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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 20001-23-33-000-2017-00220-01

Fecha
18 de septiembre de 2025
Consejero ponente
Juan Enrique Bedoya Escobar
Citada por
3 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 20001-23-33-000-2017-00220-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA Primero. Confirmar la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Cesar el 2 de mayo de 2024, que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda presentada Colpensiones, contra María Segunda De la Hoz de Morón, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. Segundo. Sin condena en costas en esta instancia. Tercero. Notificar esta providencia en los términos del artículo 205 del CPACA. 37En el mismo sentido - Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, sentencia de 1 de diciembre de 2016, C.P. Carmelo Perdomo Cuéter., radicación 70001- 23-33-000-2013-00065-01 (1908-2014). Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 28 Radicado: 20001-23-33-000-2017-00220-01 (3468-2024) Demandante: Administradora Colombiana de Pensiones Cuarto. Devolver el expediente al tribunal de origen, previamente las anotaciones en el aplicativo Samai. La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha. JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO Firmado Electrónicamente Firmado Electrónicamente Aclaración de voto Cfr. Rad. AV.05001-23-33-000-2020- 00472-01 (1251-2024) JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA Firmado electrónicamente CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA. KBV Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 20001-23-33-000-2017-00220-01

Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar

18 de septiembre de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B

CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR

Bogotá D.C., dieciocho (18) de septiembre de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 20001-23-33-000-2017-00220-01 (3468-2024)
Demandante: Administradora Colombiana de Pensiones1
Demandado: María Segunda De La Hoz de Morón
Vinculada: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social

Tema: Lesividad, Pensión de jubilación

Sentencia de segunda instancia

Asunto

Decide la Sala en segunda instancia los recursos de apelación presentados por
Colpensiones y la Ugpp contra la sentencia del 2 de mayo de 2024 proferida por el
Tribunal Administrativo del Cesar que accedió parcialmente a las pretensiones de
la demanda.
I. Antecedentes

1.1. La demanda

1.1.1. Las pretensiones

1. Colpensiones en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho previsto en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de
lo Contencioso - Administrativo2 acudió a esta jurisdicción en orden a que se
declarara la nulidad de la Resolución GNR 313645 del 21 de noviembre de 2013
expedida por esa entidad mediante la cual reconoció una pensión de vejez a María
Segunda De La Hoz de Morón, por cuanto consideró que no era la entidad
competente para efectuar ese reconocimiento.

2. A título de restablecimiento del derecho pidió i) la devolución de las sumas del

1 En adelante Colpensiones.
2 En adelante CPACA.

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Demandante: Administradora Colombiana de Pensiones

dinero pagadas por concepto de pensión de vejez y salud a la demandada, a partir
del «201402»; y ii) la indexación de esos valores.

1.1.2. Fundamentos fácticos

3. La Sala sintetiza como hechos relevantes los siguientes3 :

4. María Segunda de la Hoz de Morón nació el 2 de septiembre de 1953.

5. Laboró en la gobernación del Cesar desde el 7 de abril de 1977 hasta el 31 de
diciembre de 2002; y para la alcaldía de Valledupar del 1 de enero de 2003 al 12 de
abril de 2012, y desde el 1 de mayo de 2012 hasta el 30 de junio de 2013.

6. Realizó cotizaciones en Cajanal hoy la Ugpp desde el 7 de abril de 1977 hasta el
30 de junio de 2009.

7. El 25 de mayo de 2012 la demandada solicitó a Colpensiones el reconocimiento
y pago de una pensión de vejez.

8. Mediante la Resolución GNR 313645 del 21 de noviembre de 2013 Colpensiones
reconoció una pensión de vejez a favor de María Segunda De La Hoz de Morón, la
cual se incluyó en nómina en febrero de 2014 y fue pagada en marzo de ese año.

9. A través de la Resolución 188 del 23 de enero de 2014 la Secretaría de
Educación de Valledupar aceptó la renuncia presentada por la demandada.

10. El 7 de septiembre de 2015 María Segunda De La Hoz de Morón solicitó la
reliquidación de la pensión de vejez.

11. En respuesta a la anterior petición con Resolución GNR 347272 del 4 de
noviembre de 2015 Colpensiones negó la reliquidación de la pensión y solicitó la
autorización de la demandada para revocar la Resolución GNR 313645 del 21 de
noviembre de 2013, toda vez que consideró que la entidad competente para
reconocer y pagar la pensión de vejez era la Ugpp.

12. Contra la anterior resolución la demandada presentó recurso de apelación, el
cual fue resuelto con Resolución 409340 del 16 de diciembre de 2015 en el sentido
de confirmar lo decidido. Asimismo, se le solicitó el reintegro de los valores pagados
por concepto de pensión de vejez correspondientes a los períodos de diciembre de
2013 a enero de 2014.

13. El 15 de enero de 2016 interpuso recurso de apelación contra la Resolución GNR
409340 del 16 de diciembre de 2015, con el fin de que se le reliquidara la pensión

3 Samai, índice 2, archivo « 6ED_EXPEDIENTE_OneDrive_1_18620242z»

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Demandante: Administradora Colombiana de Pensiones

de jubilación.

14. Con Resolución VPB 6983 del 11 de febrero de 2016, Colpensiones resolvió el
recurso de apelación en el sentido de confirmar lo dispuesto en el acto
administrativo GNR 347272 del 4 de noviembre de 2015.

1.1.3. Normas violadas y concepto de violación

15.Como tales se señalaron los artículos 36 de la Ley 100 de 1993 y los decretos
813 de 1994, 2196 de 2009 y 2527 de 2000.

15.1. Consideró que se habían desconocido los decretos antes señalados porque la
demandada no había cumplido con los requisitos legales para que esa entidad le
reconociera la pensión de vejez, toda vez que su derecho se había estructurado
cuando se encontraba afiliada a Cajanal hoy Ugpp.

15.2. La regla de competencia para efectos del reconocimiento de una pensión de
las personas que estaban afiliadas a Cajanal, se determinaría por lo siguiente:

«Si el derecho a la pensión de jubilación se consolidó a 30 de junio de 2009, esto es, se
acreditaron los requisitos de tiempo y edad, hasta esta fecha la competencia para
reconocer la pensión la tiene Cajanal, hoy UGPP.

Si el derecho a la pensión se consolidó después del 1 de julio de 2009, se deb[ía] tener
en cuenta:

Si le hacía falta al 30 de junio de 2009 la edad, la competencia ser[ía] de Colpensiones.

Si le hacía falta al 30 de junio de 2009 la edad, pero no realizó después ninguna
cotización a Colpensiones, ser[ía] competente Cajanal.

Si le hacía falta al 30 de junio de 2009 la edad, realizó cotizaciones a Colpensiones, pero
al momento de causación se encontraba retirado del sistema, la competencia la ten[ía]
Cajanal.

Si le hacía falta al 30 de junio el tiempo y servicios, y realizó cotizaciones a Colpensiones,
la competencia la ten[ía] Colpensiones.»

15.3. El marco normativo dispuesto para resolver los conflictos de competencia entre
la Ugpp y Colpensiones debía ser obligatorio en su aplicación, independientemente
de la norma o clase de pensión a reconocerse, comoquiera que lo que determinaba
la competencia era la fecha en la cual se adquirió el derecho ante la liquidación y
supresión de Cajanal, y la obligación legal de asumir el reconocimiento pensional
por parte de Colpensiones, de acuerdo con el Decreto 2196 de 2009.

15.4. Para los casos en los que había que resolver las solicitudes prestacionales de
los afiliados que fueron objeto de traslado forzoso a Colpensiones a partir del 1 de
julio de 2009, debía aplicarse las reglas de competencias antes señaladas.

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15.5. El reconocimiento de la pensión de «Jesús Antonio Zamudio Cubides» [Sic]
estaba a cargo de la Ugpp, toda vez que adquirió el estatus pensional el 2 de
septiembre de 2003, fecha para la cual se encontraba afiliada a Cajanal.

1.2. Contestación de la demanda

1.2.1. Ugpp4

16. Se opuso a las pretensiones de la demanda, con sustento en lo que sigue:

17. Colpensiones fue la última entidad en la que estaba cotizando la demandada,
razón por la cual era quien debía reconocer y pagar la pensión de vejez, de
conformidad con los artículos 6 del Decreto 813 de 1994 y 1 del Decreto 2527 de
2000.

18. Colpensiones fue quien determinó que la demandada había adquirido el estatus
pensional desde el año 2013, razón por la cual no se podía considerar que ese
reconocimiento le correspondía a la Ugpp.

19. Propuso la excepción previa de «Falta de legitimación en la causa por pasiva»,
por cuanto no era esa entidad la llamada a realizar el reconocimiento de la pensión
de jubilación reclamada por María Segunda De La Hoz de Morón, pues solo estaba
llamada a responder por los aportes que estuvieran reportados a Cajanal EICE y en
ese caso se constituiría en un bono pensional que podía ser reclamado por la
entidad que tuviera a cargo el reconocimiento pensional.

20. Asimismo, invocó las excepciones de «inexistencia de Obligación» y
«prescripción», comoquiera que si la demandada era beneficiaria de la pensión de
jubilación establecida en la Ley 71 de 1988 por aplicación del régimen de transición
de la Ley 100 de 1993, no estaba llamada a reconocer esa prestación. Respecto,
de la prescripción pidió que se decretara de acuerdo con lo establecido en el artículo
41 del Decreto 3135 de 1968.

