RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 13001-23-33-000-2017-01093-02

Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 13001-23-33-000-2017-01093-02

Fecha
17 de julio de 2026
Consejero ponente
Jorge Iván Duque Gutiérrez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 13001-23-33-000-2017-01093-02

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA Primero: MODIFICAR el numeral primero de la sentencia del cuatro (4) de diciembre de dos mil veintitrés (2023) proferida por el Tribunal Administrativo de Bolívar, Sala de Conjueces, en el sentido de incorporar lo siguiente: Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: +57 (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 10 Radicación: 13001-23-33-000-2017-01093-02 (0731-2026) «ESTARSE a lo resuelto en la sentencia del 21 de septiembre de 2022 de la Sala de Conjueces del Consejo de Estado, emitida en el proceso 11001 03 25 000 2018 01101 00 (3974-2018)». Segundo: MODIFICAR los literales a) y b) del numeral segundo de la sentencia del cuatro (4) de diciembre de dos mil veintitrés (2023) proferida por el Tribunal Administrativo de Bolívar, Sala de Conjueces. «SEGUNDO: CONDENAR a la entidad demandada a: i) reconocer y pagar, retroactivamente, en favor del señor Pedro Manuel Díaz Pacheco, la prima especial de servicios prevista en el artículo 14 de la Ley 4.ª de 1992, sin carácter salarial, como un valor adicional a la remuneración mensual, desde el 21 de abril de 2014 y de ahí en adelante hasta que desempeñe un cargo beneficiario de tal emolumento. Con la precisión de que la prima especial de servicios solo constituye factor para efectos pensionales; ii) efectuar el reajuste de las cotizaciones al Sistema General de Seguridad Social en salud y pensión sobre el valor correspondiente a la prima especial de servicios, equivalente al 30 % de la asignación básica, desde el 21 de abril de 2014 y de ahí en adelante hasta que desempeñe un cargo beneficiario del mencionado emolumento». Tercero: CONFIRMAR en lo demás, la sentencia del cuatro (4) de diciembre de dos mil veintitrés (2023) proferida por el Tribunal Administrativo de Bolívar, Sala de Conjueces. Cuarto: Sin condena en costas en esta instancia, conforme a lo expuesto en la parte considerativa de esta providencia. Quinto: Ejecutoriada esta sentencia devolver el expediente al tribunal de origen, previas las anotaciones correspondientes.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 13001-23-33-000-2017-01093-02

Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez

17 de julio de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ

Bogotá, D.C., diecisiete (17) de julio dos mil veintiséis (2026)

Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 13001-23-33-000-2017-01093-02 (0731-2026)
Demandante: Pedro Manuel Díaz Pacheco
Demandado: Nación, Fiscalía General de la Nación

Tema: Prima especial. MODIFICA SENTENCIA

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Decide la sala1 el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra
la sentencia proferida el cuatro (4) de diciembre de dos mil veintitrés (2023) por el
Tribunal Administrativo de Bolívar, Sala de Conjueces, por medio de la cual se
accedió parcialmente a las pretensiones.

ANTECEDENTES

1. El señor Pedro Manuel Díaz Pacheco interpuso demanda en contra de la
Nación, Fiscalía General de la Nación, en ejercicio del medio de control de nulidad
y restablecimiento del derecho consagrado en el artículo 138 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), con el
fin de que se acceda a las siguientes:

PRETENSIONES

2. Que se declare la nulidad del Oficio DS-22-12-6 SAJ 0150 del 9 de mayo de
2017, a través del cual la Fiscalía General de la Nación negó la reliquidación y el
pago de las diferencias debidas por concepto de salarios y prestaciones sociales,
en virtud de la prima especial prevista en el artículo 14 de la Ley 4.ª de 1992.

3. A título de restablecimiento del derecho se ordene pagar las sumas
señaladas «en el acápite de explicación razonada de la cuantía y que proceden, en
virtud de la sentencia de nulidad simple proferida por la SALA DE CONJUECES DEL
CONSEJO DE ESTADO Sección Segunda, de fecha abril 29 de 2014 […], por medio
de la cual se declaró la nulidad de todos y cada uno de los artículos de los actos
administrativos generales que fijaron la prima especial en el equivalente al 30% del
salario básico desde el año 1.993 hasta la fecha».

