República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 13001-23-33-000-2017-00828-01
Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
27 de agosto de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B
Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
Bogotá D.C., veintisiete (27) de agosto de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 13001-23-33-000-2017-00828-01 (2747-2021)
Demandante: Duneya Escorcia Berdugo
Demandada: Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Ejército Nacional
Tema: pensión de sobrevivientes. Subtema 1: aplicación del Decreto 4433 de 2004
a soldado regular fallecido en simple actividad. Subtema 2: norma vigente al
momento del fallecimiento. Subtema 3: aplicación por favorabilidad de la Ley 100
de 1993, modificada por la Ley 797 de 2003. Subtema 4: exigencia de completar
50 semanas de cotización.
Sentencia de segunda instancia
La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver
el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia
proferida por el Tribunal Administrativo de Bolívar, Sala de Decisión No. 2, el 6 de
marzo de 2020, que negó las pretensiones de la demanda.
1. Síntesis del caso
La señora Duneya Escorcia Berdugo pidió el reconocimiento de la pensión de
sobrevivientes como consecuencia de la muerte del señor Luis Fernando Campaz
Escorcia, ocurrida en simple actividad el 1.° de marzo de 2008. En primera instancia,
el Tribunal negó las pretensiones de la demanda porque, aunque por favorabilidad
e igualdad resultaba aplicable la Ley 100 de 1993, el causante solo acreditó 27,4
semanas, comprendidas del 21 de agosto de 2007 al 1.° de marzo de 2008, de las
50 exigidas. Inconforme con esta decisión, la demandante apeló. Sostuvo que el
fallo se equivocó al aplicar la sentencia de unificación CE-SUJ2-010-2018 del 12 de
abril de 2018 y que debió acudir al Decreto 4433 de 2004, para hacerle extensivos
sus beneficios. La Sala confirmará la sentencia apelada, salvo la condena en costas
que se revoca.
Radicación: 13001-23-33-000-2017-00828-01 (2747-2021)
Demandante: Duneya Escorcia Berdugo
Demandada: Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Ejército Nacional
2. Antecedentes
2.1. La demanda
1. La señora Duneya Escorcia Berdugo, mediante apoderada, presentó la
demanda1 el 7 de septiembre de 20172, en ejercicio del medio de control de nulidad
y restablecimiento del derecho, contra la Nación, Ministerio de Defensa Nacional,
Ejército Nacional, con las siguientes pretensiones:
2. Declarar la nulidad de la Resolución 4077 del 7 de octubre de 2016, proferida
por la directora administrativa y la coordinadora del Grupo de Prestaciones Sociales
de la Secretaría General del Ministerio de Defensa Nacional, mediante la cual la
accionada le negó el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes3.
3. A título de restablecimiento del derecho, condenar a la demandada a que
reconozca y pague la pensión de sobrevivientes en su condición de madre del señor
Luis Fernando Campaz Escorcia, a partir del 1.° de marzo de 2008, sin solución de
continuidad y en el grado de soldado regular; que se dispongan los reajustes entre
el monto de los incrementos anuales del Gobierno nacional y el porcentaje del Índice
de Precios al Consumidor (IPC); que se apliquen los artículos 1634 del Código Civil
y 136 del Código Contencioso-Administrativo (CCA); que se indexen las sumas
reconocidas; que se tenga en cuenta la imprescriptibilidad; que se exceptúe por
inconstitucionalidad el artículo 43 del Decreto 4433 de 2004; y que se profiera
condena en costas.
2.1.1. Hechos
4. La Sala sintetiza los hechos de la demanda, así:
5. El señor Luis Fernando Campaz Escorcia fue soldado regular del Ejército
Nacional, no tenía unión marital vigente ni hijos y vivía con su madre, la señora
Duneya Escorcia Berdugo, a quien le proveía su subsistencia.
6. El señor Luis Fernando Campaz Escorcia falleció el 1.° de marzo de 2008.
Mediante la Resolución 75732 del 16 de abril de 2008, se les reconoció a los
señores Tomás Campaz y Duneya Escorcia Berdugo una compensación por la
muerte en simple actividad de su hijo Luis Fernando Campaz Escorcia.
7. El 7 de octubre de 2016 (sic), la señora Duneya Escorcia Berdugo le solicitó
a la demandada el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes.
1 Samai, índice, 2, 6_ED_ACTUACIONE_0011300123330002017(.PDF) NroActua 2, páginas 1 a 8 del archivo
digital.
2 Samai, índice, 2, 6_ED_ACTUACIONE_0011300123330002017(.PDF) NroActua 2, página 24 del archivo
digital.
3 La actora indicó que este acto administrativo le reconoció la pensión, no obstante, en los hechos relató que le
negó lo pretendido, lo que sustentó la interposición de la demanda.
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Radicación: 13001-23-33-000-2017-00828-01 (2747-2021)
Demandante: Duneya Escorcia Berdugo
Demandada: Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Ejército Nacional
8. La entidad accionada profirió la Resolución 4077 del 7 de octubre de 2016 en
la que negó lo pedido.
2.1.2. Normas violadas y concepto de violación
9. La parte demandante citó como normas vulneradas la Constitución Política
de Colombia, artículos 1, 6, 13, 25, 48, 53, 58, 63, 90 y 229; Código Contencioso-
Administrativo (CCA), artículos 1, 2, 3, 4,83 y 85; Ley 446 de 1998; Código Penal,
artículos 107 y 108; Código Procesal del Trabajo, artículos 23, numerales 1, 18 y
20, y artículos 5 y 10; Decreto 1211 de 1990, artículos 169 y 174; Ley 100 de 1993,
artículos 14, 80, 142 y 279; y Ley 238 de 1995.
10. En sustento, expuso que no existía justificación válida para negar la pensión
de sobrevivientes a los beneficiarios de los soldados regulares que prestan sus
servicios en la fuerza pública y fallecen en actos del servicio. Para ello, el Consejo
de Estado ha optado por inaplicar el artículo 8 del Decreto 2728 de 1968, que no
prevé el pago de dicha prestación, y por aplicar en su lugar el artículo 189 del
Decreto 1211 de 1990, que sí la establece a favor de los oficiales y suboficiales.
2.2. Contestación de la demanda
11. La Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Ejército Nacional se opuso a
todas las pretensiones, al considerar que el Decreto 2728 de 1968 aplicable a este
asunto, solo ordena el pago de una compensación por muerte a favor de los
beneficiarios de los fallecidos en simple actividad, mas no una pensión de
sobrevivientes. En todo caso, no se satisfacen los presupuestos para acceder a la
prestación reclamada, pues la accionante no probó la dependencia económica del
causante.
12. Indicó que entre la entidad y el soldado no existió una relación laboral, lo que
impide el reconocimiento pensional, pues el señor Luis Fernando Campaz Escorcia
prestaba el servicio militar obligatorio en calidad de soldado regular y falleció
simplemente en actividad. Agregó que debía aplicarse el régimen especial, en lugar
de la normativa general y respetarse el principio de inescindibilidad normativa.
13. Planteó como excepciones la prescripción de las mesadas pensionales; la
inexistencia de nulidad del acto demandado; la carencia del derecho o inexistencia
de la obligación; la presunción de legalidad del acto enjuiciado y la innominada 4.
2.3. Sentencia de primera instancia
14. El Tribunal Administrativo de Bolívar, Sala de Decisión No. 2, mediante
sentencia del 6 de marzo de 2020, negó las pretensiones de la demanda y condenó
a la demandante al pago de costas procesales a favor de la demandada.
