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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 13001-23-33-000-2017-01165-01

Fecha
9 de abril de 2026
Consejero ponente
Jorge Edison Portocarrero Banguera

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 13001-23-33-000-2017-01165-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO. - CONFIRMAR integralmente la sentencia del Veintinueve (29) de Noviembre de Dos Mil Veinticuatro (2024), proferida por el Tribunal 25 Número Interno: 3425-2025 Demandante: Colpensiones Demandada: UGPP y Beatriz Eugenia Orduz Vélez Administrativo de Bolívar, que accedió parcialmente a las pretensiones de la Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: Sin condena en costas en esta instancia. TERCERO: Por Secretaría, DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen, previas las anotaciones y constancias de rigor. La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 13001-23-33-000-2017-01165-01

Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

9 de abril de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN B

Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

Bogotá, D. C., Nueve (9) de abril de Dos Mil Veintiséis (2026)

Radicado: 130012333000201701165 (3425-2025)
Demandante: Administradora Colombiana de Pensiones –
Colpensiones
Demandada: Unidad Administrativa Especial De Gestión
Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social - UGPP y Beatriz Eugenia Orduz
Vélez
Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho
Tema: Lesividad - pensión de vejez

Decisión: Sentencia de segunda instancia

La Sala decide los recursos de apelación interpuestos por la Administradora
Colombiana de Pensiones – Colpensiones y la Unidad Administrativa Especial
de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social,
en adelante UGPP, contra la sentencia del Veintinueve (29) de Noviembre de
Dos Mil Veinticuatro (2024), proferida por el Tribunal Administrativo de Bolívar,
que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.

I. ANTECEDENTES

1.1. La demanda1

1.1.1. Pretensiones

1. La Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones, acudió a la
jurisdicción, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho, previsto en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de

1
Expediente digital – Samai – índice 2 – 1_EXPEDIENTEDIGI_13001233300020170116_0_20251201100203872
(zip) – 01CuadernoPrincipal – folios 1 a 12.

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Número Interno: 3425-2025
Demandante: Colpensiones
Demandada: UGPP y Beatriz Eugenia Orduz Vélez

lo Contencioso Administrativo, a efectos que se declare la nulidad de los siguientes
actos administrativos:

i) Resolución GNR 355220 del Nueve (09) de octubre de Dos Mil Catorce
(2014), mediante la cual, se revocó la Resolución GNR 355539 del Trece (13)
de diciembre de Dos Mil Trece (2013) y reliquidó la pensión de vejez, de la
señora Beatriz Eugenia Orduz Vélez.

ii) Resolución GNR 290682 del Veintinueve (29) de Septiembre de Dos Mil
Dieciséis (2016), por medio de la cual, se dio cumplimiento a un fallo de tutela
y se reliquidó la pensión de vejez de la demandante, efectiva a partir del Seis
(06) de julio de Dos Mil Quince (2015).

2. A título de restablecimiento del derecho, solicitó declarar que, la Administradora
Colombiana de Pensiones - COLPENSIONES, no es la entidad que debe reconocer,
liquidar, reliquidar y pagar la pensión de vejez a favor de la señora Beatriz Eugenia
Orduz Vélez, y es la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP, la que tiene la
competencia administrativa para hacerlo.

3. Adicionalmente solicitó, ordenar a la señora Beatriz Eugenia Orduz Vélez, la
devolución de lo pagado por concepto de reliquidación de la pensión de vejez a partir
de la fecha de inclusión en nómina de pensionados, así como, la devolución de lo
pagado por concepto de reliquidación de una pensión de vejez, en cumplimiento a un
fallo de tutela.

4. También solicitó ordenar a la Entidad Promotora de Salud, FAMISANAR EPS S.A.,
el reintegro de los valores girados por concepto de salud, en favor de la señora Orduz
Vélez.

5. Finalmente solicitó que, las sumas a devolver sean actualizadas e indexadas.

1.1.2 Hechos

6. La señora Beatriz Eugenia Orduz Vélez, nació el Siete (07) de agosto de Mil
Novecientos Cincuenta y Cinco (1955).

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Número Interno: 3425-2025
Demandante: Colpensiones
Demandada: UGPP y Beatriz Eugenia Orduz Vélez

7. El Veintiocho (28) de junio de Dos Mil Doce (2012), la señora Orduz Vélez solicitó
a Colpensiones el reconocimiento de su pensión vitalicia de vejez, al haber cotizado
1.643 semanas a la Caja de Previsión Nacional.

8. La Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones, reconoció la
pensión a la señora Orduz Vélez, mediante Resolución número GNR355539 del Trece
(13) de diciembre de Dos Mil Trece (2013), con una mesada inicial de Un Millón
Trescientos Siete Mil Novecientos Noventa y Dos Pesos ($1.307.992), dejando en
suspenso el ingreso a nómina de pensionados, hasta el retiro del servicio.

9. Ante el recurso de reposición interpuesto por la beneficiaria, a efectos de aumentar
el Ingreso Base de Liquidación (IBL), la Administradora Colombiana de Pensiones -
Colpensiones, expidió la Resolución número GNR355220 del Nueve (09) de octubre
de Dos Mil Catorce (2014), aumentando la mesada a Dos Millones Setecientos Treinta
y Seis Mil Pesos ($2.736.000), supeditada al retiro del servicio.

10. La demandada fue ingresada a nómina de pensionados, a partir del Primero (1)
de julio de Dos Mil quince (2015).

11. El Diez (10) de agosto de Dos Mil Dieciséis (2016), la entidad demandante le
solicitó a la pensionada, autorización para revocar el acto administrativo de
reconocimiento pensional, por encontrarse incurso en la causal primera del artículo
93 de la Ley 1437 de 2011, sin embargo, no hubo pronunciamiento de la demandada.

12. En sentencia de tutela del Siete (7) de julio de Dos Mil Dieciséis (2016), el
Juzgado Cuarto Administrativo Oral del Circuito Judicial de Cartagena, le ordenó a la
Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones, realizar todas las medidas
necesarias para la inclusión en nómina y pago de la pensión de vejez a la señora
Beatriz Eugenia Orduz Vélez, así como los valores causados entre julio de 2015 y
mayo de 2016.

13. En cumplimiento de la orden judicial, la Administradora Colombiana de Pensiones
– Colpensiones, expidió la Resolución número GNR290682, del Veintinueve (29) de
septiembre de Dos Mil Dieciséis (2016), reliquidando nuevamente la pensión y
elevando la mesada pensional a Dos Millones Ochocientos Treinta y Seis Mil Ciento
Treinta y Siete Pesos ($2.836.137), para el año 2015 y un retroactivo de Diecinueve
Millones Ochocientos Ochenta y Tres Mil Treinta y Dos Pesos ($19.883.032).

1.1.3 Normas violadas y concepto de violación.

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Número Interno: 3425-2025
Demandante: Colpensiones
Demandada: UGPP y Beatriz Eugenia Orduz Vélez

14. La parte actora invocó como normas violadas las siguientes:
Artículo 48 de la Constitución Política de Colombia,
Artículo 137 de la Ley 1437 de 2011,
Ley 100 de 1993,
Ley 33 de1985,
Decreto 2196 de 2009,
Decreto 5021 de 2009
Decreto 575 de 2013.

