Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-000-2021-00138-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-000-2021-00138-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 76001-23-33-000-2021-00138-01
Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera
7 de noviembre de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN B
Consejero Ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera.
Bogotá, D. C., siete (7) de noviembre de dos mil veinticinco (2025).
Radicado : 76001-23-33-000-2021-00138-01 (2496-2025)1.
Demandante : Administradora Colombiana de Pensiones
(Colpensiones).
Demandado : Héctor Gutiérrez Rodríguez.
: Nulidad y restablecimiento del derecho.
Tema : Acción de lesividad – Reliquidación pensión de vejez -
reintegro sumas pagadas de más.
Decisión : Sentencia de segunda instancia.
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la apoderada de la entidad
demandante contra la sentencia del Veintiséis (26) de Junio de Dos Mil Veinticinco (2025),
proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca2, que accedió parcialmente a
las pretensiones de la demanda.
I. ANTECEDENTES
1.1. La demanda3.
1.1.2. Pretensiones.
La Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones -, mediante apoderado
judicial, acudió a la jurisdicción de lo contencioso administrativo, en ejercicio del medio
de control previsto en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo (CPACA), para solicitar la nulidad de la Resolución SUB
81615 del Veintisiete (27) de marzo de Dos Mil Veinte (2020), por medio de la cual,
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Expediente digital.
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Sala integrada por los magistrados: Oscar Alonso Valero Nisimblat, Patricia Feuillet Palomares y Luz Elena Sierra Valencia. El
consejero de Estado sustanciador del proceso aclara que, en anteriores ocasiones, y conforme a la causal contenida en el artículo
141.9 del CGP, ha manifestado su impedimento para conocer en segunda instancia asuntos tramitados por el Tribunal Administrativo
del Valle del Cauca en cuya decisión haya participado el Dr. Óscar Valero Nisimblat, con quien me une una amistad íntima. No
obstante, en virtud de los principios de celeridad y economía procesal, en esta ocasión no efectuará dicha declaración, toda vez que
la Sala de Subsección, con auto de 18 de septiembre de 2024, declaró infundado un impedimento basado en la misma causa, dentro
del expediente 76001-23-33-000-2014-01033-01 (0264-2023).
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Expediente digital digital de primera instancia – índice 00041 – carpeta ZIP 37_ED_001EXPEDIENTE – carpeta 001-EXPEDIENTE
– archivo PDF DEMANDA-CC_3015868_Hector_Gutierrez_Demanda.
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Numero interno: 2496-2025
Demandante: Colpensiones
Demandada: Héctor Gutiérrez Rodríguez
Colpensiones reconoció al demandado una pensión de vejez, en cuantía superior a la
que procedía.
Como consecuencia de la anterior declaración, a título de restablecimiento del
derecho, solicitó que se ordene al accionado, señor Héctor Gutiérrez Rodríguez,
reintegrar a favor de Colpensiones, las sumas recibidas por concepto de las diferencias
entre la mesada pagada y la que legalmente corresponde, más aquellas que se continúan
causando, con ocasión del reconocimiento de pensión la pensión de vejez, en cuantía
superior a la legalmente procedente.
También solicitó que, se ordene la indexación de las sumas producto del restablecimiento
del derecho, se condene al demandado al pago de los intereses moratorios; y pagar las
costas del proceso.
1.1.3. Los hechos.
El señor Héctor Gutiérrez Rodríguez, solicitó el Cinco (5) de Febrero de Dos Mil Veinte
(2020), el reconocimiento y pago de una pensión mensual vitalicia de vejez.
Ante esta solicitud, la Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones), emitió
la Resolución SUB 81615 del Veintisiete (27) de marzo de Dos Mil Veinte (2020), por
medio de la cual, ordenó el reconocimiento y pago de una pensión de vejez, en favor
del solicitante, al considerar acreditados los requisitos legales para acceder al pago de
la prestación deprecada.
En el anterior acto administrativo, se tuvo en cuenta que, el demandado acumuló un
total de 1977 semanas cotizadas, se cuantificó el IBL en la suma de Ocho Millones
Ochocientos Cuarenta y Cuatro Mil Trescientos Tres Pesos ($8.884.303), a este se le
aplicó una tasa de reemplazo del 75.44%, arrojando un quantum inicial de Seis
Millones Setecientos Dos Mil Trescientos Dieciocho Pesos ($6.702.318), e indicó que,
la mesada pensional se hacía efectiva, a partir del primero (1º) de Abril de Dos Mil
Veinte (2020). El anterior acto administrativo se notificó el Treinta (30) de abril de Dos
Mil Veinte (2020).
El Siete (7) de Mayo de Dos Mil Veinte (2020), el señor Gutiérrez Rodríguez interpuso
recurso de reposición y en subsidio el de apelación, para solicitar la reliquidación de la
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Numero interno: 2496-2025
Demandante: Colpensiones
Demandada: Héctor Gutiérrez Rodríguez
mesada pensional, con el promedio de lo devengado durante todo el tiempo cotizado,
correspondiente a 2048,14 semanas, y no con los últimos 10 años de cotización.
A través de la Resolución SUB 106587 del Trece (13) de Mayo de Dos Mil Veinte
(2020), la entidad actora resolvió el recurso de reposición, confirmando en todas y cada
una de sus partes la Resolución SUB 81615.
El demandado, el Veintiocho (28) de Agosto de Dos Mil Veinte (2020), solicitó
nuevamente la reliquidación de su pensión de vejez.
A través de la Resolución SUB193364, del Once (11) de Septiembre de Dos Mil Veinte
(2020), Colpensiones negó la reliquidación de la pensión de vejez solicitada por el
señor Gutiérrez Rodríguez, dado que, evidenció que el solicitante percibía una mesada
superior a la que correspondía reconocerle. Esta decisión administrativa se notificó el
Once (11) de Septiembre de Dos Mil Veinte (2020).
Dentro del término legal, el pensionado interpuso recurso de reposición y en subsidio
de apelación, apoyado básicamente en su descontento con el monto de la mesada
pensional.
Mediante Resolución No. SUB 205130 del Veinticinco (25) de Septiembre de Dos Mil
Veinte (2020), se resolvió el recurso de reposición interpuesto por el señor Gutiérrez
Rodríguez, en el sentido de, confirmar en todas y cada una de sus partes el acto
administrativo recurrido, en tanto que, aquel se encontraba conforme a derecho.