1.2.2. María Segunda De La Hoz de Morón5

21. Se opuso a las pretensiones de la demanda, con los siguientes argumentos:

22. Si bien era cierto que adquirió el estatus de pensionada con anterioridad al 30
de junio de 2009, también lo era que su traslado de Cajanal al Instituto de Seguros

4Samai, índice 2, archivos «6ED_EXPEDIENTE_OneDrive_1_18620242z» y
«34ContestacionDemandaUgpp»
5Samai, índice 2, archivos «6ED_EXPEDIENTE_OneDrive_1_18620242z» y
«34ContestacionDemandaUgpp»

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Sociales6 se realizó de forma voluntaria el 1 de enero de 2003 y no el 1 de julio de
2009 como afirmó la demandante.

23. La demandada se afilió al ISS el 1 de enero de 2003 y la solicitud de la pensión
de vejez la hizo el 25 de mayo de 2012, es decir que se realizaron aportes de forma
continua a esa entidad por más de 6 años. Por lo que no había duda frente a la
entidad competente para reconocer y pagar esa prestación.

24. La demandada no debía reintegrar a Colpensiones las sumas recibidas por
concepto de mesadas pensionales y los aportes a salud, toda vez que la obligada
al reconocimiento era esa entidad y no la Ugpp, de conformidad con el artículo 10
del Decreto 2709 de 1994.

25. Lo pretendido era temerario porque no se encontraba en discusión el derecho
a la pensión de vejez de la demandada, sino la competencia respecto del
reconocimiento y pago de esa prestación, por lo que la devolución de las sumas
pagadas era un asunto entre la Ugpp y Colpensiones. Además, era un sujeto de
especial protección, pues contaba con 65 años y dependía del pago de la pensión
para satisfacer su mínimo vital.

26. La parte demandante tomó como fundamento fáctico el reporte de semanas
cotizadas de Colpensiones del 5 de agosto de 2015 y aseveró que se afilió al ISS el
1 de julio de 2009. Sin embargo, la demandada causó su derecho a pensión de
vejez el 2 de septiembre de 2008, cumpliendo los requisitos de la Ley 33 de 1985,
esto es, 55 años de edad y 20 años de servicio público. Y su traslado voluntario se
realizó de Cajanal al ISS el 1 de enero de 2003, no en el 2009, como lo indicó en el
reporte, el cual presentaba inconsistencias, incluyendo una observación en la que
señaló que los nombres no correspondían.

27. María Segunda De La Hoz de Morón después de enterarse que existía una
demanda en su contra acudió a Colpensiones para solicitar nuevamente su historia
laboral y encontró en el reporte de semanas cotizadas del 13 de abril de 2018 que
aparecía de manera clara y expresa que su afiliación al ISS se realizó el 1 de enero
de 2003 y no el 1 de julio de 2009 como afirmó la entidad demandante.

28. Al comparar el reporte de semanas cotizadas del 5 de agosto del 2015 con el
del 13 de abril del 2018, se encontró que en ambos la afiliación se realizó el 1 de
enero de 2003 y no el 1 de julio de 2009; que de igual manera se registró que el
empleador no realizó las cotizaciones de carácter pensional a favor de la
demandada entre el 1 de enero del 2003 y el 30 de junio de 2009; pero en la columna
«OBSERVACIONES» del último registro de semanas cotizadas se indicó «NO
VINCULADO TRASLADO RAIS», lo cual no correspondía a la realidad, toda vez
que la demandada nunca estuvo vinculada o siquiera intentado afiliarse a ningún

6 En adelante ISS.

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fondo de pensiones de carácter privado. Lo que demostraba que el ISS, ahora
Colpensiones, no había cumplido con algunas de las obligaciones legales que le
otorga la Constitución y la Ley, y en especial el artículo 155 de la Ley 1151 de 2007.

29. Diferente era que el empleador comenzó a pagar a partir del 1 de julio de 2009,
y que la afiliación se realizó a partir del 1 de enero de 2003, sin embargo, no se
hicieron pagos durante el período comprendido entre el 1 de enero de 2003 y el 30
de junio de 2009, y tampoco realizó gestión de cobro el ISS.

30. Finalmente, propuso las excepciones de «inexistencia de las obligaciones» y
«cobro de lo no debido», comoquiera que no estaba en discusión el derecho a la
pensión de vejez y la entidad competente para dicho reconocimiento era
Colpensiones; la devolución de las mesadas pagadas era ilegal y temeraria, pues
la demandada solo recibió el pago de los valores a los que tenía derecho.

1.3. La sentencia apelada7

31. En sentencia proferida el 2 de mayo de 2024, el Tribunal Administrativo del
Cesar accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, por cuanto declaró
la nulidad del acto acusado y negó la devolución de los dineros pagados por
concepto de la pensión de vejez y salud de la demandada, toda vez que determinó
que la entidad competente para efectuar el reconocimiento pensional era Cajanal
hoy la Ugpp, por las siguientes razones:

32. Se acreditó en el proceso que María Segunda De La Hoz de Morón adquirió el
estatus pensional el 2 de septiembre de 2008, encontrándose que para dicha fecha
estaba afiliada a Cajanal, por lo que era posible establecer que el reconocimiento al
derecho a la pensión le correspondía a esa entidad, pues cumplió con los requisitos
pensionales antes de que se trasladara al ISS, de acuerdo el Decreto 2196 de 2009.

33. Se declaró la nulidad del acto acusado, decisión que se haría efectiva a partir
del momento en que la Ugpp reconociera y ordenara el pago del derecho pensional
de María Segunda De La Hoz de Morón, pues el conflicto de competencias negativo
entre Colpensiones y la Ugpp, no podía significar para la demandada, una carga
administrativa susceptible de limitarle la posibilidad de acceder a su derecho
pensional y afectación a su mínimo vital, más aún cuando en el caso bajo examen
no está en discusión la titularidad del derecho pensional que le asistía, pues solo se
determinó la entidad competente para reconocer esa prestación y la reliquidación
por ella solicitada.

34. Para el cumplimiento de esa decisión, Colpensiones debía brindar su
colaboración y apoyo a la Ugpp, mediante el suministro oportuno de la información
y documentación que esta necesitara, para el estudio y tramitación de la

7 Samai, índice 73, archivo «15SENTENCIADEPR_20170022000SENTENCIA».

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mencionada solicitud, de manera que se cumpliera adecuadamente el principio de
colaboración armónica de las diferentes entidades del Estado, establecido en el
artículo 113 de la Constitución Política, al igual que los principios de coordinación y
eficacia establecidos en los numerales 10 y 11 del artículo 3 de la Ley 1437 de 2011.

35. Por otra parte, negó solicitud de devolución de los dineros pagados por
concepto del reconocimiento de la pensión de vejez y de salud, comoquiera que en
el sub examine no estaba en discusión la titularidad del derecho pensional que le
asiste, es decir, que los dineros fueron recibidos por una persona amparada por el
principio de buena fe.

1.4. Los recursos de apelación

1.4.1. La Ugpp8

36. Presentó recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia y lo
sustentó así:

37. Insistió que carecía de legitimación en la causa por pasiva y manifestó su
desacuerdo con la decisión de primera instancia, pues se había considerado que la
demandada estaba en el régimen de transición dispuesto en el artículo 36 de la Ley
100 de 1993, por lo tanto, la norma que regulaba los requisitos de edad, tiempo de
servicios y monto pensional era la Ley 33 de 1985, en atención a que había
adquirido el estatus pensional el 2 de septiembre de 2008, cuando cumplió 55 años
de edad y esa fecha era anterior al traslado masivo de afiliados de Cajanal al ISS,
por lo que era competencia de la Ugpp reconocer y pagar esa prestación.

38. De acuerdo con la información contenida en el expediente administrativo de
María Segunda De La Hoz de Morón, cotizó ante la extinta Caja Nacional de
Previsión Social hasta el 30 de junio de 2009 y continuó realizando aportes ante
Colpensiones, por lo que, «habiendo efectuado sus aportes con destino a la extinta Caja
Nacional de Previsión Social CAJANAL EICE, y al extinto Instituto de Seguros Sociales, y
por acreditar el cumplimiento de los requisitos consagrados en el artículo 36 de la Ley 100
de 1993, para constituirse como beneficiaria de la transición introducida con el actual
Sistema General de Pensiones, su situación pensional en cuanto a edad, tiempo de
servicios y monto de pensión se encuentra regulada por el contenido del artículo 7 de la ley
71 de 1988, de cuyo contenido se advierte que cuando un afiliado acumula tiempos de
servicios en una o varias entidades de previsión social ya sea del orden Nacional,
Departamental, Municipal, Intendencial, Comisarial o Distrital y en el Instituto de Seguros
Sociales, hoy Colpensiones, tendrá derecho a una pensión de jubilación por aportes.»

39. Razón por la cual, indicó que el a quo erró en su decisión al considerar que el
régimen aplicable a la demandada era la Ley 33 de 1985 en virtud del régimen de

8 Samai, índice 77 «17_MemorialWeb_Recurso-RECURSODEAPELACION»

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transición de la Ley 100 de 1993, pues quedó demostrado que al haber realizado la
demandada cotizaciones desde el 1 de julio de 2009 hasta el 31 de enero de 2014
a Colpensiones, quedó «subsumida» en el régimen de la pensión por aportes
establecido en la Ley 71 de 1988, el cual determina reglas especiales respecto a la
caja o entidad de previsión social que reconocerá el derecho en su artículo 10 del
Decreto 2709 de 1994.