4. Que se actualicen las sumas reconocidas, se cancelen los intereses

1 Actualmente los miembros de la subsección no tienen un proceso pendiente o interés actual frente a aspectos

relacionados con el reconocimiento de la prima especial del artículo 14 de la Ley 4 de 1992, objeto del presente
proceso. De otro lado, cabe precisar que, si bien el consejero Luis Eduardo Mesa Nieves se declaraba impedido
respecto de la prima especial del artículo 14 de la Ley 4 de 1992, por tener un proceso activo en el que se
debatía un asunto similar, el mismo fue definido mediante sentencia del 16 de septiembre de 2025, decisión que
se encuentra ejecutoriada, por lo que no existe pleito pendiente entre las partes o interés actual al respecto.

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: +57 (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 13001-23-33-000-2017-01093-02 (0731-2026)

correspondientes, se condene en costas, y se dé cumplimiento a la sentencia en los
términos del artículo 192 del CPACA.

HECHOS

La demanda se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente manera:

5. Que se vinculó a la Fiscalía General de la Nación como fiscal delegado ante
los jueces municipales a partir del 17 de junio de 1994, y a la fecha se desempeña
como fiscal delegado ante los jueces del circuito especializado. Que el 21 de abril
de 2017 solicitó a la demandada el reajuste del salario y de las prestaciones
sociales, con la inclusión de la prima especial de servicios como factor salarial,2
teniendo en cuenta lo dispuesto en la sentencia del 29 de abril de 2014, petición que
se negó a través del acto demandado.

NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE VIOLACIÓN

6. Considera violados los artículos: 2, 13, 29, 53, 136, 150 y 209 de la
Constitución Política; 1, 2, 3, 4 y 14 de la Ley 4.ª de 1992; 127, 128 y 132 del Código
Sustantivo del Trabajo; 3, 137 y 138 del CPACA; y los Decretos 3135 de 1968, 1042
y 1045 de 1978.

7. Que los actos acusados fueron expedidos con desconocimiento de la
Constitución, la ley y del precedente desarrollado por esta corporación pues tienen
como fundamento los decretos anuales expedidos por el Gobierno nacional que
establecieron que el 30% del salario básico mensual se consideraba prima especial
de servicios sin carácter salarial, lo que generó una disminución en la asignación
básica y en las prestaciones sociales del actor. Citó, entre otras, la decisión del 29
de abril de 20143, proferida por el Consejo de Estado.

TRÁMITE DE PRIMERA INSTANCIA

8. El 12 de enero de 2021 fue admitida la demanda. La entidad4 señaló que ha
liquidado los salarios y las prestaciones sociales con base en el 100 % de la
remuneración. Sostuvo que, aunque el Consejo de Estado declaró la nulidad de las
disposiciones de los decretos salariales expedidos entre 1993 y 2002 que hacían
referencia a la prima especial de servicios para los servidores de la fiscalía; desde
el 2003 este emolumento no fue regulado y, por ende, tampoco se efectuó
deducción alguna por ese concepto.

9. Propuso como excepciones las de: «prescripción» y «carencia de objeto».

2 Según se desprende del acto acusado.
3 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Sentencia del 29 de abril de

2014. Expediente: 11001-03-25-000-2007-00087-00 (1686-2007). C.P. María Carolina Rodríguez Ruiz.
4 Archivo denominado «07ContestacionDemanda.pdf» contenido en la carpeta «
6ED_EXPEDIENTE_13001233300020170109(.zip) NroActua 2» obrante en el índice 2 de SAMAI.
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: +57 (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

2

Radicación: 13001-23-33-000-2017-01093-02 (0731-2026)

SENTENCIA OBJETO DE IMPUGNACIÓN

10. El Tribunal Administrativo de Bolívar, Sala de Conjueces, mediante sentencia
del cuatro (4) de diciembre de dos mil veintitrés (2023)5, accedió parcialmente a las
pretensiones. Declaró la nulidad del acto acusado, y condenó en costas a la
demandada, en aplicación de los artículos 365 y 366 del CGP. Expuso que la prima
especial prevista en el artículo 14 de la Ley 4.ª de 1992 debe ser entendida como
un incremento y no una disminución de la remuneración básica de los servidores
beneficiarios.

11. No obstante, a pesar de que encontró acreditado que la entidad pagó de
manera errada la prima especial de servicios, desde el 17 de junio de 1994 en su
condición de fiscal, por virtud del fenómeno extintivo, condenó a la fiscalía a pagar
desde el 21 de abril de 2014 en adelante, las diferencias «por concepto de ingresos
mensuales sobre la base del 100% del salario básico más el 30% de la prima
especial de servicios» y a reliquidar las prestaciones sociales «sobre el 100% de su
salario básico y/o asignación básica, es decir, con la inclusión del 30% que había
sido excluido a título de prima especial». Precisó que la prescripción no opera sobre
los aportes a pensión, dado que «no pueden ser sustituidos y garantizan la viabilidad
financiera del Sistema General de Pensiones».

