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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 47001-23-33-000-2020-00775-02

Fecha
3 de julio de 2026
Consejero ponente
Jorge Edison Portocarrero Banguera

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 47001-23-33-000-2020-00775-02

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA: 18 Número Interno: 1267-2026 Accionante: Colpensiones Accionada: Maritza Cecilia Castillo Olmos PRIMERO. CONFIRMAR integralmente la sentencia del Once (11) de Marzo de Dos Mil Veintiséis (2026), proferida por el Tribunal Administrativo del Magdalena, que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, conforme a lo expuesto en la parte motiva de esta sentencia. SEGUNDO. Sin condena en costas en esta instancia. TERCERO. Por Secretaría, devuélvase el expediente al Tribunal de origen. La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 47001-23-33-000-2020-00775-02

Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

3 de julio de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO - ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN B

Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

Bogotá D.C., Tres (3) de Julio de Dos Mil Veintiséis (2026)

Radicado: 47001-23-33-000-2020-00775-02 (1267-2026)1
Demandante: Administradora Colombiana de Pensiones
(Colpensiones)
Demandada: Maritza Cecilia Castillo Olmos
Vinculada: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional
y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social
– UGPP
Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho
Tema: Lesividad – pensión de vejez
Decisión: Sentencia de segunda instancia

La Sala decide los recursos de apelación interpuestos por la parte demandante y
vinculada, contra la sentencia del Once (11) de Marzo de Dos Mil Veintiséis (2026),
proferida por el Tribunal Administrativo del Magdalena, que accedió parcialmente a las
pretensiones de la demanda.

I. ANTECEDENTES

1.1. La demanda2

1.1.1. Pretensiones

1. La Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones), por intermedio de
apoderada judicial, acudió a la jurisdicción en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA, en lo sucesivo), con el fin de
obtener la nulidad de las Resoluciones No. 0011735 del Veintiséis (26) de septiembre de

1
Expediente electrónico.
2
Tribunal de origen, índice 68, archivo: 48MEMORIALRECIBI_LINKDELEXPEDIENTEDIG(.pdf); 003 Demanda.

2

Número Interno: 1267-2026
Accionante: Colpensiones
Accionada: Maritza Cecilia Castillo Olmos

Dos Mil Once (2011), mediante la cual se reconoció la pensión de vejez a favor de la
señora Maritza Cecilia Castillo Olmos; No. 00017244 del Veintitrés (23) de diciembre de
Dos Mil Once (2011), que modificó dicho reconocimiento; GNR 357409 del Dieciséis (16)
de diciembre de Dos Mil Trece (2013), por la que se dispuso estarse a lo resuelto en los
actos anteriores; y SUB 194912 del Veinticuatro (24) de julio de Dos Mil Diecinueve
(2019), que incorporó la prestación en nómina. Lo anterior, por considerar que, la entidad
competente para el reconocimiento de la pensión era la Unidad Administrativa Especial
de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social ( UGPP).

2. A título de restablecimiento del derecho, pidió: (i) el reintegro del valor económico que

resulte por concepto de las mesadas pensionales que fueron pagadas sin tener derecho;
(ii) el valor del retroactivo que haya recibido en virtud de dicho reconocimiento desde la
fecha del mismo y hasta que se conceda la revocatoria solicitada; (iii) las diferencias que
se hayan reconocido por concepto de retroactivo indebidamente; (iv) la indexación de las
sumas de dinero reconocidas a favor y el pago de intereses a los que hubiere lugar, como
consecuencia de los pagos realizados en virtud de la pensión reconocida a la
demandada; y (v) la condena en costas a la parte accionada.

1.1.2. Hechos

3. La Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones) manifestó que, mediante

la Resolución No. 0011735 del Veintiséis (26) de septiembre de Dos Mil Once (2011),
reconoció pensión de vejez a favor de la señora Maritza Cecilia Castillo Olmos, en cuantía
de Dos Millones Novecientos Noventa y Tres Mil Doscientos Setenta y Un pesos
($2.993.271) para el año Dos Mil Once (2011), liquidada con un ingreso base de
liquidación de Tres Millones Novecientos Noventa y Un Mil Veintiocho pesos ($3.991.028)
y una tasa de reemplazo del 75%, de conformidad con el Decreto 546 de 1971, dejando
en reserva el ingreso a nómina hasta tanto acreditara el retiro definitivo del servicio oficial.

4. Añadió que, mediante la Resolución No. 00017244 del Veintitrés (23) de diciembre de

Dos Mil Once (2011), modificó dicho acto con el fin de corregir la entidad ante la cual
debía acreditarse el retiro del servicio, indicando que correspondía a la Dirección
Seccional de Administración Judicial de Santa Marta.

5. Señaló que, mediante la Resolución GNR 357409 del Dieciséis (16) de diciembre de

3

Número Interno: 1267-2026
Accionante: Colpensiones
Accionada: Maritza Cecilia Castillo Olmos

Dos Mil Trece (2013), ordenó estarse a lo resuelto en las Resoluciones No. 0011735 del
Veintiséis (26) de septiembre de Dos Mil Once (2011) y No. 00017244 del Veintitrés (23)
de diciembre de Dos Mil Once (2011). Posteriormente, mediante la Resolución SUB
194912 del Veinticuatro (24) de julio de Dos Mil Diecinueve (2019), ingresó en nómina la
pensión de vejez reconocida, en cuantía de Cuatro Millones Setenta y Cinco Mil
Setecientos Setenta y Dos pesos ($4.075.772), efectiva a partir del Primero (1º) de julio
de Dos Mil Diecinueve (2019), liquidada con un ingreso base de liquidación de Cinco
Millones Cuatrocientos Treinta y Cuatro Mil Trescientos Sesenta y Tres pesos
($5.434.363) y una tasa de reemplazo del 75%, conforme al Decreto 546 de 1971.