15. Como concepto de violación, la entidad demandante adujo que, el reconocimiento
de las pensiones de vejez o de jubilación, de todos aquellos afiliados a la
Administradora Colombiana de Pensiones - COLPENSIONES, que hubieren reunido
los requisitos de edad y tiempo, con anterioridad al Primero (01) de julio de Dos Mil
Nueve (2009), fecha en la que se perfeccionó el traslado de afiliados de CAJANAL al
Seguro Social, es de competencia de la Caja Nacional o de la Unidad de Gestión
Pensional y Contribuciones Parafiscales UGPP.

16. Bajo este presupuesto expuso que, la señora Orduz Vélez al momento de la
entrada en vigencia del Decreto 2196 del Doce (12) de junio de Dos Mil Nueve (2009),
contaba con 20 años de servicio en el sector público, cotizados a la extinta CAJANAL
EICE EN LIQUIDACIÓN y contaba con más de 55 años de edad, causando el derecho
el Siete (07) de agosto de Dos Mil Cinco (2005), es decir, antes del Primero (01) de
julio de Dos Mil Nueve (2009), situación que, asignaría la competencia para su
reconocimiento, a la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP.

17. Con base en ello, concluyó que, los dineros cobrados y girados con ocasión del
reconocimiento de la prestación reconocida, deben ser reintegrados en su totalidad a
Colpensiones, toda vez que, no tiene competencia para reconocer una pensión de
jubilación a favor de la beneficiara.

1.2 Contestación de la demanda.

1.2.1 Beatriz Eugenia Orduz Vélez2.

2
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(zip) – 28ContestacionDemanda.

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Número Interno: 3425-2025
Demandante: Colpensiones
Demandada: UGPP y Beatriz Eugenia Orduz Vélez

18. La apoderada de la señora Beatriz Eugenia Orduz Vélez, contestó la demanda
para oponerse a las pretensiones, al considerar que, cumple con los requisitos para
el reconocimiento pensional, además que, se encontraba debidamente afiliada a la
Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones.

19. De otro lado, solicitó que, en caso de determinarse que, la entidad competente
para el reconocimiento pensional es la UGPP, se ordene el reconocimiento inmediato,
a fin de no vulnerar los derechos fundamentales de la demandada.

20. Expuso que, la beneficiaria no prestó consentimiento para revocar las
resoluciones que le reconocieron el derecho pensional, porque no utilizó documentos
engañosos, ni argumentos equívocos con ánimo de inducir a error a la administración,
por lo tanto, no habría fundamento para repetir sumas recibidas de buena fe, puesto
que, las resoluciones gozan de presunción de legalidad, en concordancia con el literal
c) del numeral 1º del artículo 164 del CPACA.

21. Finalmente formuló excepciones que denominó: presunción de legalidad del acto
administrativo, buena fe, imposibilidad de cobrar lo pagado de buena fe, y defensa de
derechos fundamentales.

1.2.3 Unidad de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social -UGPP3.

22. Sostuvo que, la competencia en el reconocimiento pensional, de los beneficiarios
de la transición del régimen de prima media con prestación definida, se otorgó al
INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES ISS hoy ADMINISTRADORA COLOMBIANA
DE PENSIONES - COLPENSIONES, sin embargo, en dicha transición, el traslado
legal de competencias, responde a unas reglas, a fin de garantizar los derechos
adquiridos por los afiliados.

23. En el caso concreto, precisó que, la demandante laboró al servicio de la
Contraloría General de la Nación y de la Fiscalía General, desde el Diecinueve (19)
de Septiembre de Mil Novecientos (1978), hasta el Cinco (05) de Julio de Dos Mil
Quince (2015), con aportes a CAJANAL y al Instituto de Seguros Sociales ISS, hoy
COLPENSIONES.

3
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(zip) – 01Actuaciones, folios 67-75.

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Número Interno: 3425-2025
Demandante: Colpensiones
Demandada: UGPP y Beatriz Eugenia Orduz Vélez

24. Refirió que, la señora Orduz Vélez se trasladó al INSTITUTO DE SEGUROS
SOCIALES, a partir del Primero (01) de Julio de Dos Mil Nueve (2009), por lo tanto,
el reconocimiento pensional recae en la última caja o fondo, al cual realizó aportes el
servidor público.

25. Además, señaló que, la demandante al Primero (01) de abril de Mil Novecientos
Noventa y Cuatro (1994), había cumplido el requisito de tiempo de servicios, mas no
el requisito de edad, el cual fue alcanzado hasta el año 2010, es decir, con
posterioridad a la fecha en que CAJANAL entró en liquidación el Primero (01) de Julio
de Dos Mil Nueve (2009).

26. Por lo tanto, concluyó que, Colpensiones actuó dentro del marco de su
competencia al proferir los actos administrativos impugnados, conforme a las
disposiciones del régimen que se venía aplicando, en los siguientes casos: “Cuando
se ordene la liquidación de la caja, fondo o entidad a la cual se encontraba afiliado el
servidor público” estipulado en el artículo 6 Decreto 813 de 1994.

27. Finalmente, formuló las excepciones que denominó: «Prescripción, inexistencia
de la causa petendi y cobro de lo no debido», «falta del derecho para pedir, buena
fe» y la «genérica».

1.3. Sentencia de primera instancia4.

28. El Tribunal Administrativo de Bolívar, mediante sentencia proferida el
Veintinueve (29) de Noviembre de Dos Mil Veinticuatro (2024), accedió parcialmente
a las pretensiones, y se abstuvo de condenar en costas, así:

«PRIMERO: DECLARAR la nulidad de las Resoluciones GNR 355220 del 9 de
octubre de 2014 y GNR 290682 del 29 de septiembre de 2016, expedidas por
Colpensiones, mediante las cuales se reconoció y reliquidó la pensión de vejez
a favor de la señora Beatriz Eugenia Orduz Vélez, de conformidad con las
razones expuestas en la parte considerativa de esta providencia.

SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior, a título de restablecimiento del
derecho, CONDENAR a la Unidad Administrativa Especial de Gestión
Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social, al
reconocimiento y pago de la pensión de vejez de la señora Beatriz Eugenia
Orduz Vélez, conforme al régimen aplicable y con base en las cotizaciones
efectuadas a Cajanal.

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Expediente digital – Samai – índice 1 – Expediente digital – Samai – índice 1 –
1_EXPEDIENTEDIGI_13001233300020170116_0_20251201100203872 (zip) – 44Sentencia.

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Demandante: Colpensiones
Demandada: UGPP y Beatriz Eugenia Orduz Vélez

TERCERO: DISPONER que Colpensiones continúe realizando el pago de la
pensión reconocida, hasta tanto la UGPP efectúe la inclusión en nómina y
asuma la obligación, en garantía del principio de continuidad del servicio público
y del derecho fundamental al mínimo vital.