40. En virtud del artículo 10 del Decreto 2709 de 19949 la entidad competente para
efectuar el reconocimiento y pago de una pensión de jubilación por aportes era i) la
última con destino a la cual se efectuaron aportes, siempre y cuando el tiempo de
aportación continuo o discontinuo no fuera inferior a 6 años, de lo contrario la
entidad competente sería; ii) aquella con destino a la cual se hubiese efectuado el
mayor tiempo de aportes.

41. Es decir que, en el mencionado régimen lo que determinaba la competencia
para el reconocimiento y pago de la pensión no era la fecha del estatus jurídico sino
la última entidad de previsión social a la cual se efectuaron los aportes, para el caso
bajo examen Colpensiones pues la demandada efectuó los aportes desde el 1 de
julio de 2009 hasta 31 de enero de 2014.

1.4.2. Colpensiones10

42. La parte demandante presentó recurso de apelación parcial contra los
«numerales segundo y tercero» de la sentencia de primera instancia y lo sustentó
así:

43. No está de acuerdo con el hecho de que esa entidad debía continuar sufragando
la pensión de la demandada hasta que la Ugpp asumiera ese reconocimiento.

44. Tampoco fue acertada la decisión del a quo al no acceder al restablecimiento
del derecho invocado, comoquiera que la demandada no tenía derecho a recibir los
dineros pagados y era clara la mala fe en su actuación, pues el acto administrativo
de su reconocimiento pensional era lesivo y contrario a derecho, razón por la cual
se le solicitó su autorización para revocarlo, lo que evidenciaba que tenía

9 «Artículo 10. Entidad de previsión pagadora. La pensión de jubilación por aportes será reconocida

y pagada por la última entidad de previsión a la que se efectuaron aportes, siempre y cuando el
tiempo de aportación continuo o discontinuo en ellas haya sido mínimo de seis (6) años. En caso
contrario, la pensión de jubilación por aportes será reconocida y pagada por la entidad de previsión
a la cual se haya efectuado el mayor tiempo de aportes.

Parágrafo. Si la entidad de previsión obligada al reconocimiento de la pensión de jubilación por
aportes es la Caja Nacional de Previsión Social, el pago de dicha prestación lo asumirá el Fondo de
Pensiones Públicas del nivel nacional a partir de 1995.
Si las entidades de previsión obligadas al reconocimiento de la pensión de jubilación por aportes son
del orden territorial, dicha prestación, en el evento de liquidación de las mismas, estará a cargo de
la entidad que las sustituya en el pago. »
10 Samai, índice 78 « 21Recepcion de Me_RECURSO_DE_APELACION»

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conocimiento de la irregularidad de su prestación.

45. Si no se ordenaba la devolución de esos recursos, se afectaba gravemente la
estabilidad financiera del sistema de pensiones, pues no era justo que una persona
percibiera una prestación económica a la cual no tenía derecho, y se eximiera de la
obligación de devolver lo recibido. Seguir pagando la prestación hasta que la Ugpp
reconociera la prestación constituía un enriquecimiento sin causa en su favor, con
un evidente impacto negativo en las finanzas del sistema.

46. La decisión del a quo era lesiva para Colpensiones, lo que quebrantaba a todas
luces el sistema financiero, perjuicio inminente en contra del sistema general de
pensiones, toda vez que este debía de disponer de un flujo permanente de recursos
que permitieran su mantenimiento y adecuado funcionamiento, y continuar con el
pago de una prestación a favor de una persona que no acreditaba todos los
requisitos para su reconocimiento afectaba gravemente su capacidad de otorgar y
pagar las prestaciones a los afiliados que si tenían derecho a su reconocimiento,
vulnerando como consecuencia el principio de progresividad, y el acceso a las
pensiones de todos los colombianos.

1.5. Trámite en segunda instancia

47. En auto del 30 de julio de 2024 se admitieron los recursos de apelación
presentados por Colpensiones y la Ugpp contra la sentencia del 2 de mayo de 2022
proferida por el Tribunal Administrativo del Cesar11.

48. El Ministerio Público presentó concepto12 en el que solicitó confirmar la decisión
de primera instancia, en consideración a que no era posible verificar un traslado
voluntario, de acuerdo con el Decreto 813 de 1994, por lo que debía darse aplicación
al régimen de todos aquellos cotizantes que para la fecha establecida habían sido
trasladados de Cajanal al ISS, hoy Colpensiones y que hubiesen adquirido el
estatus pensional, como en el caso de la demandada.

II. Consideraciones

2.1. Competencia

49. La Subsección B de la Sección Segunda de esta Corporación es competente
para conocer de los recursos de apelación interpuestos por la Ugpp y Colpensiones
conformidad con los artículos 125 y 150 del CPACA, según los cuales «[l]as salas,
secciones y subsecciones dictarán las sentencias» y «[e]l Consejo de Estado, en Sala de
lo Contencioso Administrativo, conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las
sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos [...]».

11 Samai, índice 6.
12 Samai, índice 11.

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2.2. Problema jurídico

50. De conformidad con los recursos de apelación, se debe resolver el siguiente
interrogante: ¿Colpensiones se encontraba facultada para reconocer la pensión de
vejez a María Segunda De La Hoz Morón?, y, en el evento de carecer de
competencia, ¿habría lugar a la devolución de las sumas reconocidas a la
demandada?

51. Con el fin de resolver el anterior planteamiento, la Sala seguirá la siguiente
estructura expositiva: primero, se desarrollará el marco normativo y jurisprudencial
de la i) distribución de competencias entre la Ugpp y Colpensiones para el
reconocimiento de pensiones y ii) se expondrá los hechos probados; y tercero, se
resolverá el caso concreto.

2.3. Marco normativo y jurisprudencial

2.3.1. Distribución de competencias entre la Ugpp y Colpensiones para el
reconocimiento de pensiones

52.La Ley 6 de 194513, entre otras, creó la «Caja Nacional de Previsión Social de los
empleados y obreros nacionales», entidad a la cual se le encargó el reconocimiento y
pago de las prestaciones de los «empleados y obreros» nacionales de carácter
permanente.

53.La Ley 100 de 1993 creó el Sistema General de Pensiones y para la
administración del régimen solidario de prima media con prestación definida
encargó, entre otras entidades, al ISS, en los siguientes términos:

«ARTÍCULO 52. ENTIDADES ADMINISTRADORAS. El régimen solidario de prima
media con prestación definida será administrado por el Instituto de Seguros Sociales.

Las cajas, fondos o entidades de seguridad social existentes, del sector público o
privado, administrarán este régimen respecto de sus afiliados y mientras dichas
entidades subsistan, sin perjuicio de que aquéllos se acojan a cualesquiera de los
regímenes pensionales previstos en esta Ley.

Las cajas, fondos o entidades de seguridad social existentes, del sector público o
privado, estarán sometidas a la vigilancia y control de la Superintendencia Bancaria».

54.Posteriormente, el gobierno nacional en el artículo 34 del Decreto 692 de
199414, reiteró la anterior disposición y determinó que después del 31 de marzo de

13 «Por la cual se dictan algunas disposiciones sobre convenciones de trabajo, asociaciones
profesionales, conflictos colectivos y jurisdicción especial de trabajo».
14 «Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 100 de 1993».

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1994 las administradoras no podrían recibir nuevos cotizantes. Para tal efecto
estableció:

«Artículo 34. Entidades administradoras del régimen de prima media. El régimen
solidario de prima media con prestación definida será administrado por el Instituto de
Seguros Sociales, así como por las cajas, fondos o entidades de previsión social
existentes al 31 de marzo de 1994, mientras subsistan. En todo caso, las entidades
diferentes del ISS, sólo podrán administrar el régimen respecto de las personas que a
31 de marzo de 1994 fueren sus afiliados, no pudiendo en consecuencia recibir nuevos
afiliados a partir de dicha fecha.

Las cajas o entidades que administren pensiones del nivel departamental, municipal o
distrital, podrán continuar afiliando trabajadores de estos niveles territoriales del sector
público, hasta el momento que señale el respectivo alcalde o gobernador, sin que exceda
del 30 de junio de 1995, fecha a partir de la cual, se regirán por lo dispuesto en el inciso
1° de este artículo».

55. Más adelante, a través de la Ley 490 de 199815 se transformó la naturaleza
jurídica de Cajanal y para el reconocimiento de las pensiones se determinó:

«Artículo 4. Reconocimiento y liquidación de pensiones. La Caja Nacional de Previsión
Social continuará con las funciones de trámite y reconocimiento de pensiones, así como
con el recaudo de las cotizaciones en los términos establecidos por la ley, las cuales
serán giradas mensualmente al Fondo de Pensiones Públicas del Nivel Nacional, entidad
que se encargará del pago de las respectivas pensiones. Las demás prestaciones
económicas seguirán tramitándose, reconociéndose y concediéndose por Cajanal.

Las reservas que haya acumulado la Caja Nacional de Previsión Social hasta la vigencia
de la presente ley por concepto pensiones, serán entregadas al Fondo de Pensiones
Públicas del Nivel Nacional.

Para atender el costo que demanden estas funciones y el pago de las primas de invalidez
y sobrevivencia, se destinará hasta el tres punto cinco (3.5) puntos de la cotización al
sistema general de pensiones establecido por la ley, previos los análisis periódicos que
permitan determinar los gastos de funcionamiento del acuerdo con los estudios
correspondientes. En todo caso, el Gobierno Nacional garantizará los aportes necesarios
para cubrir el costo que demande la administración de este sistema, en la medida en
que la reducción en el número de los afiliados disminuya los ingresos recibidos por
concepto de cotizaciones.

