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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 13001-23-33-000-2018-00743-01

Fecha
18 de abril de 2024
Consejero ponente
Hernando Sanchez Sanchez
Citada por
2 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 13001-23-33-000-2018-00743-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: DECLARAR desierto el recurso de apelación interpuesto por el señor Oscar Eduardo Borja Santofimio contra la sentencia de 27 de agosto de 2019 proferida por el Tribunal Administrativo de Bolívar, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: REVOCAR la sentencia de 27 de agosto de 2019 proferida por el Tribunal Administrativo de Bolívar, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. TERCERO: DECLARAR la amenaza y vulneración de los derechos e interés colectivos al patrimonio cultural de la Nación y a la realización de las construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos respetando las disposiciones jurídicas, de manera ordenada, y dando prevalencia al beneficio de la calidad de vida de los habitantes por parte de Luis F. Correa y Asociados S.A., Acción Sociedad Fiduciaria S.A., como vocera del Fideicomiso Hotel Santa Catalina, y por el Instituto de Patrimonio Cultural de Cartagena, por las razones expuestas en la parte motiva de esta sentencia. CUARTO: ORDENAR a Acción Sociedad Fiduciaria S.A., como vocera del Fideicomiso Hotel Santa Catalina, a L&L Proyectos S.A.S. y William Álvarez Álvarez que se abstengan de realizar modificaciones al inmueble de que trata esta acción popular sin contar con las licencias y autorizaciones establecidas en la ley y reglamentos, por las razones expuestas en la parte motiva de esta sentencia. QUINTO: ORDENAR al Instituto de Patrimonio Cultural de Cartagena que, en el marco de sus competencias constitucionales, legales y reglamentarias, adelante y finalice el correspondiente trámite administrativo con el objeto de determinar las responsabilidades por la infracción de la normativa en materia urbanística en relación con los hechos que originaron la presente acción popular, por las razones expuestas en la parte motiva de esta sentencia. Para efectos de lo anterior, el trámite administrativo deberá finalizarse dentro de los 12 meses siguientes a la notificación de esta sentencia, por las razones expuestas en la parte motiva de esta sentencia. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 96 […]

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 13001-23-33-000-2018-00743-01

Consejero ponente: Hernando Sanchez Sanchez

18 de abril de 2024

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

Bogotá D.C., dieciocho (18) de abril de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: Medio de control de protección de los derechos e intereses colectivos
Núm. único de radicación: 130012333000201800743-011 y
130013333010201700070-00
Actores: Andrés Piedrahita Vélez, Oscar Eduardo Borja Santofimio y Gustavo de
Jesús Guardiola
Demandados: Nación - Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes2, Distrito
Turístico y Cultural de Cartagena de Indias, Instituto de Patrimonio y Cultura de
Cartagena de Indias, Curador Urbano Segundo de Cartagena de Indias, Luis F.
Correa y Asociados S.A. y Acción Sociedad Fiduciaria S.A.
Vinculados: L&L Proyectos S.A.S. y William Álvarez Álvarez3

Asunto: Resuelve los recursos de apelación interpuestos contra una sentencia
proferida en un proceso de protección de los derechos e intereses colectivos.

SENTENCIA EN SEGUNDA INSTANCIA

La Sala procede a decidir los recursos de apelación interpuestos por Oscar Eduardo
Borja Santofimio y Andrés Piedrahita Vélez -en adelante la parte actora-, contra la

1 El proceso inicialmente se identificó con el núm. único de radicación 130012333000201701057-00.
2 La Ley 2319 de 29 de agosto de 2023, por medio de la cual se reforma la ley 397 de 1997, se cambia la

denominación del ministerio de cultura, se modifica el término de economía naranja y se dictan otras
disposiciones, dispuso en su artículo 2 lo siguiente: “[…] ARTÍCULO 2. Modifíquese el artículo 66 de la Ley 397
de 1997, el cual quedará así:
ARTÍCULO 66. Ministerio de las Culturas, las Arles y los Saberes. Créase el Ministerio de las Culturas, las
Artes y los Saberes como organismo rector de la cultura, encargado de formular, coordinar, ejecutar y vigilar la
política del Estado en la materia, en concordancia con los planes y programas de desarrollo, según los principios
de participación contemplados en esta ley; el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes tendrá a su
cargo, además de las funciones previstas en la presente ley, el ejercicio de las atribuciones generales que
corresponde ejercer a los ministerios, de conformidad con el Decreto 1050 de 1968.
[…]
PARÁGRAFO. A partir de su promulgación, todas las leyes y reglamentaciones que se refieran al Ministerio de
Cultura, deberá leerse como Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes y la ministra o ministro definido
en este cargo se le denominará ministra o ministro de las Culturas, las Artes y los Saberes […]”.
3 Fueron vinculados en razón de los contratos de cesión celebrados entre, por una parte, el fideicomitente Luis

F. Correa Asociados S.A. como cesionante y, por otra parte, William Álvarez Álvarez y L&L Proyectos S.A.S.
como cesionarios. Los mismos aparecen suscritos el 15 de noviembre de 2011, el 30 de octubre de 2014 y otros
dos convenios sin fecha, en los cuales se modificaron los porcentajes de participación en el contrato de fiducia
hasta llegar a ceder la totalidad de derechos. La anterior circunstancia fue objeto de certificación por la
fideicomisaria, Acción Sociedad Fiduciaria S.A., el 24 de abril de 2017. Cfr. índice 19 del expediente digital,
SAMAI. Archivo denominado: 31_REGRESADELTRIBUNAL_130012333000(.PDF) NroActua 19. Páginas 235-
241 y 206.

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2

Núm. único de radicación: 130012333000201800743-01
(Acumulado: 130013333010201700070-00)

sentencia de 27 de agosto de 2019 proferida por el Tribunal Administrativo de
Bolívar.

La presente providencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii)
Consideraciones de la Sala; y iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a continuación.

I. ANTECEDENTES

Las demandas

1. Los señores Oscar Eduardo Borja Santofimio, Gustavo de Jesús Guardiola
Osorio y Andrés Piedrahita Vélez presentaron demandas en ejercicio del respectivo
medio de control contra el Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias, la
Curaduría Urbano Segunda de Cartagena de Indias, Luis F. Correa y Asociados
S.A. y la sociedad Acción Sociedad Fiduciaria S.A. como vocera del patrimonio
autónomo denominado Fideicomiso Hotel Santa Catalina. Lo anterior con el objeto
de obtener la protección de los derechos e intereses colectivos: i) a la defensa del
patrimonio cultural de la Nación4; ii) a la realización de las construcciones,
edificaciones y desarrollos urbanos respetando las disposiciones jurídicas, de
manera ordenada, y dando prevalencia al beneficio de la calidad de vida de los
habitantes; y iii) a la moralidad administrativa.

2. La parte actora considera vulnerados los derechos e intereses colectivos
indicados supra, porque se realizaron obras de construcción en el inmueble
denominado Hotel Santa Catalina ubicado en la dirección Carrera 6 # 32 - 62 del
Barrio Centro en Cartagena de Indias, Bolívar. En su criterio, el desarrollo de esas
actividades es contrario a la normativa permitida debido a que está ubicado en una
zona de interés cultural.

Pretensiones

3. Las pretensiones invocadas en el escrito de la demanda identificada con el
número único de radicación 130012333000201800743-01, son las siguientes:

“[…] PRIMERO: Declarar que los entes accionados y/o los vinculados, amenazan,
vulneran, y/o conculcan los derechos colectivos invocados y/o los que el Despacho
considere y/o los que resulten probados dentro del trámite de la presente acción
constitucional.

SEGUNDO: Ordenar a los entes accionados y/o a los vinculados la realización de las
acciones necesarias para hacer cesar el peligro, la amenaza, la vulneración o agravio

4 Derecho colectivo que abarca lo señalado en el escrito de la demanda como “defensa del patrimonio Histórico

y Cultural de la Humanidad”.

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3

Núm. único de radicación: 130012333000201800743-01
(Acumulado: 130013333010201700070-00)

y la violación de los derechos colectivos enunciados conculcados de los cuales el
accionante asume la defensa.

TERCERO: Ordenar a los entes accionados y/o a los vinculados que realicen las
obras necesarias para restituir el inmueble demolido a su estado anterior como
consecuencia del valor histórico, arquitectónico y por no haberse realizado una obra
de RESTAURACIÓN de una edificación con importante interés histórico y cultural.

CUARTO: Que se ordene la revisión de todas las resoluciones por medio de las
cuales se concedió LICENCIA DE CONSTRUCCION EN LA MODALIDAD DE
RESTAURACION EN LA CATEGORIA DE INTERVENCIÓN DE ADECUACIÓN
SOBRE PREDIO UBICADO EN EL BARRIO CENTRO CARRERA 6 Nro. 32 62: para
que se realicen los estudios que determinen si se trata de una RESTAURACIÓN O
UNA DEMOLICION y CONSTRUCCION DE NUEVA OBRA.

QUINTO: Que mientras se realizan los estudios de las licencias o resoluciones
proferidas por la CURADURIA URBANA Nro. 2 de CARTAGENA, al predio ubicado
EN EL BARRIO CENTRO CARRERA 6 Nro. 32 62. Se ordene la SUSPENSIÓN DE
LAS OBRAS que se adelantan.

SEXTO: Ordenar a la entidad encargada sancionar penal y administrativamente a los
accionados y a los vinculados, de manera ejemplar para que a futuro a transgresión
objeto de esta acción popular no se vuelva a presentar.

SEPTIMO: Que se condene en costas a los accionados y a los vinculados a cancelar
a favor del accionante, los gastos que ocasionó promover la presente acción
constitucional […]”5.

4. Las pretensiones invocadas en el escrito de la demanda identificada con el
número único de radicación 130013333010201700070-00, son las siguientes:

“[…] 1. Decrete la inmediata suspensión de las obras para hacer cesar el daño
inminente que se está produciendo, y evitar que con el avance de la construcción se
siga generando ese daño al patrimonio de nuestra nación.

2. Obligue a los propietarios del inmueble y/o responsables de la construcción, a
adecuar la obra a la licencia de construcción y al Plan de Ordenamiento Territorial de
Cartagena.

3. Se conmine a los propietarios del inmueble yo responsables de la construcción a
adelantar la obra al amparo de una licencia vigente […]”6.

Presupuestos fácticos

Proceso identificado con número único de identificación
130012333000201800743-01

5. La parte actora indicó, en síntesis, los siguientes hechos para fundamentar
sus pretensiones dentro del proceso identificado con número único de identificación
130012333000201800743-01:

5 Cfr. Índice 19 del expediente digital, SAMAI. Archivo denominado:
12_REGRESADELTRIBUNAL_201800743P(.PDF) NroActua 19.
6 Cfr. Índice 19 del expediente digital, SAMAI. Archivo denominado:
31_REGRESADELTRIBUNAL_130012333000(.PDF) NroActua 19.

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4

Núm. único de radicación: 130012333000201800743-01
(Acumulado: 130013333010201700070-00)

5.1. El 17 de agosto de 1985 la Organización de las Naciones Unidas para la
Educación, la Ciencia y la Cultura -UNESCO- declaró como patrimonio de la
humanidad al Puerto, Fortaleza y conjunto monumental de Cartagena de Indias.

5.2. La morfología del lugar donde se encuentra el inmueble no puede ser alterada
debido a que tiene dicha categoría, adicional a que, para ciertas ocasiones, el
Distrito cumpliría el papel de sede alterna de la Presidencia de la República y del
Ministerio de Relaciones Exteriores.

5.3. El Comité Técnico de Patrimonio Histórico y Cultural otorgó, mediante Acta
núm. 18 de 19 de diciembre de 2011, concepto favorable para la intervención
desarrollada en el predio del Hotel Santa Catalina.

5.4. La Curaduría Urbana núm. 2 de Cartagena otorgó a la sociedad L&L Proyectos
S.A.S., quien ostenta la calidad de fideicomitente del Fideicomiso Hotel Santa
Catalina, licencias de construcción en la modalidad de "restauración" dentro de la
categoría de “intervención de adecuación” mediante Resoluciones núm. 231 de 1
de noviembre de 2012 y 127 de 4 de junio de 2015.

5.5. De conformidad con el artículo 522 del Plan de Ordenamiento Territorial de
Cartagena7, el inmueble ubicado en el predio 14 de la manzana 75 pertenece a las
tipologías correspondientes a las limitantes de “restauración de fachada con
adecuación interior”; en consecuencia, indicó que la obra no fue una restauración
sino realmente consistió en una demolición.

Proceso identificado con el número único de radicación
130013333010201700070-00

6. La parte actora indicó, en síntesis, los siguientes hechos para fundamentar
sus pretensiones dentro del proceso identificado con número único de radicación
130013333010201700070-00:

6.1. La mencionada declaración como patrimonio de la humanidad, por parte de la
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura -
UNESCO-, se da en razón al estado de conservación y originalidad de los bienes
inmuebles que se encuentran en el centro histórico, con la necesidad de protegerlos
durante el paso del tiempo.

7 Se trata del Decreto núm. 0977 de 20 de noviembre de 2001.

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5

Núm. único de radicación: 130012333000201800743-01
(Acumulado: 130013333010201700070-00)

6.2. Debido a la categoría previamente mencionada, para poder realizar una
intervención arquitectónica sobre los inmuebles de esa zona, se debe contar con
una autorización del Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena de Indias -IPCC-
para posteriormente solicitar a la respectiva curaduría urbana la expedición de la
licencia de construcción.

6.3. El Comité Técnico de Patrimonio Histórico y Cultural otorgó, mediante Acta
núm. 18 de 19 de diciembre de 2011, concepto favorable para autorizar las
intervenciones y, como resultado, la Curaduría Urbana núm. 2 de Cartagena otorgó
licencia de construcción mediante Resolución 127 de 4 de junio de 2015.

6.4. Dentro del listado de reglamentación predial establecido en el artículo 522 del
Plan de Ordenamiento Territorial de Cartagena, el inmueble citado corresponde al
predio 14 de la manzana 75, para el cual se establece, por un lado, la categoría de
intervención denominada “restauración de fachada con adecuación interior”; y, por
el otro, no se permiten obras de ampliación. Como explicación, adicionó que el Hotel
Santa Catalina surgió como consecuencia de un englobe de varios predios que
tenían como tipología “casa alta por sobre elevación” frente a la Plaza de los Coches
y “accesoria de taza y plato” al costado de la Calle del Candilejo.

6.5. En su criterio, la obra que se adelanta en el predio vulnera la licencia de
construcción y lo dispuesto en el Plan de Ordenamiento Territorial -POT- en razón
de lo siguiente: i) se están elevando dos nuevos pisos y mezanine sobre la cubierta
original del edificio; ii) el límite natural a la elevación de las casas es superado por
los bordillos de las fachadas; iii) no pusieron la valla obligatoria de información de la
obra en ambos costados de la construcción, solo en uno; iv) con la obra se han
eliminado servidumbres históricas de ventilación del edificio colindante: Torre del
Reloj; v) se está construyendo una piscina que no es acorde con la categoría de
intervención permitida para ese inmueble; y vi) el techo levantado sobre la cubierta
del edificio es de una sola agua, condición que expresamente no está permitida en
el Plan de Ordenamiento Territorial -POT-.

6.6. La Personería Distrital de Cartagena expidió un informe de visita técnica el 6
de febrero de 2017, a causa de una visita realizada el 1 de enero de 2017, en el
cual concluyó lo siguiente: i) la Resolución 231 de 2012 no estaba vigente; ii) en la
Resolución 127 de 2015 “[…] solo se aprueban las obras conducentes a la
modificación estructural de una edificación en concreto reforzado a una estructura
en acero, por lo que la obra en comento no cuenta con licencia de construcción
vigente porque la misma se venció, es decir, no se prorrogó […]”; iii) los cambios de

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6

Núm. único de radicación: 130012333000201800743-01
(Acumulado: 130013333010201700070-00)

distribución interior no son significativos; iv) entre las modificaciones sustanciales
se encuentra un cambio de nivel de 20 cm por encima del nivel del balcón hacia la
fachada de la Plaza de los Coches; v) el cuarto piso, que fue aprobado como
entrepiso, tiene cambios de tamaño en las cubiertas de dos aguas aumentando el
área de la terraza; vi) la cubierta que según los planos iba a ser de dos aguas fue
construida a una sola pendiente con cubierta plana; vii) la altura de la fachada hacia
la Calle del Candilejo fue aumentada en 1.30 centímetros no concordante con los
planos aprobados; viii) en los planos aparecía un “depósito de agua” pero realmente
fue hecha una piscina cambiando su tamaño, forma, altura y ubicación; ix) “desde
el primer informe emitido por el arquitecto Hugo Bustillo Osorio y la ingeniera Dalis
Herrera Vargas, asesores de la división de patrimonio, ya se mencionaba los
cambios de alturas encontrados en el proyecto”; x) el proyecto viola la normativa
vigente debido a que estaba prohibida la ampliación en este tipo de trabajos; xi)
estableció con clara precisión que “de acuerdo a lo relacionado anteriormente y [a]
que esta construcción viene violando las normas desde sus inicios[,] se recomienda
dar traslado a la delegada para la vigilancia administrativa o a quien corresponda,
para que se inicie la investigación que el asunto amerite".

6.7. El Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena de Indias – IPCC realizó un
control de obra el día 29 de noviembre de 2016, de allí realizó un cuadro
comparativo sobre el proyecto radicado respecto al ejecutado y concluyó que “[…]
se identificaron cambios sustanciales que puedan contravenir lo dispuesto en los
planos aprobados por el comité técnico asesor, como también en la Resolución No.
0127 de 04 de junio de 2015. Expedida por la curaduría urbana No. 2 […]”.

6.8. Concluyó que, dando cumplimiento al requisito del artículo 144 de la Ley 1437
de 18 de enero de 20118, remitió escritos a la Curaduría Urbana Segunda de
Cartagena y al Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena de Indias de Indias –
IPCC solicitando adopten las medidas necesarias para proteger el derecho o interés
colectivo amenazado o violado. En respuesta a ello solo el Instituto de Patrimonio y
Cultura de Cartagena - IPCC se manifestó, pero no dio respuesta de fondo.

Actuaciones en primera instancia

7. El Tribunal Administrativo de Bolívar profirió auto de 23 de noviembre de 2017
en el que resolvió: i) admitir la demanda; ii) vincular al Ministerio de Cultura -hoy
Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes-; iii) notificar personalmente a la
parte demandada, a la Defensoría del Pueblo y al Ministerio Público; iii) informar a

8 “Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”.

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7

Núm. único de radicación: 130012333000201800743-01
(Acumulado: 130013333010201700070-00)

los miembros de la comunidad, a través de un medio masivo de comunicación; y iv)
oficiar a los despachos del mismo Tribunal con el fin que indicaran si en sus
despachos cursaba el mismo medio de control con las mismas partes y bajo los
mismos hechos y pretensiones.

8. Posterior al estudio pertinente, el Tribunal profirió auto de 10 de agosto de
20189 acumulando los procesos identificados con número único de radicación
130012333000201701057-00 y 130013333010201700070-00.

9. La Oficina del Centro de Servicio de Jurisdicción Contenciosa
Administrativa10, en cumplimiento al auto de 29 de octubre de 2018, asigna nuevo
radicado al proceso principal y en adelante se identificó con el número único de
radicación 130012333000201800743-00.

Contestaciones de la demanda

10. Dentro del proceso identificado con número único de radicación
130012333000201800743-01 se presentaron las siguientes contestaciones:

Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias de Indias

11. El Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias11 contestó la demanda
y se opuso a las pretensiones formuladas, así12:

11.1. Su administración ha trabajado en la aplicación de las normas contenidas en
el Plan de Ordenamiento Territorial, teniendo en cuenta que las curadurías actúan
dentro de un marco propio de competencias establecidas en la Ley 388 de 18 de
julio de 199713.

11.2. El artículo 11 de la Ley 397 de 7 de agosto de 199714, modificado por la Ley
1185 de 12 de marzo de 200815, fija el régimen especial de protección al que están
sometidos los bienes de interés cultural, dentro de lo cual resalta que el Ministerio

9 Cfr. Índice 19 del expediente digital, SAMAI. Archivo denominado:
12_REGRESADELTRIBUNAL_201800743P(.PDF) NroActua 19.
10 Cfr. Índice 19 del expediente digital, SAMAI. Archivo denominado:
12_REGRESADELTRIBUNAL_201800743P(.PDF) NroActua 19.
11 Mediante apoderado.
12 Cfr. Índice 19 del expediente digital, SAMAI. Archivo denominado:
12_REGRESADELTRIBUNAL_201800743P(.PDF) NroActua 19.
13 “Por la cual se modifica la Ley 9ª de 1989, y la Ley 3ª de 1991 y se dictan otras disposiciones”.
14 “Por la cual se desarrollan los artículos 70, 71 y 72 y demás artículos concordantes de la Constitución Política

y se dictan normas sobre patrimonio cultural, fomentos y estímulos a la cultura, se crea el Ministerio de la
Cultura y se trasladan algunas dependencias”.
15 “Por la cual se modifica y adiciona la Ley 397 de 1997 –Ley General de Cultura– y se dictan otras

disposiciones”.

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8

Núm. único de radicación: 130012333000201800743-01
(Acumulado: 130013333010201700070-00)

de las Culturas, las Artes y los Saberes debe realizar una autorización previa para
una posibilidad de intervención en dichos bienes.

11.3. La suspensión de las licencias no es el medio para realizar control urbano,
así como que en la Ley 388 hay una serie de sanciones contra las infracciones
urbanísticas que, según el demandado, no es posible que se haya incurrido en ellas
e incumplido los presupuestos procesales permitidos debido a que, si así fuere, en
el proceso no obrarían actos administrativos que conceden licencias “[…] para la
conservación cultural, histórica y arquitectónica […]”.

11.4. El juez constitucional no debe valorar ninguna de las fotografías allegadas
por la parte actora “[…] toda vez que consideró que las mismas carecían de mérito
probatorio, como quiera que sólo daban cuenta del registro de varias imágenes
sobre las cuales no era posible determinar su origen ni el lugar donde fueron
tomadas y que, además, que no se tenía certeza de la época en la que habían sido
tomadas. Sumado a ello, el no contar con el reconocimiento o ratificación de
terceros, dichas fotografías no podían ser cotejadas con otros medios de prueba
allegados al proceso […]”.

11.5. Por último, propuso una excepción que tituló “inexistencia de la vulneración”.

La Curaduría Urbana núm. 2 de Cartagena de Indias

12. La Curaduría Urbana núm. 2 de Cartagena de Indias16 contestó la demanda
y se opuso a las pretensiones formuladas señalando que existe otro proceso con
identidad de objeto respecto al de la referencia y, siendo una acción popular, se
configuraría el agotamiento de la jurisdicción, por lo cual solicitó el rechazo de la
demanda y la nulidad de todo lo actuado desde el auto admisorio.

12.1. Propuso como excepción la denominada “agotamiento de jurisdicción”.

El Ministerio de las Culturas, las Artes y Los Saberes

13. El Ministerio de las Culturas, las Artes y Los Saberes17 contestó la demanda
y se opuso a las pretensiones formuladas con fundamento en los siguientes
argumentos: i) afirmó que el auto admisorio los vincula sin determinar bajo qué
alcance; ii) manifestó que la autorización de la intervención del inmueble en cuestión
corresponde a las instancias distritales para el manejo patrimonial y no al Ministerio,

16 Cfr. Índice 19 del expediente digital, SAMAI. Archivo denominado:
12_REGRESADELTRIBUNAL_201800743P(.PDF) NroActua 19.
17 Cfr. Índice 19 del expediente digital, SAMAI. Archivo denominado:
12_REGRESADELTRIBUNAL_201800743P(.PDF) NroActua 19.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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Núm. único de radicación: 130012333000201800743-01
(Acumulado: 130013333010201700070-00)

por lo tanto, el último no ha incurrido en acciones u omisiones que vulneren o
agravien derechos colectivos y tampoco tiene a cargo el llamado de restituir las
cosas a su estado anterior debido a que esa es obligación del propietario o poseedor
del bien; iii) adujo que, a pesar de lo anterior, realizó un comparativo en el cual
encontró diferencias entre la reglamentación vigente para la tipología asignada, lo
autorizado por la licencia de construcción y lo que se encontraba en proceso de
obra; y iv) solicitó ser desvinculado como litisconsorte necesario, si ese es el
alcance.

13.1. Propuso como excepción la “falta de legitimación en la causa”.

La Acción Sociedad Fiduciaria S.A.

14. La Acción Sociedad Fiduciaria S.A.18 contestó la demanda y se opuso a las
pretensiones formuladas, así:

14.1. La licencia de construcción otorgada mediante Resolución 231 de 1 de
noviembre de 2012 se venció sin culminar la obra; por tal motivo, fue necesario
solicitar una nueva, se trata de la Resolución 127 de 4 de junio de 2015.

14.2. El proyecto aprobado no contiene obras de ampliación y que el demandante
debe probar tal aseveración, así como la versión del actor popular cuando indicó
que la obra se trataba de una demolición sin ningún sustento técnico.

14.3. Propuso como excepción la denominada “agotamiento de jurisdicción”.

15. Dentro del proceso identificado con el número único de radicación
130013333010201700070-00 se presentaron las siguientes contestaciones:

El Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena de Indias

16. El Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena de Indias19 contestó la
demanda y se opuso a las pretensiones formuladas, así:

16.1. Ninguna de las pretensiones se ha dirigido al cumplimiento de sus funciones,
sin embargo, se encuentra probada su buena gestión con el adecuado control
respecto a la obra en comento.

18 Cfr. Índice 19 del expediente digital, SAMAI. Archivo denominado:
12_REGRESADELTRIBUNAL_201800743P(.PDF) NroActua 19.
19 Cfr. Índice 19 del sistema de gestión judicial, SAMAI. Archivo denominado:
32_REGRESADELTRIBUNAL_130012333000(.PDF) NroActua 19.

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10

Núm. único de radicación: 130012333000201800743-01
(Acumulado: 130013333010201700070-00)

16.2. Manifestó que el Instituto está próximo a expedir decisión, dentro de trámites
administrativos sancionatorios, para corregir las posibles violaciones detectadas en
la construcción que nos ocupa.

16.3. Propuso como excepción la denominada “cumplimiento de sus funciones por
parte de la División de Patrimonio del IPCC”.

La Acción Sociedad Fiduciaria S.A., L&L Proyectos S.A.S., William Álvarez
Álvarez y Luis F. Correa y Asociados S.A.

17. La Acción Sociedad Fiduciaria S.A.20 mediante apoderada y actuando
conjuntamente con la sociedad L&L Proyectos S.A.S., del señor William Álvarez
Álvarez y Luis F. Correa y Asociados S.A.21, contestó la demanda y se opuso a las
pretensiones formuladas, así:

17.1. Señaló que el competente para autorizar intervenciones en inmuebles
declarados Bienes de Interés Cultural (BIC), a nivel distrital es el Instituto de
Patrimonio y Cultura de Cartagena de Indias y a nivel nacional es el Ministerio de
las Culturas, las Artes y los Saberes.

17.2. Afirmó que la licencia de construcción otorgada mediante Resolución 231 de
1 de noviembre de 2012 se venció sin culminar la obra, por tal motivo fue necesario
solicitar una nueva, que fue concedida con la Resolución 127 de 4 de junio de 2015.

17.3. Indicó que las fichas históricas referidas en la demanda fueron eliminadas de
la normativa una vez se expidió el Plan de Ordenamiento Territorial de Cartagena.

17.4. Precisó que i) la obra no está superando la altura del edificio original; ii) los
bordillos no superan lo que existía; iii) la ley no obliga poner la valla en ambas calles;
iv) la obra de la piscina no está prohibida en el Plan de Ordenamiento Territorial ni
constituye una ampliación; y v) la cubierta del edificio era de una sola agua y se
recuperó para poder hacerla de dos aguas.

17.5. Aseveró que la intención del demandante es dejar sin efectos las
Resoluciones que concedieron las licencias de construcción y ese asunto puede ser
objeto de un medio de control de nulidad; sin embargo, al no hacerlo de forma
oportuna decidió promover una acción popular.

20 Cfr. Índice 19 del expediente digital, SAMAI. Archivo denominado:
12_REGRESADELTRIBUNAL_201800743P(.PDF) NroActua 19.
21 Apoderada conjuntamente de la sociedad L&L Proyectos S.A.S., del señor William Álvarez Álvarez y Luis F.

Correa y Asociados S.A.

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Núm. único de radicación: 130012333000201800743-01
(Acumulado: 130013333010201700070-00)

17.6. Planteó que el demandante tiene interés personal debido a que el
apartamento de su propiedad cuenta con unas ventanas que tienen vista hacia la
obra en construcción. Además, a su criterio, dichas ventanas son ilegales debido a
que fueron abiertas después de la promulgación del Código Civil Colombiano que
dispone sobre las servidumbres de luz.

17.7. Propuso las siguientes excepciones tituladas como “ineptitud sustancial de la
demanda por indebida escogencia de la acción”, “ineptitud sustancial de la acción
popular cuando la pretensión implica nulidad de actos administrativos”, “existencia
de interés subjetivo en el actor de la acción popular”, “inexistencia de obras de
ampliación”, “ausencia de los supuestos sustanciales para la prosperidad de la
acción popular” y “la acción popular causaría graves perjuicios y afectaciones a los
accionados y los partícipes vinculados al FA-1275 Fideicomiso Hotel Santa
Catalina”.

Coadyuvancias

18. Dentro del proceso identificado con número único de radicación
130013331010201700070-00, se presentó solicitud de coadyuvancia a la parte
actora por la Personería Distrital de Cartagena con fecha de 28 de mayo de 2018.

19. Dentro del proceso identificado con número único de radicación
130012333000201800743-01, se presentaron las solicitudes de coadyuvancia22 a
la parte actora por el señor Julio Cesar Buendía Reyes, el señor Bladimir Basabé
Sánchez y por la Fundación Cartagena al 100%.

La audiencia especial de pacto de cumplimiento

20. El Juzgado Décimo Administrativo de Cartagena profirió auto el 6 de julio de
201723 dentro del proceso 130013333010201700070-00, mediante el cual i) se fijó
fecha de audiencia de pacto de cumplimiento; y ii) se vinculó a la sociedad L&L
Proyectos S.A.S. y al señor William Álvarez Álvarez en calidad de fideicomitentes y
beneficiarios del Fideicomiso Hotel Santa Catalina.

21. En las actuaciones del proceso identificado con el número único de
radicación 130013333010201700070-00, el Juzgado Décimo Administrativo de
Cartagena realizó la audiencia de Pacto de Cumplimiento los días 17 de julio de

22 Cfr. Índice 19 del expediente digital, SAMAI. Archivo denominado: 13001233300020180074300-2.pdf dentro

de 12_REGRESADELTRIBUNAL_201800743P(.PDF) NroActua 19. Páginas 15-20.
23 Cfr. Índice 19 del expediente digital, SAMAI. Archivo denominado:
38_REGRESADELTRIBUNAL_130012333000(.PDF) NroActua 19. Páginas 159-160.