CUARTO: NEGAR las demás pretensiones formuladas por la parte
demandante.

QUINTO: NO CONDENAR en costas.

(…)»

29. El Tribunal señaló que, la señora Beatriz Eugenia Orduz Vélez adquirió el estatus
jurídico de pensionada, el Siete (07) de agosto de Dos Mil Cinco (2005), fecha en la
que cumplió la edad mínima exigida, y ya contaba con más de 20 años de servicios
prestados al Estado, cotizados a Cajanal.

30. Bajo dichos supuestos, concluyó que, los requisitos para el reconocimiento
pensional se encontraban plenamente configurados, antes del traslado masivo de
afiliados de Cajanal al ISS, efectuado el Primero (01) de Julio de Dos Mil Nueve
(2009), conforme al artículo 4 del Decreto 2196 de 2009.

31. El A-quo dilucidó que, la señora Orduz Vélez presentó solicitud de reconocimiento
pensional ante Colpensiones, el Veintiocho (28) de junio de Dos Mil Doce (2012), es
decir, tres años después de la fecha en que debía haberse efectuado el traslado de
competencias a la UGPP.

32. Por lo tanto, concluyó que, de acuerdo con el marco normativo aplicable, en
especial el artículo 3 del Decreto 2196 de 2009 y el Decreto 4269 de 2011, el
reconocimiento de derechos pensionales, cuyo estatus se haya causado antes del
Primero (01) de julio de Dos Mil Nueve (2009) y respecto de afiliados de Cajanal, es
competencia exclusiva de la UGPP, aun cuando la solicitud sea radicada con
posterioridad.

33. Enfatizó que, conforme a la jurisprudencia consolidada por la Sección Segunda
del Consejo de Estado, en decisiones con hechos sustancialmente idénticos, la
Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones, carecía de competencia
funcional para expedir los actos administrativos que son objeto de nulidad, pues, el
derecho pensional ya se encontraba consolidado, antes del traslado masivo de
afiliados a dicha entidad, y debió ser reconocido por la Unidad Administrativa Especial

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Número Interno: 3425-2025
Demandante: Colpensiones
Demandada: UGPP y Beatriz Eugenia Orduz Vélez

de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP,
configurándose una vulneración del régimen de competencias, establecido en la Ley
100 de 1993 y sus decretos reglamentarios.

34. Con respecto a la devolución de las sumas percibidas por la señora Orduz Vélez,
advirtió que, las prestaciones se pagaron en cumplimiento de actos administrativos
que, aunque viciados, gozaban de presunción de legalidad al momento de su
ejecución, y además no obró prueba en el expediente, que permitiera desvirtuar la
presunción constitucional de buena fe.

1.4. Recurso de apelación.

1.4.1 Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones5.

35. La entidad demandante presentó recurso de apelación contra los numerales
tercero y cuarto de la sentencia de primera instancia, en los cuales, se ordena a
Colpensiones, continuar pagando la mesada pensional y se niegan las demás
pretensiones, así como la condena en costas.

36. En lo que respecta a la buena fe, adujo que, la entidad demandante solicitó a la
señora Beatriz Eugenia Orduz Vélez, consentimiento para revocar los actos
administrativos demandados, sin embargo, la beneficiaria se negó a otorgar tal
consentimiento, situación que, permite inferir que, aunque percibía una prestación
reconocida en contravía del ordenamiento jurídico, prefirió guardar silencio y
beneficiarse de la situación, lo que desvirtúa la presunción de buena fe, pues impidió
que la administración corrigiera la irregularidad y la obligó a activar la jurisdicción
contenciosa.

37. Adujo que, el reconocimiento pensional sin el cumplimiento de requisitos legales,
atenta contra el principio de sostenibilidad financiera del Sistema General de
Pensiones, y, por lo tanto, negar la devolución de dineros pagados indebidamente,
compromete el equilibrio financiero, afectando los recursos que deben destinarse a
quienes sí cumplen con los requisitos legales, además de configurarse un
enriquecimiento sin causa.

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Expediente digital – Samai – otros despachos – índice 00009.

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Número Interno: 3425-2025
Demandante: Colpensiones
Demandada: UGPP y Beatriz Eugenia Orduz Vélez

38. Manifestó que, conforme a la jurisprudencia del Consejo de Estado, negar la
restitución, equivale a desconocer los principios de legalidad del gasto, eficiencia
administrativa y sostenibilidad fiscal.

39. Adicionalmente, consideró contradictorio que, pese a la nulidad de los actos
administrativos declarada, en la sentencia de primera instancia, se ordene continuar
pagando una prestación respecto de la cual, no tiene competencia; decisión que, en
su criterio, prolonga y agrava el perjuicio patrimonial a la entidad, máxime cuando, no
se ordenó a la UGPP, el reintegro a Colpensiones de los valores erogados en exceso.

1.4.2. Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional d
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social –UGPP6

40. La entidad demandada interpuso recurso de apelación contra la sentencia de
primera instancia, señalando inicialmente que, no está legitimada en la causa por
pasiva, para responder por los derechos reclamados.

41. Adujo que, a partir del régimen de transición de la Ley 100 de 1993, la norma que
regulaba la situación pensional de la demandante, era la Ley 71 de 1988 en su artículo
séptimo, que establece la pensión por aportes.

42. Afirmó que, conforme al artículo 10 del Decreto 2709 de 1994, la entidad
competente para efectuar el reconocimiento y pago de una pensión de jubilación por
aportes será: «(i) la última con destino a la cual se efectuaron aportes, siempre y
cuando el tiempo de aportación continuo o discontinuo no sea inferior a seis (6) años,
de lo contrario la entidad competente será (ii) aquella con destino a la cual se haya
efectuado el mayor tiempo de aportes.»

43. De acuerdo con lo anterior, sostuvo que, COLPENSIONES es la entidad
competente para reconocer y pagar la pensión de jubilación por aportes a la cual tiene
derecho la señora Orduz Vélez.

44. Precisó además que, de conformidad al contenido de la Ley 1151 de 2007 y el
Decreto Ley 169 de 2008, la UGPP es la entidad competente para reconocer: «(i) los
derechos pensionales “causados” antes de la cesación de actividades de las
administradoras exclusivas de servidores públicos; (ii) los derechos de los servidores

6
Expediente digital – Samai – índice 2 – 1_EXPEDIENTEDIGI_13001233300020170116_0_20251201100203872
(zip) – 47RecursoApelacion.

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Número Interno: 3425-2025
Demandante: Colpensiones
Demandada: UGPP y Beatriz Eugenia Orduz Vélez

públicos que cumplieron el tiempo de servicio y, sin cumplir la edad, se hubiesen
retirado o desafiliado del régimen de Prima Media con Prestación Definida, antes de
la cesación de actividades de la respectiva administradora.

45. Concluyó que, la pensionada no acredita encontrarse inmersa en ninguno de los
dos escenarios contemplados en la norma, puesto que, a Doce (12) de junio de Dos
Mil Nueve (2009), no había causado el derecho al reconocimiento de la pensión de
jubilación, adquiriendo dicho estatus pensional con posterioridad a dicha fecha y, pese
a haber reunido el tiempo de servicios antes que Cajanal cesara sus actividades, lo
cierto es que, no acredita el requisito de haberse retirado del régimen de prima media,
debido a que tras la liquidación de Cajanal, continuó haciendo sus aportes con destino
al ISS, hoy Colpensiones.