12. Finalmente, ordenó «que se hagan los descuentos de ley a la parte
demandante, respecto de las sumas que reciba tras la reliquidación que dispuso».

RECURSO DE APELACIÓN

13. La parte demandada6 interpuso recurso de apelación en el que sostuvo que,
en cumplimiento de los decretos anuales expedidos por el Gobierno nacional, desde
2003, ha liquidado y pagado el 100% del salario y de las prestaciones al actor.

14. Que el reconocimiento de la prima especial de servicios, equivalente al 30 %
de la asignación, debe efectuarse como una adición a la remuneración, sin carácter
salarial; por tanto, no es procedente que los aportes a pensión se liquiden sobre el
130 % del salario básico. Agregó que, sobre las cotizaciones también se configuró
el fenómeno jurídico de la prescripción, por lo que solo se deben ordenar aquellas
causadas durante los tres años anteriores a la radicación de la reclamación
administrativa.

15. Que la imposición de costas resulta contraria a la normativa aplicable y a la
jurisprudencia del Consejo de Estado, al no acreditarse su causación ni la existencia
de conducta procesal que las justifique.

5 Archivo denominado «30SentenciaPrimeraInstancia.pdf» contenido en la carpeta «
6ED_EXPEDIENTE_13001233300020170109(.zip) NroActua 2» obrante en el índice 2 de SAMAI.
6 Archivo denominado «33RecursoApelacionDdo.pdf» contenido en la carpeta «
6ED_EXPEDIENTE_13001233300020170109(.zip) NroActua 2» obrante en el índice 2 de SAMAI.
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: +57 (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

3

Radicación: 13001-23-33-000-2017-01093-02 (0731-2026)

TRÁMITE DE SEGUNDA INSTANCIA

16. El 10 de junio de 2026 se admitió el recurso. Las partes y el agente del
Ministerio Público no se pronunciaron.

Se decidirá previas las siguientes,
CONSIDERACIONES

16. Deberá resolver la subsección si el demandante tiene derecho al reconocimiento
de la prima especial de servicios como componente adicional de la asignación
básica y a la reliquidación de las prestaciones sociales con base en el 100 % de su
remuneración, sin descontar el 30 % del referido emolumento; si operó el fenómeno
de la prescripción sobre los aportes a pensión; y si hay lugar a recovar la condena
en costas impuesta.

Marco normativo y jurisprudencial

De la prima especial. Artículo 14 de la Ley 4.ª de 1992

17. La Ley 4.ª de 1992 en el artículo 14 determinó que el Gobierno nacional
establecerá una prima especial no inferior al 30 % ni superior al 60 % del salario
básico, sin carácter salarial, en favor de los magistrados de todo orden de los
tribunales superiores de distrito judicial y de lo contencioso administrativo, los
agentes del Ministerio Público delegados ante la Rama Judicial, los jueces de la
República, incluidos los magistrados y fiscales del Tribunal Superior Militar, los
auditores de guerra y los jueces de instrucción penal militar, los delegados
departamentales del Registrador Nacional del Estado Civil, los registradores del
Distrito Capital y los servidores de los niveles directivo y asesor de la Registraduría
Nacional del Estado Civil.

18. En desarrollo de dicho mandato, el Gobierno nacional fijó el régimen salarial y
prestacional aplicable a los servidores de la Fiscalía General de la Nación mediante
el Decreto 53 de 1993, el cual sería de obligatorio cumplimiento para quienes
ingresaran con posterioridad a la vigencia de tal normativa.