Las entidades públicas del orden nacional, que, de acuerdo con lo establecido en las
respectivas normas, estén obligadas a concurrir con el pago de las pensiones causadas
con anterioridad al primero de abril de 1994, suprimirán las obligaciones recíprocas que
por concepto de cuotas partes hayan asumido, efectuando en sus estados financieros
los registros contables correspondientes. Las obligaciones pensionales causadas a partir
de tal fecha, se financiarán además de los recursos previstos en la ley, con el bono
pensional o cuota parte que para el efecto deberá expedir la entidad que esté en la
obligación de concurrir en el pago de la respectiva pensión, o la que haga sus veces,
emitido a favor de la entidad encargada del pago de dicha prestación.

15 «Por la cual se transforma la Caja Nacional de Previsión Social de Establecimiento Público

en Empresa Industrial y Comercial del Estado y se dictan otras disposiciones».

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La Nación podrá pagar por cuenta de las entidades territoriales las cuotas obligatorias
cuando existan obligaciones recíprocas de pago de cuotas partes pensionales entre
entidades del orden nacional y entidades territoriales; procederá la compensación de las
mismas mediante convenios en los términos del Código Civil sin perjuicio que por
acuerdo de las partes puedan compensar dichas obligaciones de pagar cuotas partes
entre ellas».

56. Después, en los artículos 155 y 156 de la Ley 1151 de 200716, se determinó:

«ARTÍCULO 155. DE LA INSTITUCIONALIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y LA
ADMINISTRACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA CON PRESTACIÓN
DEFINIDA. Con el fin de garantizar la actividad de aseguramiento en pensiones, salud y
riesgos profesionales en condiciones de sostenibilidad, eficiencia y economía, se
mantendrá una participación pública en su prestación. Para el efecto, se autoriza a las
entidades públicas para que se asocien entre sí o con particulares para la constitución
de sociedades que administran estos riesgos o participen en el capital de las existentes
o para que las entidades públicas enajenen alguno o algunos de los negocios a otras
entidades públicas o que los particulares inviertan o participen en el capital de las
entidades públicas.

Adicionalmente créase una empresa industrial y comercial del Estado del orden nacional,
con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio independiente, vinculada
al Ministerio de la Protección Social, denominada Administradora Colombiana de
Pensiones, Colpensiones, cuyo objeto consiste en la administración estatal del régimen
de prima media con prestación definida incluyendo la administración de los beneficios
económicos periódicos de que trata el Acto Legislativo 01 de 2005, de acuerdo con lo
que establezca la ley que los desarrolle.

Colpensiones será una Administradora del Régimen de Prima Media con Prestación
Definida, de carácter público del orden nacional, para lo cual el Gobierno, en ejercicio de
sus facultades constitucionales, deberá realizar todas las acciones tendientes al
cumplimiento de dicho propósito, y procederá a la liquidación de Cajanal EICE,
Caprecom y del Instituto de Seguros Sociales, en lo que a la administración de pensiones
se refiere. En ningún caso se podrá delegar el reconocimiento de las pensiones.

Esta Empresa tendrá domicilio en Bogotá, D. C., su patrimonio estará conformado por
los ingresos que genere en desarrollo de su objeto social y por los aportes del
Presupuesto General de la Nación, los activos que le transfieran la Nación y otras
entidades públicas del orden nacional y los demás ingresos que a cualquier título
perciba. Tendrá una Junta Directiva que ejercerá las funciones que le señalen los
estatutos. La Administración de la empresa estará a cargo de un presidente, nombrado
por la Junta Directiva. La Junta estará conformada por tres miembros, el ministro de la
Protección Social o el viceministro como su delegado, quien lo presidirá; el Ministro de
Hacienda y Crédito Público o su delegado y un Representante del presidente de la
República.

156. GESTIÓN DE OBLIGACIONES PENSIONALES Y CONTRIBUCIONES
PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL. Créase la Unidad Administrativa
Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social,
Ugpp, adscrita al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, con personería jurídica,

16 «Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010».

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autonomía administrativa y patrimonio independiente. Esta Unidad Administrativa tendrá
a su cargo:

i) El reconocimiento de derechos pensionales, tales como pensiones y bonos
pensionales, salvo los bonos que sean responsabilidad de la Nación, así como auxilios
funerarios, causados a cargo de administradoras del Régimen de Prima Media del orden
nacional, y de las entidades públicas del orden nacional que hayan tenido a su cargo el
reconocimiento de pensiones, respecto de las cuales se haya decretado o se decrete su
liquidación. Para lo anterior, la entidad ejercerá todas las gestiones inherentes a este
numeral, tales como la administración de base de datos, nóminas, archivos y
asignaciones al Gobierno Nacional en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003;

ii) Las tareas de seguimiento, colaboración y determinación de la adecuada, completa y
oportuna liquidación y pago de las contribuciones parafiscales de la Protección Social.
Para este efecto, la Ugpp recibirá los hallazgos que le deberán enviar las entidades que
administran sistemas de información de contribuciones parafiscales de la Protección
Social y podrá solicitar de los empleadores, afiliados, beneficiarios y demás actores
administradores de estos recursos parafiscales, la información que estime conveniente
para establecer la ocurrencia de los hechos generadores de las obligaciones definidas
por la ley, respecto de tales recursos. Esta misma función tendrán las administraciones
públicas. Igualmente, la Ugpp podrá ejercer funciones de cobro coactivo en armonía con
las demás entidades administradoras de estos recursos.

La Unidad tendrá sede en Bogotá, D.C., y su patrimonio estará constituido por los
aportes del Presupuesto General de la Nación, los activos que le transfieran la Nación y
otras entidades públicas del orden nacional y los demás ingresos que a cualquier título
reciba. La Unidad tendrá un Director de Libre Nombramiento y Remoción del presidente
de la República.

De conformidad con el artículo 150 numeral 10 de la Constitución Política, revístese al
Presidente de la República de facultades extraordinarias, por el término de seis (6)
meses, contados a partir de la fecha de publicación de la presente ley, para expedir
normas con fuerza de ley que determinen las funciones y el sistema específico de carrera
para los empleados de la entidad. En el ejercicio de estas facultades, el Gobierno tendrá
en cuenta las características particulares de cada uno de los subsistemas que conforman
el Sistema de Seguridad Social Integral y armonizará las funciones de cobro persuasivo
y coactivo asignadas a las entidades administradoras de recursos para-fiscales y a la
Ugpp, para lo cual podrá disponer la manera como se utilizarán las bases de datos e
información que estén a cargo de las entidades, administradoras y entes de control y
vigilancia del Sistema.

La UGPP ejercerá sus funciones de acuerdo con lo que defina la reglamentación que en
el ejercicio de sus potestades constitucionales expida el Gobierno Nacional, la cual
deberá tener en cuenta el objeto y funciones que correspondan a la Administradora de
Régimen de Prima Media a que se refiere el artículo anterior, y a las que la Unidad
Administrativa Especial le corresponda.

El ejercicio de las funciones de determinación y cobro de contribuciones de la Protección
Social por parte de cada una de las entidades integrantes del sistema y de la UGPP, se
tendrá en cuenta lo siguiente:

En lo previsto en este artículo, los procedimientos de liquidación oficial se ajustarán a lo
establecido en el Estatuto Tributario, Libro V, Títulos I, IV, V y VI. Igualmente, adelantará
el cobro coactivo de acuerdo con lo previsto en la Ley 1066 de 2006.

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En las liquidaciones oficiales se liquidarán a título de sanción intereses de mora la misma
tasa vigente para efectos tributarios».

57. De otra parte, el Decreto 169 de 200817 determinó, entre otras cosas, las
siguientes funciones en cabeza de la Ugpp:

«Artículo 1°. La Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social, Ugpp, en concordancia con el artículo 156 del Plan
Nacional de Desarrollo, Ley 1151 de 2007, tendrá las siguientes funciones:

A. En cuanto al reconocimiento de derechos pensionales y de prestaciones económicas

1. El reconocimiento de los derechos pensionales y prestaciones económicas a cargo de
las administradoras exclusivas de servidores públicos del Régimen de Prima Media con
Prestación Definida del orden nacional, causados hasta su cesación de actividades como
administradoras; así como el de aquellos servidores públicos que hayan cumplido el
tiempo de servicio requerido por la ley para acceder a su reconocimiento y se hubieren
retirado o desafiliado del Régimen de Prima Media con Prestación Definida sin cumplir
el requisito de edad señalado, con anterioridad a su cesación de actividades como
administradoras. De igual manera, le corresponderá la administración de los derechos y
prestaciones que reconocieron las mencionadas administradoras y los que reconozca la
Unidad en virtud de este numeral.

2. El reconocimiento de los derechos pensionales y prestaciones económicas a cargo de
las entidades públicas del orden nacional que se encuentren en proceso de liquidación,
se ordene su liquidación o se defina el cese de esa actividad por quien la esté
desarrollando. También le compete la administración de los derechos y prestaciones que
las mencionadas entidades hayan reconocido y los que reconozca la UGPP en virtud de
este numeral.

Las entidades públicas del orden nacional a que se refiere el inciso anterior, continuarán
con el reconocimiento de derechos pensionales y prestaciones económicas hasta que
se asuma esta función por su traslado a la Ugpp. La Ugpp asumirá esta función en los
términos del Decreto 254 de 2000.

3. La Ugpp podrá adelantar las acciones previstas en el artículo 20 de la Ley 797 de
2003.

4. Las demás gestiones y funciones necesarias para cumplir con lo dispuesto en este
artículo tales como la administración de bases de datos, nóminas, archivos y todo lo
relacionado con la defensa judicial de la entidad y las demás que establezca la ley.