46. Solicitó tener en cuenta lo determinado por la Corte Suprema de Justicia en la
sentencia del Veinticuatro (24) de agosto de Dos Mil Dieciséis (2016), en la que se
estableció que, conviene que el reconocimiento de la pensión y el pago directo de las
mesadas, corresponda a la última entidad de seguridad social a la que se realizaron
aportes, sin importar el tiempo cotizado, por razones de lógica y practicidad, pues
administrativamente, esta cuenta con los medios o instrumentos para efectuar los
recaudos a su favor respecto de los recursos aportados a otros entes de la misma
naturaleza, mediante la expedición de los bonos pensionales o las cuotas partes, ello
con el objeto de salvaguardar “la salud financiera (..) del sistema mismo”, máxime
que, es Colpensiones la entidad que administra el régimen de prima media con
prestación definida, al cual se encuentra afiliada la señora Orduz Vélez.

47. Con respecto a la prescripción trienal, solicitó que, en caso de confirmar la
sentencia que fue objeto de recurso de apelación, tenga en cuenta que se han
configurado los supuestos fácticos para que opere el fenómeno prescriptivo, conforme
al contenido del artículo 41 del decreto 3135 de 1968, y se declaren prescritas todas
las mesadas pensionales causadas con anterioridad a los 3 años que antecedieron a
la reclamación del reconocimiento pensional.

1.5. Trámite del recurso de la Ley 2080 de 2021.

48. Por auto del Doce (12) de diciembre de Dos Mil Veinticinco (2025)7, el consejero
ponente admitió el recurso de apelación, conforme a lo previsto en el artículo 247 del

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Aplicativo Samai – índice 00006.

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Número Interno: 3425-2025
Demandante: Colpensiones
Demandada: UGPP y Beatriz Eugenia Orduz Vélez

CPACA y, al no existir pruebas que decretar en segunda instancia, el proceso ingresó al
Despacho para fallo.

1.6. Concepto del Ministerio Público

49. El representante del Ministerio Público, se abstuvo de rendir concepto.

II. CONSIDERACIONES

2.1 Competencia

50. La Subsección es competente para conocer en segunda instancia de este
proceso, de conformidad con lo establecido en el artículo 150 del CPACA.

2.2 Problema jurídico

51. Corresponde a la Sala determinar, si se revoca la sentencia del
Veintinueve (29) de Noviembre de Dos Mil Veinticuatro (2024), proferida por el
Tribunal Administrativo de Bolívar, que accedió parcialmente a las
pretensiones de la demanda, debiendo verificarse lo siguiente:

i) Si la entidad competente para el reconocimiento pensional de la señora
Beatriz Eugenia Orduz Vélez, es la Administradora Colombiana de Pensiones
– Colpensiones, por ser aplicable la pensión por aportes, haber adquirido la
edad para pensionarse, con posterioridad a julio de 2009, y, ser la entidad que
cuenta con los aportes pensionales.

ii) Si la falta de consentimiento de la señora Beatriz Eugenia Orduz Vélez, para
revocar los actos administrativos de reconocimiento y reliquidación pensional,
comprometen la buena fe y dan lugar al reintegro de las mesadas pensionales
pagadas.

iii) Si la negativa de la orden de reintegro de las mesadas pagadas a la señora
Beatriz Eugenia Orduz Vélez, compromete la sostenibilidad financiera del
sistema de seguridad social en pensiones.

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Número Interno: 3425-2025
Demandante: Colpensiones
Demandada: UGPP y Beatriz Eugenia Orduz Vélez

iv) Si existe incongruencia en la orden judicial, al disponer que, la
Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones, continúe pagando
la pensión a la señora Beatriz Eugenia Orduz Vélez, pese a la falta de
competencia declarada; máxime, cuando no se ordenó a la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de
la Protección Social – UGPP, el reintegro de los valores pagados en exceso.

v) Si hay lugar a declarar la prescripción de las mesadas pensionales.

52. Con el propósito de desatar el problema jurídico, se abordarán los
siguientes aspectos: 2.3. Marco normativo y jurisprudencial; 2.4. Material
probatorio; y 2.5 Caso concreto.

2.3. Marco normativo y jurisprudencial

53. La Ley 100 de 1993, el Decreto 813 de 19948, el Decreto 2527 de 20009,
Ley 1151 de 200710, el Decreto 4269 de 201111 y el Decreto 575 de 201312,
entre otros, integran un conjunto de normas, que han definido las
competencias entre Caja Nacional de Previsión Social - CAJANAL EIEC y la
Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social – UGPP; de igual forma, regulan lo relativo
a los reconocimientos pensionales de sus afiliados y la administración de los
recursos del régimen de prima media, provenientes de entidades públicas y,
que no quedaron incluidos en el Sistema General de Pensiones, administrado
inicialmente por el Instituto de Seguros Sociales - ISS, y luego por la
Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones.

54. Luego de las variaciones normativas, periodos de traslado, cambios de
competencia y demás determinaciones administrativas, tomadas en las
distintas disposiciones que reorganizaron el sector de seguridad social en
pensiones, se puede establecer que, de conformidad con las reglas fijadas por

8
“Por el cual se reglamenta el artículo 36 de la Ley 100 de 1993”.
9
“Por medio del cual se reglamentan los artículos 36 y 52 de la Ley 100 de 1993, parcialmente el artículo17 de la Ley
549 de 1999 y se dictan otras disposiciones”.
10
«Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010».
11
«por el cual se distribuyen unas competencias».
12
«por el cual se modifica la estructura de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social (UGPP) y se determinan las funciones de sus dependencias».

13

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Demandante: Colpensiones
Demandada: UGPP y Beatriz Eugenia Orduz Vélez

los artículos 6º del Decreto 813 de 1994, 1º del Decreto 2527 de 2000 y, 3º y
4º del Decreto 2196 de 2009, la Unidad Administrativa Especial de Gestión
Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP,
es competente para el reconocimiento pensional, en los siguientes
eventos:

I) Cuando el afiliado cumplió el estatus jurídico de pensionado, antes
del 1º de julio de 2009, fecha en que se efectuó el traslado dispuesto
en el artículo 4º del Decreto 2196 de 2009 (se entiende que debía
estar afiliado a CAJANAL al momento de adquirir el estatus).
II) Cuando el afiliado, cumplió los 20 años de servicio cotizados a
CAJANAL, sin tener la edad, antes del 1º de julio de 2009 y se retiró
de esta, a la espera de la edad y sin haberse afiliado al ISS o al
régimen de ahorro individual.
III) Cuando el afiliado cotizante, cumplió los 20 años de servicios con
CAJANAL al 1º de abril de 1994, pero no tenía para esa fecha, el
requisito de edad y este último lo reunió antes del 1º de julio de 2009,
sin importar que se haya afiliado al ISS, en cualquier momento.
IV) Cuando el afiliado cumplió en su totalidad con el estatus jurídico de
pensionado, antes del 1º de abril de 1994 en CAJANAL, así se haya
trasladado con posterioridad al ISS