4 Samai, índice, 2, 6_ED_ACTUACIONE_0011300123330002017(.PDF) NroActua 2, páginas 37 a 55 del
archivo digital.
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15. En sustento, consideró que el Decreto 2728 de 1968, la Ley 447 de 1998 y
el Decreto 4433 de 2004 no previeron la pensión de sobrevivientes a favor de los
beneficiarios de los soldados regulares fallecidos simplemente en actividad. Por
ende, resultaban aplicables los artículos 46 y siguientes de la Ley 100 de 1993, por
favorabilidad e igualdad, en los términos de la sentencia de unificación CE-SUJ2-
010-2018 del 12 de abril de 2018, proferida por la Sección Segunda de esta
corporación en un caso similar. Así, el régimen general debía aplicarse en su
integridad, por el principio de inescindibilidad.
16. No obstante, no había lugar a acceder al reconocimiento pretendido, ya que
la disposición exigía 50 semanas de cotización en los tres años anteriores al
fallecimiento. Sobre este requisito precisó que si bien los soldados regulares son
afiliados no cotizantes al régimen de seguridad social de las fuerzas militares, ello
no impedía el reconocimiento de la prestación, porque la ley establece beneficios
aun cuando no se ostente la calidad de cotizante, y que el Consejo de Estado
determinó que las 50 semanas debían entenderse como el tiempo de duración de
la prestación del servicio militar hasta la fecha del fallecimiento. Con todo, el
causante solo acreditó 27,4 semanas, comprendidas del 21 de agosto de 20075 al
1.° de marzo de 2008. En consecuencia, debían negarse las pretensiones de la
demanda.
17. El Tribunal condenó en costas a la demandante a favor de la demandada,
porque fue la parte vencida en el proceso, en la modalidad de gastos del proceso y
agencias en derecho, para ser liquidadas por la Secretaría de la corporación
conforme a los artículos 188 del CPACA y 365 y 366 del Código General del Proceso
(CGP)6.
2.4. Recurso de apelación de la parte demandante
18. La parte actora apeló y pidió que se revocara la sentencia de primera
instancia, y, en su lugar, se accediera a las súplicas de la demanda, con fundamento
en los siguientes motivos:
19. La decisión incurrió en graves defectos fácticos y sustantivos, porque negó
las pretensiones de la demanda basada en una interpretación desproporcionada e
indebida de la normativa aplicable. Lo anterior, porque erró al aplicar el precedente
contenido en la sentencia de unificación CE-SUJ2-010-2018 del 12 de abril de 2018
proferida dentro del expediente núm. 81001-23-33-000-2014-00012-01 (1321-15),
5 El Tribunal precisó que las 27,4 semanas estaban comprendidas del 1.° de agosto de 2007 al 1.° de marzo de
2008. No obstante, consignó a pie de página que, según las pruebas allegadas al proceso, datos con los cuales
está conforme la parte accionante, el causante fue dado de alta el 21 de agosto de 2007 y de baja el 1.° de
marzo de 2008, por muerte en simple actividad.
6 Samai, índice, 2, 6_ED_ACTUACIONE_0011300123330002017(.PDF) NroActua 2, páginas 195 a 207 del
archivo digital.
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por inobservancia de los principios de iura novit curia7, pro-persona8, pro-actione9 y
favorabilidad.
20. En particular, en criterio de la recurrente, la interpretación de la sentencia de
unificación CE-SUJ2-010-2018 no debió consistir en la aplicación obligatoria de la
Ley 100 de 1993, sino en la prevalencia del régimen general por encima de los
regímenes especiales, siempre que este fuera más favorable. De manera que en el
caso concreto no debió aplicarse esa norma, por no ser la más favorable, pues los
soldados que prestan el servicio militar obligatorio no cotizan a seguridad social y,
por ello no se acreditaron las 50 semanas requeridas. En su lugar, debió optarse
por el Decreto 4433 de 2004 y hacer extensivo su beneficio, por vía de control de
convencionalidad y de la excepción de inconstitucionalidad, a los beneficiarios de
los soldados regulares fallecidos en simple actividad, así no cumplieran un año de
servicio.
21. Agregó que la referida sentencia de unificación precisó que, en virtud del
artículo 19 de la Ley 352 de 1997, quienes prestan el servicio militar obligatorio son
afiliados no cotizantes al régimen de seguridad social de las fuerzas militares, por
lo que no resultaba dable exigirles el requisito mínimo de cotización previsto en el
artículo 46 de la Ley 100 de 1993. En el mismo sentido, invocó el artículo 288 ibidem,
conforme al cual el interesado puede acogerse a las disposiciones de esa ley que
considere más favorables frente a las anteriores sobre la misma materia, siempre
que se someta a la totalidad de aquellas.
22. Para alcanzar este fin, la parte actora pidió que se efectuara un control de
convencionalidad y de constitucionalidad por vía de excepción, fundados,
respectivamente, en el artículo 2 de la Convención Americana sobre Derechos
Humanos y en el artículo 4 de la Constitución Política, así como del artículo 13
ibidem, con sustento en la existencia de barreras discriminatorias para resolver
casos como el suyo. Al respecto, destacó que la Ley 100 de 1993 exigía afiliación o
prestación del servicio por más de 50 semanas; mientras que el Decreto 4433 de
2004 prevé la pensión de sobrevivientes para los oficiales, suboficiales o soldados
profesionales, con exclusión de los regulares y bachilleres, y exige un año o más de
haber ingresado al escalafón o de haber sido dado de alta. Añadió que aplicar la
Ley 100 de 1993 a estos casos contraría los derechos a la igualdad, al debido
proceso y a la dignidad humana.
7 Según el Diccionario panhispánico del español jurídico, se refiere a «el tribunal conoce el derecho».
8 Según el Diccionario panhispánico del español jurídico, se refiere a «Principio en virtud del cual se ha de acudir
a la norma más amplia o a la interpretación más extensiva cuando se trate de reconocer derechos protegidos
y, a la inversa, a la norma o a la interpretación más restringida, cuando se trate de establecer límites al ejercicio
de los mismos».
9 Según el Diccionario panhispánico del español jurídico, se refiere a «principio constitucional vinculado al
derecho a la tutela judicial efectiva que exige a los órganos judiciales la exclusión de determinadas aplicaciones
o interpretaciones de los presupuestos procesales que eliminen u obstaculicen injustificadamente el derecho
del litigante a que un órgano judicial conozca y resuelva sobre la pretensión a él sometida».
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23. En ese sentido, la accionante consideró que los soldados que prestan el
servicio militar están en una situación de vulnerabilidad, por cuanto los 18 años son
una edad temprana para tener experiencia profesional. Relacionó cifras publicadas
en la revista Semana, que registraron el número de jóvenes incorporados entre 1993
y 2015 y de quienes continuaron en la carrera militar– 1.492.263 incorporados, de
los cuales el 12% – 208.467 – continuó en ella–; y que, en su criterio, reflejan los
daños físicos y mentales que sufrieron soldados como su hijo – 7.552 personas
entre 2009 y 2015, el 74% de ellas soldados regulares–.
