Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-000-2018-00149-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-000-2018-00149-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 76001-23-33-000-2018-00149-01
Consejero ponente: Carmelo Perdomo Cueter
22 de septiembre de 2022
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B
Consejero ponente: Carmelo Perdomo Cuéter
Bogotá, D. C., veintidós (22) de septiembre de dos mil veintidós (2022)
Medio de control : Nulidad y restablecimiento del derecho
Expediente : 76001-23-33-000-2018-00149-01 (3989-2021)
Demandante : Luz Alba Zúñiga Zúñiga
Demandada : Nación – Ministerio de Defensa Nacional - Policía
Nacional
Tema : Reliquidación de pensión de sobrevivientes con
inclusión del 100% del salario básico y las partidas
computables previstas en el Decreto 1212 de 1990
Procede la Sala a decidir el recurso de apelación interpuesto por la
demandante contra la sentencia proferida el 25 de marzo de 2021 por el
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca (sala de oralidad), mediante la
cual negó las súplicas de la demanda dentro del proceso del epígrafe.
I. ANTECEDENTES
1.1 El medio de control (ff. 1 a 20). La señora Luz Alba Zúñiga Zúñiga,
mediante apoderado, ocurre ante la jurisdicción de lo contencioso-
administrativo a incoar medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho conforme al artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo
y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), contra la Nación – Ministerio
de Defensa Nacional - Policía Nacional, para que se acojan las pretensiones
que en el apartado siguiente se precisan.
1.2 Pretensiones. (i) Se declare la nulidad del oficio 29523/ARPRE-GRUPE-
1.10 de 28 de junio 2017, que le negó la reliquidación de la pensión de
sobrevivientes a la actora; y (ii) se inapliquen «[...] por vía de excepción de
ilegalidad y/o inconstitucionalidad la parte subrayada del artículo 165 literal
C, que dispone: “Si el Oficial hubiere cumplido doce (12) o más años de
servicio, a que el Tesoro Público les pague pensión mensual, la cual será
liquidada y cubierta en la misma forma de la asignación de retiro, de acuerdo
con el grado y tiempo de servicio del causante”» (sic); y del «[…] “Artículo
161. [que prevé] INAPLICABILIDAD ABSOLUTA EN ACTOS MERITORIOS
AL SERVICIO. Si la incapacidad absoluta y permanente o gran invalidez de
que trata el Artículo anterior, fuere consecuencia d heridas en el acto
meritorio del servicio, en combate, como consecuencia de la acción del
enemigo o en conflicto internacional o en tareas de mantenimiento o
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Luz Alba Zúñiga Zúñiga contra la Nación – Ministerio de Defensa Nacional -
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restablecimiento del orden público interno, el oficial o suboficial tendrá
derecho a (…)” y en su defecto se aplique constitucionalidad condicionada a
la parte subrayada en el entendido, que también incluye a los fallecidos»
(sic).
Como consecuencia de lo anterior, a título de restablecimiento del derecho, se
ordene a la demandada reajustar a la accionante «[…] la pensión de
sobreviviente con la inclusión del aumento al 100% hasta la fecha en que
adquiera firmeza la sentencia […]» (sic) y pagar el respectivo retroactivo
hasta cuando se incluya en nómina de pensionados el mencionado reajuste;
indexar las sumas adeudadas y dar cumplimiento al fallo en los términos
establecidos en los artículos 189 y 192 del CPACA. Por último, se condene en
costas a la accionada.
1.3 Fundamentos fácticos. Relata la actora que «[e]l CS (F) LEONARDO
FABIO MARÍN LÓPEZ […] laborando en la Policía Nacional, falleció en
actos especiales del servicio […]» (sic), y en forma póstuma ascendió a cabo
segundo.
Que a ella, en condición de cónyuge, le fue reconocida pensión de
sobrevivientes en un 50% del sueldo básico, con inclusión del 22% de la
prima de actividad.
Dice que reclamó el reajuste de la precitada prestación con el 100% del salario
básico de un cabo segundo, en aplicación del Decreto 1212 de 1990, lo que le
fue negado a través del acto administrativo acusado.
1.4 Disposiciones presuntamente violadas y su concepto. Cita como normas
violadas por el acto administrativo demandado los artículos 4, 13, 242, 48, 217
y 218 de la Constitución Política; 161 y 165 del Decreto 1212 de 1990; y la
Ley 923 de 2004.
Aduce que entre los artículos 161 del Decreto 1212 de 1990, que regula lo
concerniente a la «incapacidad absoluta y permanente o grave invalidez», y el
165 ibidem, concerniente a la «muerte en actos de servicio», existe una
«inequidad manifiesta», pues la primera norma estipula el derecho a recibir el
100% de las partidas señaladas en el artículo 40 de ese Decreto, por lesiones
en actos meritorios del servicio, mientras que la segunda exige un mínimo de
12 años de servicio para acceder a la pensión de sobrevivientes liquidada y
cubierta en la misma forma que la asignación de retiro, cuando la causa de una
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y otra son las «heridas en combate» que causan para un caso incapacidad y
para el otro la muerte.