55. En aplicación de las reglas invocadas con anterioridad, se puede
determinar que, la Administradora Colombiana de Pensiones –
Colpensiones, es competente para el reconocimiento pensional, cuando:

I) El afiliado completó 20 años de servicios cotizados con CAJANAL,
pero cumplió el requisito de la edad con posterioridad al 30 de junio
de 2009, cotizando al ISS.
II) El afiliado reunió el tiempo de servicios con CAJANAL, pero no tenía
la edad, y estando afiliado a dicha entidad, se trasladó al ISS, antes
del 30 de junio de 2009, es decir, previo del traslado masivo al ISS,
producto de la liquidación de CAJANAL.
III) El afiliado cumplió con 20 años de servicios cotizados a CAJANAL,
pero a la entrada en vigor del sistema general de pensiones (1º de
abril de 1994) no tenía la edad, y cumplió el requisito, adquiriendo el

14

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Demandante: Colpensiones
Demandada: UGPP y Beatriz Eugenia Orduz Vélez

estatus jurídico de pensionado, después del 30 de junio de 2009.

IV) El afiliado cumplió 20 años de servicios cotizados a CAJANAL, sin
cumplir el requisito de edad, antes del 1º de abril de 1994, y se retiró
de esta, antes del 1º de julio de 2009, por traslado voluntario al ISS,
cumpliendo la edad estando afiliado a este instituto, es decir, luego
del 30 de junio de 2009.

V) Cuando el servidor público, en cualquier momento, se trasladó
voluntariamente al ISS y cumplió el estatus jurídico de pensionado,
cotizando con dicha entidad.

56. Por otra parte, es preciso considerar que, la buena fe es uno de los
principios generales del derecho y gobierna las relaciones entre la
administración pública y los ciudadanos, así lo indicó la Corte Constitucional
en la sentencia C-131 de 2004. En esta sentencia, la Corte agregó que, este
principio no sólo implica esperar un actuar honesto, recto, decoroso y creíble
de los administrados para con la administración, sino que, tiene una doble
dimensión que lo ubica como criterio orientador de las actuaciones
discrecionales del Estado13.

57. De igual modo, es del caso recordar que, el Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo en el literal c) del numeral
1 del artículo 164 señala lo siguiente: «[...] no habrá lugar a recuperar las
prestaciones pagadas a particulares de buena fe».

58. En ese sentido, Corte Constitucional en la sentencia C-1049 de 2004, al
declarar la exequibilidad del numeral 2 del artículo 136 del Código
Contencioso Administrativo -norma que tenía el mismo sentido que, el literal c)

13
«En tal sentido, el mencionado principio es entendido, en términos amplios, como una exigencia de honestidad,
confianza, rectitud, decoro y credibilidad que otorga la palabra dada, a la cual deben someterse las diversas
actuaciones de las autoridades públicas y de los particulares entre sí y ante éstas, la cual se presume, y constituye
un soporte esencial del sistema jurídico; de igual manera, cada una de las normas que componen el ordenamiento
jurídico debe ser interpretada a luz del principio de la buena fe, de tal suerte que las disposiciones normativas que
regulen el ejercicio de derechos y el cumplimiento de deberes legales, siempre deben ser entendidas en el sentido
más congruente con el comportamiento leal, fiel y honesto que se deben los sujetos intervinientes en la misma. En
pocas palabras, la buena fe incorpora el valor ético de la confianza y significa que el hombre cree y confía que una
declaración de voluntad surtirá, en un caso concreto, sus efectos usuales, es decir, los mismos que ordinaria y
normalmente ha producido en casos análogos. De igual manera, la buena fe orienta el ejercicio de las facultades
discrecionales de la administración pública y ayuda a colmar las lagunas del sistema jurídico». Corte Constitucional.
Sala Plena. Sentencia C-131 de 2004. Magistrada Ponente: Clara Inés Vargas Hernández.

15

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numeral 1 del artículo 164 del CPACA- consideró que, es constitucionalmente
admisible, presumir la buena fe de la conducta del particular que ha percibido
una prestación pensional y, puede ser sujeto demandado frente al Estado en
cualquier tiempo, tal presunción impone la carga al Estado, de probar que el
beneficiario de la prestación periódica la obtuvo de mala fe 14.

59. Esta Sección ha establecido que, la norma referida en el párrafo anterior,
implica una garantía de seguridad jurídica y estabilidad para el particular
beneficiario de la prestación económica, al tiempo que, crea una regla de
carga de la prueba para la administración, respecto de la actuación
fraudulenta o deshonesta en que incurrió el respectivo ciudadano o
ciudadana para obtener el beneficio prestacional en discusión 15.

60. Como corolario de lo expuesto, se precisa entonces que, en el derecho
contencioso administrativo, si bien, el Estado tiene la facultad de pedir la
nulidad de los actos administrativos que reconozcan prestaciones periódicas,
el legislador impone un límite, consistente en que no puede recuperar las
prestaciones pagadas a particulares de buena fe. Por consiguiente,
corresponde al Estado, probar que quien percibe la pensión, actuó de mala
fe, al solicitar el reconocimiento o la reliquidación pensional.

2.4. Material probatorio.

• Copia de la cédula de ciudadanía de la señora Beatriz Eugenia Orduz

14
«[…] En el presente caso, la disposición acusada le otorga a la administración, la facultad de demandar "en cualquier
tiempo" los actos administrativos mediante los cuales se reconozcan prestaciones periódicas, precisando que "no
habrá lugar a recuperar las prestaciones pagadas a particulares de buena fe". Quiere ello decir, que la norma acusada,
en cuanto le concede a la administración tal facultad, no vulnera los principios de buena fe, confianza legítima y
seguridad jurídica, tal y como han sido entendidos por la Corte en múltiples fallos, por cuanto el legislador no está
partiendo de la mala fe de los administrados, ni tampoco está defraudando expectativas legítimas que a los mismos
se les hubiesen creado. [...]». Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia C-1049 de 2004. Magistrada Ponente:
Clara Inés Vargas Hernández.
15
«De acuerdo con lo anterior, la norma en comento establece una garantía para los principios de buena fe y confianza
legítima de los particulares, pues la devolución de las sumas pagadas por prestaciones periódicas se condiciona a
verificar que hayan mediado conductas reprochables encaminadas a defraudar a la administración en orden a obtener
tales reconocimientos, de modo que si ello no se logra demostrar, no habrá lugar a ordenar reintegro alguno. El
concepto de buena fe hace referencia al comportamiento leal y honesto que deben asumir los particulares y
autoridades para mantener un orden justo y permitir el goce efectivo de los derechos y oportunidades de los
asociados. Además, como se expresó previamente, por mandato Constitucional, se presume la buena fe de los
particulares en sus relaciones con las autoridades del Estado, siendo deber de quien alegue la mala fe demostrar los
hechos sobre los cuales se fundamenta». Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, M.P. Sandra Lisset
Ibarra Vélez, sentencia del 23 de marzo de 2017, proceso con radicado 19001-23-31-000-2012-00251-01 (2036-
2015)

16

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Vélez16, que da cuenta que nació el Siete (07) de agosto de Mil Novecientos
Cincuenta y Cinco (1955).

