
el tiempo de ejecución de esa actividad. 3) Que el invierno ha arreciado
considerablemente, lo que ha ocasionado escasez de material de río debido a las
fuertes crecidas, especialmente de arena y gravilla para la construcción del
pavimento en concreto rígido”. Igualmente, en esta prórroga se estipuló -cláusula
tercera- que, no obstante la adición en tiempo que se materializaba a través de dicho
documento, “el contratista manifiesta expresamente que no presentará reclamación
alguna por mayor permanencia en la obra ni costos adicionales que tengan como
causa la adición del plazo acordado en el presente documento” y así mismo, en la
cláusula cuarta, se pactó que “Todas las cláusulas y estipulaciones contractuales
del contrato principal, no modificadas por el presente acuerdo, permanecen vigentes
y su exigibilidad permanece” (f. 803, c. 4).
A lo largo de la ejecución del contrato las partes suscribieron 10 actas de obra, así:
01 del 4 de abril de 2007, 02 del 2 de octubre de 2007, 03 del 22 de febrero de 2008,
04 del 25 de julio de 2008, 05 del 1º de septiembre de 2008, 06 del 30 de septiembre
de 2008, 07 del 9 de diciembre de 2008, 08 del 30 de diciembre de 2008, 09 del 2
de febrero de 2009 y Acta de obra 10 y final del 2 de febrero de 2009. Se observa
que el contratista suscribió todas estas actas sin consignar en ellas alguna
inconformidad o reclamación sobre los valores allí consignados (f. 1003, 1007, 1112,
1116, 1120, 1124, 1129, 1134, 1139 y 1144, Anexo 4).
El 13 de octubre de 2009 las partes suscribieron el acta de liquidación bilateral del
contrato de obra No. 281-2006 que arrojó un saldo a favor del contratista por valor
de $ 273’929.670,72, en la cual consta que el acta final de obra se suscribió el 2 de
23
Radicación número: 200012331000201100046 01 (45762)
Actor: Jose Guillermo Castro Gámez
Demandado: Departamento Del Cesar
Referencia: Apelación Sentencia - Controversias Contractuales
febrero de 2009 y que la misma se recibió a satisfacción. En dicha acta, el contratista
consignó varias salvedades (f. 62, c. 1 y f. 935, Anexo 4):
JOSÉ GUILLERMO CASTRO GÁMEZ, hace constar a continuación las
siguientes inconformidades con respecto a la presente Acta de Liquidación, las
cuales constituyen salvedades a la misma y que consisten en los siguientes
aspectos:
1.- Los valores por sobrecosto de Administración correspondientes a la mayor
permanencia en obra, originada en las suspensiones del contrato. Lo anterior,
dado que dicha mayor permanencia dio lugar a unos mayores costos de
Administración que a su turno incidieron directamente en la ecuación y balance
económico del contrato (…). La mayor permanencia en obra (…) asciende a
una cifra no inferior de (…) ($943.626.417,31) MCTE.
2.- El valor del transporte de material para Terraplén no está incluido en el precio
unitario del ítem Terraplén, de manera tal que dicho valor debió ser pagado en
ítem separado. La sustentación por este concepto, junto con su liquidación y
todos sus soportes fue aportada en el derecho de petición No. 2 del 1º de julio
de 2009. El monto de esta reclamación asciende a la suma (sic) QUINIENTOS
CUARENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y UN MIL
SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS ($545.581.665) MCTE.
3.- Los costos por stand by de maquinaria producidos por la mayor permanencia
en obra por causas ajenas y no imputables a la voluntad del contratista. El stand
by de maquinarias tiene un valor no inferior a CIENTO NOVENTA Y SIETE
MILLONES TRESCIENTOS SETENTA MIL PESOS ($197.370.000) MCTE.
(…)19.
En escritos del 11 de enero, el 1º de julio y el 22 de septiembre de 2009, el
contratista presentó ante la entidad derechos de petición de reconocimiento del
desequilibrio económico producido en la ejecución del contrato de obra No. 281-
2006, en razón de las seis suspensiones que se produjeron por causas ajenas al
contratista y que ocasionaron incrementos significativos en el precio del transporte
y de los insumos utilizados en la ejecución de la obra y por los gastos administrativos
adicionales que se generaron, en desmedro del contratista, que tuvo que asumir
unas cargas superiores a las proyectadas.
En tales peticiones, incluyó la especificación y valoración de los daños sufridos por
el contratista en virtud del rompimiento del equilibrio económico del contrato, por la
ocurrencia de áleas anormales y extraordinarias, que condujeron a que una obra
planeada para ejecutarse en 11.5 meses, durara más de 28, producto de seis
19
Las otras dos salvedades que dejó consignadas el contratista en el acta de liquidación bilateral
están relacionadas con el pago del Acta de Ajuste de precios No. 11 por mayores cantidades de obra
y con la liquidación de las Actas de Ajuste de Precios 1 a 10, asuntos que, como ya se manifestó,
fueron objeto de conciliación por las partes, por lo que no resulta necesario relacionarlas.
24
Radicación número: 200012331000201100046 01 (45762)
Actor: Jose Guillermo Castro Gámez
Demandado: Departamento Del Cesar
Referencia: Apelación Sentencia - Controversias Contractuales
suspensiones por causas ajenas a la voluntad del contratista -las cuales relacionó
y describió-, y que le ocasionaron una lesión patrimonial por la variación de los
precios de los bienes y servicios que debió utilizar para la ejecución de la obra, por
haber mantenido durante el término de suspensión sus maquinarias, equipos,
vehículos, comisión de topografía y personal técnico y administrativo en permanente
disponibilidad y por no haber percibido en el tiempo estipulado la utilidad prevista.
Los gastos adicionales de administración por mayor permanencia en la obra, los
calculó en su comunicación del 1º de julio en $484’583.441,40, pero en la de
septiembre, hizo el cálculo sobre la base del AIU de su propuesta y el número de
días de suspensión -522-, lo que arrojaba un valor por Administración de
$943’626.417,31 (f. 170 y 174, c. 1; f. 194, c. 2).
Se observa, en relación con las anteriores peticiones, que las dos últimas fueron
presentadas por el contratista cuando ya se habían entregado y recibido las obras
a satisfacción y se había terminado el contrato, lo cual se produjo el 2 de febrero de
2009, según acta final de obra de esa fecha20 y el acta de liquidación bilateral del
contrato (f. 936, Anexo 4).
De acuerdo con el recuento efectuado, advierte la Sala cómo, durante la ejecución
del contrato, además de las suspensiones que se produjeron por las causas ya
relacionadas, se suscribieron, a solicitud del contratista, prórrogas al plazo del
contrato, que tuvieron como justificación algunas de las circunstancias que dieron
lugar a las referidas suspensiones, como lo fue el intenso invierno y las fuertes
lluvias, no obstante lo cual aceptó que esas extensiones del plazo contractual se
dieran sin que ello diera lugar a reclamaciones por concepto de la mayor
permanencia en la obra y los mayores costos que se derivaran de la misma y que,
por lo tanto, todas las otras estipulaciones contractuales permanecían inalteradas
por cuenta de las referidas prórrogas.
Se observa que, cuando se produjo la primera prórroga al plazo del contrato, ya se
habían acordado dos suspensiones -la primera, por la necesidad de efectuar la
revisión de estudios y diseños por la alternativa en concreto rígido y la segunda, por
causa del intenso invierno en el sitio de la obra-. En tal acuerdo de voluntades,
también se adicionó el valor en $893’688.511,oo, suma con la cual el contratista
20
Se advierte que, en el acta de recibo definitivo de obra, en la que se hizo un recuento de todo lo
ejecutado y pagado, el contratista tampoco dejó salvedad u observación alguna en relación con
mayores costos o reclamaciones de ninguna índole (f. 946, Anexo 4).
25
Radicación número: 200012331000201100046 01 (45762)
Actor: Jose Guillermo Castro Gámez
Demandado: Departamento Del Cesar
Referencia: Apelación Sentencia - Controversias Contractuales
estuvo conforme y no formuló reparos, por el contrario, aceptó que todas las demás
cláusulas del contrato seguían vigentes.
En tales condiciones, considera la Sala que resulta improcedente una reclamación
posterior en relación con las circunstancias que, hasta ese momento, habían dado
lugar a la suspensión del plazo contractual tal y como lo fue el invierno en la zona,
pues debiendo haber efectuado alguna manifestación al respecto, el contratista
guardó silencio a la hora de prorrogar el plazo y adicionar el valor del contrato
mediante un acta en la que, expresamente, se dejó constancia de que el mismo
había sido objeto ya de dos suspensiones.
Por otra parte, se advierte que la segunda prórroga al plazo del contrato se produjo
luego del 25 de julio de 2008 por solicitud del contratista, estando en ese momento
suspendido. Entre las razones aducidas para pedir dicha prórroga, se encontraba
también el invierno y sus consecuencias sobre la ejecución de las obras que, como
ya se vio, fue una de las razones que condujeron a la suspensión del plazo
contractual en otras ocasiones anteriores -suspensión No. 2 del 16 de abril de 2007,
suspensión No. 3 del 24 de octubre de 2007 y suspensión No. 5 del 25 de julio de
2008-, no obstante lo cual, el contratista aceptó que tal prórroga se produjera sin
adición del valor del contrato, no elevó reclamos por concepto de mayores costos
provenientes de la mayor permanencia en la obra por razón de las lluvias sino que,
por el contrario, manifestó expresamente que no presentaría reclamación alguna
por la mayor permanencia en la obra ni costos adicionales que tuvieran como causa
la adición del plazo acordado, que se produjo por las razones expuestas.