1.5 Contestación de la demanda (ff. 59 a 63 vuelto). La entidad accionada,
por intermedio de apoderado, se opuso a las pretensiones de la demanda y
propuso las excepciones denominadas inepta demanda, acto ajustado a la
Constitución y a la ley, cobro de lo no debido, imposibilidad de condena en
costas y enriquecimiento sin causa.
Asevera que en el caso de la accionante, su difunto esposo laboró para esa
institución durante 8 años y 7 días, razón por la cual su pensión de
sobrevivientes se liquidó en un 50% del sueldo básico de un cabo segundo,
más las partidas computables previstas en el artículo 140 del Decreto 1212 de
1900, tal como lo dispuso el legislador, por lo que no es dable incrementar ese
porcentaje en un 100% como se pretende en la demanda, en armonía con el
artículo 123 del Decreto 1213 de 1990.
1.6 Providencia apelada (ff. 149 a 153). El Tribunal Administrativo del Valle
del Cauca (sala de oralidad), mediante sentencia proferida el 25 de marzo de
2021, negó las súplicas de la demanda (con condena en costas), al considerar
que «[l]a pensión por incapacidad absoluta es un derecho esencial e
irrenunciable de los oficiales y suboficiales que vieron afectada totalmente su
capacidad laboral y carecen, en consecuencia, de las condiciones psicofísicas
necesarias para abastecerse de los recursos necesarios que le aseguren una
subsistencia digna y, en lo posible, ajustada a la situación económica y social
en que se encontraba antes de adquirir las heridas fatales, en este caso, como
consecuencia de la acción del enemigo en tareas de mantenimiento del orden
público»; y, por su parte, «[…] la pensión de sobreviviente tiene su origen, en
el caso concreto, en la muerte del suboficial en actos especiales del servicio,
esto es, que el fallecimiento ocurrió en el desarrollo de sus funciones y,
además, intervino una causa externa, la acción del enemigo, en
mantenimiento del orden público […]» (sic) .
Concluye que «[…] no se trata como lo contempla la actora, de un
tratamiento desigual a situaciones esencialmente iguales, ya que el criterio de
comparación -la finalidad o el objetivo perseguido por ambas disposiciones
(los artículos 161 y 165 del Decreto 1212 de 1990)- permite establecer que
los supuestos fácticos son susceptibles de cotejo, ya que, la pensión a favor de
los beneficiarios del suboficial fallecido en actos especiales del servicio y la
pensión por la incapacidad absoluta y permanente del suboficial fallecido en
actos especiales del servicio y la pensión por incapacidad absoluta y
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permanente del suboficial como consecuencia de la acción del enemigo están
previstas para regular sujetos y prestaciones de diferente índole, además de
que el trato desigual se predica de sujetos desiguales» (sic).
1.7 Recurso de apelación (ff. 154 a 163). Inconforme con la anterior
sentencia, la demandante, por conducto de apoderado, interpuso recurso de
apelación, en el que reitera los argumentos del libelo introductorio en cuanto a
la «inequidad manifiesta» en la que, a su juicio, incurren los artículos 161 y
165 del Decreto 1212 de 1990, la cual se torna violatoria de sus derechos
fundamentales.
Sostiene que el a quo se basó en un «test débil de constitucionalidad», toda
vez que las normas en comento incurren en «una violación de la dignidad de
un grupo diferenciado de personas», al no existir «[…] justificación alguna
para EXIGIR 12 O MÁS AÑOS DE SERVICIO a quien falleció por heridas en
combate», mientras que «la misma Policía no les exige ningún tiempo de
servicio, y solo exige […] la consecuencia de la incapacidad o gran invalidez
[…] o lesiones causadas por heridas o accidentes en actos extraordinarios o
meritorios del servicio o encontrándose en operaciones de orden público, es
decir, lo que realmente promueve la pensión a favor del beneficiario de aquel
que quedó vivo y que posteriormente murió, es que el fallecimiento sea
producto de heridas en combate, pero si las heridas en combate le causan la
muerte al policial, […] no se tienen en cuenta sus heridas en actos meritorios
del servicio sino que se hace una exigencia mucho más gravosa y es de DOCE
AÑOS O MÁS DE SERVICIO […]» (sic).
II. TRÁMITE PROCESAL
El recurso de apelación interpuesto por el demandante fue concedido mediante
proveído de 5 de agosto de 2021 (f. 167 vuelto) y admitido por esta
Corporación a través de auto de 23 de mayo de 2022 (f. 180 vuelto), en
cumplimiento del artículo 247 del CPACA1, pero durante la oportunidad
establecida en el numeral 4 ibidem los sujetos procesales guardaron silencio.
III. CONSIDERACIONES
3.1 Competencia. Conforme a la preceptiva del artículo 150 del CPACA, esta
Corporación es competente para conocer del presente litigio, en segunda
instancia.
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Modificado por la Ley 2080 de 25 de enero de 2021.