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Núm. único de radicación: 130012333000201800743-01
(Acumulado: 130013333010201700070-00)

201724 y 6 de septiembre de 201725 la cual se declaró fallida por falta de acuerdo
entre las partes.

22. En las actuaciones del proceso identificado con número único de radicación
130012333000201800743-01, el Tribunal Administrativo de Bolívar celebró la
audiencia de Pacto de Cumplimiento el 18 de febrero de 201926, sin que existiera
propuesta de acuerdo, por lo cual, se declaró fallida. En dicha audiencia se
aceptaron las coadyuvancias del señor Julio Cesar Buendía Reyes y de la
Fundación Cartagena al 100%; y ii) se decretaron pruebas.

Sentencia proferida, en primera instancia

23. El Tribunal Administrativo de Bolívar profirió sentencia, en primera instancia,
el 27 de agosto de 2019 en la que resolvió lo siguiente:

“[…] PRIMERO: DECLARASE fundado el impedimento manifestado por el doctor
José Rafael Guerrero Leal, como Magistrado integrante de la Sala de Decisión n° 1,
de este Tribunal, en consecuencia, acéptasele y sepárese del conocimiento del
presente proceso.

SEGUNDO: DECLÁRANSE no probadas las excepciones propuestas por las
accionadas.

TERCERO: NIÉGANSE, las pretensiones del presente medio de control, por las
razones anotadas en la parte considerativa de la presente providencia.

CUARTO: Notifíquese a todas las partes y al Agente del Ministerio Público Delegado
ante este Despacho.

QUINTO: Sin costas en esta instancia.

SEXTO: Una vez ejecutoriada esta providencia, ARCHÍVESE el expediente […]”27.

Consideraciones del Tribunal

24. El Tribunal consideró que, de conformidad con lo expuesto por el Consejo de
Estado28, el material fotográfico allegado al proceso no cumple con los requisitos
que permitan otorgarle connotación probatoria debido a que no hay certeza de las
circunstancias de modo, tiempo y lugar en que fueron recaudadas. Sin embargo,

24 Cfr. Índice 19 del expediente digital, SAMAI. Archivo denominado:
12_REGRESADELTRIBUNAL_201800743P(.PDF) NroActua 19.
25 Cfr. Índice 19 del expediente digital, SAMAI. Archivo denominado:
12_REGRESADELTRIBUNAL_201800743P(.PDF) NroActua 19.
26 Cfr. Índice 19 del expediente digital, SAMAI. Archivo denominado: 13001233300020180074300-2.pdf dentro

de 12_REGRESADELTRIBUNAL_201800743P(.PDF) NroActua 19. Páginas 154-159.
27 Cfr. Índice 19 del expediente digital, SAMAI. Archivo denominado:
12_REGRESADELTRIBUNAL_201800743P(.PDF) NroActua 19.
28 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia proferida el 15 de

febrero de 2018, radicado núm. 050012331000200303993-01, C.P. Dr. Ramiro Pazos.

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Núm. único de radicación: 130012333000201800743-01
(Acumulado: 130013333010201700070-00)

otro fue el escenario de la valoración de la inspección judicial, la cual contó con
pleno valor probatorio.

25. El Tribunal consideró, una vez analizado el material probatorio, que no hubo
vulneración de los derechos e intereses colectivos invocados por el actor popular y
que, por el contrario, “[…] lo que se demuestra es que […] [con ocasión de] las
quejas presentadas por el actor se iniciaron unas investigaciones preliminares que
arrojaron diversos trámites contravenciones en la obra, la cual dieron lugar en varias
ocasiones a la suspensión temporal de la misma, hasta tanto no se suplieran las
irregularidades advertidas […]”.

26. El Tribunal precisó que, a pesar de haber encontrado ciertas anomalías, el
proyecto Hotel Santa Catalina ha cumplido con los requisitos para la expedición de
las licencias, de conformidad con el Plan de Ordenamiento Territorial de Cartagena
y las normas nacionales. Adicionalmente, el Tribunal consideró que no se había
probado que existiera una decisión administrativa o disciplinaria concreta que
señalara la violación que aducen los actores populares, en razón del aval de la
concesión de las licencias en derecho, manifestado por la Procuraduría General de
la Nación.

27. En concreto el Tribunal consideró que:

“[…] [A]l no estar demostradas la violación, trasgresión, vulneración o que se
evidencie aún eminente peligro de los derechos e intereses colectivos, no se pueden
llegar a otra conclusión distinta que negar las pretensiones de la demanda.

Lo anterior debido a que los actores populares no cumplieron con su deber legal de
probar los supuestos de hecho que dieron lugar a la presente acción, muy a pesar de
ser un[a] acción constitucional, tiene[n] un deber o carga probatoria, ni el juez con sus
poderes interpretativos y razonamientos jurídicos-sociales, no puede sustentar una
decisión sin prueba que lo acredite, al haberlo dispuesto el legislador en el art. 30 de
la ley 472 de 1998 […]”29.

Recursos de apelación

Recurso de apelación presentado por Oscar Eduardo Borja Santofimio

28. El señor Oscar Eduardo Borja Santofimio30 interpuso y sustentó
oportunamente, recurso de apelación contra la sentencia proferida, en primera
instancia, con base en los siguientes argumentos:

29 Cfr. índice 19 del expediente digital, SAMAI. Archivo denominado:
12_REGRESADELTRIBUNAL_201800743P(.PDF) NroActua 19. Página 25.
30 Cfr. Índice 19 del expediente digital, SAMAI. Archivo denominado:
12_REGRESADELTRIBUNAL_201800743P(.PDF) NroActua 19.

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Núm. único de radicación: 130012333000201800743-01
(Acumulado: 130013333010201700070-00)

“[…] OSCAR EDUARDO BORJA SANTOFIMIO, […] de manera respetuosa por
medio de la presente acudo ante su despacho para manifestar mi inconformidad con
la sentencia de fecha veintisiete (27) de agosto de 2019 y en consecuencia proceder
a impugnarla, toda vez que lo planteado por el despacho como tesis:

Argumento carente de fundamentos, más aún cuando el despacho insistió
reiteradamente en no acceder a la inspección judicial suplicada.

Cordialmente […]” (Destacado original del recurso).

Recurso de apelación presentado por Andrés Piedrahíta Vélez

29. El señor Andrés Piedrahita Vélez31 interpuso y sustentó oportunamente,
recurso de apelación contra la sentencia proferida, en primera instancia, con base
en los siguientes argumentos:

29.1. Que no se concedieron las pretensiones, no por falta de cumplimiento en la
carga probatoria por parte del actor popular sino porque el a quo “[…] desconoció
[…] las pruebas documentales aportadas […] y no solo las de un proceso, sino las
aportadas en el otro proceso al cual fuimos acumulados […]”, refiriéndose
especialmente a que las fotografías contaban con la inspección judicial como
sustento que demostraba el verdadero fondo del asunto. Adicionando que la
fotografía no fue la única prueba aportada, su función era demostrar sumariamente
que sí existía un incremento del área respecto a la construcción original.

29.2. El Tribunal no evaluó el fondo del litigio consistente en si la expedición de la
licencia de construcción y la obra del Hotel Santa Catalina iban en contravía al Plan
de Ordenamiento Territorial de Cartagena de Indias, la cual es norma de obligatorio
cumplimiento para quien interviene un inmueble como para la autoridad que expide
las licencias.

29.3. El Plan de Ordenamiento Territorial de Cartagena de Indias tiene un capítulo
especial en el cual dispone la regulación de las intervenciones arquitectónicas para
la zona del centro histórico donde se encuentra el inmueble, atribuyéndole al mismo
la categoría de intervención denominada “restauración de fachada con adecuación
interior”, conforme a la cual se prohíben las obras de ampliación.

31 Cfr. Índice 19 del expediente digital, SAMAI. Archivo denominado:
12_REGRESADELTRIBUNAL_201800743P(.PDF) NroActua 19.

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Núm. único de radicación: 130012333000201800743-01
(Acumulado: 130013333010201700070-00)

29.4. La licencia de construcción autorizó obras en la cubierta del inmueble que
finalmente se constituyeron como una ampliación de como originalmente se
encontraba aumentando el área y el volumen del mismo.

29.5. La acción popular es pertinente debido a que se trata de una intervención a
un inmueble con protección patrimonial nacional e internacional.

29.6. El Juez Décimo Administrativo de Cartagena ordenó la suspensión de la obra
con base en el concepto expedido por la Personería Distrital de Cartagena de Indias,
en el cual se señaló que hubo una anomalía en la construcción, y en el
pronunciamiento realizado por el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes
que afirmaba incumplimiento de las normas nacionales y locales de restauración en
la edificación.

29.7. Es cuestionable cómo se tuvieron en cuenta las pruebas del proceso para
decretar la medida cautelar y no se evaluaron para proferir la sentencia, en primera
instancia.

29.8. Las fotografías demuestran la realización de tres niveles por encima de los
pináculos que se encuentran en la construcción original del edificio desde hace más
de 300 años y consideró que al practicar la diligencia de inspección judicial es
extraño que para el Tribunal no haya sido evidente el incremento de altura que
afecta el patrimonio cultural de la Nación, en ese sentido señaló que “[…] hay
hechos notorios que no necesitan probarse bajo los estrictos requisitos de algunas
pruebas, y que ante la obviedad, la notoriedad y la contundencia del hecho, también
le asiste al juez enfocar y direccionar otra prueba que le permita corroborar si
efectivamente eso que es tan obvio tiene un impacto jurídico susceptible de
analizarse más a profundidad […]”.

29.9. La obra de construcción continuó a pesar de haber una orden judicial de
suspensión, señalando que fue un desacato que debería tener una valoración
dentro del proceso, frente a lo cual el Tribunal no realizó pronunciamiento alguno ni
analizó que la construcción fue terminada estando decretada la suspensión de la
obra.

29.10. Hay una contradicción en el Tribunal Administrativo de Bolívar debido a que
en un momento se confirmó la suspensión de la obra y, en otro, se levantó. Por lo
anterior, indicó que se trata de una irregularidad y conducta que “[…] amerita un
análisis disciplinario […]”.

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Núm. único de radicación: 130012333000201800743-01
(Acumulado: 130013333010201700070-00)

29.11. Por último, solicitó que se realice la respectiva revisión de las pruebas de
todo el expediente enfocadas a determinar si la nueva construcción realizada en el
Edificio de Santa Catalina desborda o no la intervención arquitectónica autorizada
para dicho inmueble conforme al Plan de Ordenamiento Territorial de Cartagena de
Indias, caso en el cual pide se restablezca y proteja el derecho colectivo vulnerado.

Actuaciones en segunda instancia

30. El Magistrado Sustanciador del Tribunal Administrativo de Bolívar profirió
auto el 25 de septiembre de 2019 mediante el cual concedió los recursos de
apelación interpuestos por la parte demandante.

31. Posterior a la devolución del expediente por parte del Consejo de Estado 32,
debido a que no existía pronunciamiento con relación al recurso allegado por el
Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, el Tribunal profirió auto de 5 de
marzo de 2020, rechazando el recurso de apelación por haber sido presentado de
forma extemporánea y ordenó remitir el proceso a la presente Corporación para lo
pertinente.

32. El Despacho sustanciador profirió auto de 3 de diciembre de 202133, a través
del cual admitió los recursos de apelación interpuestos por los señores Oscar
Eduardo Borja Santofimio y Andrés Piedrahita Vélez contra la sentencia de 27 de
agosto de 2019 proferida por el Tribunal Administrativo de Bolívar.

33. El Despacho sustanciador profirió auto de 20 de enero de 202334 mediante el
cual ordenó correr traslado a las partes para que presentaran sus alegatos y al
Ministerio Público, para que, de considerarlo pertinente, rindiera concepto.

34. Las sociedades Luis F. Correa y Asociados S.A., Acción Sociedad Fiduciaria
S.A., L&L Proyectos S.A.S y el señor William Álvarez Álvarez presentaron escrito
conjunto con alegatos de conclusión el 24 de enero de 202335. El Instituto de
Patrimonio y Cultura de Cartagena de Indias presentó escrito el 1 de febrero de

32 Orden dada mediante auto proferido por este Despacho el 29 de noviembre de 2019.
33 Cfr. Índice 19 del expediente digital, SAMAI. Archivo denominado:
12_REGRESADELTRIBUNAL_201800743P(.PDF) NroActua 19.
34 Cfr. Índice 19 del expediente digital, SAMAI. Archivo denominado:
12_REGRESADELTRIBUNAL_201800743P(.PDF) NroActua 19.
35 Cfr. Índice 35 del expediente digital, SAMAI. Archivo denominado:
52_RECIBEMEMORIALESPORCORREOELECTRONICO_ANEXOAP201800743(.pdf) NroActua 35

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202336. El señor Óscar Eduardo Borja Santofimio allegó escrito el 6 de febrero de
202337. El señor Andrés Piedrahita Vélez38 allegó escrito el 7 de febrero de 202339.

35. El Procurador Quinto Delegado ante el Consejo de Estado presentó escrito
el día 20 de febrero de 202340 en el que solicitó confirmar la sentencia proferida, en
primera instancia.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

36. La Sala abordará el estudio de las consideraciones en las siguientes partes:
i) la competencia de la Sala; ii) los problemas jurídicos; iii) el marco normativo y
desarrollo jurisprudencial del medio de control de protección de los derechos e
intereses colectivos; iv) el marco normativo y jurisprudencial del derecho a la
defensa del patrimonio cultural de la Nación; v) el marco normativo y jurisprudencial
de los bienes de interés cultural; vi) el marco normativo y desarrollo jurisprudencial
del derecho a la realización de las construcciones, edificaciones y desarrollos
urbanos respetando las disposiciones jurídicas, de manera ordenada, y dando
prevalencia al beneficio de la calidad de vida de los habitantes; vii) el marco
normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho a la moralidad administrativa; viii)
el marco normativo y desarrollo jurisprudencial del hecho notorio; y ix) el análisis del
caso concreto.

Competencia de la Sala

37. Vistos: i) el artículo 16 de la Ley 472, sobre competencia para conocer de las
acciones populares en segunda instancia; ii) el artículo 13 del Acuerdo núm. 80 de
12 de marzo de 201941, sobre la distribución de asuntos entre las secciones del
Consejo de Estado; y iii) el 15042 de la Ley 1437, sobre competencia del Consejo
de Estado, en segunda instancia; esta Sección es competente para conocer, en
segunda instancia, de los recursos de apelación que se presenten contra las

36 Cfr. Índice 38 del expediente digital, SAMAI. Archivo denominado:
61_RECIBEMEMORIALESPORCORREOELECTRONICO_ALEGATOSDECONCLUSI(.pdf) NroActua 38.
37 Cfr. Índice 39 del expediente digital, SAMAI. Archivo denominado:
63_RECIBEMEMORIALESPORCORREOELECTRONICO_ALEGATOSDECONCLUSI(.pdf) NroActua 39.
38 Mediante apoderado judicial.
39 Cfr. Índice 40 del expediente digital, SAMAI. Archivo denominado:
65_RECIBEMEMORIALESPORCORREOELECTRONICO_ALEGATOSDECONCLUSI(.pdf) NroActua 40.
40 Índice 42 del expediente digital, SAMAI. Archivo denominado:
MemorialWebJDV_67CONCEPTO_20180074301(.pdf) NroActua 42.
41 Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado
42 “Artículo 150. Competencia del Consejo de Estado en Segunda Instancia y Cambio de

Radicación. Modificado Ley 1564 de 2012, artículo 615. El Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso
Administrativo conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera
instancia por los tribunales administrativos y de las apelaciones de autos susceptibles de este medio de
impugnación […]”.

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sentencias proferidas, en primera instancia, por los tribunales administrativos en el
trámite de las acciones populares.

38. Agotados los trámites inherentes a la acción popular de que trata este asunto
y sin que se observe causal de nulidad que pueda invalidar lo actuado, la Sala
procede a proferir la sentencia correspondiente.

39. En ese orden, la Sala procederá a examinar y a pronunciarse sobre los
argumentos expuestos por la parte actora en los recursos de apelación interpuestos
contra la sentencia de 27 de agosto de 2019 proferida por el Tribunal Administrativo
de Bolívar, de conformidad con los artículos 32043 y 32844 de la Ley 1564 de 12 de
julio de 201245, norma aplicable al presente caso, en virtud de lo dispuesto en el
artículo 37 de la Ley 472.

Problemas jurídicos

40. La Sala deberá determinar, con fundamento en los recursos de apelación:

40.1. Si el recurso de apelación interpuesto por el señor Oscar Eduardo Borja
Santofimio cumple o no con el deber de carga argumentativa, como condición
necesaria para su procedencia y estudio de fondo.

40.2. Si con ocasión de las obras de construcción realizadas en el Hotel Santa
Catalina, autorizadas mediante las Resoluciones núm. 231 de 1 de noviembre de
2012, 127 de 4 de junio de 2015 y 0284 de 30 de agosto de 2017, se encuentra
probada o no la vulneración o amenaza de los derechos e intereses colectivos: i) a
la defensa del patrimonio cultural de la Nación; ii) a la realización de las
construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos respetando las disposiciones
jurídicas, de manera ordenada, y dando prevalencia al beneficio de la calidad de
vida de los habitantes; y, adicionalmente, iii) a la moralidad administrativa.

41. En consecuencia, se determinará si hay lugar a confirmar, modificar o revocar
la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Bolívar el 27 de agosto de
2019.

43 “[…] Artículo 320. FINES DE LA APELACIÓN. El recurso de apelación tiene por objeto que el superior

examine la cuestión decidida, únicamente en relación con los reparos concretos formulados por el apelante,
para que el superior revoque o reforme la decisión. Podrá interponer el recurso la parte a quien le haya sido
desfavorable la providencia: respecto del coadyuvante se tendrá en cuenta lo dispuesto en el inciso segundo
del artículo […]”.
44 “[…] Artículo 328. COMPETENCIA DEL SUPERIOR. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse

solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de
oficio, en los casos previstos por la ley. Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o
la que no apeló hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones […]”
45 “Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones”.

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Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del medio de control de
protección de los derechos e intereses colectivos

42. Visto el artículo 88 de la Constitución Política, que dispone que las acciones
populares son un mecanismo de protección “[…] de los derechos e intereses
colectivos, relacionados con el patrimonio, el espacio, la seguridad y la salubridad
públicas, la moral administrativa, el ambiente, la libre competencia económica y
otros de similar naturaleza que se definan en ella […]”.

43. Visto el artículo 2.° de la Ley 472, que define las acciones populares como
“[…] los medios procesales para la protección de los derechos e intereses colectivos
[…]” que se ejercen para “[…] evitar el daño contingente, hacer cesar el peligro, la
amenaza, la vulneración o agravio sobre los derechos e intereses colectivos, o
restituir las cosas a su estado anterior cuando fuere posible […]”.

44. Esta acción tiene por objeto que “toda persona natural o jurídica” pueda
disponer de un mecanismo judicial para la protección efectiva, de forma rápida y
sencilla, de los derechos colectivos, cuya amenaza o vulneración debe
necesariamente probarse para la procedencia del amparo.

45. Conforme con lo anterior, los supuestos sustanciales para que proceda la
acción popular son: i) una acción u omisión de la parte demandada; ii) un daño
contingente, peligro, amenaza, vulneración o agravio de derechos o intereses
colectivos; y iii) la relación o nexo de causalidad entre la acción u omisión y la
afectación de los derechos e intereses.

46. Sobre el particular, la Sección Primera del Consejo de Estado, en providencia
de 28 de marzo de 2014, explicó que la acción popular es autónoma y principal y,
además, puede ser ejercida por cualquier persona natural o jurídica, sin embargo
“[…] quien concurre al litigio después de haberse promovido la acción popular por
diferente persona, sólo puede acogerse al proceso dentro de los términos en que
ésta presenta la demanda, es decir, no le es dable al tercero extenderse en la
materia discutida, los móviles o las consecuencias del proceso, puesto que es la
parte actora quien en la demanda, fija el litigio […]”46.

47. La Sala resalta que conforme a los artículos 1.°, 2.°, 4.° y 9.° de la citada Ley
472, se infiere que la acción popular se caracteriza porque: i) está dirigida a obtener
la protección de los derechos e intereses de naturaleza colectiva definidos como

46 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, C.P. Marco Antonio Velilla

Moreno, providencia de 28 de marzo de 2014, núm. único de radicación 25000-23-27-000-2001-90479-01(AP).

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(Acumulado: 130013333010201700070-00)

tales en la Constitución Política, en las leyes y en los tratados celebrados por
Colombia; ii) su objetivo es evitar el daño contingente, hacer cesar el peligro, la
amenaza, la vulneración o el agravio sobre los derechos e intereses colectivos y
restituir las cosas a su estado anterior, cuando ello fuere posible; iii) es una acción
pública y un mecanismo propio de la democracia participativa, por lo tanto, puede
ser ejercida por “toda persona”, organizaciones no gubernamentales, las entidades
públicas de control, el Procurador General de la Nación, el Defensor del Pueblo, los
personeros y los servidores públicos; iv) es una acción autónoma y principal; v) no
tiene carácter sancionatorio respecto de aquel contra quien se dirijan las
pretensiones y, eventualmente, recaiga la sentencia estimatoria; y, vi) no ha sido
instituida como mecanismo de control judicial de las leyes, en consecuencia, cuando
con fundamento en la eventual violación o amenaza a un derecho o interés colectivo
se pretenda impugnar una ley o que se imparta una orden al legislador, habrá de
acudirse a las acciones pertinentes.

Marco normativo y jurisprudencial del derecho a la defensa del patrimonio
cultural de la Nación

48. Con el propósito de defender el patrimonio cultural, la Constitución Política
dedica un amplio espacio a la protección de la cultura como pilar fundamental del
Estado, que requiere especial protección, fomento y divulgación por parte de las
autoridades públicas e incluso por los particulares.

49. Así, la cultura está amparada por lo que la jurisprudencia de la Corte
Constitucional47 ha denominado la “Constitución Cultural”; esto es, el conjunto de
disposiciones contenidas en la Carta Política que protegen la cultura, su diversidad
y el patrimonio cultural como valores esenciales de la Nación.

50. El fundamento constitucional relacionado con la cultura se evidencia en: i) el
artículo 2.º, que señala como fin esencial del Estado facilitar la participación de todos
en la vida cultural de la Nación; ii) los artículos 7.º y 8.º, que le imponen al Estado
el deber de proteger la diversidad y las riquezas culturales de la Nación; iii) el artículo
44, que define la cultura como un derecho fundamental de los niños; iv) el artículo
67, que reconoce la educación como un derecho que busca afianzar los valores
culturales de la Nación; v) el artículo 70, que obliga al Estado a promover y fomentar
el acceso a la cultura de los colombianos, y que reconoce la cultura en sus diversas
manifestaciones como fundamento de la nacionalidad; vi) el artículo 71 que también
le impone al Estado la obligación de crear incentivos para fomentar las

47 Corte Constitucional, Sentencia C-082 de 12 de febrero de 2014, M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.

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manifestaciones culturales; vii) el numeral 8 del artículo 95 que señala como uno de
los deberes de la persona y el ciudadano la protección de los recursos culturales y
naturales; y viii) los artículos 311 y 313, numeral 9, que encomiendan de manera
especial a los municipios, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes.

51. Ahora bien, en lo que tiene que ver específicamente con la defensa del
patrimonio cultural, el artículo 72 ibidem prevé que el Estado debe protegerlo y
resalta que el patrimonio arqueológico y otros bienes culturales que conforman la
identidad nacional, pertenecen a la Nación y son inalienables, inembargables e
imprescriptibles.

52. En desarrollo de los mandatos constitucionales referidos, el legislador expidió
la Ley 39748, disposición que con las modificaciones introducidas por la Ley 118549,
definió los objetivos de la política estatal en materia de protección al patrimonio
cultural y arqueológico de la Nación.

53. En el artículo 1.º la Ley 397 definió la cultura como “[…] el conjunto de rasgos
distintivos, espirituales, materiales, intelectuales y emocionales que caracterizan a
los grupos humanos y comprende, más allá de las artes y las letras, modos de vida,
derechos humanos, sistemas de valores, tradiciones y creencias […]”.

54. En concordancia, el artículo 4.° ejusdem estableció la forma como se integra
el patrimonio cultural de la Nación, definiendo que se encuentra constituido por “[…]
todos los bienes materiales, las manifestaciones inmateriales, los productos y las
representaciones de la cultura que son expresión de la nacionalidad colombiana,
tales como la lengua castellana, las lenguas y dialectos de las comunidades
indígenas, negras y creoles, la tradición, el conocimiento ancestral, el paisaje
cultural, las costumbres y los hábitos, así como los bienes materiales de naturaleza
mueble e inmueble a los que se les atribuye, entre otros, especial interés histórico,
artístico, científico, estético o simbólico en ámbitos como el plástico, arquitectónico,
urbano, arqueológico, lingüístico, sonoro, musical, audiovisual, fílmico, testimonial,
documental, literario, bibliográfico, museológico o antropológico […]”.

55. Asimismo, la disposición en cita precisó los objetivos principales de la política
estatal en relación con el patrimonio cultural de la Nación, indicando que éstos se
concentran en la salvaguardia, protección, recuperación, conservación,

48 “Por la cual se desarrollan los artículos 70, 71 y 72 y demás artículos concordantes de la Constitución Política

y se dictan normas sobre patrimonio cultural, fomentos y estímulos a la cultura, se crea el Ministerio de la Cultura
y se trasladan algunas dependencias”.
49 “Por la cual se modifica y adiciona la Ley 397 de 1997 –Ley General de Cultura– y se dictan otras

disposiciones”.

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sostenibilidad y divulgación del mismo, con el propósito de que sirva de testimonio
de la identidad cultural nacional, tanto en el presente como en el futuro.

56. En cuanto al ámbito de aplicación de la ley, el artículo 4.º ejusdem dispuso
que se aplica a los bienes del patrimonio cultural de la Nación que sean declarados
como bienes de interés cultural, en el caso de bienes materiales, y para las
manifestaciones incluidas en la Lista Representativa de Patrimonio Cultural
Inmaterial, conforme a los criterios de valoración y los requisitos que reglamente
para todo el territorio nacional el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes.

57. Corolario de lo anterior, la preceptiva señaló que se consideran como bienes
de interés cultural de los ámbitos nacional, departamental, distrital, municipal, o de
los territorios indígenas o de las comunidades negras y, en consecuencia, quedan
sujetos al respectivo régimen de tales, los bienes materiales declarados como
monumentos, las áreas de conservación histórica, arqueológica o arquitectónica,
conjuntos históricos, u otras denominaciones que, con anterioridad a la
promulgación de la ley, hayan sido objeto de tal declaratoria por las autoridades
competentes, o hayan sido incorporados a los planes de ordenamiento territorial.
Asimismo, consideró como bienes de interés cultural del ámbito nacional los bienes
del patrimonio arqueológico.

58. En relación con la propiedad del patrimonio cultural de la Nación, señaló el
mismo artículo 4.° que los bienes que lo conforman y los bienes de interés cultural,
pueden pertenecer, según el caso, a la Nación, a entidades públicas de cualquier
orden o a personas naturales o jurídicas de derecho privado, haciendo la salvedad
que los bienes que conforman el patrimonio arqueológico pertenecen a la Nación y
se rigen por las normas especiales sobre la materia.

59. Ahora bien, el procedimiento para la declaratoria de bienes de interés cultural
y su manejo, el artículo 8. ° de la norma bajo estudio establece lo siguiente:

“[…] ARTICULO 8o. PROCEDIMIENTO PARA LA DECLARATORIA DE BIENES DE
INTERÉS CULTURAL.

Al Ministerio de Cultura, previo concepto favorable del Consejo Nacional de
Patrimonio Cultural, le corresponde la declaratoria y el manejo de los bienes de
interés cultural del ámbito nacional.

Son bienes de interés cultural del ámbito nacional los declarados como tales
por la ley, el Ministerio de Cultura o el Archivo General de la Nación, en lo de su
competencia, en razón del interés especial que el bien revista para la comunidad en
todo el territorio nacional;

b) A las entidades territoriales, con base en los principios de descentralización,
autonomía y participación, les corresponde la declaratoria y el manejo de los

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(Acumulado: 130013333010201700070-00)

bienes de interés cultural del ámbito departamental, distrital, municipal, de los
territorios indígenas y de las comunidades negras de que trata la Ley 70 de 1993, a
través de las gobernaciones, alcaldías o autoridades respectivas, previo concepto
favorable del correspondiente Consejo Departamental de Patrimonio Cultural, o del
Consejo Distrital de Patrimonio Cultural en el caso de los distritos.

Son bienes de interés cultural del ámbito de la respectiva jurisdicción territorial los
declarados como tales por las autoridades departamentales, distritales, municipales,
de los territorios indígenas y de los de las comunidades negras de que trata la Ley 70
de 1993, en el ámbito de sus competencias, en razón del interés especial que el bien
revista para la comunidad en una división territorial determinada.

Los bienes de interés cultural del ámbito departamental, distrital, municipal, de los
territorios indígenas y de las comunidades negras de que trata la Ley 70 de 1993,
pueden ser declarados como bienes de interés cultural del ámbito nacional por el
Ministerio de Cultura en la forma prevista en el literal a) de este artículo, en
coordinación con el respectivo Consejo Departamental o Distrital de Patrimonio
Cultural, sobre los valores del bien de que se trate.

Para la declaratoria y el manejo de los bienes de interés cultural se aplicará el principio
de coordinación entre los niveles nacional, departamental, distrital y municipal, de los
territorios indígenas y de los de las comunidades negras de que trata la Ley 70 de
1993.

Procedimiento

La declaratoria de los bienes de interés cultural atenderá el siguiente procedimiento,
tanto en el orden nacional como territorial:

El bien de que se trate se incluirá en una Lista Indicativa de Candidatos a Bienes de
Interés Cultural por la autoridad competente de efectuar la declaratoria.

Con base en la lista de que trata el numeral anterior, la autoridad competente para la
declaratoria definirá si el bien requiere un Plan Especial de Manejo y Protección.

Una vez cumplido el procedimiento descrito en los dos numerales anteriores, el
Consejo Nacional de Patrimonio Cultural respecto de los bienes del ámbito nacional,
o el respectivo Consejo Departamental o Distrital de Patrimonio Cultural, según el
caso, emitirá su concepto sobre la declaratoria y el Plan Especial de Manejo y
Protección si el bien lo requiriere.

Si el concepto del respectivo Consejo de Patrimonio Cultural fuere favorable, la
autoridad efectuará la declaratoria y en el mismo acto aprobará el Plan Especial de
Manejo y Protección si este se requiriere.

PARÁGRAFO 1o. En caso de que la declaratoria de que trata este artículo surgiere
de iniciativa privada o particular se seguirá el mismo procedimiento, en cuyo caso el
particular solicitante presentará el respectivo Plan Especial de Manejo y Protección si
este se requiriese, y este será sometido a revisión del respectivo Consejo de
Patrimonio Cultural.

PARÁGRAFO 2o. Revocatoria. La revocatoria del acto de declaratoria de bienes de
interés cultural corresponderá a la autoridad que lo hubiera expedido, previo concepto
favorable del respectivo Consejo de Patrimonio Cultural, en el caso en que dichos
bienes hayan perdido los valores que dieron lugar a la declaratoria. Tratándose de la
revocatoria de declaratorias de monumentos nacionales o bienes de interés cultural
efectuadas por el Ministerio de Educación, la revocatoria corresponderá al Ministerio
de Cultura […]” (Destacado fuera del texto).