24. Por lo tanto, precisó que la legislación actual no ofrece a los soldados
regulares fallecidos en simple actividad los mismos beneficios que a los soldados
profesionales, oficiales y suboficiales, a quienes sí se les han reconocido sus
solicitudes, como ocurrió en la sentencia proferida por la Sección Segunda del
Consejo de Estado el 19 de enero de 2015, dentro del expediente 13001-23-33-000-
2012-00159-01 (4353-13). De ahí que no esté justificada la exigencia de completar
un año de servicio conforme al Decreto 4433 de 2004, ni las 50 semanas de
cotización previstas en la Ley 100 de 1993, pues, aunque el causante no murió en
combate, estuvo expuesto a riesgos10.
2.5. Trámite procesal en segunda instancia
25. Mediante auto del 4 de mayo de 202311, se admitió el recurso de apelación
interpuesto por la parte demandante. Posteriormente, el 26 de agosto de 2024 se
corrió traslado a las partes para presentar sus alegatos12. El procurador delegado
de intervención tercero ante el Consejo de Estado rindió concepto en el que pidió
confirmar la sentencia de primera instancia. Sostuvo que ninguna norma concede
el derecho pensional a los beneficiarios de los soldados regulares y que tampoco
se aplica el principio de favorabilidad, porque no hay duda sobre las fuentes legales
aplicables.
26. Indicó que no se acreditaron los requisitos exigidos por las leyes 100 de 1993
y 923 de 2004, ni por el Decreto 4433 de 2004, dado que el señor Luis Fernando
Campaz Escorcia no prestó servicios al menos por un año y no cotizó las 50
semanas en los últimos tres años, sino solamente 28 en el marco de la prestación
del servicio militar obligatorio. En consecuencia, no hay lugar a acceder a lo
pretendido en aplicación de las normas generales y especiales13. El expediente
ingresó al despacho para fallo el 31 de octubre de 2024, sin pronunciamiento de las
partes14.
10 Samai, índice, 2, 6_ED_ACTUACIONE_0011300123330002017(.PDF) NroActua 2, páginas 211 a 219 del
archivo digital.
11 Samai, índice 6.
12 Samai, índice 14.
13 Samai, índice 20.
14 Samai, índice 23.
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3. Consideraciones
3.1. Competencia
27. El Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, es competente
para conocer de los recursos de apelación interpuestos contra las sentencias
proferidas en primera instancia por los tribunales administrativos, de conformidad
con el artículo 150 del CPACA.
3.2. Problemas jurídicos
28. Teniendo en cuenta que, según el artículo 328 del CGP, el juez de segunda
instancia debe pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos en el
recurso, corresponde a la Sala resolver los siguientes problemas jurídicos:
29. ¿Resulta aplicable el Decreto 4433 de 2004 para acceder al reconocimiento
pensional pretendido, a favor de la madre beneficiaria del soldado regular fallecido
en simple actividad?
30. En caso de que la respuesta sea negativa, y la Sala encuentre que el régimen
más favorable es el contenido en la Ley 100 de 1993, modificada por la Ley 797 de
2003, deberá definir si ¿es injustificada la exigencia de 50 semanas de cotización?
3.3. Marco normativo y reiteración jurisprudencial
3.3.1. Prestaciones por muerte de los soldados que prestan servicio militar
31. El artículo 216 de la Constitución Política establece que todos los
colombianos están obligados a tomar las armas cuando las necesidades públicas lo
exijan, con el fin de defender la independencia nacional y las instituciones públicas.
Asimismo, dispone que corresponde a la ley determinar las condiciones que, en
todo tiempo, eximen de la prestación del servicio militar, así como las prerrogativas
derivadas de su cumplimiento.
32. Sobre el alcance de esta obligación, la Corte Constitucional15 ha precisado
que la prestación del servicio militar constituye un deber de naturaleza
constitucional, derivado de las exigencias mínimas que recaen sobre los nacionales
en relación con el sostenimiento y la defensa de la soberanía, la guarda del orden
institucional y el mantenimiento del orden público.
33. Debe distinguirse la naturaleza del vínculo que une a los miembros de la
Fuerza Pública con la administración. En el caso de los soldados voluntarios y
profesionales, así como de los oficiales y suboficiales, la relación surge de un
vínculo legal y reglamentario, originado en un acto administrativo de nombramiento
y en la posterior posesión del servidor. En cambio, tratándose de los conscriptos, la
15 Sentencia C-511 de 1994
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incorporación no obedece a una relación de empleo público, sino al cumplimiento
del deber constitucional de prestar el servicio militar para la defensa de la
independencia nacional y de las instituciones públicas.
34. Sobre la obligatoriedad del servicio militar y las modalidades de prestación,
la Ley 48 de 1993 previó, en sus artículos 10 y 13, lo siguiente:
[…] ARTÍCULO 10. Obligación de definir la situación militar. Todo varón colombiano
está obligado a definir su situación militar a partir de la fecha en que cumpla su
mayoría de edad, a excepción de los estudiantes de bachillerato, quienes definirán
cuando obtengan su título de bachiller. La obligación militar de los colombianos
termina el día en que cumplan los cincuenta (50) años de edad. […].
[…] ARTÍCULO 13. Modalidades prestación servicio militar obligatorio. El Gobierno
podrá establecer diferentes modalidades para atender la obligación de la prestación
del servicio militar obligatorio. Continuarán rigiendo las modalidades actuales sobre
la prestación de servicio militar:
a) Como soldado regular, de 18 a 24 meses;
b) Como soldado bachiller durante 12 meses;
c) Como auxiliar de policía bachiller, durante 12 meses;
d) Como soldado campesino, de 12 hasta 18 meses. […].
35. En particular, la jurisprudencia de la Sección Segunda de esta corporación
ha considerado que el tiempo de servicio completado por quienes hubieran cumplido
la obligación constitucional, será computado para efectos de sus cesantías y
pensión, lo que implica su incidencia en la consolidación del derecho pensional16.
36. Ahora bien, tal como lo explicó el fallo de unificación del 12 de abril de 201817,
de conformidad con el Decreto 2728 del 2 de noviembre de 1968 18, el artículo 8
clasificó la muerte en servicio activo, así:
Muerte en combate Muerte ocurrida: i) en combate o ii) como consecuencia de la acción
del enemigo, bien sea en conflicto internacional o en el
mantenimiento o restablecimiento del orden público.
Muerte en misión del servicio Muerte ocurrida en actividad por actos del servicio o por causas
inherentes al mismo
Muerte simplemente en Muerte ocurrida en actividad, por causas diferentes a las
actividad enumeradas en las dos hipótesis anteriores.
37. Por consiguiente, a partir de la clasificación de las condiciones del deceso
del militar correspondía el pago de prestaciones, en los siguientes términos:
Tipo de muerte Prestaciones a reconocer
Muerte en combate 1. Ascenso en forma póstuma al grado de cabo segundo o marinero
16 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 2
de febrero de 2023, exp. 76001-23-33-000-2016-01908-01 (2127-2022). M.P. William Hernández Gómez.
17 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 12 de abril de 2018, proceso con radicado 81001-23-33-
000-2014-00012-01 (1321-15).
18 «Por el cual se modifica el régimen de prestaciones sociales por retiro o fallecimiento del personal de soldados
y grumetes de las Fuerzas Militares».
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2. Reconocimiento y pago de cuarenta y ocho (48) meses de los haberes
correspondientes a dicho grado.
3. Pago doble de la cesantía.
Muerte en misión Reconocimiento y pago de treinta y seis (36) meses del sueldo básico
del servicio que en todo tiempo corresponda a un cabo segundo o marinero.