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3.2 Problema jurídico. De acuerdo con el recurso de apelación, corresponde
en esta oportunidad a la Sala determinar si a la demandante le asiste derecho o
no a que se le reliquide la pensión de sobrevivientes de la que es beneficiaria
con el 100% de la asignación básica del grado de cabo segundo, al que
ascendió su finado esposo de manera póstuma, por inaplicación, vía
«excepción de inconstitucionalidad e ilegalidad», de los apartes «incapacidad
absoluta y permanente o gran invalidez» del artículo 161 del Decreto 1212 de
1990 y «doce (12) años o más años de servicio», del artículo 165 ibidem, por
cuanto constituyen una «inequidad manifiesta» que vulnera su dignidad
humana y demás derechos fundamentales.
3.3 Marco jurídico. En punto a la resolución del problema jurídico planteado
en precedencia, procede la Sala a realizar el correspondiente análisis
normativo a efectos de establecer la solución jurídicamente correcta respecto
del caso concreto.
Lo primero que ha de anotarse es que en virtud de las facultades
extraordinarias otorgadas por el legislador a través de la Ley 66 de 19892, el
Gobierno nacional expidió el Decreto 1212 de 1990, «Por el cual se reforma
el estatuto del personal y suboficiales de la Policía Nacional», el cual
dispuso:
Artículo 161. Incapacidad absoluta en actos meritorios del
servicio. Si la incapacidad absoluta y permanente o gran invalidez de que
trata el artículo anterior, fueren consecuencia de heridas en actos
meritorios del servicio, en combate, como consecuencia de la acción del
enemigo o en conflicto internacional o en tareas de mantenimiento o
restablecimiento del orden público interno, el Oficial o Suboficial tendrá
derecho a:
a. Al ascenso al grado inmediatamente superior, cualquiera que fuere el
tiempo de servicio en su grado.
b. A que por el Tesoro Público se le pague, por una sola vez, la
indemnización que corresponda a su lesión de acuerdo con el reglamento
respectivo, aumentada en otro tanto.
c. A percibir del Tesoro Público una pensión mensual equivalente al
ciento por ciento (100%) de las partidas señaladas en el artículo 140 de
este Decreto.
[…]
2
«Por la cual se reviste al Presidente de la República de facultades extraordinarias pro témpore para
reformar los estatutos y el régimen prestacional del personal de Oficiales, Suboficiales, Agentes y Civiles del
Ministerio de Defensa, las Fuerzas Militares y la Policía Nacional; y establece el régimen de la vigilancia
privada».
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Artículo 165. Muerte en actos especiales del servicio. A partir de la
vigencia del presente Estatuto, el Oficial o Suboficial de la Policía
Nacional que muera en servicio activo, en actos meritorios del servicio,
en combate o como consecuencia de la acción del enemigo bien sea en
conflicto internacional o en mantenimiento o restablecimiento del orden
público, será ascendido en forma póstuma al grado inmediatamente
superior, cualquiera que fuere el tiempo de servicio en su grado. Además
sus beneficiarios, en el orden establecido en este Estatuto, tendrán
derecho a las siguientes prestaciones:
a. A que el Tesoro Público les pague por una sola vez, una compensación
equivalente a cuatro (4) años de los haberes correspondientes al grado
conferido al causante, tomando como base las partidas señaladas en el
artículo 140 de este Decreto.
b. Al pago doble de la cesantía por el tiempo servido por el causante.
c. Si el Oficial o Suboficial hubiere cumplido doce (12) o más años de
servicio, a que el Tesoro Público les pague una pensión mensual, la cual
será liquidada y cubierta en la misma forma de la asignación de retiro, de
acuerdo con el grado y tiempo de servicio del causante.
d. Si el Oficial o Suboficial no hubiere cumplido doce (12) años de
servicio, sus beneficiarios en el orden establecido en este Estatuto, con
excepción de los hermanos tendrán derecho a que el Tesoro Público les
pague una pensión mensual equivalente al cincuenta por ciento (50%) de
las partidas de que trata el artículo 140 de este Decreto.
Parágrafo. Se entiende por actos meritorios del servicio para todo
efecto, aquellos en que el Oficial o Suboficial se enfrente a grave e
inminente peligro en defensa de la vida, honra y bienes de las personas
[subrayas de la Sala].
Las letras c y d (subrayadas) del precitado artículo 165 del Decreto 1212 de
1990 fueron declaradas exequibles por la Corte Constitucional, mediante
sentencia C-654 de 3 de diciembre de 19973, toda vez que «[…] en materia
laboral es posible que puedan existir regímenes jurídicos diferentes que
regulen diversos aspectos de la relación de trabajo entre los trabajadores y
los patronos o empleadores, sean estos oficiales o privados, sin que por ello,
en principio, pueda considerarse que por esa sola circunstancia se viole el
principio de igualdad».
Asimismo, el Gobierno nacional profirió el Decreto 1213 de 1990, «Por el
cual se reforma el Estatuto del Personal de Agentes de la Policía Nacional»
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Magistrado ponente Antonio Barrera Carbonell.