Posteriormente, revisado el recurso de alzada interpuesto, conforme lo obrante en su
expediente administrativo, la entidad concluyó que, de conformidad con las normas
aplicables y una vez efectuada las operaciones aritméticas, para el momento de la
presentación de la demanda, el asegurado percibía una mesada pensional en un valor
superior al legalmente procedente.
La entidad, mediante auto APDPE 180 del Primero (1º) de Octubre de Dos Mil Veinte
(2020), solicitó al asegurado su autorización para la revocatoria de la Resolución SUB
81615, teniendo en cuenta que, se reconoció una mesada pensional superior a la
calculada posteriormente.
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Numero interno: 2496-2025
Demandante: Colpensiones
Demandada: Héctor Gutiérrez Rodríguez
Mediante memorial radicado el Cinco (5) de Noviembre de Dos Mil Veinte (2020), el
señor Héctor Gutiérrez Rodríguez, manifestó su desacuerdo con la reliquidación hecha
por Colpensiones, y no prestó su consentimiento para la revocatoria directa pretendida.
1.1.4. Normas violadas y concepto de violación.
La parte actora invocó como normas desconocidas las siguientes: artículo 48,
Constitución Política; el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y el Decreto 758 de 1990.
Inicialmente planteó que, el acto administrativo cuya nulidad se pretende, violó de manera
ostensible la norma en que debió fundarse, esto es, la Ley 797 de 2003, Acuerdo 049 de
1990, artículo 21 de la Ley 100 de 1993, toda vez que, se tuvo en cuenta un IBL
inconsistente, para el reconocimiento de la pensión por vejez, lo que genera una mesada
pensional superior a la que le correspondería.
En detalle explicó que, el IBL con el que fue liquidada la prestación económica, equivale
a Ocho Millones Ochocientos Ochenta y Cuatro Mil Trescientos Tres Pesos ($8.884.303),
al cual, se le aplicó una tasa de reemplazo del 75.44%, arrojando un quantum inicial de
la mesada pensional, equivalente a Seis Millones Setecientos Dos Mil Trescientos
Dieciocho ($6.702.318) pesos.
La entidad recalculó la mesada pensional, para lo cual, tuvo en cuenta un IBL de Ocho
Millones Ochocientos Ochenta y Cuatro Mil Ciento Veintiocho Pesos ($8.884.128), monto
que, al aplicar la tasa de reemplazo del 75.44%, arrojó una mesada inferior a la
inicialmente reconocida, es decir, por la suma de Seis Millones Setecientos Dos Mil
Ciento Ochenta y Seis Mil Pesos ($6.702.186). Bajo esta premisa, se vulneran las normas
invocadas, en tanto, se tomó un IBL inconsistente o errado, para la liquidación de la
prestación, circunstancia que aumentó su valor injustificadamente.
La nueva cuantificación de la mesada pensional, obedeció a que, la Dirección de
Prestaciones Económicas, informó sobre inconsistencias en los ingresos base de
cotización de algunos de los periodos tenidos en cuenta en los reconocimientos
pensionales y ante la solicitud de reliquidación de la pensión de vejez, interpuesta por el
señor Gutiérrez Rodríguez, se revisó de nuevo el cálculo efectuado a la luz de lo
dispuesto en el artículo 20 del Decreto 758 de 1990, concluyendo que, la liquidación de
la mesada pensional, se hizo con base en un IBC errado e inconsistente, que altera la
mesada pensional, de modo que, mantener la prestación liquidada de manera
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Numero interno: 2496-2025
Demandante: Colpensiones
Demandada: Héctor Gutiérrez Rodríguez
equivocada, desconoce el principio de la sostenibilidad o equilibrio financiero y se
condena al Estado a tener que asumir cargas que, a corto o largo plazo, desencadenan
una desfinanciación del sistema, amenazando su sostenibilidad.
También expuso que, llevó a cabo el trámite para la revocatoria directa de los actos
administrativos de carácter particular, prevista en los artículos 93 y 97 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, sin lograr conseguir el
consentimiento del demandado, por tal razón, acudió al medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho.
1.2. Contestación de la demanda4.
El demandado, a través de apoderada legalmente constituida, se opuso a la prosperidad
de las pretensiones, en sustento de tal oposición, inicialmente afirmó que, el señor
Gutiérrez Rodríguez demostró casi 2000 semanas cotizadas y a la fecha de presentación
de la contestación tenía cumplidos 63 años.
Indicó que, pese a que para el mes de julio de 2005 tenía cotizadas 1.285.57 semanas,
no logró conservar la transición al Treinta y Uno (31) de Diciembre de Dos Mil Catorce
(2014), de modo que, no considera que, el demandado hubiera infringido las normas
constitucionales aplicables.
Reafirmó que, el demandado cumplió con las exigencias previstas en el Decreto 758 de
1990, en su artículo 12, razón por la cual, no vulneró ninguna de las disposiciones
aplicables al caso en concreto. Asimismo, planteó que, el demandado demostró un
exceso de 696 semanas, por lo tanto, se pregunta en qué radicó el engaño.
Por otra parte, adujo que, no se explica ni demuestra, en que consintieron los medios
ilegales o fraudulentos que empleó el demandado para obtener su pensión de vejez; lo
que se indicó por la entidad como salarios inconsistentes, realmente se explica en que,
el demandante durante varias etapas de su vida laboral, le fueron pagados salarios
variables o promedios, en cuyo valor incidían notablemente las diferentes comisiones y
extras que percibía.
4
Expediente digital de primera instancia – índice 00012 de Samai – archivo PDF
11_CONTESTACIONDEDEMANDA_76001233300020210013.
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Numero interno: 2496-2025
Demandante: Colpensiones
Demandada: Héctor Gutiérrez Rodríguez
El apoderado también adujo que, se realizó el cálculo correspondiente y con base en la
diferencia en la mesada tasada por la entidad, consignó la suma de Cinco Mil Pesos
($5.000) ante el Banco Agrario, a órdenes del Tribunal Contencioso Administrativo del
Valle del Cauca, para cubrir hasta la fecha, el valor supuestamente liquidado de más, por
la aludida inconsistencia en los salarios.