• Copia de registro civil de nacimiento de la señora Beatriz Eugenia Orduz
Vélez17.

• Resolución GNR355539 del Trece (13) de diciembre de Dos Mil Trece
(2013)18, expedida por Colpensiones, en la cual reconoce y ordena el pago de
una pensión mensual vitalicia de vejez a la señora Orduz Vélez.

• Resolución GNR 355220 del Nueve (09) de octubre de Dos Mi Catorce
(2014)19, mediante la cual Colpensiones revoca la Resolución 355539 de 13
de Diciembre de 2013, y reliquida la pensión de vejez a favor de la señora
Orduz Vélez.

• Resolución GNR290682 del Veintinueve (29) de septiembre de Dos Mil
Dieciséis (2016)20, mediante la cual, Colpensiones da cumplimiento al fallo de
tutela, proferido por Juzgado Cuarto Administrativo Oral del Circuito Judicial
de Cartagena y, en consecuencia, reliquida la pensión de vejez a favor de la
señora Orduz Vélez.

• Solicitud de consentimiento para revocar la Resolución GNR 355220 del
Nueve (09) de octubre de Dos Mil Catorce (2014), efectuada por Colpensiones
a la señora Orduz Vélez, con constancia de recibido21.

• Certificación de devengados y deducidos de la Gerencia Nacional de Nómina
de Pensionados de Colpensiones22.

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Expediente digital – Samai – índice 2 – 1_EXPEDIENTEDIGI_13001233300020170116_0_20251201100203872
(zip) (zip) – 01Actuaciones, folio 47.
17
Expediente digital –Samai – índice 2 – 1_EXPEDIENTEDIGI_13001233300020170116_0_20251201100203872
(zip) (zip) – 01Actuaciones, folio 48.
18
Expediente digital – Samai – índice 2 – 1_EXPEDIENTEDIGI_13001233300020170116_0_20251201100203872
(zip) (zip) – 01Actuaciones, folios 37 – 40.
19
Expediente digital – Samai – índice 2 – 1_EXPEDIENTEDIGI_13001233300020170116_0_20251201100203872
(zip) (zip) – 01Actuaciones, folios 22 a 29.
20
Expediente digital – Samai – índice 2 – 1_EXPEDIENTEDIGI_13001233300020170116_0_20251201100203872
(zip) (zip) – 01Actuaciones, folios 30 a 35.
21
Expediente digital – Samai – índice 2 – 1_EXPEDIENTEDIGI_13001233300020170116_0_20251201100203872
(zip) (zip) – 01Actuaciones, folios 41 – 45.
22
Expediente digital – Samai – índice 2 – 1_EXPEDIENTEDIGI_13001233300020170116_0_20251201100203872
(zip) (zip) – 01Actuaciones, folio 49.

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2.5. Caso concreto.

61. En el presente asunto, la Administradora Colombiana de Pensiones –
Colpensiones, pretende la declaratoria de nulidad de los actos administrativos
por medio de los cuales, reconoció y reliquidó la pensión de vejez de la señora
Beatriz Eugenia Orduz Vélez, dada la falta de competencia para efectuar el
reconocimiento pensional, asignada a la Unidad Administrativa Especial de
Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social –
UGPP.

62. En la sentencia de primera instancia, el Tribunal Administrativo de Bolívar,
accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, al concluir que, la
competencia para el reconocimiento pensional de la señora Orduz Vélez,
radica en la Unidad Administrativa Especial de Contribuciones Parafiscales de
la Protección Social – UGPP, porque al momento de cumplir el estatus
pensional, la demandada estaba afiliada a la Caja Nacional de Previsión Social
– Cajanal.

63. La inconformidad de la Unidad Administrativa Especial de Gestión
Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP,
frente a la decisión de primera instancia, radica en que, en su criterio, la
Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones, es la entidad
competente para el reconocimiento pensional debatido, porque la norma
aplicable al régimen pensional de la demandante, corresponde a la Ley 71 de
1988, cuya regla de competencia, está dispuesta en el artículo 10 del Decreto
2709 de 1994, además de consolidarse el estatus pensional, con posterioridad
al mes de julio de 2009, y ser Colpensiones, la administradora que actualmente
tiene a cargo los aportes pensionales de la señora Beatriz Eugenia Orduz
Vélez.

64. A efectos de resolver los argumentos de apelación de la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de
la Protección Social – UGPP, lo primero que debe establecer la Sala, es que,
la Ley 71 de 1988, regula la pensión por aportes, por medio de la cual, para
efectos del reconocimiento pensional se computan los tiempos de servicio,
cotizados tanto en el sector público, como en el privado, fijando en su artículo

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7, los requisitos para acceder a la prestación, correspondientes a 20 años de
cotizaciones o aportes y una edad de 60 años para hombres y 55 años para
mujeres.

65. A partir de las previsiones dispuestas en la norma relacionada, es
absolutamente claro para la Sala que, a la señora Beatriz Eugenia Orduz
Vélez, no le es aplicable la pensión por aportes, como quiera que, los servicios
prestados por la demandada, fueron exclusivamente en el sector público.

66. De acuerdo con la Resolución GNR290682 del Veintinueve (29) de
septiembre de Dos Mil Dieciséis (2016), por medio de la cual, la Administradora
Colombiana de Pensiones – Colpensiones, efectuó la última reliquidación
pensional a la demandada Orduz Vélez, en virtud de una orden de tutela, los
servicios prestados correspondían a los siguientes:

67. Dado que, la señora Beatriz Eugenia Orduz Vélez, laboró en la Contraloría
General de la República y a la Rama Judicial, sus tiempos de servicios son
eminentemente públicos23, razón por la cual, no hay lugar a la aplicación de la
pretendida pensión por aportes, máxime, si se tiene en cuenta que, aunque en
el consolidado de tiempos de servicios, se reflejan aportes a Colpensiones, de
acuerdo con la contestación de la demanda, el traslado de la demandada al

23
En igual sentido se pronunció la Subsección B, en la sentencia del Dieciocho (18) de septiembre de Dos Mil
Veinticinco (2025), en el expediente 20001-23-33-000-2017-00220-01 (3468-2024).

19

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Instituto de Seguros Sociales - ISS, se efectuó a partir del mes de julio de 2009,
fecha que corresponde al traslado masivo de afiliados, y por lo tanto, esta
circunstancia no se acompasa con la pretendida aplicación de la Ley 71 de
1988; razón suficiente para que la Sala, deniegue la aplicación de esta norma
para establecer el régimen pensional aplicable a la demandada.

