Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 13001-23-33-000-2018-00111-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 13001-23-33-000-2018-00111-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 13001-23-33-000-2018-00111-01
Consejero ponente: Juan Camilo Morales Trujillo
6 de noviembre de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Bogotá, D. C., seis (6) de noviembre de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho – Ley 1437 de 2011
Radicación: 13001-23-33-000-2018-00111-01 (0946-2025)
Demandante: Miriam Edilsa Loreo Gene
Demandado: Nación (Ministerio de Educación, Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio)
Tema: Pensión ordinaria de docente – Ley 33 de 1985 – vinculación
al servicio educativo oficial antes de la Ley 812 de 2003
Decisión: Confirma la sentencia de primera instancia porque el
demandante acreditó veinte (20) años de servicio en el
sector público
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la entidad accionada
contra la sentencia de primera instancia del 12 de julio de 2024 proferida por el
Tribunal Administrativo de Bolívar.
I. ANTECEDENTES
Demanda
1. La señora Miriam Edilsa Loreo Gene interpuso demanda en ejercicio del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, con el fin de obtener
la nulidad de la Resolución 0356 del 2 de marzo de 2016, y la declaratoria de
nulidad del acto ficto derivado de la no contestación del recurso de apelación
interpuesto, mediante la cual se negó el reconocimiento y pago de la pensión de
jubilación prevista en la Ley 33 de 1985.
2. A título de restablecimiento del derecho solicitó i) conceder a su favor la
citada prestación equivalente al 75 % de los salarios y primas devengados en el
año anterior a la consolidación del estatus jurídico; ii) indexar las sumas
adeudadas y pagar los intereses moratorios que se generen después de la
ejecutoria del fallo; iii) pagar las mesadas pensionales dejadas de percibir desde
el 18 de mayo de 2009 y hasta el cumplimiento de la sentencia; iv) ordenar el
pago de los intereses moratorios causados sobre las sumas dejadas de percibir
por concepto de pensión de jubilación, desde el momento en que debieron
reconocerse y hasta cuando se efectúe el pago efectivo; v) dar cumplimiento a la
sentencia en los términos de los artículos 192 y 195 del CPACA; y vi) condenar
en costas a la parte demandada.
3. Como hechos relevantes de la demanda señaló que nació el 10 de marzo
de 1951, que prestó sus servicios como docente oficial entre el 1 de marzo de
1972 hasta el 31 de diciembre de 1978; del 1 de marzo de 1995 hasta el 14 de
noviembre de 1997; del 1 de febrero de 1998 al 17 de marzo de 2004; y del 18
de marzo de 2004 hasta el 5 de abril de 2010.
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Demandante: Miriam Edilsa Loreo Gene
4. Como concepto de violación argumentó que el acto acusado infringió las
normas en que debía fundarse1, teniendo en cuenta que la demandante cumplió
desde el 18 de mayo de 2009 los requisitos para el reconocimiento y pago de la
pensión de jubilación establecida en la Ley 33 de 1985.
Contestación de la demanda
5. La parte demandada no contestó la demanda pese a ser notificada en
debida forma.
Sentencia apelada
6. Mediante sentencia del 12 de julio de 2024, el Tribunal accedió
parcialmente a las pretensiones y declaró la nulidad del acto acusado. En
consecuencia, ordenó a la entidad demandada reconocer y pagar a favor de la
actora una pensión de jubilación equivalente al 75 % del ingreso base de
liquidación, integrado por los factores salariales devengados en el año anterior a
la consolidación del estatus jurídico, esto es, entre el 12 de julio de 2007 y el 11
de julio de 2008, con efectos a partir del 27 de mayo de 2012 por prescripción
trienal.
7. Precisó que la demandante es beneficiaria del régimen pensional previsto
en la Ley 33 de 1985, dado que cumplió 55 años el 10 de marzo de 2006 y
acreditó 20 años de servicio docente, de acuerdo con los siguientes períodos: del
10 de marzo de 1972 al 31 de diciembre de 19782; del 1 de marzo de 1995 al 14
de noviembre de 19973; del 1 de febrero de 1998 al 17 de marzo de 20044; y del
11 de marzo de 2004 al 25 de abril de 20105, completando un total de veintiún
(21) años, nueve (9) meses y trece (13) días de servicio y que cumplió los 20
años de servicio el 12 de julio de 2008.