B. Efectuar las tareas de seguimiento, colaboración y determinación de la adecuada,
completa y oportuna liquidación y pago de las contribuciones parafiscales de la
Protección Social. Para ello, la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales recomendará estándares a los procesos de determinación
y cobro que le corresponden a las administradoras y demás entidades del Sistema de la
Protección Social; le hará seguimiento a dichos procesos y administrará mecanismos de
consolidación de información del Sistema de la Protección Social, como de coordinación
de acciones que permitan articular sus distintas partes y de las que tienen

17 «Por el cual se establecen las funciones de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional

y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social, UGPP, y se armoniza el procedimiento de
liquidación y cobro de las contribuciones parafiscales de la protección social».

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responsabilidades de vigilancia o de imposición de sanciones; y adelantará acciones de
determinación y cobro de manera subsidiaria o cuando se trate de evasores omisos que
no estén afiliados a ningún subsistema de la protección social debiendo estarlo.

Para ejercer estas funciones de seguimiento, colaboración y determinación de la
adecuada, completa y oportuna liquidación y pago de las contribuciones parafiscales de
la Protección Social la UGPP podrá adelantar las siguientes acciones:

1. Solicitar la información relevante que tengan las diferentes entidades, administradoras
y órganos vigilancia y control del Sistema de la Protección Social. Para el caso de las
administradoras, la UGPP definirá la frecuencia de actualización de tal información y el
formato en el que debe ser suministrada teniendo en cuenta los formatos y frecuencias
ya establecidos por otras entidades receptoras de información del Sistema de la
Protección Social.

2. Verificar la exactitud de las declaraciones de autoliquidación cuando lo considere
necesario.

3. Adelantar las investigaciones que estime convenientes para establecer la existencia
de hechos que generen obligaciones en materia de contribuciones parafiscales de la
protección social.

4. Solicitar de los aportantes, afiliados o beneficiarios del Sistema de la Protección Social
explicaciones sobre las inconsistencias en la información relativa a sus obligaciones en
materia de contribuciones parafiscales de la protección social.

5. Solicitar a aportantes, afiliados o beneficiarios del Sistema de la Protección Social la
presentación de los documentos relacionados con el cumplimiento de sus obligaciones
en materia de contribuciones parafiscales de la protección social que la UGPP considere
necesarios, cuando estén obligados a conservarlos.

6. Citar o requerir a los aportantes, afiliados y beneficiarios del Sistema de la Protección
Social o a terceros para que rindan informes o testimonios referentes al cumplimiento de
las obligaciones de los primeros en materia de contribuciones parafiscales de la
protección social.

7. Ordenar a los aportantes, cuando estén obligados a llevar contabilidad, la exhibición
y examen parcial de los libros, comprobantes y documentos, particularmente de la
nómina.

8. Adelantar visitas de inspección y recopilar todas las pruebas que sustenten la omisión
o inexacta liquidación de las contribuciones parafiscales de la protección social. Durante
la práctica de inspecciones, la UGPP podrá decretar todos los medios de prueba
autorizados por la legislación civil, previa la observancia de las ritualidades que les sean
propias.

9. Efectuar cruces con la información de las autoridades tributarias, las instituciones
financieras y otras entidades que administren información pertinente para la verificación
de la adecuada, completa y oportuna liquidación y pago de las contribuciones
parafiscales de la protección social. Esta información será reservada y solo podrá
utilizarse para los fines previstos en la presente ley.

10. Efectuar todas las diligencias necesarias para verificar la adecuada, completa y
oportuna liquidación y pago de las contribuciones parafiscales de la protección social.

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11. Efectuar subsidiariamente las labores de determinación y cobro disuasivo,
persuasivo y coactivo, con base en los hallazgos que le remitan las administradoras,
órganos de control y vigilancia y demás entidades del Sistema de la Protección Social.

12. Proferir las liquidaciones oficiales que podrán ser utilizadas por la propia UGPP o por
las demás administradoras o entidades del Sistema de la Protección Social.

13. Efectuar las labores de coordinación y seguimiento a los procesos de determinación
y cobro, con base en la información que le remitan las administradoras, órganos de
control y vigilancia y demás entidades del Sistema de la Protección Social.

14. Efectuar las labores de seguimiento a los procesos sancionatorios relacionados con
estos hechos.

15. Afiliar transitoriamente a la administradora pública respectiva a los evasores omisos
que no hayan atendido la instrucción de afiliarse voluntariamente, hasta que el afiliado
elija.

De acuerdo con la reglamentación existente, la UGPP podrá contratar con terceros las
actividades relacionadas con el desarrollo de sus funciones, salvo expresa prohibición
constitucional o legal.

Las disposiciones contenidas en el presente decreto se dictan sin perjuicio del ejercicio
de la facultad reglamentaria del Presidente de la República».

58. En desarrollo de las obligaciones previstas por los artículos 155 y 156 de la
mencionada Ley 1151 de 2007, el gobierno nacional suprimió y ordenó la liquidación
de Cajanal a través del Decreto 2196 de 2009 18, para lo cual dispuso, respecto de
la administración de los asuntos pensionales:

«Artículo 3°. Prohibición para iniciar nuevas actividades. Como efecto de la liquidación
aquí ordenada, la Caja Nacional de Previsión Social, Cajanal, EICE, en Liquidación, no
podrá iniciar nuevas actividades en desarrollo de su objeto social, por lo tanto,
conservará su capacidad jurídica únicamente para realizar los actos, operaciones y
contratos necesarios en orden a efectuar su pronta liquidación.

En todo caso, la Caja Nacional de Previsión Social, Cajanal, EICE, en Liquidación
adelantará, prioritariamente, las acciones que permitan garantizar el trámite y
reconocimiento de obligaciones pensionales y demás actividades afines con dichos
trámites, respecto de aquellos afiliados que hubieren cumplido con los requisitos
de edad y tiempo de servicio para obtener la pensión de jubilación o de vejez a la
fecha en que se haga efectivo el traslado a que se refiere el artículo 4° del presente
Decreto, de acuerdo con las normas que rigen la materia. Igualmente, Cajanal, EICE,
en liquidación continuará con la administración de la nómina de pensionados, hasta
cuando estas funciones sean asumidas por la Unidad Administrativa Especial de Gestión
Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP, creada por la
Ley 1151 de 2007.

Para tales efectos atenderá las solicitudes y peticiones que se le presenten y celebrará
los contratos de administración u operación que sean necesarios.

18 «Por el cual se suprime la Caja Nacional de Previsión Social, Cajanal, EICE, se ordena su
liquidación, se designa un liquidador y se dictan otras disposiciones».

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Artículo 4°. Del traslado de afiliados. La Caja Nacional de Previsión Social, Cajanal,
EICE, en Liquidación, deberá adelantar todas las acciones necesarias para el traslado
de sus afiliados cotizantes, a más tardar dentro del mes siguiente a la vigencia del
presente decreto, a la Administradora del Régimen de Prima Media del Instituto de
Seguro Social - ISS. Igualmente, deberá trasladar a dicha entidad los conocimientos
sobre la forma de adelantar el proceso de sustanciación de los actos administrativos de
reconocimiento de pensión de estos afiliados cotizantes, en la medida en que se trata de
servidores públicos, para lo cual, estas entidades fijarán las condiciones en la que se
realizará dicho traslado». (Resalta la sala)

59.Más tarde, con el Decreto 4269 de 201119, para los reconocimientos
pensionales efectuados a partir del 8 de noviembre de 2011, se repartieron las
competencias de Cajanal y la Ugpp de la siguiente manera:

«Artículo 1°. Distribución de competencias. La ejecución de los procesos misionales de
carácter pensional y demás actividades afines que se indican a continuación, será
ejercida por la Caja Nacional de Previsión Social - Cajanal EICE en Liquidación y la
Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de
la Protección Social - UGPP, en los siguientes términos:

1. Atención de solicitudes relacionadas con el reconocimiento de derechos
pensionales y prestaciones económicas.

Estarán a cargo de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP, las solicitudes de
reconocimientos de derechos pensionales y prestaciones económicas, radicadas a
partir del 8 de noviembre de 2011.

A cargo de la Caja Nacional de Previsión Social - Cajanal EICE en Liquidación estarán
las solicitudes de reconocimiento de derechos pensionales y prestaciones económicas,
radicadas con anterioridad al 8 de noviembre de 2011.

2. Atención del proceso de administración de la nómina de pensionados.

La Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales
de la Protección Social - Ugpp será la entidad responsable de la administración de la
nómina a partir del mes de diciembre de 2011, incluido el reporte de las novedades que
se generen al Administrador Fiduciario del Fondo de Pensiones Públicas del Nivel
Nacional -FOPEP- Para efectos de la incorporación de las novedades de nómina
originadas en la atención de las solicitudes que están a cargo de Cajanal EICE en
Liquidación, esta entidad deberá hacer entrega a la Unidad Administrativa Especial de
Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - Ugpp de la
información completa y necesaria para que se pueda efectuar dicha inclusión.

3. Proceso de Atención al Pensionado, Usuarios y Peticionarios

A partir del 8 de noviembre de 2011, la Unidad Administrativa Especial de Gestión
Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social -Ugpp, asumirá
integralmente el proceso de atención a los pensionados, usuarios y peticionarios, así
como la radicación de los documentos, independientemente de que los servicios
requeridos se deriven de solicitudes que deban ser tramitadas por Cajanal EICE en

19 «Por el cual se distribuyen unas competencias».