La misma circunstancia se puede predicar en relación con la tercera prórroga del
contrato, que se produjo el 4 de diciembre de 2008, también a solicitud del
contratista, que la justificó en las dificultades surgidas del invierno y por la necesidad
de cambiar la fuente de materiales a una más distante, acto bilateral en el que se
dejó así mismo estipulado por las partes que el contratista renunciaba a presentar
reclamaciones posteriores fundadas en la mayor permanencia en la obra en virtud
de la adición del plazo que, a su vez, obedeció a las referidas causas.
Lo anterior, permite afirmar que las pretensiones elevadas en la demanda, fundadas
en los mayores costos provenientes de la mayor permanencia en la obra por causa
de las suspensiones originadas en la imposibilidad de ejecutar los trabajos en virtud
26
Radicación número: 200012331000201100046 01 (45762)
Actor: Jose Guillermo Castro Gámez
Demandado: Departamento Del Cesar
Referencia: Apelación Sentencia - Controversias Contractuales
de la ola invernal, no son de recibo, puesto que implican por parte del contratista
demandante, ir en contra de sus propios actos y manifestaciones expresados con
anterioridad, en los que desistió de hacer reclamaciones por la referida causa.
Por otra parte, aún si no se hubieran presentado esas manifestaciones expresas del
contratista en el sentido de no efectuar reclamaciones por las referidas causas,
advierte la Sala que, si lo alegado por la parte actora es el rompimiento del equilibrio
económico del contrato en virtud de los mayores costos que representaron para el
contratista las suspensiones originadas en las fuertes lluvias presentadas en el sitio
de las obras, le correspondía acreditar también la imprevisibilidad de ese hecho,
como álea extraordinaria que afectó la ecuación contractual, mediante la
demostración de la anormalidad de la pluviosidad presentada en el sitio de las obras
durante el tiempo de ejecución del contrato.
La jurisprudencia de la Corporación ha sido clara y constante, en el sentido de que
la invocación de las lluvias como fenómeno de imprevisión, sólo es admisible como
tal, “…cuando se prueba que la intensidad, la frecuencia y la ocurrencia geográfica
de las mismas, es absolutamente extraordinario, imprevisible y anormal”21, es decir,
que no basta con probar las malas condiciones climáticas, sino que es necesario
que las mismas -en cuanto a intensidad y frecuencia- hayan sido absolutamente
imprevisibles, de tal manera que sobrepasaron el álea normal del contrato, puesto
que, en principio, las condiciones climáticas en las varias regiones de la geografía
nacional y en las distintas épocas del año, resultan previsibles y constituyen un
riesgo a cargo del contratista, quien dentro de los análisis que debe efectuar para la
preparación de su oferta debe incluir, entre otros, el estudio de las condiciones
físicas de ejecución de las prestaciones, vgr., en los contratos de obra, en cuanto a
la topografía, la calidad de los suelos, el clima reinante en el sitio de las obras
durante el plazo de su ejecución, etc.
En el presente caso, se advierte que en el Comité de Obra del 17 de septiembre de
2007, al que asistió el contratista, según consta en la respectiva acta que él
suscribió, se analizó la conveniencia de reiniciar la ejecución de las obras, teniendo
en cuenta que no había cesado el invierno y ello dificultaba la extracción de
materiales en la fuente propuesta por el contratista en su oferta, pues el río Simaña
21
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 26 de
febrero de 2004, expediente 14.043, C.P. Germán Rodríguez Villamizar.
27
Radicación número: 200012331000201100046 01 (45762)
Actor: Jose Guillermo Castro Gámez
Demandado: Departamento Del Cesar
Referencia: Apelación Sentencia - Controversias Contractuales
permanecía con un nivel que lo imposibilitaba, y se consignó, expresamente, lo
siguiente (f. 123, c. 1):
No obstante lo anterior, se considera la posibilidad de aprovechar las contadas
horas o días en que el río Simaña pueda bajar su caudal y que permita extraer
materiales, así sea con dificultad y bajo rendimiento, necesarios para poder
terminar la construcción de las obras de drenaje, antes de que se vuelva crítica
la ejecución de esta actividad, considerando las fuertes inundaciones que se
producen en el sector para estas épocas del año, por causa del incremento y
desborde de los niveles de agua en el cauce del Río Magdalena. (Las subrayas
son de la Sala).
Lo cual, sin duda, es indicativo del conocimiento que, previo a la contratación de las
obras, se podía y debía tener en relación con la situación climática de la zona en la
que las mismas se iban a ejecutar y en la época de dicha ejecución, que se
corrobora, además, con la información existente en la etapa anterior a la
adjudicación y celebración del contrato, en los estudios previos que sirvieron de
soporte al procedimiento de selección, pues en el proyecto presentado por el
secretario de infraestructura al Gobernador del Departamento del Cesar,
específicamente, al enunciar los problemas que debían ser solucionados con las
obras propuestas, se enunció como causa de los mismos, entre otras, “el deterioro
causado por el tiempo y factores climáticos”, especificando al respecto, “Lluvias
frecuentes durante gran parte del año” (f. 109 y 110, Anexo 1).
En consecuencia, sólo en la medida en que el demandante pudiera comprobar que
no era razonablemente previsible el fuerte invierno que se presentó y que afectó la
ejecución del contrato, es decir que las lluvias sobrepasaron los niveles normales
que cabía esperar para esa época en la zona de las obras, resultaría admisible su
reclamación de restablecimiento de la ecuación contractual, por cuanto
precisamente, ese es uno de los requisitos de la teoría de la imprevisión, que sería
la aplicable en tal caso; por lo tanto, si el hecho que se aduce como origen de la
afectación del equilibrio económico del contrato era razonablemente previsible, no
procede la aplicación de la teoría, toda vez que se estaría en presencia de un hecho
constitutivo de un riesgo a cargo del contratista, por lo que se hace improcedente
su invocación para pedir compensación alguna22.
22
“2.3.2.1. El fenómeno climático: Este hecho, que supuestamente dio lugar a la suspensión del
contrato durante cierto lapso, no era realmente imprevisible, ya que correspondía a un riesgo propio
de los contratos de obra y por lo tanto, no constituyó un hecho ajeno al contratista, razón por la cual
no se puede pregonar la responsabilidad de la entidad demandada. // Ciertamente, como ya se
advirtió, la parte actora sostuvo que el contrato fue suspendido una primera vez, por causa de las
fuertes lluvias que se presentaron en el lugar de las obras, pero no aportó la respectiva acta de
28
Radicación número: 200012331000201100046 01 (45762)
Actor: Jose Guillermo Castro Gámez
Demandado: Departamento Del Cesar
Referencia: Apelación Sentencia - Controversias Contractuales
Corolario de lo anterior, considera la Sala que, tal y como lo sostuvo la entidad
demandada en su recurso de apelación, no resultaba procedente la condena por
concepto de los mayores costos derivados de las suspensiones No. 2, 3 y 5, por lo
cual la sentencia de primera instancia será modificada en este aspecto.
Ahora bien, en relación con las suspensiones 1, 4 y 6, en el recurso de apelación la
entidad demandada sólo adujo, como argumento tendiente a desvirtuar la condena
que impuso el a-quo, el hecho de que en ninguna de las suspensiones el contratista
dejó salvedades o reclamaciones por concepto de los mayores costos que pudieran
sobrevenir con ocasión de las mismas.
Al respecto, se observa que, si bien en la demanda se afirmó el rompimiento del
equilibrio económico del contrato a causa de todas las suspensiones producidas a
lo largo de la ejecución contractual, lo cierto es que no todas obedecieron a las
mismas causas, siendo algunas de ellas el resultado de actuaciones u omisiones
imputables directamente a la entidad demandada, a título de incumplimiento de sus
obligaciones, en especial, la de planeación.