6. Indicó que, mediante el Auto APSUB 2674 del Veintiséis (26) de julio de Dos Mil

Diecinueve (2019), solicitó a la señora Maritza Cecilia Castillo Olmos, autorización para
revocar las Resoluciones No. 0011735 del Veintiséis (26) de septiembre de Dos Mil Once
(2011), No. 00017244 del Veintitrés (23) de diciembre de Dos Mil Once (2011) y GNR
357409 del Dieciséis (16) de diciembre de Dos Mil Trece (2013), así como revocar
parcialmente la Resolución SUB 194912 del Veinticuatro (24) de julio de Dos Mil
Diecinueve (2019), por considerar que la entidad competente para reconocer la pensión
de vejez era la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social (UGPP).

7. Expuso que, al revisar nuevamente el expediente pensional de la señora Maritza Cecilia

Castillo Olmos, estableció que el régimen pensional aplicable era el previsto en el artículo
6 del Decreto 546 de 1971 para los funcionarios y empleados de la Rama Jurisdiccional
y del Ministerio Público.

8. Afirmó que, en aplicación de dicho régimen, la señora Maritza Cecilia Castillo Olmos

consolidó su derecho pensional el Siete (7) de septiembre de Dos Mil Cinco (2005), fecha
en la que se encontraba cotizando a Cajanal, hoy Unidad Administrativa Especial de
Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social ( UGPP).

9. Manifestó que, verificó en el aplicativo de consulta de afiliados que la señora Maritza

Cecilia Castillo Olmos, fue trasladada a Colpensiones con ocasión del traslado masivo
realizado por la liquidación de Cajanal y que, por tal razón, la entidad competente para
resolver la pensión de vejez era la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional
y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP, de conformidad con el

4

Número Interno: 1267-2026
Accionante: Colpensiones
Accionada: Maritza Cecilia Castillo Olmos

literal b) de las reglas de competencia previstas en la Circular 23 de Dos Mil Diecisiete
(2017).

10. Finalmente, indicó que, mediante la Resolución SUB 220510 del Diecinueve (19) de

octubre de Dos Mil Veinte (2020), remitió el expediente a la Dirección de Procesos
Judiciales para lo pertinente.

1.1.3. Concepto de violación

11. La parte actora invocó como norma vulnerada el artículo 36 de la Ley 100 de 1993.

12. Sostuvo que, los actos administrativos demandados vulneraron el artículo 36 de la Ley

100 de 1993, al reconocer y ordenar el pago de la pensión de vejez a favor de la señora
Maritza Cecilia Castillo Olmos, pese a que, conforme al régimen de transición, las reglas
del Régimen de Prima Media con Prestación Definida, el Decreto 2196 de 2009 y la
Circular Interna No. 23 de 2017, la competencia para resolver el reconocimiento
pensional correspondía a la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP, por cuanto la demandada
consolidó su estatus pensional el Siete (7) de septiembre de Dos Mil Cinco (2005),
cuando cotizaba a Cajanal y, posteriormente, fue trasladada a Colpensiones con ocasión
de la liquidación de esa entidad.

13. Expuso que, de conformidad con las reglas de competencia previstas en la Circular

Interna No. 23 de 2017, particularmente el literal b), la UGPP era la entidad competente
para resolver la solicitud pensional de la señora Maritza Cecilia Castillo Olmos, razón por
la cual las Resoluciones No. 0011735 del Veintiséis (26) de septiembre de Dos Mil Once
(2011), No. 00017244 del Veintitrés (23) de diciembre de Dos Mil Once (2011), GNR
357409 del Dieciséis (16) de diciembre de Dos Mil Trece (2013) y SUB 194912 del
Veinticuatro (24) de julio de Dos Mil Diecinueve (2019), no se encontraban ajustadas a
derecho y debían ser declaradas nulas.

1.2. Contestación de la demanda3

14. La Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales

3
Tribunal de origen, índice 68, archivo: 48MEMORIALRECIBI_LINKDELEXPEDIENTEDIG(.pdf); 017ContestacionUGPP.

5

Número Interno: 1267-2026
Accionante: Colpensiones
Accionada: Maritza Cecilia Castillo Olmos

de la Protección Social – UGPP se opuso a las pretensiones de la demanda. Sostuvo
que, si bien la señora Maritza Cecilia Castillo Olmos, estuvo afiliada a la Caja Nacional
de Previsión Social – Cajanal, con posterioridad se afilió y cotizó al Instituto de Seguros
Sociales, razón por la cual dicha entidad reconoció la pensión de vejez mediante la
Resolución No. 011735 del Veintiséis (26) de septiembre de Dos Mil Once (2011),
modificada por la Resolución No. 17244 de Dos Mil Once (2011), por lo que consideró
que la competencia para el reconocimiento pensional correspondía a Colpensiones y no
a la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales
de la Protección Social (UGPP).