Finalmente adujo que, en la Resolución SUB-81615, se certificaron 1977 semanas; sin
embargo, la empresa Messer Colombia, pagó aportes hasta el Cinco (5) de Mayo de Dos
Mil Veinte (2020), bajo ese supuesto, afirmó que, no se tuvieron en cuenta estas
cotizaciones para la reliquidación de la mesada pensional, pero tampoco se reintegraron
a la empresa, lo que constituiría una apropiación indebida de dinero.
1.3. La sentencia de primera instancia5
El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, mediante sentencia del Veintiséis (26) de
Junio de Dos Mil Veinticinco (2025), accedió parcialmente a las pretensiones de la
demanda, sin condena en costas, en los siguientes términos:
«PRIMERO.- DECLARAR la nulidad parcial de la Resolución SUB 81615 del 27 de marzo de
2020 expedida por COLPENSIONES, en lo relacionado a la cuantía de la pensión reconocida.
SEGUNDO.- NEGAR las demás pretensiones de la demanda.
TERCERO.- EXHORTAR a la DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN
JUDICIAL para que efectúe la devolución de la suma de $5.000, consignados en depósito
judicial en el Banco Agrario por el señor HÉCTOR GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ, atendiendo el
procedimiento respectivo para ello».
Para el efecto, el Tribunal explicó que, en el sub judice se discute una diferencia pensional
de $132, y por este motivo, la parte actora estuvo de acuerdo en que se accediera a las
pretensiones, en el sentido de declararse la nulidad parcial del acto demandado, y como
consecuencia de ello, efectuó una consignación por valor de Cinco Mil Pesos ($5.000),
como depósito judicial a órdenes de esa Corporación, por concepto del reintegro
pretendido en la demanda.
En ese sentido, interpretó las manifestaciones de la contestación de la demanda, como
un allanamiento a la demanda, en los términos del artículo 176 de la Ley 1437 de 2011,
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Expediente digital de primera instancia – índice 00060 de Samai – archivo PDF 056Sentencia_20210013800NRLColpen.
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Numero interno: 2496-2025
Demandante: Colpensiones
Demandada: Héctor Gutiérrez Rodríguez
planteó que, se presenta una diferencia en el IBL consistente en $175, lo cual, al
momento de calcular la mesada pensional, arroja una diferencia de $132 a favor de
Colpensiones y, aunque es una suma irrisoria, amerita la declaratoria de nulidad del acto
administrativo demandado.
En lo relativo al reintegro de las sumas de dinero pagadas de más al demandado, señaló
que la parte demandante no acreditó que el señor Gutiérrez Rodríguez, hubiera actuado
de mala fe en el trámite de reconocimiento de la prestación pensional, siendo este el
presupuesto esencial para ordenar las devoluciones dinerarias procuradas, consideró
improcedente la orden de reintegro de dineros pretendida en la demanda y, en su lugar,
ordenó la devolución al demandado de los dineros consignados por este a órdenes del
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.
La parte demandada solicitó una corrección por error de transcripción, en cuanto a un
cambio de palabras6, el A-quo accedió a la corrección solicitada mediante auto del
diecinueve (19) de agosto de dos mil veinticinco (2025)7, precisando el nombre del
demandado, sobre el cual se incurrió en un error de transcripción, en uno de los párrafos
de los antecedentes de la sentencia.
1.4. Recurso de apelación8.
La apoderada de la entidad demandante, presentó recurso de apelación en contra de la
sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.
Para sustentar su impugnación señaló que, negar las pretensiones de reintegro dinerario,
pone en grave riesgo la cobertura de todos los afiliados al Régimen de prima media con
prestación definida, amenazando incluso con un colapso del sistema pensional, sumado
a que, para el caso en concreto, se demostró la mala fe de la parte demandada, lo cual,
avala un enriquecimiento sin causa.
A juicio de la apelante, la actuación de Colpensiones está amparada por la presunción
de buena fe, circunstancia que traslada la carga de la prueba al pensionado y habilita la
pretensión de nulidad y restablecimiento del derecho formulada.
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Expediente digital de primera instancia – índice 00064 de Samai – archivo PDF 057_MemorialWeb_PeticiOn-
SOLICITUDCORRECCION.
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Expediente digital de primera instancia – índice 00073 de Samai – archivo PDF 063Autoresuelvec_20210013800NRDCORRIG.
8
Expediente digital de primera instancia – índice 00065 de Samai – archivo PDF 58_MemorialWeb_Recurso-
RECURSO_DE_APELACION.
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Numero interno: 2496-2025
Demandante: Colpensiones
Demandada: Héctor Gutiérrez Rodríguez
Recordó las normas sobre la revocatoria directa de los actos administrativos, el ejercicio
del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, para plantear que, en
este asunto, resulta indispensable para preservar la legalidad de la actuación de la
administración, retirar del ordenamiento jurídico el acto administrativo que está surtiendo
efectos, para así evitar la continuidad o el recrudecimiento de intereses nocivos para la
administración pública, por lo cual solicitó revocar la decisión de primera instancia.
1.5. Trámite de segunda instancia.
Con auto de quince (15) de septiembre de dos mil veinticinco (2025)9, el despacho
sustanciador admitió el recurso de apelación, conforme a lo previsto en el numeral 3° del
artículo 67 de la Ley 2080 de 2021; sin embargo, por no existir pruebas que decretar en
segunda instancia, se prescindió del periodo para que las partes alegaran de conclusión.
1.5.1. Manifestación del demandado10.
Pese a que no se concedió oportunidad para presentar alegatos de conclusión en
segunda instancia, la apoderada del señor Héctor Gutiérrez Rodríguez, presentó un
escrito, mediante el cual, se opuso a la prosperidad del recurso de apelación interpuesto
por la entidad demandada, en tanto, sus pretensiones son abiertamente improcedentes.
Adicionalmente, puso de presente que, se tramitó un proceso ante la jurisdicción ordinaria
en su especialidad laboral, identificado con el Radicado 76000131050102021-00174-00,
en el cual, quedó determinado que, la liquidación inicial de la pensión fue inferior a la
que procedía, de ahí que, se ordenó el reajuste pretendido por el señor Gutiérrez
Rodríguez en decisiones de primera y segunda instancia, que se encuentran en firme.