En efecto, como ya se dijo, la Suspensión No. 1, que fue por 63 días, se llevó a cabo
“para efectos de Revisión de Estudios y Diseños por la alternativa en Concreto
rígido”, es decir que provino de una imprevisión de la entidad a la hora de efectuar
los estudios previos necesarios para la ejecución de la obra y que desembocó en la
necesidad de considerar el cambio de los diseños y el material a emplear.
suspensión por esta causa; no obstante, aún en el evento en que se hubiera probado
fehacientemente esta suspensión, tampoco habría lugar a reconocimiento alguno por la misma. // En
efecto, se observa que el fenómeno de la lluvia en el sitio de los trabajos, no es un hecho que se
pueda catalogar como imprevisible para las partes del contrato, puesto que el clima que se
presentará durante la ejecución de las obras públicas, es un factor que debe tener en cuenta el
interesado al proponer en una licitación y/o el contratista al celebrar un contrato de obra pública, ya
que resulta necesario para efectos de establecer el plazo de ejecución, para elaborar el cronograma
de obra y así mismo, para calcular el valor de su oferta. // La exigencia que se hace en los pliegos
de condiciones, a los interesados en contratar con la Administración una obra pública, en el sentido
de que deben visitar y conocer directamente el sitio de las futuras obras, apunta, fundamentalmente,
a eso: a que los oferentes obtengan un conocimiento directo, inmediato y preciso de esa ubicación,
y puedan así mismo, prever todas las circunstancias que pueden incidir no solo en la elaboración de
la respectiva oferta, sino en la ejecución del futuro contrato, como son las condiciones topográficas,
las facilidades o dificultades de acceso y de ingreso de personal, maquinaria y equipos, las fuentes
de materiales, las condiciones climáticas de la región, etc., reuniendo de esta forma suficientes
elementos de juicio que les permitirán presentar una propuesta ajustada lo más posible a la realidad
de la futura obra. // En tales condiciones, sólo podría alegarse la imprevisibilidad de un factor como
el climático, en el evento en que la pluviosidad haya sido absolutamente anormal en relación con las
condiciones usuales de la respectiva región en la época en que correspondía ejecutar las obras,
correspondiéndole en tal caso al contratista, probar que el invierno fue excesivo; la parte actora
deberá acreditar, en consecuencia, dicha circunstancia, como requisito para sacar avante su
pretensión indemnizatoria” Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Tercera, sentencia del 8 de noviembre de 2007, expediente 32966, C.P. Ramiro Saavedra Becerra.
29
Radicación número: 200012331000201100046 01 (45762)
Actor: Jose Guillermo Castro Gámez
Demandado: Departamento Del Cesar
Referencia: Apelación Sentencia - Controversias Contractuales
Por su parte, las Suspensiones 4 -por 129 días- y 6 -por 31 días-, tuvieron por causa
el adelantamiento de los trámites de adición del contrato de interventoría, por lo que
también se puede afirmar que se trató de una circunstancia imputable a la entidad
demandada, por inexcusable falta de previsión y oportunidad en el manejo de sus
relaciones contractuales, que se tradujo en la afectación de la ejecución del contrato
de obra.
Ahora bien, en materia de responsabilidad contractual por incumplimiento, no se
exige que el contratista cumplido, previo a efectuar su reclamación judicial, deba
acudir a la entidad en procura de la satisfacción de sus pretensiones23; en el mismo
orden de ideas, si las suspensiones del contrato son consecuencia del
incumplimiento de obligaciones a cargo de la entidad contratante, no se le puede
imponer al contratista que, previo a elevar sus pretensiones ante el juez del contrato,
haya reclamado ante la entidad la indemnización de perjuicios derivada de su
comportamiento irregular, ni se puede asumir que, al no dejar salvedades en la
suspensión producida por el incumplimiento contractual de la entidad demandada,
el contratista haya condonado dicho incumplimiento y renunciado a la reclamación
de tales perjuicios.
En consecuencia, frente a las Suspensiones 1, 4 y 6 que se produjeron durante el
desarrollo del Contrato de Obra 281 de 2006, en tanto fueron ocasionadas por
circunstancias imputables directamente a la entidad contratante, consistentes en
deficiencias de planeación relacionadas con el diseño de la obra y los materiales a
emplear, y a las irregularidades administrativas que le impidieron garantizar la
continua ejecución del contrato de interventoría, no resulta adecuado exigir que el
contratista haya dejado salvedades en las respectivas actas, ni asumir que, al
suscribirlas, pretendió, junto con la entidad, regular el asunto por el cual ahora se
reclama en sede judicial. Por lo tanto, no se puede afirmar que se está
23
Por esta razón, la acción de controversias contractuales ha sido clasificada por la doctrina como
una acción de reclamación directa, dado que, ordinariamente, las pretensiones “(…) se formulan
directamente ante el juez del contrato, sin que medie pronunciamiento alguno de la administración
al respecto (…). las acciones de reclamación directa comprenden genéricamente la discusión sobre
la existencia o validez del contrato, su revisión, su incumplimiento y la responsabilidad derivada del
mismo”. Refiriéndose a la acción en cabeza del contratista, cuando pide la declaratoria de
incumplimiento de un contrato, como modalidad de la aplicación de la figura de la condición
resolutoria tácita del Código Civil a los contratos administrativos, sostuvo que “En esta clase de
acción, que podemos calificar como de reclamación directa, no habrá agotamiento de vía
gubernativa, puesto que no mediará un pronunciamiento previo de la administración, sino que la
parte cumplida o que se allanó a cumplir podrá accionar directamente tan pronto se configure el
incumplimiento de la administración”. Betancur Jaramillo, Carlos; Derecho Procesal Administrativo,
Señal Editora, 3ª ed., 1991, pg. 498, 499, y 501.
30
Radicación número: 200012331000201100046 01 (45762)
Actor: Jose Guillermo Castro Gámez
Demandado: Departamento Del Cesar
Referencia: Apelación Sentencia - Controversias Contractuales
desconociendo el contenido de un negocio jurídico obligatorio en el que se regularon
los asuntos objeto de la presente reclamación judicial.
Ahora bien, teniendo en cuenta que ese argumento -la no salvedad en las
respectivas actas- fue el único que esgrimió el apelante en contra de la condena
impuesta por el a-quo derivada de las Suspensiones 1, 4 y 6, y que el mismo no es
atendible por las razones expuestas, lo que conduce a concluir que, en este caso,
la ausencia de salvedad en dichas actas no era determinante para la prosperidad
del reconocimiento de perjuicios derivados de la mayor permanencia en obra,
considera la Sala que resulta procedente mantener la decisión de primera instancia
en este extremo.
Al respecto, se observa que la condena impuesta por el a-quo por concepto de los
costos de administración por la mayor permanencia en obra, se fundó en el
dictamen pericial practicado en el proceso (f. 836 a 847, c. 4), en el cual, según la
sentencia impugnada, “(…) se indagó sobre la existencia de los documentos
aportados con la demanda, los cuales permiten establecer los valores de la nómina
de los trabajadores que fueron contratados, los montos que efectivamente fueron
girados para hacer los pagos de salarios y prestaciones en su favor, las
consignaciones efectuadas en bancos a favor de dichos trabajadores, y los
documentos de afiliación al sistema de seguridad social”24, y se calcularon tales
costos de administración a partir de los valores establecidos en la propuesta y de
acuerdo con el plazo del contrato, de la siguiente manera, explicada en la sentencia:
Para calcular los costos de administración por mayor permanencia en la obra,
tomó el valor histórico de la propuesta económica (A.I.U) presentada por el
contratista al Departamento del Cesar, correspondientes a los gastos de
administración que son el 16.66% de la propuesta, o sea la suma de
$229.147.225.27 sobre los 150 días de plazo inicial del contrato, y luego de
determinar el valor diario en 1.527.648.17, multiplicó por el total de los días en
suspensión que son 522 días, donde obtuvo un total de $797.432.343.94.
Finalmente actualizó esta cantidad, aplicando la fórmula de dividir el IPC vigente
a la fecha del informe, entre el IPC vigente al presentar la propuesta económica,
obteniendo como resultado la suma de $1.317.266.502,42.
24
El perito designado, en el dictamen manifestó: “Dejo constancia que revisé todos los soportes que
demuestran la ocurrencia de estos gastos, que consisten en: nóminas de pago de personal, planillas
de pagos a la seguridad social y aportes parafiscales, honorarios por servicios topográficos y de
laboratorios de suelo y pavimentos, arrendamientos, parqueo de maquinarias, etc., los cuales forman
parte del expediente” (f. 838, c. 4). En el expediente obran los comprobantes de egreso por concepto
de i) pago de la comisión topográfica, incluidos equipos (f. 411 a 437, c. 3); ii) el pago del
arrendamiento de bodega, casa para operadores y oficina en el municipio de La Gloria (f. 458 a 531,
c. 3); planillas de autoliquidación de aportes de seguridad social (f. 51 a 58, Anexo 1; f. 1204 a 1218,
Anexo 4; f. 197 a 325, c. 2); nómina para pago de sueldos (f. 326 a 410, c. 2).
31
Radicación número: 200012331000201100046 01 (45762)
Actor: Jose Guillermo Castro Gámez
Demandado: Departamento Del Cesar
Referencia: Apelación Sentencia - Controversias Contractuales
Luego procedió a establecer la diferencia entre las cifras que resultaban del
contrato ejecutado en un plazo [de] 862 días (plazo final) y aquellas que
correspondían al contrato original, y las tres adiciones realizadas cuyo plazo fue
340 días, obteniendo como resultado la suma de $ 927.519.185.57.
El tribunal acogió esta forma de calcular los gastos de administración durante los
períodos de suspensión del contrato, con fundamento en jurisprudencia de esta
Corporación25; no obstante, corrigió la cifra final, por considerar que se aplicaron
equivocadamente los índices de precios al consumidor a la hora de hacer la
actualización, y condenó, por este concepto, a pagar a favor de la parte demandante
la suma de $869’201.254,89.