15. Asimismo, afirmó que los actos administrativos demandados se ajustan a derecho,

toda vez que, la señora Maritza Cecilia Castillo Olmos, fue trasladada masivamente de
Cajanal al Instituto de Seguros Sociales en virtud del Decreto 2196 de 2009, continuó
cotizando al ISS, hoy Colpensiones, y se desvinculó del servicio en el año Dos Mil
Diecinueve (2019), afiliada a esa administradora, circunstancias por las cuales estimó
que Colpensiones era la entidad competente para efectuar el reconocimiento pensional.

16. Finalmente, propuso como excepciones las siguientes: «falta de competencia de la unidad

para efectuar el reconocimiento pensional»; «prescripción»; y «genérica e innominada».

1.3. Sentencia de primera instancia4

17. El Tribunal Administrativo del Magdalena accedió parcialmente a las pretensiones de

la demanda, declaró la nulidad de los actos administrativos mediante los cuales
Colpensiones reconoció e incorporó en nómina la pensión de vejez de la señora Maritza
Cecilia Castillo Olmos y ordenó a la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional
y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP) reconocer y pagar la
prestación en la misma cuantía. Asimismo, dispuso que Colpensiones continuara
efectuando el pago de las mesadas hasta que la Unidad asumiera la nómina, negó la
devolución de las sumas pagadas y se abstuvo de imponer condena en costas.

18. Como fundamento de su decisión, el Tribunal consideró que, la demandada consolidó

su estatus pensional el Siete (7) de septiembre de Dos Mil Cinco (2005), cuando se
encontraba afiliada a Cajanal, hoy UGPP, razón por la cual, conforme al artículo 3º del

4
Tribunal de origen, índice 97.

6

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Accionante: Colpensiones
Accionada: Maritza Cecilia Castillo Olmos

Decreto 2196 de 2009, la competencia para el reconocimiento de la prestación
correspondía a dicha entidad, sin que las cotizaciones efectuadas con posterioridad al
Instituto de Seguros Sociales —hoy Colpensiones— modificaran esa atribución. Agregó
que esta interpretación se encontraba respaldada por la Ley 1151 de 2007, el Decreto
575 de 2013 y la jurisprudencia del Consejo de Estado.

19. En cuanto a la pretensión de devolución de las mesadas pensionales, el Tribunal

concluyó que no se desvirtuó la presunción constitucional de buena fe de la demandada,
toda vez que, esta únicamente solicitó el reconocimiento de la prestación a la que
estimaba tener derecho y fue Colpensiones quien la reconoció. En consecuencia, negó
dicha pretensión y ordenó que la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP) asumiera el reconocimiento
y pago de la pensión, garantizando la continuidad en el pago de las mesadas mientras
se producía el traslado de la nómina.

1.4. Recursos de apelación

1.4.1. La Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones) 5

20. La parte demandante interpuso recurso de apelación al considerar que, el Tribunal

valoró de manera errónea el principio de buena fe de la demandada, pues, omitió apreciar
que, con ocasión del Auto APSUB 2674 del veintiséis (26) de julio de Dos Mil Diecinueve
(2019), esta tuvo conocimiento de la posible ilegalidad del reconocimiento pensional y,
aun así, continuó percibiendo las mesadas, circunstancia que, en su criterio, desvirtúa la
presunción prevista en el artículo 83 de la Constitución. Asimismo, sostuvo que, la
providencia desconoció los principios de legalidad del gasto público, sostenibilidad
financiera del sistema pensional, defensa del patrimonio público y prohibición del
enriquecimiento sin causa, al no ordenar la devolución de las sumas pagadas por
Colpensiones o, subsidiariamente, el reintegro de estas por parte de la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social (UGPP), pese a que los actos administrativos fueron anulados por falta
de competencia y la obligación prestacional correspondía a dicha entidad.

1.4.2 La Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones

5
Tribunal de origen, índice 100.

7

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Accionante: Colpensiones
Accionada: Maritza Cecilia Castillo Olmos

Parafiscales de la Protección Social (UGPP)6

21. La parte vinculada interpuso recurso de apelación al considerar que, el Tribunal

interpretó de manera equivocada el marco normativo aplicable a la liquidación de Cajanal
y al traslado de sus afiliados al Instituto de Seguros Sociales (ISS). Sostuvo que, si bien
la demandante consolidó su estatus pensional antes del Primero (1º) de julio de Dos Mil
Nueve (2009) y estuvo afiliada a Cajanal, también realizó cotizaciones al Instituto de
Seguros Sociales —hoy Colpensiones— durante más de Diez (10) años hasta su retiro
del servicio, circunstancia que, conforme al artículo 6 del Decreto 813 de 1994, el Decreto
2527 de 2000, el Decreto 2196 de 2009 y la jurisprudencia del Consejo de Estado,
habilitaba a Colpensiones para reconocer y pagar la prestación, correspondiendo a la
UGPP únicamente concurrir con el traslado de aportes o la expedición del bono
pensional. En consecuencia, afirma que, los actos administrativos demandados se
ajustan a derecho y solicita revocar la sentencia para que se declare que Colpensiones
era la entidad competente para reconocer la pensión de vejez de la señora Maritza Cecilia
Castillo Olmos y, por ende, se nieguen las pretensiones de la demanda.