19. Adicionalmente se dispuso que quienes hubiesen estado vinculados antes del
28 de febrero de 1993 podrían optar por una sola vez por mantener la regulación
propia del Decreto 2699 de 1991, o bien por el definido en el primer decreto en
mención, sin perjuicio de la excepción prevista en el artículo 14 de la Ley 4.ª de
19927 que excluyó para estos efectos el beneficio de la prima especial.
20. Respecto del alcance de dicho emolumento, el artículo 1.º de la Ley 332 de
19968 contempló que este haber constituye parte del ingreso básico solo para

7 Artículo 14 de la Ley 4ª de 1992: «excepto los que opten por la escala de salarios de la Fiscalía General de la

Nación, con efectos a partir del primero (1o.) de enero de 1993».
8 Artículo 6: «el treinta por ciento (30%) del salario básico mensual de los siguientes servidores públicos se

considera como prima especial de servicios sin carácter salarial. Jefe Unidad de Fiscalía ante Tribunal Nacional,
jefe Unidad de Fiscalía ante Tribunal de Distrito, Fiscal ante Tribunal Nacional, jefe Unidad Regional de Fiscalía,
Fiscal ante Tribunal de Distrito, fiscal regional, jefe Unidad Seccional de Fiscalía, Fiscal Seccional, secretario
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: +57 (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

4

Radicación: 13001-23-33-000-2017-01093-02 (0731-2026)

efectos de la liquidación de la pensión de jubilación a quienes fueran titulares de
este derecho.

21. Sin embargo, con la expedición de Ley 476 de 1998 se aclaró dicha disposición
«[…] en el sentido de que la excepción allí consagrada que hace alusión a la Ley 4a. de
1992, no se refiere a los Fiscales de la Fiscalía General de la Nación que se acogieron a la
escala salarial establecida en el Decreto 53 de 1993, ni a quienes se vincularen con
posterioridad a dicho decreto. En consecuencia, para estos servidores, la prima especial de
servicios a que se refiere el artículo 6o. del Decreto 53 de 1993 y los decretos posteriores
que lo subrogan o lo adiciona, tendrá carácter salarial para efectos de la determinación del
salario base de liquidación de la pensión de jubilación. […]».

22. Ahora bien, se destaca que los artículos de los decretos salariales emitidos por
el Gobierno nacional que regulaban la prima especial para los servidores de la
Fiscalía General de la Nación durante el período comprendido entre 1993 y 2002,
fueron anulados por el Consejo de Estado9 al haber identificado que resultaba ilegal
considerar tal emolumento en un 30% como un componente integrador de la
asignación básica, en la medida en que tal disposición implicaba la pérdida del valor
real de la remuneración mensual fijada cada año.

23. Por su parte, ante estas decisiones de nulidad, posteriormente los decretos que
fijaron la remuneración mensual de tales empleados del ente acusador, en especial
desde la expedición del Decreto 3549 de 2003 en adelante, lo que hicieron fue dejar
de regular la prima especial, por lo que, si bien reconocieron el 100% del salario
básico, lo cierto es que se abstuvieron de pagar de manera adicional el referido
haber laboral.

24. Esto es, en esencia se desconoció la consolidación del derecho contemplado
en el artículo 14 de la Ley 4.ª de 1992, pues si bien se dejó de descontar de la base
de la asignación como se hacía previamente, tampoco se concedió como un
componente agregado al salario, ello al menos hasta el 1.º de enero de 2021 cuando
entró en vigencia el Decreto 272 de 2021, por el cual se estableció adecuadamente
la prima especial de que trata el artículo 14 de la Ley 4.ª de 1992.

25. Precisamente sobre la materia, la Sala de Conjueces de la Sección Segunda
del Consejo de Estado mediante la sentencia del 15 de diciembre de 202010, abordó
un caso relativo al reconocimiento de la prima especial de servicios para los
servidores de la FGN en la que se determinó11 que:

general, directores nacionales, directores regionales, directores Seccionales, jefes de Oficina, jefes de
División».
9 En sentencia del 14 de febrero de 2002 (197-99) se anuló el artículo 7° del Decreto 38 de 1999. En sentencia

del 15 de julio de 2004 (3531-02) se anuló el artículo 7º del Decreto 685 de 2002. En sentencia del 15 de abril
de 2004 (71201) se anuló el artículo 8° del Decreto 2743 de 2000. En sentencia del 25 de noviembre de 2004
(4419-01) se anuló el artículo 7° del Decreto 1480 de 2001. En sentencia del 3 de marzo de 2005 (17021-2005)
se anularon el artículo 6 del Decreto 53 de 1993 y 7° de los Decretos 108 de 1994, 49 de 1995, 108 de 1996 y
52 de 1997. En sentencia del 13 de septiembre de 2007 (0478-03) se anularon los artículos 7° y 8° de los
Decretos 50 de 1998 y 2729 de 2001.
10 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Sala de Conjueces, conjuez

ponente: Jorge Iván Rincón Córdoba, del 15 de diciembre de 2020, radicación número: 73001-23-33-000-2017-
00568-01(5472-18).
11 Estos mismos planteamientos se han reiterado en sentencias del Consejo de Estado proferidas el 6 de junio

de 2023, radicaciones: 05001233300020150165102 (3578-2018), 730012333000201700551 01 (2276-2019),
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: +57 (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

5

Radicación: 13001-23-33-000-2017-01093-02 (0731-2026)

«[…] 1. La prima especial de servicios es un incremento del salario básico y/o
asignación mensual de los servidores públicos beneficiarios de esta. En consecuencia,
los beneficiarios tienen derecho, en los términos de esta sentencia, al reconocimiento
y pago de las diferencias que por concepto de la prima resulten a su favor.