Muerte El reconocimiento y pago de veinticuatro (24) meses de sueldo básico
simplemente en que en todo tiempo corresponda a un cabo segundo o marinero.
actividad
38. A su vez, la Ley 447 de 199819 reguló el reconocimiento de una pensión
vitalicia, equivalente a un salario y medio mínimo mensual legal vigente, para los
beneficiarios de quienes prestaran el servicio militar obligatorio en las fuerzas
militares y la Policía Nacional, por la muerte «ocurrida en combate o como
consecuencia de la acción del enemigo, en conflicto internacional o participando en
operaciones de conservación o restablecimiento del orden público».
39. Por su parte, el artículo 34 del Decreto 4433 de 200420 dispuso que en el
caso de muerte de las personas vinculadas para la prestación del servicio militar
obligatorio «en combate o como consecuencia de la acción del enemigo, en conflicto
internacional o participando en operaciones de conservación o restablecimiento del
orden público», que sus beneficiarios tendrían derecho al reconocimiento de una
pensión de un salario y medio mínimo legal mensual vigente, en los términos de la
Ley 447 de 1998.
40. En este orden de ideas, las prestaciones por muerte de quienes se
encontraban prestando el servicio militar obligatorio, fueron expuestas en el referido
fallo de unificación del 2018, así:
Norma Calificación de la muerte Prestaciones
Decreto 2728 de Heridas o accidente aéreo en combate o - Ascenso póstumo a cabo
1968 por acción directa del enemigo, bien sea segundo o marinero.
en conflicto internacional o en - Reconocimiento y pago de 48
mantenimiento del orden público meses de los haberes
correspondientes a dicho grado.
• El pago doble de la cesantía.
Decreto 2728 de Accidente en misión del servicio Reconocimiento y pago de 36
1968 meses del sueldo básico que en todo
tiempo corresponda a un cabo
segundo o marinero
Decreto 2728 de En servicio activo o por causas Reconocimiento y pago de 24 meses
1968 diferentes de sueldo básico que en todo tiempo
corresponda a un cabo segundo o
marinero
Ley 447 de 1998 En combate o como consecuencia de la Reconocimiento y pago de una
acción del enemigo, en conflicto pensión vitalicia equivalente a un
internacional o participando en salario y medio mínimo mensual
operaciones de conservación o vigente.
restablecimiento del orden público
19 «Por la cual se establece pensión vitalicia y otros beneficios a favor de parientes de personas fallecidas
durante la prestación del servicio militar obligatorio y se dictan otras disposiciones».
20 «Por medio del cual se fija el régimen pensional y de asignación de retiro de los miembros de la Fuerza
Pública».
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Demandante: Duneya Escorcia Berdugo
Demandada: Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Ejército Nacional
En combate o como consecuencia de la Reconocimiento y pago de una
Decreto 4433 de acción del enemigo, en conflicto pensión vitalicia a sus beneficiarios
2004 internacional o participando en equivalente a un salario y medio
operaciones de conservación o mínimo legal mensual vigente
restablecimiento del orden público
41. En conclusión, el Decreto 2728 de 1968 no regulaba el reconocimiento
pensional en caso de muerte del conscripto. Posteriormente, esta prestación se
estableció en la Ley 447 de 1998 y el Decreto 4433 de 2004, pero en determinados
eventos, a saber, «ocurrida en combate o como consecuencia de la acción del
enemigo, en conflicto internacional o participando en operaciones de conservación
o restablecimiento del orden público».
42. Ahora bien, el Consejo de Estado en la referida sentencia de unificación CE-
SUJ2-010-2018 del 12 de abril de 2018 estableció que «con fundamento en la regla
de favorabilidad contenida en el artículo 288 de la Ley 100 de 1993, los beneficiarios
de las personas vinculadas a las Fuerzas Militares, en cumplimiento de la obligación
constitucional de prestar el servicio militar, que fallezcan simplemente en actividad
y con posterioridad a la vigencia de la Ley 100 de 1993, pueden beneficiarse de la
pensión de sobrevivientes prevista en el régimen general contenido en la Ley 100
de 1993, artículos 46, 47 y 48 […]».
43. Como sustento de la regla de unificación, la Sección Segunda explicó que en
el caso de muerte en simple actividad del soldado conscripto, el Decreto 2728 de
1968, solamente preveía 24 meses de sueldo básico. Normativa menos favorable
que la Ley 100 de 1993, la cual regula una pensión de sobrevivientes «para el
causante que hubiere cotizado 26 o 5021 semanas, cuyo monto es igual al 45% del
ingreso base de liquidación más 2% de dicho ingreso por cada 50 semanas
adicionales de cotización a las primeras 500».
44. Por consiguiente, la sentencia de unificación consideró que al analizar la
situación prestacional del soldado que durante la prestación del servicio militar
fallece en simple actividad, frente al régimen general, impera aplicar en virtud del
principio de favorabilidad, la Ley 100 de 1993, modificada por la Ley 797 de 2003.
Para el efecto, la Sección resaltó que el artículo 288 de la Ley 100 de 1993 dispone
«todo trabajador privado u oficial, funcionario público, empleado público y servidor
público tiene derecho a la vigencia de la presente Ley [a que] le sea aplicable
cualquier norma en ella contenida que estime favorable ante el cotejo con lo
dispuesto en leyes anteriores sobre la misma materia, siempre que se someta a la
totalidad de disposiciones de esta Ley».
3.3.2. Pensión de sobrevivientes en la Ley 100 de 1993
45. La Ley 100 de 1993, en el numeral 2 del artículo 46, modificado por el artículo
21 Este término se predicaría de aquellas situaciones que se consoliden con posterioridad a la modificación
introducida por la Ley 797 de 2003.
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12 de la Ley 797 de 2003, regula los requisitos para el reconocimiento de la pensión
de sobrevivientes para los integrantes del grupo familiar del afiliado que fallece y
que cumple con el requisito de tener 50 semanas de cotización en los tres años
anteriores al fallecimiento.
46. De conformidad con el artículo 47 de la Ley 100 de 1993, modificado por el
artículo 13 de la Ley 797 de 2003, tendrán derecho a la pensión de sobrevivientes
y a la sustitución los miembros del grupo familiar del beneficiario de la prestación
que fallezca, en el siguiente orden:
Artículo 47. Beneficiarios de la Pensión de Sobrevivientes. Son beneficiarios de la
pensión de sobrevivientes:
a) En forma vitalicia, el cónyuge o la compañera o compañero permanente o
supérstite, siempre y cuando dicho beneficiario, a la fecha del fallecimiento del
causante, tenga 30 o más años de edad. En caso de que la pensión de sobrevivencia
se cause por muerte del pensionado, el cónyuge o la compañera o compañero
permanente supérstite, deberá acreditar que estuvo haciendo vida marital con el
causante hasta su muerte y haya convivido con el fallecido no menos de cinco (5)
años continuos con anterioridad a su muerte.
b) En forma temporal, el cónyuge o la compañera permanente supérstite, siempre y
cuando dicho beneficiario, a la fecha del fallecimiento del causante, tenga menos de
30 años de edad, y no haya procreado hijos con este. La pensión temporal se pagará
mientras el beneficiario viva y tendrá una duración máxima de 20 años. En este
caso, el beneficiario deberá cotizar al sistema para obtener su propia pensión, con
cargo a dicha pensión. Si tiene hijos con el causante aplicará el literal a).