1.5 Trámite de segunda instancia

22. Por medio de auto del Primero (1º) de Junio de Dos Mil Veintiséis (2026)7, el consejero

ponente admitió los recursos de apelación interpuestos por la parte demandante y vinculada
de conformidad con lo previsto en el artículo 247 del CPACA y, al no existir pruebas que
decretar en segunda instancia, el proceso ingresó al Despacho para fallo.

23. Las partes guardaron silencio durante el trámite de segunda instancia. Por su parte,

el Ministerio Público no emitió concepto.

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

24. La Sala de Subsección es competente para conocer y decidir en segunda instancia

este proceso, de conformidad con lo establecido en los artículos 125, 150, 243 y 247 del

6
Tribunal de origen, índice 101.
7
Samai, índice 4.

8

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Accionada: Maritza Cecilia Castillo Olmos

CPACA y 328 del Código General del Proceso (CGP).

2.2 Problema jurídico

25. Corresponde a la Sala, establecer lo siguiente:

25.1. ¿La Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones), es la entidad

competente para reconocer la pensión de vejez de la señora Maritza Cecilia Castillo
Olmos, pese a que consolidó el estatus pensional antes del Primero (1º) de julio de
Dos Mil Nueve (2009), cuando se encontraba afiliada a la extinta Caja Nacional de
Previsión Social (Cajanal), pero continuó cotizando al Instituto de Seguros Sociales,
hoy (Colpensiones), hasta su retiro del servicio?

25.2. ¿La negativa del Tribunal de ordenar la devolución de las mesadas pensionales

pagadas por Colpensiones, pese a que la demandada conocía la posible falta de
competencia de dicha entidad para reconocer la prestación, compromete la
sostenibilidad financiera del sistema de seguridad social en pensiones?

2.3. Marco normativo y jurisprudencial

26. La Ley 100 de 1993, el Decreto 813 de 1994 8, el Decreto 2527 de 2000 9, la Ley 1151

de 200710, el Decreto 4269 de 201111 y el Decreto 575 de 201312, entre otros, integran un
conjunto de normas, que han definido las competencias entre Caja Nacional de Previsión
Social - CAJANAL EIEC y la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP; de igual forma, regulan lo
relativo a los reconocimientos pensionales de sus afiliados y la administración de los
recursos del régimen de prima media, provenientes de entidades públicas y, que no
quedaron incluidos en el Sistema General de Pensiones, administrado inicialmente por el
Instituto de Seguros Sociales - ISS, y luego por la Administradora Colombiana de
Pensiones - Colpensiones.

8
“Por el cual se reglamenta el artículo 36 de la Ley 100 de 1993”.
9
“Por medio del cual se reglamentan los artículos 36 y 52 de la Ley 100 de 1993, parcialmente el artículo17 de la Ley 549 de 1999 y
se dictan otras disposiciones”.
10
«Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010».
11
«por el cual se distribuyen unas competencias».
12
«por el cual se modifica la estructura de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de
la Protección Social (UGPP) y se determinan las funciones de sus dependencias».

9

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Accionada: Maritza Cecilia Castillo Olmos

27. Luego de las variaciones normativas, periodos de traslado, cambios de competencia

y demás determinaciones administrativas, tomadas en las distintas disposiciones que
reorganizaron el sector de seguridad social en pensiones, se puede establecer que, de
conformidad con las reglas fijadas por los artículos 6º del Decreto 813 de 1994, 1º del
Decreto 2527 de 2000 y, 3º y 4º del Decreto 2196 de 2009, la Unidad Administrativa
Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección
Social – UGPP, es competente para el reconocimiento pensional, en los siguientes
eventos:

I) Cuando el afiliado cumplió el estatus jurídico de pensionado, antes del 1º de
julio de 2009, fecha en que se efectuó el traslado dispuesto en el artículo 4º del
Decreto 2196 de 2009 (se entiende que debía estar afiliado a CAJANAL al
momento de adquirir el estatus).
II) Cuando el afiliado, cumplió los 20 años de servicio cotizados a CAJANAL, sin
tener la edad, antes del 1º de julio de 2009 y se retiró de esta, a la espera de
la edad y sin haberse afiliado al ISS o al régimen de ahorro individual.
III) Cuando el afiliado cotizante, cumplió los 20 años de servicios con CAJANAL al
1º de abril de 1994, pero no tenía para esa fecha, el requisito de edad y este
último lo reunió antes del 1º de julio de 2009, sin importar que se haya afiliado
al ISS, en cualquier momento.
IV) Cuando el afiliado cumplió en su totalidad con el estatus jurídico de
pensionado, antes del 1º de abril de 1994 en CAJANAL, así se haya trasladado
con posterioridad al ISS

28. En aplicación de las reglas invocadas con anterioridad, se puede determinar que, la

Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones, es competente para el
reconocimiento pensional, cuando:

I) El afiliado completó 20 años de servicios cotizados con CAJANAL, pero
cumplió el requisito de la edad con posterioridad al 30 de junio de 2009,
cotizando al ISS.
II) El afiliado reunió el tiempo de servicios con CAJANAL, pero no tenía la edad,
y estando afiliado a dicha entidad, se trasladó al ISS, antes del 30 de junio de
2009, es decir, previo del traslado masivo al ISS, producto de la liquidación de
CAJANAL.