2. La prima especial constituye factor salarial sólo para determinar el ingreso base de
liquidación de la pensión de jubilación.

3. A partir de la entrada en vigor de la Ley 476 de 1998 los empleados públicos de la
Fiscalía que se acogieron al régimen salarial consagrado en el Decreto 53 de 1993 o
se hayan vinculado a la entidad con posterioridad tienen derecho a la prima especial
de servicios como un incremento del salario básico y/o asignación básica, sin que en
ningún caso supere el porcentaje máximo fijado por el Gobierno Nacional, atendiendo
el cargo correspondiente.

4. Los empleados públicos de la Fiscalía que se acogieron al régimen salarial
consagrado en el Decreto 53 de 1993 o se hayan vinculado a la entidad con
posterioridad tienen derecho desde 1998 a la reliquidación de las prestaciones sociales
sobre el 100% de su salario básico y/o asignación básica, es decir, con la inclusión del
30% que había sido excluido a título de prima especial.”

5. Para la contabilización de la prescripción del derecho a reclamar la prima especial
de servicios, se tendrá́ en cuenta en cada caso la fecha de presentación de la
reclamación administrativa y a partir de allí́ se reconocerá́ hasta tres años atrás, nunca
más atrás, de conformidad con el Decreto 3135 de 1998 y 1848 de 1969. […]».

26. De conformidad con este recuento normativo y jurisprudencial se concluye que,
si bien la prima especial fue creada en virtud de la Ley 4.ª de 1992 con efectos
desde 1993, lo cierto es que, en el caso de los fiscales, la efectividad de su
reconocimiento dependerá de la fecha de su vinculación en razón del régimen
salarial creado con el Decreto 53 de 1993.

27. Al respecto es de resaltar que, el artículo 14 de la ley en mención excluyó
expresamente de este emolumento a quienes «[…] opten por la escala de salarios
de la Fiscalía General de la Nación, con efectos a partir del primero (1º.) de enero
de 1993. […]». Pues bien, fue solo hasta la expedición de la Ley 476 de 1998 que
se aclaró que dicha excepción no cobijaba a los acogidos a la regulación del Decreto
53 de 1993 o a los vinculados con posterioridad a dicha norma.

28. En consecuencia, el pago de la prima especial se causó desde 1993 solo para
los fiscales vinculados antes de ese año o que decidieron no acogerse a esta última
disposición, mientras que para quienes ingresaron en esta clase de cargos con
posterioridad o se sometieron expresamente al nuevo régimen, tal derecho sería
efectivo desde 1998, ya que fue a partir de ese momento en que se resolvió su
situación jurídica frente a la titularidad de dicho haber laboral.

29. Finalmente, además de dichas precisiones jurisprudenciales, esta corporación
mediante sentencia del 21 de septiembre de 202212 declaró la nulidad de algunos

10 de septiembre de 2024, radicación: 250002342000201900422 02 (2879-2021), y 5 de noviembre 2024,
radicación: 25000-2342-000-2020-00137-02 (0687-2022).
12 Proceso 11001 03 25 000 2018 01101 00 (3974-2018), conjuez ponente: Néstor Raúl Correa Henao.

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: +57 (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

6

Radicación: 13001-23-33-000-2017-01093-02 (0731-2026)

artículos de los decretos salariales anuales expedidos entre 1993 y 2017, en la cual
señaló que el 30% correspondiente a la prima especial «no puede ser inferior al
30% del salario básico mensual y que además ella es una adición a éste».