En su recurso de apelación, la parte demandada no cuestionó la forma como se
calculó esta condena, sino que limitó su disenso a la procedencia de los
reconocimientos por concepto de las suspensiones No. 2, 3 y 5 y al hecho de que
se hubiera tenido en cuenta un total de 522 días de suspensión, cuando en realidad
fueron 481, razón por la cual la Sala recurrirá al mismo sistema de cálculo, pero
aplicado a los días de suspensión de las actas 1, 4 y 6, que no fueron objeto de
cuestionamientos en el recurso.
Como ya se dijo, la suspensión No. 1 fue por 63 días, la suspensión No. 4 por 129
días y la suspensión No. 6, por 31 días, para un total de 223 días.
De acuerdo con el A.I.U de la oferta presentada por el contratista, el porcentaje de
Administración fue de 16,66% de los costos directos del contrato, que ascendían a
$1.375’433.525,oo (f. 5, c. 1 y f. 207, Anexo 226), es decir la suma de $224’608.294,63.
25
Se refiere a la forma en que, en ocasiones, la jurisprudencia ha efectuado este cálculo de los
costos de administración por concepto de la mayor permanencia en la obra: “La cuantificación de la
suma que deberá pagar el IDU para reparar las pérdidas soportadas por el contratista se hará con
fundamento en el valor de la propuesta que presentó el contratista; de la cual se tomarán los costos
de administración y dirección previstos diariamente, se multiplicarán por el período de tiempo que
duró la mayor permanencia de la obra, se actualizarán a fecha presente y respecto de la misma se
cuantificarán los intereses correspondientes”. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 31 de marzo de 2003, expediente 12431, C.P. Jesús
María Carrillo Ballesteros. En el mismo sentido: “En cuanto a los costos indirectos y concretamente
el correspondiente al ítem administración, cuyo pago se demanda, el cual también fue calculado
por la pericia a partir de los valores establecidos en la propuesta y de acuerdo con el plazo total del
contrato, encuentra la Sala que tales cálculos resultan admisibles, en la medida en que mientras
subsista el vínculo contractual entre la entidad contratante y el contratista, los costos de
administración continúan generándose en igual forma, independientemente de que la obra se
encuentre diferida en el tiempo o que la construcción se realice a un ritmo menor”. Sentencia del 29
de agosto de 2007, expediente 14854, C.P. Mauricio Fajardo Gómez.
26
Análisis del A.I.U presentado por José Guillermo Castro Gámez en la Convocatoria No. SI-
011/2006, copia autenticada por la Secretaría General de la Gobernación del Departamento del
Cesar y que fue aportada por el demandante, según consta en el capítulo de pruebas de la demanda,
32
Radicación número: 200012331000201100046 01 (45762)
Actor: Jose Guillermo Castro Gámez
Demandado: Departamento Del Cesar
Referencia: Apelación Sentencia - Controversias Contractuales
Esto significa que los costos diarios de Administración, teniendo en cuenta el plazo
inicial del contrato -150 días calendario-, eran de $1’497.388,63. Esta suma,
multiplicada por el número de días de las suspensiones por las cuales procede
conservar la condena impuesta en primera instancia -223-, arroja un total de
$333’917.664,68. Esta suma será actualizada con base en los índices de precios al
consumidor certificados por el DANE, para lo cual se aplicará la siguiente fórmula:
Vh x Indice final
Vp= ----------------------
Indice inicial
En donde Vp corresponde al valor presente, Vh es el valor histórico o inicial
($333’917.664,68), Índice Final es el IPC vigente a la fecha de este fallo (octubre de
2021: 110,06) e Índice inicial, es el IPC vigente para la fecha de la liquidación final
del contrato (13 de octubre de 2009: 71,19):
Vp = 333’917.664,68 x 110,06
71,19
Vp = 516.237.929,12
De acuerdo con lo anterior, la condena a favor del demandante por concepto de los
costos de administración derivados de la mayor permanencia en la obra será por
valor de $516.237.929,12.
III- El pago de los costos del transporte de material en virtud del cambio de la
fuente
Como ya se refirió, el Tribunal a-quo condenó a la entidad demandada a pagar a
favor del demandante la suma de $ 622’955.721,26, por concepto del valor del
transporte de material de terraplén, ya que encontró probado en el proceso que el
interventor autorizó el cambio al área que la Secretaría de Planeación y Obras
Públicas del municipio de La Gloria estimó apropiada para la explotación de los
materiales requeridos en la obra -Hacienda Bellacruz, distante a 18 km-, y además
obraban las planillas de pago y comprobantes de egresos correspondientes.
en donde anunció el aporte, entre otros, de “Fotocopia debidamente autenticada de cinco (5) folios
correspondientes a la Propuesta de Obra y el análisis del A.I.U., análisis de obra presentados por
JOSÉ GUILLERMO CASTRO a EL DEPARTAMENTO DEL CESAR” (f. 772, c. 4).
33
Radicación número: 200012331000201100046 01 (45762)
Actor: Jose Guillermo Castro Gámez
Demandado: Departamento Del Cesar
Referencia: Apelación Sentencia - Controversias Contractuales
En su recurso de apelación, la entidad demandada pidió la revocatoria de esta
condena por considerar que no era procedente, toda vez que en el pliego de
condiciones de la Licitación Pública SI-011-2006 en la que se adjudicó el contrato
objeto de la controversia se estableció expresamente que el oferente debía
inspeccionar y examinar el sitio y los alrededores de la obra e informarse por su
cuenta, entre otras cosas, acerca de la localización y naturaleza de la obra y de los
materiales necesarios para su ejecución, el transporte, mano de obra y la fuente de
tales materiales para su explotación, zona de botadero, vías de acceso al sitio, etc.,
y en general todas las condiciones que afectaran el cálculo del valor de la oferta.
Además, en los anexos del pliego se anunció el presupuesto oficial y se incluyó el
análisis de precios unitarios del proyecto, que definían una distancia promedio de
acarreo de 15 kilómetros, con un valor unitario del ítem levante y conformación de
terraplén con material transportado de $ 19.000 M3, lo cual demostraba que en el
pliego de condiciones se contempló, efectivamente, el valor del transporte del
terraplén y el mismo hacía parte del contrato. De otra parte, en su oferta el
contratista sí tuvo en cuenta una distancia superior a 15 km por el transporte del
terraplén y ofreció un valor de $ 13.206 por metro cúbico de terraplén transportado.
Al respecto, observa la Sala que en el plenario están acreditados los siguientes
hechos, relacionados con el transporte de materiales de terraplén para la obra:
1- Dentro de los estudios previos correspondientes para el proyecto “Mejoramiento
y Pavimentación de la Vía Secundaria desde el Corregimiento de La Mata hasta el
Municipio de La Gloria en el Departamento del Cesar” 27 la entidad, en el cuadro de
“Ítems detallados” de la obra, incluyó el ítem 2, en el que se describió la actividad:
“Levante y conformación del terraplén con material transportado”, cuya unidad es el
M3, la cantidad: 18.523, el valor unitario: $ 19.000, para un valor parcial de
$351’937.000,oo (f. 733, Anexo 3).
2- Así mismo, en tales estudios, la entidad efectuó el análisis de precios unitarios y,
en relación con el referido ítem, estimó los costos por concepto de i) equipo, ii)
materiales de obra, iii) transporte de materiales, iv) mano de obra y v) costos
indirectos, todo lo cual arrojó un precio unitario de $ 19.000 para el referido ítem. En
cuanto al transporte de materiales, se consideró (f. 89, Anexo 1):
27
El documento aparece autenticado por la Secretaría General de la Gobernación del Departamento
del Cesar.
34
Radicación número: 200012331000201100046 01 (45762)
Actor: Jose Guillermo Castro Gámez
Demandado: Departamento Del Cesar
Referencia: Apelación Sentencia - Controversias Contractuales
Transporte de Materiales
Descripción Km Precio M3 /Km Cantidad Valor Unit.
Transporte de 15 500,oo 1,30 9.750
material granular
Sub-Total $ 9.750,oo
3- En el pliego de condiciones, numeral 3.4: “aspectos a considerar en la oferta”, se
estableció, entre otros (f. 650, Anexo 3):
3.4.5. Examen de los sitios.
El oferente deberá inspeccionar y examinar el sitio y los alrededores de la obra
e informarse por su cuenta acerca de la naturaleza del terreno y del subsuelo,
la forma y características del sitio, las cantidades, localización y naturaleza de
la obra y la de los materiales necesarios para su ejecución, transporte, mano de
obra, y, de manera especial, las fuentes de materiales para su explotación,
zonas de botaderos, las vías de acceso al sitio y las instalaciones que se puedan
requerir, las condiciones del ambiente y, en general, sobre todas las
circunstancias que puedan afectar o influir en el cálculo del valor de su oferta.
(…)
3.4.8. AIU y APU. (…) Se debe presentar el 100% de los análisis de precios
unitarios en la propuesta, no obstante el análisis de precios unitarios debe
contemplar todos los equipos, materiales y mano de obra, exigidos por las
especificaciones. Si no lo presenta, quien resulte favorecido, deberá
presentarlos ajustando su valor al precio consignado en el cuadro de cantidades
contemplando en el análisis los costos de mano de obra, de materiales y de
equipos exigidos por las especificaciones.