60. Como se observa, la norma previó que el Gobierno Nacional, a través del
Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes y previo concepto favorable del

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Consejo Nacional de Patrimonio Cultural, es el responsable de la declaratoria y del
manejo de los bienes de interés cultural del ámbito nacional.

61. Conforme con ello, la norma dispuso que son bienes de interés cultural del
ámbito nacional los declarados como tales por la ley, el Ministerio de Cultura o el
Archivo General de la Nación, en lo de su competencia, en razón del interés especial
que el bien revista para la comunidad en todo el territorio nacional.

62. En relación con las entidades territoriales, con base en los principios de
descentralización, autonomía y participación, la norma estableció que les
corresponde la declaratoria y el manejo de los bienes de interés cultural del ámbito
departamental, distrital, municipal, de los territorios indígenas y de las comunidades
negras, a través de las gobernaciones, alcaldías o autoridades respectivas, previo
concepto favorable del correspondiente Consejo Departamental de Patrimonio
Cultural, o del Consejo Distrital de Patrimonio Cultural en el caso de los distritos.
Ello, sin perjuicio de que los bienes antes mencionados puedan ser declarados
bienes de interés cultural del ámbito Nacional por el Ministerio, en coordinación con
el respectivo Consejo Departamental o Distrital de Patrimonio Cultural, sobre los
valores del bien de que se trate.

63. En concordancia, el referido artículo 8. ° dispuso que para la declaratoria y el
manejo de los bienes de interés cultural se aplicará el principio de coordinación entre
los niveles nacional, departamental, distrital y municipal y de los territorios
indígenas, previendo a su vez que los planes de desarrollo de las entidades
territoriales deben tener en cuenta los recursos para la conservación y la
recuperación del patrimonio cultural.

64. Finalmente, el artículo 11 del ordenamiento legal en referencia, fijó el
Régimen Especial de Protección al que están sometidos los bienes de interés
cultural.

65. Asimismo, el Decreto 763 de 10 de marzo de 200950 reguló el patrimonio
cultural de la Nación de naturaleza material en especial en los siguientes aspectos:
i) definió las competencias del Consejo Nacional de Patrimonio Cultural, ii) señaló
los criterios de valoración que orientan y contribuyen a la atribución y definición de
la significación cultural de un bien mueble o inmueble, iii) estableció los planes
especiales de manejo y protección para bienes muebles, iv) creó reglas especiales
para la protección del patrimonio arqueológico, el patrimonio sobre imágenes en

50 "Por el cual se reglamentan parcialmente las leyes 814 de 2003 y 397 de 1997 modificada por medio de la

Ley 1185 de 2008, en lo correspondiente al Patrimonio Cultural de la Nación de naturaleza material".

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movimiento y el patrimonio archivístico y, v) estableció estímulos especiales para la
conservación y el mantenimiento de bienes de interés cultural.

66. De igual forma, en relación con el tema, el Decreto Reglamentario Único del
Sector Cultura51, estableció los siguientes criterios de valoración para definir la
significación cultural de un bien mueble o inmueble, sin perjuicio de otros que pueda
señalar el Ministerio de Cultura: i) antigüedad, ii) autoría, iii) autenticidad, iv)
constitución del bien, v) forma, vi) estado de conservación, vii) contexto ambiental,
viii) contexto urbano, ix) contexto físico y, x) representatividad y contextualización
sociocultural; y señaló que dichos criterios permiten atribuir a los bienes valores
históricos, estéticos o simbólicos.

67. El artículo 2.4.1.3. de la disposición en cita señaló que el procedimiento para
declarar un bien como de interés cultural es el establecido en el artículo 8.º de la
Ley 397 mencionado supra.

68. Del análisis sistemático de las disposiciones constitucionales y legales
mencionadas supra, se colige que el patrimonio cultural de la Nación se encuentra
bajo la protección del Estado (C.P. art. 72) y el mismo está constituido por todos los
bienes de naturaleza pública o privada a que hace referencia expresa el artículo 4.°
de la Ley 397, entre los que se cuentan los bienes materiales muebles e inmuebles
a los que se les atribuye, entre otros, especial interés histórico, artístico, científico,
estético o simbólico en ámbitos como el plástico, arquitectónico, urbano,
arqueológico, lingüístico, sonoro, musical, audiovisual, fílmico, testimonial,
documental, literario, bibliográfico, museológico o antropológico.

69. Finalmente, cabe precisar que por expresa disposición constitucional los
bienes inmuebles declarados como de interés cultural tienen la condición de “[…]
inalienables, inembargables e imprescriptibles […]”52; asimismo, en caso de que
tales bienes se encuentren en manos de particulares, también se encuentran
sometidos al régimen especial previsto en la Ley 397 y en el Decreto 1080 del 26
de mayo de 201553.

Marco normativo y jurisprudencial de los Bienes de Interés Cultural inmuebles

51 Artículo 2.5.1.2. del Decreto 1080 del 26 de mayo de 2015: “Por medio del cual se expide el Decreto
Reglamentario único del Sector Cultura”. De acuerdo con el Decreto, el Patrimonio cultural Inmaterial se integra
en la forma dispuesta en los artículos 4º de la Ley 397 de 1997, modificado por el artículo 1º de la Ley 1185 de
2008, y 11-1 de la Ley 397 de 1997 y adicionado por el artículo 8º de la Ley 1185 de 2008. Lo anterior, en
consonancia, con las referidas normas y con la Convención de la Unesco para la Salvaguardia del Patrimonio
cultural Inmaterial aprobada en París el 17 de octubre de 2003, adoptada por Colombia mediante la Ley 1037
de 2006 y promulgada mediante el Decreto 2380 de 2008.
52 Art. 72 de la Constitución Política.
53 “Por medio del cual se expide el Decreto Reglamentario único del Sector Cultura”.

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70. Vistos: i) los artículos 2.4.1.10, 2.4.1.4.3. y 2.4.1.4.4. del Decreto núm. 1080
de 2015, modificado por el Decreto 2358 de 26 de diciembre de 201954, sobre la
definición de Bienes de Interés Cultural (BIC), principios generales de las
intervenciones y tipo de obras; ii) el artículo 4 de la Ley 163, sobre la declaración de
sectores antiguos como monumento nacional; iii) el artículo 8 de la Ley 397, sobre
incorporación del PEMP; iv) artículo 212 del Decreto 019 de 2012, sobre Régimen
Especial de los Bienes de Interés Cultural; y v) artículo 10 de la Ley 1185, sobre
faltas contra el patrimonio cultural.

71. Como parte del patrimonio cultural de la Nación se encuentran los Bienes de
Interés Cultural, definidos en el artículo 2.4.1.10 del Decreto 1080 de 2015, en los
siguientes términos:

“[…] ARTÍCULO 2.4.1.10. Definición de Bien de Interés Cultural. Son bienes de
interés cultural BIC, aquellos que por sus valores y criterios representan la identidad
nacional, declarados mediante acto administrativo por la entidad competente,
quedando sometidos al régimen especial de protección definido en la ley; estos
pueden ser de naturaleza mueble, inmueble o paisajes culturales […]”.

72. La ley 397 establece, en su artículo 7, modificado por el artículo 4 de la Ley
1185, lo siguiente:

"[…] ARTICULO 7o. CONSEJO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL. A
partir de la vigencia de la presente ley, el Consejo de Monumentos Nacionales se
denominará Consejo Nacional de Patrimonio Cultural, y será el órgano
encargado de asesorar al Gobierno Nacional en cuanto a la salvaguardia, protección
y manejo del patrimonio cultural de la Nación […]”.

73. En ese sentido, el artículo 8 de la misma ley establece el procedimiento para
la declaratoria de un bien como de interés cultural, dentro de lo cual se define si
dicho bien necesita un Plan Especial de Manejo y Protección por parte del Consejo
Nacional o Consejo Departamental o Distrital de Patrimonio Cultural, según sea el
caso. Y sobre el Régimen Especial de Protección de los Bienes de Interés Cultural,
establece que, cuando se requiera, al realizar la declaración se incorporará el Plan
Especial de Manejo y Protección -PEMP- del bien al Plan de Ordenamiento
Territorial, el cual consiste en un instrumento de gestión del patrimonio cultural por
medio del cual se establecen las acciones necesarias para garantizar su protección
y sostenibilidad en el tiempo.

54 “Por el cual se modifica y adiciona el decreto 1080 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Cultura,

en lo relacionado con el Patrimonio Cultural Material e Inmaterial”.

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74. Para propender por la conservación de los inmuebles se estableció la
regulación de las intervenciones permitidas, las cuales deben responder al artículo
21255 del Decreto Ley 019 de 10 de enero de 201256:

“[…] ARTÍCULO 212. RÉGIMEN ESPECIAL DE LOS BIENES DE INTERÉS
CULTURAL. El numeral 2 del artículo 11 de la Ley 397 de 1997, modificado por el
artículo 7 de la Ley 1185 de 2008, quedará así:

‘2. Intervención. Por intervención se entiende todo acto que cause cambios al
bien de interés cultural o que afecte el estado del mismo. Comprende, a título
enunciativo, actos de conservación, restauración, recuperación, remoción,
demolición, desmembramiento, desplazamiento o subdivisión, y deberá realizarse
de conformidad con el Plan Especial de Manejo y Protección si este fuese requerido.

La intervención de un bien de interés cultural del ámbito nacional deberá
contar con la autorización del Ministerio de Cultura o el Archivo General de la
Nación, según el caso. Para el patrimonio arqueológico, esta autorización compete
al Instituto Colombiano de Antropología e Historia de conformidad con el Plan de
Manejo Arqueológico.

Asimismo, la intervención de un bien de interés cultural del ámbito territorial deberá
contar con la autorización de la entidad territorial que haya efectuado dicha
declaratoria.

La intervención solo podrá realizarse bajo la dirección de profesionales idóneos en
la materia. La autorización de intervención que debe expedir la autoridad
competente no podrá sustituirse, en el caso de bienes inmuebles, por ninguna
otra clase de autorización o licencia que corresponda expedir a otras
autoridades públicas en materia urbanística.

Quien pretenda realizar una obra en inmuebles ubicados en el área de influencia o
que sean colindantes con un bien inmueble declarado de interés cultural, deberá
comunicarlo previamente a la autoridad que hubiera efectuado la respectiva
declaratoria. De acuerdo con la naturaleza de las obras y el impacto que pueda tener
en el bien inmueble de interés cultural, la autoridad correspondiente aprobará su
realización o, si es el caso, podrá solicitar que las mismas se ajusten al Plan Especial
de Manejo y Protección que hubiera sido aprobado para dicho inmueble.

El otorgamiento de cualquier clase de licencia por autoridad ambiental, territorial,
por las curadurías o por cualquiera otra entidad que implique la realización de
acciones materiales sobre inmuebles declarados como de interés cultural, deberá
garantizar el cumplimiento del Plan Especial de Manejo y Protección si éste hubiere
sido aprobado’ […]” (Destacado fuera del texto).

75. Para toda intervención se requiere aplicación de los principios generales
previstos en el artículo 2.4.1.4.3. del Decreto 1080 de 2015:

“[…] ARTÍCULO 2.4.1.4.3. Principios generales de intervención. Toda
intervención de un BIC deberá observar los siguientes principios:

1. Conservar los valores culturales del bien.

55 El cual modificó el numeral 2 del artículo 11 de la Ley 397 de 1997, a su vez modificado por el artículo 7 de

la Ley 1185 de 2008.
56 “Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios

existentes en la Administración Pública”.

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2. La mínima intervención entendida como las acciones estrictamente necesarias
para la conservación del bien, con el fin de garantizar su estabilidad y sanearlo de
las fuentes de deterioro.

3. Tomar las medidas necesarias que las técnicas modernas proporcionen para
garantizar la conservación y estabilidad del bien.

4. Permitir la reversibilidad de la intervención si en el futuro se considera necesario.

5. Respetar la evolución histórica del bien y abstenerse de suprimir agregados sin
que medie una valoración crítica de los mismos.

6. Reemplazar o sustituir solamente los elementos que sean indispensables para la
estructura. Los nuevos elementos deberán ser datados y distinguirse de los
originales.

7. Documentar todas las acciones e intervenciones realizadas.

8. Las nuevas Intervenciones deben ser legibles […]”

76. En busca de dicha protección el artículo 1057 de la Ley 1185, sobre faltas
contra el patrimonio cultural, previó que:

“[…] ARTÍCULO 10. El artículo 15 de la Ley 397 de 1997 quedará así:

“Artículo 15. De las faltas contra el patrimonio cultural de la Nación. Las
personas que vulneren el deber constitucional de proteger el patrimonio cultural de
la Nación, incurrirán en las siguientes faltas:
[…]

Las que constituyen faltas administrativas y/o disciplinarias:
[…]

2. Si la falta consiste, ya sea por acción o por omisión, en la construcción,
ampliación, modificación, reparación o demolición, total o parcial, de un bien de
interés cultural, sin la respectiva licencia, se impondrán las sanciones previstas en
el artículo 66 de la Ley 9ª de 1989 y en los artículos 103 [derogado] y 104 de la Ley
388 de 1997, o en las normas que las sustituyan o modifiquen, aumentadas en un
ciento por ciento (100%), por parte de la entidad competente designada en esa ley.
[…]

4. Si la falta consiste en la intervención de un bien de interés cultural sin la
respectiva autorización en la forma prevista en el numeral 2 del artículo 11 de
este título, se impondrá multa de doscientos (200) a quinientos (500) salarios
mínimos legales mensuales vigentes por parte de la autoridad que hubiera
efectuado la respectiva declaratoria. En la misma sanción incurrirá quien realice
obras en inmuebles ubicados en el área de influencia o colindantes con un inmueble
de interés cultural sin la obtención de la correspondiente autorización, de
conformidad con lo previsto en el numeral 2 del artículo 11 de este título.

También será sujeto de esta multa el arquitecto o restaurador que adelante la
intervención sin la respectiva autorización, aumentada en un ciento por ciento
(100%) […] La autoridad administrativa que hubiera efectuado la declaratoria de un
bien como de interés cultural podrá ordenar la suspensión inmediata de la
intervención que se adelante sin la respectiva autorización, para lo cual las
autoridades de policía quedan obligadas a prestar su concurso inmediato a efectos
de hacer efectiva la medida que así se ordene. En este caso, se decidirá en el curso
de la actuación sobre la imposición de la sanción, sobre la obligación del implicado
de volver el bien a su estado anterior, y/o sobre el eventual levantamiento de la

57 El cual modificó el artículo 15 de la Ley 397 de 1997.

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(Acumulado: 130013333010201700070-00)

suspensión ordenada si se cumplen las previsiones de esta ley. […] Lo previsto en
este numeral se aplicará sin perjuicio de la competencia de las autoridades
territoriales para imponer sanciones y tomar acciones en casos de acciones que se
realicen sin licencia sobre bienes inmuebles de interés cultural en virtud de lo
señalado en el numeral 2 del mismo […]”.

77. De acuerdo con ello, el artículo 2.4.1.4.4. del Decreto 1080 de 2015
estableció una relación de “[…] [l]as diferentes obras que se pueden efectuar en las
áreas afectadas de los BIC, sus colindantes, espacios públicos y sus zonas de
influencia, de acuerdo con el nivel de Intervención permitido cuando cuentan
con este o con el proyecto de intervención presentado ante la autoridad que hubiere
efectuado la declaratoria como BIC, y que deben contar con la previa autorización
de intervención […]”.

77.1. En los tipos de obras permitidas, según los respectivos niveles de
intervención, se encuentran: i) primeros auxilios, correspondientes a obras urgentes
cuando el mismo esté en peligro de ruina o riesgo inminente; ii) reparaciones
locativas, consistente en obras puntuales con el propósito de mantener el inmueble
en las debidas condiciones de higiene y ornato sin afectar su materia original; iii)
reforzamiento estructural, radica en mejorar el comportamiento estructural con el
objeto de acondicionarlos a niveles adecuados de seguridad sismo resistente; iv)
adecuación, orientadas a cambiar el uso de una edificación o parte de ella,
garantizando la permanencia total o parcial del inmueble original; v) restauración,
consiste en recuperar y adaptar un inmueble con el fin de conservar sus valores
estéticos, históricos y simbólicos; vi) obra nueva, se trata de edificar en terrenos no
construidos; vii) ampliación, son obras para incrementar el área construida; viii)
demolición, obra que consiste en derribar total o parcialmente una o varias
edificaciones; ix) modificación, obras tendientes a cambiar el diseño arquitectónico
o estructural de una edificación; x) reconstrucción, va dirigida a rehacer total o
parcialmente la estructura espacial y formal de un inmueble; y xi) cerramiento se
trata de cerrar un predio que no sea de espacio público.

La declaratoria de Monumento Nacional de los sectores antiguos del Distrito
Turístico y Cultural de Cartagena de Indias

78. Al dar paso a las circunstancias concretas del Distrito Turístico y Cultural de
Cartagena de Indias, es necesario señalar que el sector antiguo de Cartagena fue

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(Acumulado: 130013333010201700070-00)

declarado “Monumento Nacional”, mediante artículo 458 de la Ley 163 de 30 de
diciembre de 195959 y su parágrafo, que en lo pertinente señalan lo siguiente:

“[…] ARTÍCULO 4.- Decláranse como monumentos nacionales los sectores
antiguos de las ciudades de Tunja, Cartagena, Mompox, Popayán, Guaduas, Pasto
y Santa Marta (especialmente la Quinta de San Pedro Alejandrino, y las residencias
de reconocida tradición histórica).

PARÁGRAFO.- Para los efectos de la presente Ley se entenderá por sectores
antiguos los de las ciudades de Tunja, Cartagena, Mompox, Popayán, Guaduas,
Pasto, Santa Marta, Santa Fe de Antioquia, Mariquita, Cartago, Villa de Leyva, Cali,
Cerrito y Buga. Las calles, plazas, plazoletas, murallas, inmuebles, incluidos
casas y construcciones históricas, en los ejidos, inmuebles, etc., incluidos en
el perímetro que tenían estas poblaciones durante los siglos XVI, XVII y XVIII
[…]” (Destacado fuera de texto).

79. Adicional a ello, se reconocieron como Bienes de Interés Cultural del ámbito
nacional, mediante artículo 1 del Decreto 1911 de 2 de noviembre de 199560, los
siguientes inmuebles:

“[…] ARTÍCULO 1º. Declarar como Monumento Nacional, los siguientes inmuebles
localizados en Cartagena de Indias, Bolívar y considerados de Conservación
Monumental por la Reglamentación del Centro Histórico de Cartagena de Indias:

1. En el perímetro del Centro Histórico:
1.1. Fortificaciones del Centro Primitivo.
• Puerta Principal (hoy del Reloj)
• Baluarte de la Contaduría (o San Juan)
• Cortina entre los Baluartes de la Contaduría y San Ignacio
• Baluarte de San Ignacio
• Cortina entre los Baluartes de San Ignacio y San Francisco Javier
• Baluarte de San Francisco Javier
• Cortina entre los Baluartes de San Francisco Javier y Santiago
• Baluarte de Santiago
• Cortina entre los Baluartes de Santiago y Santo Domingo
• Baluarte de Santiago (sic)
• Baluarte de Santo Domingo
• Cortina entre los Baluartes de Santo Domingo y Santa Cruz
• Baluarte de Santa Cruz
• Cortina entre los Baluartes de Santa Cruz y La Merced o Plataforma de
Ballestas
• Baluarte de la Merced
• Muralla entre los Baluartes de La Merced y Santa Clara
• Baluarte de Santa Clara
• Cortina entre los Baluartes de Santa Clara y Santa Catalina
• Baluarte de San Lucas
• Edificio Militar Las Bóvedas
• Baluarte de Santa Catalina

58 “ARTÍCULO 4.- Decláranse como monumentos nacionales los sectores antiguos de las ciudades de Tunja,

Cartagena, Mompox, Popayán, Guaduas, Pasto y Santa Marta (especialmente la Quinta de San Pedro
Alejandrino, y las residencias de reconocida tradición histórica). […] PARÁGRAFO. - Para los efectos de la
presente Ley se entenderá por sectores antiguos los de las ciudades de Tunja, Cartagena […] Las calles,
plazas, plazoletas, murallas, inmuebles, incluidos casas y construcciones históricas, en los ejidos,
inmuebles, etc., incluidos en el perímetro que tenían estas poblaciones durante los siglos XVI, XVII y XVIII”.
(Resaltado fuera del texto original)
59 “Por la cual se dictan medidas sobre defensa y conservación del patrimonio histórico, artístico y monumentos

públicos de la Nación”.
60 “Por el cual se declara como Monumento Nacional una serie de inmuebles localizados en Cartagena de Indias,

Bolívar”.

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• El Espigón
• Cortina entre los Baluartes de Santa Catalina y San Lucas
• Cortina entre los Baluartes de San Lucas y San Pedro Mártir
• Baluarte de San Pedro Mártir

1.2. Barrio del Centro (Antiguo Barrio Santa Catalina) Manzana Predio
• Iglesia Catedral 80 01
• Iglesia y Convento de Santo Domingo 89 07-21
• Iglesia Santa Teresa 70 04
• Iglesia y Convento San Juan de Dios (Hoy San Pedro
66 02-03
Claver)
• Hospital Real de San Carlos (Hoy Museo
66 01
Naval)
• Sala de Armas del ramo de Artillería (Hoy Alcaldía de
67 02
Cartagena)
• Casa del Cabildo (hoy Gobernación de Bolívar) 7 04
• Tribunal y Cárceles de la Inquisición 79 18-19
• Casa de los Calabozos 79 20
• Parque de Bolívar

1.3. Barrio del Centro (Antiguo Barrio de Nuestra Señora
de La Merced)
• Iglesia y Convento de La Merced
(Hoy Teatro Heredia y Universidad Jorge Tadeo Lozano) 97 01-02
• Casa del Marqués de Valdehoyos 90 10

1.4. Barrio de San Diego (Antiguo Barrio de Santo Toribio)
• Iglesia de Santo Toribio 99 21
• Iglesia de Santa Clara 100 01
• Plaza de Toros de la Serrezuela 105 17

1.5. Barrio de San Diego (Antiguo Barrio de San Sebastián)
• Casa de la Moneda 95 30

1.6. Fortificaciones del Arrabal de Getsemaní
• Baluarte de Chambacú
• Cortina entre Baluartes de Chambacú y Santa Teresa
• Baluarte de Santa Teresa
• Vestigios del Puente de La Media Luna
• Baluarte de Santa Bárbara
• Cortina entre los Baluartes de Santa Bárbara y San José Baluarte de San
José
• Cortina entre los Baluartes de San José y El Reducto
• Baluarte El Reducto

1.7. Barrio Getsemaní
• Iglesia de la Santísima Trinidad 14 11
• Capilla de la Orden Tercera 135 13
• Ermita de San Roque 132 21-22
• Parque El Centenario
• Camellón de los Mártires
• Club Cartagena 135 20

2. En el área de influencia del Centro Histórico
2.1. La Matuna 14 11
• Edificio Nacional 115 01

3. En la periferia histórica
3.1. Sector de San Felipe

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• Castillo de San Felipe de Barajas y las Baterías
colaterales
3.2. Barrio El Cabrero
• Casa de Rafael Núñez
• Ermita de Nuestra Señora de las Mercedes
3.3. Sector de La Popa
• Iglesia y Convento de La Popa
3.4. Isla de Manga
• Fuerte de San Sebastián del Pastelillo
• Cementerio de Manga 01501 159
3.5. Fortificaciones de la Bahía
• Fuerte del Manzanillo
• Castillo de Santa Cruz
• Ruinas de la Plataforma San Ángel
• Fuerte de San Fernando de Bocachica
• Baterías colaterales del Fuerte de San Fernando de
Bocachica
• Vestigios del Castillo de San Luis
• Ruinas de Baterías de Santiago, San Felipe y Chambacú
• Batería de Santa Bárbara
• Batería Ángel San Rafael
• Hospital San Lázaro
• Fuerte Batería San José de Bocachica
• Los Hornos
[…]”.

80. En esa misma línea, mediante Resolución 1560 de 22 de mayo de 201861
expedida por el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, se aprobó el Plan
Especial de Manejo y Protección -PEMP- de los Bienes de Interés Cultural de ámbito
nacional ubicados en el Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias, el cual
tiene dentro de sus objetivos definir las condiciones para la “[…] edificabilidad y los
usos asociados a la articulación del Cordón Amurallado de la ciudad de Cartagena
[…] para lo cual parte de la conservación de sus valores, vela por la mitigación de
los riesgos que pueden afectar los BIC [Bienes de Interés Cultural] y procura
aprovechar sus potencialidades […]”.

81. Asimismo, el Plan de Ordenamiento Territorial, como instrumento básico que
orienta la planificación y distribución del Distrito, establece las áreas de
conservación y protección cultural en el artículo 410, así: “[…] Centro Histórico:
[…] El centro histórico está conformado por los Barrios Centro, San Diego,
Getsemaní y su área de influencia. […] Periferia histórica: […] Barrio de Manga,
Barrio el Cabrero, Convento de la Popa y área de influencia, Fuertes de la Bahía,
Escollera de Bocagrande, Zona Norte, Barú, Tierra Bomba, Castillo de San Felipe
de Barajas […]”.

61 “Por la cual se aprueba el Plan Especial de Manejo y Protección (PEMP) del Cordón Amurallado y el Castillo

de San Felipe de Barajas, ubicados en Cartagena de Indias, declarados monumento nacional, hoy bienes de
interés cultural del ámbito nacional”

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(Acumulado: 130013333010201700070-00)

82. En esos términos, el mismo Plan de Ordenamiento Territorial conceptualizó
los “tratamientos urbanísticos” como aquellos que “[…] direccionan las actuaciones
urbanísticas, los usos de suelo y los instrumentos de gestión, de manera que pueda
aplicarse un manejo diferenciado de las áreas del territorio de acuerdo con su
morfología, sus características espaciales y la función que cada una de ellas cumple
dentro de la estructura urbana […]”. Dentro de los cuales, se asigna a la zona en
que se encuentra ubicado el predio objeto de esta acción popular un tratamiento
especial denominado “tratamiento de conservación histórica”, el cual se
encuentra definido en su artículo 181, “[…] para aquellas áreas de la ciudad que,
por sus características formales, elementos urbanos, estructuras y por el
destacado valor histórico de su arquitectura y de su urbanismo, deben tener
normas que los preserven. Está destinado a permitir que los procesos de
desarrollo en las zonas donde se asigna el tratamiento, se adelanten con total
respeto de los valores históricos, ambientales y urbanísticos con que cuentan.
Las intervenciones en los barrios con tratamiento de conservación histórica se
definen en función de las tipologías arquitectónicas de los inmuebles que lo
conforman […]” (Destacado fuera del texto).

83. En el artículo 426 del POT, se establece una serie de tipologías
arquitectónicas en las cuales se clasifican los inmuebles del Centro Histórico, con
el propósito de especificar las reglas para su intervención, dentro de las mismas se
encuentran las siguientes:

“[…] Tipos Históricos Residenciales:
Casa Baja
Casa Alta
Casa de Dos Altos
Casa Alta por sobre – elevación
Casa Alta con entresuelo
Accesoria.

Tipos Históricos Especiales:
Los edificios históricos especiales se refieren a diversos modelos tipológicos ligados
a las funciones que se desarrollaban en ellos. De acuerdo a su función se han
clasificado en:

Edif. Especiales Religiosos Er
Edif. Especiales Civiles Ec
Edif. Especiales Militares Em

Tipos Contemporáneos:

Se clasifican así todos aquellos edificios construidos en el siglo XX que no se
adaptan a las tipologías históricas, aunque eventualmente puedan contener
vestigios de la época colonial. En Cartagena es frecuente encontrar edificios que
preservan su fachada del periodo colonial pero el interior es planta libre moderna
con estructura de columna de concreto generalmente ocupan todo el lote. Ellos se
han clasificado en tipos contemporáneos. Los tipos contemporáneos son:

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(Acumulado: 130013333010201700070-00)

Edificios Residenciales R
Edificios Comerciales C
Edificios Especiales E […]”.

84. Teniendo en cuenta lo anterior, los artículos 427 a 432 del precitado POT
establecen las descripciones tipológicas de los tipos históricos residenciales del
Centro Histórico de Cartagena, entre ellas: i) “[d]escripción de la Tipología Casa
Baja (B) Fichas Tipológicas Nos. 1 y 2”; ii) “[d]escripción de la Tipología Casa Alta
A1 Fichas Tipológicas Nos. 3 y 4”; iii) “[d]escripción de la Tipología Casa de Dos
Altos A2”; iv) “[d]escripción Casa Alta por Sobre-elevación A3”; v) “[d]escripción de
la Tipología Casa Alta con Entresuelo ES”; y vi) “[d]escripción de la tipología
Accesoria AC (1,2,3) ficha tipológica 11”. Al respecto, señalan lo siguiente:

“[…] ARTICULO 427: Descripción de la Tipología Casa Baja (B) Fichas
Tipológicas Nos. 1 y 2. Edificación en un lote de proporciones rectangulares,
adosada lateralmente a las edificaciones vecinas e integrada en paramento continuo
sobre el espacio público.

Fichas Tipológicas.

B 1.2
A1 3.4
A2 5.6
A3 7.8
ES 9.10
Ac (1,2,3) 11

Presenta dos variantes dependiendo de la ubicación del acceso: Casa Baja con
Acceso Lateral (que es la más frecuente) y Casa Baja con Acceso Central.

Sus dependencias internas giran alrededor de uno o más patios. En la parte anterior
del lote tiene su núcleo básico. La conformación en planta del área construida puede
ser en L, C, U y O.

Los elementos fundamentales de la fachada son el portón de acceso
generalmente enmarcado en una portada, ventanas con rejas, de madera
apoyadas en repisas o panzas de mampostería y cubiertas con tejadillo; remate
superior en cornisa o ático. Puede tener acceso adicionales cuando la casa es
de esquina o de acceso central.

El núcleo básico está compuesto por dos crujías paralelas a la calle; la primera
se cubre con tejado a dos aguas, y contiene el zaguán, el salón y eventualmente
recámara y accesoria, entendida esta última como habitación que tiene entrada
distinta y uso separado del resto del edificio. La segunda crujía se cubre con
tejado a una agua y contiene recamara o habitaciones y en la antesala
relacionada al patio frecuentemente a través de la arcada.

El patio, espacio abierto en proporciones rectangulares es el elemento integrador de
la edificación. En el puede encontrarse pozo y/o aljibe.

A un lado del patio se encuentra una crujía cubierta con tejado a una agua, con
dependencias o habitaciones. Si la casa es de acceso central y suficiente ancho del
lote pueden existir crujías a ambos lados del patio. Corredores cubiertos con Tejadillo
sobre pies derechos de madera relacionan estas crujías con el resto de la casa.

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(Acumulado: 130013333010201700070-00)

Al fondo del patio puede existir una crujía o dos cuando hay traspatio. Generalmente
están destinadas a comedor y servicios.