Incluso afirmó que, Colpensiones cumplió las sentencias dictadas por la jurisdicción
ordinaria, en su especialidad laboral, con la resolución SUB 735594 del Seis (6) de Marzo
de Dos Mil Veinticinco (2025), por medio de la cual, modificó las Resoluciones SUB
106587, DPE 7928 y SUB-205130, en consecuencia resulta abiertamente improcedente
el recurso de la entidad, dado que, antes que estar pagando la suma de $132 de más en
la mesada pensional del demandado, le había estado pagando una mesa inferior a la que
legalmente correspondía, en detrimento de la pensión del señor Gutiérrez Rodríguez.
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Expediente digital de segunda instancia - Índice 004 de SAMAI.
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Expediente digital de segunda instancia – 00010 de SAMAI.
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Numero interno: 2496-2025
Demandante: Colpensiones
Demandada: Héctor Gutiérrez Rodríguez
1.5.2. Concepto del ministerio público.
Luego de un recuento de lo actuado, el delegado del Ministerio Público ante el Despacho
del consejero sustanciador, rindió concepto planteando que, de acuerdo con la reiterada
jurisprudencia del Consejo de Estado, Colpensiones no logró demostrar que, el
demandado señor Héctor Gutiérrez Rodríguez, hubiera incurrido en comportamientos
deshonestos, en actos dolosos y de mala fe, para obtener la pensión de vejez que le fue
reconocida, y, por tal razón, no resulta plausible acceder a la pretensión de la demanda,
tendiente a que se ordene al pensionado la devolución de lo pagado en exceso.
Para soportar su planteamiento el Procurador citó una sentencia de esta Sala del
Dieciocho (18) de Septiembre de Dos Mil Veinticinco (2025)11, cuya regla de decisión
para el caso en concreto podría ser aplicada en el sub examine.
En esos términos, en defensa del interés general, del orden jurídico, del patrimonio
público, y de los derechos y las garantías fundamentales, solicitó que se confirme el fallo
apelado.
II. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia
La Subsección es competente para conocer y decidir en segunda instancia este proceso,
de conformidad con lo establecido en los artículos 125, 150, 243 y 247 del CPACA12. De
igual forma, cabe destacar que, de conformidad con el artículo 328 del Código General
del Proceso (CGP), el juez de segunda instancia debe pronunciarse solamente sobre los
argumentos expuestos en el recurso de apelación.
11
Consejo de estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Subsección B. sentencia del 18 de septiembre de
2025. Consejero Ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar. Expediente: 20001-23-33-000- 2017-00220-01 (3468-2024).
12
Pese a que el demandado prestó sus servicios al sector privado y, la pensión de vejez se le reconoció con base en tales servicios,
la Corte Constitucional tiene fijada una regla de competencia, respecto a que esta jurisdicción es la competente para conocer de las
demandas que presentan las entidades públicas, en procura que se declare la nulidad de sus propios actos administrativos, desde el
auto 316 de 2021. Esta postura se mantiene vigente al resolver conflictos entre jurisdicciones, en el siguiente sentido: «Conforme con
los artículos 97 y 104 del CPACA, el juez administrativo es el competente para conocer del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho interpuesto por la administración en contra de sus propios actos administrativos (acción de lesividad),
de contenido particular y concreto, en el que el titular del derecho no haya dado su consentimiento para revocarlo. 8. Sobre esta
materia, esta corporación ya se pronunció en el auto 316 de 2021, en el que indicó que la Jurisdicción de lo Contencioso
Administrativo tiene competencia exclusiva para conocer de las acciones de “lesividad”, incluyendo los casos en que se
demandan actos que versan sobre asuntos laborales o de la seguridad social». Corte Constitucional. Sala Plena. Auto A-291 del 12
de marzo de 2025. Magistrado ponente: Miguel Polo Rosero.
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Numero interno: 2496-2025
Demandante: Colpensiones
Demandada: Héctor Gutiérrez Rodríguez
2.2. Problema jurídico
Corresponde a la Sala determinar, si es procedente revocar la sentencia de primera
instancia, con tal fin, se establecerá si debe ordenarse al señor Héctor Gutiérrez
Rodríguez, el reintegro a Colpensiones de los dineros que ha recibido en exceso por
mesadas pensionales, durante el tiempo que esta entidad ha pagado dicha prestación,
o si, por el contrario, la conducta del pensionado estuvo amparada en la presunción
de buena fe y, por tal razón, no es procedente ordenar la devolución de dineros.
Con el fin de resolver el problema jurídico, se abordarán los siguientes aspectos: 2.3.
Marco normativo y jurisprudencial; 2.4. Hechos probados; y 2.5. Caso concreto.
2.3. Marco normativo y jurisprudencial.
Para esta Sala es preciso considerar que, la buena fe es uno de los principios generales
del derecho y gobierna las relaciones entre la administración pública y los ciudadanos,
así lo indicó la Corte Constitucional en la sentencia C-131 de 200413. En esta sentencia,
la Corte agregó que, este principio no sólo implica esperar un actuar honesto, recto,
decoroso y creíble de los administrados para con la administración, sino que, tiene una
doble dimensión que lo ubica como criterio orientador de las actuaciones discrecionales
del Estado y como regla de carga de la prueba14.
De igual modo, es del caso recordar que, el Código de Procedimiento Administrativo y
de lo Contencioso Administrativo en el literal c) del numeral 1 del artículo 164 señala lo
siguiente: «[...] no habrá lugar a recuperar las prestaciones pagadas a particulares de buena fe».
En ese sentido, Corte Constitucional en la sentencia C-1049 de 200415, al declarar la
exequibilidad del numeral 2 del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo -
norma que tenía el mismo sentido que, el literal c) numeral 1 del artículo 164 del CPACA- consideró
13
Corte Constitucional. Sala Plena Sentencia C-131 de 2005. Magistrada Ponente: Clara Inés Vargas Hernández.
14
«En tal sentido, el mencionado principio es entendido, en términos amplios, como una exigencia de honestidad, confianza, rectitud,
decoro y credibilidad que otorga la palabra dada, a la cual deben someterse las diversas actuaciones de las autoridades públicas y
de los particulares entre sí y ante éstas, la cual se presume, y constituye un soporte esencial del sistema jurídico; de igual manera,
cada una de las normas que componen el ordenamiento jurídico debe ser interpretada a luz del principio de la buena fe, de tal suerte
que las disposiciones normativas que regulen el ejercicio de derechos y el cumplimiento de deberes legales, siempre deben ser
entendidas en el sentido más congruente con el comportamiento leal, fiel y honesto que se deben los sujetos intervinientes en la
misma. En pocas palabras, la buena fe incorpora el valor ético de la confianza y significa que el hombre cree y confía que una
declaración de voluntad surtirá, en un caso concreto, sus efectos usuales, es decir, los mismos que ordinaria y normalmente ha
producido en casos análogos. De igual manera, la buena fe orienta el ejercicio de las facultades discrecionales de la administración
pública y ayuda a colmar las lagunas del sistema jurídico». Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia C-131 de 2004. Magistrada
Ponente: Clara Inés Vargas Hernández.