Los precios unitarios resultantes de los análisis no podrán ser diferentes a los
consignados en el Formulario de cantidades y precios toda vez que estos
últimos fueron utilizados en la evaluación de las propuestas; si se presentare
alguna discrepancia, el proponente deberá ajustar el precio unitario obtenido en
el análisis al consignado en el Formulario de cantidades y precios.
4- Ahora bien, en relación con la oferta del contratista, encuentra la Sala que la
misma fue aportada en forma incompleta y por partes, pues de un lado, como se
advirtió en otro aparte de esta providencia (pie de página 26), se allegó el capítulo
de Análisis del A.I.U presentado por José Guillermo Castro Gámez en la
Convocatoria No. SI-011/2006 y de otro lado, se aportó la “Propuesta Técnico
Jurídica”, la cual incluyó, según se lee en el respectivo índice: la carta de
presentación de la oferta; el resumen de la propuesta28; la póliza única de seguro
28
El referido resumen se limitó a informar el nombre del proponente: José Guillermo Castro Gámez;
el objeto: Mejoramiento y/o pavimentación de la vía secundaria desde el Corregimiento de La Mata
hasta el Municipio de La Gloria en el Departamento del Cesar; plazo para ejecutar el contrato: 150
días; valor de la garantía de seriedad de la propuesta: $186’268.702,50; vigencia de la garantía: 120
35
Radicación número: 200012331000201100046 01 (45762)
Actor: Jose Guillermo Castro Gámez
Demandado: Departamento Del Cesar
Referencia: Apelación Sentencia - Controversias Contractuales
de cumplimiento y constancia de pago; el certificado de inscripción, clasificación y
calificación de la Cámara de Comercio de Valledupar; la cédula de ciudadanía y
matrícula profesional del proponente; la capacidad residual de contratación del
proponente; la experiencia específica del proponente y sus anexos; la organización;
la carta de intención, la cédula y matrícula y la experiencia y sus anexos, del
ingeniero residente; la declaración de renta, balance y estado de resultados, la
tarjeta profesional del contador y el recibo de pago del pliego de condiciones (f.
1219, Anexo 4).
Aparte de lo anterior, la Sala no encontró en el expediente la oferta económica de
José Guillermo Castro Gámez que lo hizo acreedor a la adjudicación y celebración
del contrato, con el debido análisis de precios unitarios que le correspondía efectuar.
5- En cuanto a lo dispuesto en el contrato, se observa que en la cláusula tercera se
pactó que el valor definitivo sería el resultado de multiplicar las cantidades de obra
efectivamente ejecutadas, por los precios unitarios estipulados en la propuesta por
el contratista.
Como se puede ver, el contrato remitió a la oferta presentada por el contratista, para
efectos de establecer los precios unitarios y demás condiciones ofrecidas, pero
como ya se dijo, esa parte de la oferta no obra en el expediente.
6- No obstante, se observa que para determinar cuál fue el precio unitario pactado
para el ítem 2: “levante y conformación del terraplén con material transportado”, se
puede acudir a los antecedentes de la celebración del contrato adicional en valor
suscrito el 25 de julio de 2007 -en el que se adicionó el valor del contrato en la suma
de $893’688.511-, en los que se planteó la necesidad de acordar mayores
cantidades de obra, menores cantidades de obra y obras adicionales. En esos
antecedentes consta el acta modificatoria No. 001 del contrato, suscrita antes de la
firma del respectivo contrato adicional, en la que se consignó, en relación con el
ítem 2: “levante y conformación del terraplén con material transportado”, lo siguiente
(f. 884, 892 y 897, Anexo 4):
CONDICIONES ORIGINALES MODIFICACIONES CONDICIONES
DEL CONTRATO AL CONTRATO FINALES
Und. Cant. Vr.Unit. Vr. total Mayores Vr. Total Cant. Final - Sub-total
días calendario a partir de la fecha de cierre de la licitación, y entidad aseguradora: Confianza (f.
1222, Anexo 4).
36
Radicación número: 200012331000201100046 01 (45762)
Actor: Jose Guillermo Castro Gámez
Demandado: Departamento Del Cesar
Referencia: Apelación Sentencia - Controversias Contractuales
M3 18.523 32.375 $599’682.125 + 10.572 342.268.500 29.095 $941.950.625
7- Así mismo, en el acta de liquidación bilateral del contrato se consignó que por el
ítem 2: “levante y conformación del terraplén con material transportado”, se
ejecutaron 31.649,94 M3 con un valor unitario de $ 32.375, para un valor total de
$1.024’666.807,50 (f. 62, c. 1; f. 938 y 943, Anexo 4).
8- El 29 de enero de 1997, el contratista envió solicitud al interventor del contrato
281-06 -Consorcio CAR 2006- para realizar el cambio a una nueva cantera29,
ubicada en predios de la hacienda Bella Cruz, ubicada a 18 kilómetros del eje del
proyecto, pues según los informes de análisis granulométrico por tamizado y límites
Atterberg realizados sobre las muestras de suelo recogidas mediante apiques
realizados en la cantera Brisas del Magdalena30, sitio propuesto y aceptado por el
Departamento para realizar la explotación del material requerido para la
construcción del terraplén del contrato 281-06, se confirmaron las sospechas del
contratista de que ese material no cumplía con las especificaciones técnicas para
construcción de carreteras del INVÍAS. Adujo, además, que el Secretario de
Planeación Municipal de La Gloria hizo recomendación en tal sentido, porque según
informó, el mencionado sitio era una zona inundable y de alto riesgo para desarrollar
la explotación de cantera31. Así mismo, el contratista puso de manifiesto que ese
cambio de cantera implicaba unos mayores costos de transporte, que no fueron
29
En la cláusula vigésima novena del negocio jurídico, sobre calidad de los materiales y equipos,
también se estipuló que, para la ejecución de la obra, el contratista se comprometía a conseguir
oportunamente todos los materiales que se requirieran, los cuales debían ser de primera calidad y
apropiados para el fin al que se destinaban, por lo que le correspondía escoger los materiales y
productos que se adecuaran al tipo de obra objeto del contrato, previa aprobación de la interventoría,
con suficiente antelación, con el fin de ser sometidos a ensayos técnicos y/o de laboratorio, para
determinar la aceptación o no de éstos por parte del Departamento. Y agregó la estipulación, que
“La aprobación sobre fuente de abasto por parte de la interventoría, no eximirá al Contratista de
ninguna de sus obligaciones contractuales, ni obligará a la Interventoría a permitir que el Contratista
continúe abasteciéndose de esta, si los materiales resultantes no llenan a satisfacción los requisitos
de las especificaciones, o si sus características son diferentes a las muestras de los mismos
previamente analizados. PARÁGRAFO: (…) Los materiales y/o elementos que el Contratista emplee
en la ejecución de las obras, sin la previa autorización escrita de la Interventoría, podrán ser
rechazados por esta última, cuando a su juicio, los mismos no sean los más adecuados” (f. 18, c. 1).
30
Los informes de laboratorio del análisis granulométrico mencionado son visibles a folios 535 y 536,
c. 3).
31
En el plenario obra la certificación del funcionario, en la que, haciendo referencia a las obras del
Contrato 281 de 2006, manifestó: “El sitio propuesto para explotar el material de terraplén requerido
(Hacienda Las Brisas del Magdalena, propiedad de Daniel Lobo), ubicado a un lado del centro de
gravedad del proyecto, es una zona inundable y de alto riesgo para desarrollar dicha actividad. // El
área de terreno más apropiada para la explotación antes mencionada, acorde con lo dispuesto en el
Esquema de Ordenamiento Territorial con respecto al uso del suelo, se encuentra ubicada en la
Hacienda Bella Cruz, distante 18 kilómetros” (f. 534, c. 3).
37
Radicación número: 200012331000201100046 01 (45762)
Actor: Jose Guillermo Castro Gámez
Demandado: Departamento Del Cesar
Referencia: Apelación Sentencia - Controversias Contractuales
considerados en su propuesta inicial y que el Departamento del Cesar debía
reconocerle (f. 532, c. 3).
9- Mediante comunicación del 29 de enero de 2007, el interventor del contrato,
dadas las razones expuestas por el contratista y el peligro que representaría la
explotación de la cantera Brisas del Magdalena, autorizó el cambio sugerido por
aquel, por lo que “(…) la cantera a utilizar para la explotación del material de
terraplén requerido para la ejecución del contrato de la referencia será la ubicada
en la Hacienda Bella Cruz” (f. 533, c. 3).