8. En ese orden de ideas, consideró que la pensión de jubilación de la
demandante debe liquidarse en un monto equivalente al setenta y cinco por
ciento (75 %) del salario que sirvió de base para los aportes durante el último año
de servicios, correspondiente al período comprendido entre el 12 de julio de 2007
y el 11 de julio de 2008.
9. De conformidad con lo previsto en el artículo 1.º de la Ley 62 de 1985,
señaló que dicha liquidación debe considerar los factores salariales
efectivamente devengados y probados. En este caso, por lo que para el caso
concreto incluyó exclusivamente la asignación básica mensual, toda vez que no
se acreditó que la docente hubiera percibido otros factores salariales de los
enumerados en dicha norma.
10. En relación con la prescripción, señaló que la accionante presentó solicitud
administrativa el 28 de julio de 2015 y radicó la demanda judicial el 25 de agosto
1 Artículo 13,29,48,53,58 y 83 de la Constitución Política de Colombia, y Ley 33 de 1985.
2 Convenio de misiones celebrado entre el Departamento de Bolívar y la Diócesis de Magangué.
3 Vinculación contractual, Secretaría de Educación de Achí.
4 Docente provisional, Secretaría de Educación de San Jacinto.
5 Docente provisional, Secretaría de Educación de Bolívar.
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de 2017. Indicó, además, que el derecho pensional se habría consolidado el 12
de julio de 2011, por lo que concluyó que operó la prescripción trienal, al haber
transcurrido más de tres años entre la fecha de consolidación del derecho
pensional y la presentación de la solicitud administrativa. Por lo tanto, señaló que
el reconocimiento pensional se haría efectivo a partir del 12 de julio de 2012.
11. Finalmente, se abstuvo de condenar en costas.
Recurso de apelación
12. Inconforme con la decisión, el FOMAG interpuso recurso de apelación
argumentando que la demandante no tiene derecho a que se le reconozca una
pensión de jubilación con base en la Ley 33 de 1985, ya que su vinculación a
dicho fondo ocurrió después de que entró en vigor la Ley 812 de 2003, por lo cual
su régimen pensional está previsto en la Ley 100 de 1993.
13. Adujo que los tiempos cotizados bajo la modalidad de contrato de
prestación de servicios no pueden ser tenidos en cuenta, toda vez que no se
comprobó que se hayan realizado aportes para pensión durante estos períodos.
II. TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA
14. Mediante auto del 12 de junio de 2025 se admitió el recurso de apelación
interpuesto contra la sentencia de primera instancia.
15. Las partes no presentaron alegatos de conclusión en esta fase procesal.
16. El Ministerio Público rindió concepto6 en el sentido de solicitar que se
modifique la sentencia de primera instancia, al considerar que a la señora Loreo
Gene le es aplicable el régimen pensional previsto en la Ley 71 de 1988, pues,
la actora no cumple con los 20 años o más de servicios exclusivos como
empleada oficial en el sector público, razón está por la cual no puede ser
beneficiaria de una pensión de jubilación bajo el régimen de la Ley 33 de 1985.
III. CONSIDERACIONES
Competencia
17. De conformidad con el artículo 150 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), modificado por los
artículos 615 del Código General del Proceso (CGP) y 26 de la Ley 2080 de 2021,
el Consejo de Estado es competente para resolver el recurso de apelación.
Problema jurídico
18. Consiste en establecer si la señora Miriam Edilsa Loreo Gene tiene
derecho al reconocimiento y pago de la pensión de jubilación prevista en la Ley
33 de 1985, debido a que su vinculación como docente oficial se produjo con
6 Índice 9 de SAMAI del Consejo de Estado
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anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 812 de 2003. Para el efecto deberá
establecerse si es posible tener en cuenta los contratos de prestación de
servicios.