Si respecto de un pensionado hubiese un compañero o compañera permanente, con
sociedad anterior conyugal no disuelta y derecho a percibir parte de la pensión de
que tratan los literales a) y b) del presente artículo, dicha pensión se dividirá entre
ellos (as) en proporción al tiempo de convivencia con el fallecido. […]
c) <Apartes tachados INEXEQUIBLES> Los hijos menores de 18 años; los hijos
mayores de 18 años y hasta los 25 años, incapacitados para trabajar por razón de
sus estudios y si dependían económicamente del causante al momento de su
muerte, siempre y cuando acrediten debidamente su condición de estudiantes y
cumplan con el mínimo de condiciones académicas que establezca el
Gobierno; y, los hijos inválidos si dependían económicamente del causante, esto
es, que no tienen ingresos adicionales, mientras subsistan las condiciones
de invalidez. Para determinar cuando hay invalidez se aplicará el criterio previsto por
el artículo 38 de la Ley 100 de 1993; […]
d) <Aparte tachado INEXEQUIBLE> A falta de cónyuge, compañero o compañera
permanente e hijos con derecho, serán beneficiarios los padres del causante si
dependían económicamente de forma total y absoluta de este;
47. Esta corporación ha resaltado que la finalidad de la sustitución pensional y
de la pensión de sobrevivientes «es la protección de la familia, entendida como el
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conjunto de personas allegadas al trabajador que dependían económicamente de
él y que quedan desamparadas a causa de su fallecimiento» 22. En consonancia, la
Corte Constitucional ha precisado que su objeto es salvaguardar o mantener el nivel
de vida que tenía el beneficiario antes del deceso del pensionado23.
3.4. Hechos probados relevantes
48. De conformidad con las pruebas que obran en el expediente, se puede
establecer lo siguiente:
49. Luis Fernando Campaz Escorcia nació el 2 de octubre de 1987 y sus padres
eran Duneya Escorcia Berdugo y Tomás Campaz Bazán, de conformidad con la
copia del registro civil de nacimiento con el indicativo serial número 3228848424.
50. El señor Luis Fernando Campaz Escorcia se desempeñó como soldado
regular del Ejército Nacional con novedad fiscal a partir del 21 de agosto de 2007 y
hasta el 1.° de marzo de 2008, cuando falleció simplemente en actividad. En total
completó un tiempo de servicios de 6 meses y 10 días, según consta en la
certificación expedida por el jefe de Atención al Usuario de la Dirección de
Desarrollo Humano del Ejército Nacional, el 7 de abril de 200825.
51. El señor Luis Fernando Campaz Escorcia falleció el 1.° de marzo de 2008,
por un «trauma cráneo-facial severo con laceración cerebral secundario a proyectil
de arma de fuego», según la copia del registro civil de defunción con indicativo serial
número 121582426.
52. De conformidad con el informe administrativo por muerte 001, expedido por
el comandante del Batallón de Ingenieros núm. 2 Vergara y Velasco del Ejército
Nacional, el «SLR» Luis Fernando Campaz Escorcia falleció por suicidio el 1.° de
marzo de 2008 en un sitio conocido como finca Clara Viña en el sector Los Patos,
del municipio de Tenerife (Magdalena), en los siguientes términos:
[…] a las 05:00 horas levanté el personal y lo organicé para el dispositivo de
seguridad donde recibe la orden de salir a la carretera para recoger los víveres que
venían de la base de Plato Magdalena, a las 07:00 horas desayunaron los soldados
más luego recibí un mensaje del CE Pachón para que recogiera los víveres que
habían enviado, inicié movimiento con 05 soldados hacia la vía dejando en el área
de vivac a los soldados regulares Aguillera Tovar Yeison y Campaz Escorcia Luis
Fernando como seguridad de los equipos, cuando a eso de las 07:45 horas
aproximadamente estando sobre la carrera se escuchó un sonido fuerte como
22 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 6 de diciembre de 2018. Radicado 08001-
23-31-000-2010-00983-01(3178-15).
23 Sentencia T-085 de 2021.
24 Samai, índice, 2, 6_ED_ACTUACIONE_0011300123330002017(.PDF) NroActua 2, página 14 del archivo
digital.
25 Samai, índice, 2, 6_ED_ACTUACIONE_0011300123330002017(.PDF) NroActua 2, página 141 del archivo
digital.
26 Samai, índice, 2, 6_ED_ACTUACIONE_0011300123330002017(.PDF) NroActua 2, página 16 del archivo
digital.
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cuando golpean una caneca vacía y a los 05 minutos llegó corriendo el soldado
regular Caballero Arellano Édgar gritando desesperadamente diciendo mi sargento
se mató el soldado Campaz Escorcia Luis Fernando, indicándome el sitio donde
estaba tirado el cuerpo y sin señales de vida […]
Constancia de la novedad: El señor teniente coronel comandante del Batallón de
Ingenieros no 2 “GENERAL FRANCISCO JAVIER VARGARA Y VELASCO”
conceptúa que de acuerdo al Decreto 2729 de 1968 la muerte del soldado regular,
Campaz Escorcia Luis Fernando, identificado con la cédula de ciudadanía número
1,002-306.645 ocurrió simplemente en actividad27.
53. La entidad accionada, mediante la Resolución 75732 del 16 de abril de 2008,
les reconoció a los señores Tomás Campaz y Duneya Escorcia Berdugo una
compensación por la muerte del soldado Luis Fernando Campaz Escorcia en simple
actividad28.
54. La señora Duneya Escorcia Berdugo, el 11 de julio de 2016, le pidió a la
Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Ejército Nacional, Departamento de
Prestaciones Sociales, el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes en calidad
de madre del señor Luis Fernando Campaz Escorcia29.
55. La Secretaría General del Ministerio de Defensa Nacional, por conducto de
su secretaria administrativa y de la coordinadora del Grupo de Prestaciones
Sociales, expidió la Resolución 4077 del 7 de octubre de 2016, en la que negó el
reconocimiento de la pensión de sobrevivientes a la señora Duneya Escorcia
Berdugo, en calidad de madre del soldado regular Luis Fernando Campaz Escorcia.
En sustento, consideró que, en aplicación del artículo 8.° del Decreto 2728 de 1968,
el deceso del señor Luis Fernando Campaz Escorcia no generaba el derecho al
reconocimiento pensional, pues esa norma no lo prevé para los soldados, grumetes
e infantes de marina de las fuerzas militares30.
56. Obra en el expediente el acta de declaración extraproceso número 420
rendida por la accionante ante la Notaría Única del Círculo de San Estanislao de
Kostka (Bolívar), el 29 de agosto de 2016, en la que, bajo la gravedad de juramento,
declaró que es ama de casa y soltera, y manifestó:
Que soy la madre de quien en vida se llamó Luis Fernando Campaz Escorcia, el
cual era de estado civil soltero, sin hijos, también manifiesto que no tengo ninguna
renta ni pensión, dependía económicamente de mi hijo Luis Fernando Campaz
Escorcia, quien me suministraba todo lo necesario para subsistir31.
27 Samai, índice, 2, 6_ED_ACTUACIONE_0011300123330002017(.PDF) NroActua 2, páginas 127 y 128 del
archivo digital.
28 Samai, índice, 2, 6_ED_ACTUACIONE_0011300123330002017(.PDF) NroActua 2, páginas 146 y 147 del
archivo digital.