10

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Accionada: Maritza Cecilia Castillo Olmos

III) El afiliado cumplió con 20 años de servicios cotizados a CAJANAL, pero a la
entrada en vigor del sistema general de pensiones (1º de abril de 1994) no
tenía la edad, y cumplió el requisito, adquiriendo el estatus jurídico de
pensionado, después del 30 de junio de 2009.

IV) El afiliado cumplió 20 años de servicios cotizados a CAJANAL, sin cumplir el
requisito de edad, antes del 1º de abril de 1994, y se retiró de esta, antes del
1º de julio de 2009, por traslado voluntario al ISS, cumpliendo la edad estando
afiliado a este instituto, es decir, luego del 30 de junio de 2009.
V) Cuando el servidor público, en cualquier momento, se trasladó voluntariamente
al ISS y cumplió el estatus jurídico de pensionado, cotizando con dicha entidad.

2.4 Pruebas recaudadas

29. De las pruebas recaudadas en el trámite del proceso, se destacan las siguientes:

• Copia de la cédula de ciudadanía de la señora Maritza Cecilia Castillo Olmos, que
da cuenta que nació el Siete (7) de septiembre de Mil Novecientos Cincuenta y
Cinco (1955)13.
• Certificado de tiempo de sueldos y otros conceptos por parte del tesorero de la
Dirección Seccional de Administración Judicial de Santa Marta el Veintidós (22) de
junio de Dos Mil Once (2011), en el que se señala que: «Se le hicieron los descuentos
de Ley 100 Pensión Cajanal y a partir del 01 de julio de 2009, fue trasladada al I.S.S mediante
Decreto 2196 de 12 de junio de 2009»14.

• Resolución 0011735 del Veintiséis (26) de Septiembre de Dos Mil Once (2011),
expedida por el Instituto de Seguros Sociales, en la cual, reconoció la pensión de
vejez a la demandada15.
• Resolución 00017244 del Veintitrés (23) de diciembre de Dos Mil Once (2011),
mediante la cual, la Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones
modificó el reconocimiento pensional a la accionada16.
• Resolución 357409 del Dieciséis (16) de diciembre de Dos Mil Trece (2013), que

13
Tribunal de origen, índice 68, archivo: 48MEMORIALRECIBI_LINKDELEXPEDIENTEDIG(.pdf); 003 Demanda, carpetas
005AnexosDemanda, CC-36538090.zip, documento: CC-36538090GEN-DID-SS-20136800335924-20130803062556.
14
Tribunal de origen, índice 68, archivo: 48MEMORIALRECIBI_LINKDELEXPEDIENTEDIG(.pdf); 003 Demanda, carpetas
005AnexosDemanda, CC-36538090.zip, documento: CC-36538090GEN-REQ-IN-2019_6981917-20190606121122
15
Tribunal de origen, índice 68, archivo: 48MEMORIALRECIBI_LINKDELEXPEDIENTEDIG(.pdf); 003 Demanda, carpetas
005AnexosDemanda, CC-36538090.zip, documento: CC-36538090GEN-REQ-IN-2019_10017446_9-20201120073739
16
Tribunal de origen, índice 68, archivo: 48MEMORIALRECIBI_LINKDELEXPEDIENTEDIG(.pdf); 003 Demanda, carpetas
005AnexosDemanda, CC-36538090.zip, documento: CC-36538090GRF-AAT-PJ-2019_9934671-20190816032708

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Número Interno: 1267-2026
Accionante: Colpensiones
Accionada: Maritza Cecilia Castillo Olmos

dispuso estarse a lo resuelto en las anteriores resoluciones 17.
• Resolución SUB 194912 del Veinticuatro (24) de julio de Dos Mil Diecinueve
(2019), que incorporó la prestación en nómina 18.
• Reporte de semanas cotizadas en pensiones desde enero de Mil Novecientos
Sesenta y Siete (1967) a noviembre de Dos Mil Veinte (2020) por parte de
Colpensiones19.

2.5 Caso concreto.

30. En el presente asunto, la Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones)

pretende la declaratoria de nulidad de las resoluciones mediante las cuales reconoció la
pensión de vejez a favor de la señora Maritza Cecilia Castillo Olmos, a quien incorporó a
nómina de pensionados, al considerar que, carecía de competencia para efectuar dicho
reconocimiento, pues, este le correspondía a la Unidad Administrativa Especial de
Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP).

31. Considera la entidad demandante que la señora Maritza Cecilia Castillo Olmos,

consolidó su estatus pensional el Siete (7) de septiembre de Dos Mil Cinco (2005),
cuando se encontraba afiliada a Cajanal, hoy Unidad Administrativa Especial de Gestión
Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP), razón por la
cual, de conformidad con el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, el Decreto 2196 de 2009
y la Circular Interna 23 de 2017, la competencia para reconocer la pensión correspondía
a la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales
de la Protección Social (UGPP) y no a Colpensiones, entidad a la que fue trasladada
únicamente con ocasión de la liquidación de Cajanal.