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Corte Constitucional. Sala Plena Sentencia C-1049 de 2004. Magistrada Ponente: Clara Inés Vargas Hernández.
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Numero interno: 2496-2025
Demandante: Colpensiones
Demandada: Héctor Gutiérrez Rodríguez
que, es constitucionalmente admisible, presumir la buena fe de la conducta del
particular que ha percibido una prestación pensional y, puede ser sujeto demandado
frente al Estado en cualquier tiempo, tal presunción impone la carga al Estado, de
probar que el beneficiario de la prestación periódica la obtuvo de mala fe 16.
Esta Sección ha establecido que, la norma referida en el párrafo anterior, implica una
garantía de seguridad jurídica y estabilidad para el particular beneficiario de la
prestación económica, al tiempo que, crea una regla de carga de la prueba para la
administración, respecto de la actuación fraudulenta o deshonesta en que incurrió el
respectivo ciudadano o ciudadana para obtener el beneficio prestacional en discusión17.
Como corolario de lo expuesto, se precisa entonces que, en el derecho contencioso
administrativo, si bien, el Estado tiene la facultad de pedir la nulidad de los actos
administrativos que reconozcan prestaciones periódicas, el legislador impone un límite,
consistente en que no puede recuperar las prestaciones pagadas a particulares de
buena fe. Por consiguiente, corresponde al Estado, probar que quien percibe la pensión,
actuó de mala fe, al solicitar el reconocimiento o la reliquidación pensional.
2.4. Hechos probados.
Pues bien, conforme quedó sentado en el acto administrativo de reconocimiento
pensional, el señor Héctor Gutiérrez Rodríguez, solicitó el Cinco (5) de Febrero de Dos
Mil Veinte (2020), ante Colpensiones, el reconocimiento y pago de una pensión mensual
de vejez.
La petición de reconocimiento pensional, fue resuelta por Colpensiones, mediante
Resolución SUB 81615 del Veintisiete (27) de marzo de Dos Mil Veinte (2020)18. En el
16
«[…] En el presente caso, la disposición acusada le otorga a la administración, la facultad de demandar "en cualquier tiempo" los
actos administrativos mediante los cuales se reconozcan prestaciones periódicas, precisando que "no habrá lugar a recuperar las
prestaciones pagadas a particulares de buena fe". Quiere ello decir, que la norma acusada, en cuanto le concede a la administración
tal facultad, no vulnera los principios de buena fe, confianza legítima y seguridad jurídica, tal y como han sido entendidos por la Corte
en múltiples fallos, por cuanto el legislador no está partiendo de la mala fe de los administrados, ni tampoco está defraudando
expectativas legítimas que a los mismos se les hubiesen creado. [...]». Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia C-1049 de
2004. Magistrada Ponente: Clara Inés Vargas Hernández.
17
«De acuerdo con lo anterior, la norma en comento establece una garantía para los principios de buena fe y confianza legítima de
los particulares, pues la devolución de las sumas pagadas por prestaciones periódicas se condiciona a verificar que hayan mediado
conductas reprochables encaminadas a defraudar a la administración en orden a obtener tales reconocimientos, de modo que si ello
no se logra demostrar, no habrá lugar a ordenar reintegro alguno. El concepto de buena fe hace referencia al comportamiento leal y
honesto que deben asumir los particulares y autoridades para mantener un orden justo y permitir el goce efectivo de los derechos y
oportunidades de los asociados. Además, como se expresó previamente, por mandato Constitucional, se presume la buena fe de los
particulares en sus relaciones con las autoridades del Estado, siendo deber de quien alegue la mala fe demostrar los hechos sobre
los cuales se fundamenta». Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, M.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez, sentencia del
23 de marzo de 2017, proceso con radicado 19001-23-31-000-2012-00251-01 (2036-2015)
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PDF NotificacionCC 3015868-501-2.
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Demandada: Héctor Gutiérrez Rodríguez
referido acto administrativo, se consideró que, el señor Gutiérrez Rodríguez acumuló un
total de 1977 semanas de cotización, nació el Doce (12) de Enero de Mil Novecientos
Cincuenta y Ocho (1958) y, para ese momento contaba con 62 años.
Conforme con lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley 100 de 1993, en concordancia con
el artículo 10 de la Ley 797 de 2003, en la aludida resolución se estimó que, la mesada
pensional debía ser liquidada con el promedio de los salarios o rentas sobre los cuales
cotizó el afiliado durante los 10 años anteriores al reconocimiento de la pensión, tomando
los factores salariales establecidos en los artículos 18 y 19 de la Ley 100 de 1993 y
artículo 1 del Decreto 1158 del 3 de junio de 1994. Así las cosas, cuantificó el IBL en un
monto de Ocho Millones Ochocientos Ochenta y Cuatro Mil Trescientos Tres Pesos
($8.884.303), aplicó una tasa de reemplazo del 75.44% y, se concluyó que, la mesada
pensional a que tenía derecho el hoy demandado, equivalía a la suma de Seis Millones
Setecientos Dos Mil Trescientos Dieciocho Pesos ($6.702.318). Efectiva a partir del
Primero (1º) de Abril de Dos Mil Veinte (2020).
El señor Héctor Gutiérrez Rodríguez interpuso recursos de reposición y apelación, en
contra de la Resolución SUB 81615, mediante memorial radicado el Siete (7) de Mayo de
Dos Mil Veinte (2020), por cuanto, no cotizó durante 1,977 semanas, sino durante
2048,14, de ahí que, considera que se debió aplicar a la liquidación de su mesada, una
tasa de reemplazo de entre el 80 y el 83%, con el promedio de los salarios o rentas sobre
los cuales cotizó durante los 10 años anteriores a la consolidación del derecho 19.