Esta sección puede tener dos pisos (altillo) para incrementar el área de habitaciones
de la vivienda. Puede estar cubierta con azotea o tejado.

Por último se encuentra el traspatio cuando el fondo del lote lo permite. Era usado
antiguamente como huerta o corral y en el también puede encontrarse pozo y/o aljibe.

Una casa baja puede presentar transformación parcial del periodo
contemporáneo pero ello no invalida su clasificación tipológica.

ARTICULO 428. Descripción de la Tipología Casa Alta A1 Fichas Tipológicas
Nos. 3 y 4.

Edificación de un lote de proporciones rectangulares, adosada lateralmente a las
edificaciones vecinas e integrada en paramento continuo hacia el espacio público.

Presenta dos variantes dependiendo de la ubicación del acceso: Casa Alta con
acceso central y casa alta con acceso lateral.

Sus dependencias internas giran alrededor de uno o más patios. En la parte anterior
del lote tiene su núcleo básico. La conformación en planta del área construida puede
ser en L. C, U y O.

Los elementos fundamentales de la fachada son el portón de acceso generalmente
enmarcado en una portada, puertas y ventanas de las accesorias o locales en la
primera planta; balcones y tribunas en planta alta, cornisa o ático de remate superior.

La planta baja, destinada originalmente a uso comercial y de servicio, tiene las
siguientes características.

El núcleo básico está compuesto por dos crujías paralelas a la calle, la primera
contiene el zaguán y accesorias o locales, la segunda crujía contiene
fundamentalmente el vestíbulo relacionado al patio a través de arcada en la mayoría
de los casos y la escalera a un lado del vestíbulo.

El patio espacio abierto en proporciones rectangulares, es el elemento integrador de
la edificación, en el puede encontrarse pozo y/o aljibe.

A un lado del patio se encuentra una crujía con dependencias destinadas a depósito
y servidumbre. Si la casa es de acceso central y suficiente ancho del lote pueden
existir crujías a ambos lados del patio.

Al fondo del patio pueden existir una crujía o dos (2) cuando hay traspatio.
Eventualmente la primera tiene arcada hacia el espacio abierto.

Por último se encuentra el traspatio. Cuando el fondo del lote lo permite. Era usado
antiguamente como huerta o coral y en el también puede encontrarse el pozo y/o
aljibe.

La planta alta contiene los espacios destinados a la residencia y posee las siguientes
características:

El núcleo básico en esta planta, contiene el salón principal y una o dos recámaras en
la primera crujía, cubierta con tejado a dos aguas, en la segunda crujía se encuentran
la escalera, la antesala, frecuentemente con arcada hacia el patio, y una recamara o
habitación cuando la casa es de acceso central. Esta crujía se cubre con tejado a una
agua.

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(Acumulado: 130013333010201700070-00)

Sobre las demás crujías que existan en la planta baja continúa el desarrollo de la
vivienda. Las habitaciones ocupan las crujías laterales y cuando existe crujía posterior
esta es ocupada por el comedor con arcada hacia el patrio en la mayoría de los casos.

Estas crujías esta (sic) cubierta con tejados a una agua que vieren sobre el patio. Los
corredores o balcones interiores constituyen la circulación básica en esta planta.

Sobre las demás crujías que existan en la plana baja continúa el desarrollo de la
vivienda. Las habitaciones ocupan las crujías laterales y cuando exista una crujía
posterior, esta es ocupada por el comedor con arcada hacia el patio en al mayoría de
los casos.

Estas crujías están cubiertas con tejados a una agua que vierten sobre el patio. Los
corredores o balcones interiores constituyen la circulación básica en esta planta.
Sobre la crujía del comedor presenta una tercera planta (altillo) para incrementar área
de habitaciones de la vivienda; su cubierta puede ser en tejado y/o azotea.

En los portales- portal de los dulces y portal de los Escribamos existen casas altas
que presentan variación en su núcleo básico, este tiene tres (3) crujías paralelas a la
calle; la crujía anterior constituye, en primera planta el portal y en segunda planta el
salón principal.

Una casa alta puede presentar transformación parcial del período republicano o de
periodo contemporáneo, pero ello no invalida su clasificación tipológica.

ARTICULO 429. Descripción de la Tipología Casa de Dos Altos A2:

Fichas tipológicas Nos. 5 y 6: Se clasifican en esta tipología aquellas casas que
presentan dos o más plantas altas, hechos que pueda corresponder a la sobre
elevación de una casa alta A1 en el periodo colonial o republicano.

La casa de dos altos A2 es una edificación en un lote de proporciones rectangulares,
adosadas lateralmente a las edificaciones vecinas e integradas en paramento
continuo sobre el espacio público.

Presenta dos variantes dependiendo de la ubicación del acceso, casa de dos altos
con acceso lateral y casa de dos altos con acceso central.

Sus dependencias internas giran alrededor de uno o más patios. En la parte anterior
del lote tiene su núcleo básico. La conformación en planta del área construida puede
ser en L, y C.

Los elementos fundamentales de la fachada son el portón de acceso
generalmente enmarcado en una portada y puertas de las accesorias o locales
en la primera planta, balcones o tribunas en las plantas altas; remate superior
con cornisa o ático.

La planta baja, destinada originalmente a su uso comercial y de servicio tiene las
siguientes características:

El núcleo básico está compuesta por dos crujías paralelas a la calle; la primera
contiene el zaguán o accesorias o locales; la segunda crujía contiene
fundamentalmente el vestíbulo relacionado al patio a través de la arcada en la
mayoría de los casos en la escalera aun lado del vestíbulo.

El patio, espacio abierto de proporciones rectangulares, es el elemento integrador de
la edificación. En el puede encontrarse pozo y/o aljibe.

A un lado del patio se encuentra una crujía con dependencias destinadas a depósitos
y servidumbre. Al fondo del patio puede existir una crujía o dos cuando hay traspatios.
Eventualmente la primera tiene arcada hacia el espacio abierto.

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Por último se encuentra el traspatio cuando el fondo del lote lo permite. Era usado
antiguamente como huerta o corral, y en el también puede encontrarse el pozo y/o
aljibe.

Las plantas altas, similares en su distribución contienen los espacios destinados a la
residencia y poseen las siguientes características:

El núcleo básico en estas plantas contiene el salón principal y una o dos recamaras
en la primera crujía; en la segunda crujía se encuentra la escalera, la antesala
frecuentemente con arcada hacia el patio y una recamara o habitación cuando la casa
es de acceso central.

Sobre las demás crujías que existan en la planta baja continúa el desarrollo de la
vivienda. Las habitaciones ocupan la crujía lateral y cuando exista la crujía posterior,
esta es ocupada por el comedor con arcada hacia el patio en la mayoría de los casos.

Los corredores o balcones interiores complementan la circulación básica en estas
plantas.

Las cubiertas de esta tipología son: Tejado de dos aguas sobre la primera crujía
del núcleo básico y las restantes con tejado a una agua que vierten sobre el
patio.

En los portales - Portal de los Dulces Y Portal de los Escribamos existen dos
casas de dos altos A2 que presentan variación en su núcleo básico. Este tiene
tres (3) crujías paralelas a la calle, la crujía anterior constituye, en primera planta
el portal y en las plantas altas el salón principal.

Una casa de los altos puede presentar transformación parcial del periodo
republicano o del período contemporáneo, pero ello no invalida su clasificación
tipológica.

ARTICULO 430. Descripción Casa Alta por Sobre-elevación A3.
Fichas Tipológicas No. 7 –8. Adquieren esta tipología las edificaciones que conservan
rasgos característicos de casa baja después de ser construida su planta alta en el
periodo colonial, republicano o contemporáneo.

La casa alta por sobre elevación es una edificación en un lote de proporciones
rectangulares, adosada lateralmente a las edificaciones vecinas e integrada en
paramento continuo sobre el espacio público.

Presenta dos variantes dependiendo de la ubicación del acceso de la casa baja
preexistentes: Casa alta por sobre-elevación con acceso lateral (que es la mas
frecuente) y la casa lata por sobre-elevación con acceso central.

Sus dependencias internas giran alrededor de uno o más patios. En la parte anterior
del lote tiene su núcleo básico. La conformación en planta del área construida puede
ser en L, C, U y O.

Los elementos fundamentalmente de la fachada son el portón de acceso
generalmente enmarcado en una portada, puertas y ventanas de las accesorias o
locales de la primera planta, balcones y/o tribunas en la segunda, una cornisa o un
ático constituye el remate superior.

La planta baja puede mantener el uso residencial original o cambiar a una destinación
comercial. Presenta las siguientes características:

• El núcleo básico está compuesto por dos crujías paralelas a la calle, la primera
contiene el zaguán, el salón y eventualmente recámara y accesoria, la
segunda crujía contiene recamaras o habitaciones y la antesala relacionada

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Núm. único de radicación: 130012333000201800743-01
(Acumulado: 130013333010201700070-00)

al patio frecuentemente a través de la arcada. La escalera puede estar ubicada
en el zaguán o en la antesala generando en algunos casos dos unidades
independientes. Evidencia en cierta forma en un elemento extraño ala
configuración original de la casa.
• El patio, espacio abierto de proporciones rectangulares es el elemento
integrador de la edificación. En el puede encontrarse el pozo o el aljibe.
• A un lado del patio se encuentra una crujía con dependencias destinadas a
depósito y servidumbre. Si la casa es de acceso central y suficiente ancho del
lote pueden existir crujías a ambos lados del patio.
• Al fondo del patio puede existir una crujía o dos cuando hay traspatio.
Generalmente se destinan a comedor y servicios.
• Por ultimo se encuentra el traspatio cuando el fondo del lote lo permite.
Antiguamente era usado como huerta o corral y en el también pueden
encontrarse pozo y/o aljibe .
• La planta alta repite el esquema distributivo de la anterior, adicionando
balcones interiores o corredores alrededor del patio.
• Algunas edificaciones que presentan actualmente la tipología A3 se clasifican
en tipología B para señalar que debe eliminarse la Sobre-elevación reciente
por su afectación negativa en el espacio público.

ARTICULO 431. Descripción de la Tipología Casa Alta con Entresuelo ES.
Fichas tipológica 9 –10.

Edificación en un lote de proporciones rectangulares, adosadas lateralmente a las
edificaciones vecinas e integradas en paramento continuo sobre el espacio público.

Presenta dos variantes dependiendo de la ubicación del acceso:

Casa alta con entresuelo con acceso lateral y casa alta con entresuelo con acceso
central, siendo esta última la mas frecuente.

Sus dependencias internas giran alrededor de una o más patios. En la parte anterior
al lote tiene su núcleo básico la conformación en planta del área construida puede ser
en L, C, U y O.

Los elementos fundamentales de la fachada son el portón de acceso generalmente
enmarcado en una portada, puertas y ventanas de las accesorias o locales en la
primera planta; ventanas a uno o ambos lados de la portada. Balcones y/o tribunas
en la planta alta; cornisa o ático de remate superior.

La planta baja, destinada originalmente a uso comercial y de servicio tiene las
siguientes características:

• El núcleo básico está compuesto por dos crujías paralelas a la calle; la primera
contiene el zaguán y accesorias o locales (rinconadas en las casas de
esquinas) la segunda crujía contiene fundamentalmente el vestíbulo
relacionado con el patio a través de arcadas en la mayoría de los casos y la
escalera a un lado del vestíbulo.
• El patio espacio abierto de proporciones rectangulares es el elemento
integrador de la edificación. En el puede encontrarse pozo y/o aljibe.
• A un lado del patio se encuentra una crujía con dependencias destinadas a
depósitos y servidumbre. Si la casa es de acceso central y suficiente ancho
del lote, pueden existir crujías a ambos lados del patio.
• Al fondo del patio puede existir una crujía o dos cuando hay traspatio.
Eventualmente la primera tiene arcada hacia el patio.
• Por último se encuentra el traspatio cuando el fondo del lote lo permite. Era
usado antiguamente como huerta o corral y en el también puede encontrarse
el pozo y7o aljibe.

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Núm. único de radicación: 130012333000201800743-01
(Acumulado: 130013333010201700070-00)

El entresuelo, usado originalmente como depósito de mercancías, es la característica
que define esta tipología. Se crea al dividir horizontalmente en dos los espacios de la
planta baja en las crujías del núcleo básico y laterales con excepción del zaguán y del
vestíbulo. Tiene acceso por el descanso de la escalera principal pero pueden existir
escaleras adicionales.

Eventualmente, cuando la casa es de acceso central, existe un puentecillo sobre el
zaguán para comunicar entre sí los entresuelos. Cuando hay entresuelo en crujía
lateral este puede presentar balcón corrido hacia el patio. La planta alta contiene los
espacios destinados a la residencia y posee las siguientes características:

• El núcleo básico en esta planta, contiene el salón principal y a una o dos
recamaras en la primera crujía, cubierta con el tejado a dos aguas, en la
segunda crujía s encuentran la escalera, la antesala frecuentemente con
arcada hacia el patio y una recámara o habitación cuando la casa es de
acceso central. Esta crujía se cubre con tejado a una agua.
• Sobre las demás crujías que existan en la planta baja continua el desarrollo
de la vivienda. Las habitaciones ocupan las crujías laterales y cuando exista
una crujía posterior, esta es ocupada por el comedor con arcada hacia el patio
en la mayoría de los casos. Estas crujías están cubiertas con tejado a una
agua que vierten sobre el patio. Los corredores o balcones interiores
complementan la circulación básica en esta planta.
• Sobre las crujías al fondo del patio o crujía del comedor puede presentar una
tercera planta (altillo), para incrementar el área de habitaciones de la vivienda,
su cubierta es en azotea o tejado.

El mirador es un elemento propio pero eventual de esta tipología. Es una torrecilla de
mampostería de ladrillo ubicada, con algunas excepciones, sobre la crujía del
comedor.

Una casa alta con entresuelo puede presentar transformaciones parcial del período
republicano o del periodo contemporáneo pero ello no invalida su clasificación
tipológica.

ARTICULO 432. Descripción de la tipología Accesoria AC (1,2,3) ficha tipológica
11.
Conforman esta tipología los edificios que corresponden a una de las tres siguientes
definiciones, que para efectos de este estudio se han denominado accesorias Ac1,
Ac2 y Ac3.

Ac1. Cada una de las unidades comprendidas en una edificación continua de una
planta, con una o dos crujías al borde de la calle, e integradas aun patio común, su
fachada presenta puertas y ventanas alternadas. Remate superior en cornisa o ático.
La cubierta puede ser en tejado a una o dos aguas.

Ac2. Edificación de dos plantas con distribución muy sencilla, destinada la primera a
uso comercial y la segunda a uso residencial, se conoce como accesoria de “Taza y
Plato”. La fachada comprende el portón de acceso y una tribuna en la planta superior.
La cubierta puede ser en tejado a dos aguas o en azotea.

Ac3. Edificio contiguo a otro principal y dependiente de este […]” (Destacado fuera
de texto).

85. Para determinar la intervención en los inmuebles ubicados en el Centro
Histórico se previeron, en el artículo 433 del Decreto 0977 de 2001, cuatro
categorías: i) restauración monumental; ii) restauración tipológica; iii) adecuación; y
iv) edificación nueva.

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(Acumulado: 130013333010201700070-00)

86. Ahora bien, los artículos 435 y 436 del Plan de Ordenamiento Territorial de
Cartagena, sobre las categorías de intervención de Restauración Tipológica y
Adecuación, señalan:

“[…] ARTÍCULO 435. Restauración Tipológica.

Están sujetos a esta categoría de intervención los edificios que poseen las
características tipológicas de casa baja, casa alta, casas de dos altos, casa alta
por sobre-elevación, casa alta por entresuelo, y accesorias descritas en los Artículos
Nos. 24 al 29 y que están señalados en los planos Nos. 4.1, 4.2, y 4.3.

La restauración tipológica está orientada a conservar el “organismo arquitectónico”
a asegurar su funcionalidad y a mejorar sus condiciones de habitabilidad mediante
obras que procuren la destinación a usos compatibles y que respeten los elementos
tipológicos, estructurales y formales.

En los edificios incluidos en esta categoría se permiten obras de
mantenimiento, consolidación, recuperación, acondicionamiento, ampliación
y subdivisión.

Dichas obras deberán permitir que la conformación del edificio, anterior a la
intervención, sea plenamente reconocible. Las obras de ampliación y de subdivisión
se especifican para cada tipología en los Artículos (Nos. 35 y 36).

En los edificios sujetos a esta categoría de intervención no podrán construirse
pasajes.

ARTÍCULO 436. Adecuación.

Están sujetos a esta categoría de intervención los edificios que no poseen notables
valores arquitectónicos o no tienen correspondencia con las tipologías históricas
pero que están aceptablemente “integrados” al conjunto urbano. Se señalan en los
planos Nos. 4.1.4.2, y 4.3.

Las obras que se efectúen en estos edificios tendrán por objeto mejorar sus
condiciones de habitabilidad, asegurar su funcionabilidad mediante obras que
procuren la destinación a usos compatibles y mejorar su integración al
conjunto urbano.

En los edificios con esta categoría de intervención se permiten obras de
mantenimiento, consolidación, recuperación, acondicionamiento, subdivisión, y
reestructuración. No se permiten obras de ampliación.

Las intervenciones de adecuación deberán garantizar la conservación de eventuales
vestigios arquitectónicos con valor histórico y la recuperación del patio de la
edificación con tipología histórica subyacente. Los edificios que en la actualidad
ocupan el 100% del área del lote, al ser intervenidos deberán garantizar mediante
una disminución del área de ocupación. El cumplimiento de la norma establecida en
el Artículo 71.

Con el objeto de proteger el paisaje urbano del Centro Histórico, los edificios
contemporáneos con cubierta plana que sean intervenidos a partir de la vigencia del
presente Acuerdo podrán mantenerlas trantándolas como terrazas o sustituirlas por
cubiertas inclinadas.

Estas serán de dos, tres, o cuatro aguas con pendiente, cumbreras, limatesas o
limahoyas en la forma o disposición de los tejados antiguos de Cartagena. Las
cubiertas a una (sic) agua no se aceptarán en fachada.

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(Acumulado: 130013333010201700070-00)

Podrán utilizarse la teja de barro tradicional o tejas contemporáneas que se asimilen
por material, textura, y color, exceptuando las de asbesto cemento […]” (Destacado
fuera de texto).

87. Sobre ese tema, el inmueble tiene asignada las categorías de intervención
“[…] RF. A (restauración de fachada y adecuación interior) […]” y “[…] A
(Adecuación) […]”, las cuales se definen en los artículos 37 y, en especial, 38 de la
Resolución 043 de 1994 como:

“[…] ARTÍCULO 38. Restauración de Fachada y Adecuación Interior:

Categoría definida para aquellas edificaciones transformadas en su interior pero
cuya fachada hace parte de un conjunto urbano homogéneo.

Las obras que se efectúen en los inmuebles pertenecientes a esta categoría tendrán
por objeto la conservación del tramo frontero en las tipologías históricas
residenciales y la fachada exterior en las edificaciones contemporáneas y a nivel
interior mejorar sus condiciones de habitabilidad y asegurar su funcionalidad
mediante obras que procuren la destinación a usos compatibles.

PARÁGRAFO. Las obras permitidas para esta categoría de intervención comparten
aquellas normas de la Restauración Tipológica para el tramo frontero o la fachada
según el caso, y las de la categoría Adecuación, en el interior del inmueble […]”.

88. Dentro del mismo Plan de Ordenamiento Territorial de Cartagena, en su
artículo 438 y subsiguientes, se establecieron los tipos de obra que pueden
emprenderse en las intervenciones arquitectónicas relacionadas con los inmuebles
ubicados en el área de conservación y protección cultural, lo cual debe ser analizado
en cada caso, atendiendo a las particularidades de cada bien; se trata de: i) obras
de mantenimiento, derivadas del deber de conservación de la edificación con las
debidas condiciones de higiene y ornato sin afectar su estructura ni distribución; ii)
obras de consolidación, tienen por objeto mantener las condiciones de seguridad,
actuando sobre la estructura portante pero sin alterar características formales ni
funcionales; iii) obras de recuperación, encaminadas a restituir las condiciones
originales del edificio; iv) obras de acondicionamiento, son las necesarias para la
adecuación del edificio o una parte del mismo a los usos a que se destine,
mejorando sus condiciones de habitabilidad; v) obras de ampliación, realizadas para
aumentar el volumen construido de edificaciones señaladas para restauración
tipológica, ya sea mediante el aumento de ocupación en planta o el incremento del
número de plantas; vi) obras de subdivisión, son las necesarias para crear varias
unidades independientes en un edificio y que permiten aplicar un régimen de
propiedad horizontal; y vii) obras de reestructuración, aquellas que tienen como
objeto adecuar el edificio, o una parte del mismo, a los usos a que se destine,
afectan elementos estructurantes sin modificar las características originales de su
envolvente exterior visibles desde los espacios públicos, próximos a lejanos.

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(Acumulado: 130013333010201700070-00)

89. En el artículo 443 del Plan de Ordenamiento Territorial se hace la salvedad
para las obras de ampliación en el sentido de señalar que “[…] [p]ara los edificios
sujetos a la categoría de intervención restauración tipológica se permite completar
la evolución tipológica mediante la construcción nueva de las partes
correspondientes a su respectiva tipología […]”. Agrega también que “[…] [l]os
adosamientos laterales productos de las obras de ampliación requieren aceptación
de los vecinos involucrados si la nueva construcción sobrepasa la altura del muro
medianero y si supone la eliminación de ventanas o servidumbres de ventilación
históricas […]”.

Marco normativo y jurisprudencial del derecho colectivo a la realización de las
construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos respetando los marcos
legales, de manera ordenada y dando prevalencia a la calidad de vida de los
habitantes

90. De acuerdo con lo señalado por la jurisprudencia de esta Corporación este
derecho implica “[…] la necesidad de proteger la adecuada utilización,
transformación y ocupación del suelo, de manera que las autoridades competentes
no actúen en forma arbitraria en contravención del respectivo plan de ordenamiento
territorial o instrumento que haga sus veces, a través de acciones que estén fuera
de su marco normativo […]”62.

91. De igual forma, esta Sección mediante la sentencia proferida el 7 de abril de
201163, determinó que el núcleo esencial del derecho colectivo comprendía los
siguientes aspectos: i) respeto y acatamiento del principio de función social y
ecológica de la propiedad64; ii) protección del espacio público procurando adelantar
cualquier tipo de construcción o edificación con respeto por el espacio público, el
patrimonio público, y la calidad de vida de los demás habitantes; iii) respeto de los
derechos ajenos y no abusar del derecho propio65; y iv) atención de los procesos de
cambio en el uso del suelo, en aras del interés común, procurando su utilización
racional en armonía con la función social de la propiedad a la cual le es inherente
una función ecológica, buscando el desarrollo sostenible66.

62 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia de 6 de marzo de

2008, Radicado núm. 250002324000200500901-01 (AP). C.P.: Mauricio Fajardo Gómez.
63 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia de 7 de abril de 2011.

Radicación número: 630012331000200400688-01(AP). C.P.: Marco Antonio Velilla Moreno.
64 Inciso segundo, Art. 58 de la Constitución Política.
65 Numeral 1, Art. 95 de la Constitución Política.
66 Art. 3 de la Ley 388 de 1997.

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Núm. único de radicación: 130012333000201800743-01
(Acumulado: 130013333010201700070-00)

92. Asimismo, esta Corporación ha establecido que comprende el acatamiento a
los planes de ordenamiento territorial que sirven de guía y mapa para que el
desarrollo urbano se haga de manera ordenada, coherente, de tal manera que
prevalezca el interés general sobre el particular, y se garantice la aplicación de las
disposiciones político - administrativas y de organización física contenidas en los
mismos67. Así, como el cumplimiento de los preceptos normativos sobre usos del
suelo; alturas máximas de construcción; cupos mínimos de parqueo;
especificaciones técnicas y de seguridad; cesiones obligatorias al distrito; necesidad
de obtener licencias de urbanismo y construcción; existencia de conexiones para
los servicios públicos domiciliarios, entre otros68.

93. Para la Sala es claro que el derecho señalado en el literal m) del artículo 4.º
de la Ley 472, corresponde a la obligación que le impone el legislador a las
autoridades públicas y particulares, en general, de acatar plenamente los preceptos
jurídicos que rigen la materia urbanística es decir la forma como progresa y se
desarrolla una determinada población, en términos de progreso físico y material,
asentada en una determinada entidad territorial -bien sea en sus zonas urbanas o
rurales- con miras a satisfacer plenamente las necesidades de la población.

Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho e interés colectivo
a la moralidad administrativa

94. La moralidad administrativa fue establecida como un derecho e interés
colectivo en los artículos 88 Constitución de la Política69 y 4.º de la Ley 47270.
Asimismo, de conformidad con el artículo 209 de la Constitución Política, constituye
un principio orientador de la función administrativa.

95. La jurisprudencia de esta Corporación se ha encargado de desarrollar sus
características y alcance. La Sección Primera, en sentencia proferida el 21 de julio
de 2018, sobre el derecho e interés colectivo a la moralidad administrativa,
consideró lo siguiente:

“[…] En Sentencia de Unificación de 13 de febrero de 2018, la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo, con ponencia del Magistrado William Hernández Gómez,
tuvo la oportunidad de explicar los alcances del derecho colectivo a la moralidad
administrativa, así:

67 Art. 5 de la Ley 388 de 1997.
68 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia de 21 de febrero de

2007, Rad. número: 630012331000200400243-01(AP), C.P.: Alier Eduardo Hernández Enríquez.
69 “Artículo 88. La ley regulará las acciones populares para la protección de los derechos e intereses colectivos,

relacionados con el patrimonio, el espacio, la seguridad y la salubridad pública, la moral administrativa, el
ambiente, la libre competencia económica y otros de similar naturaleza que se definen en ella. (…)” (Resaltado
fuera de texto original).
70 Literal b).

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(Acumulado: 130013333010201700070-00)

[…] Respecto de la moralidad administrativa, se ha señalado que si bien es un
concepto jurídico indeterminado, en todo caso, la actuación de la administración debe
estar direccionada a la satisfacción del interés general y realizarse dentro del marco
de los fines establecidos por la Constitución y la ley.

En ese sentido la Sección Tercera de esta Corporación señaló: «[…] en un Estado
pluralista como el que se identifica en la Constitución de 1991 (art. 1), la moralidad
tiene una textura abierta, en cuanto de ella pueden darse distintas definiciones. Sin
embargo, si dicho concepto se adopta como principio que debe regir la actividad
administrativa (art. 209 ibidem), la determinación de lo que debe entenderse por
moralidad no puede depender de la concepción subjetiva de quien califica la actuación
sino que debe referirse a la finalidad que inspira el acto de acuerdo con la ley» […]”71.

96. El derecho colectivo a la moralidad administrativa exige que los servidores
públicos y los particulares que ejercen funciones públicas, por una parte, actúen de
conformidad con los deberes establecidos en las normas o que se deriven de los
principios generales del derecho y, por la otra, se ciñan al cumplimiento del interés
general en sus actuaciones.

97. El derecho e interés colectivo a la moralidad administrativa se relaciona con
el ejercicio de la función pública según los mandatos del Estado Social de Derecho
y, en especial, con el manejo correcto de los bienes y dineros públicos.

98. En conclusión, la moralidad administrativa incluye, desde su concepción
como principio de la función pública72, un precepto interpretativo de obligatoria
referencia para el operador jurídico; y como derecho colectivo73, alcanza una
connotación subjetiva que se traduce en la posibilidad de su control judicial por parte
de la comunidad, a través de la acción popular.

99. Para que se configure su trasgresión, desde el punto de vista del interés
colectivo susceptible de protección, debe concurrir, por regla general, un elemento
objetivo que alude al quebrantamiento del ordenamiento jurídico y uno subjetivo
relacionado con la demostración de conductas amañadas, corruptas, arbitrarias,
alejadas de la correcta función pública.

71 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, C.P. Dr. Oswaldo Giraldo López,

sentencia proferida el 21 de julio de 2018.
72 Constitución Política «Artículo 209. La función administrativa está al servicio de los intereses generales y se

desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad
y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones. Las autoridades
administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado. La
administración pública, en todos sus órdenes, tendrá un control interno que se ejercerá en los términos que
señale la ley».
73 Constitución Política «Artículo 88. La ley regulará las acciones populares para la protección de los derechos

e intereses colectivos, relacionados con el patrimonio, el espacio, la seguridad y la salubridad pública, la moral
administrativa, el ambiente, la libre competencia económica y otros de similar naturaleza que se definen en ella.
También regulará las acciones originadas en los daños ocasionados a un número plural de personas, sin
perjuicio de las correspondientes acciones particulares. Así mismo, definirá los casos de responsabilidad civil
objetiva por el daño inferido a los derechos e intereses colectivos».

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(Acumulado: 130013333010201700070-00)

Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del hecho notorio

100. Visto el artículo 167 del Código General del Proceso que dispone que “[…]
[l]os hechos notorios y las afirmaciones o negaciones indefinidas no requieren
prueba […]”.

101. Sobre el particular, la Sección Primera del Consejo de Estado, en providencia
de 14 de abril de 2016, explicó que “[…] los hechos notorios son hechos públicos,
conocidos tanto por las partes como por un grupo de personas de cierta cultura, que
pertenecen a un determinado círculo social o gremial. La existencia de un hecho
notorio exime de prueba y el juez debe tenerlos por cierto […]”74.

Análisis del caso concreto

102. La Sala advierte que las pruebas relevantes para resolver el caso sub
examine son las siguientes75:

102.1. Copia del contrato de fiducia mercantil constitutivo del Fideicomiso Hotel
Santa Catalina76 en el cual figura Luis F. Correa Asociados S.A. como fideicomitente
y Acción Sociedad Fiduciaria S.A. como fideicomisario.

102.2. Obra en el expediente copia del Acta núm. 18 de 19 de diciembre de
201177, expedida por el Secretario Técnico del Comité Técnico de Patrimonio
Histórico y Cultural, mediante la cual se señala lo siguiente:

“[…] 2.5. HOTEL SANTA CATALINA (Portal de los Dulces)

PROYECTO: HOTEL SANTA CATALINA (Portal de
los Dulces)
DIRECCIÓN: Centro, Portal de los Dulces Cra. 6 N°
32-62 Pdo. 15 Mz. 75.
REFERENCIA CATASTRAL: 01-01-0075-0014-000
-01-01-0075-0015-000
RESPONSABLE: Arq. Álvaro Barrera

Reglamentación:

UNIDAD DE INTERVENCIÓN: Independiente
TIPOLOGÍA: Casa dos Altos
CATEGORÍA DE INTERVENCIÓN: Restauración de fachada y Adecuación
Interior
USO: Mixto

74 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, C.P. Guillermo Vargas Ayala,

providencia de 14 de abril de 2016, núm. único de radicación 250002324000200501438-01 (AP).
75
Cfr. índice índice 19 del expediente digital, SAMAI.
76 Cfr. índice 19 del expediente digital, SAMAI. Archivo denominado:
31_REGRESADELTRIBUNAL_130012333000(.PDF) NroActua 19. Páginas 173-205.
77 Cfr. índice 19 del expediente digital, SAMAI. Archivo denominado:
37_REGRESADELTRIBUNAL_130012333000(.PDF) NroActua 19. Páginas 96-104.