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que en su artículo 123 señaló:
Muerte en actos especiales del servicio. Durante la vigencia del
presente Estatuto, a la muerte de un Agente de la Policía Nacional en
servicio activo, en actos meritorios del servicio, en combate o como
consecuencia de la acción del enemigo, bien sea en conflicto
internacional o en mantenimiento o restablecimiento del orden público,
será ascendido en forma póstuma al grado de Cabo Segundo cualquiera
que sea el tiempo de servicio, además sus beneficiarios en el orden
establecido en este Estatuto, tendrán derecho a las siguientes
prestaciones:
a. A que el Tesoro Público les pague por una sola vez, una compensación
equivalente a cuatro (4) años de los haberes correspondientes al grado
conferido al causante, tomando como base las partidas señaladas en el
artículo 100 de este Decreto.
b. Al pago doble de la cesantía por el tiempo servido por el causante.
c. Si el Agente hubiere cumplido doce (12) o más años de servicio, a que
el Tesoro Público le pague una pensión mensual, la cual será liquidada y
cubierta en la misma forma de la asignación de retiro, de acuerdo con el
grado conferido póstumamente.
d. Si el Agente no hubiere cumplido doce (12) años de servicio, sus
beneficiarios en el orden establecido en el presente Estatuto, con
excepción de los hermanos, tendrán derecho a que el Tesoro Público les
pague una pensión mensual equivalente al cincuenta por ciento (50%) de
las partidas señaladas en el artículo 100 de este Decreto.
Parágrafo. Se entiende por actos meritorios del servicio para todo
efecto, aquellos en que el Agente, se enfrente a grave e inminente peligro
en defensa de la vida, honra y bienes de las personas [subrayas de la
Sala].
En idéntico sentido, las letras c y d (subrayadas) del artículo 123 del Decreto
1213 de 1990 también fueron declaradas exequibles por la Corte
Constitucional, en el mismo fallo C-654 de 3 de diciembre de 1997.
Posteriormente, la Ley 180 de 1995 (artículo 7) permitió «[d]esarrollar en la
Policía Nacional la Carrera Profesional del Nivel Ejecutivo […]» y dispuso
que a esta podrían vincularse «[…] Suboficiales, Agentes, personal no
uniformado y de incorporación directa […]» y que comprendería, entre otros
aspectos, la jerarquía, la clasificación, los grados, el ascenso, las asignaciones
salariales, las primas y las prestaciones sociales.
En cumplimiento de lo anterior, el Gobierno nacional emitió el Decreto 132 de
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1995, «[p]or el cual se desarrolla la carrera profesional del Nivel Ejecutivo
de la Policía Nacional», en el que se dispuso el ingreso de los agentes al nivel
ejecutivo, así:
Podrán ingresar al primer grado del Nivel Ejecutivo de la Policía
Nacional, los agentes en servicio activo siempre y cuando reúnan los
siguientes requisitos:
1. Solicitud escrita a la Dirección General de la Policía Nacional.
2. Acreditar el título de bachiller en cualquier modalidad.
3. Evaluación y concepto favorable del Comité de Evaluación del
personal del Nivel Ejecutivo de la Policía Nacional.
Parágrafo 1o. Los agentes en servicio activo que no sean bachilleres,
tendrán plazo de tres (3) años contados a partir de la vigencia del
presente decreto, para acreditar este requisito, o en su defecto, deberán
adelantar y aprobar un curso de nivelación académica de acuedo con
reglamentación que expida la Dirección General de la Policía Nacional.
Parágrafo 2o. Los agentes que al momento de ingresar al Nivel Ejecutivo
de la Policía Nacional, hayan cumplido ocho (8) o más años de servicio
activo como tales, ingresarán al grado de Subintendente, sin perjuicio de
los requisitos exigidos en los numerales 1, 2 y 3 de este artículo.
En tal sentido, quienes se acogieron al régimen de carrera del nivel ejecutivo
de la Policía Nacional debían someterse al régimen salarial y prestacional que
fijara el Gobierno nacional, sin que pudieran ser desmejorados o
discriminados en su situación laboral; y, en desarrollo de la Ley 4ª de 1992, se
expidió el Decreto 1091 de 1995, que reguló el salario y prestaciones de ese
personal.
Ahora bien, de conformidad con el principio de inescindibilidad de las
normas, los agentes y suboficiales que se homologaron de manera voluntaria
al nivel ejecutivo de la Policía Nacional se sometieron al régimen salarial y
prestacional consagrado en el Decreto 1091 de 1995. Por el contrario, los
agentes y suboficiales que no optaron por tal homologación continuaron
cobijados por los Decretos 1213 y 1212 de 1990, respectivamente.
Sobre este aspecto, la subsección B de la sección segunda de este Cuerpo
Colegiado, en providencia de 31 de enero de 20134, sostuvo:
4
C. P. Víctor Hernando Alvarado Ardila, expediente 25000-23-25-000-2011-00048-01 (1147-12).
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[…] quienes pertenecían al nivel de Agentes y Suboficiales de la Policía
Nacional tenían la posibilidad de acceder, voluntariamente, a la carrera
del Nivel Ejecutivo; y…quienes así lo hicieran debían someterse al
régimen salarial y prestacional que estableciera el Gobierno Nacional, sin
ser desmejorados o discriminados, en todo caso, en su situación laboral.