Mediante Resolución SUB 106587 del Trece (13) de Mayo de Dos Mil Veinte (2020), la
subdirección de determinación, de la dirección de prestaciones económicas de
Colpensiones, resolvió el recurso de reposición interpuesto por el señor Gutiérrez
Rodríguez y confirmó la Resolución SUB 81615. Para sustentar tal decisión explicó que,
se comprobó que el afiliado cotizó durante 1980 semanas, en ese entendido, ratificó el
IBL calculado en el acto administrativo recurrido y el monto de la mesada pensional20.
Respecto de la tasa de reemplazo, adujo que, conforme dispone la norma
correspondiente, por cada 50 semanas adicionales a las mínimas requeridas, el
porcentaje se debía incrementar en un 1.5% del ingreso base de liquidación, llegando a
un monto máximo de pensión entre el 70.5% y el 80% del IBL, en forma decreciente en
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PDF GRF-REP-AF-2020_4690712-20200507090859.
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PDF NotificacionCC 3015868-502-1.
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función del nivel de ingresos de cotización, desde esa lógica, por las primeras 1300 se le
otorgó un porcentaje del 60.44%, por las semanas restantes se le otorgó el 15%, de
manera que se aplicó una tasa de remplazo del 75,44%.
A través de Resolución DPE 7928 del Quince (15) de Mayo de Dos Mil Veinte (2020) 21,
la directora de prestaciones económicas de Colpensiones, resolvió el recurso de
apelación interpuesto en contra de la Resolución SUB 106587 y, también la confirmó en
todas sus partes, sobre la base de las mismas consideraciones expuestas en el acto
administrativo que resolvió el recurso de apelación.
No obstante lo anterior, en la Resolución DPE 7928 se llegó a la conclusión que el IBL
pensional del señor Héctor Gutiérrez era equivalente a Ocho Millones Ochocientos
Ochenta y Cuatro Mil Ciento Veintiocho Pesos ($8.884.128), de tal suerte que, al aplicar
una tasa de reemplazo del 75.44%, la mesada pensional equivalía a la suma de Seis
Millones Setecientos Dos Mil Ciento Ochenta y Seis Pesos ($6.702.186), es decir, el
cálculo arrojó una mesada inferior a la reconocida, pero por aplicación del el principio
de favorabilidad, en congruencia con el principio de no reformatio in pejus, se mantuvo el
valor de la mesada de su pensión de vejez.
También adujo que, calculó el Ingreso Base de Liquidación con el promedio de los
salarios con los que cotizó el afiliado durante los 10 años anteriores al reconocimiento
pensional y, con base en el promedio de los salarios con los que cotizó durante toda su
vida laboral, advirtiendo que, el primero de tales promedios era más favorable al afiliado.
Nuevamente, el Veintiocho (28) de Agosto de Dos Mil Veinte (2020), el señor Héctor
Gutiérrez, solicitó la reliquidación de su mesada pensional, toda vez que, se encontraba
en desacuerdo con la liquidación que realizó la entidad, adicionalmente, solicitó el
reconocimiento de intereses moratorios e indexación de valores22.
Ante tal petición, la entidad hoy demandante, mediante Resolución SUB 193364 del Once
(11) de Septiembre de Dos Mil Veinte (2020), reafirmó que, el señor Gutiérrez Rodríguez
no acreditó semanas cotizadas adicionales, recalculó el valor del IBL pensional y la
mesada, ante lo cual, ratificó los valores expresados en la Resolución DPE 7928.
También se apoyó en la Sentencia C-862-2006 de la Corte Constitucional y, la Sentencia
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PDF NotificacionCC 3015868-503-1.
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PDF GEN-ANX-CI-2020_8446837-20200828083118.
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del trece (13) de Diciembre de dos mil uno (2001), de la Corte Suprema de Justicia, Sala
de Casación Laboral, para el expediente 16256, para argumentar que, no era procedente
la reliquidación de la pensión de vejez, la indexación de la mesada pensional, ni tampoco
el reconocimiento de intereses moratorios23.
El señor Gutiérrez Rodríguez interpuso recursos de reposición y apelación en contra de
la Resolución SUB 193364, del Once (11) de Septiembre de Dos Mil Veinte (2020),
sustentado en las sucintas razones por las cuales consideró procedente el
reconocimiento de la indexación y los intereses moratorios24.
La entidad confirmó lo decidido en la Resolución SUB 193364, mediante las resoluciones
SUB 205130 del Veinticinco (25) de Septiembre25 y ADPE 180 del Dieciséis (16) de
Octubre de Dos Mil Veinte (2020)26, manteniendo los razonamientos por los cuales se
consideró improcedente la reliquidación pretendida, igual que, el pago de la indexación
de la primera mesada y los intereses moratorios. Sumado a lo anterior, en la segunda de
las referidas resoluciones, la entidad solicitó el consentimiento del señor Héctor
Gutiérrez Rodríguez, para la revocatoria directa del acto administrativo de reconocimiento
pensional, conforme a lo dispuesto en el artículo 97 de la Ley 1437 de 2011, por
presuntamente estar incurso en la causal establecida el numeral 1º del Artículo 93 del
estatuto en cita.
El Cinco (5) de Noviembre de Dos Mil Veinte (2020), el señor Gutiérrez Torres manifestó
por escrito que, no prestaba su consentimiento para la revocatoria directa del
reconocimiento pensional, además, se reafirmó en que su retiro efectivo del servicio se
realizó en marzo de 2020, con lo cual acumuló más semanas de cotización de las
tomadas en cuenta por la entidad, razón por la cual, debe aplicarse una tasa de
reemplazo del 80% sobre el IBL más beneficioso al pensionado entre el promedio de los
últimos 10 años o de toda la vida laboral, insistiendo además, en el reajuste pensional, la
indexación de la mesada y el pago de los intereses moratorios27.
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PDF NotificacionCC 3015868-504-1.
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PDF GRF-REP-AF-2020_9298076-20200918023302.
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NotificacionCC 3015868-505-1.
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PDF NotificacionCC 3015868-506-2.
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PDF GEN-COM-CO-2020_11239122-20201105082041.
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La actuación administrativa se cerró con la Resolución DPE 15571 del Diecinueve (19)
de Noviembre de Dos Mil Veinte (2020), en la cual, la entidad nuevamente negó las
peticiones del señor Gutiérrez Rodríguez, a partir de la conclusión relativa a que, el valor
obtenido en el cálculo respectivo, es inferior al valor de la mesada reconocida
inicialmente. Adicionalmente, remitió la actuación para que la dependencia
correspondiente iniciara la respectiva acción de lesividad28.