32. En la sentencia de primera instancia, el Tribunal Administrativo del Magdalena accedió

parcialmente a las pretensiones de la demanda, al concluir que, la competencia para
reconocer la pensión correspondía a la Unidad Administrativa Especial de Gestión
Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP), por cuanto, la
demandada consolidó el estatus pensional antes del Primero (1º) de julio de Dos Mil

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Tribunal de origen, índice 68, archivo: 48MEMORIALRECIBI_LINKDELEXPEDIENTEDIG(.pdf); 003 Demanda, carpetas
005AnexosDemanda, CC-36538090.zip, documento: CC-36538090GEN-REQ-IN-2019_10017446_9-20201120073740
18
Tribunal de origen, índice 68, archivo: 48MEMORIALRECIBI_LINKDELEXPEDIENTEDIG(.pdf); 003 Demanda, carpetas
005AnexosDemanda, CC-36538090.zip, documento GEN-DOA-DA-2019_12103781-20190909105739.
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Tribunal de origen, índice 68, archivo: 48MEMORIALRECIBI_LINKDELEXPEDIENTEDIG(.pdf); 003 Demanda, carpeta
004ExpedienteAdministrativo.zip, documento: HistoriaLaboralGenerada_20201126_100102.

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Nueve (2009), cuando aún se encontraba afiliada a Cajanal. En consecuencia, declaró la
nulidad de los actos administrativos expedidos por Colpensiones, ordenó a la Unidad
Administrativa Especial de la referencia, reconocer y pagar la prestación en la misma
cuantía, dispuso que Colpensiones continuara efectuando el pago de las mesadas hasta
el ingreso efectivo a nómina por parte de la Unidad, y negó la devolución de las sumas
pagadas al considerar que la pensionada actuó de buena fe.

33. La inconformidad de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y

Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – (UGPP) consiste en que, a su juicio,
el Tribunal interpretó equivocadamente las reglas de competencia derivadas de la
liquidación de Cajanal, pues, aunque la demandada consolidó el estatus pensional antes
del Primero (1º) de julio de Dos Mil Nueve (2009), continuó cotizando al Instituto de
Seguros Sociales —hoy Colpensiones— durante más de diez (10) años hasta su retiro
del servicio, circunstancia que, conforme al Decreto 813 de 1994, el Decreto 2527 de
2000, el Decreto 2196 de 2009 y la jurisprudencia del Consejo de Estado, atribuía a
Colpensiones la competencia para reconocer y pagar la pensión, correspondiéndole a la
Unidad únicamente concurrir con el traslado de aportes o la expedición del bono
pensional.

34. Por su parte, Colpensiones, en el recurso de alzada, sostuvo que el Tribunal valoró

erróneamente la buena fe de la demandada, pues, según adujo, esta conocía, desde el
trámite de revocatoria directa iniciada mediante Auto APSUB 2674 de 2019, la posible
falta de competencia de Colpensiones para reconocer la prestación y, aun así, continuó
percibiendo las mesadas. En consecuencia, sostiene que, debió ordenarse la devolución
de las sumas pagadas o, subsidiariamente, el reintegro de estas por parte de la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social (UGPP), en atención a los principios de legalidad del gasto público,
sostenibilidad financiera del sistema pensional y protección del patrimonio público.

35. A efectos de resolver el argumento de apelación de la Unidad Administrativa Especial

de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP), lo
primero que debe establecer la Sala, es que, tal como lo reflejan los actos administrativos
enjuiciados y las pruebas documentales que reposan en el plenario, la señora Maritza
Cecilia Castillo Olmos, es beneficiaria del régimen de transición contenido en el artículo
36 de la Ley 100 de 1993, comoquiera que, a la entrada en vigencia del Sistema General

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de Pensiones, esto es, al Primero (1º) de abril de Mil Novecientos Noventa y Cuatro
(1994) 20, tenía más de 35 años de edad, en atención a que, de acuerdo con la cédula de
ciudadanía, nació el Siete (7) de septiembre de Mil Novecientos Cincuenta y Cinco
(1955).

36. De acuerdo con la Resolución 0011735 del Veintiséis (26) de Septiembre de Dos Mil

Once (2011), expedida por el Instituto de Seguros Sociales, en la cual reconoce y ordena
el pago de una pensión mensual vitalicia de vejez a la demandada, los servicios prestados
correspondían a los siguientes:

37. Vistas así las cosas, al prestar los servicios en la Rama Judicial del Poder Público, a

la demandada le es aplicable el régimen pensional previsto en el Decreto 546 de 1971,
tal como lo establecieron los actos administrativos demandados, norma que estipula lo
siguiente:

«Los funcionarios y empleados a que se refiere este decreto, tendrán derecho, al llegar a los 55 años
de edad, si son hombres, y de 50, si son mujeres, y cumplir 20 años de servicio continuos o
discontinuos, anteriores o posteriores a la vigencia de este decreto, de los cuales por lo menos 10 lo
hayan sido exclusivamente a la Rama Jurisdiccional o al Ministerio Público o a ambas actividades, a
una pensión ordinaria vitalicia de jubilación equivalente al 75% de la asignación mensual más elevada
que hubiere devengado en el último año de servicio en las actividades citadas. Esta norma constituye
un régimen especial.»

38. A partir del marco normativo que rige el derecho pensional de la demandada, para la

Sala es claro que, el estatus pensional fue adquirido cuando cumplió Cincuenta (50) años
de edad, esto es, el Siete (7) de septiembre de Dos Mil Cinco (2005), momento para el
cual, superaba los Veinte (20) años de servicio.