En relación con este último aspecto, debe advertirse que se convierte en
una regulación expresa de la prohibición de retroceso o de regresividad
derivada del principio de progresividad al que están sometidas las facetas
prestacionales de los derechos constitucionales. En este marco, de una
lectura armónica v. gr. del Pacto Internacional de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales, con especial cuidado del artículo 2.1., se deriva
que los Estados deben lograr la satisfacción plena de los derechos que
allí se consagran [entre los cuales se hace referencia al trabajo y a su
adecuada remuneración] de manera gradual y en progreso. Bajo esta
línea, aunque no se desconocen los esfuerzos económicos que se deben
adelantar para la consecución de máximos niveles de satisfacción de este
tipo de bienes, tampoco es dable, en principio, que el Estado, so pena de
vulnerar el mandato de “progreso”, disminuya el nivel de protección que
ha alcanzado por la vía de gradualidad, por lo que, tanto a nivel
internacional como nacional, se ha considerado que uno de los
imperativos derivados del referido principio de progresividad es la
prohibición de retroceso o regresividad, la cual se ha entendido por la
Corte Constitucional, en la Sentencia T-428 de 2012.
De acuerdo con el anterior recuento normativo y jurisprudencial, resulta claro
para la Sala que el nivel ejecutivo de la Policía Nacional fue creado con el
propósito de i) mejorar las condiciones salariales de los agentes y suboficiales
de menor grado dentro de la institución; ii) otorgar a los primeros un régimen
salarial especial; iii) permitir el ascenso del aludido personal (agentes y
suboficiales) dentro de la organización jerárquica de la Policía Nacional; y iv)
profesionalizar la labor de los servidores que pertenecían a tales niveles en
aras de mejorar el servicio cuya prestación ha sido encargada a la entidad.
De igual modo, el legislador buscó respetar y proteger los derechos y garantías
reconocidos al personal de agentes y suboficiales que de manera voluntaria
optó por ingresar al nuevo sistema de carrera, pues consagró expresamente
que los funcionarios homologados no podían padecer desmejora en su
situación salarial y prestacional en consideración a los principios de
irrenunciabilidad de los beneficios laborales, buena fe, confianza legítima y
progresividad de los derechos sociales, así como en la prohibición de
regresividad en este mismo aspecto.
3.5 Caso concreto. A continuación, procede la Sala a analizar las
peculiaridades del caso objeto de juzgamiento frente al marco normativo que
gobierna la materia. En ese sentido, en atención al material probatorio traído al
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plenario y de conformidad con los hechos constatados por esta Corporación,
se destaca:
a) Extractos de hoja de vida del señor Leonardo Fabio Marín López (q. e. p.
d.), originaria de la unidad de defensa judicial de la Policía Nacional de 12 de
julio de 2018 y de la hoja de servicios 18500207 de 11 de mayo de 1999,
emitida por la dirección de recursos humanos de la misma institución, que dan
cuenta de que el finado laboró en esa institución como agente alumno del 12
de febrero al 31 de julio de 1991 y, luego, pasó a ser agente, desde el 1° de
agosto de 1991 hasta el 9 de enero de 1999 (f. 104 y 109 vuelto), con lo que
completó 8 meses y 7 días de servicio, incluidos los tres meses de alta.
b) Informe administrativo por muerte del departamento de Policía del Cauca
de 14 de enero de 1990, en el que se relata que en hechos ocurridos el 9 de
enero de 1990, en el municipio de Bolívar (cauca), «[…] cuando una patrulla
policial procedía a practicar una requisa dos sospechosos abrieron fuego
contra los uniformados resultando herido de gravedad el AG. MARÍN LÓPEZ
LEONARDO FABIO quien falleció minutos después […]» (sic).
c) Resolución 519 de 12 de febrero de 1999 (f. 107 vuelto), suscrita por el
director general de la Policía Nacional, «por la cual se retira del servicio
activo por muerte a un personal de Agentes de la Policía Nacional», en la que
se relaciona el nombre del agente Leonardo Fabio Marín López y cuya fecha
de novedad fue el 9 de enero de 1990.
d) Resolución 790 de 4 de marzo de 1999, por la que se ascendió en forma
póstuma al agente de la Policía Nacional Leonardo Fabio Marín López al
grado de cabo segundo, a partir del 9 de enero de 1999, en aplicación del
artículo 123 del Decreto 1213 de 1990.
e) Resolución 682 de 22 de junio de 1999, mediante la cual se reconoció en
favor de la accionante una pensión de sobrevivientes, en calidad de
beneficiaria del señor Leonardo Fabio Marín López (q. e. p. d.), prestación que
se liquidó con base en el 50% del sueldo básico devengado por un cabo
segundo y demás partidas computables, de conformidad con los artículos 123
del Decreto 1213 de 1990 y 140 del Decreto 1212 de 1990.
f) Escrito de 16 de mayo de 2017 (ff. 11 a 19), a través del cual la demandante
reclamó de la Policía Nacional reliquidar su pensión de sobrevivientes «[…]
en el equivalente al 100.0% de[l] sueldo básico como consecuencia del
fallecimiento del señor LEONARDO FABIO MARÍN LÓPEZ en COMBATE
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CON EL ENEMIGO, EN EL RESTABLECIMIENTO DEL ORDEN
PÚBLICO» con la asignación básica de un cabo segundo y las primas de
antigüedad, actividad y navidad y el subsidio familiar, en aplicación de lo
dispuesto en «la Ley 923 de 2004 y el Decreto 1091 de 1995».