29 Samai, índice, 2, 6_ED_ACTUACIONE_0011300123330002017(.PDF) NroActua 2, página 153 del archivo
digital.
30 Samai, índice, 2, 6_ED_ACTUACIONE_0011300123330002017(.PDF) NroActua 2, páginas 12 a 13 y 162 a
163 del archivo digital.
31 Samai, índice, 2, 6_ED_ACTUACIONE_001130013330002017(.PDF) NroActua 2, página 22 del archivo
digital.
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3.5. Caso concreto
57. La accionante solicita la nulidad del acto administrativo por el cual la entidad
demandada le negó el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes, en su
condición de madre del señor Luis Fernando Campaz Escorcia, quien falleció
durante la prestación del servicio militar obligatorio.
58. El Tribunal negó las pretensiones de la demanda porque la Ley 100 de 1993
era aplicable por favorabilidad, sin embargo, el causante solo acreditó 27,4 de las
50 semanas, comprendidas entre el 21 de agosto de 2007 y el 1.° de marzo de
2008.
59. Inconforme con esta decisión, la parte demandante apeló. Sostuvo que la
sentencia se equivocó al aplicar la sentencia de unificación CE-SUJ2-010-2018 del
12 de abril de 2018, dado que para el caso particular la Ley 100 de 1993 no es
favorable. De este modo, en su criterio, el asunto debió resolverse conforme al
Decreto 4433 de 2004, haciéndole extensivo el beneficio aunque el soldado regular
no hubiera completado un año de servicio.
60. Bajo ese entendido, pidió que se efectuara un control de convencionalidad y
de constitucionalidad, por la existencia de barreras discriminatorias a las que se
enfrentan quienes prestan el servicio militar obligatorio. Para ello, adujo que los
soldados regulares, como su hijo, sufren daños físicos y mentales, y que la
legislación actual no les ofrece, cuando fallecen en simple actividad, los mismos
beneficios que a los soldados profesionales, oficiales y suboficiales. Por lo tanto,
aunque reconoció que el causante no murió en combate, destacó que estuvo
expuesto a riesgos.
61. Para resolver el recurso, se destaca que no se controvierte que la señora
Duneya Escorcia Berdugo fue la madre de Luis Fernando Campaz Escorcia.
Además, está demostrado que este ingresó al Ejército Nacional como soldado
regular, con novedad fiscal a partir del 21 de agosto de 2007, y que prestó servicio
durante 6 meses y 10 días32, hasta el 1.° de marzo de 2008, cuando falleció por
suicidio con ocasión del «trauma cráneo-facial severo con laceración cerebral
secundario a proyectil de arma de fuego»33, muerte calificada como simplemente en
actividad. Por ello, la entidad accionada les reconoció a los padres del causante una
compensación por muerte34. Finalmente, la actora reclamó la pensión de
32 Samai, índice, 2, 6_ED_ACTUACIONE_0011300123330002017(.PDF) NroActua 2, página 141 del archivo
digital.
33 Samai, índice, 2, 6_ED_ACTUACIONE_0011300123330002017(.PDF) NroActua 2, página 16 del archivo
digital.
34 Samai, índice, 2, 6_ED_ACTUACIONE_0011300123330002017(.PDF) NroActua 2, páginas 146 y 147 del
archivo digital.
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sobrevivientes35, sin embargo, el Ministerio de Defensa Nacional se la negó en el
acto administrativo demandado36.
• En cuanto a la aplicación del Decreto 4433 de 2004 para acceder al
reconocimiento pensional
62. En atención a la fecha del fallecimiento del señor Luis Fernando Campaz
Escorcia, el 1.° de marzo de 2008, estaba vigente el Decreto 4433 de 2004, que en
su artículo 34 previó el reconocimiento de una pensión de sobrevivientes para el
personal vinculado en la prestación del servicio militar obligatorio. No obstante, este
solo procedía cuando la muerte ocurriera «en combate o como consecuencia de la
acción del enemigo, en conflicto internacional o participando en operaciones de
conservación o restablecimiento del orden público», supuestos que no se
configuraron en este caso.
63. Así las cosas, bajo esta normativa especial es improcedente el
reconocimiento de la pensión de sobrevivientes comoquiera que se demostró que
Luis Fernando Campaz Escorcia falleció en simple actividad y no en combate. Por
consiguiente, la accionante tenía derecho a la compensación por muerte que, en
efecto, le reconoció la entidad demandada, del Decreto 2728 de 1968, equivalente
a 24 meses del sueldo básico de un cabo segundo.
64. En ese contexto, no le asiste razón a la apelante al pretender que se amplíen
o flexibilicen los requisitos del Decreto 4433 de 2004 para el reconocimiento de la
pensión de sobrevivientes, porque ello supondría desconocer la especialidad de la
norma y los antecedentes de la Sala, como la sentencia proferida el 18 de julio de
202537, en la que se negó de manera expresa dicha extensión bajo la vigencia de
la Ley 447 de 1998, con sustento en los siguientes argumentos:
55. Así las cosas, no se presentan los presupuestos del criterio de especialidad para
la extensión de la Ley 447 de 1998, para los soldados vinculados regulares a las
Fuerzas Militares. Ciertamente, la ley en mención solo previó el reconocimiento de
una «pensión vitalicia» a favor de sus beneficiarios cuando su muerte tenga
ocurrencia en combate, por acción del enemigo o en el mantenimiento o
restablecimiento del orden público. En este caso, el fallecimiento del causante se
presentó cuando servía como centinela durante el servicio.
56. En ese orden, contrario a lo ordenado por el a quo, no resultaba procedente
otorgar la pensión de sobrevivientes reclamada por la demandante con fundamento
en tal normativa, en atención a que su hijo falleció en «misión del servicio», causal
que únicamente da lugar al reconocimiento económico que le fue concedido a través
35 Samai, índice, 2, 6_ED_ACTUACIONE_0011300123330002017(.PDF) NroActua 2, página 153 del archivo
digital.
36 Samai, índice, 2, 6_ED_ACTUACIONE_0011300123330002017(.PDF) NroActua 2, páginas 12 a 13 y 162 a
163 del archivo digital.
37 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del
18 de julio de 2025, exp. 05001-23-33-000-2015-01253-01 (3275-2021). M.P. Juan Enrique Bedoya Escobar.
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de Resolución 33202 del 22 de enero de 2004, en tanto no colmó las exigencias
previstas en la norma.
65. En el mismo sentido, la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo
de Estado, en sentencia del 16 de octubre de 2025, precisó que el derecho a la
pensión de sobrevivientes de la madre de un infante de marina regular fallecido en
simple actividad, «no está previsto en el Decreto 2728 de 1968, en la Ley 447 de
1998 ni en el Decreto 4433 de 2004», de suerte que aplicó la Ley 100 de 1993 38.
66. A partir de lo expuesto, el Tribunal no desconoció el fallo de unificación CE-
SUJ2-010-2018 del 12 de abril de 2018, proferido dentro del expediente núm.
81001-23-33-000-2014-00012-01 (1321-15), en el cual la Sección Segunda acogió
lo dispuesto en el artículo 288 de la Ley 100 de 1993 para regular la situación de la
pensión de sobrevivientes de los beneficiarios de los conscriptos fallecidos en
simple actividad durante su vigencia.