20
Por prestar sus servicios en entidades del orden nacional.

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39. En este orden de ideas, no le asiste razón a la Unidad Administrativa Especial de

Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP), al
afirmar que, si bien la demandante adquirió su estatus pensional antes del Primero (1º)
de julio de Dos Mil Nueve (2009) y estuvo afiliada a Cajanal, también realizó cotizaciones
al Instituto de Seguros Sociales —hoy Colpensiones— durante más de Diez (10) años
hasta su retiro del servicio, por lo que, Colpensiones es la entidad competente para
reconocer y pagar la prestación, correspondiéndole a la Unidad únicamente concurrir con
el traslado de aportes o la expedición del bono pensional.

40. Esta Sala ha señalado que, «de acuerdo con las reglas de competencia establecidas en los
decretos 813 de 1994, 2527 de 2000 y 2196 de 2009, el reconocimiento pensional aquí debatido,
correspondía a la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de
la Protección Social – UGPP, en tanto y en cuanto, el estatus pensional fue adquirido con anterioridad al
Primero (1) de julio de Dos Mil Nueve (2009), como bien lo sentenció el A quo, y, por lo tanto, es la entidad
legitimada materialmente, para el reconocimiento deprecado, con prescindencia que, la demandante haya
seguido efectuando aportes, con posterioridad a la fecha referenciada, pues, tal circunstancia no es
presupuesto de las reglas que distribuyen las competencias entre la apelante y la Administradora
Colombiana de Pensiones – Colpensiones»21.

41. Este criterio ha sido reiterado por la Sala, al precisar que, «conforme lo expresado en el
Decreto 2196 de 2009, en virtud de la liquidación de CAJANAL y la orden de traslado masivo de sus
afiliados al ISS, la UGPP es competente para atender las solicitudes de reconocimiento pensional, de las
personas que hayan cumplido los requisitos para pensionarse antes del 1 de julio de 2009, mientras que el
ISS, hoy COLPENSIONES es competente para resolver las solicitudes de personas que adquieran el
estatus de pensionado con posterioridad a esa fecha»22. En consecuencia, la jurisprudencia de
esta Subsección ha sido consistente en señalar que, cuando el estatus pensional se
consolidó antes del Primero (1º) de julio de Dos Mil Nueve (2009) estando el afiliado
vinculado a Cajanal, la entidad llamada a reconocer y pagar la prestación es la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social (UGPP)23.

42. Los anteriores precedentes resultan plenamente aplicables al presente asunto,
comoquiera que, la demandada adquirió el estatus pensional el Siete (7) de septiembre
de Dos Mil Cinco (2005), antes del Primero (1º) de julio de Dos Mil Nueve (2009), cuando

21
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Subsección B. Sentencia del 9 de abril de 2026,
expediente: 130012333000201701165 (3425-2025), Consejero Ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera.
22
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Subsección B. Sentencia del 19 de febrero de 2026,
expediente: 19001-23-33-000-2019-00060-01(6841-2024) Consejero Ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera.
23
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Subsección B. Sentencia del 18 de septiembre de
2025, expediente: 20001-23-33-000-2017-00220-01 (3468-2024) Consejero Ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar.

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aún se encontraba afiliada a Cajanal, supuesto fáctico que coincide con el resuelto en las
providencias citadas.

43. En tales condiciones, considera la Sala que, la Unidad Administrativa Especial de

Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social ( UGPP), es la
entidad competente para decidir sobre el reconocimiento pensional pretendido, por
cuanto, el derecho se consolidó antes del Primero (1º) de julio de Dos Mil Nueve (2009),
circunstancia que, resulta suficiente para definir la competencia conforme a las reglas de
distribución previstas en los decretos 813 de 1994, 2527 de 2000 y 2196 de 2009, sin
que las cotizaciones efectuadas con posterioridad a esa fecha tengan la aptitud jurídica
de modificar la autoridad llamada a resolver la solicitud pensional, aunado a que, de
acuerdo con el marco normativo que rige la materia, las competencias fueron plenamente
definidas, justamente para imprimirle orden y efectividad al sistema pensional.

44. Ahora bien, frente a los reparos formulados por Colpensiones, con relación a la

negativa del Tribunal de ordenar la devolución de las mesadas pensionales pagadas,
pese a que la demandada conocía la posible falta de competencia de dicha entidad para
reconocer la prestación, y su incidencia en la sostenibilidad financiera del sistema de
seguridad social en pensiones, la Sala considera que, en el sub lite, no está demostrada
la mala fe como presupuesto para definir la devolución de las mesadas percibidas por la
pensionada, ello porque el debate planteado por la recurrente versa sobre una
controversia competencial entre entidades públicas y no sobre la inexistencia del derecho
pensional reconocido a la demandada, el cual estuvo amparado en un acto válidamente
expedido por la administración, cuya presunción de legalidad no había sido controvertida,
y sin que las dudas frente a la competencia para el reconocimiento pensional le resulten
atribuibles.

45. La Sala precisa que, al tenor del artículo 83 de la Constitución Política 24, la buena fe

se presume en todas las gestiones que los particulares adelanten ante las autoridades.
Asimismo, el literal c) del numeral 1° del artículo 164 del CPACA preceptúa lo siguiente:
«[…] Los actos que reconozcan o nieguen total o parcialmente prestaciones periódicas» podrán
demandarse en cualquier tiempo, «Sin embargo, no habrá lugar a recuperar las prestaciones pagadas
a particulares de buena fe» [la Sala destaca].

24
«Las actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas deberán ceñirse a los postulados de la buena fe, la cual se
presumirá en todas las gestiones que aquellos adelanten ante éstas».