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Liquidación, de acuerdo con la distribución de competencias establecidas en el numeral
1 del presente artículo.

Parágrafo. En aquellos casos en que en la Unidad Administrativa Especial de Gestión
Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - Ugpp se presente una
solicitud prestacional que deba ser resuelta en forma integral con una solicitud de una
prestación diferente que esté pendiente de resolver y que sea competencia de Cajanal
EICE en Liquidación, de acuerdo con lo definido en el numeral 1 del presente, artículo,
la UGPP será la entidad competente para resolver ambas solicitudes».

60. Aunado a lo anterior, mediante los decretos 201120 y 201321 de 2012, se
reglamentó la entrada en operación de Colpensiones, se suprimió el ISS y se ordenó
su liquidación, respectivamente. En consecuencia, la administración del régimen
pensional de prima media con prestación definida le fue atribuida a Colpensiones.

61. Al respecto, la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, en
reiteradas oportunidades22, ha sostenido que, para reconocer y pagar las
pensiones, de conformidad con las disposiciones previstas en la Ley 100 de 1993,
la distribución de competencias asignadas a la Ugpp y a Colpensiones deberá ser
entendida de la siguiente manera:

«a. Compete a la UGPP el reconocimiento de las pensiones de aquellas personas que
antes del 1º de julio de 2009 adquirieron el derecho a la pensión, es decir, cumplieron
los requisitos de edad y número de semanas cotizadas o tiempo de servicios exigidos,
siempre y cuando estuvieran afiliadas en ese momento a Cajanal.

b. Compete también a la UGPP el reconocimiento de las pensiones de aquellas personas
que, estando afiliadas a Cajanal o a otras cajas, fondos o entidades públicas autorizadas
por el artículo 52 de la Ley 100 de 1993 para administrar pensiones en el régimen de
prima media, cumplieron el requisito de tiempo de servicios o número de semanas
cotizadas exigido por la ley, y se retiraron o desafiliaron del régimen de prima media con
prestación definida antes de la cesación de actividades de la respectiva caja, fondo o
entidad, para esperar el cumplimiento de la edad.

c. En los demás casos, el reconocimiento y pago de las pensiones en el régimen de
prima media con prestación definida compete a Colpensiones, como administradora
general de dicho régimen en la actualidad».

62. Por su parte, la Sección Segunda del Consejo de Estado en sentencia del 12
de junio de 2020 concluyó23:

20 «Por el cual se determina y reglamenta la entrada en operación de la Administradora Colombiana

de Pensiones – Colpensiones, y se dictan otras disposiciones».
21 «Por el cual se suprime el Instituto de Seguros Sociales, ISS, se ordena su liquidación, y se dictan

otras disposiciones».
22
Ver entre otras: Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, conflicto negativo de
competencias del 24 de febrero de 2020, radicación: 11001-03-06-000-2019-00198-00. M.P. Óscar
Darío Amaya Navas; Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, conflicto negativo de
competencias del 17 de febrero de 2021, radicación: 11001-03-06-000-2020-00244-00. M.P. Edgar
González López.
23
Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 12 de junio de 2020, radicación: 88001-23-
33-000-2017-00040-01 (2116-18). M.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez.

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«42. Con base en lo anterior, se puede establecer que de conformidad con las reglas
establecidas por los artículos 6º del Decreto 813 de 1994, 1º del Decreto 2527 de 2000
y 3º y 4º del Decreto 2196 de 2009, la UGPP es competente para decidir sobre una
solicitud pensional, en los siguientes eventos:

i) Cuando el afiliado cumplió el estatus jurídico de pensionado antes del 1º de julio de
2009, fecha en que se efectuó el traslado de que trata el artículo 4º del decreto 2196 de
2009 (se entiende que debía estar afiliado a CAJANAL al momento de adquirir el
estatus).

ii) Cuando el afiliado cumplió los 20 años de servicio cotizados a CAJANAL sin tener la
edad, antes del 1º de julio de 2009 y si se retiró de esta a la espera de la edad y sin
haberse afiliado al ISS o al régimen de ahorro individual.

iii) Cuando el afiliado cotizante cumplió los 20 años de servicios con CAJANAL al 1º de
abril de 1994, pero no tenía para esa fecha el requisito de edad y este último lo reunió
antes del 1º de julio de 2009, sin importar que se haya afiliado al ISS, en cualquier
momento.

iv) Cuando el afiliado cumplió en su totalidad con el estatus jurídico de pensionado, antes
del 1º de abril de 1994 en CAJANAL, así se haya trasladado con posterioridad al ISS.

43.Con base en la misma normativa, se puede determinar que COLPENSIONES es
competente para resolver la solicitud de reconocimiento pensional, cuando:

i) El afiliado completó 20 años de servicios cotizados con CAJANAL, pero cumplió el
requisito de la edad con posterioridad al 30 de junio de 2009 cotizando al ISS.

ii) El afiliado reunió el tiempo de servicios con CAJANAL, pero no tenía la edad estando
afiliado a dicha entidad, y se trasladó al ISS antes del 30 de junio de 2009, es decir,
previo del traslado masivo al ISS producto de la liquidación de CAJANAL.

iii) El afiliado cumplió con 20 años de servicios cotizados a CAJANAL, pero a la entrada
en vigencia del sistema general de pensiones (1º de abril de 1994) no tenía la edad, y
cumplió la edad y adquirió el estatus jurídico de pensionado después del 30 de junio de
2009.

iv) El afiliado cumplió 20 años de servicios cotizados a CAJANAL, sin cumplir el requisito
de edad antes del 1º de abril de 1994, y se retiró de esta antes del 1º de julio de 2009,
por traslado voluntario al ISS, cumpliendo la edad estando afiliado a este instituto, es
decir, luego del 30 de junio de 2009.

v) Cuando el servidor público, en cualquier momento, se trasladó voluntariamente al ISS
y cumplió el estatus jurídico de pensionado cotizando con dicha entidad».

63. Así las cosas, para una mejor comprensión, la distribución de las competencias
asignadas a la Ugpp y Colpensiones para decidir sobre una solicitud pensional
según las disposiciones previstas en la Ley 100 de 1993 quedarán así:

Competencia de la Ugpp Competencia de Colpensiones
• Adquirió el estatus jurídico antes del 1 de - Mientras se encontraba afiliado a Cajanal
julio de 2009. cumplió con los 20 años de servicio cotizados

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• Al reunir 20 años de servicio cotizados a a esa entidad, pero consumó el requisito de
Cajanal, antes del 1 de junio de 2009 se edad con posterioridad al 30 de junio de 2009,
retiró del servicio a la espera de cumplir el cotizando al ISS.
requisito de edad. - Mientras encontraba afiliado a Cajanal
• Al 1 de abril de 1994, mientras se cumplió con el tiempo de servicio, pero no
encontraba afiliado a Cajanal cumplió con tenía la edad y se trasladó voluntariamente al
los 20 años de servicio, pero no cumplía con ISS antes del 30 de junio de 2009.
el requisito de la edad y este último se - Mientras se encontraba afiliado a Cajanal
consumó antes del 1 de julio de 2009, sin cumplió con los 20 años de servicio cotizados
importar que se haya afiliado al ISS en a esa entidad, pero a la entrada en vigencia
cualquier momento. de la Ley 100 de 1993 no tenía la edad y
• Antes del 1 de abril de 1994, mientras se adquirió el estatus pensional después del 30
encontraba afiliado a Cajanal adquirió el de junio de 2009.
estatus pensional, así se haya trasladado - Mientras se encontraba afiliado a Cajanal
con posterioridad al ISS. cumplió con los 20 años de servicio cotizados
a esa entidad, pero a la entrada en vigencia
de la Ley 100 de 1993 no tenía la edad, se
trasladó voluntariamente al ISS antes del 30
de junio de 2009 y cumplió la edad luego de
esta fecha.
• En cualquier momento se trasladó
voluntariamente al ISS y cumplió el estatus
jurídico de pensionado cotizando a dicha
entidad.

2.4. Caso concreto

2.4.1. Hechos probados

64. En el expediente se encuentra acreditado lo siguiente:

65. María Segunda De La Hoz de Morón nació el 2 de septiembre de 195324.

66. Se encontraba afiliada a Colpensiones desde el 1 de julio de 2009, de
conformidad con «el Decreto 2196 CAJANAL», según certificado de afiliación
expedido por la entidad demandante 25.

67. Con Resolución 313645 del 21 de noviembre de 2013 Colpensiones reconoció
una pensión de vejez a favor de María Segunda De La Hoz de Morón en atención a
las 1861 semanas que causó, en cuantía de $1.155.455, con inclusión en nómina
en el período «201402», de conformidad con el artículo 33 de la Ley 100 de 1993,
modificado por el artículo 9 de la Ley 797 de 200326.

24Samai, índice 2, archivos «6ED_EXPEDIENTE_OneDrive_1_18620242z»,
«71AnexoRespuestaColpensiones» y «00167265000000042493958000501A»
25 Samai, índice 2, archivos «6ED_EXPEDIENTE_OneDrive_1_18620242z»,
«71AnexoRespuestaColpensiones» y «GEN-REQ-IN-2016_1251757-20161220075201»
26Samai, índice 2, archivos «6ED_EXPEDIENTE_OneDrive_1_18620242z»,
«71AnexoRespuestaColpensiones» y «GRF-AAT-RP-2013_9014118-1387230710418.PDF»

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67.1. Para esos efectos la entidad tuvo en cuenta los siguientes tiempos de servicio:
«[…]

Entidad empleadora Desde Hasta Días
Gobernación del Cesar 07/04/1977 31/12/2002 9264
Alcaldía de Valledupar 01/01/2003 30/06/2009 2340
Alcaldía de Valledupar 01/07/2009 12/04/2012 1002
Alcaldía de Valledupar 01/05/2012 30/06/2013 420
Total 13.027

[…] »

68. Realizó los siguientes aportes para la seguridad social27:

Entidad de pensiones Desde Hasta
Cajanal 07/04/1977 30/06/2009
Colpensiones 01/07/2009 31/01/2014

69.La alcaldía de Valledupar aceptó la renuncia de la demandada a partir del 31 de
enero de 201428.