Al margen de la actuación administrativa, debe poner de relieve la Sala que, el
demandado en este proceso, inició una demanda ordinaria laboral, para que se revisara
su pretensión de reajuste de la pensión de vejez, con la indexación y reconocimiento de
intereses moratorios. La aludida demanda se tramitó bajo el radicado
76000131050102021-00174-00, asignado por reparto ordinario al Juzgado Décimo (10)
Laboral del Circuito de Cali29, autoridad judicial que profirió sentencia oral en audiencia
del Cuatro (4) de Agosto de Dos Mil Veintitrés (2023), en la que, accedió a la reliquidación
pretendida por el señor Gutiérrez Rodríguez, fijando la mesada en un monto superior al
que tenía reconocido, con el consecuente pago de las diferencias causadas y no
pagadas, la actualización de valor y de los intereses moratorios30.
La entidad demandada interpuso recurso de apelación en contra de la referida sentencia,
el cual, fue decidido por sentencia del Ocho (8) de Noviembre de Dos Mil Veinticuatro
(2024), proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, autoridad que
modificó la sentencia de primera instancia, aumentó el valor de la mesada pensional,
la indexó y consideró procedente el pago de intereses moratorios, sobre los «saldos o
reajustes de la pensión, es decir, que tal acreencia debe liquidarse sobre las sumas adeudadas y no, sobre
el valor total de la mesada»31.
La entidad dio cumplimiento a la anterior orden judicial, mediante Resolución SUB 73594,
del Seis (6) de Marzo de Dos Mil Veinticinco (2025), en la cual, recalculó la pensión,
dispuso la actualización año a año, cuantificó las diferencias en las mesadas ordinarias,
las diferencias en las mesadas adicionales, los intereses de mora y demás pagos
ordenados en la sentencia, con el descuento de los respectivos aportes a salud32.
28
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29
Consultable en la consulta nacional de procesos de la página web de la Rama Judicial, en el enlace:
https://consultaprocesos.ramajudicial.gov.co/Procesos/NumeroRadicacion.
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Expediente digital de segunda instancia – índice 00010 – ff. 8 a 9 archivo PDF 007_MemorialWeb_Recurso-
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31
Expediente digital de segunda instancia – índice 00010 – ff. 12 a 23 archivo PDF 007_MemorialWeb_Recurso-
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32
Expediente digital de segunda instancia – índice 00010 – ff. 26 a 31 archivo PDF 007_MemorialWeb_Recurso-
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2.5. Análisis del caso en concreto.
El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, en sentencia del Veintiséis (26) de Junio
de Dos Mil Veinticinco (2025), accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda,
declaró la nulidad del acto administrativo, mediante el cual, Colpensiones reconoció una
pensión de vejez al señor Héctor Gutiérrez Rodríguez, en cuanto, interpretó la conducta
procesal del demandado como un allanamiento a las pretensiones. Por el contrario, negó
la devolución de los dineros percibidos por el demandando en exceso, a título de
mesadas pensionales, en el entendido que, tales sumas se presumen recibidas de buena
fe, sin que la entidad demandante hubiera aportado prueba que controvierta esa
presunción.
La inconformidad expresada por la apoderada de Colpensiones, quien recurrió como
apelante única, radica en que, se debe ordenar al demandado la devolución de las sumas
pagadas en exceso por concepto de su pensión de vejez, en cuanto, no ordenar dicha
devolución, pone en grave riesgo la cobertura de todos los afiliados al régimen de prima
media con prestación definida, amenazando incluso con un colapso del sistema
pensional, dada la destinación especifica de los recursos del sistema de seguridad social,
junto con, la comprobación de la mala fe en que habría incurrido el demandado para el
reconocimiento pensional.
Tomando en cuenta lo expuesto en el acápite del marco jurídico de esta providencia, la
Sala recuerda que, al tenor del artículo 83 de la Constitución Política 33, la buena fe se
presume en todas las gestiones que los particulares adelanten ante las autoridades.
Por otra parte, el literal c) del numeral 1° del artículo 164 del CPACA, preceptúa lo
siguiente: «[…] Los actos que reconozcan o nieguen total o parcialmente prestaciones periódicas» podrán
demandarse en cualquier tiempo, «Sin embargo, no habrá lugar a recuperar las prestaciones pagadas
a particulares de buena fe» [la Sala destaca].
Con base en lo anterior, para que resulte procedente ordenar el reintegro de los valores
recibidos por aquellas personas a quienes se les haya reconocido o mantenido una
prestación social, sin tener derecho a ella o por un monto mayor al que correspondía, en
el proceso deberá estar acreditada la mala fe con que actuaron, para obtener el
beneficio otorgado, pues, la presunción de buena fe a favor de los particulares, traslada
33
«Las actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas deberán ceñirse a los postulados de la buena fe, la cual se
presumirá en todas las gestiones que aquellos adelanten ante éstas».
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Demandada: Héctor Gutiérrez Rodríguez
la carga de la prueba a la administración, en lo que al supuesto contrario se refiere.
Ni en su demanda, ni en el recurso de apelación, la entidad demandante presentó los
argumentos por los cuales considera que el señor Gutiérrez Rodríguez, incurrió en mala
fe en el trámite de obtención de su pensión de vejez, tampoco aportó o solicitó la práctica
de pruebas para acreditar tal supuesto, de los argumentos de su recurso de alzada, se
puede interpretar que, el simple hecho que la entidad hubiera cuantificado una
mesada pensional superior a la que fue reconocida inicialmente, es lo que, a juicio
de esta estructura la mala fe del pensionado.
Lo que se evidenció en el curso del proceso fue que, el señor Henrry Gutiérrez solicitó su
reconocimiento pensional en la oportunidad que consideró correspondiente y aportó los
documentos requeridos, la diferencia de Ciento Treinta y Dos Pesos ($132) en la mesada
reconocida, a que se alude en la demanda, surgió ante su insistencia que se aumentara
la cuantía de su pensión y, fue la administración, a partir de los cálculos que realizó, quien
motu proprio dedujo que antes que aumentarla, era necesario reducir la cuantía de la
pensión, de tal suerte que, no es posible colegir la mala fe del pensionado de esa sola
circunstancia, tampoco se aportó elemento de convicción alguno que ilustre sobre la mala
fe del pensionado.