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(Acumulado: 130013333010201700070-00)

Presentado el proyecto por la Secretaria Técnica, con el cumplimiento de los
requisitos formales, y habiendo sido estudiado su contenido por parte del Comité
Técnico de Patrimonio Histórico y Cultural de Cartagena EMITE CONCEPTO
FAVORABLE, procediéndose a la firma de los planos […]”.

102.3. Copia de la Resolución núm. 0231 de 1 de noviembre de 201278, expedida
por el Curador Urbano Segundo de Cartagena de Indias, mediante la cual i) se
concedió “[…] licencia de construcción, en la modalidad de restauración en la
Categoría de Intervención de Adecuación sobre predio ubicado en el Barrio
Centro Carrera 6 N° 32-62 […]”; ii) se aprobaron los planos arquitectónicos
contentivos de proyecto de restauración, dentro de lo cual se autorizó lo siguiente:

“[…] Parágrafo- Aprobar las obras conducentes a la restauración de fachada y
adecuación interior de una edificación destinada al uso de Hotel. El proyecto
se desarrolla en un predio con un área de 571.95 M2 y cuenta con dos frentes, uno
de 13,41ML sobre el Portal de los Dulces y 34,24ML sobre la calle del Candilejo;
tiene un área total construida de 2.201M2 los cuales se distribuyen así: Planta primer
piso: Recepción, oficinas, salón, restaurante, cocina, cuarto frio, comedor personal,
baños para hombres y mujeres, cuartos para calderas, bombas y subestación
equivalente a un área construida de 532,22M2. Segundo piso se localizan 16
habitaciones con sus respectivo: baños, una bodega, cuarto de linos, cuatro de
aseo, equivalente a un área construida de 591,64M2. Tercer piso se localizan 15
habitaciones con sus respectivos baños, una bodega, cuarto de linos, cuatro de
aseo, equivalente a un área construida de 572.22M2. Y el entrepiso donde se ubican
10 habitaciones con sus respectivos baños, una bodega, cuarto de linos, cuarto de
aseo, equivalente a un área construida de 505.55M2.
[…]

Artículo cuarto: La vigencia de esta Licencia es de veinticuatro (24) meses
prorrogables por una sola vez por un plazo adicional de doce (12) meses, contados
a partir de la fecha de su ejecutoria. En caso de requerir prórroga, el titular de esta
decisión, deberá solicitarla dentro de los treinta días calendario anterior al
vencimiento de esta. (artículo 47 Decreto 1469 de 2010) […]” (Destacado fuera de
texto).

102.3.1. En su parte considerativa, la Resolución señaló:

“[…] Que revisado el plano de localización se constató que el proyecto se
encuentra ubicado según plano de Uso del Suelo P.F.U. 5A de 5 en actividad Mixto
2 (M2) y según plano de Tratamiento en Suelo Urbano y de Expansión P. F. U. 24
de 5 en Conservación Histórica y estudiada la solicitud por el equipo
interdisciplinario de esta Curaduría en comité de fecha 15 de Agosto de 2012
y mediante acta N° 029, se verifico que la solicitud es de licencia de
construcción en la modalidad de restauración según lo reglamentado por el
artículo 7 numeral 5 del decreto 1460 de 2010 y que las obras solicitadas están
destinadas a la modificación estructural y cuyas obras están representadas en
la construcción al interior de la edificación y adosada a los muros antiguos,
de una estructura en concreto reforzado, la cual se cambia en el proyecto actual
por un sistema estructural en acero.

Que el proyecto fue presentado al Instituto de Patrimonio y Cultura de
Cartagena (I.P.C.C.) y en uso de sus facultades consagradas en los numerales
4 y 5 del Artículo 9 del Acuerdo N° 001 de 04 de Febrero de 2003, emite
CONCEPTO FAVORABLE sobre la intervención al proyecto: HOTEL SANTA
CATALINA (Portal de los Dulces),
78 Cfr. índice 19 del expediente digital, SAMAI. Archivo denominado:
37_REGRESADELTRIBUNAL_130012333000(.PDF) NroActua 19. Páginas 68-73.

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[…]

Que el ingeniero civil […], revisor de estructuras de esta curaduría, constató,
mediante la revisión de los planos estructurales, memoria de cálculo estructural y
estudio de suelos, que el proyecto radicado bajo el número 13001-2-15-0115, el cual
consiste en la modificación estructural sobre un área total construida de 2.201m2,
de un proyecto de intervención, de una edificación de tres pisos más entrepiso,
perteneciente al centro histórico de la ciudad de Cartagena, y cuyas obras están
representadas en la construcción al interior de la edificación y adosada a los muros
antiguos, de una estructura en concreto reforzado, la cual se cambia en el proyecto
actual por un sistema estructural en acero, proyecto que CUMPLE CON LAS
NORMAS COLOMBIANAS DE DISEÑO Y CONSTRUCCION SISMO
RESISTENTE CONTENIDAS EN LA LEY 400 DE 1997 Y SUS DECRETOS
REGLAMENTARIOS, conclusión a la cual se llegó luego de constatar lo siguiente:
1) Que existe coincidencia de los ejes de columnas, de muros, vacíos de
escaleras y áreas de placas, registrados en los planos arquitectónicos y
estructurales, respectivamente. 2) Que en el presente trámite de licencia de
construcción en la modalidad de modificación se designaron como ingeniero
Geotecnista a […], con matrícula profesional de ingeniero civil […], Diseñador de
Estructuras a […], con matrícula profesional de ingeniero civil No […], los cuales
acreditaron su idoneidad y experiencia mediante la presentación de copia de sus
respectivas matriculas profesionales. 3) Que consultados los registros del COPNIA
(consejo profesional nacional de ingeniería y arquitectura) de sanciones vigentes
que impiden el ejercicio de la ingeniería, se constató que los profesionales arriba
mencionados no tienen sanciones disciplinarias. 4) Que en cumplimiento de lo
establecido en el numeral 1 del artículo 25 del Decreto 1469 de 2010, el solicitante
aporto el estudio de suelos, y en el cual se registran las recomendaciones que debe
seguir el ingeniero estructural en el diseño de la cimentación y obras de contención,
la definición de los efectos […]” (Destacado fuera de texto).

102.4. Copia del informe núm. 2 de inspección y control de obra presunta
violación a las normas arquitectónicas, con fecha 7 de noviembre de 201479,
expedido por un arquitecto y un ingeniero, asesores del Instituto de Patrimonio
Cultural de Cartagena de Indias, en el cual se revelaron las siguientes
observaciones:

“[…]
• Se realizó registro fotográfico en el exterior e interior del Inmueble.
[…]
• Se encontró desnivel de aproximadamente 20 cm por encima del nivel existente
hacia la fachada que da al portal de los dulces. Ver fotos N° 12 y 13.
• Se le hizo ver que la fachada sobre la calle del candilejo debe preservarse sin
alterar su perfil, ya que las columnas metálicas sobrepasan la altura de dicha
fachada en el área de cubierta plana. Ver fotos N° 2 y 3.
• Al proyectar las alturas de la cubierta en la fachada lateral derecha del edificio
vecino Torre del Reloj, se prevé que el calado de este edificio quedará clausurado
en gran parte de su área y se interceptaría el balcón. Ver foto N° 15.
• Al proyectar las alturas del tercer piso y entrepiso sobre la fachada trasera del
edificio vecino, se prevé que la ventana y calado quedarían completamente
clausurada. Ver foto N° 17.
• Planos Aprobados por el Comité Técnico de Patrimonio, hacen parte del registro
fotográfico de este informe.
• Las fotografías reseñadas en este registro, forman parte del archivo documental
de la División de Patrimonio Cultural del IPCC.
• El registro fotográfico utilizado en el numeral de Fachadas existentes y registro
fotográfico histórico, fueron obtenidas de páginas web debidamente relacionadas
79 Cfr. índice 19 del expediente digital, SAMAI. Archivo denominado:
35_REGRESADELTRIBUNAL_130012333000(.PDF) NroActua 19. Páginas 29-60.

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(Acumulado: 130013333010201700070-00)

en el inferior de las mismas y del informe ‘RESEÑA HISTORICA DEL INMUEBLE
UBICADO EN LA PLAZA DE LOS COCHES EDIFICIO TORRE DEL RELOJ,
SOBRE EL PORTAL DE LOS DULCES, PREDIO 0016’. Elaborado por el
Arquitecto ALFONSO CABRERA CRUZ, en el Año 2012.
• Se programará una nueva visita con el fin de cotejar las alturas de cubiertas y
elementos estructurales, ya que la obra no se encuentra construida en su totalidad.
[…]”.

102.5. A modo explicativo, se agregan algunas de las fotografías allegadas en el
mismo informe:

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(Acumulado: 130013333010201700070-00)

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(Acumulado: 130013333010201700070-00)

102.6. Copia del Oficio MC-027485-EE-2014 de 25 de noviembre de 201480,
expedido por el Director de Patrimonio del Ministerio de las Culturas, las Artes y los
Saberes dentro del Proceso Administrativo Sancionatorio núm. 022 de 2014, en el
cual informa que recibió una comunicación ciudadana acerca de una intervención
en el inmueble localizado en la carrera 6 núm. 32-62, en el centro histórico de
Cartagena de Indias. En el mismo se señaló, entre otras cosas, lo siguiente:

“[…] 2. La norma vigente de orden nacional específica para el sector, está contenida
en el ‘Reglamento del patrimonio inmueble 1991-2010 - Cartagena de Indias Distrito
Turístico y Cultural’ aprobado por la Resolución 043 del 26 de octubre de 1994 del
Consejo de Monumentos Nacionales (CMN), en la cual se fundamentó la Octava
Parte: ‘Reglamentación del Centro Histórico, su área de influencia y la periferia
histórica’ del Plan de Ordenamiento Territorial (POT) de Cartagena de indias D.T. y
C. (Decreto 0977 de noviembre 20 de 2001).
[…]

4. En cuanto a lo señalado por la reglamentación del CMN para este inmueble, se
tiene que:

a. Según el Anexo 4 Listado de reglamentación predial, el predio presenta la
siguiente caracterización:

• Tipología: Varias
• Categoría de intervención: RF. A (restauración de fachada y adecuación
interior)
• Uso: Mixto
• El anexo no indica unidades de intervención a preservar.

Cabe señalar que la información anterior corresponde a la consignada gráficamente
en la planimetría de la reglamentación.

Para precisar lo referido a las tipologías presentes en el predio, se señala que el
plano 3.2 TIPOLOGÍAS ARQUITECTÓNICAS Y UNIDADES DE INTERVENCIÓN,
registra la siguiente información: el predio n. 14 está subdividido en 6 sectores,
de los cuales el situado en el extremo oriental tiene asignada la tipología "casa
baja", el situado en el extremo occidental tiene asignada la tipología “casa de

80 Cfr. índice 19 del expediente digital, SAMAI. Archivo denominado:
36_REGRESADELTRIBUNAL_130012333000(.PDF) NroActua 19. Páginas 84-88 .

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dos altos”, y los 4 predios centrales tienen asignada la tipología "accesorias",
de conformidad con las convenciones gráficas del plano.

b. El título I Disposiciones Generales, capítulo 3 Responsabilidades e Instancias de
Decisión, señala las competencias de las instancias del ámbito territorial y nacional
para la aprobación de las intervenciones en el área de cobertura. Para la categoría
de intervención RF. A (restauración de fachada y adecuación interior), el Artículo 13°
indica que la instancia de decisión es el Centro Filial del Consejo de Monumentos
Nacionales.

Cabe anotar, que las labores atribuidas al centro filial las desempeñan hoy, en
Cartagena, las instancias distritales para el manejo patrimonial de conformidad con
lo establecido en el Acuerdo Distrital 001 del 4 de febrero de 2003 (por el cual el
Distrito dicta normas sobre el patrimonio cultural y crea el IPCC, entre otras
disposiciones): el Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena de Indias (IPCC) y
el Comité Técnico de Patrimonio Histórico y Cultural.

De acuerdo con la reglamentación del CMN, este tiene competencia para la
aprobación de intervenciones en edificaciones clasificadas como de restauración
monumental y en espacio público (competencias que hoy asume el Ministerio de
Cultura) (sic).

5. De conformidad con lo indicado en la licencia de construcción revisada (la
Resolución n.° 0231 del 1 de noviembre de 2012), el IPCC emitió concepto favorable
sobre la intervención al proyecto Hotel Santa Catalina, aprobado en reunión del
Comité Técnico de Patrimonio Histórico y Cultural el 19 de diciembre de 2011 según
consta en el acta n.° 18 de esa fecha.

6. Se entiende según el documento de licencia que este es el inmueble que nos
ocupa; su revisión preliminar permitió detectar diferencias de fondo entre la
normativa vigente para el predio, lo autorizado y lo que se encuentra en proceso de
construcción; a título indicativo se señalan algunas, sin prejuicio de la existencia de
divergencias adicionales a las mencionadas a continuación:

• La licencia de construcción indica que la categoría del inmueble es la de
Adecuación; no obstante, el reglamento del CMN precisa que es RF. A
(restauración de fachada y adecuación interior).

Por lo tanto, el proyecto aprobado no estaría de acuerdo con lo establecido en la
reglamentación de orden nacional específica para el sector, aunque la licencia
menciona, en el segundo parágrafo del artículo 2° de la parte resolutiva, lo siguiente:
aprobar las obras conducentes a la ‘restauración de fachada y adecuación interior
de una edificación destinada al uso de Hotel’ (cursiva fuera de texto).

La categoría RF. A, obliga a mantener la fachada y el tramo frontero en las
tipologías históricas residenciales, y en el interior, permite mejorar sus
condiciones de habitabilidad y asegurar su funcionalidad mediante obras que
procuren la destinación a usos compatibles. Las obras permitidas en esta
categoría son las de restauración tipológica (Rt) para el tramo frontero y las
de la adecuación (A) para el interior del predio:

• "Restauración Tipológica: Están sujetas a esta categoría de intervención las
edificaciones que poseen las características tipológicas de la arquitectura
doméstica y los tipos históricos especiales descrito en el anexo N° 3.

La Restauración Tipológica está orientada a mantener los elementos
tipológicos, estructurales y formales, a asegurar su funcionalidad y a mejorar
sus condiciones de habitabilidad mediante obras que procuren la destinación
a usos compatibles, respetuosos de las características del inmueble."
(Artículo 36).

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• "Adecuación: (...) Las obras que se efectúen en estos edificios tendrán por
objeto mejorar sus condiciones de habitabilidad y asegurar su funcionalidad
mediante obras que procuren la destinación a usos compatibles con las
características del inmueble." (Artículo 37).

En ambas categorías se permite ampliación, y en la segunda se permite
demolición parcial; no obstante, se establecen condiciones específicas para el
manejo de estas ampliaciones en los artículos 50 a 52 de la misma reglamentación,
en aspectos tales como construcción nueva según la tipología a la que pertenezca
el inmueble, alturas, adosamientos, entre otros aspectos.

Las fotografías de la obra en ejecución conocidas por esta Dirección (que se
adjuntan en un cedé(sic) para su ilustración), aparentemente corresponden a obra
nueva en el interior del predio, con una estructura metálica adosada a la fachada
existente que a juzgar por las imágenes es lo único que permanece del cuerpo
frontero del inmueble, el cual debió ser conservado.

• Otra diferencia detectada es que la licencia de construcción indica, también en el
segundo parágrafo del artículo 2° de la parte resolutiva, que el predio cuenta con
dos frentes, uno sobre el Portal de Los Dulces y otro sobre la Calle del
Candilejo, pero la información planimétrica con la que cuenta esta Dirección
indica que el predio que corresponde a la referencia catastral n.° 01-01-0075-
0005-000 sólo tiene frente sobre la Calle del Candilejo (nomenclatura urbana
carrera 6 n." 32-62).

• No obstante la discrepancia entre la categoría de este inmueble señalada por la
reglamentación (mencionada en el numeral 4 literal a de esta comunicación) y la
citada en la licencia de construcción, si se parte del hecho de que dicha licencia
consideró este inmueble en la categoría Adecuación de conformidad con lo indicado
por el POT, la obra nueva que se observa en el interior del predio tampoco
corresponde con lo permitido por la definición de la categoría Adecuación
contenida en el Artículo 436 de dicho plan (transcrita en la misma licencia en
los incisos 7 a 10 de la parte considerativa), que no permite ni demolición, ni
obra nueva. Se anota además que en cuanto a la señalado por este artículo
para cubiertas, se habla de cubierta plana si hace parte de edificios
contemporáneos, que no es el caso del inmueble que nos ocupa.

• Las precisiones anteriores se formulan en razón a que la licencia de construcción
autorizó ‘la construcción al interior de la edificación y adosada a la misma, de una
estructura aporticada en concreto reforzado, que sirve de refuerzo estructural, y la
construcción de una cubierta plana (...)’. Las fotografías de la edificación en curso
muestran, como ya se mencionó, una estructura metálica y no en concreto
reforzado, como autorizó la licencia.

De conformidad con lo expuesto, esta Dirección atentamente solicita la remisión de
la siguiente información respecto del proyecto que nos ocupa:

• El análisis normativo específico aplicado para la evaluación y aprobación de este
proyecto de intervención por parte del Comité Técnico de Patrimonio Histórico y
Cultural. Es decir, los actos administrativos y artículos específicos analizados y
considerados por el comité para concluir que el proyecto cumplía con la normativa
vigente. Lo anterior teniendo en cuenta que la Secretaría Técnica de ese comité está
a cargo del Jefe de la División de Patrimonio del IPCC, funcionario bajo su dirección.
Asimismo, remitir el proyecto (planos y demás soportes) que obtuvo tal aprobación.

• El concepto técnico del IPCC acerca de la correspondencia de la obra con el
proyecto de intervención autorizado por el Comité, y los soportes documentales
pertinentes.

• Los soportes de las acciones adelantadas según las competencias del IPCC
frente a situaciones relacionadas con la aprobación de este proyecto, si se

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detectaran irregularidades en su aprobación, o en la ejecución en obra del proyecto
aprobado, por ejemplo.

Se recalca que, en caso de que existan irregularidades en el proceso de evaluación,
aprobación o ejecución del proyecto, entre otras situaciones posibles, la
administración distrital debe acometer de inmediato las acciones pertinentes en
consecuencia, correctivas y sancionatorias de ser necesario, según las
competencias y funciones tanto de los organismos o dependencias existentes para
efectos del manejo del patrimonio cultural en el distrito (las establecidas en el
Acuerdo n.° 001 del 4 de febrero de 2003 para el IPCC y su División de Patrimonio
Cultural, y para el Comité Técnico de Patrimonio Histórico y Cultural) como de las
demás dependencias del Distrito vinculadas por sus competencias y funciones con
los proceses correctivos o sancionatorios que entrañe este caso.

Lo anterior en concordancia con la obligación que le asiste a la administración
distrital de velar por la protección y preservación del patrimonio cultural localizado
en su territorio, según lo disponen la Ley 397 de 1997 y la Ley 1185 de 2008 que la
modifica y adiciona, el Decreto 763 de 2009 reglamentario de las anteriores, y la
Resolución 0983 de 2010 del Ministerio de Cultura(sic), así como lo establecido en
el Acuerdo Distrital 001 antes mencionado.

Sin perjuicio de lo mencionado, es importante para esta Dirección respecto del
asuntó expuesto, determinar si existe falta contra el patrimonio cultural habida
cuenta de la condición de BICN del centro histórico de Cartagena, para efectos de
acometer o recomendar las acciones a que haya lugar en procura de su protección
y preservación, según el marco legal vigente sobre el particular y los alcances y
competencias que este otorga al Ministerio de Cultura para el efecto.

La Dirección de Patrimonio agradece la atención a la presente comunicación a la
brevedad, y expresa su voluntad de trabajar de manera coordinada con la
administración distrital de Cartagena para lograr el más adecuado manejo del
patrimonio cultural localizado en su territorio. […]”

102.6.1. En ese orden, se resalta que dicha comunicación pone de presente
algunas irregularidades y clarifica la clasificación tipológica del inmueble como Tipo
Histórico Residencial, reseñando que el predio “[…] está subdividido en 6 sectores,
de los cuales el situado en el extremo oriental tiene asignada la tipología ‘casa baja’,
el situado en el extremo occidental tiene asignada la tipología ‘casa de dos altos’ y
los 4 predios centrales tienen asignada la tipología ‘accesorias’, de conformidad con
las convenciones gráficas del plano […]”.

102.7. Copia de la Resolución núm. 82 de 3 de diciembre de 201481, expedida
por el Profesional Especializado de la División de Patrimonio Cultural del Instituto
de Patrimonio y Cultura de Cartagena de Indias (E) dentro del Proceso
Administrativo Sancionatorio núm. 022 de 2014, por la cual “[…] se da inicio al
proceso administrativo y se ordena una medida cautelar de suspensión preventiva
de obras civiles […]” teniendo en cuenta que de acuerdo a las competencias legales
del Instituto “[…] se ordenó practicar una primera inspección técnica al inmueble
colindante el día 15 de octubre de 2014 para determinar las afectaciones, el día 7

81 Cfr. índice 19 del expediente digital, SAMAI. Archivo denominado:
35_REGRESADELTRIBUNAL_130012333000(.PDF) NroActua 19. Páginas 81-86.

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de noviembre de 2014 se ordenó una visita de inspección técnica al inmueble […]
[d]eterminándose en esta inspección técnica que las alturas encontradas no son las
aprobadas en los planos y proyecto presentado ante el comité, así mismo se
evidencio que sobre las fachadas principal sobre la calle del candilejo se observa
que las alturas no son las aprobadas, que se encuentran modificadas, de igual forma
las alturas de la cornisa de la zona numero dos pasa por encima de la parte superior
de los aleros de los balcones en donde se evidencia una modificación de su altura
inicial, por otro lado se observó según el álbum fotográfico que hace parte de este
informe se evidencia incremento en las alturas de las fachada original, se observó
también un desnivel de 20 cm entre la placa construida del piso numero 2 dos y el
nivel del banco de la fachada principal sobre el portal de los dulces lo cual contrasta
con los planos arquitectónicos aprobados […] se evidencio que al interior de la
construcción de la edificación y adosada a la misma se encuentran pórticos
metálicos con perfiles tipo IPE. Lo cual contrasta con la estructura original del
inmueble y con la licencia otorgada […]”.

102.8. Copia de la Resolución núm. 0127 de 4 de junio de 201582, expedida por
el Curador Urbano Segundo de Cartagena de Indias, mediante la cual: i) se
concedió licencia de construcción “[…] en la modalidad de restauración en la
Categoría de Intervención de adecuación sobre predio ubicado en el barrio
Centro Carrera 6 N° 32-62, cuya cabida, medidas y linderos están señalados en la
escritura pública N° 1575 de 13 de Junio de 2011, suscrita en la Notaria Veintitrés
del Circulo Notarial de Bogotá, identificado con matrícula inmobiliaria N° 060-
113338 y referencia catastral N° 01-01-0075-0005-000, a través de la señora
MARTHA YELENA JARAMILLO GALLEGO […] en calidad de representante legal
de LUIS F CORREA Y ASOCIADOS S.A. […] en su calidad de Fideicomitente
del Fideicomiso Hotel Santa Catalina […]”; ii) se aprobaron los quince planos
estructurales contentivos del diseño estructural, dentro de lo cual se autorizó:

“[…] Parágrafo- Aprobar las obras conducentes a la modificación estructural sobre
un área total construida de 2.201m2, de un proyecto de intervención de una
edificación de tres pisos más entrepiso, perteneciente al centro histórico de la ciudad
de Cartagena, y cuyas obras están representadas en la construcción al interior de
la edificación y adosada a los muros antiguos, de una estructura en concreto
reforzado, la cual se cambia en el proyecto actual por un sistema estructural en
acero.
[…]

Artículo cuarto: La vigencia de esta Licencia es de veinticuatro (24) meses
prorrogables por una sola vez por un plazo adicional de doce (12) meses, contados
a partir de la fecha de su ejecutoria. En caso de requerir prórroga, el titular de esta

82 Cfr. índice 19 del expediente digital, SAMAI. Archivo denominado:
37_REGRESADELTRIBUNAL_130012333000(.PDF) NroActua 19. Páginas 74-78.

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decisión, deberá solicitarla dentro de los treinta días calendario anterior al
vencimiento de esta. (artículo 47 Decreto 1469 de 2010) […]”.

102.9. Copia de la Resolución núm. 34 de 10 de junio de 201583, expedida por el
Asesor Jurídico Profesional Universitario Grado 47, funcionario Ad-Hoc (E) de la
División de Patrimonio Cultural del Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena
de Indias dentro del Proceso Administrativo Sancionatorio núm. 022 de 2014,
mediante la cual “[…] se decreta una nulidad de oficio dentro del proceso
administrativo sancionatorio No 022 de 2014 […]”. En las consideraciones de la
decisión el funcionario delegado observó “[…] una irregularidad sustancial que
afecta el DEBIDO PROCESO, consistente en el hecho de que el Doctor […],
profesional Especializado de la División de Patrimonio del IPCC, al momento de
recibir las quejas interpuestas por el señor ANDRES PIEDRAHITA VELEZ, inició
unas actuaciones delegando un grupo de asesores a verificar lo afirmado en las
mismas por el señor PIEDRAHITA, muy a pesar de mantener una relación de
amistad con este, como lo reconociera posteriormente cuando solicita declararse
impedido, lo cual como el mismo lo manifiesta no garantiza una parcialidad frente a
los intervinientes, el doctor […], debió declararse impedido una vez conoció la
primera queja presentada por el señor ANDRES PIEDRAHITA, puesto que al
ordenar las primeras actuaciones rompió el equilibrio procesal, […] se presenta una
irregularidad que afecta el DEBIDO PROCESO, por lo tanto las actuaciones surtidas
a partir de ese momento procesal se encuentran viciadas de NULIDAD […]”.

102.10. En el Oficio MC-012548-EE-2015 de 6 de agosto de 201584, expedido por
el Director de Patrimonio del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes
dentro del Proceso Administrativo Sancionatorio núm. 022 de 2014, se solicitó
información frente al caso del Hotel Santa Catalina, debido a que dicha Dirección
recibió los informes de la actuación administrativa adelantada por el citado Instituto,
en noviembre y diciembre de 2014, atendiendo a que el proyecto en ejecución no
correspondía ni a lo aprobado por el Comité Técnico de Patrimonio Histórico y
Cultural del Distrito ni a la licencia de construcción de 2012, lo cual, según señala,
dicho documento, “[…] culminó con la suspensión de la obra mediante la Resolución
n.° 82 de diciembre 3 de 2014, se procedió a revisar el contenido de la licencia
otorgada en 2015, encontrando que se refiere solo a la modificación de la licencia
anterior en lo que respecta al tipo de estructura a utilizar, que en la primera era de
concreto reforzado y en esta última es metálica. No obstante, no se refiere a ningún
otro cambio en el proyecto […]”.

83 Cfr. índice 19 del expediente digital, SAMAI. Archivo denominado:
32_REGRESADELTRIBUNAL_130012333000(.PDF) NroActua 19. Páginas 94-102.
84 Cfr. índice 19 del expediente digital, SAMAI. Archivo denominado:
36_REGRESADELTRIBUNAL_130012333000(.PDF) NroActua 19. Páginas 129-

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102.10.1. El oficio explica que, con la nueva licencia de construcción, otorgada
por la Resolución núm. 0127 de 4 de junio de 2015 de la Curaduría Urbana núm. 2
de Cartagena, “[…] se habría solucionado tan solo una de las varias violaciones a
la norma urbanística detectadas por dicho Instituto en este proceso, quedando aún
pendiente todo lo relacionado con la modificación de alturas y fachadas no
permitidas por la norma (entre otras) y que se habrían ejecutado en obra,
mencionadas tanto en el acto administrativo expedido por el IPCC para la
suspensión de la obra como el informe de los profesionales del IPCC efectuado el
7 de noviembre pasado que hace parte de la documentación que sustenta dicha
suspensión […]” (Destacado fuera de texto).

102.10.2. Asimismo, se señala en el Oficio, por un lado, “[…] que se requiere
conocer el análisis normativo especifico aplicado para la evaluación y aprobación
de este proyecto de intervención por parte del Comité Técnico de Patrimonio
Histórico y Cultural (actos administrativos y artículos específicos analizados y
considerados por el comité para concluir que el proyecto cumplía con la normativa
vigente), por cuanto esta información no fue suministrada por el IPCC; lo anterior,
como se ha mencionado en ocasiones anteriores, en atención a que el concepto
favorable del comité emitido en diciembre de 2011 no contiene dicha sustentación
[…]”; y, por el otro, “[…] que, en caso de que existan irregularidades en el proceso
de evaluación, aprobación o ejecución del proyecto, entre otras situaciones
posibles, la administración distrital debe continuar acometiendo las acciones
pertinentes en consecuencia, correctivas y sancionatorias de ser necesario […]”.

102.11. Copia de la Resolución núm. 0222 de 20 de agosto de 201585, expedida
por el Curador Urbano Segundo de Cartagena de Indias, mediante la cual se
decidió: “[…] ARTICULO PRIMERO: Rechazar el recurso de reposición y en
subsidio apelación, interpuesto por el señor ANDRES PIEDRAHITA VELEZ, contra
la Resolución N° 0127 de 04 de Junio de 2015 de conformidad con los argumentos
expuestos y, en consecuencia, CONFIRMARLO en su totalidad […]”.

102.12. Copia del control de obra, realizado el 29 de febrero de 201686 por los
arquitectos Rosa Osorio Bustillo, José Blanco Padilla y Jacobo Anaya Velilla,
designados por el Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena de Indias para
dicha diligencia, dentro del Proceso Administrativo Sancionatorio núm. 022 de 2014.

85 Cfr. índice 19 del expediente digital, SAMAI. Archivo denominado:
37_REGRESADELTRIBUNAL_130012333000(.PDF) NroActua 19. Páginas 79-86.
86 Cfr. índice 19 del expediente digital, SAMAI. Archivo denominado:
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En la misma se realizó una verificación de la cual se concluyó que “[…] [e]n la
intervención no se identificaron cambios sustanciales que puedan contravenir
lo dispuesto en el decreto 0977 de 2001 en lo que a la categoría y tipología del
inmueble se refiere […]”, esto a partir de un análisis que explican de la siguiente
manera:

“[…] Las obras en ejecución se tipifican como Restauración de Fachada y
Adecuación interior. Observándose en sitio demoliciones totales y parciales de una
estructura en concreto reforzado la cual se presume es de vieja factura, dada las
características de la composición del concreto y de las barras de refuerzo. Ver registro
fotográfico.

La intervención del inmueble conserva la estructura muraría original en su
envolvente (Fachadas plaza de los coches y calle del candilejo), como también
una galería central en piso bajo, formada por arcadas en medio punto. La
estructura muraría del envolvente en el inmueble no presenta sobreelevaciones,
no se encuentra en intervención. Sin embargo, se presenta liberaciones de vanos
y desmontes de elementos de su repertorio formal como tejadillos, balaustres,
pasamano, pies derechos y peinazo de uno de los balcones sobre la calle del
candilejo se presume que se hicieron por deterioro y posibles desprendimientos.