g) Oficio 29523/ARPRE-GRUPE-1.10 de 28 de junio de 2017 (ff. 2 y 3
vuelto), por el que el jefe del grupo de pensiones de la Policía Nacional niega
lo solicitado en la letra precedente, porque «[…] el legislador estableció […]
que si el causante al momento de su muerte no hubiese laborado un tiempo
mínimo en la Institución de doce (12) años o más, sus beneficiarios tendrían
derecho a una pensión de sobreviviente la cual será liquidada en un 50%, de
acuerdo con el grado conferido póstumamente, razón por la cual y como
quiera que el señor agente LEONARDO FABIO MARÍN LÓPEZ, laboró un
tiempo total de ocho (8) años, cero (0) meses y siete (7) días se liquidó la
pensión en el 50% del sueldo básico de un Cabo segundo más las partidas
computables en aplicación al artículo 140 del Decreto 1212 de 1990. Por lo
anteriormente expuesto no es posible incrementar el reconocimiento de
pensión de sobreviviente del 50% al 100% […] por cuanto, dicha
prerrogativa no fue establecida por el legislador tanto en el artículo 123 del
Decreto 1213 de 1990, como en el artículo 140 del Decreto 1212 de 1990»
(sic); asimismo, señaló que «[…] respecto a la aplicación de la Ley 923 de
2004 y el Decreto 1091 de 1995 […] acogiendo el principio de
inescindibilidad que rige la interpretación normativa de nuestro Estado, es
claro, que cuando se trata de regímenes pensionales, debe tenerse en cuenta
que la selección de uno u otro comporta la aceptación de todas sus
condiciones, sin que sea jurídicamente posible acoger solamente lo favorable
de uno y de otro, para fundir normas o regímenes y así obtener uno nuevo con
disposiciones mixtas pero solo lo que concierne a la favorabilidad del
trabajador, m[á]s cuando, el Decreto 1091 de 1995 solo aplica para
miembros del nivel ejecutivo al cual no perteneció el señor agente
LEONARDO FABIO MARÍN LÓPEZ [...]» (sic).
De las pruebas anteriormente relacionadas, se desprende que el señor
Leonardo Fabio Marín López [q. e. p. d.] (i) laboró en la Policía Nacional
como agente alumno del 12 de febrero al 31 de julio de 1991; luego, pasó a ser
agente, desde el 1° de agosto de 1991 hasta el 9 de enero de 1999, y en esta
última fecha falleció en «COMBATE CON EL ENEMIGO, EN EL
RESTABLECIMIENTO DEL ORDEN PÚBLICO»; y (ii) a través de
Resoluciones 519 de 12 de febrero y 790 de 4 de marzo, ambas de 1999, la
Policía Nacional lo retiró del servicio activo por muerte y lo ascendió en
forma póstuma al grado de cabo segundo, respectivamente.
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Expediente: 76001-23-33-000-2018-00149-01 (3989-2021)
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Asimismo, mediante Resolución 682 de 22 de junio de 1999, se reconoció en
favor de la accionante una pensión de sobrevivientes, en condición de
beneficiaria del mencionado señor, la cual se liquidó con base en el 50% del
sueldo básico devengado por un cabo segundo y demás partidas computables,
de conformidad con los artículos 123 del Decreto 1213 de 1990 y 140 del
Decreto 1212 de 1990; y el 16 de mayo de 2017 la actora reclamó de la
accionada el reajuste de dicha prestación «[…] en el equivalente al 100.0%
de[l] sueldo básico como consecuencia del fallecimiento del señor
LEONARDO FABIO MARÍN LÓPEZ en COMBATE CON EL ENEMIGO, EN
EL RESTABLECIMIENTO DEL ORDEN PÚBLICO» en aplicación de «la Ley
923 de 2004 y el Decreto 1091 de 1995», lo que le fue negado con oficio
29523/ARPRE-GRUPE-1.10 de 28 de junio de 2017, porque, por una parte,
«[…] el legislador estableció […] que si el causante al momento de su muerte
no hubiese laborado un tiempo mínimo en la Institución de doce (12) años o
más, sus beneficiarios tendrían derecho a una pensión de sobreviviente la
cual será liquidada en un 50%, de acuerdo con el grado conferido
póstumamente, razón por la cual y como quiera que el señor agente
LEONARDO FABIO MARÍN LÓPEZ, laboró un tiempo total de ocho (8)
años, cero (0) meses y siete (7) días se liquidó la pensión en el 50% del sueldo
básico de un Cabo segundo más las partidas computables en aplicación al
artículo 140 del Decreto 1212 de 1990 […]» (sic); y, por otra, «[…] respecto
a la aplicación de la Ley 923 de 2004 y el Decreto 1091 de 1995 […]
acogiendo el principio de inescindibilidad que rige la interpretación
normativa de nuestro Estado, es claro, que cuando se trata de regímenes
pensionales, debe tenerse en cuenta que la selección de uno u otro comporta
la aceptación de todas sus condiciones, sin que sea jurídicamente posible
acoger solamente lo favorable de uno y de otro, para fundir normas o
regímenes y así obtener uno nuevo con disposiciones mixtas pero solo lo que
concierne a la favorabilidad del trabajador, m[á]s cuando, el Decreto 1091 de
1995 solo aplica para miembros del nivel ejecutivo al cual no perteneció el
señor agente LEONARDO FABIO MARÍN LÓPEZ [...]» (sic).