Resolución del caso concreto

30. Se advierte que el tribunal condenó a la entidad a pagar, en favor del
demandante, las diferencias «por concepto de ingresos mensuales sobre la base
del 100% del salario básico más el 30% de la prima especial de servicios », y a
reliquidar las prestaciones sociales, sobre el 100 % de su salario, con la inclusión
de tal porcentaje que «había sido excluido a título de prima especial», desde el 21
de abril de 2014, por virtud de la prescripción, hasta la fecha en la que funja en el
cargo beneficiario. Lo anterior, al encontrar probado que el señor Pedro Manuel Díaz
Pacheco se ha desempeñado como fiscal desde el 17 de junio de 199413 y que ha
percibido montos inferiores a los que le correspondían.

31. Al respecto, como se precisó en el marco normativo, en los decretos que fijaron
el régimen salarial de la Fiscalía General de la Nación entre 1993 y 2002 sí se
estableció la prima especial del artículo 14 de la Ley 4.ª de 1992, pero equivalente
a un 30% como componente del propio salario básico, lo cual generó que se
disminuyeran los ingresos mensuales de los beneficiarios de ésta.

32. Por tal razón, durante el período comprendido entre el 17 de junio de 1994,
fecha en la que el actor fue nombrado fiscal delegado ante jueces municipales, y el
año 2002, habría sido procedente ordenar el reajuste salarial, prestacional y de los
aportes al Sistema General de Seguridad Social en Pensiones con fundamento en
el 100 % de la asignación básica, esto es, incluyendo el 30 % del salario que había
sido descontado indebidamente a título de prima especial.

33. Sin embargo, como radicó la reclamación administrativa el 21 de abril de
14
2017 , se encuentran prescritos por extinción los valores causados con anterioridad
al 21 de abril de 2014, lo que implica que debían negarse las pretensiones respecto
de la totalidad de lo que hubiese sido materia de condena por el lapso referido, tal
como lo decidió el juez de primera instancia.
34. Sobre este punto, conviene señalar que el tribunal precisó en la parte motiva
de la sentencia que:

«la prescripción operaria en este caso a partir del 20 abril de 2014 hacia atrás,
esto es, lo causado en años anteriores a dicha fecha está prescrito. Se aclara
que, sobre los aportes a pensión, dejados de consignar por la parte demandada,
por obvias razones, no opera la prescripción, dado que, los aportes no pueden
ser sustituidos y garantizan la viabilidad financiera del Sistema General de

13 De acuerdo con la constancia del 17 de marzo de 2017 emitida por el subdirector seccional de apoyo a la

gestión de la Fiscalía General de la Nación, el demandante fue nombrado en el cargo de fiscal delegado ante
jueces municipales desde el 17 de junio de 1994 y a la fecha de la expedición desempeñaba el cargo de fiscal
delegado ante jueces del circuito especializado. Páginas 17 a 19 del archivo denominado
«01CuadernoPrincipal».
14 Según se desprende del acto acusado, visible en las páginas 45 a 47 del archivo denominado

«01CuadernoPrincipal».
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: +57 (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

7

Radicación: 13001-23-33-000-2017-01093-02 (0731-2026)

Pensiones. En consecuencia, se declarará probada esta excepción en los
términos precisados en este fallo».

35. No obstante, en la parte resolutiva, numeral segundo, condicionó el
restablecimiento del derecho a la prescripción trienal al ordenar el reconocimiento y
pago de las diferencias salariales y prestacionales, dentro de las cuales incluyó las
cesantías y los aportes al Sistema General de Seguridad Social. En efecto, dispuso:

«SEGUNDO: CONDENAR […] a la NACIÓN – FISCALIA GENERAL DE LA
NACION a RECONOCER y PAGAR, retroactivamente, en favor del señor
PEDRO MANUEL DIAZ PACHECO […] desde el 21 de abril de 2014 hasta la
fecha en que se desempeñe como Fiscal de la Fiscalía General de la República,
lo siguiente:

a) La diferencia […] entre lo percibido y lo que debió percibir, por concepto de
ingresos mensuales sobre la base del 100% del salario básico más el 30% de
la prima especial de servicios […]

[…]

b) Reliquidar y pagar las prestaciones sociales y salariales (prima de
navidad, prima de servicios, vacaciones, cesantías, prima de vacaciones,
seguridad social en salud y pensión, bonificación por servicios prestados,
entre otras) sobre el 100% de su salario básico y/o asignación básica, es decir,
con la inclusión del 30% que había sido excluido a título de prima especial
[…]»15.