En sitio actualmente se está desarrollando la construcción y el armado de una
estructura contemporánea con sistema a porticado en acero. Se identificó la
construcción de una losa de segundo (2) piso, la construcción parcial de una
losa de tercer (3) piso y la construcción parcial de una losa de cuarto (4) piso.
Con alturas referentes desde nivel cero (0) así:

• Primera losa 3,73 ml
• Segunda losa 6,88 ml
• Tercera losa 10.02 ml

En contraste con las planimetrías aportadas, se notó un factor diferenciador de
niveles de +0.18 ml entre las alturas de losas redistribuyendo las alturas. Sin
embargo la cota general tomada desde el nivel cero (0.00 mi) al nivel de piso 4
(tercera losa 10.02 mi), no supera la estructura muraría envolvente.

En la actualidad se pueden observar los puntales de las columnas en acero sobre
elevados del envolvente del edificio. Estas sobre elevaciones coinciden en lugares
donde la propuesta arquitectónica aprobada las proyecta […]” (Destacado fuera
de texto).

102.13. Copia del “[…] auto de archivo de indagación preliminar […]” con fecha
30 de junio de 201687, expedido por la Procuradora Provincial de Cartagena de
Indias dentro del proceso con radicado IUS-2014-436187; IUC-D-2015-36-732285,
en el cual se investigaron presuntas irregularidades por parte del Curador Urbano
núm. 2 de Cartagena de Indias, al conceder la licencia de construcción núm. 231 de
1 de noviembre de 2012. En el mismo se ordenó la terminación de la actuación
disciplinaria adelantada contra el Curador y contra los “[…] funcionarios por
determinar del Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena y, en consecuencia,
disponer el archivo definitivo del proceso por falta de mérito […]”.

87 Cfr. índice 19 del expediente digital, SAMAI. Archivo denominado:
38_REGRESADELTRIBUNAL_130012333000(.PDF) NroActua 19. Páginas 177-185.

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Núm. único de radicación: 130012333000201800743-01
(Acumulado: 130013333010201700070-00)

102.13.1. En la misma decisión, la Procuradora Provincial de Cartagena,
consideró que “[…] la Curaduría Urbana No. 2 y el Instituto de Patrimonio y Cultura
de Cartagena - IPCC, recibieron y estudiaron los planos arquitectónicos
presentados por la firma constructora Proyecto Hotel Santa Catalina, éstos
coincidían con las normas urbanísticas que rigen para el sector histórico de
Cartagena, adecuándose a la modalidad de restauración, por tal razón actuaron
dentro del marco de la legalidad […] Pero resulta que al parecer, la firma
constructora hizo algunas modificaciones al interior de la construcción que
no estaban contempladas en los planos originales e iniciales que fueron
aprobados tanto por la Curaduría Urbana No. 2 y el IPCC […] Es claro que no existe
norma que autorice o permita que la Curaduría Urbana, tenga funciones para
investigar e imponer sanciones a infractores de normas urbanísticas, funciones
éstas que están asignadas al Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena-IPCC
[…]” (Destacado fuera del texto).

102.13.2. Asimismo, mencionó que tuvo en cuenta de las pruebas en el trámite
de indagación preliminar, por un lado, que “[…] entre las recomendaciones que hace
el informe técnico de las obras, consta que evidentemente el constructor realizó
cambios que no están permitidos en la licencia otorgada, señala al texto dicho
informe: ‘(...) Solicitar al contratista la justificación técnica (sic) del cambio de
especificaciones en cuanto a: que en la Resolución de la Licencia de Construcción
No. 0231 de noviembre 1 de 2012, expedida por la Curaduría Urbana No. 2, en su
parte considerativa autoriza ‘la construcción al interior de la edificación y adosada a
la misma, de una estructura en concreto reforzado’, pero en obra se encuentra
adelantada la construcción al interior de la edificación y adosada a la misma, de
pórticos metálicos con perfiles tipo IRE’ […]”.

102.13.3. Y, por otro lado, que el Director de Patrimonio del Ministerio de Cultura
señaló que “[…] la licencia de construcción autorizó ‘la construcción al interior de la
edificación y adosada a la misma, de una estructura aporticada en concreto
reforzado, que sirve de refuerzo estructural, y la construcción de una cubierta plana
(...). Las fotografías de la edificación en curso muestran, como ya se mencionó, una
estructura metálica y no en concreto reforzado, como autorizó la licencia’ […]”.

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Núm. único de radicación: 130012333000201800743-01
(Acumulado: 130013333010201700070-00)

102.14. Copia del control de obra realizado el 29 de noviembre de 2016 88 por
asesores de la División de Patrimonio del Instituto de Patrimonio y Cultura de
Cartagena de Indias, en el cual se hace una explicación sumaria sobre el inmueble:

“[…] En el Centro Histórico (CH) de Cartagena de Indias se encuentran clasificados
tipológicamente cada uno de los inmuebles que conforma el recinto. Dicha
clasificación tipológica se fundamenta en las características espaciales y formales
que poseen los mismos (repertorio), y cualquier tipo de intervención que se
proponga deberá respetar el repertorio formal de la tipología a la que pertenecen.

También a cada inmueble en el CH se le asigna una categoría de Intervención y el
alcance de las obras que se hagan en ellos deberá regirse por la norma a que le
corresponde su categoría; el Inmueble al que hacemos referencia en este informe
pertenece a la categoría de intervención.

Estas tipologías y categorías se encuentran descritas en la octava parte del
acuerdo(sic) 0799 de 2001 (POT) que contiene disposiciones especiales a las que
se acogen las intervenciones que se propongan o se hagan en los bienes de interés
cultural del distrito de Cartagena de Indias.

La Tipología del Inmueble: Según la matriz de reglamentación predial del CENTRO
HISTÓRICO es (VARIAS) dejando implícita una mixtura de tipologías.

La Categoría de Intervención del Inmueble: Según la matriz de reglamentación
predial del CENTRO HISTÓRICO, es RF. A Restauración de Fachada y
Adecuación Interior, permitiendo la articulación de dos categorías de intervención
e identificando en cuales de los elementos del organismo arquitectónico actuará
cada una.

Las categorías que entran a regir en este inmueble son la Restauración Tipológica
en el ámbito de las fachadas del inmueble y la Adecuación en el interior del mismo.

La restauración tipológica está orientada a la conservación del organismo
arquitectónico existente en este caso (fachada), respetando los elementos
estructurales, formales y tipológicos.

La Adecuación está orientada a la conservación de eventuales vestigios
arquitectónicos con valor histórico y a la recuperación del patio de la tipología
histórica oculta o que subyace; y a la intervención de inmuebles que no poseen
notables valores arquitectónicos o que no tengan correspondencia a tipologías
históricas pero que posee una aceptable inserción en el contexto.

Las intervenciones en los [i]nmuebles con esta categoría deben garantizar la
reducción de su área de ocupación.

Esta categoría deja implícita la demolición de elementos arquitectónicos que no
posean valor histórico […]”.

102.14.1. En el mismo escrito se realiza una comparación entre proyecto
radicado y proyecto ejecutado, dejando constancia de, entre otros aspectos: i) “[…]
[i]nmueble en INTERVENCIÓN, ubicado tal cual como aparece en la información
general del encabezado de este informe […]”; ii) “[…] [l]as obras en ejecución se
tipifican como Restauración de Fachada y Adecuación interior, observándose en

88 Cfr. índice 19 del expediente digital, SAMAI. Archivo denominado:
31_REGRESADELTRIBUNAL_130012333000(.PDF) NroActua 19. Páginas 53-63.

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(Acumulado: 130013333010201700070-00)

sitio modificaciones a la propuesta aprobada […]”; iii) “[…] [l]as modificaciones se
presentan a nivel, de primer piso, segundo piso, tercer, cuarto piso, azotea o
cubiertas planas, circulaciones, acceso de servicios y puntos fijo de escaleras y
ascensor. Con cambios en la distribución espacial en las 4 primeras plantas y
modificaciones sustanciales en azotea […]”; iv) “[…] Cubiertas: A nivel de
cubierta existen cambios en los adosamientos con los vecinos los cuales en algunos
puntos se retroceden para reducir el impacto sobre servidumbres del vecino
próximo. […] También se identificaron cambios sustanciales con respecto a la
ubicación y tamaño de la piscina. […] La propuesta se sobre eleva en la sección de
la piscina, 1 ml aproximadamente, de los pináculos del ático, sobre la fachada de
calle del candilejo y reduce la altura de cumbreras sobre la fachada de la plaza de
los coches […]”.

102.14.2. En el citado documento se encuentran imágenes de la diligencia
practicada y una tabla comparativa entre las características del proyecto radicado,
el proyecto ejecutado y las posibles violaciones allí presentadas; de lo cual se
destaca la anotación que indica que “[…] [e]n la intervención se identificaron
cambios sustanciales que puedan contravenir lo dispuesto en los planos
aprobados por comité Técnico Asesor, como también en la Resolución No.0127
de 04 de [j]unio de 2015. Expedida por la curaduría urbana No. 2 […]” (destacado
fuera de texto).

102.15. Copia del informe de visita técnica por presunta violación a las normas
arquitectónicas, con fecha 11 de enero de 201789, expedido por el Personero
Delegado de la Gestión de Protección del Interés Colectivo e Individual de la
Personería Distrital de Cartagena de Indias, en el cual se revelaron las siguientes
conclusiones y recomendaciones:

“[…] CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

La construcción ubicada en el barrio Centro Carrera 6 N° 32 - 62, posee las
Resoluciones N° 0231 de 01 de Noviembre de 2012 con la que se concede licencia
de construcción en la modalidad de restauración en la categoría de intervención de
Adecuación, la cual no está vigente y la resolución 0127 de 04 de Junio del 2015
Modalidad de restauración en esta solo se aprueban las obras conducentes a la
modificación estructural de una edificación en concreto reforzado a una estructura
en acero, por lo que la obra en comento no cuenta con licencia de construcción
vigente. Porque la misma se venció, es decir, no se prorrogo(sic).

En todo el proyecto se observan cambios en su distribución interior, estos cambios
no son significativos.

89 Cfr. índice 19 del expediente digital, SAMAI. Archivo denominado:
31_REGRESADELTRIBUNAL_130012333000(.PDF) NroActua 19. Páginas 65-73.

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Núm. único de radicación: 130012333000201800743-01
(Acumulado: 130013333010201700070-00)

Entre las modificaciones sustanciales encontradas en el proyecto se observan
en el segundo piso hacia la fachada del portal de los dulces un cambio de nivel
de 20 centímetros por encima del nivel del balcón (ver plano anexo).

Cuarto piso (aprobado como entrepiso), se observan cambios de tamaño en
las cubiertas de dos aguas que dan hacia la fachada del portal de los dulces,
con esto aumentaron el área de la terraza.

La cubierta hacia la calle del candilejo que según planos (ver isométricas) era
a dos aguas, fue construida a una sola pendiente, reemplazándola por cubierta
plana.

La altura de la fachada hacia la calle del candilejo fue aumentada en 1.30 cm
aproximadamente, no concuerdan con los planos aprobados (ver fotos anexas).

El área de la piscina fue totalmente modificada, cambiando el tamaño, forma
ubicación y aumentando su altura. Que en los planos aprobados y licencia
aparece como depósito de agua.

Desde el primer informe emitido por el arquitecto […] y la ingeniera […], asesores
de la división de patrimonio ya se mencionaban los cambios de alturas encontrados
en el proyecto.

El proyecto en mención viola la normatividad vigente, art. 436 del POT, prohíbe la
ampliación en este tipo de proyectos.

De acuerdo a lo relacionado anteriormente y que esta construcción viene violando
las normas desde sus inicios, se recomienda:

Dar traslado a la delegada para la vigilancia administrativa o a quien
corresponda, para que se inicie la investigación que el asunto amerite.

Se anexan 5 folios (material fotográfico)

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(Acumulado: 130013333010201700070-00)

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Núm. único de radicación: 130012333000201800743-01
(Acumulado: 130013333010201700070-00)

[…]” (Destacado fuera de texto).

102.16. Copia del Oficio IPC-OFI-0000304.2017 de 16 de febrero de 201790,
expedido por el Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena de Indias, mediante
el cual informó que se había iniciado un proceso administrativo sancionatorio núm.
022 de 2014 en atención al requerimiento de 3 de octubre de 2016 manifestado por

90 Cfr. índice 19 del expediente digital, SAMAI. Archivo denominado:
31_REGRESADELTRIBUNAL_130012333000(.PDF) NroActua 19. Página 64.

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(Acumulado: 130013333010201700070-00)

uno de los actores91, en el que solicitó “[…] sea [i]nspeccionada la obra y se ordene
la respectiva demolición de las obras adelantadas en la cubierta del edificio por
cuanto no se ajustan a lo permitido por la norma […]” (Destacado fuera de texto).

102.17. Copia del Oficio IPC-OFI-0000315-2017 de 17 de febrero de 201792,
expedido por el Profesional Especializado de la División de Patrimonio del Instituto
de Patrimonio y Cultura de Cartagena de Indias, mediante el cual se realizó una
recopilación de las actuaciones surtidas dentro del proceso sancionatorio:

“[…] El día 15 de octubre se realizó la primera visita de inspección por las obras
adelantadas en el inmueble ubicado en el portal de los dulces Cra 6 No. 32-62 P 15
mza 75 en el que se determinó que las obras presuntamente estaban afectando al
predio vecino por las grietas, fisuras en muros y pisos.

El proyecto denominado HOTEL SANTA CATALINA (Portal de los dulces) cuenta con
el visto bueno aprobatorio del Comité Técnico de Patrimonio de fecha 20 de diciembre
de 2011 y con licencia urbanística No. 231 de 2012.

El día 7 de noviembre de 2014 se procedió a realizar nueva visita en el inmueble:
ubicado en el portal de los dulces Cra 6 No. 32-62 P 15 mza 75 en la que se recomendó
realizar seguimiento de la fachada principal sobre la calle del candilejo, pues al parecer
existían modificaciones en alturas en las tres zonas.

Posteriormente, esto es, el día 1 de diciembre de 2014 el comité de seguimiento
procedió a evaluar lo señalado en el informe técnico de fecha 7 de noviembre de 2014
y determinó suspender la ejecución de las obras realizadas en el inmueble ubicado en
el portal de los dulces Cra 6 No. 32-62 P 15 mza 75.

De acuerdo con lo anterior, el Director de la División de Patrimonio (ah doc) del IPCC
procedió a dar inicio al proceso administrativo sancionatorio No 022/14 mediante
resolución No. 82 de 2014 y procedió a suspender la ejecución de las obras realizadas
en el inmueble ubicado en el portal de los dulces Cra 6 No. 32-62 P 15 mza 75.

Dentro del control, y seguimiento de obras, el día 29 de febrero de 2016 se realizó visita
de inspección en el inmueble ubicado en el portal de los dulces Cra 6 No. 32-62 P 15
mza 75 en la que se determinó que por las propios de una obra en construcción es
posible que se presenten cambios o modificación de lo actualmente propuesto y
aprobado. Se sugiere conminar al constructor proyectista a tener en cuenta posibles
cambios y proceder agotar todos los recursos de presentación de proyectos ante la
División de Patrimonio del IPCC y las modificaciones a que tenga lugar para así dejarlas
a consideración del comité técnico de patrimonio.

Posteriormente mediante informe de 29 de noviembre de 2016 mediante visita de
control de obras, se determinó que por las dinámicas propias de una obra en
construcción es posible que se presenten cambios o modificaciones de lo actualmente
propuesto y aprobado. Se siguiere conminar al constructor y al proyectista a tener en
cuenta posibles cambios y proceder a agotar todos los recurso[s] de presentación
proyectos ante la División de Patrimonio del IPCC y las modificaciones a que tenga
lugar para así dejarlas en consideración del comité técnico de patrimonio. Se pone de
manifiesto, que las redes eléctricas y ducterias de aires acondicionados del inmueble
vecino al cual se debe adosar la construcción se encuentran ubicadas dentro del área
de dicho inmueble lo cual generará conflictos cuando se presenten cambios en el
funcionamiento de este sistema.

91 Cfr. índice 19 del expediente digital, SAMAI. Archivo denominado:
31_REGRESADELTRIBUNAL_130012333000(.PDF) NroActua 19. Páginas 38-52.
92 Cfr. índice 19 del expediente digital, SAMAI. Archivo denominado:
36_REGRESADELTRIBUNAL_130012333000(.PDF) NroActua 19. Páginas 170-171.

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Núm. único de radicación: 130012333000201800743-01
(Acumulado: 130013333010201700070-00)

Posteriormente de acuerdo a lo señalado en la resolución 725 de 2002 modificada por
la 135 de 2008 procederemos a impulsar a la etapa siguiente del proceso sancionatorio.
Para efectos de una mayor claridad en la actuación administrativa de la referencia nos
servimos adjuntar copias de las piezas procesales del proceso de la referencia en
medio magnético en las que se encuentran la quejas y peticiones interpuestas por los
interesados […]”.

102.18. Copia de una Certificación del arquitecto restaurador Germán Antonio
Bustamante Patrón93, sin fecha, en la cual conceptúa que “[…] la obra
correspondiente al Hotel Santa Catalina no guarda coherencia con el plan de
ordenamiento territorial vigente de Cartagena, por cuanto la obra allí adelantada
constituye un incremento a los metros cuadrados originales del edificio, generando
una ampliación al área del mismo, lo cual se encuentra prohibido por el Plan de
Ordenamiento Territorial […]”.

102.19. Copia de un documento, sin firma, denominado “[…] Investigación
Histórica del Inmueble ubicado en la Plaza de los Coches, sobre el Portal de los
Dulces Carrera 6 núm. 32-62 Predio 0015, del centro histórico de Cartagena de
Indias […]”94, en el que se señala que fue elaborado por el Arquitecto de
Restauración del Patrimonio Arquitectónico, señor Alfonso Rafael Cabrera Cruz, en
el cual se manifestó:

“[…] Esta investigación busca estudiar todos los aspectos técnicos, históricos,
documentales e historiográficos, sobre del inmueble ubicado en la plaza de los
Coches, sobre el Portal de los Dulces Carrera 6 núm. 32-62 predio 0015 del centro
histórico de Cartagena de Indias.

Demostraremos hay evidencia de su existencia desde el siglo XVI, la manzana,
predio 005 es de las más antiguas de la ciudad[,] donde se constatar[á] la
preexistencia de una casa medianera alta, como se mostrara el predio de esta casa
está totalmente ocupado en un 100%, donde se buscar[á] el rescate de las
proporciones correctas de los patios interiores, que en razón de su uso histórico, el
comercial, era pequeño o inexistentes, el patio interior que por tipología redactada
en la norma decreto 0977, se exigiré(sic) liberar o demoler entre el 25 y 30 % del
área construida y recuperación en un 100% del área del patio, para que esta
edificación contribuya con su rescate a la conservación del centro histórico, dentro
de los parámetros establecidos por la ley , y permitir que la preexistencias
excedentes de áreas sean revertidas a su proceso tipológico con obras puntuales.
[…]

La Investigación y las fotos antiguas, arrojan que esta edificación del siglo XVI, por
su fuero comercial, y por tener áticos en todas sus fachadas en la Plaza de los
Coches y hacia la calle del Candilejo, desde sus inicios contaba con una cubierta
plana, con pendiente leve que se recuperara, pues cuando se hizo la intervención
del almacén Magali París, se falseo su concepto, al agregarle dos aguas, en teja
española, desfigurando su elemento morfológico esencial constitutivo. El ático
coronado con prominentes adornos en forma de campanile o jarrones,

93 Cfr. índice 19 del expediente digital, SAMAI. Archivo denominado:
37_REGRESADELTRIBUNAL_130012333000(.PDF) NroActua 19. Página 182.
94 Cfr. índice 19 del expediente digital, SAMAI. Archivo denominado:
38_REGRESADELTRIBUNAL_130012333000(.PDF) NroActua 19 Páginas 13-125

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tradicionalmente realizados con cerámica y que se encuentran en buen estado, solo
la casa accesoria lateral tenía cubierta de dos aguas […]”.

102.20. Copia de la Resolución núm. 199 de 25 de mayo de 201795, expedida por
el Profesional Especializado de la División de Patrimonio (Ad Hoc) del Instituto de
Patrimonio y Cultura de Cartagena de Indias dentro del Proceso Administrativo
Sancionatorio núm. 022 de 2014, “[p]or medio de la cual se suspenden las obras de
construcción realizadas en el predio ubicado en el barrio Centro Cra 6 No. 32-62
identificado con matrícula inmobiliaria No. 060-113338 y referencia catastral No. 01-
01-0075-0005-00”, allí se señaló lo siguiente:

“[…] 11. Sobre este punto, en los edificios con esta categoría de intervención se
permiten obras de mantenimiento, consolidación, recuperación,
acondicionamiento, subdivisión, y reestructuración. No se permiten obras de
ampliación.

12. Sí bien en el inmueble ubicado Centro Cra 6 No. 32-62 no se determina que se
están realizando obras no permitidas, es claro que algunas de las obras realizadas
no corresponden a las aprobadas por el Comité técnico de Patrimonio, ni la
licencia urbanística aprobada mediante resolución No. 0127/15, las obras que
se adelantan incluyen cambios sustanciales a las aprobadas, lo cual
presuntamente contraviene los planos aprobados […]” (Destacado fuera de texto).

102.21. Copia del Acta núm. 12 expedida el 13 julio de 201796 por el Comité
Técnico de Patrimonio en la cual se aprobó una modificación al Hotel Santa
Catalina, observando que “[…] [s]e presentaron los planos con las modificaciones
sugeridas […] se corrigió la cubierta del núcleo básico y en la parte de atrás quedó
una cubierta a dos aguas. Se mantuvo la parte plana a sugerencia del comité y se
revisaron las funciones de las habitaciones […]”.

102.21.1. En el mismo escrito se plasman los argumentos de las distintas
posturas en la votación; por un lado, un miembro del comité “[…] votó de forma
negativa citando el artículo 436 del Plan de Ordenamiento Territorial-POT, que
señala: ‘Con el objeto de proteger el paisaje urbanístico del centro histórico, las
edificaciones contemporáneas con cubierta plana que sean intervenidas a partir de
la vigencia del presente acuerdo, podrán mantenerlo tratándolas como terrazas o
sustituyéndolas por cubiertas inclinadas’ […] De acuerdo con la reseña histórica de
la edificación en cuestión […] se considera que no aplicaría la posibilidad de que el
proyecto acceda cubierta plana como están los planos actuales y enfatiza que se
queda con el concepto que fue aprobado anteriormente en cuanto al tema de
tratamiento de cubierta […]”.

95 Cfr. índice 19 del expediente digital, SAMAI. Archivo denominado:
36_REGRESADELTRIBUNAL_130012333000(.PDF) NroActua 19. Páginas 175-179.
96 Cfr. índice 19 del expediente digital, SAMAI. Archivo denominado:
37_REGRESADELTRIBUNAL_130012333000(.PDF) NroActua 19. Páginas 105-113.

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102.21.2. Por el otro, quienes votaron a favor señalaron que “[…] la edificación
ha tenido distintas cubiertas durante toda su historia como se ha comprobado en la
reseña histórica, se considera conveniente, para no alterar la relación visual
especial se puede mejorar el perfil del paisaje urbano dejando la cubierta plana y
solicitando al arquitecto la conservación del perfil urbano sobre la calle del candilejo
[…]”.

102.22. Copia de visita de seguimiento a obra suspendida, realizada el 14 de julio
de 2017 por Asesores de la División de Patrimonio del Instituto de Patrimonio y
Cultura de Cartagena de Indias97, cuyo objeto es la verificación del cumplimiento de
la medida de suspensión específica, en la cual se señaló:

“[…] Realizada la inspección física de las obras en mención, se pudo determinar que
las obras ejecutadas en el primer piso, coinciden completamente con las aprobadas
por la curaduría Urbana No. 2, autora de la expedición de la respectiva licencia de
construcción del proyecto.

En los pisos segundo y tercero, se pudo comprobar, que el constructor realizó
cambios espaciales, al modificar la orientación de algunos baños en las
habitaciones, igualmente modificó el acceso a algunas habitaciones.

En el cuarto piso se observan cambios espaciales, reflejados en la ampliación
de la losa de piso, como consecuencia de los ajustes realizados a la cubierta que
mira hacia la fachada del portal de los dulces.

En la losa de cubierta, se pudo verificar la existencia de un jacuzzi, que no se
encuentra dentro de los planos aprobados en la licencia inicial expedida por la
curaduría urbana No 2 y la modificación de la piscina del proyecto, el cual
tampoco se encuentra autorizado.

Al finalizar el recorrido, la persona responsable del proyecto, hace entrega formal de
los planos modificados y aprobados, de acuerdo a CONCEPTO DE COMITÉ
TÉCNICO ASESOR DE PATRIMONIO FAVORABLE, realizado el día 13 de julio de
2.017.

Igualmente se verificó que los responsables del proyecto, realizaron los trabajos de
aseguramiento del tejado visible por la fachada de la calle del candilejo. Estos
trabajos de confinamiento del tejadillo, se realizaron con carácter de urgencia,
porque presentaban evidentes muestras de desplazamiento y de manera preventiva,
se recomendó lo antes descrito, para evitar lesionar la integridad física de los
transeúntes y de la comunidad en general.

Revisados nuevamente los planos modificados y contrastados con la obra
ejecutada, se pudo verificar que las obras, en su totalidad ejecutadas, concuerdan
con las presentadas en los planos modificados y aprobados […]”.

102.23. Copia de la Resolución núm. 260 de 19 de julio de 201798, expedida por el
Profesional Especializado de la División de Patrimonio (Ad Hoc) del Instituto de
Patrimonio y Cultura de Cartagena de Indias dentro del Proceso Administrativo

97 Cfr. índice 19 del expediente digital, SAMAI. Archivo denominado:
37_REGRESADELTRIBUNAL_130012333000(.PDF) NroActua 19. Páginas 210-214.
98 Cfr. índice 19 del expediente digital, SAMAI. Archivo denominado:
36_REGRESADELTRIBUNAL_130012333000(.PDF) NroActua 19. Páginas 196-199.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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Núm. único de radicación: 130012333000201800743-01
(Acumulado: 130013333010201700070-00)

Sancionatorio núm. 022 de 2014, “[p]or medio de la cual se resuelve una solicitud
de levantamiento de medida de suspensión de las obras de construcción realizadas
en el predio ubicado en el barrio Centro Cra 6 No. 32-62 identificado con matrícula
inmobiliaria No. 060-113338 y referencia catastral No. 01-01-0075-0005-00”, en la
cual se señaló lo siguiente:

“[…] 7. Que mediante informe de visita del 14 de julio de 2017 se determinó que los
propietarios del proyecto deben presentar ante la Curaduría Urbana No 2, la
modificación de la licencia de construcción donde se les aprueban las modificaciones
que avaló el Comité Técnico Asesor de Patrimonio para poder reanudar los trabajos
referidos. Así mismo, señaló que la autorización de la reanudación que se encuentran
suspendidas a la fecha las deben limitar a las áreas que no han sido objeto de
modificación, como son todas las que se ejecuten en el primer piso, los acabados de
las habitaciones del segundo y tercer piso y la terminación de los baños del segundo y
tercer piso. No se debe autorizar intervenir la placa de cubierta donde se construye el
Jacuzzi y queda ubicada la piscina hasta tanto se acredite la aprobación de las mismas
mediante la licencia de construcción expedida por la Curaduría Urbana.

[…] el levantamiento total de la medida es contrario a la normatividad (sic) vigente por
cuanto para efectos de intervenir un inmueble de la naturaleza objeto de discusión en
el presente proceso requiere de licencia de construcción en los términos de lo señalado
en el artículo 9 del decreto 1469 de 2010 (compilado en el Decreto 1080 de 2015),
señala expresamente Sin perjuicio de lo dispuesto en el numeral 4 del artículo 25 del
presente decreto, cuando se haya adoptado el Plan Especial de Manejo y Protección
de Bienes de Interés Cultural por la autoridad competente, las solicitudes de licencias
urbanísticas sobre bienes de interés cultural y sobre los Inmuebles localizados al
interior de su zona de influencia, se resolverán con sujeción a las normas urbanísticas
y de edificación que se adopten en el mismo. En caso de no haberse adoptado el Plan
Especial de Manejo y Protección al momento de la solicitud, las licencias se podrán
expedir con base en el anteproyecto de intervención del bien de interés cultural
aprobado por parte de la autoridad que efectuó la respectiva declaratoria, en el cual se
señalará el uso específico autorizado.

El anteproyecto autorizado por la entidad que hubiere efectuado la declaratoria del
Bienes de interés Cultural no podrá ser modificado en volumetría, altura, empates ni
condiciones espaciales, sin previa autorización por parte de la misma entidad. Por
tanto, no se accederá a la petición principal realizada por la apoderada especial de la
SOCIEDAD FIDUCIARIA S.A quien actúa como vocera del patrimonio autónomo
FIDEICOMISO HOTEL SANTA CATALINA [de levantar la suspensión total de la obra].
[…]

Cuarto: ORDENAR el levantamiento parcial de la medida de suspensión de obra, de
acuerdo a lo recomendado con el informe técnico de fecha 14 de julio de 2017
únicamente para la realización de intervenciones contentiva en la resolución No. 231
de 2012 expedida por la Curaduría Urbana No. 2, relacionadas así: A. Obras que se
realicen en el primer piso del proyecto de intervención ubicado en el barrio Centro Cra
6 No. 32-62 identificado con matricula inmobiliaria No. 060-113338 y referencia
catastral No. 01-01-0075-0005-00B. Realización de acabados de las habitaciones del
segundo y tercer piso y la terminación de los baños del segundo y tercer piso […]”.

102.24. Copia de la Resolución núm. 307 de 28 de agosto de 201799, expedida por
el Profesional Especializado de la División de Patrimonio (Ad Hoc) del Instituto de
Patrimonio y Cultura de Cartagena de Indias dentro del Proceso Administrativo
Sancionatorio núm. 022 de 2014, “[p]or medio de la cual se suspenden las obras de

99 Cfr. índice 19 del expediente digital, SAMAI. Archivo denominado:
36_REGRESADELTRIBUNAL_130012333000(.PDF) NroActua 19. Páginas 204-205.

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Núm. único de radicación: 130012333000201800743-01
(Acumulado: 130013333010201700070-00)

construcción realizadas en el predio ubicado en el barrio Centro Ora 6 No. 32-62
Identificado con matrícula Inmobiliaria No. 060-113338 v referencia catastral No. 01-
01-0075-0005-00”, dentro de la cual se señaló lo siguiente:

“[…] 5. Dándole cumplimiento al fallo emitido por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE
BOLIVAR- Auto Interlocutorio No. 115/2017 con fecha 28 de Julio de 2017, y que ante
la posible violación a la norma urbanística establecida en el Decreto 0977 de 2003 (Plan
De Ordenamiento Territorial) y el Acuerdo 001 de 2003 en concordancia con el artículo
8 de la Resolución 135 de 2008 mediante la cual se modificó el procedimiento
establecido en Resolución 725 de 2003, el suscrito Profesional Especializado de la
División de Patrimonio ( Ad Hoc ) del Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena.