Análisis del problema jurídico
19. La Sala confirmará la sentencia de primera instancia, toda vez que la
accionante demostró haber ingresado a la docencia oficial antes del 27 de junio
de 2003, fecha en la cual entró en vigor la Ley 812 de 2003.
20. Con el fin de sustentar la anterior conclusión, la Sala estima necesario
relacionar los siguientes hechos, los cuales fueron probados con los documentos
aportados al proceso:
i) La demandante nació el 10 de marzo de 19517.
ii) La accionante acreditó los siguientes tiempos de servicios como docente
en el sector público:
Desde - Tipo de Entidad contratante
Tiempo
Hasta vinculación o empleadora
10 de marzo
de 1972 Resolución
Escuela de Las
hasta 31 de núm. 003 de 2.488 días
Brisas
diciembre de 19729
19788
1 de marzo Escuela Nueve Las
de 1995 Órdenes de Brisas de San
hasta 14 de prestación de Jacinto del Cauca- 990 días
noviembre servicio Alcaldía Municipal de
de 199710 Achí (Bolívar)
1 de febrero
de 1998 Resolución 002
Escuela Rural Mixta
hasta el 17 de 1998 2.237 días
de Las Brisas
de marzo de
200411
11 de marzo Institución Educativa
Decreto 205 de
de 2004 Técnica
2004
hasta el 5 de Agroindustrial Nueva 2.217 días
Nombramiento
abril de Generación de
provisional
201012 Astilleros
7.934 días, equivalente 22
TIEMPO TOTAL DE SERVICIO
años 14 días
21. En los términos expuestos, la Sala observa que la demandante cumplió 55
años de edad el 10 de marzo de 2006, pero para esa fecha solo acreditaba 6.445
días de servicio en el sector público, equivalentes a 17 años, 10 meses y 25 días.
7 Registro civil de nacimiento y Cédula de Ciudadanía. Folios 23 y 26. Archivo 01Expedientedigital (Índice 2
de SAMAI).
8 Certificado Diócesis de Magangué y Resolución núm. 003 de 1972. Folios 17, 18, 118 a 122. Archivo
01Expedientedigital; Folio 30 Archivo 27RespuestaSecretariaEdBolívar. Ibidem
9 Convenio de misiones celebrado entre el Departamento de Bolívar y la Diócesis de Magangué
10 Folio 19 Archivo 01Expedientedigital; Archivo 26RespuestamunicpiodeAchí; Folio 70 Archivo
27RespuestaSecretariaEdBolívar. Ibidem.
11 Folio 20 Archivo 01Expedientedigital; Folio 34 a 38, 152 a 154. Archivo 27RespuestaSecretariaEdBolívar
Ibidem.
12 Folio 21 a 22 Archivo 01Expedientedigital. Folio 34 a 38 Archivo 27RespuestaSecretariaEdBolívar. Ibidem.
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22. Fue hasta el 19 de junio de 2008 que completó 20 años de servicio y
consolidó el estatus pensional con base en la Ley 33 de 1985. Sin embargo, es
necesario poner de presente que la parte demandante no apeló la decisión de
primera instancia.
23. Es preciso poner de presente que en la Sección Segunda del Consejo de
Estado existe una jurisprudencia pacífica y reiterada según la cual los períodos
en los que un docente hubiere laborado en el sector público a través de contratos
de prestación de servicios con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 812
de 2003 son válidos para efectos de acceder al régimen pensional de que trata
la Ley 33 de 1985 y acreditar los veinte (20) años de servicio que esta última
exige para adquirir el derecho a una pensión de jubilación, teniendo en cuenta
que la labor desarrollada en dichos lapsos es propia e inherente a la condición
de docente oficial13.
24. En el presente caso, se observa que la demandante se vinculó al servicio
educativo oficial el 10 de marzo de 1972 mediante nombramiento derivado de un
convenio suscrito entre la Arquidiócesis de Magangué y la Gobernación de
Bolívar.
25. Posteriormente, su vinculación continuó a través de contratos de
prestación de servicios y nombramientos en provisionalidad efectuados de
manera discontinua. Finalmente, se retiró del servicio de forma definitiva el 5 de
abril de 2010.