67. En ese orden, para esta clase de asuntos la disposición que resulta aplicable,
por favorabilidad, es la Ley 100 de 199339. Asimismo, debe reiterarse lo considerado
por la citada sentencia de unificación en la cual se determinó que era improcedente
reconocer en forma extensiva la pensión de sobrevivientes de la Ley 447 de 1998 y
el Decreto 4433 de 2004 cuando la muerte fue calificada en simple actividad, a partir
de los siguientes motivos40:
39. Tampoco es admisible extender las prestaciones de que trata la Ley 447 de 1998,
como quiera que esta norma no decreta pensión de sobrevivientes en favor de los
familiares del conscripto muerto simplemente en actividad.
40. La misma situación se presenta en relación con las disposiciones contenidas en
el Decreto 4433 de 2004, que limitan el derecho a la pensión de sobrevivientes a los
beneficiarios de los conscriptos muertos en combate o como consecuencia de la
acción del enemigo, en conflicto internacional o participando en operaciones de
conservación o restablecimiento del orden público, excluyendo de su ámbito a
quienes durante el periodo del cumplimiento del deber constitucional de prestar el
servicio militar, perecen simplemente en actividad.
68. Por lo tanto, el Tribunal no inobservó los principios de iura novit curia, pro-
persona, pro-actione y favorabilidad; por el contrario, los materializó al aplicar las
reglas fijadas en la sentencia de unificación CE-SUJ2-010-2018, sobre la base de
que el régimen especial del cual era beneficiario el causante generaba un
tratamiento inequitativo por tratarse de un soldado regular fallecido en simple
38 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del
16 de octubre de 2025, exp. 50001-23-33-000-2020-00984-01 (2898-2023). M.P. Jorge Iván Duque Gutiérrez.
39 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del
19 de septiembre de 2024, exp. 05001-23-33-000-2017-00356-01(1075-2023). M.P. Jorge Edison Portocarrero
Banguera. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección B,
sentencia del 9 de julio de 2026, exp. 76001-23-33-000-2017-01193-01 (4357-2022). M.P. Elizabeth Becerra
Cornejo.
40 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, sentencia CE-SUJ2-010-2018
del 12 de abril de 2018, exp. 81001-23-33-000-2014-00012-01(1321-15).
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actividad. Sin embargo, lo cierto es que no cumplió con el tiempo de servicios
exigido por la Ley 100 de 1993, para los eventos de muerte del afiliado.
69. Conviene destacar que la apelante respaldó con cifras la situación de riesgo
y vulnerabilidad de los soldados regulares, como su hijo, para cuestionar que la
legislación actual cuando fallecen en simple actividad, no les ofrece los mismos
beneficios que a los soldados profesionales, oficiales y suboficiales. No obstante,
esa situación ya fue analizada por la Sección Segunda del Consejo de Estado en la
sentencia de unificación CE-SUJ2-010-2018, que sobre el particular dispuso:
En tercer lugar, se debe tener presente el hecho de que los oficiales y suboficiales se
encuentran vinculados a la administración en virtud de una relación legal y
reglamentaria a través de un acto administrativo de nombramiento y la posterior
posesión del servidor, a partir de una elección voluntaria de incorporación, mientras
que en tratándose de los conscriptos, el vínculo a la Fuerza Pública surge como
cumplimiento del deber constitucional de prestar el servicio militar para defender la
independencia nacional y las instituciones públicas, lo que en principio permite
entender que se encuentra justificada la diferencia de trato en materia prestacional
para ambas clases de personal41.
70. En ese contexto, la Sala no desconoce los riesgos a los que se ven expuestos
quienes prestan el servicio militar obligatorio; sin embargo, el título de su
incorporación a la fuerza pública impide equipararlos a quienes tienen un vínculo
legal y reglamentario con la administración y, por ende, aplicarles las normas que
rigen la situación de estos. De ahí que tampoco sea posible acudir al artículo 21 del
Decreto 4433 de 200442, pues si bien prevé una pensión por el fallecimiento en
simple actividad, la reserva a los beneficiarios de los oficiales, suboficiales y
soldados profesionales con un año o más de haber ingresado al escalafón o de
haber sido dados de alta, condición que no reunía el señor Luis Fernando Campaz
Escorcia, quien murió como soldado regular.
71. Así pues, es improcedente extender la normativa aplicable a los oficiales,
suboficiales y soldados profesionales, contenida en el Decreto 4433 de 2004, para
acceder al reconocimiento pensional reclamado, y, por ende, no podría exceptuarse
la exigencia de completar un año de servicio, como lo pretende la apelante. A ello
se agrega que la sentencia proferida por la Sección Segunda del Consejo de Estado
el 19 de enero de 2015, dentro del expediente 13001-23-33-000-2012-00159-01
(4353-13), no es precedente para este asunto, porque allí se inaplicó el Decreto
41 Ibidem.
42 ARTÍCULO 21. Muerte en simple actividad. A la muerte de un Oficial, Suboficial, o Soldado Profesional de las
Fuerzas Militares en actividad, con un (1) año o más de haber ingresado al escalafón o de haber sido dado de
alta, según el caso, por causas diferentes a las enumeradas en los dos artículos anteriores, sus beneficiarios
en el orden y proporción establecida en el artículo 11 del presente decreto tendrán derecho a partir de la fecha
del fallecimiento, a que por el Tesoro Público se les pague una pensión mensual, reconocida por el Ministerio
de Defensa Nacional, la cual será liquidada y cubierta en la misma forma de la asignación de retiro de acuerdo
con el grado y tiempo de servicio del causante.[…].
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2728 de 1968 a favor de un soldado regular fallecido en combate y, en su lugar, se
aplicó el Decreto 1211 de 1990, supuesto fáctico distinto al presente.
72. En consecuencia, la disposición aplicable al presente asunto, por la fecha de
fallecimiento del causante, es la Ley 100 de 1993, con las modificaciones de la Ley
797 de 2003, que rigió a partir del 29 de enero de ese año. La parte actora reprochó
la favorabilidad de esa norma porque los soldados que prestan el servicio militar
obligatorio no cotizan a seguridad social. Sin embargo, el Tribunal reconoció ese
supuesto y precisó que no impedía reconocer la prestación, de manera que no es
posible eximir el cumplimiento del requisito mínimo de cotización previsto en el
artículo 46 de la Ley 100 de 1993, sino que las 50 semanas debían computarse,
conforme a la jurisprudencia de esta corporación, como el tiempo de duración del
servicio militar obligatorio.
• Exigencia de 50 semanas de cotización
73. Según la certificación expedida por el jefe de Atención al Usuario de la
Dirección de Desarrollo Humano del Ejército Nacional el 7 de abril de 2008, el señor
Luis Fernando Campaz Escorcia se desempeñó como soldado regular con novedad
fiscal a partir del 21 de agosto de 2007 y hasta el 1.° de marzo de 2008, por lo que
completó un tiempo de servicios de 6 meses y 10 días (27,4 semanas). En
consecuencia, no acreditó las 50 semanas que exige la disposición para acceder a
la pensión de sobrevivientes, lo que hace innecesario estudiar los demás requisitos
previstos en la normativa.
74. La accionante adujo que el causante no murió en combate, pero estuvo
expuesto a riesgos, lo que, en su criterio, tornaba injustificada la exigencia de las
semanas aludidas. No obstante, lo cierto es que la Ley 100 de 1993 debe aplicarse
en su integridad, como lo definió la Sección Segunda del Consejo de Estado en la
sentencia de unificación CE-SUJ2-010-2018, y las subsecciones A43 y B44 de esa
Sección han mantenido una línea uniforme al analizar la concurrencia de ese
requisito en las pensiones reclamadas por los beneficiarios de los soldados
regulares.