70. Mediante Resolución GNR 347272 del 4 de noviembre de 2015, Colpensiones
le negó la petición de reliquidación de la pensión a la demandada y le solicitó su
autorización para revocar la resolución a través de la cual le había reconocido la
pensión de vejez29.

71. A través de la Resolución VPB 6983 del 11 de febrero de 2016 Colpensiones
resolvió de forma negativa el recurso de apelación interpuesto en contra de la GNR
347272 del 4 de noviembre de 2015 y, en consecuencia, negó la reliquidación de
una pensión de vejez solicitada por María Segunda De La Hoz de Morón30.

2.5. Caso concreto

72. En el presente asunto, Colpensiones solicitó la nulidad del acto mediante el cual
le reconoció a María Segunda De La Hoz de Morón una pensión de vejez al
considerar que no era la entidad competente para efectuar tal reconocimiento.

73. Por su parte, el a quo en sentencia de primera instancia determinó que la

27 Samai, índice 2, archivos «6ED_EXPEDIENTE_OneDrive_1_18620242z»,
«03AnexosDemanda.pdf» página 20.
28 Samai, índice 2, archivos «6ED_EXPEDIENTE_OneDrive_1_18620242z»,
«71AnexoRespuestaColpensiones» y « GRF-AAT-RP-2016_10426660_9-20160907070051.pdf»
29 Samai, índice 2, archivos «6ED_EXPEDIENTE_OneDrive_1_18620242z»,
«71AnexoRespuestaColpensiones» y « GRF-AAT-RP-2015_8335582-20151104095422.pdf»
30 Samai, índice 2, archivos «6ED_EXPEDIENTE_OneDrive_1_18620242z»,
«71AnexoRespuestaColpensiones» y «GRF-AAT-RP-2015_12143206-20160211095554.pdf»

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entidad competente era la Ugpp, por cuanto la demandada adquirió el estatus
pensional el 2 de septiembre de 2008, momento en el cual se encontraba afiliada a
Cajanal. Asimismo, determinó que la decisión sería efectiva a partir del
reconocimiento que realizara la Ugpp para no afectar el mínimo vital de la
pensionada.

74. La Ugpp solicitó que se revocara la decisión de primera instancia, por cuanto
consideró que el a quo debió aplicar al caso concreto la Ley 71 de 1988 y la regla
de competencia del artículo 10 del Decreto 2709 de 1994, en la que se establecía
que la entidad competente para efectuar el reconocimiento y pago de la pensión de
jubilación era la última entidad de previsión donde se efectuaron los aportes, por lo
que el reconocimiento le correspondía a Colpensiones, pues la demandada efectuó
ahí tales aportes desde el 1 de julio de 2009 hasta el 31 de enero de 2014.

75. En ese entendido el tribunal estableció de forma equivocada que a la
demandada, al ser beneficiaria del régimen de transición previsto en el artículo 36
de la Ley 100 de 1993, le era aplicable la Ley 33 de 1985, en consideración a que
había adquirido el estatus pensional el 2 de septiembre de 2008, cuando cumplió
55 años de edad.

76. Asimismo, Colpensiones solicitó la revocatoria de los «numerales segundo y
tercero» del fallo apelado, en consideración a que los efectos de la declaratoria de
nulidad del acto demandado debieron ser inmediatos y no condicionarlos a esperar
que la Ugpp hiciera el respetivo reconocimiento de la pensión de vejez de la
demandada. Además, solicitó que se accediera al restablecimiento del derecho,
toda vez que debían devolverse las sumas de lo pagado por concepto de la pensión
de vejez a la demandada, en consideración a que el pago de una prestación
generada sin el cumplimiento de los requisitos legales atentaba contra el principio
de estabilidad financiera del Sistema General de Pensiones.

77. En relación con el argumento de la Ugpp respecto del cual la ley aplicable a la
demandante era la Ley 71 de 1988 se precisa que, la mencionada ley, dispuso la
pensión de jubilación por aportes y permitía la suma de los tiempos de servicios
cotizados en el sector privado como en el público. Como requisitos para ser
beneficiario de esa prestación, el empleado debía acreditar 20 años de aportes
realizados en cualquier tiempo y acumulados en una o varias entidades de previsión
social, así como tener cumplidos 60 años, si era hombre.

78. Posteriormente, mediante el Decreto 2709 de 1994 se reglamentó el artículo 7
de la Ley 71 de 1988, el cual previó:

«Artículo 1°. Pensión de jubilación por aportes. La pensión a que se refiere el artículo 7°
de la Ley 71 de 1988, se denomina pensión de jubilación por aportes.

Tendrán derecho a la pensión de jubilación por aportes quienes al cumplir 60 años o más

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de edad si es varón, o 55 años o más si se es mujer, acrediten en cualquier tiempo, 20
años o más de cotizaciones o aportes continuos o discontinuos en el Instituto de Seguros
Sociales y en una o varias de las entidades de previsión social del sector público.»

79. De acuerdo con lo anterior, se creó un régimen pensional aplicable para quienes
hubiesen realizado aportes en el sector público como en el privado afiliados al
ISS pero para poder acceder a ese beneficio pensional debían cumplir con la
totalidad exigencias antes transcritas. En ese entendido no es posible aplicar este
régimen a la demandada pues aquella solo prestó sus servicios en el sector público.

80. Lo anterior, por cuanto del material probatorio allegado al expediente se pudo
determinar que prestó sus servicios así: i) a la gobernación del Cesar del 7 de abril
de 1977 al 31 de diciembre de 2002; y ii) a la alcaldía de Valledupar desde el 1 de
enero de 2003 hasta el 12 de abril de 2012, y del 1 de mayo de 2012 hasta el 30 de
junio de 2013.

81. Tampoco está en discusión que era beneficiaria del régimen de transición
previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, en tanto que, al 30 de junio de
1995, fecha en que entró en vigencia el sistema general de pensiones en el nivel
territorial31, contaba con más de 35 años de edad; y ii) tenía más de 15 años de
servicio.

82. En ese orden de ideas, es beneficiaria de la Ley 33 de 1985, la cual previó que
el empleado oficial que hubiese servido 20 años de servicio continuos o discontinuos
y llegara a la edad de 55 tanto hombres como mujeres, tendría derecho a una
pensión de jubilación.

83. Así las cosas, y comoquiera que la demandada al 7 de abril de 1997 contaba
con 20 años de servicios y tenía 55 años de edad el 2 de septiembre de 2008, se
evidencia que adquirió su estatus pensional esta última fecha.

84. Ahora bien, de conformidad con lo expuesto en el marco normativo y
jurisprudencial de esta providencia, mediante la Ley 1151 de 2007, entre otros: i) se
creó Colpensiones como administradora del régimen de prima media; ii) se creó la
Ugpp, entidad que dentro de sus funciones tendría el reconocimiento de derechos
pensionales «causados a cargo de administradoras del Régimen de Prima Media del
orden nacional, y de las entidades públicas del orden nacional que hayan tenido a su cargo
el reconocimiento de pensiones, respecto de las cuales se haya decretado o se decrete su
liquidación»; y iii) se ordenó al gobierno nacional proceder con las gestiones
tendientes a la liquidación de Cajanal, Caprecom y del ISS.

85. En línea con lo anterior y de acuerdo con las reglas de competencia
establecidas en los decretos 813 de 1994, 2527 de 2000 y 2196 de 2009 con

31 En consideración en que en esa fecha se encontraba vinculada en la Gobernación de La Guajira.

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ocasión del cambio de la entidad administradora del régimen de prima media 32, se
encuentra que la Ugpp era competente para resolver la solicitud pensional de los
afiliados a Cajanal que, antes del 1 de julio de 2009 se hallaran en los siguientes
supuestos: i) adquirieran el estatus pensional; ii) contaran con más de 20 años
de servicio cotizados en esa entidad y se hubiesen retirado del servicio a la espera
de la edad sin haberse afiliado al ISS o al régimen de ahorro individual. Asimismo,
a quienes, antes del 1° de abril de 1994: i) contaran con más de 20 años de servicio
con Cajanal y cumplieran la edad exigida antes del 1° de julio de 2009, sin importar
que se hubiesen afiliado al ISS; y ii) adquirieron el estatus, sin importar que se
hubiese afiliado al ISS con posterioridad.

86. Por lo anterior, la Sala advierte que como María Segunda De la Hoz de Morón
adquirió el estatus pensional el 2 de septiembre de 2008, es decir, antes del 1 de
julio de 2009, la Ugpp es la entidad llamada a reconocer y pagar la pensión de vejez
de aquella.

87. De otra parte, encuentra la Sala que le asiste razón al a quo al condicionar los
efectos de la declaratoria de nulidad del acto demandado a partir del momento en
que la Ugpp reconociera la pensión de vejez a María Segunda De la Hoz de Morón,
toda vez que el conflicto de competencia suscitado entre las dos entidades no puede
significarle la imposición de una carga administrativa que limite la posibilidad de
acceder a su derecho pensional y con ella la afectación de su mínimo vital. En
consideración a que la declaratoria de nulidad no es consecuencia de la falta de
aptitud legal de la beneficiaria de la prestación sino de la ausencia de competencia
del ente de previsión.