26. En consecuencia, el régimen pensional aplicable no es el previsto en las
Leyes 100 de 1993 ni 797 de 2003, sino el consagrado en la Ley 91 de 1989, con
remisión a la Ley 33 de 1985, conforme a lo dispuesto en el artículo 81 de la Ley
812 de 2003.
27. Al analizar la sentencia de primera instancia, se advierte que esta
reconoció como primer período de vinculación a la docencia oficial el
comprendido entre el 10 de marzo de 1972 y el 31 de marzo de 1978. No
obstante, en el certificado expedido por la Secretaría de Educación de Bolívar se
indicó como fecha de terminación del vínculo el 25 de junio de 1985.
28. Igualmente, es preciso señalar que, si bien el Tribunal determinó el 12 de
julio de 2008 como la fecha de consolidación del estatus pensional, para esta
Sala los veinte años de servicio se cumplieron el 19 de junio de 2008.
29. Sin embargo, dado que el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio (FOMAG) actúa como apelante único, no es posible modificar la
decisión adoptada en la sentencia de primera instancia, en aplicación del
principio de prohibición de la reformatio in pejus.
13 Al respecto, ver, por ejemplo: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Segunda, Subsección A, sentencia del 18 de noviembre de 2020, expediente 66001-23-33-000-2016-00082-
01 (4676-2017); sentencia del 24 de febrero de 2022, expediente 63001-23-33-000-2018-00183-01 (4650-
2019); y sentencia del 20 de junio de 2024, expediente 17001-23-33-000-2019-00174-01 (0506-2022).
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30. En los términos expuestos, la Sala concluye que el demandante acreditó
los veinte (20) años de servicio en el sector público que necesita para poder
acceder a una pensión de jubilación con base en la Ley 33 de 1985, razón por la
cual se confirmará la sentencia de primera instancia.
31. Cabe agregar que, tal como lo señaló el Tribunal, la solicitud se presentó
el 28 de julio de 2015 y la demanda judicial se radicó el 25 de agosto de 2017,
por lo que operó el fenómeno de la prescripción, de modo que se entiende que
la prestación se debe reconocer con efectos a partir del 12 de julio de 2008, pero
tan solo se pagarán las mesadas causadas a partir del 28 de julio de 2012.
Condena en costas de segunda instancia
32. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47
de la Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta
corporación frente a la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo
anterior, de una lectura armónica y útil de la norma se colige que la aludida
reforma de ninguna manera significó un apartamiento o alteración del criterio
objetivo que gobierna esta materia.
33. La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de
2021, fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca
manifiestamente de fundamento legal, respecto de asuntos donde se ventile un
interés público; creando así una excepción a la regla general, según la cual no
procede dicha imposición en este tipo de procesos. Ahora bien, tratándose de los
demás asuntos, como es el caso de los trámites de nulidad y restablecimiento del
derecho, lo dispuesto en el artículo 188 del CPACA se mantiene incólume; en
ese sentido la sentencia dispondrá sobre la condena en costas sobre la parte
vencida en el proceso.
34. En tal virtud, la eventual condena se impondrá a la parte vencida; la
liquidación y ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGP teniendo en
cuenta la remisión contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.
35. En consecuencia, se impondrán costas a la entidad demandada, por
cuanto se niegan totalmente las peticiones del recurso de apelación. Para el
efecto, de conformidad con el artículo 366 del CGP, las agencias en derecho
serán fijadas por el magistrado ponente de la primera instancia y las expensas
serán liquidadas por la secretaría del Tribunal Administrativo de Bolívar.
36. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley
IV. RESUELVE
PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia proferida 12 de julio de 2024 por el
Tribunal Administrativo de Bolívar.
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SEGUNDO. CONDENAR en costas en segunda instancia a la entidad
demandada, de acuerdo con lo establecido en la parte motiva de la presente
providencia.
TERCERO. Una vez ejecutoriada esta providencia, por Secretaría, REALIZAR
las anotaciones respectivas y RETORNAR el expediente al tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA : La presente providencia fue firmada electrónicamente a través de la plataforma del Consejo de
Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
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