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46. Con base en lo anterior, para que resulte procedente el reintegro de los valores,

recibidos por quienes resultan beneficiarios de una prestación social, sin tener derecho a
ella o en un monto mayor al que correspondía, en el proceso deberá estar acreditada
la mala fe con que actuaron, para obtener el beneficio otorgado, pues, la presunción de
buena fe a favor de los particulares, traslada la carga de la prueba a la administración,
debiendo acreditar el actuar fraudulento, desleal, temerario o doloso, o, de algún modo,
que se indujo en error a la entidad, para obtener el beneficio 25.

47. En criterio de la entidad recurrente, la demandada conocía la posible falta de
competencia de dicha entidad para reconocer la prestación, circunstancia que estructura
la mala fe. No obstante, lo que ha exigido la jurisprudencia es la prueba del actuar
fraudulento del beneficiario de la prestación al momento del reconocimiento de
aquella, supuesto de hecho que, no se evidenció en este proceso.

48. En las circunstancias probadas en este asunto, Colpensiones le reconoció la
prestación económica a la demandada, sin verificar su competencia para tal fin, de tal
suerte que, las consecuencias de tal omisión, no pueden trasladarse a la pensionada,
toda vez que, su actuar estuvo amparado en la legalidad, por cuanto, en este proceso,
no se debate el derecho pensional que le asiste a la señora Castillo Olmos, sino la
competencia para su reconocimiento, por lo que, no es posible ordenar la devolución o
reintegro que pretende la entidad demandante.

49. En cuanto a la afectación a la sostenibilidad financiera del Sistema de Seguridad

Social en pensiones, esta Sala, en un proceso de contornos fácticos similares precisó
que, «no se discute en este proceso la ausencia del derecho pensional, el cual quedó debidamente
acreditado, sino la entidad que tiene asignada la competencia para dicho reconocimiento y en
consecuencia, no se encuentra la aludida afectación, pues, con prescindencia de la entidad que haya
debido asumirlo, lo cierto es que, la señora Orduz Vélez, es titular del derecho pensional, motivo por el
cual, tampoco es de recibo este argumento, para la devolución pretendida».26

25
«[…] la buena fe se presume en la actuación de los particulares ante las autoridades, por tanto, debe desvirtuarse por quien así la
alega. Es así que es de competencia de quien la invoca, en este caso de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social, acreditar que el demandado, no obró con lealtad, rectitud y honestidad, sino que
por el contrario acudió a maniobras engañosas o documentos falsos, para inducir en error a la administración y a las autoridades
judiciales, con el fin de obtener el reconocimiento prestacional». Expediente: 54001-23-33-000-2013-00047-01 (258-2017), actora:
UGPP, demandada: Martha Rondón Duarte, C. P. César Palomino Cortés. Véase también sentencia de 7 de septiembre de 2018,
expediente: 25000-23-42-000-2014-03257-01 (4792-2017), C. P. César Palomino Cortés. Esta postura fue reiterada por la Sala en la
sentencia de referencia: Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Subsección B. Sentencia del
24 de mayo de 2024. Consejero Ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera. Expediente: 54001-23-33-000-2018-00054-01 (4949-
2022).
26
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Subsección B. Sentencia del 9 de abril de 2026,
expediente: 130012333000201701165 (3425-2025), Consejero Ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera.

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50. Por consiguiente, el argumento sustentado en la presunta afectación de la
sostenibilidad financiera del sistema carece de vocación de prosperidad, dado que, el
derecho pensional de la demandada no es objeto de controversia y únicamente se debate
la entidad legalmente obligada a reconocerlo y asumir su pago, aspecto que no incide en
la existencia del derecho ni habilita la devolución de los recursos reclamados.

51. Siendo así las cosas, la Sala concluye que, al no prosperar los recursos de apelación

de las entidades demandante y vinculada, confirmará la sentencia apelada, tal como será
dispuesto ut infra.

2.6 Conclusión

52. La Sala concluye que, no les asiste razón a la Unidad Administrativa Especial de

Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP) ni a la
Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones) en los argumentos expuestos
en sus recursos de apelación, toda vez que, la competencia para el reconocimiento de la
pensión de vejez correspondía a la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional
y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP), por haberse consolidado
el estatus pensional con anterioridad al Primero (1º) de julio de Dos Mil Nueve (2009), y
no se desvirtuó la presunción de buena fe de la demandada que permitiera ordenar la
devolución de las mesadas percibidas. En consecuencia, se confirmará la sentencia de
primera instancia.

2.7 Condena en costas

53. Revisada la conducta de la parte vencida en el proceso, no evidencia la Sala

temeridad o mala fe, sino, simplemente la defensa de sus intereses, es decir, no se
cumplen los presupuestos exigidos en el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011, razón por
la cual, no se impondrá condena en costas.

En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la ley,
FALLA:

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PRIMERO. CONFIRMAR integralmente la sentencia del Once (11) de Marzo de Dos Mil
Veintiséis (2026), proferida por el Tribunal Administrativo del Magdalena, que accedió
parcialmente a las pretensiones de la demanda del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, conforme a lo expuesto en la parte motiva de esta
sentencia.

SEGUNDO. Sin condena en costas en esta instancia.

TERCERO. Por Secretaría, devuélvase el expediente al Tribunal de origen.

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
ELIZABETH BECERRA CORNEJO JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Con aclaración de voto
Constancia: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de Estado
denominada Samai. En consecuencia, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

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