36. Aunque dicha figura no opera respecto de los aportes al Sistema General de
Seguridad Social, por tratarse de un derecho cierto, irrenunciable e imprescriptible
que se reconoce en cabeza del servidor público que presta sus servicios laborales
al Estado16, ni en relación con las diferencias por concepto de las cesantías, tal
como se expuso en la sentencia de unificación del 25 de agosto de 201617, lo cierto
es que en garantía de los derechos de defensa y debido proceso, en armonía con
los principios de doble instancia y non reformatio in pejus, la sala se abstendrá de
ordenar el reconocimiento de aquellos a partir de la fecha de vinculación (1994), en
atención a la condición de apelante único que tiene la entidad.

37. Ahora bien, la subsección precisa que, tal como lo ha sostenido la
jurisprudencia, desde el año 2003 los decretos salariales que rigen a la FGN no
previeron la prima especial de servicios, a pesar de que el reconocimiento de ésta
sí era procedente como una adición a la asignación básica. Por esa razón, a partir
del mencionado año los salarios y prestaciones sociales se han liquidado sin realizar
ningún descuento, es decir, en un 100% del valor total fijado anualmente por el
Gobierno nacional.

38. En esas condiciones, no es posible ordenar la reliquidación y pago de las
diferencias salariales y prestacionales, pues a partir del 2003 estos haberes se han

15 Negrita fuera de texto.
16 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 25 de agosto de 2016. Radicación: 23001-23-33-000-

2013-00260-01 (0088-15) CE-SUJ2-005-16. MP: Carmelo Perdomo Cuéter.
17 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 25 de agosto de 2016. Radicación: 08001-23-31-000-

2011-00628-01 (0528-14) CE-SUJ2-004-16. MP: Luis Rafael Vergara
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: +57 (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

8

Radicación: 13001-23-33-000-2017-01093-02 (0731-2026)

calculado correctamente al no efectuarse disminución en la remuneración mensual,
ya que la prima especial no es factor salarial para esos efectos.

39. No obstante, lo que no podía desconocerse es que la prima de que trata el
artículo 14 de la Ley 4.ª de 1992 constituía un derecho adquirido, por lo que tampoco
debió haberse dejado de regular lo propio en los actos expedidos desde 2003, tanto
así que el Ejecutivo tuvo que enmendar esta situación con la expedición del Decreto
272 de 2021, cuando ordenó el reconocimiento de dicho factor como una partida
adicional a la asignación básica.

40. En tal sentido, se modificará el numeral segundo de la sentencia, que dispuso
cancelar las diferencias derivadas de los salarios y las prestaciones en los términos
descritos, dado que lo procedente es reconocer la prima especial de servicios, sin
carácter salarial, equivalente al 30 % de la asignación básica fijada anualmente,
como un incremento del sueldo.

41. En lo que respecta a los aportes al sistema de seguridad social en pensión y
salud, aun cuando son imprescriptibles, no hay lugar a condenar a la Fiscalía
General de la Nación a efectuar las cotizaciones correspondientes desde el año
2003, por cuanto el juez los limitó expresamente, en la parte resolutiva de la
sentencia, «desde el 21 de abril de 2014 hasta la fecha en que se desempeñe como
Fiscal», decisión frente a la cual el demandante no manifestó inconformidad. Así las
cosas, en aplicación del principio de la no reforma en peor, la sala no puede extender
el restablecimiento del derecho más allá de los términos fijados en la decisión, pues
ello comportaría agravar la situación de la entidad, quien ostenta la condición de
apelante única.

42. Por consiguiente, la demandada deberá efectuar el reajuste de las
cotizaciones al sistema general de seguridad social en salud y pensión sobre el valor
correspondiente a la prima especial de servicios, equivalente al 30 % de la
asignación básica, desde el 21 de abril de 2014, por cuanto dicho concepto debió
integrar el ingreso base de cotización del actor.

43. Finalmente, con el fin de sustentar la prosperidad parcial de estas
pretensiones, se ordenará estarse a lo resuelto en la sentencia del 21 de septiembre
de 2022 proferida por la Sala de Conjueces del Consejo de Estado, 18 mediante la
cual se declaró la nulidad de algunos artículos de los decretos salariales anuales,
expedidos entre 1993 y 2017, que establecieron la prima especial creada por el
artículo 14 de la Ley 4.a de 1992 como una parte del salario y no como un pago
adicional equivalente al 30 % de aquel y concluyó que «la prima de servicios no
puede ser inferior al 30 % del salario básico mensual y que además ella es una
adición a éste». Conforme a lo anterior, se modificará el numeral primero19 de la
sentencia impugnada, con el fin de incluir lo señalado en precedencia.