Ahora bien, la Sala evidencia que la accionante, tanto en la demanda como en
el recurso de apelación, pide la inaplicación, por «excepción de
inconstitucionalidad e ilegalidad», de los apartes «incapacidad absoluta y
permanente o gran invalidez» del artículo 161 del Decreto 1212 de 1990 y
«doce (12) años o más años de servicio» del artículo 165 ibidem, por cuanto,
en su criterio, constituyen una «inequidad manifiesta» que vulnera su dignidad
humana y demás derechos fundamentales, pero dichas disposiciones no rigen
su caso particular, pues la pensión de sobrevivientes fue concedida con
sustento en los artículos 123 del Decreto 1213 de 1990 y 140 del Decreto 1212
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Expediente: 76001-23-33-000-2018-00149-01 (3989-2021)
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de 1990, y en sede administrativa deprecó que se diera aplicación a «la Ley
923 de 2004 y el Decreto 1091 de 1995», normas que tampoco atañen a su
difunto esposo al no haber pertenecido al nivel ejecutivo de la Policía
Nacional.
Sin embargo, se advierte que el artículo 123 del Decreto 1213 de 1990
estipuló, en similares términos que el 165 del Decreto 1212 de 1990, que ante
la muerte de un agente de la Policía Nacional «en servicio activo, en actos
meritorios del servicio, en combate o como consecuencia de la acción del
enemigo, bien sea en conflicto internacional o en mantenimiento o
restablecimiento del orden público», tendrían derecho sus beneficiarios, entre
otras prerrogativas, a que se les pague una pensión mensual, liquidada y
cubierta en la misma forma de la asignación de retiro cuando hubiere
cumplido 12 o más años de servicio y, de no haber completado los 12 años de
servicio, sería equivalente al cincuenta por ciento (50%) de las partidas
señaladas en el artículo 100 de ese Decreto, por lo que, en virtud del principio
de tutela judicial efectiva, se procederá a revisar si dicha norma quebranta los
derechos fundamentales de la accionante y, por ende, en el sub lite se debe
inaplicar por excepción de inconstitucionalidad.
Sobre el particular, la Sala se remite a la precitada sentencia C-654 de 3 de
diciembre de 1997 de la Corte Constitucional, que, al revisar la
constitucionalidad de los artículos 164 y 165 del Decreto 1212 de 1990, 122 y
123 del Decreto 1213 de 1990 y 121 y 122 del Decreto 1214 de 1990, frente al
régimen prestacional del Decreto 1091 de 1995, concluyó que el previsto en
las normas acusadas era más favorable, para lo cual precisó:
En la realización del juicio de igualdad es necesario establecer, cuáles
son las situaciones o supuestos que deben ser objeto de comparación,
desde el punto de vista objetivo o material y funcional, atendiendo todos
los aspectos que sean relevantes en las respectivas relaciones o
circunstancias, con el fin de determinar qué es lo igual que merece un
trato igual y qué es lo divergente que exige, por consiguiente, un trato
diferenciado. Realizado esto, es preciso determinar si el tratamiento que
se dispensa en una situación concreta obedece o no a criterios que sean
objetivos, razonables, proporcionados y que estén acordes con una
finalidad constitucional legítima.
En este orden de ideas, y en atención a los argumentos expuestos en el libelo
introductorio y en el escrito de alzada por la parte actora, no es dable realizar
un test de igualdad frente a situaciones evidentemente desiguales, toda vez que
resulta impertinente que se apliquen las reglas de la pensión por invalidez a la
de sobrevivientes, pues, amén de amparar siniestros diferentes, no es
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Expediente: 76001-23-33-000-2018-00149-01 (3989-2021)
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procedente que esta Sala efectúe juicios de valor sobre cuál es el más grave,
pues implica subjetividad; además, sus destinatarios no son los mismos, por
cuanto en el primer caso sigue siendo el miembro de la Policía Nacional
afectado con la «incapacidad absoluta y permanente o gran invalidez» quien
va recibir la prestación, que sirve para la manutención de su familia y su
propia subsistencia en las condiciones de limitación física o mental absoluta
en la que quedó, mientras que en el segundo serán los correspondientes
beneficiarios.
De igual modo, la expresión «doce (12) años o más años de servicio», para
conceder la pensión de sobrevivientes en la misma forma de la asignación de
retiro o, en su defecto, el equivalente al cincuenta por ciento (50%) del sueldo
básico del grado al que haya sido ascendido póstumamente el causante, no
vulnera de manera alguna la dignidad humana u otros derechos
fundamentales, habida cuenta de que, en todo caso, el derecho pensional, en
cualquiera de sus formas, comporta una mera expectativa, al cual se accede en
cumplimiento, entre otras condiciones, de un tiempo mínimo de servicios, por
ende, no se puede pretender que el único requisito para obtenerlo, en el caso
de los beneficiarios, sea el suceso de la muerte del causante.