[…] RESUELVE

PRIMERO: Suspender de manera inmediata las obras que se vienen realizando en el
inmueble ubicado en Centro Ora-6 No. 32-62 identificado con matrícula inmobiliaria No.
060-113338 y referencia catastral No. 01-01-0075-0005-003, en los términos de que
trata los considerandos expuestos en la parte motiva del presente acto administrativo
[…]”.

102.25. Copia del acta de la visita de seguimiento a obra suspendida, realizada el
30 de agosto de 2017100 por Asesores de la División de Patrimonio del Instituto de
Patrimonio y Cultura de Cartagena de Indias dentro del Proceso Administrativo
Sancionatorio núm. 022 de 2014, en la cual se señaló que “[…] [r]ealizada la
inspección física en el inmueble de la referencia, se pudo determinar que las obras
ejecutadas en su totalidad, coinciden completamente con las aprobadas por el
comité técnico asesor de patrimonio mediante actas No. 18 de diciembre 19
del 2011 y No. 12 del 13 de julio de 2017, a excepción de la cubierta del cuarto
nivel que hasta la fecha no ha sido desmontada, debido a que las obras en esa
zona se encuentran suspendidas mediante resolución 199 del 25 de mayo del
2017 por el profesional especializado de la división de patrimonio "IPCC" (Ad-Hoc).
[…] se encontraron obras en ejecución solo en las áreas donde no aplica la
suspensión actual que posee el inmueble, como lo especifica la resolución 260 del
19 de julio de 2017 […]” (Destacado fuera de texto).

102.26. Copia de la Resolución núm. 0284 de 30 de agosto de 2017101, expedida
por el Curador Urbano núm. 2 de Cartagena de Indias, mediante la cual se concedió
“[…] modificación de la licencia de construcción en la modalidad de restauración
sobre el inmueble ubicado en el barrio el centro Carrera 6 N° 32-62 […]”.

100 Cfr. índice 19 del expediente digital, SAMAI. Archivo denominado:
36_REGRESADELTRIBUNAL_130012333000(.PDF) NroActua 19. Páginas 227-232.
101 Cfr. índice 19 del expediente digital, SAMAI. Archivo denominado:
37_REGRESADELTRIBUNAL_130012333000(.PDF) NroActua 19. Páginas 87-92.

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(Acumulado: 130013333010201700070-00)

102.26.1. Dentro de la misma Resolución, en el artículo segundo se aprobaron
los nueve planos arquitectónicos contentivos de proyecto de Restauración que se
aprobó, dentro de lo cual se autorizó:

“[…] Parágrafo- Aprobar las obras de modificación del proyecto que fue
aprobado con Resolución Nº 0231 de 01 Noviembre del 2012. las modificaciones
radican, en cada uno de los pisos del primero al cuarto en los cuales se reubican los
espacios, la altura de la cubierta que colinda con la Plaza de los Coches se
disminuye, se elimina la cubierta de dos aguas sobre la fachada que colinda
con la Calle del Candilejo y en su remplazo se plantea una cubierta plana que
tiene como uso una terraza y la piscina de dicha terraza se reubica. El proyecto
se desarrolla en un predio que tiene un área de 571.95 M2 y cuenta con dos frentes,
uno de 13.41Mts sobre el Portal de los Dulces y sobre la calle del Candilejo mide
34.24Mts y el área total no difiere con respecto al anterior proyecto, con un área total
construida de 2.201. 63M2 los cuales se distribuyen así: Planta primer piso Lobby,
recepción, administración, oficinas, bar, restaurante, cuarto de control personal,
cocina, cuarto frio, deposito, baños para hombres y mujeres, cuartos de basura,
bombas y subestación equivalente a un área construida de 532,22M2. Segundo
piso, en este piso de 16 habitaciones pasaron a 15 unidades con sus respectivos
baños, cuarto de linos, cuarto de aseo, equivalente a un área construida de
591,64M2 Tercer piso, se ubican 15 habitaciones con sus respectivos baños, cuarto
de linos, cuatro de aseo, equivalente a un área construida de 572.22M2. Cuarto piso,
se ubican 10 habitaciones con sus respectivos baños, una bodega, cuarto de linos,
cuatro de aseo, equivalente a un área construida de 505.55M2.
[…]

Artículo cuarto. La vigencia de esta Licencia es de veinticuatro (24) meses
prorrogables por una sola vez por un plazo adicional de doce (12) meses, contados
a partir de la fecha de su ejecutoria. En caso de requerir prórroga, el titular de esta
decisión, deberá solicitarla dentro de los treinta días calendario anterior al
vencimiento de esta (Artículo 2.2.6.1.24.1 Decreto 1077 de 2015) […]” (Destacado
fuera de texto).

102.27. Copia de Oficio MC16702S2017 de 29 de septiembre de 2017102 expedido
por el Director de Patrimonio del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes,
en el cual le pidió al Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena que le informara:

“[…] - Estado del procedimiento administrativo sancionatorio 022 de 2014 abierto
por el instituto mediante la Resolución n." 82 de diciembre 3 de 2014. Especialmente
la información atinente al transcurso de este año.

• Información acerca de la eventual modificación al proyecto inicialmente aprobado
por el Comité Técnico de Patrimonio Histórico y Cultural en 2011 mediante acta n.°
18 de 19 de diciembre de 2011, habida cuenta de las múltiples modificaciones
adelantadas en obra conocidas por ese instituto, las cuales ameritaban una
modificación al proyecto original, se acuerdo con los informes del mismo IPCC de
fechas 7 de noviembre de 2014 y 29 de noviembre de 2016: si se ha radicado
proyecto de modificación en el IPCC, el resultado de la evaluación tanto del IPCC
como del Comité Técnico de Patrimonio Histórico y Cultural (teniendo en cuenta que
son dos organismos diferentes), que incluya el análisis normativo específico
aplicado para tales evaluaciones (tanto del proyecto de 2011 -pendientes por remitir-
como del proyecto modificatorio).

Cabe reiterar lo informado por esta Dirección en varias ocasiones, referido a que el
proyecto aprobado por el Comité en 2011 desatendía condiciones contenidas en la

102 Cfr. índice 19 del expediente digital, SAMAI. Archivo denominado:
30_REGRESADELTRIBUNAL_130012333000(.PDF) NroActua 19. Páginas 113-114.

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norma vigente de orden nacional específica para el sector, está contenida en el
‘Reglamento del patrimonio inmueble 1991-2010 - Cartagena de Indias Distrito
Turístico y Cultural’ aprobado por la Resolución 043 del 26 de octubre de 1994 del
Consejo de Monumentos Nacionales (CMN), que ese instituto conoce. Sin perjuicio
de lo anterior, es importante resaltar que muchas de las modificaciones efectuadas
en obra son contrarias al proyecto aprobado por... el comité y al aprobado por la
licencia de construcción de 2012.

• Información acerca de si el proyecto cuenta con licencia de construcción vigente
(se entendería que mientras la obra adelantada no esté ajustada a la normativa
vigente, no podría estar en ejecución).

Esta Dirección insiste en la importancia de que la administración distrital ejecute las
acciones que corresponda de persistir las condiciones contrarias a lo permitido por
la norma urbanística en este caso particular, sean irregularidades en el proceso de
evaluación, aprobación o ejecución del proyecto, entre otras situaciones posibles;
acciones que contemplan las correctivas y sancionatorias, según las competencias
y funciones tanto de los organismos o dependencias existentes para efectos del
manejo del patrimonio cultural en el distrito según el Acuerdo Distrital n.º 001 del 4
de febrero de 2003, como de las demás vinculadas por sus competencias y
funciones con los procesos correctivos o sancionatorios relacionados con este caso.

Lo anterior, como es de su conocimiento, en atención a la competencia de la
administración territorial dada la categoría de intervención de los inmuebles
afectados por el proyecto que nos ocupa según la norma vigente, en cumplimiento
de su obligación de velar por la protección y preservación del patrimonio cultural
localizado en su territorio, de conformidad con la Ley 397 de 1997 y la Ley 1185 de
2008 que la modifica y adiciona, el Decreto 763 de 2009 reglamentario de las
anteriores compilado en el Decreto 1080 de 2015, la Resolución 0983 de 2010 del
Ministerio de Cultura, así como lo establecido en el Acuerdo Distrital 001 antes
mencionado […]”.

102.28. Copia de la Resolución núm. 0365 de 20 de octubre de 2017103, expedida
por el Curador Urbano núm. 2 de Cartagena de Indias, mediante la cual se ordenó:
“[…] ARTÍCULO PRIMERO: Rechazar los recursos de reposición interpuestos por
el señor ANDRES PIEDRAHITA VELEZ y por la Representante Legal del EDIFICIO
TORRE DEL RELOJ contra la Resolución N° 0284 de 30 de agosto de 2017 por las
razones expuestas en la parte motiva del presente acto administrativo […]”.

102.29. Copia de Oficio MC218166207 de 13 de diciembre de 2017104 expedido
por el Director de Patrimonio del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes,
en el cual se realizó una relación de los oficios del Ministerio asociados al inmueble
y, adicionalmente, señaló lo siguiente:

“[…] 4. La reglamentación, en su título / Disposiciones Generales/ capitulo 3
Responsabilidades e Instancias de Decisión, señala las competencias de las
instancias del ámbito territorial y nacional para la aprobación de las intervenciones
en el sector que nos ocupa, en su artículo 13° indica que la instancia de decisión
para las intervenciones en las categorías de intervención RF. A (restauración
de fachada y adecuación interior) y A (adecuación) es el Centro Filial del
Consejo de Monumentos Nacionales.

103 Cfr. índice 19 del expediente digital, SAMAI. Archivo denominado:
37_REGRESADELTRIBUNAL_130012333000(.PDF) NroActua 19. Páginas 137-159.
104 Cfr. índice 19 del expediente digital, SAMAI. Archivo denominado:
37_REGRESADELTRIBUNAL_130012333000(.PDF) NroActua 19. Páginas 241-252.

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Las labores atribuidas al centro filial las desempeñan hoy, en Cartagena, las
instancias distritales para el manejo patrimonial de conformidad con lo
establecido en el Acuerdo Distrital 001 del 4 de febrero de 2003 (por el cual el
Distrito dicta normas sobre el patrimonio cultural y crea el IPCC, entre otras
disposiciones): el Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena de Indias (IPCC) y
el Comité Técnico de Patrimonio Histórico y Cultural […]”.

102.30. Copia del informe de visita técnica a control de obra con fecha 10 de abril
de 2018105, expedido por el Instituto de Patrimonio Cultural de Cartagena de Indias,
en el cual se afirmó que la intervención coincide con los planos, además, que “[…]
[n]o se identificaron en el nivel de avance actual de obras algún tipo de cambio
sustancial en la propuesta aprobada que presuma violaciones a la norma
urbanística contenida en el decreto 0977 de 2001 por el cual se adopta el POT
de la ciudad de Cartagena de Indias […]” (Destacado fuera de texto).

102.31. Copia del informe de la visita de control de obras realizada el 7 de mayo
de 2018106 dentro del Proceso Administrativo Sancionatorio núm. 022 de 2014,
expedido por asesores de la División de Patrimonio del Instituto de Patrimonio y
Cultura de Cartagena de Indias, quienes llegaron al predio “[…] para realizar visita
de inspección y proceder al SELLAMIENTO, donde se procedió a realizar una
inspección completa del predio y verificar el estado de las obras, donde se constató
la terminación de la intervención de los predios y culminación de las obras
Arquitectónicas y proceder al sellamiento del Proyecto llamado Hotel Santa
Catalina, por orden judicial del Juzgado Décimo Administrativo del Circuito de
Cartagena con Radicado No 13-001-33-33-010-2017-00070-00. mediante Asunto:
Medida Cautelar, según Oficio 0321 con fecha de abril 27 de 2018 […]”. Asimismo,
se registró que “[…] [l]as obras ejecutadas tipifican como Restauración de
Fachada y Adecuación interior, observándose en sitio que las modificaciones
propuestas y aprobadas cumplen con lo encontrado en el sitio y al momento
de este sellamiento, no se encontró Ninguna intervención en el predio, se encontró
una obra de construcción ya terminada, solo se encontró labores de limpieza de
pisos amueblamiento de dicho predio […]” (Destacado fuera de texto).

102.32. Copia del Acta de Diligencia núm. 002 sobre la inspección ocular de 13 de
junio de 2018107, realizada por el Juzgado Décimo Administrativo del Circuito de
Cartagena, en el cual se señaló lo siguiente:

105 Cfr. índice 19 del expediente digital, SAMAI. Archivo denominado:
34_REGRESADELTRIBUNAL_130012333000(.PDF) NroActua 19. Páginas 113-129.
106 Cfr. índice 19 del expediente digital, SAMAI. Archivo denominado:
34_REGRESADELTRIBUNAL_130012333000(.PDF) NroActua 19. Páginas 71-79.
107 Cfr. índice 19 del expediente digital, SAMAI. Archivo denominado:
34_REGRESADELTRIBUNAL_130012333000(.PDF) NroActua 19. Páginas 80-82.

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“[…] Ubicados en la entrada del proyecto Hotel Santa Catalina, se unen a la presente
diligencia la arquitecta ROSA OSORIO en representación del INSTITUTO DE
PATRIMONIO Y CULTURA DE LA CIUDAD DE CARTAGENA - IPCC, junto con el
técnico DANIEL PEREA LEMAITRE, y el Ing. OSCAR BAUTISTA Director del
Proyecto.

Al llegar al Hotel, observa el Despacho que la obra se encuentra sellada; sin
embargo, la parte constructiva y arquitectónica se encuentra terminada, solo
faltarían detalles como mantenimiento, limpieza y pequeñas cosas para la entrega.

En el primer piso existe un espacio en obra negra en su totalidad, en el cual va a
funcionar un restaurante que se entregara en concesión a una franquicia, esta
explicación la realiza el director de la obra. En este sentido, la representante del
IPCC, manifiesta que se debe solicitar un nuevo permiso para las obras que se van
a realizar con relación al restaurante, pues deben adecuar la temática a utilizar al
uso permitido en este tipo de bienes.

En resumen, el primer piso consta del lobby, el restaurante y la cocina.

Luego en el segundo piso se observan 15 habitaciones totalmente terminadas, con
pequeños detalles por perfeccionar. Hay tres habitaciones con vista al portal de los
dulces con un pequeño balcón, y el resto tiene vista hacia la calle del candilejo y al
vacío. En el tercer piso también hay 15 habitaciones, con tres que dan hacia el portal
de las dulces, pero solo cuentan con un óculo cada una, es decir una ventana
circular, el resto de habitaciones miran hacia el vacío y a la calle del candilejo.

En el cuarto piso hay una habitación que tiene una terraza que mira hacia la torre
del reloj, dicha: terraza se encuentra conectada con el edificio vecino llamado edificio
“Torre del Reloj”. Uno de los apartamentos vecinos tiene una ventana que mira hacia
la terraza. En este estado de la diligencia la representante del IPCC manifiesta que
dicha ventana no es histórica, sino que corresponde a una servidumbre visual. En
este piso también hay una terraza, que cuenta con un bar y posee una escalera que
da acceso a la piscina ubicada en el quinto piso.

En el quinto piso se encuentra la piscina, una terraza y la zona del ascensor. Se
visualiza un óculo del predio vecino que mira hacia este piso; sin embargo,
manifiestan los ingenieros que es algo reciente por que anteriormente no existía.

La Arquitecta ROSA OSORIO, declara que la Ley prohíbe que las servidumbres
visuales miren hacia el predio vecino, y se encuentra sorprendida con los óculos
recientemente hechos, porque estos son nuevos y en las inspecciones que se han
realizado a la obra, que han sido varias, en su momento no existían.

Igualmente expone que le sorprende la participación del Ministerio de Cultura en
este proceso, aunque aclaran que se hizo por la queja presentada por el mismo
actor, sin embargo considera que si bien el inmueble hace parte del centro histórico,
esto no lo convierte en un bien de interés cultural, por lo tanto la competencia en
cuanto a la vigilancia de las obras en este tipo bienes radica principalmente en el
Comité de Técnico de Patrimonio y el IPCC […]”.

102.33. Copia de oficio de 27 de julio de 2018108, expedido por el Curador Urbano
núm. 2 de Cartagena de Indias, en el cual se relacionaron las licencias de
construcción aprobadas con relación al predio y se resaltó que “[…] el inmueble
ubicado en el Centro Histórico de Cartagena, Carrera 6 No. 32-62, identificado con
referencia catastral No 01-01-0075-0005-000, no es un bien de interés cultural

108 Cfr. índice 19 del expediente digital, SAMAI. Archivo denominado:
34_REGRESADELTRIBUNAL_130012333000(.PDF) NroActua 19. Páginas 147-148.

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del ámbito Nacional (BICN) teniendo en cuenta que este no aparece
relacionado ni en la ‘LISTA DE BIENES DECLARADOS BIEN DE INTERÉS
CULTURAL DEL ÁMBITO NACIONAL, Última actualización: 27 de Octubre de 2017’
del ‘GRUPO DE INVESTIGACIÓN Y DOCUMENTACIÓN - DIRECCIÓN DE
PATRIMONIO’ del Ministerio de Cultura, ni en el CATÁLOGO DE MONUMENTOS
NACIONALES Y DISTRITALES, reglado en el artículo 413 del Decreto Distrital
0977 de 2001 ‘Por medio del cual se adopta el Plan de Ordenamiento Territorial del
Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias’ […]”. (Destacado fuera de texto).

102.34. Copia del expediente del Proceso Administrativo Sancionatorio núm. 022
de 2014109, relacionado con el Proyecto Hotel Santa Catalina, a cargo del Instituto
de Patrimonio y Cultura de Cartagena de Indias.

102.35. Copia del contrato de fiducia mercantil constitutivo del Fideicomiso Hotel
Santa Catalina110 en el cual figura Luis F. Correa Asociados S.A. como
fideicomitente y Acción Sociedad Fiduciaria S.A. como fideicomisario, en el cual se
señala:

“[…] CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL - CONSTITUTIVO DEL FIDEICOMISO
HOTEL SANTA CATALINA

a. LUIS F CORREA Y ASOCIADOS S.A. Nit: 800.014.154-9, sociedad comercial
domiciliada en Bogotá, legalmente constituida, mediante escritura pública número
1503, del 27 de julio de 1987, inscrita en Cámara de Comercio de Bogotá, el día 1
de septiembre de 1987, sociedad que comparece al presente acto a través de su
representante legal MARTHA YELENA JARAMILLO GALLEGO, mayor de edad
domiciliada y resiente(sic) en la ciudad de Bogotá, quien en adelante y para todos
los efectos del presente contrato se denominará EL FIDEICOMITENTE.

b. JORGE LUIS MOSCOTE GNECCO, mayor de edad, identificado con cédula de
ciudadanía No. 80.505.390 de Usaquén, quien en el presente acto obra en su
condición de apoderado de la sociedad ACCIÓN SOCIEDAD FIDUCIARIA S.A.,
entidad de servicios financieros, constituida mediante escritura pública número un
mil trescientos setenta y seis (1376) del diecinueve (19) de febrero de mil
novecientos noventa y dos (1.992), otorgada en la Notaría Décima (10a.) del Círculo
de Cali, inscrita en el Registro Mercantil que lleva la Cámara de Comercio de Bogotá
Sede Norte el 7 de julio de 2009 bajo el número 01310468 del libro IX matricula
mercantil de 01908951 del 30 de junio de 2009, reformada en varias ocasiones, con
matrícula mercantil No. 01908951, autorizada para funcionar por la
Superintendencia Bancaria hoy Superintendencia Financiera de Colombia mediante
resolución No. 1017 del 19 de marzo de 1.992, todo lo cual consta en los certificados
expedidos por la Cámara de Comercio de Bogotá D.C. y la Superintendencia
Financiera de Colombia que se adjuntan, sociedad que en lo sucesivo se
denominará ACCION o LA FIDUCIARIA.
[…]

109 Cfr. índice 19 del expediente digital, SAMAI. Archivos denominados:
35_REGRESADELTRIBUNAL_130012333000(.PDF) NroActua 19 y
36_REGRESADELTRIBUNAL_130012333000(.PDF) NroActua 19.
110 Cfr. índice 19 del expediente digital, SAMAI. Archivo denominado:
31_REGRESADELTRIBUNAL_130012333000(.PDF) NroActua 19. Páginas 173-205.

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(Acumulado: 130013333010201700070-00)

CLAUSULA PRIMERA. DEFINICIONES: Para los efectos de este contrato, las
palabras o términos que a continuación se relacionan tendrán el significado que aquí
se establece:

1.1. FIDEICOMISO O PATRIMONIO AUTONOMO: Es el conjunto de derechos,
bienes y obligaciones constituido en virtud de la celebración del presente contrato,
y que se denomina FIDEICOMISO HOTEL SANTA CATALINA.
1.2. FIDUCIARIA o ACCIÓN: Es ACCION SOCIEDAD FIDUCIARIA S.A.
1.3. FIDEICOMITENTE: Es la sociedad LUIS F CORREA Y ASOCIADOS S.A.,
quien es la encargada de llevar a cabo por su cuenta y riesgo la estructuración
jurídica, financiera, comercial y administrativa del PROYECTO, así como el
desarrollo total del mismo […]”.

102.36. Copia del certificado de 24 de abril de 2017111 mediante el cual Acción
Sociedad Fiduciaria S.A., como vocera y administradora del Fideicomiso Hotel
Santa Catalina, informó:

“[…] 1- El día veinticuatro (24) de octubre de dos mil once (2011), se celebró
Contrato de Fiducia Mercantil de administración en virtud del cual se constituyó el
patrimonio autónomo denominado FIDEICOMISO HOTEL SANTA CATALINA,
suscrito entre LUIS F CORREA Y ASOCIADOS S.A, en calidad de
FIDEICOMITENTE y ACCIÓN SOCIEDAD FIDUCIARIA S.A, en calidad de
FIDUCIARIA.

2- El día quince (15) de noviembre de dos mil once (2011) mediante documento
privado la sociedad LUIS F CORREA Y ASOCIADOS S.A cedió el veinticinco por
ciento (25%) de su participación como Fideicomitente y Beneficiario en el contrato
de fiducia mercantil, al señor WILLIAM ALVAREZ.

3- El día treinta (30) de octubre de dos mil catorce (2014) mediante documento
privado la sociedad LUIS F CORREA Y ASOCIADOS S.A cedió el catorce punto
veintiocho por cientos (14.28%) de su participación actual como Fideicomitente y
Beneficiario en el contrato de fiducia mercantil, al señor WILLIAM ALVAREZ.

4- El día veintidós (22) de mayo de dos mil quince (2015) mediante documento
privado la sociedad LUIS - CORREA Y ASOCIADOS S.A cedió el veinticinco por
ciento (22.23%) de su participación actual como Fideicomitente y Beneficiario en el
contrato de fiducia mercantil, al señor WILLIAM ALVAREZ.

5- El día veintidós (22) de mayo de dos mil quince (2015) mediante documento
privado la sociedad LUIS F CORREA Y ASOCIADOS S.A cedió el cien por ciento
(100%) de su participación actual como Fideicomitente y Beneficiario en el contrato
de fiducia mercantil, a la sociedad L & L PYOYECTOS SAS.) […]”.

102.37. Copia del contrato de gerencia y construcción del Proyecto Hotel Santa
Catalina de 26 de octubre de 2015 entre los fideicomitentes, William Álvarez Álvarez
y sociedad L&L Proyectos S.A.S., y la sociedad Praxa Construcciones S.A.112
mediante el cual se determinó:

“[…] Primera: EL CONTRATANTE le asigna la función de gerente y el constructor
del Proyecto, para la Fase Construcción de acuerdo a lo establecido en el contrato
de fiducia mercantil del Fideicomiso Hotel Santa Catalina, a su vez EL
CONTRATISTA manifiesta que conoce y acepta los términos, modalidades,

111 Cfr. índice 19 del expediente digital, SAMAI. Archivo denominado:
31_REGRESADELTRIBUNAL_130012333000(.PDF) NroActua 19. Página 206.
112 Cfr. índice 19 del expediente digital, SAMAI. Archivo denominado:
31_REGRESADELTRIBUNAL_130012333000(.PDF) NroActua 19. Páginas 243-244.

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reglamentación legal, derechos, obligaciones y condiciones del contrato de fiducia
mercantil y que por lo tanto, se obliga al cumplimiento de todas las obligaciones
derivadas de dicho contrato quedando sujeto a sus reglas y obligaciones.

Segunda: El CONTRATISTA como gerente del proyecto tendrá la administración
de los recursos del fideicomiso Hotel Santa Catalina, para lo cual registraran sus
firmas frente a Sociedad Acción Fiduciaria, para autorizar el desembolso de todos
los recursos mediante ordenes de giro, las cuales deben ir con las firmas registradas
y la firma del interventor del proyecto, siendo este modelo de orden de giro el único
documento válido para el desembolso de recursos del proyecto. De igual manera
registrara una tarjeta de firmas de EL CONTRATISTA para la autorización y firma
de todos los documentos legales donde se realicen instrucciones, modificaciones,
devolución recursos, vinculaciones, desistimientos, y demás funciones inherentes a
su responsabilidad como gerente del proyecto.

Tercera: EL CONTRATISTA como constructor del proyecto ejecutará la realización
de todos los trabajos necesarios para la ejecución de la obra para dar alcance al
contrato de fiducia mercantil.
Para lo cual EL CONTRATANTE entregará todos los diseños y las especificaciones
de construcción relacionados para el desarrollo del proyecto.
[…]

QUINTA: La duración presente Contrato tendrá vigencia de 12 meses contados a
partir de la fecha de firma del presente documento, este tiempo será prorrogable por
periodos de igual duración por periodos establecidos mediante común acuerdo entre
las partes […]” (Subrayado fuera de texto).

103. En suma, la Sala observa que en las pruebas referidas supra se encuentra
parte de las actuaciones administrativas que realizaron las autoridades
competentes como el Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena de Indias de
Indias -IPCC-, la Personería Distrital de Cartagena de Indias y la Curaduría Urbana
Distrital núm. 2 de Cartagena, con el objeto de ejercer sus competencias de
vigilancia y control de la actividad realizada en la obra de construcción del Hotel
Santa Catalina, lo cual sirve de fundamento para resolver el caso concreto.

104. La Sala procederá a apreciar y a valorar la totalidad de las pruebas, de
conformidad con las reglas de la sana crítica y en los términos del artículo 176 de la
Ley 1564, aplicando para ello las reglas de la lógica y la certeza que sobre
determinados hechos se requiere para efectos de decidir lo que en derecho
corresponda, en relación con los problemas jurídicos planteados en el caso sub
examine.

Análisis del caso en concreto

105. De conformidad con el marco normativo y los desarrollos jurisprudenciales
indicados supra, la Sala procede a realizar el análisis del acervo probatorio para,
posteriormente, en aplicación del silogismo jurídico, resolver el caso sub examine.

106. La Sala, previo a la solución de los problemas jurídicos planteados, precisa
que la finalidad de la acción popular es la protección de los derechos e intereses

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colectivos y, en ese orden, evitar el daño contingente, hacer cesar el peligro, la
amenaza, la vulneración o agravio sobre los derechos e intereses colectivos o
restituir las cosas a su estado anterior cuando fuere posible.

107. En ese orden de ideas, se resalta, por un lado, que el juez de la acción
popular no es un juez de legalidad de los actos administrativos, pues esta
competencia recae en el juez de lo contencioso administrativo; ello, sin perjuicio de
la posibilidad por parte de la Sala de adoptar otras medidas tendientes a la
superación de la amenaza o de la vulneración de los derechos e intereses colectivos
en aquellos eventos en que se constate que un acto administrativo es la fuente de
vulneración o amenaza.

108. Y, por el otro, que la Sala ha considerado113 que: i) mediante la acción popular
se protegen derechos indivisibles que pertenecen a la comunidad y no derechos
individuales y divisibles que pertenecen a cada sujeto de derecho en particular; ii)
los derechos colectivos excluyen motivaciones subjetivas o particulares en la
medida en que salvaguardan derechos de solidaridad que conciernen a todos los
individuos y no pueden existir sin la intervención de la comunidad y el Estado; y iii)
que el presupuesto para su procedencia se relaciona directamente con un interés
general que excede la esfera privada.

109. Expuesto lo anterior, la Sala procede a realizar el análisis de los argumentos
expuestos en los recursos de apelación, de acuerdo con los problemas jurídicos
indicados supra.

Respecto de la carga argumentativa del recurso de apelación interpuesto por
el señor Oscar Eduardo Borja Santofimio, en el caso concreto

110. El señor Oscar Eduardo Borja Santofimio formuló un reparo concreto en su
recurso de apelación, en el que expresó que la tesis contenida en la sentencia es
un “[…] [a]rgumento carente de fundamentos, más aún cuando el despacho insistió
reiteradamente en no acceder a la inspección judicial suplicada […]”.

111. Al respecto, la Sala considera que el demandante omitió el deber de la carga
argumentativa del recurso de apelación; ello, en tanto no sustentó el planteamiento
propuesto ni fundamentó los motivos por los cuales consideró que la tesis de la
sentencia apelada es “carente de fundamentos”. En ese orden, no se observa en el
recurso la expresión de las razones argumentales y probatorias qué, en su criterio,

113Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, C.P. Hernando Sánchez
Sánchez, sentencia de 12 de diciembre de 2019, núm. único de radicación 250002341000201600564-01 (AP).

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permitían probar los supuestos para la configuración de la vulneración de los
derechos e intereses colectivos en este caso concreto.

112. Al respecto, es pertinente señalar que esta Sección ha venido considerando
que la parte apelante es quien tiene la obligación de asumir la carga procesal
argumentativa dado que el objeto del recurso es controvertir uno o varios de los
fundamentos de la sentencia proferida por el a quo, lo que, a su vez, supone una
limitación en la competencia del Juez superior. Al respecto, la Sala se ha referido
en los siguientes términos:

“[…] [V]alga recordar que, en los términos del numeral 3° del artículo 322 Código
General del Procesal, la carga procesal argumentativa de la apelación es obligatoria,
debido a que el objetivo de ese recurso es controvertir ante el superior jerárquico uno
o varios fundamentos de la sentencia del juez de primera instancia […]”114.

113. A su turno, la Sala también ha expresado que para proferir la decisión no
basta con haberse aportado la prueba que permita determinar la violación, sino que
el recurrente debe haber cumplido con una carga argumentativa mínima que permita
realizar un estudio sobre las razones manifestadas115.

114. De acuerdo con lo anterior, la Sala reitera que quien apela está obligado a
precisar las inconformidades contra la decisión judicial que considera contraria a
sus pretensiones, con la finalidad de que el juez de segunda instancia las confronte
con los argumentos expuestos en la providencia judicial recurrida. En el caso sub
examine, este deber se incumplió, lo cual implica que si la Sala resuelve en segunda
instancia excedería los límites de la competencia fijados en la ley para el
conocimiento del recurso de apelación y conllevaría, a su vez, la transgresión del
derecho fundamental al debido proceso de la parte demandada.