18 Radicado 11001 03 25 000 2018 01101 00 (3974-2018).
19 Que dispuso declarar la nulidad del acto acusado.

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: +57 (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

9

Radicación: 13001-23-33-000-2017-01093-02 (0731-2026)

De la condena en costas: análisis de primera y segunda instancia

44. Procederá la sala a analizar lo relacionado con la condena en costas
impuesta en primera instancia en contra de la entidad apelante. En lo que respecta
a este punto, la Sala advierte que la modificación del artículo 188 del CPACA,
efectuada por el artículo 47 de la Ley 2080 de 2021, derivó en diversos
entendimientos por parte de esta corporación frente a la procedencia de la condena
en costas. A pesar de lo anterior, de una lectura armónica y útil de la norma se colige
que la aludida reforma de ninguna manera significó un apartamiento o alteración del
criterio objetivo que gobierna esta materia.

45. De hecho, la pretensión del legislador con la reforma introducida por la
mencionada ley fue habilitar la condena en costas cuando la demanda carezca
manifiestamente de fundamento legal respecto de asuntos donde se ventile un
interés público, con lo cual se creó una excepción a la regla general, según la cual
no procede dicha imposición en este tipo de procesos. Ahora bien, tratándose de
los demás asuntos, como es el caso de los trámites de nulidad y restablecimiento
del derecho, lo dispuesto en el artículo 188 del CPACA se mantiene incólume. En
ese sentido la sentencia dispondrá sobre la condena en costas sobre la parte
vencida en el proceso.

46. En consecuencia, la eventual condena se impondrá a la parte vencida; la
liquidación y ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGP teniendo en
cuenta la remisión contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.

47. Con base en lo anterior, se concluye que sí era procedente la condena en
costas impuesta en primera instancia contra la entidad accionada, por cuanto se
accedió a las pretensiones de la demanda, pues esto implicó una decisión
desfavorable en su contra.

48. Sin embargo, no hay lugar a condenar en costas en segunda instancia,
porque la petición del recurso de apelación está siendo concedida de manera
parcial, de modo que no puede predicarse que alguna de las partes haya sido
vencida en el proceso. En consecuencia, se prescindirá de dicha condena en esta
instancia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

Primero: MODIFICAR el numeral primero de la sentencia del cuatro (4) de
diciembre de dos mil veintitrés (2023) proferida por el Tribunal Administrativo de
Bolívar, Sala de Conjueces, en el sentido de incorporar lo siguiente:

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: +57 (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

10

Radicación: 13001-23-33-000-2017-01093-02 (0731-2026)

«ESTARSE a lo resuelto en la sentencia del 21 de septiembre de 2022 de la
Sala de Conjueces del Consejo de Estado, emitida en el proceso 11001 03 25
000 2018 01101 00 (3974-2018)».

Segundo: MODIFICAR los literales a) y b) del numeral segundo de la sentencia del
cuatro (4) de diciembre de dos mil veintitrés (2023) proferida por el Tribunal
Administrativo de Bolívar, Sala de Conjueces.

«SEGUNDO: CONDENAR a la entidad demandada a: i) reconocer y pagar,
retroactivamente, en favor del señor Pedro Manuel Díaz Pacheco, la prima
especial de servicios prevista en el artículo 14 de la Ley 4.ª de 1992, sin carácter
salarial, como un valor adicional a la remuneración mensual, desde el 21 de
abril de 2014 y de ahí en adelante hasta que desempeñe un cargo beneficiario
de tal emolumento. Con la precisión de que la prima especial de servicios solo
constituye factor para efectos pensionales; ii) efectuar el reajuste de las
cotizaciones al Sistema General de Seguridad Social en salud y pensión sobre
el valor correspondiente a la prima especial de servicios, equivalente al 30 %
de la asignación básica, desde el 21 de abril de 2014 y de ahí en adelante hasta
que desempeñe un cargo beneficiario del mencionado emolumento».

Tercero: CONFIRMAR en lo demás, la sentencia del cuatro (4) de diciembre de dos
mil veintitrés (2023) proferida por el Tribunal Administrativo de Bolívar, Sala de
Conjueces.

Cuarto: Sin condena en costas en esta instancia, conforme a lo expuesto en la parte
considerativa de esta providencia.

Quinto: Ejecutoriada esta sentencia devolver el expediente al tribunal de origen,
previas las anotaciones correspondientes.

Notifíquese y cúmplase.

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la subsección en la sesión de
la fecha.

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado electrónicamente

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: +57 (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

11

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.