Así las cosas, la Sala concluye que, no está acreditado que el señor Héctor Gutiérrez
Rodríguez actuó de mala fe, para obtener el reconocimiento pensional otorgado, toda vez
que, no existe prueba que demuestre fraude, maniobras o actos ilegales llevados a cabo
por el demandado, durante el trámite administrativo tendiente a obtener la prestación
económica.
Contrario a lo estimado por la entidad demandante, con las sentencias del Cuatro (4) de
Agosto de Dos Mil Veintitrés (2023), proferida por el Juzgado Décimo (10) Laboral del
Circuito de Cali34 y del Ocho (8) de Noviembre de Dos Mil Veinticuatro (2024), proferida
por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali35, además de, la Resolución SUB
73594 del Seis (6) de Marzo de Dos Mil Veinticinco (2025)36, se evidencia que, incluso el
demandante tiene derecho a una mesada pensional superior a la que le fue
reconocida por Colpensiones en el acto administrativo controvertido en este proceso.
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Expediente digital de segunda instancia – índice 00010 – ff. 8 a 9 archivo PDF 007_MemorialWeb_Recurso-
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Expediente digital de segunda instancia – índice 00010 – ff. 12 a 23 archivo PDF 007_MemorialWeb_Recurso-
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36
Expediente digital de segunda instancia – índice 00010 – ff. 26 a 31 archivo PDF 007_MemorialWeb_Recurso-
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Demandada: Héctor Gutiérrez Rodríguez
Por otra parte, la afirmación contenida en el párrafo anterior sobre el monto de la pensión
del demandado, surge de la sentencia proferida de manera oral, en audiencia del Cuatro
(4) de Agosto de Dos Mil Veintitrés (2023), por el Juzgado Décimo (10) Laboral del
Circuito de Cali37, autoridad judicial que, accedió a la reliquidación pretendida por el señor
Héctor Gutiérrez Rodríguez, fijando la mesada en un monto superior al que tenía
reconocido, con el consecuente pago de las diferencias causadas y no pagadas, la
actualización de valor y los intereses moratorios.
También debe considerarse que, la providencia referida en líneas anteriores, fue
confirmada por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, mediante sentencia del
Ocho (8) de Noviembre de Dos Mil Veinticuatro (2024), que modificó la de primera
instancia y aumentó el valor de la mesada pensional.
Bajo los anteriores supuestos, la jurisdicción ordinaria, en su especialidad laboral, revisó
la cuantía de la prestación económica reconocida al demandado en este proceso y, fruto
de tal revisión, al contrario de lo argumentado por la entidad, en cuanto que, el valor de
la mesada pensional era la suma de Seis Millones Setecientos Dos Mil Ciento Ochenta y
Seis Mil Pesos ($6.702.186), concluyó que, el valor de la mesada pensional del señor
Gutiérrez Rodríguez equivale a Siete Millones Ciento Un Mil Cuatrocientos Cuarenta y
Seis Pesos ($7.101.446). En la sentencia segunda instancia se arribó a esa conclusión,
dado que, se demostró que el señor Héctor Gutiérrez cotizó 1992,43 semanas hasta el
día anterior al reconocimiento de la pensión, razón por la cual, sobre el IBL pensional
($8.883.470) se debía aplicar una tasa de reemplazo del 79.94%.
Desde esta perspectiva, la decisión adoptada por la jurisdicción ordinaria, en su
especialidad laboral, proyecta sus efectos sobre la decisión que debe tomarse en el sub
judice, toda vez que, en las sentencias ejecutoriadas a que se ha hecho referencia se
definió de fondo, valorando las pruebas legal y oportunamente aportadas, cuál era el
monto de la prestación económica reconocida al demandado, incluso con anterioridad a
la sentencia de primera instancia en este medio de control, bajo esos parámetros, la
nulidad de la Resolución SUB 81615 del Veintisiete (27) de marzo de Dos Mil Veinte
(2020), procede no por los razonamientos esbozados en la decisión de primera instancia
del presente medio de control, sino, porque, en aquella decisión administrativa se
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Consultable en la consulta nacional de procesos de la página web de la Rama Judicial, en el enlace:
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cuantificó la pensión, sin tomar en cuenta, todas las semanas cotizadas, ni aplicar la tasa
de reemplazo correspondiente.
Si bien es cierto, la jurisdicción ordinaria, en su especialidad laboral no cuenta con
competencia para realizar control de legalidad sobre los actos administrativos, en este
caso en particular, sobre la Resolución SUB 81615 del Veintisiete (27) de marzo de Dos
Mil Veinte (2020), no es menos cierto que, al haberse comprobado en el sub lite que, el
valor de la mesada que corresponde reconocer al demandado, es superior al reconocido
en el acto acusado, porque así lo determinó el juez competente, se rompe la presunción
de legalidad que cobija el acto administrativo demandado, en cuanto, al importe de la
pensión se refiere, y esta circunstancia, sumada a que, no se no se desvirtuó la
presunción de buena fe que cobija el actuar del demandado, refuerza la postura de la
Sala, respecto a la improcedencia del reintegro de los dineros pretendidos por
Colpensiones y la necesidad de confirmar la nulidad parcial declarada en la sentencia de
primer grado.
Vistas así las cosas, la Sala no accederá a lo pretendido por la entidad demandante en
su recurso de apelación y, en su lugar, confirmará la decisión proferida en primera
instancia por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, con sustento en los precisos
motivos expuestos en las líneas que anteceden.
2.6. Condena en costas
Revisada la conducta de la parte vencida en el proceso, no evidencia la Sala temeridad
o mala fe, sino simplemente la defensa de sus intereses, es decir, no se cumplen los
presupuestos establecidos por el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011; por lo tanto, no se
impondrá condena en costas.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República de Colombia
y por autoridad de la ley,
FALLA:
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del Veintiséis (26) de Junio de Dos Mil Veinticinco
(2025), proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, que declaró la nulidad
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Demandada: Héctor Gutiérrez Rodríguez
parcial de la Resolución SUB 81615 del Veintisiete (27) de marzo de Dos Mil Veinte
(2020), por los precisos motivos expuestos en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: Sin condena en costas.
TERCERO: Por Secretaría, devolver el expediente al Tribunal de origen.
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Con aclaración de voto
Constancia: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de Estado
denominada Samai. En consecuencia, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
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