68. A efectos de resolver el segundo cuestionamiento de la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de
la Protección Social – UGPP, relativo a la competencia de la Administradora
Colombiana de Pensiones – Colpensiones, por la adquisición del estatus
pensional por parte de la señora Orduz Vélez, con posterioridad al mes de julio
de 2009, deben efectuarse las siguientes precisiones.

69. Tal como lo reflejan los actos administrativos enjuiciados y las pruebas
documentales que reposan en el plenario, la señora Beatriz Eugenia Orduz
Vélez, es beneficiaria del régimen de transición contenido en el artículo 36 de
la Ley 100 de 1993, comoquiera que, a la entrada en vigencia del Sistema
General de Pensiones, esto es, al Primero (1) de abril de Mil Novecientos
Noventa y Cuatro (1994) 24, tenía más de 35 años de edad, pues, de acuerdo
con la cédula de ciudadanía, nació el Siete (7) de agosto de Mil Novecientos
Cincuenta y Cinco (1955).

70. Vistas así las cosas, al prestar los servicios en la Rama Judicial del Poder
Público, a la demandada le es aplicable el régimen pensional previsto en el
Decreto 546 de 1971, tal como lo establecieron los actos administrativos
demandados, norma que estipula lo siguiente:

«Los funcionarios y empleados a que se refiere este decreto, tendrán derecho,
al llegar a los 55 años de edad, si son hombres, y de 50, si son mujeres, y cumplir
20 años de servicio continuos o discontinuos, anteriores o posteriores a la
vigencia de este decreto, de los cuales por lo menos 10 lo hayan sido
exclusivamente a la Rama Jurisdiccional o al Ministerio Público o a ambas
actividades, a una pensión ordinaria vitalicia de jubilación equivalente al 75% de
la asignación mensual más elevada que hubiere devengado en el último año de
servicio en las actividades citadas. Esta norma constituye un régimen especial.»

24
Por prestar sus servicios en entidades del orden nacional.

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71. A partir del marco normativo que rige el derecho pensional de la
demandada, para la Sala es absolutamente claro que, el estatus pensional fue
adquirido cuando cumplió 50 años de edad, esto es, el Siete (7) de agosto de
Dos Mil Cinco (2005), momento para el cual, superaba los 20 años de servicio,
de acuerdo con la relación efectuada anteriormente.

72. En este orden de ideas, no le asiste razón a la Unidad Administrativa
Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección
Social – UGPP, el afirmar que, el estatus pensional de la señora Orduz Vélez,
fue adquirido con posterioridad al año 2009.

73. En consonancia con lo anterior, la Sala concluye que, de acuerdo con las
reglas de competencia establecidas en los decretos 813 de 1994, 2527 de
2000 y 2196 de 2009, el reconocimiento pensional aquí debatido, correspondía
a la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social – UGPP, en tanto y en cuanto, el estatus
pensional fue adquirido con anterioridad al Primero (1) de julio de Dos Mil
Nueve (2009), como bien lo sentenció el A quo, y, por lo tanto, es la entidad
legitimada materialmente, para el reconocimiento deprecado, con
prescindencia que, la demandante haya seguido efectuando aportes, con
posterioridad a la fecha referenciada, pues tal circunstancia no es presupuesto
de las reglas que distribuyen las competencias entre la apelante y la
Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones.

74. De otra parte, la Sala no accede al planteamiento de la apelación, según
el cual, de conformidad con un precedente de la Corte Suprema de Justicia,
es conveniente que, el reconocimiento pensional lo efectúe la última entidad a
la que se realizaron los aportes, comoquiera que, dicho análisis fue efectuado
en el marco de la pensión por aportes, régimen que no resulta aplicable, como
quedó visto en precedencia, adicional a que, de acuerdo con el marco
normativo que rige la materia, las competencias fueron plenamente definidas,
justamente para imprimirle orden y efectividad al sistema pensional.

75. Descendiendo al primer punto de la apelación por parte de la
Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones, tendiente a
confrontar la buena fe de la señora Orduz Vélez, por cuanto, solicitó su

21

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consentimiento para la revocatoria directa del acto administrativo de
reconocimiento pensional y esta guardó silencio, aun sabiendo que, dicha
entidad no era la competente para reconocer y pagar la prestación económica,
la Sala considera que, en el sub lite, no está demostrada la mala fe como
presupuesto para definir la devolución de las mesadas percibidas por la
pensionada.

76. La Sala precisa que, al tenor del artículo 83 de la Constitución Política 25,
la buena fe se presume en todas las gestiones que los particulares adelanten
ante las autoridades.

77. Asimismo, el literal c) del numeral 1° del artículo 164 del CPACA preceptúa
lo siguiente: «[…] Los actos que reconozcan o nieguen total o parcialmente prestaciones
periódicas» podrán demandarse en cualquier tiempo, «Sin embargo, no habrá lugar a
recuperar las prestaciones pagadas a particulares de buena fe» [la Sala destaca].

78. Con base en lo anterior, para que resulte procedente el reintegro de los
valores, recibidos por quienes se les ha reconocido o mantenido una
prestación social, sin tener derecho a ella o en un monto mayor al que
correspondía, en el proceso deberá estar acreditada la mala fe con que
actuaron, para obtener el beneficio otorgado, pues, la presunción de buena fe
a favor de los particulares, traslada la carga de la prueba a la administración,
debiendo acreditar el actuar fraudulento o de algún modo, que se indujo en
error a la entidad, para obtener el beneficio26.

79. En criterio de la entidad recurrente, la falta de consentimiento de la señora
Orduz Vélez, para la revocatoria directa del acto de reconocimiento pensional,
estructura la mala fe; no obstante, lo que ha exigido la jurisprudencia es la

25
«Las actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas deberán ceñirse a los postulados de la buena fe,
la cual se presumirá en todas las gestiones que aquellos adelanten ante éstas».
26
«[…] la buena fe se presume en la actuación de los particulares ante las autoridades, por tanto, debe desvirtuarse
por quien así la alega. Es así que es de competencia de quien la invoca, en este caso de la Unidad Administrativa
Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social, acreditar que el demandado, no
obró con lealtad, rectitud y honestidad, sino que por el contrario acudió a maniobras engañosas o documentos falsos,
para inducir en error a la administración y a las autoridades judiciales, con el fin de obtener el reconocimiento
prestacional». Expediente: 54001-23-33-000-2013-00047-01 (258-2017), actora: UGPP, demandada: Martha Rondón
Duarte, C. P. César Palomino Cortés. Véase también sentencia de 7 de septiembre de 2018, expediente: 25000-23-
42-000-2014-03257-01 (4792-2017), C. P. César Palomino Cortés. Esta postura fue reiterada por la Sala en la
sentencia de referencia: Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Subsección
B. Sentencia del 24 de mayo de 2024. Consejero Ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera. Expediente: 54001-
23-33-000-2018-00054-01 (4949-2022).

22

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prueba del actuar fraudulento del beneficiario de la prestación al momento del
reconocimiento de aquella, supuesto de hecho que, no se evidenció en este
proceso.