10- El demandante aportó las planillas de pago para transporte de materiales de
terraplén en el contrato 281 de 2006, suscritas por el contratista y el residente de
obra, así como por los distintos transportadores32, que aparecen identificados, así
como los vehículos utilizados, el volumen transportado, la distancia recorrida -17
km en todos los casos-, valor del M3/Km -$ 600,oo en todos los casos-, el valor
facturado, los descuentos por combustible, aceites y otros y el saldo a pagar. Según
tales planillas, el contratista hizo los siguientes pagos (f. 537 a 550, c. 3):
• En el periodo del 24 de febrero al 3 de marzo de 2007: $ 36’706.947,oo
• En el periodo del 4 al 17 de marzo de 2007: $ 61’132.750,oo
• En el periodo del 18 al 31 de marzo de 2007: $ 76’294.609,oo
• En el periodo del 1º al 14 de abril de 2007: $ 55’741.684,oo
• En el periodo del 10 al 28 de julio de 2007: $ 36’002.647,oo
• En el periodo del 20 al 25 de agosto de 2007: $ 1’313.300,oo
• En el periodo del 3 al 15 de septiembre de 2007: $ 1’906.980,oo
• En el periodo del 17 al 29 de septiembre de 2007: $ 29’706.004,oo
La sumatoria de los valores de estas planillas arroja un total de $ 298.804.921.
32
En los folios 551 a 698 del c. 3 obran los comprobantes de egreso por concepto de transporte de
material para terraplén desde la cantera ubicada en la Hacienda Bella Cruz (inmediaciones del
corregimiento de La Mata) hasta el centro de gravedad del proyecto en el Municipio de La Gloria,
distante 17 kilómetros, a razón de $600/M3 Km., identificando cada uno la fecha, el nombre y cédula
del beneficiario del pago, el número de M3 de material transportado y las placas del vehículo, el valor
total, el descuento por concepto de combustible, aceite, etc. y el neto a pagar, el número de cheque
y banco correspondiente, y la firma y huella dactilar del beneficiario.
38
Radicación número: 200012331000201100046 01 (45762)
Actor: Jose Guillermo Castro Gámez
Demandado: Departamento Del Cesar
Referencia: Apelación Sentencia - Controversias Contractuales
Análisis de la Sala:
Como se puede observar, efectivamente está probado en el plenario que durante la
ejecución del contrato hubo un cambio de cantera para la extracción de materiales
de construcción de terraplén y que el mismo fue autorizado por el interventor 33. Así
mismo, se probó que el contratista efectuó pagos por concepto del transporte de
dicho material.
Sin embargo, también está acreditado que, de acuerdo con lo dispuesto en el pliego
de condiciones, el ítem terraplén incluía, así mismo, el transporte del material
necesario para su construcción a una distancia de 15 km, y era obligación de los
proponentes presentar con su oferta -que haría parte del contrato- el análisis unitario
de precios, en el que necesariamente debería incluirse aquel.
A pesar de que el contratista sostuvo, al pedir autorización para el cambio de
cantera34, que este implicaba unos mayores costos de transporte, que no fueron
considerados en su propuesta inicial y que debían ser reconocidos por la entidad,
lo que corresponde igualmente a la reclamación que elevó en su demanda, lo cierto
es que, como ya se advirtió, en el plenario no obra la oferta completa presentada
por José Guillermo Castro Gámez en el proceso de selección, por lo que se
desconocen los detalles de la misma.
Lo único que se pudo determinar con las pruebas allegadas al plenario, es que para
efectos de adicionar el contrato, se elaboró un cuadro en el que expresamente se
registró que en las condiciones originales del mismo, el precio unitario del ítem 2:
“levante y conformación del terraplén con material transportado” era de $ 32.375,
valor que fue reiterado en el acta de liquidación bilateral, ítem que debía incluir, así
mismo, el componente de transporte, tal y como fue definido en el análisis de precios
unitarios de los estudios previos en el proceso de selección del contratista, pero del
que se desconoce el análisis efectuado por la parte actora en su propuesta.
33
No consta a qué distancia se encontraba la cantera inicialmente aprobada para las obras de
terraplén.
34
La cantera inicialmente establecida había sido propuesta por el contratista, según su propia
afirmación en la demanda, en donde sostuvo: “El sitio inicial de la cantera (Hacienda las Brisas del
Magdalena, propiedad de Daniel Lobo), fue el sitio aprobado por el Departamento del Cesar previo
a la suscripción del contrato No. 281 de 2006, por cuanto no puso reparos y aceptó los precios y las
distancias de transporte presentadas por el demandante José Guillermo Castro en los análisis
unitarios de su propuesta económica” (f. 766, c. 4).
39
Radicación número: 200012331000201100046 01 (45762)
Actor: Jose Guillermo Castro Gámez
Demandado: Departamento Del Cesar
Referencia: Apelación Sentencia - Controversias Contractuales
Se probó así mismo, con el acta de liquidación bilateral del contrato, que por
concepto del ítem 2: “levante y conformación del terraplén con material
transportado”, se ejecutaron 31.649,94 M3 con un valor unitario de $ 32.375, para
un valor total de $1.024’666.807,50 y que el contratista pagó a los transportadores
del material de terraplén la suma de $ 298.804.921.
De acuerdo con lo expuesto, la Sala considera que no se probó la afirmación del
demandante según la cual el cambio de cantera le significó al contratista tener que
pagar un valor de transporte del material que no se había considerado en los análisis
de precios unitarios, pues las distancias iniciales eran inferiores a un kilómetro; y,
por lo tanto, tampoco se acreditó su afirmación de que esta circunstancia le causó
un detrimento al contratista que le debe ser reconocido por la entidad demandada.
Por otra parte, no se puede perder de vista el hecho de que el cambio de cantera
que se produjo, por haberse constatado que en la inicialmente propuesta no se
encontraban los materiales requeridos para la obra, no era una situación que, de
acuerdo con los pliegos de condiciones, escapara a la órbita de responsabilidad del
contratista, pues en la etapa precontractual debió determinar la idoneidad y
pertinencia de dichos materiales, razón de más para considerar la no prosperidad
de las pretensiones relacionadas con esta reclamación.
En consecuencia, de conformidad con lo pedido por el Departamento del Cesar en
su recurso de apelación, la sentencia de primera instancia será modificada y esta
pretensión se denegará.
Stand by de la maquinaria
La parte actora en su recurso de apelación pidió que se accediera al reconocimiento
de esta pretensión, pues consideró que el a-quo valoró equivocadamente las
pruebas que obran en el plenario y que acreditan la existencia de los perjuicios
reclamados por el demandante con ocasión del stand by de la maquinaria, el cual,
según su demanda, se derivó de haberla mantenido en permanente disponibilidad
durante los términos de suspensión del contrato.
Al respecto, lo primero que advierte la Sala es que, tal y como se explicó en párrafos
anteriores, la entidad demandada no controvirtió las decisiones de la sentencia de
40
Radicación número: 200012331000201100046 01 (45762)
Actor: Jose Guillermo Castro Gámez
Demandado: Departamento Del Cesar
Referencia: Apelación Sentencia - Controversias Contractuales
primera instancia fundadas en las suspensiones del contrato No. 1 (por 63 días),
No. 4 (por 129 días) y No. 6 (por 31 días), que obedecieron, en su orden, i) a la
necesidad de efectuar la revisión de estudios y diseños por la alternativa en concreto
rígido, ii) el trámite de adición del contrato de interventoría, y iii) el próximo
vencimiento de dicho contrato, circunstancias que el a-quo consideró que eran
imputables a la entidad contratante por una inexcusable falta de planeación y, por
ende, al incumplimiento contractual del Departamento del Cesar, argumentos sobre
los cuales nada dijo esta entidad en su recurso de apelación.
No obstante, también es claro que, en relación con las suspensiones 2, 3 y 5, ya se
estableció en esta providencia la imposibilidad de acceder a las pretensiones
fundadas en las mismas, por las razones que ya fueron explicadas.
De acuerdo con lo anterior, considera la Sala que sólo resulta procedente el estudio
de la reclamación efectuada por el demandante en su propio recurso de alzada,
sobre la pretensión de reconocimiento del stand by de su maquinaria, durante el
término de las suspensiones 1, 4 y 6.
En relación con esta pretensión, el Tribunal de primera instancia denegó su
reconocimiento por considerar que no obraban en el plenario pruebas suficientes
que acreditaran los costos por stand by reclamados, pues “si bien es cierto se aportó
el contrato de ejecución de obra civil con maquinarias entre el señor José Guillermo
Castro Gámez y Elías Guillermo Daza Díaz, los comprobantes de egresos que
indican el supuesto pago, reposan en formatos estándar, sin ningún membrete de
la empresa del demandante, como sí ocurre con los demás pagos” (f. 920, c. ppl).
Consideró así mismo, que de las pruebas aportadas no se podía tener la certeza de
que la maquinaria y equipos contratados para la ejecución de la obra estuvieron
permanentemente en la misma, pues era probable que no fueran necesarios en
determinados tiempos debido a la reprogramación de las obras impuesta por las
distintas suspensiones y adiciones del contrato y bien pudieron ser utilizados en
otras obras o no haber sido alquilados sino hasta el momento en que en realidad se
necesitaran, concluyendo que no estaban probados los mayores costos que por
este concepto reclamó el demandante, ni que los alegados como tales no hicieron
parte de los previstos en el contrato inicial.