Así las cosas, no encuentra esta Sala justificación para inaplicar por excepción
de inconstitucionalidad las normas acusadas y menos aún las que rigen el caso
bajo examen.
Por último, en relación con la condena en costas y las agencias en derecho que
corresponde a los gastos por concepto de apoderamiento dentro del proceso,
esta Corporación, en sentencia de 1.º de diciembre de 20165, se pronunció así:
En ese orden, la referida norma especial que regula la condena en costas
en la jurisdicción de lo contencioso-administrativo dispone:
Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se
ventile un interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en
costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del
Código de Procedimiento Civil.
La lectura interpretativa que la Sala otorga a la citada regulación especial
gira en torno al significado del vocablo disponer, cuya segunda acepción
es entendida por la Real Academia Española como «2. tr. Deliberar,
determinar, mandar lo que ha de hacerse».
5
Consejo de Estado, sala de lo contencioso-administrativo, expediente 70001-23-33-000-2013-00065-01
(1908-2014), C.P. Carmelo Perdomo Cuéter.
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Expediente: 76001-23-33-000-2018-00149-01 (3989-2021)
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Ello implica que disponer en la sentencia sobre la condena en costas no
presupone su causación per se contra la parte que pierda el litigio y solo,
en caso de que estas sean impuestas, se acudirá a las normas generales
del procedimiento para su liquidación y ejecución (artículo 366 del
CGP).
En tal virtud, a diferencia de lo que acontece en otras jurisdicciones
(civil, comercial, de familia y agraria), donde la responsabilidad en
materia de costas siempre es objetiva (artículo 365 del CGP),
corresponde al juez de lo contencioso-administrativo elaborar un juicio
de ponderación subjetiva respecto de la conducta procesal asumida por
las partes, previa imposición de la medida, que limitan el arbitrio judicial
o discrecionalidad, para dar paso a una aplicación razonable de la norma.
Ese juicio de ponderación supone que el reproche hacia la parte vencida
esté revestido de acciones temerarias o dilatorias que dificulten el curso
normal de las diferentes etapas del procedimiento, cuando por ejemplo
sea manifiesta la carencia de fundamento legal de la demanda,
excepción, recurso, oposición o incidente, o a sabiendas se aleguen
hechos contrarios a la realidad; se aduzcan calidades inexistentes; se
utilice el proceso, incidente o recurso para fines claramente ilegales o
con propósitos dolosos o fraudulentos; se obstruya, por acción u omisión,
la práctica de pruebas; se entorpezca el desarrollo normal y expedito del
proceso; o se hagan transcripciones o citas deliberadamente inexactas
(artículo 79 CGP).
Así las cosas, frente al resultado adverso a los intereses del demandante,
se tiene que ejerció de forma legítima el reclamo por la vía judicial del
derecho que le asistía de acceder a la pensión gracia, pues con base en el
ordenamiento que la rige y los lineamientos jurisprudenciales en la
materia, así lo consideró.
Por lo tanto, esta Sala considera que la referida normativa deja a disposición
del juez la procedencia o no de la condena en costas, puesto que para ello debe
examinar la actuación procesal de la parte vencida y comprobar su causación y
no el simple hecho de que las resultas del proceso le fueron desfavorables a
sus intereses, pues dicha imposición surge después de tener certeza de que la
conducta desplegada por aquella comporta temeridad o mala fe, por lo que, al
no predicarse tal proceder de la accionante, se revocará la condena en costas
impuesta en primera instancia.
Con base en los razonamientos que se dejan consignados, en armonía con los
elementos de juicio allegados al expediente y apreciados en conjunto de acuerdo
con las reglas de la sana crítica, sin más disquisiciones sobre el particular, se
confirmará parcialmente la sentencia de primera instancia, que negó las
pretensiones de la demanda, y se revocará la condena en costas.
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Expediente: 76001-23-33-000-2018-00149-01 (3989-2021)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Luz Alba Zúñiga Zúñiga contra la Nación – Ministerio de Defensa Nacional -
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En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, sala de lo contencioso
administrativo, sección segunda, subsección B, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,
FALLA:
1°. Confírmase parcialmente la sentencia proferida el 25 de marzo de 2021 por
el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca (sala de oralidad), que negó las
pretensiones de la demanda incoada por la señora Luz Alba Zúñiga Zúñiga
contra la Nación – Ministerio de Defensa Nacional - Policía Nacional,
conforme a lo expuesto en la parte motiva.
2°. Revócase la condena en costas impuesta a la demandante, de
conformidad con lo indicado en la motivación.
3°. Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al Tribunal de
origen, previas las anotaciones que fueren menester.
Notifíquese y cúmplase,
Este proyecto fue estudiado y aprobado en sala de la fecha.
Firmado electrónicamente
CARMELO PERDOMO CUÉTER
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
SANDRA LISSET IBARRA VÉLEZ CÉSAR PALOMINO CORTÉS
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