88. Ahora, frente a la solicitud de Colpensiones relativa a la devolución de los dineros
pagados por concepto del reconocimiento pensional, se destaca que el principio de
rango constitucional de la buena fe presupone obligaciones recíprocas relacionadas
con la confianza, seguridad y credibilidad; sin embargo, se ha considerado que este
no constituye un postulado absoluto, sino que tiene límites demarcados por
principios de igual o superior categoría constitucional, tales como la igualdad, la
prevalencia del interés general, el desarrollo de la función administrativa, la
legalidad, la moralidad, la eficacia, la economía, entre otros33.

89. En materia de lo contencioso-administrativo, el literal c) del numeral 1 del artículo
164 del CPACA al referirse a la oportunidad para presentar la demanda en contra
de actos que reconozcan o nieguen total o parcialmente prestaciones periódicas,
previó que podían ser demandados en cualquier tiempo y resaltó que «no habrá lugar
a recuperar las prestaciones pagadas a particulares de buena fe», postulado que tiene
como fin el de amparar a quienes hayan percibido prestaciones periódicas como
consecuencia de decisiones adoptadas de manera errónea por la administración.

32 Con ocasión de la supresión y liquidación del ISS, Cajanal y Caprecom.
33 Sentencia C-071 del 3 de febrero 2004. Magistrado ponente: Álvaro Tafur Galvis.

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90. De acuerdo con la norma, el poder público no puede defraudar la legítima
confianza que los ciudadanos esperan de su actuación, en razón a que la expresión
de la voluntad contenida en el acto de reconocimiento se fundamenta en criterios
sólidos «que indu(cen) racionalmente al administrado a confiar en la apariencia de
legalidad de una actuación administrativa concreta. No puede deducirse de manera
subjetiva o sicológicamente, suponiendo intenciones no objetivas»34, en otras palabras,
el beneficiario del derecho reconocido por la administración actúa con la convicción
de que el acto está sujeto a la legalidad; razón por la cual el ordenamiento
colombiano protege a quienes se benefician de prestaciones pagadas a particulares
de buena fe.

91. Estas consideraciones imponen la necesidad de demostrar que el beneficiario
de una prestación actuó en forma deshonesta al momento de reclamar el derecho,
es decir, la conducta de la cual se predique la mala fe debe i) ser previa a la
expedición del acto que reconoce el derecho; y ii) derivarse de un hecho concreto
en que el beneficiario haya actuado en forma deshonesta con el propósito de
acceder al derecho.

92. Respecto de la recuperación de los dineros pagados a los particulares de buena
fe, la Sección Segunda del Consejo de Estado en la sentencia del del 18 de marzo
de 202135, sostuvo:

«25. De acuerdo con lo anterior, el principio de la buena fe incorpora una presunción
legal, que admite prueba en contrario y por ello, le corresponde a quien lo echa de menos
probar que el peticionario actuó de mala fe. Por ello, en tratándose de un error de la
administración al concederse el derecho a quien no reunía los requisitos legales, no
puede permitir a la entidad alegar a su favor su propia culpa para tratar de recuperar un
dinero que fue recibido por una persona de buena fe».

93. En ese orden, para que proceda el reintegro de las prestaciones periódicas
reconocidas y pagadas, se hace necesario que la entidad pruebe que el pensionado
incurrió en conductas deshonestas o fraudulentas, en el trámite de la actuación
administrativa que, a la postre, conllevó al reconocimiento de la pensión.

94. En este contexto, vale la pena recordar que la Subsección A de la Sección
Segunda de esta Corporación, en anterior oportunidad al resolver una demanda de
lesividad, reflexionó que el obrar del particular mediante maniobras fraudulentas,
como la presentación de documentos que no gozan de veracidad, o que contienen
información que no revelan la realidad, indican una actuación temeraria e
intencional, cuya finalidad es obtener beneficios a los cuales no tendría derecho sin

34 Citado en Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 1° de septiembre

de 2014. Radicado 25000-23-25-000-2011-00609-02 (3130-2013), M.P. Gustavo Eduardo Gómez
Aranguren.
35 Consejo de Estado Sección Segunda. Subsección B. C.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez. Sentencia

de 18 de marzo de 2021. Radicación: 19001-23-33-000-2015-00204-01(5834-19).

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ellos, lo que conlleva a reprochar dicha conducta con la devolución de los dineros
recibidos como consecuencia del irregular reconocimiento de la prestación36.

95. Por ejemplo, la utilización de un documento fraudulento, falso o apócrifo dentro
de la actuación administrativa, y que ello desemboque en el reconocimiento de un
derecho pensional, permitiría desvirtuar la presunción de buena fe que gobierna los
actos del peticionario, haciendo viable así, la recuperación de los dineros pagados
de manera indebida.

96. De acuerdo con lo anterior y con el numeral 1 del artículo 164 del CPACA, en
todos los actos de los particulares y de las autoridades se presume la buena fe,
razón por la cual ha debido probarse que la obtención del derecho prestacional se
hizo con desconocimiento de los postulados de la buena fe.

97. Así las cosas, se concluye que el hecho de haber reclamado a Colpensiones su
derecho prestacional y este haberlo reconocido no implica un actuar contrario a la
ley dirigido a defraudar a la administración, pues se reitera, en el presente asunto
no se probó el actuar doloso o de mala fe por parte de la demandada para obtener
el pago de su pensión de vejez; por el contrario, el reconocimiento y la liquidación
efectuada se realizó sin la intervención del pensionado, y no puede considerarse
que al solicitársele su revocatoria y no acceder a ella, actuó de mala fe pues desde
la información contenida en el acto acusado que le reconoció la prestación,
consideró que tenía el derecho otorgado. Razón por la cual se confirmará la
negativa del restablecimiento del derecho invocado por Colpensiones.

2.6. Conclusión

98. Con fundamento en lo expuesto, la Sala encuentra que debe declarase la nulidad
del acto administrativo que reconoció la pensión de vejez de María Segunda De la
Hoz de Morón por falta de competencia de Colpensiones para realizar el aludido
reconocimiento, razón por la cual se confirmará lo decidido por el tribunal en la
sentencia de primera instancia.

2.7. Costas

99. La norma que prevé la condena en costas en la jurisdicción de lo contencioso-
administrativo es el artículo 188 del CPACA que dispuso:

36 Sentencia del 25 de abril de 2002, Sección Segunda, Subsección A, Exp. 1783-01, Magistrada

Ponente: Ana Margarita Olaya Forero. «Así mismo se confirmará la orden de reintegro de los dineros
que hubiera percibido el demandado por concepto de la pensión de jubilación, dada la mala fe con
que actuó en sede gubernativa, como quiera que de manera malintencionada presentó unas
certificaciones que no corresponde a la verdad, para dolosamente hacerse acreedor a una
prestación de la cual era consciente que no tenía derecho, los cuales quiso demostrar asaltando la
buena fe de la administración. Este hecho, por sí solo, demuestra el torcido proceder del actor; por
tal virtud, merece el condigno castigo de devolver las sumas que recibió sin tener derecho a ellas,
debidamente actualizadas, como bien lo ordenó el a quo. (Negrillas fuera de texto original)».

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«Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés
público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución
se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil.

En todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca
que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal».

100. Para la Sala, la palabra «disponer» a la que hace referencia la norma enunciada,
no presupone la causación de costas per se contra la parte que pierda el litigio y
solo, en caso de que haya lugar a su imposición, se acudirá a las normas generales
del procedimiento para su liquidación y ejecución.

101. Por ello, a diferencia de lo que acontece en otras jurisdicciones, corresponde al
juez de lo contencioso-administrativo elaborar un juicio de ponderación subjetiva
respecto de la conducta procesal asumida por las partes, previa imposición de la
medida, que limitan el arbitrio judicial o discrecionalidad, para dar paso a una
aplicación razonable de la norma37.

102. Esa ponderación se realiza teniendo en cuenta si existieron acciones
temerarias, dilatorias que obstruyan o dificulten el curso normal de las diferentes
etapas del procedimiento y de verificar que en el expediente aparezca probado si
se causaron dichas costas.

103. En el caso concreto, como no se evidenció que, la parte demandada actuara
con temeraria o mala fe, ni se advirtió conducta o circunstancia irregular en el
transcurso del trámite procesal, la Sala se abstendrá de condenar en esta instancia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

Primero. Confirmar la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Cesar
el 2 de mayo de 2024, que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda
presentada Colpensiones, contra María Segunda De la Hoz de Morón, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.

Segundo. Sin condena en costas en esta instancia.

Tercero. Notificar esta providencia en los términos del artículo 205 del CPACA.

37En el mismo sentido - Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Segunda, sentencia de 1 de diciembre de 2016, C.P. Carmelo Perdomo Cuéter., radicación 70001-
23-33-000-2013-00065-01 (1908-2014).

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

28

Radicado: 20001-23-33-000-2017-00220-01 (3468-2024)
Demandante: Administradora Colombiana de Pensiones

Cuarto. Devolver el expediente al tribunal de origen, previamente las anotaciones
en el aplicativo Samai.

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.

JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado Electrónicamente Firmado Electrónicamente
Aclaración de voto
Cfr. Rad. AV.05001-23-33-000-2020-
00472-01 (1251-2024)

JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la plataforma
del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
KBV

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

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