41
Radicación número: 200012331000201100046 01 (45762)
Actor: Jose Guillermo Castro Gámez
Demandado: Departamento Del Cesar
Referencia: Apelación Sentencia - Controversias Contractuales
Para acreditar esta pretensión, la parte actora allegó al plenario los siguientes
medios de prueba:
• Contrato de ejecución de obra civil con maquinarias, celebrado el 25 de enero de
2007 entre José Guillermo Castro Gámez como contratante y Elías Guillermo Daza
Díaz como contratista35, cuyo objeto fue: “EL CONTRATISTA cede al
CONTRATANTE las máquinas descritas en el cuadro anterior36 para realizar
labores de Mejoramiento y/o Pavimentación en la Vía Secundaria desde el
Corregimiento de La Mata hasta el Municipio de La Gloria en el Departamento del
Cesar”. Se pactó que el plazo de este contrato era hasta el cumplimiento de 500
horas de trabajo para cada una de las máquinas, prorrogables; se estableció el valor
hora por cada una, lo que incluía operador y suministro de combustibles y
lubricantes y se acordó un total de 4 horas de stand by diarias para cada una de las
máquinas. El valor total del contrato se pactó en $ 107’500.000, pagaderos mediante
la presentación de cuentas de cobro por cada 100 horas de trabajo ejecutadas por
máquina. Entre las obligaciones a cargo del contratante, se encontraban las de
vigilar la correcta operación del equipo alquilado en el lugar en donde se encontrara,
reconocer el pago del stand by pactado y reconocer el pago del hospedaje y
alimentación diarios de los operarios de las máquinas, en el lugar en el que se
encontraran laborando (f. 699, c. 3).
• Once (11) cuentas de cobro de Elías Guillermo Daza Díaz a José Guillermo Castro
Gámez por concepto de stand by de las maquinarias, consistente en 4 horas diarias
para cada una de las máquinas, a razón de $ 80.000/hora de motoniveladora
Caterpillar 120 B, $ 70.000/hora de retroexcavadora Caterpillar 428 B y
$65.000/hora de vibrocompactador Ingersollrand de 12 ton., para un valor diario de
$ 860.000, en los siguientes periodos (f. 701 a 711, c. 3):
1) Entre el 16 de abril y el 11 de mayo de 2007, por valor total de $21’500.000.
2) Entre el 12 de mayo y el 1º de julio de 2007, por valor total de $21.500.00037.
3) Entre el 2 de julio y el 21 de agosto de 2007, por valor total de $21.500.000.
35
Las firmas de contratante y contratista fueron autenticadas ante la Notaría Primera del Círculo de
Valledupar (f. 700, vto.).
36
Antes de establecer el objeto del contrato, se anunció que se adelantaría con las siguientes
maquinarias: una motoniveladora, un vibrocompactador y una retroexcavadora, los cuales fueron
descritos con su marca, modelo, serie y motor.
37
A partir de esta cuenta de cobro, en todas se consignó un descuento del 50% por acuerdo hecho
entre las partes. Los valores que se registran, corresponden por lo tanto al finalmente cobrado, luego
de aplicar el mencionado descuento.
42
Radicación número: 200012331000201100046 01 (45762)
Actor: Jose Guillermo Castro Gámez
Demandado: Departamento Del Cesar
Referencia: Apelación Sentencia - Controversias Contractuales
4) Entre el 22 de agosto y el 16 de septiembre de 2007, por valor total de
$10’750.000.
5) Entre el 24 de octubre y el 20 de diciembre de 2007, por valor total de
$24’510.000.
6) Entre el 21 de diciembre de 2007 y el 18 de enero de 2008, por valor total de
$11’610.000.
7) Entre el 22 de febrero y el 16 de abril de 2008, por valor total de $23’220.000.
8) Entre el 17 de abril y el 4 de junio de 2008, por valor total de $21’070.000.
9) Entre el 5 y el 30 de junio de 2008, por valor total de $10’750.000.
10) Entre el 25 de julio y el 18 de agosto de 2008, por valor total de $10’320.000.
11) Entre el 30 de septiembre y el 2 de diciembre de 2008, por valor total de
$27’090.000.
• Dieciocho (18) comprobantes de egreso por concepto de pagos y abonos de las
cuentas por concepto de stand by de las maquinarias correspondientes al Contrato
No. 281-06, por valor total de $ 203’820.000. La firma y número de cédula de quien
recibió, coinciden con las del contratista Elías Guillermo Daza Díaz en el contrato
de ejecución de obra civil con maquinarias (f. 712 a 728, c. 3).
Análisis de la Sala:
De acuerdo con las pruebas que se acaban de referir, es claro que el contratista, en
cumplimiento de sus obligaciones contractuales38, contrató la maquinaria que
requería para la ejecución de las obras y canceló a su propietario el stand by al que
se había comprometido -4 horas diarias- y que corresponde a los lapsos de
inactividad de los equipos, abarcando periodos en los cuales el contrato de obra
estuvo suspendido.
La Sala no comparte los argumentos esgrimidos por el a-quo para desestimar las
pruebas que se allegaron con miras a acreditar estos costos asumidos por el
contratista, toda vez que los documentos aparecen debidamente suscritos por el
acreedor y no fueron tachados de falsos por la entidad demandada, razón suficiente
38
El pliego de condiciones estableció que “El oferente favorecido deberá suministrar y mantener al
frente de la obra el equipo necesario y suficiente, adecuado en capacidad, características y
tecnología, para cumplir con los programas, plazos y especificaciones técnicas y ambientales de la
obra; por lo tanto, los costos inherentes al equipo serán considerados en el análisis de los precios
unitarios de la oferta” (f. 650, Anexo 3).
43
Radicación número: 200012331000201100046 01 (45762)
Actor: Jose Guillermo Castro Gámez
Demandado: Departamento Del Cesar
Referencia: Apelación Sentencia - Controversias Contractuales
para que puedan ser considerados como pruebas. Sin embargo, al analizar tales
documentos, se encuentra que ellos sólo acreditan que José Guillermo Castro
Gámez suscribió un contrato de alquiler de una maquinaria y equipos y que canceló
un stand by de los mismos a su co-contratista, en los términos dispuestos en el
negocio jurídico celebrado por ellos.
Ahora bien, en relación con la pretensión tendiente al reconocimiento, por parte del
Departamento del Cesar, del costo del stand by de la maquinaria contratada para
adelantar los trabajos a los que se comprometió el demandante a través del contrato
objeto de la presente controversia y respecto del cual se aportaron las pruebas que
se acaban de referir, se observa:
En relación con la Suspensión No. 1, se advierte que el acta de iniciación del
contrato de obra objeto de esta controversia se suscribió el 22 de septiembre de
2006 (f. 8 y 27, c. 1) pero su ejecución se suspendió por primera vez el 27 de
noviembre de 2006 y así permaneció hasta el 29 de enero de 2007, cuando se
suscribió el acta de reanudación. Es claro entonces, que el contratista celebró el
negocio jurídico de alquiler de los equipos y maquinaria 4 días antes -el 25 de enero
de 2007- de que se reiniciara la ejecución de las obras y, por lo tanto, no hubo stand
by por esta primera suspensión, tal y como se desprende, igualmente, del hecho de
que las cuentas de cobro por este concepto inician a partir del mes de abril de 2007
y de que el mismo demandante, al elaborar el cuadro con el cálculo reclamado a la
entidad demandada por concepto de stand by de la maquinaria, no incluyó la
suspensión No. 1 (f. 187, c. 1).
No obstante, sí incluyó por este periodo el cálculo de 63 días de stand by del
vehículo camioneta Mazda doble cabina, con un valor diario de $ 83.333, para un
total de $5’250.000 (f. 188, c. 1), reclamación sobre la cual se puede predicar lo
mismo que se dirá en relación con las Suspensiones 4 y 6, como se verá más
adelante, sobre la falta de prueba del sobrecosto reclamado.
En cuanto a la Suspensión No. 4, consta que la misma se inició el día 22 de febrero
de 2008 y culminó el 1º de julio siguiente, razón por la cual, dentro de este periodo
habría quedado comprendido el stand by cuyo cobro se produjo a través de las
cuentas 1 (entre el 16 de abril y el 11 de mayo) y 2 (entre el 11 de mayo y el 1º de
julio), las cuales suman un valor de $ 43’000.000.
44
Radicación número: 200012331000201100046 01 (45762)
Actor: Jose Guillermo Castro Gámez
Demandado: Departamento Del Cesar
Referencia: Apelación Sentencia - Controversias Contractuales
Similar situación se da respecto del Acta de Suspensión No. 6, pues la misma se
inició el 30 de septiembre de 2008 y culminó el 31 de octubre de 2008, razón por la
cual, dentro de este periodo habría quedado comprendido el stand by cuyo cobro
se produjo a través de la cuenta 11 (entre el 30 de septiembre y el 2 de diciembre
de 2008), que se presentó por valor total de $27’090.000.
No obstante, en relación con esta reclamación, referida tanto a la Suspensión 1
como a la 4 y la 6, observa la Sala que no es suficiente con acreditar los pagos que
el demandante efectuó por dicho concepto de stand by de los equipos, vehículos y
la maquinaria que tenía alquilados, sino que se requería así mismo probar que los
mismos estuvieron en el sitio de las obras, prestos para ser utilizados pero que, por
razón de las suspensiones del contrato, no fueron usados durante esos periodos en
los trabajos objeto del mismo y que, en consecuencia, se produjo ese sobrecosto
para el contratista.