75. Por lo expuesto, aplicar la Ley 100 de 1993 no vulnera el derecho
fundamental al debido proceso y no habría fundamento para considerar que se
afectó la dignidad humana. En consecuencia, es improcedente flexibilizar los
requisitos pensionales.
43 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del
16 de octubre de 2025, exp. 50001-23-33-000-2020-00984-01 (2898-2023). M.P. Jorge Iván Duque Gutiérrez.
44 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del
19 de septiembre de 2024, exp. 05001-23-33-000-2017-00356-01(1075-2023). M.P. Jorge Edison Portocarrero
Banguera. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección B,
sentencia del 18 de julio de 2025, exp. 05001-23-33-000-2015-01253-01 (3275-2021). M.P. Juan Enrique
Bedoya Escobar. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección B,
sentencia del 9 de julio de 2026, exp. 76001-23-33-000-2017-01193-01 (4357-2022). M.P. Elizabeth Becerra
Cornejo.
18
Radicación: 13001-23-33-000-2017-00828-01 (2747-2021)
Demandante: Duneya Escorcia Berdugo
Demandada: Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Ejército Nacional
76. En ese entendido, la parte actora pretende que se efectúe un control de
convencionalidad y de constitucionalidad con sustento en la presunta existencia de
barreras discriminatorias, de suerte que se acceda al derecho pensional reclamado
con ocasión al fallecimiento del soldado regular en simple actividad, así no
cumpliera el tiempo de un año de servicios. En otras palabras, lo pretendido consiste
en que para su caso particular no se le exija el cumplimiento del tiempo mínimo de
servicios, porque estima que las barreras discriminatorias habilitan el
reconocimiento pensional.
77. Sin embargo, en criterio de la Sala, la aplicación por favorabilidad de la Ley
100 de 1993 implica la demostración de las 50 semanas de cotización, pues la
corporación ya ha reconocido que para el reconocimiento de los derechos
pensionales se exige acreditar unos tiempos mínimos de servicios, lo cual no
desconoce la dignidad humana, ni causa un trato manifiestamente inequitativo 45.
Por ende, en el caso particular no se advierte una exclusión incompatible con los
derechos fundamentales de la parte accionante.
4. Costas
78. La presente providencia acoge el criterio interpretativo mayoritario 46 de la
Subsección sobre el artículo 188 del CPACA, según el cual la norma en cita no
presupone la causación automática de costas contra la parte que pierda el litigio,
sino que es necesario realizar un juicio de ponderación o valoración subjetiva
respecto de la conducta procesal asumida por las partes, por lo tanto, debe
verificarse que la parte vencida actuó de mala fe, de manera temeraria o dilatoria,
etc. Así las cosas, en esta oportunidad no se condenará en costas, porque no se
advierte que la parte haya incurrido en las anteriores conductas.
79. Igualmente, se revocará la condena impuesta en primera instancia, que se
sustentó en que la demandante resultó vencida en el proceso, sin evidenciar mala
fe, temeridad o dilación.
45 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, proceso con radicado 76001-23-33-000-2018-00149-
01 (3989-2021), M.P. Carmelo Perdomo Cuéter.
46 La magistrada ponente, en cambio, considera que para condenar en costas a la parte vencida debe acudirse
a un criterio objetivo valorativo por varias razones, a saber: (i) El artículo 188 del CPACA mantiene vigente la
regla de procedencia en materia de costas para el proceso de lo contencioso administrativo. (ii) Dicho artículo
188 no excluye la aplicación del CGP, por ejemplo, el artículo 365, según el cual solo habrá lugar a costas
«cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación». (iii) La temeridad o
mala fe deben ser valoradas por el juez en el escenario previsto en el artículo 80 del CGP, con el propósito de
determinar la eventual responsabilidad patrimonial de las partes, «sin perjuicio de las costas». (iv) El inciso
segundo del artículo 188 no elimina el criterio objetivo, por el contrario, amplía su espectro al considerar que en
los asuntos en los que se ventila un interés público, antes exceptuados, es posible imponer condena en costas
«cuando se establezca que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal». (v) Los
parámetros antes enunciados son producto de una interpretación finalista y sistemática de las normas citadas,
sin perjuicio de las de carácter especial como los artículos 265 a 269 del CPACA. Lo expuesto en consonancia
con la sentencia SU-241 de 2024 de la Corte Constitucional, que a propósito del régimen de costas en el CPACA
indicó que «puede concluirse que para imponer la condena en costas el juez ya no tiene en cuenta la conducta
temeraria o de mala fe de las partes a la hora de condenar en costas, sino la derrota en el proceso y la prueba
de su causación, esto es, un criterio objetivo- valorativo.». En el mismo sentido: Consejo de Estado, Sección
Segunda, Subsección A, sentencia de 7 de abril de 2016, exp. 13001-23-33-000-2013-00022-01 (1291-14).
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Radicación: 13001-23-33-000-2017-00828-01 (2747-2021)
Demandante: Duneya Escorcia Berdugo
Demandada: Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Ejército Nacional
5. Conclusión
80. En suma, el Decreto 4433 de 2004 no es aplicable para reconocer la pensión
pretendida a la madre del soldado regular fallecido en simple actividad, porque solo
previó la pensión vitalicia para los beneficiarios de esta clase de soldados que
murieran en combate o como consecuencia de la acción del enemigo, en conflicto
internacional o participando en operaciones de conservación o restablecimiento del
orden público. Además, deviene improcedente extender la normativa aplicable a los
oficiales, suboficiales y soldados profesionales, contenida en el Decreto 4433 de
2004, para acceder al reconocimiento pensional reclamado, lo que impide, de forma
consecuencial, exceptuar la exigencia de completar un año de servicio, como lo
pretendió la apelante.
81. Por consiguiente, se debía aplicar la sentencia de unificación CE-SUJ2-010-
2018 del 12 de abril de 2018 y estudiar el reconocimiento pensional a la luz de la
Ley 100 de 1993, modificada por la Ley 797 de 2003, por ser el régimen más
favorable. En ese escenario, la exigencia de completar 50 semanas de cotización
no es injustificada. Así pues, en el presente caso, la parte actora no tiene derecho
al reconocimiento de la pensión de sobrevivientes porque no demostró el requisito
de 50 semanas de cotización. Por ende, se confirmará la sentencia apelada, salvo
la condena en costas que se revoca.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
Falla:
Primero: Confirmar la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Bolívar,
el 6 de marzo de 2020, que negó las pretensiones de la demanda, salvo la condena
en costas que se revoca, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva.
Segundo: Sin condena en costas en esta instancia.
Tercero: Devolver el expediente al Tribunal de origen, previas las anotaciones en
el Sistema de Gestión Judicial, Samai.
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
Notifíquese y cúmplase.
Elizabeth Becerra Cornejo
Firmado electrónicamente
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Radicación: 13001-23-33-000-2017-00828-01 (2747-2021)
Demandante: Duneya Escorcia Berdugo
Demandada: Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Ejército Nacional
Juan Enrique Bedoya Escobar
Firmado electrónicamente
Jorge Edison Portocarrero Banguera
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial SAMAI. En
consecuencia, conforme lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, a través del siguiente enlace
https://Samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx
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