80. En este punto, resulta evidente para la Sala que, la ausencia de
consentimiento de la demandada para que se le revocara su beneficio
pensional, obedece a que es el ingreso principal para su sustento, en ese
sentido, no puede interpretarse como una conducta de mala fe que pretende
mantener un beneficio de manera ilegítima, y por el contrario, debe
interpretarse como la defensa de los derechos al mínimo vital y a la seguridad
social, que tiene derecho la pensionada.

81. En las circunstancias probadas en este asunto, Colpensiones le reconoció
la prestación económica a la demandada, sin verificar su competencia para tal
fin, de tal modo que, las consecuencias de tal omisión, no pueden trasladarse
a la pensionada, toda vez que, su actuar estuvo amparado en la legalidad, por
cuanto, en este proceso, no se debate el derecho pensional que le asiste a la
señora Orduz Vélez, sino la competencia para su reconocimiento, por lo que,
no es posible ordenar la devolución o reintegro que pretende la entidad
demandante.

82. En cuanto a la afectación a la sostenibilidad financiera del Sistema de
Seguridad Social en pensiones, sostenida por Colpensiones como cargo de
apelación y argumento para que se disponga judicialmente la devolución de
los dineros percibidos por la demandada por mesadas pensionales,
nuevamente la Sala debe indicar que, no se discute en este proceso la
ausencia del derecho pensional, el cual quedó debidamente acreditado, sino
la entidad que tiene asignada la competencia para dicho reconocimiento y en
consecuencia, no se encuentra la aludida afectación, pues, con prescindencia
de la entidad que haya debido asumirlo, lo cierto es que, la señora Orduz
Vélez, es titular del derecho pensional, motivo por el cual, tampoco es de
recibo este argumento, para la devolución pretendida.

83. Frente a la incongruencia contenida en la sentencia de primera instancia,
planteada por Colpensiones, a partir de la orden de continuar con el pago de
las mesadas pensionales a la demandada, pese a declarar la falta de

23

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competencia de la entidad para el reconocimiento pensional, la Sala no
encuentra tal contradicción, pues el A quo es contundente al sustentar la
decisión, en la garantía de los derechos fundamentales de la señora Orduz
Vélez, quien no se debe ver afectada en su sustento económico, por el trámite
administrativo entre las administradoras de pensiones, cuestión que es
avalada por esta Sala de decisión, pues una decisión en contrario,
indefectiblemente le impondría a la administrada, una carga que no está en el
deber de soportar.

84. Entre tanto, el reproche frente a la ausencia de orden judicial a la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de
la Protección Social UGPP, respecto del reintegro a la entidad demandante,
por los pagos en exceso, la Sala debe señalar, que esta no fue una pretensión
contenida en el escrito de demanda.

85. Adicionalmente, en criterio de la Sala, cualquier discusión
interadministrativa sobre la financiación de la pensión de vejez, debía
suscitarse entre las dos administradoras de pensiones, garantizando los
derechos al mínimo vital y a la seguridad social del afiliado, como lo ha
considerado la Corte Constitucional27.

86. De estimarlo procedente, Colpensiones debió iniciar las acciones de cobro
que el ordenamiento jurídico prevé, a manera de ejemplo, pudo emplear la
actuación administrativa que habilita el artículo 11 del Decreto 2709 de 199428,
entre otras, o acudir a la Comisión Intersectorial del Régimen de Prima Media
con Prestación Definida del Sistema General de Pensiones, creada mediante
Decreto 2380 de 2012; sin embargo, no pierde de vista la Sala que, en virtud
del Traslado masivo acaecido en el año 2009, la Administradora Colombiana

27
«67. Por tanto, cualquier carga administrativa que exista entre Colpensiones y la UGPP debe ser asumida por las
mismas y no puede convertirse en un obstáculo para el reconocimiento pensional. Lo anterior ya que, durante el
proceso de tutela se comprobó que: (i) no está en duda la titularidad del derecho pensional del actor; (ii) éste es un
sujeto de especial protección constitucional por la edad y sus condiciones económicas; y (iii) depende del pago de la
pensión para satisfacer su mínimo vital». Corte Constitucional. Sala Segunda de Revisión. Sentencia T-335 de 2020.
Magistrada ponente: Diana Fajardo Rivera.
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Artículo 11. Cuotas partes. Todas las entidades de previsión social a las que un empleado haya efectuado aportes
para obtener esta pensión, tienen la obligación de contribuirle a la entidad de previsión pagadora de la pensión con
la cuota parte correspondiente. Para el efecto de las cuotas partes a cargo de las demás entidades de previsión, la
entidad pagadora notificará el proyecto de liquidación de la pensión a los organismos concurrentes en el pago de la
pensión, quienes dispondrán del término de quince (15) días hábiles para aceptarla u objetarla, vencido el cual, si no
se ha recibido respuesta, se entenderá aceptada y se procederá a expedir la resolución definitiva de reconocimiento
de la pensión. La cuota parte a cargo de cada entidad de previsión será el valor de la pensión por el tiempo aportado
a esta entidad, dividido por el tiempo total de aportación.

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Número Interno: 3425-2025
Demandante: Colpensiones
Demandada: UGPP y Beatriz Eugenia Orduz Vélez

de Pensiones - Colpensiones, administraba los aportes de la pensionada. De
cualquier forma, las cargas administrativas o discusiones sobre competencia
entre entidades del sistema de seguridad social, deben desatarse entre ellas,
sin que les sea dable poner en riesgo o afectar los derechos fundamentales
de los afiliados.

87. Finalmente, esta Sala de decisión no se pronunciará sobre la prescripción
alegada por la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social UGPP, dado que, aunque
se ordena que, el reconocimiento pensional estará a cargo de esta entidad, no
se dispuso reintegro de valores por concepto de mesadas pensionales.

88. Siendo así las cosas, al no prosperar los recursos de apelación de las
entidades demandante y demandada, la Sala confirmará la sentencia de
primera instancia, proferida por el Tribunal Administrativo del Bolívar.

2.6 Condena en costas

89. Sobre la condena en costas, es importante destacar que no procede de
manera automática, pues tal y como se indica en el numeral 8 del artículo 365
del Código General del Proceso, «[…] solo habrá lugar a costas cuando en el
expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación
[…]».

90. Siendo así, teniendo en cuenta que en el trámite no se observa que se
hayan causado, ni de las partes un actuar temerario, esta Sala no condenará
en costas a la parte vencida.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda - Subsección B, administrando justicia en nombre de la
República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

PRIMERO. - CONFIRMAR integralmente la sentencia del Veintinueve (29) de
Noviembre de Dos Mil Veinticuatro (2024), proferida por el Tribunal

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Número Interno: 3425-2025
Demandante: Colpensiones
Demandada: UGPP y Beatriz Eugenia Orduz Vélez

Administrativo de Bolívar, que accedió parcialmente a las pretensiones de la
Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones, de conformidad con
lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: Sin condena en costas en esta instancia.

TERCERO: Por Secretaría, DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen,
previas las anotaciones y constancias de rigor.

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA

Firmado electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Ausente con excusa Con aclaración de voto

Constancia: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del
Consejo de Estado denominada Samai. En consecuencia, se garantiza su autenticidad.
Integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

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