Al respecto, se observa que en las mismas actas de suspensión nada se dijo al
respecto ni el contratista dejó salvedad u observación alguna en relación con la
existencia de equipos, vehículos y maquinaria que hubieran quedado inmovilizados
e inutilizados en el sitio de las obras o guardados en las bodegas destinadas para
ello, por lo que, como lo ha manifestado la jurisprudencia en casos similares,
“tampoco resulta admisible que el contratista hubiere firmado el acta de suspensión
del contrato (…), sin dejar ninguna constancia de que en esa misma fecha, según
lo afirma en su demanda, tenía disponible la maquinaria en el sitio de las obras, de
lo cual debió enterar al interventor del contrato, para que verificara esta situación y
firmaran conjuntamente el acta de recibo de dichos equipos, como es lo
acostumbrado en este tipo de obras”39.
Por otra parte, la bitácora de la obra, que podría dar cuenta de estas circunstancias,
no fue aportada completa al plenario, pues sólo aparecen copias de algunas partes
de ese documento, como aquella en la que se registran las actividades adelantadas
desde la iniciación de las obras hasta la anotación del 5 al 8 de abril de 2007, y en
donde se hace alusión a la utilización de maquinaria, en especial el bulldozer y la
motoniveladora, en la ejecución de los trabajos (f. 1188 a 1203, Anexo 4); y otra copia
parcial con anotaciones entre el 11 de septiembre y el 4 de octubre de 2007 sobre
39
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 31 de
agosto de 2006, expediente 14287, C.P. Mauricio Fajardo Gómez.
45
Radicación número: 200012331000201100046 01 (45762)
Actor: Jose Guillermo Castro Gámez
Demandado: Departamento Del Cesar
Referencia: Apelación Sentencia - Controversias Contractuales
las actividades adelantadas en esas fechas (f. 80 a 84, Anexo 1), pero no se
encontraron anotaciones relacionadas con los periodos en los que estuvo
suspendido el plazo del contrato, en especial las suspensiones 1, 4 y 6, en las que
se hubiera dado cuenta de los equipos o maquinaria que se hallaban en el sitio de
las obras durante esos lapsos.
Tampoco constan comunicaciones entre las partes y el interventor en las que se
hubiera hecho alusión a dicha circunstancia, o que dieran cuenta del destino de los
equipos y maquinaria durante los periodos de suspensión del contrato, ni
testimonios que hubieran corroborado su presencia en el sitio de las obras en esos
días ni ningún otro medio de prueba, por lo que no se tiene la certeza de que,
efectivamente, allí permanecieron.
Por otra parte, en el dictamen pericial, en relación con esta reclamación, sólo se
consignó lo siguiente (f. 840, c. 4):
4. Cálculo del valor costos por stand by de maquinarias
La mayor permanencia de la obra originó un cese de las maquinarias durante
los periodos de tiempo en que la obra estuvo suspendida. Para este cálculo se
toma como base los Comprobantes de Egresos, Cuentas de Cobro anexas, y
el contrato de ejecución de obra civil con maquinarias celebrado entre el señor
Elías Guillermo Daza Díaz y el demandante José Guillermo Castro Gámez. Los
comprobantes de egresos por este concepto ascienden a la suma de
$197.330.000”.
Como se observa, el auxiliar de la justicia se limitó a afirmar que las suspensiones
del contrato originaron el cese de la maquinaria y a enunciar el monto debido por
este concepto, con base en los comprobantes de egresos y cuentas de cobro
allegados por el demandante, es decir que dio por sentado un hecho que, por lo
demás, con el escaso acervo probatorio obrante en el plenario sobre esta
reclamación, no fue acreditado en debida forma.
De acuerdo con lo anterior, encuentra la Sala que el demandante no cumplió con la
carga de la prueba que le asistía en relación con los hechos fundamento de esta
pretensión, a la luz de lo establecido en el artículo 177 del C.P.C., conforme al cual,
“incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el
46
Radicación número: 200012331000201100046 01 (45762)
Actor: Jose Guillermo Castro Gámez
Demandado: Departamento Del Cesar
Referencia: Apelación Sentencia - Controversias Contractuales
efecto jurídico que ellas persiguen”, requisito sobre el cual, como lo ha dicho la
jurisprudencia40:
“(…) no debe olvidarse que la carga de la prueba es una regla de nuestro
derecho probatorio consagrada en el artículo 177 del C. de P. Civil, de acuerdo
con el cual "Incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas
que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen... "; dicho en otras palabras:
para lograr que el juez dirima una controversia de manera favorable a las
pretensiones, le corresponde al demandante demostrar en forma plena y
completa los actos o hechos jurídicos de donde procede el derecho o nace la
obligación, máxime si ninguna de las partes goza en el proceso colombiano de
un privilegio especial que permita tener por ciertos los hechos simplemente
enunciados en su escrito, sino que cada una de ellas deberá acreditar sus
propias aseveraciones.
Cabe recordar que la carga de la prueba se traduce en una regla de juicio, que
le indica a las partes la responsabilidad que tienen para que los hechos que
sirven de sustento a las pretensiones o a la defensa resulten probados; en este
sentido, en relación con los intereses de la parte demandante, debe anotarse
que quien presenta la demanda, sabe de antemano cuáles hechos le interesa
que aparezcan demostrados en el proceso y, por tanto, sabe de la necesidad
de que así sea, más aún tratándose del sustento mismo de la demanda y de los
derechos que solicita sean reconocidos.
En tales términos, dicha carga constituye un sucedáneo de la prueba, en la medida
en que le indica al juez quién debe soportar las consecuencias de que un
determinado hecho no se haya acreditado en el proceso.
En el presente caso, no se probó el daño que se adujo en la demanda, esto es, los
mayores costos derivados del stand by de equipos y maquinaria como consecuencia
de las suspensiones No. 1, 4 y 6 en el contrato de obra celebrado con el
Departamento del Cesar, por cuanto no se acreditó el hecho fundamental de la
permanencia de tales equipos y maquinaria en el sitio de las obras durante las
referidas suspensiones, lo que resultaba indispensable para la prosperidad de las
pretensiones y que le incumbía acreditar a quien afirmó su existencia, es decir, al
demandante.
Conclusión
De acuerdo con el análisis efectuado por la Sala en relación con los argumentos de
los apelantes y su confrontación con las pruebas obrantes en el proceso, considera
40
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 28 de
abril de 2005, expediente 17.300, C.P. Ramiro Saavedra Becerra.
47
Radicación número: 200012331000201100046 01 (45762)
Actor: Jose Guillermo Castro Gámez
Demandado: Departamento Del Cesar
Referencia: Apelación Sentencia - Controversias Contractuales
la Sala que la decisión de primera instancia debe ser modificada y, en tal sentido,
se decidirá.
Se advierte, en todo caso, que la condena proferida por el a-quo al pago del Acta
de Ajustes de Precios No. 11 y por el descuento del 50% efectuado a las Actas de
Ajustes de Precios 1 a 10 también será revocada, toda vez que fue objeto de la
conciliación que se produjo posteriormente por las partes y que fuera aprobada por
el Tribunal de primera instancia mediante Auto del 25 de octubre de 2012 (ver pie
de página 2).
Condena en costas
En vista de que no se observa en este caso temeridad o mala fe en el actuar de las
partes, la Sala se abstendrá de condenar en costas, de conformidad con lo previsto
en el artículo 171 del Código Contencioso Administrativo, modificado por el artículo
55 de la Ley 446 de 1998.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la ley,
FALLA:
MODIFÍCASE la sentencia apelada, esto es, la proferida por el Tribunal
Administrativo del Cesar el 7 de junio de 2012, la cual quedará así:
PRIMERO: Declarar imprósperas las excepciones propuestas por el
ente territorial demandado, por las razones expuestas en la parte motiva
de esta providencia.
SEGUNDO: Declarar que el Departamento del Cesar incumplió el
contrato de obra No. 281 de 2006, celebrado con el ingeniero José
Guillermo Castro Gámez, para el mejoramiento y/o pavimentación de la
vía secundaria desde el corregimiento de La Mata hasta el Municipio de
La Gloria en el Departamento del Cesar.
48
Radicación número: 200012331000201100046 01 (45762)
Actor: Jose Guillermo Castro Gámez
Demandado: Departamento Del Cesar
Referencia: Apelación Sentencia - Controversias Contractuales
TERCERO: Condenar al Departamento del Cesar a pagar al
demandante las siguientes sumas de dinero:
Por costos de administración derivados de la mayor permanencia en la
obra, la suma de QUINIENTOS DIECISEIS MILLONES DOSCIENTOS
TREINTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS VEINTINUEVE PESOS CON
DOCE CENTAVOS ($516.237.929,12).
CUARTO: Negar las demás pretensiones de la demanda.
QUINTO: Sin condena en costas.
En firme esta providencia, ENVÍESE el expediente al Tribunal de origen.
Se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de
su encabezado y que se firma en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI,
de manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad
y autenticidad del presente documento en el link
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador.aspx.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
MARÍA ADRIANA MARÍN JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Firmado electrónicamente
MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO
VF
49
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.