115. Así las cosas, el artículo 322 del Código General del Proceso, aplicable de
conformidad con la remisión expresa que efectúa el artículo 37 de la Ley 472,
establece que cuando no se satisface el deber de la carga argumentativa del recurso
de apelación, éste debe declararse desierto, como se aprecia a continuación:

“[...] Artículo 322 Oportunidad y requisitos116. El recurso de apelación se propondrá
de acuerdo con las siguientes reglas: [...]

Cuando se apele una sentencia, el apelante, al momento de interponer el recurso
en la audiencia, si hubiere sido proferida en ella, o dentro de los tres (3) días
siguientes a su finalización o a la notificación de la que hubiere sido dictada por fuera
de audiencia, deberá precisar, de manera breve, los reparos concretos que le

114 Cfr. Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 3 de marzo de 2023, C.P. Roberto Augusto Serrato

Valdés, número único de radicación: 880012333000201800021-01.
115 Cfr. Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 2 de noviembre de 2023, C.P. Hernando Sánchez

Sánchez, número único de radicación: 250002341000201401431-02.
116 De conformidad con la remisión del Artículo 37 de la Ley 472.

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hace a la decisión, sobre los cuales versará la sustentación que hará ante el
superior.

Para la sustentación del recurso será suficiente que el recurrente exprese las
razones de su inconformidad con la providencia apelada.

Si el apelante de un auto no sustenta el recurso en debida forma y de manera
oportuna, el juez de primera instancia lo declarará desierto. La misma decisión
adoptará cuando no se precisen los reparos a la sentencia apelada, en la forma
prevista en este numeral. El juez de segunda instancia declarara desierto el
recurso de apelación contra una sentencia que no hubiere sido sustentado
[…]” (Negrillas fuera del texto original)

116. Con fundamento en la citada disposición normativa, esta Corporación ha
declarado desiertas aquellas apelaciones en las que el recurrente no cumplió con el
deber de sustentar su apelación, tal y como ocurre en el caso sub iudice. En tal
sentido, la Sala declarará desierto el recurso de apelación presentado por la parte
actora contra la sentencia de 27 de agosto de 2019 proferida por el Tribunal
Administrativo de Bolívar.

La vulneración o amenaza de los derechos e intereses colectivos con ocasión
de las obras de construcción realizadas en el Hotel Santa Catalina, en el caso
concreto

117. La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la
Cultura -UNESCO-, en noviembre de 1984, declaró como Patrimonio Histórico y
Cultural de la Humanidad a Cartagena de Indias, específicamente bajo la
denominación de “Puerto, Fortalezas y Conjunto Monumental, Cartagena”, con los
criterios de selección “iv” y “vi” que corresponden respectivamente a i) ser un
ejemplo destacado de un tipo de edificio, conjunto arquitectónico o tecnológico o
paisaje que ilustra una etapa significativa de la historia de la humanidad; y ii) estar
directa o tangiblemente asociado con eventos o tradiciones vivas, con ideas o
creencias, con obras artísticas y literarias de excepcional importancia universal.

118. De conformidad con la declaratoria de “Monumento Nacional”, realizada por
el artículo 4117 de la Ley 163 de 30 de diciembre de 1959118 y su parágrafo, que en
lo pertinente señalan:

“[…] ARTÍCULO 4.- Decláranse como monumentos nacionales los sectores
antiguos de las ciudades de Tunja, Cartagena, Mompox, Popayán, Guaduas, Pasto

117 “ARTÍCULO 4.- Decláranse como monumentos nacionales los sectores antiguos de las ciudades de

Tunja, Cartagena, Mompox, Popayán, Guaduas, Pasto y Santa Marta (especialmente la Quinta de San Pedro
Alejandrino, y las residencias de reconocida tradición histórica). […] PARÁGRAFO. - Para los efectos de la
presente Ley se entenderá por sectores antiguos los de las ciudades de Tunja, Cartagena […] Las calles, plazas,
plazoletas, murallas, inmuebles, incluidos casas y construcciones históricas, en los ejidos, inmuebles, etc.,
incluidos en el perímetro que tenían estas poblaciones durante los siglos XVI, XVII y XVIII”. (Resaltado fuera
del texto original)
118 “Por la cual se dictan medidas sobre defensa y conservación del patrimonio histórico, artístico y monumentos

públicos de la Nación”.

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y Santa Marta (especialmente la Quinta de San Pedro Alejandrino, y las residencias
de reconocida tradición histórica).

PARÁGRAFO.- Para los efectos de la presente Ley se entenderá por sectores
antiguos los de las ciudades de Tunja, Cartagena, Mompox, Popayán, Guaduas,
Pasto, Santa Marta, Santa Fe de Antioquia, Mariquita, Cartago, Villa de Leyva, Cali,
Cerrito y Buga. Las calles, plazas, plazoletas, murallas, inmuebles, incluidos
casas y construcciones históricas, en los ejidos, inmuebles, etc., incluidos en
el perímetro que tenían estas poblaciones durante los siglos XVI, XVII y XVIII
[…]” (Destacado fuera de texto).

119. La Sala considera que, si bien, el inmueble objeto de esta acción popular no
se encuentra listado en la serie de inmuebles reconocidos, mediante artículo 1 del
Decreto 1911 de 1995119 como monumento nacional, sí tiene una connotación
especial en los términos declarados por el artículo 4 de la Ley 163 de 1959.

120. Lo anterior, debido a que todos los elementos ubicados en el sector antiguo
de Cartagena conforman un conjunto integrado de bienes con suma importancia y
relevancia a los cuales se les atribuyen valores para ser transmitidos de una época
a otra, de forma generacional, por ser patrimonio cultural de la Nación, en razón a
la intención de proteger su esencia.

121. Por tal motivo, las disposiciones normativas urbanísticas del Distrito Turístico
y Cultural de Cartagena de Indias han contado con la importante responsabilidad de
estructurar instrumentos y establecer regulaciones en defensa de la rigurosa
preservación, conservación y protección de los elementos que lo identifican como
patrimonio.

122. En el artículo 8 de la Ley 397, modificado por el artículo 5 de la Ley 1185, se
estableció que la declaratoria de un Bien de Interés Cultural del ámbito nacional se
otorga una vez se cuente con el concepto favorable del Consejo Nacional de
Patrimonio Cultural, teniendo en cuenta el “[…] interés especial que el bien revista
para la comunidad en todo el territorio nacional […]”.

123. El Plan Especial de Manejo y Protección -PEMP- de los BIC de Cartagena,
asigna el término de “área afectada” a “[…] la identificación de los componentes
que históricamente hacen parte del Cordón Amurallado de Cartagena y del
castillo de San Felipe de Barajas, e incluye también los elementos
arquitectónicos y urbanísticos que permiten su vinculación funcional e
histórica como conjunto […]”, circunstancia en torno a la cual se encuentra el
contexto completo de la Plaza de los Coches, como punto icónico de la

119 “Por el cual se declara como Monumento Nacional una serie de inmuebles localizados en Cartagena de

Indias, Bolívar”.

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conservación histórica y cultural del centro de Cartagena, donde adicionalmente se
ubica la Torre del Reloj.

124. Dentro de esa misma disposición normativa se encuentra el artículo 182, el
cual incluye al Barrio Centro, donde está ubicado el inmueble del Proyecto Hotel
Santa Catalina, dentro de la categoría de tratamiento de conservación histórica.

125. La Ley 397 define un régimen de especial protección y salvaguarda para los
bienes del patrimonio cultural de la Nación que sean declarados Bienes de Interés
Cultural –BIC-. El numeral 2 del artículo 11120 de la Ley mencionada precisó que por
“intervención” se entiende todo acto que cause afectaciones o cambios al bien y
comprende, a título enunciativo, “[…] actos de conservación, restauración,
recuperación, remoción, demolición, desmembramiento, desplazamiento o
subdivisión, y deberá realizarse de conformidad con el Plan Especial de Manejo y
Protección si este fuese requerido […]”.

126. Dichas intervenciones a Bienes de Interés Cultural solo se podrán realizar
bajo la dirección de profesionales idóneos en la materia y deben contar con la
autorización de la autoridad competente, que no podrá ser sustituida por otra clase
de autorización o licencia correspondiente a otras autoridades públicas en materia
urbanística.

127. Para mayor claridad sobre el manejo de dichos bienes se establece que la
autoridad competente para otorgar la autorización de intervención arquitectónica a
inmuebles declarados Bienes de Interés Cultural, sea del ámbito nacional o del
ámbito territorial, depende de la autoridad que haya realizado la declaración.

128. Ahora bien, para aquellos que estén ubicados en el centro histórico de
Cartagena de Indias correspondería autorizar, conforme a lo establecido por el
artículo 11 de la Ley 397, al Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes. Sin
embargo, el artículo 39121 de la Ley 768 de 31 de julio de 2002122 establece que la
administración de los bienes que forman parte del patrimonio cultural de la Nación
podrá ser asumida por las autoridades distritales a las que corresponda el manejo

120 Modificado por el artículo 7 de la Ley 1185 de 2008, que a su vez fue modificada por el artículo 212 del

Decreto Nacional 019 de 10 de enero de 2012, sobre las “[…] normas para suprimir o reformar regulaciones,
procedimientos y trámites innecesarios existentes en la Administración Pública”.
121 “[…] ARTÍCULO 39. DEBERES A CARGO DE LAS AUTORIDADES DISTRITALES Y CONCERTACIÓN DE

POLÍTICAS CON LAS AUTORIDADES NACIONALES. A las autoridades distritales corresponde definir
políticas, adoptar medidas y asignar recursos para la preservación, recuperación, protección, defensa y
aprovechamiento en beneficio colectivo, de los bienes, monumentos, acontecimientos y demás elementos que
integran el patrimonio arquitectónico, artístico o cultural de los distritos, así como de los que forman parte del
patrimonio cultural de la Nación. Para los propósitos señalados, la administración distrital procederá en
coordinación con los órganos y autoridades regionales y nacionales con competencia en la materia […]”.
122 “Por la cual se adopta el Régimen Político, Administrativo y Fiscal de los Distritos Portuario e Industrial de

Barranquilla, Turístico y Cultural de Cartagena de Indias y Turístico, Cultural e Histórico de Santa Marta”.

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y control de los mismos, según lo disponga el respectivo concejo distrital mediante
acuerdo.

129. Según ello, para el caso del Distrito de Cartagena se trata de los numerales
4 y 5 del artículo 9123 del Acuerdo núm. 001 de 4 de febrero de 2003124, el cual
establece que dentro de las funciones del Comité Técnico de Patrimonio Histórico y
Cultural de Cartagena se encuentran: “[…] 4. Emitir concepto previo sobre todo tipo
de intervenciones en los bienes inmuebles y espacios públicos del Centro Histórico
y en los inmuebles catalogados de la Periferia Histórica […] 5. Emitir concepto previo
sobre todo tipo de intervenciones en los bienes muebles catalogados como bienes
de interés cultural del distrito […]”, para posteriormente dar paso a la expedición de
la licencia de construcción respectiva, a cargo de la autoridad urbanística.

130. Es así que se debe tener en cuenta lo establecido en el artículo 8 de la Ley
397, en relación a que “[…] [p]ara la declaratoria y el manejo de los bienes de interés
cultural se aplicará el principio de coordinación entre los niveles nacional,
departamental, distrital y municipal […]” (Destacado fuera de texto).

131. En ese sentido, la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado125
ha considerado, al expedir conceptos y resolver conflictos positivos de
competencias administrativas, que en la administración pública, por regla general,
la competencia para adelantar actuaciones administrativas es exclusiva de una sola
autoridad; sin embargo, podrían establecerse competencias concurrentes cuando
una misma función, o un conjunto de funciones, referentes a determinado asunto,
ha sido asignada a dos o más autoridades, por ejemplo, a una nacional y una
territorial. Al respecto, indicó, por un lado, que, en “[…] el texto de los artículos 37 a
39 de la ley 768 de 2002 se aprecia que ellos [refiriéndose a la competencia de
autoridades distritales] no suprimen ni desplazan la competencia del Ministerio de
Cultura respecto de los monumentos nacionales y los bienes de interés cultural de
carácter nacional que se encuentran en el territorio de los distritos especiales, sino
que antes bien, reconocen expresamente dicha competencia y establecen el
mecanismo de concertación entre las autoridades distritales y el Ministerio [,] de tal

123 “[…] ARTICULO 9: FUNCIONES: Son funciones del Comité Técnico de Patrimonio, las siguientes: […] 4.

Emitir concepto previo sobre todo tipo de intervenciones en los bienes inmuebles y espacios públicos del Centro
Histórico y en los inmuebles catalogados de la Periferia Histórica […] 5. Emitir concepto previo sobre todo tipo
de intervenciones en los bienes muebles catalogados como bienes de interés cultural del distrito […]”.
124 “Por medio del cual se dictan normas sobre patrimonio cultural, fomento y estímulos a la cultura, se reforma

el Instituto Distrital de Cultura de Cartagena de Indias se deroga el acuerdo 12 de 18 de marzo de 2000, se
trasladan algunas competencias y se dictan otras disposiciones”.
125 Sala Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado. Providencia de 3 de agosto de 2020 expedida en el

radicado número: 11001-03-06-000-2020-00029-00(C). C.P. doctor Álvaro Namén Vargas.
Concepto núm. 1548 de 19 de febrero de 2004, Solicitante: Ministro de Cultura, C.P. Gustavo Aponte Santos.

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forma que las competencias de aquellas y éste sobre la utilización de tales bienes
son concurrentes. […]”.

132. Y, por el otro, que “[…] [a]l examinar el texto de los artículos 37 a 39 de la
Ley 768 de 2002 y 97 a 104 de la Ley 1617 de 2013, se observa que estos no
suprimen ni desplazan la competencia del Ministerio de Cultura respecto de los
bienes de interés cultural de carácter nacional (incluyendo los monumentos
nacionales) que se encuentren en el territorio de los distritos especiales. Por el
contrario, reconocen expresamente dicha competencia y establecen el deber de
coordinación y, en algunos casos, la necesidad de concertación entre las
autoridades distritales y las nacionales. De esta forma, las competencias de
aquellas y estas sobre la administración, la regulación y el control de tales bienes
son concurrentes y deben ejercerse de manera coordinada […]”.

133. En esos mismos pronunciamientos el Consejo de Estado manifestó que “[…]
las competencias del Ministerio de Cultura otorgadas por la ley 397 de 1997 y las
de las autoridades de los distritos especiales conferidas por la ley 768 de 2002,
respecto de tales bienes son concurrentes y deben desarrollarse
armónicamente […]”, con sustento en lo dispuesto en el artículo 288126 de la
Constitución Política, sobre principios rectores de las competencias; criterios que
acoge esta Sala.

134. Ahora bien, la función endilgada a las autoridades mencionadas debe
ejercerse de acuerdo a los principios generales de intervención a bienes de interés
cultural, los cuales están determinados en el artículo 2.4.1.4.3. del Decreto 1080 de
2015, y son: i) conservar los valores culturales del bien; ii) la mínima intervención
debe ser entendida como una acción estrictamente necesaria para la conservación
del bien, con el fin de garantizar su estabilidad y sanearlo de las fuentes de deterioro;
iii) tomar las medidas necesarias que las técnicas modernas proporcionen para
garantizar la conservación y estabilidad del bien; iv) permitir la reversibilidad de la
intervención si en el futuro se considera necesario; v) respetar la evolución histórica
del bien y abstenerse de suprimir agregados sin que medie una valoración crítica
de los mismos; vi) reemplazar o sustituir solamente los elementos que sean
indispensables para la estructura. Los nuevos elementos deberán ser datados y
distinguirse de los originales; vii) documentar todas las acciones e intervenciones
realizadas; y viii) deben ser legibles las nuevas Intervenciones.

126 “[…] ARTICULO 288. La ley orgánica de ordenamiento territorial establecerá la distribución de competencias

entre la Nación y las entidades territoriales […] Las competencias atribuidas a los distintos niveles territoriales
serán ejercidas conforme a los principios de coordinación, concurrencia y subsidiariedad en los términos que
establezca la ley […]”.

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135. Dentro de dichos principios sobresale la intención de garantizar el respeto
por la esencia del bien de interés cultural manteniendo su apariencia original,
buscando conservar las características que lo hacen peculiar, evitando
modificaciones que puedan alterar los distintivos que precisamente hicieron que se
realizara su respectiva declaración.

136. De acuerdo con ello, el artículo 2.4.1.4.4. del Decreto 1080 de 2015
estableció los tipos de obras permitidas para Bienes de Interés Cultural inmuebles,
aplicables dependiendo de las categorías de intervención, dentro de las cuales se
encuentran: i) primeros auxilios, correspondientes a obras urgentes cuando el
mismo esté en peligro de ruina o riesgo inminente; ii) reparaciones locativas,
consistente en obras puntuales con el propósito de mantener el inmueble en las
debidas condiciones de higiene y ornato sin afectar su materia original; iii)
reforzamiento estructural, radica en mejorar el comportamiento estructural con el
objeto de acondicionarlos a niveles adecuados de seguridad sismo resistente; iv)
adecuación, orientadas a cambiar el uso de una edificación o parte de ella,
garantizando la permanencia total o parcial del inmueble original; v) restauración,
consiste en recuperar y adaptar un inmueble con el fin de conservar sus valores
estéticos, históricos y simbólicos; vi) obra nueva, se trata de edificar en terrenos no
construidos; vii) ampliación, son obras para incrementar el área construida; viii)
demolición, obra que consiste en derribar total o parcialmente una o varias
edificaciones; ix) modificación, obras tendientes a cambiar el diseño arquitectónico
o estructural de una edificación; x) reconstrucción, va dirigida a rehacer total o
parcialmente la estructura espacial y formal de un inmueble; y xi) cerramiento se
trata de cerrar un predio que no sea de espacio público.

137. En ese sentido, la norma señala que las intervenciones permitidas dependen
de las tipologías arquitectónicas de los inmuebles; por lo tanto, para el caso concreto
que es, de conformidad con el Reglamento del patrimonio inmueble 1991-2010 -
Cartagena de Indias Distrito Turístico y Cultural, aprobado mediante la Resolución
043 de 1994127, y conforme al criterio del Ministerio de las Culturas, los Artes y los
Saberes, plasmado en el Oficio MC-027485-EE-2014 de 25 de noviembre de 2014,
en lo correspondiente a la clasificación tipológica como Tipo Histórico Residencial,
“[…] el predio n. 14 está subdividido en 6 sectores, de los cuales el situado en el
extremo oriental tiene asignada la tipología ‘casa baja’, el situado en el
extremo occidental tiene asignada la tipología ‘casa de dos altos’ y los 4
predios centrales tienen asignada la tipología ‘accesorias’, de conformidad con

127 Mediante la cual se aprobó la “Reglamentación para el Centro Histórico de Cartagena de Indias, Bolívar”.

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las convenciones gráficas del plano […]”. Para mayor ilustración, la Sala presenta
el siguiente esquema de distribución, así:

138. En este punto, se debe resaltar que, si bien, el Acta núm. 18 de 2011
expedida por el Secretario Técnico del Comité Técnico de Patrimonio Histórico y
Cultural se señaló que el inmueble tenía la condición de “Casa dos Altos”, el análisis
de la misma permite concluir que esta se refiere al predio específico ubicado en el
Portal de los Dulces y no al que colinda con la Calle del Candilejo, según lo señala
la misma acta: “[…] 2.5. HOTEL SANTA CATALINA (Portal de los Dulces)”, […]
PROYECTO: HOTEL SANTA CATALINA (Portal de los Dulces) […] [con]
DIRECCIÓN: Centro, Portal de los Dulces Cra. 6 N° 32-62 Pdo. 15 Mz. 75 […]”.

139. Adicional a lo anterior, el mismo Oficio del Ministerio, previamente
mencionado, y el Acta núm. 18 de 2011 expedida por el Secretario Técnico del
Comité Técnico de Patrimonio Histórico y Cultural, indican que el inmueble ubicado
en la Carrera 6 núm. 32 - 62 de Cartagena tiene asignada las categorías de
intervención “[…] RF. A (restauración de fachada y adecuación interior) […]” y
“[…] A (Adecuación) […]”, las cuales se definen en los artículos 37 y 38 del

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Reglamento del Centro Histórico, donde se desarrolla que son categorías en las que
figuran inmuebles que hacen parte de un conjunto protegido, que “[…] obliga a
mantener la fachada y el tramo frontero en las tipologías históricas
residenciales, y en el interior, permite mejorar sus condiciones de
habitabilidad y asegurar su funcionalidad mediante obras que procuren la
destinación a usos compatibles. Las obras permitidas en esta categoría son
las de restauración tipológica (Rt) para el tramo frontero y las de la adecuación
(A) para el interior del predio […]” (Destacado fuera de texto).

140. De tal manera que, en el Plan de Ordenamiento Territorial de Cartagena, la
zona del Centro cuenta con una serie de características de protección para la
conservación de las edificaciones aplicables al inmueble; en ese sentido, para el
caso concreto, no se permiten demoliciones ni ampliaciones, únicamente como lo
menciona su artículo 436, así:

“[…] ARTÍCULO 436. Adecuación.

Están sujetos a esta categoría de intervención los edificios que no poseen notables
valores arquitectónicos o no tienen correspondencia con las tipologías históricas pero
que están aceptablemente “integrados” al conjunto urbano.
[…]

En los edificios con esta categoría de intervención se permiten obras de
mantenimiento, consolidación, recuperación, acondicionamiento, subdivisión, y
reestructuración. No se permiten obras de ampliación. Las intervenciones de
adecuación deberán garantizar la conservación de eventuales vestigios
arquitectónicos con valor histórico y la recuperación del patio de la edificación con
tipología histórica subyacente […]”.

141. Sin embargo, en la reglamentación del centro histórico, el artículo 38, en su
parágrafo, establece que para la categoría de intervención de Restauración de
Fachada y Adecuación Interior “[…] [l]as obras permitidas para esta categoría de
intervención comparten aquellas normas de la Restauración Tipológica para el
tramo frontero o la fachada según el caso, y la de la categoría Adecuación, en el
interior del inmueble […]”. Y, en la categoría de adecuación, se señala que “[…] [e]n
los edificios pertenecientes a esta categoría de intervención se permiten obras de
mantenimiento, consolidación, acondicionamiento, subdivisión, ampliación,
remodelación y demolición parcial […]”, [con la claridad de que, para] “[…] [l]as
obras de ampliación, cuando el índice de ocupación lo permita, serán analizadas
caso acaso por parte del Centro filiar, sobre las alternativas que presente el
arquitecto proyectista […]”. Asimismo, se establece que “[…] [l]as intervenciones
practicadas en inmuebles clasificados como adecuación garantizarán la
conservación de los vestigios arquitectónicos encontrados con valor arquitectónico,
histórico y artístico […]”. Por lo tanto, aunque esta disposición normativa faculte la

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ampliación, esta debe estar ceñida a las condiciones aprobadas por la autoridad
urbanística con relación al inmueble, priorizando la conservación del vestigio
arquitectónico y la armonía de las construcciones.

142. Frente a lo anterior, como lo señala la Reglamentación para el Centro
Histórico de Cartagena, en su artículo 55, sobre los elementos arquitectónicos en
edificios sujetos a Adecuación, Integración y Edificación Nueva, “[…] los elementos
arquitectónicos de estas edificaciones se integrarán al conjunto urbano histórico,
utilizando un lenguaje contemporáneo […]”.

143. Para resolver, la Sala considera que, de conformidad con el artículo 167 del
Código General del Proceso, corresponde a las partes probar los supuestos de
hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen.

144. En ese orden de ideas, una vez revisadas las pruebas del proceso, la Sala
considera que se encuentra probado que en reiteradas ocasiones varias
autoridades, incluyendo al Instituto de Patrimonio Cultural como competente del
control de los Bienes de Interés Cultural ubicados en el sector antiguo de Cartagena
de Indias, se han pronunciado informando las visibles modificaciones sustanciales
en la obra construida en el Proyecto Hotel Santa Catalina.

144.1. Lo anterior encuentra sustento, para una mención inicial, en el auto de
indagación preliminar de la Procuraduría Provincial de Cartagena, el cual indicó que
tuvo en cuenta de las pruebas en el trámite de indagación preliminar y dentro de
“[…] las recomendaciones que hace el informe técnico de las obras, consta que
evidentemente el constructor realizó cambios que no están permitidos en la
licencia otorgada […]”. Además, el Director de Patrimonio del Ministerio de Cultura
señaló que “[…] la licencia de construcción autorizó ‘la construcción al interior de la
edificación y adosada a la misma, de una estructura aporticada en concreto
reforzado, que sirve de refuerzo estructural, y la construcción de una cubierta plana
(...). Las fotografías de la edificación en curso muestran, como ya se mencionó, una
estructura metálica y no en concreto reforzado, como autorizó la licencia’ […]”.

145. Más adelante, para tomar la decisión de iniciar un proceso administrativo
sancionatorio mediante la Resolución núm. 82 de 3 de diciembre de 2014, expedida
por el Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena, se realizó una inspección
técnica al inmueble en la que se determinó que las alturas encontradas no son las
aprobadas en los planos presentados ante el mismo Instituto, clarificando además
que la altura de la fachada que da a la Calle del Candilejo y de la cornisa que pasa
sobre los aleros de los balcones están aumentadas. Se encontró también un

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desnivel de 20 centímetros “[…] entre la placa construida del piso numero 2 dos (sic)
y el nivel del banco de la fachada principal sobre el portal de los dulces lo cual
contrasta con los planos arquitectónicos aprobados […] y pórticos metálicos que
contrastan con la estructura original del inmueble que, se reitera, está ubicado en el
sector antiguo del Distrito de Cartagena, declarado Monumento Nacional por la Ley
163 de 1959.

146. Igualmente, en el control de obra realizado el 29 de noviembre de 2016 por
el Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena de Indias, se precisó que
encontraba modificaciones a la propuesta aprobada, “[…] [c]on cambios en la
distribución espacial en las 4 primeras plantas y modificaciones sustanciales en
azotea […] Cubiertas: A nivel de cubierta existen cambios en los adosamientos con
los vecinos los cuales en algunos puntos se retroceden para reducir el impacto
sobre servidumbres del vecino próximo […]”. Asimismo, se “[…] identificaron
cambios sustanciales con respecto a la ubicación y tamaño de la piscina. […]
La propuesta se sobre eleva en la sección de la piscina, 1 ml (sic)
aproximadamente, de los pináculos del ático, sobre la fachada de calle del
candilejo y reduce la altura de cumbreras sobre la fachada de la plaza de los
coches […]” (Destacado fuera de texto); lo anterior evidencia adicionalmente una
alteración de la fachada que, conforme a lo explicado supra, está prohibida para
este inmueble.

147. Asimismo, en el informe de visita técnica por presunta violación a las normas
arquitectónicas realizada por la Personería Distrital de Cartagena de Indias el 11 de
enero de 2017, se concluyó que en “[…] la resolución 0127 de 04 de Junio del 2015
Modalidad de restauración […] solo se aprueban las obras conducentes a la
modificación estructural de una edificación en concreto reforzado a una estructura
en acero, por lo que la obra en comento no cuenta con licencia de construcción
vigente porque la misma se venció, es decir, no se prorrogo […]”. Y especifica que,
“[…] [e]ntre las modificaciones sustanciales encontradas en el proyecto se
observan en el segundo piso hacia la fachada del portal de los dulces un
cambio de nivel de 20 centímetros por encima del nivel del balcón […] Cuarto
piso (aprobado como entrepiso), se observan cambios de tamaño en las
cubiertas de dos aguas que dan hacia la fachada del portal de los dulces, con
esto aumentaron el área de la terraza […] La cubierta hacia la calle del candilejo
que según planos (ver isométricas) era a dos aguas, fue construida a una sola
pendiente, reemplazándola por cubierta plana. […] La altura de la fachada hacia
la calle del candilejo fue aumentada en 1.30 cm aproximadamente, no
concuerdan con los planos aprobados […] El área de la piscina fue totalmente

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modificada, cambiando el tamaño, forma ubicación y aumentando su altura.
Que en los planos aprobados y licencia aparece como depósito de agua […]
El proyecto en mención viola la normatividad vigente, art. 436 del POT, prohíbe la
ampliación en este tipo de proyectos […]” (Destacado fuera de texto).

148. En ese sentido, en visita de seguimiento a obra suspendida, realizada el 14
de julio de 2017 por Asesores de la División de Patrimonio del Instituto de Patrimonio
y Cultura de Cartagena de Indias, se determinó que:

“[…] las obras ejecutadas en el primer piso, coinciden completamente con las
aprobadas por la curaduría Urbana No. 2, autora de la expedición de la respectiva
licencia de construcción del proyecto.

En los pisos segundo y tercero, se pudo comprobar, que el constructor realizó
cambios espaciales, al modificar la orientación de algunos baños en las
habitaciones, igualmente modificó el acceso a algunas habitaciones.

En el cuarto piso se observan cambios espaciales, reflejados en la ampliación
de la losa de piso, como consecuencia de los ajustes realizados a la cubierta que
mira hacia la fachada del portal de los dulces.

En la losa de cubierta, se pudo verificar la existencia de un jacuzzi, que no se
encuentra dentro de los planos aprobados en la licencia inicial expedida por la
curaduría urbana No 2 y la modificación de la piscina del proyecto, el cual
tampoco se encuentra autorizado.

Al finalizar el recorrido, la persona responsable del proyecto, hace entrega
formal de los planos modificados y aprobados, de acuerdo a CONCEPTO DE
COMITÉ TÉCNICO ASESOR DE PATRIMONIO FAVORABLE, realizado el día 13
de julio de 2.017.
[…]

Revisados nuevamente los planos modificados y contrastados con la obra
ejecutada, se pudo verificar que las obras, en su totalidad ejecutadas,
concuerdan con las presentadas en los planos modificados y aprobados […]”
(Destacado fuera de texto).

149. En la misma visita se tomaron registros fotográficos que sustentan lo anterior:

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150. Adicional a lo anterior y conforme con las pruebas aportadas al proceso, la
Sala evidencia que el inmueble ha sido modificado en contravía de las descripciones
tipológicas establecidas para los inmuebles de “Tipos Históricos Residenciales”
ubicados en el Centro Histórico de Cartagena y en los términos de los artículos 426,
427 y 429, sobre descripción de la tipología de Casa Baja y descripción de la
tipología de Casa de Dos Altos, en especial, en cuanto, por un lado, se establece
para la Casa de Dos Altos que “[…] [l]os elementos fundamentales de la fachada
son el portón de acceso generalmente enmarcado en una portada y puertas de las
accesorias o locales en la primera planta, balcones o tribunas en las plantas altas;
remate superior con cornisa o ático […]” y “[…] [l]as cubiertas de esta tipología
son: Tejado de dos aguas sobre la primera crujía del núcleo básico y las
restantes con tejado a una agua que vierten sobre el patio […]”, sin que se
advierta la existencia de terrazas para este tipo de construcción de características
republicanas -en los términos del POT- pues, se reitera, la parte superior contiene
una cornisa o ático y sobre este el tejado de dos aguas sobre la primera crujía del
núcleo básico.

151. Y, por el otro, en relación con la tipología de la Casa Baja, se establece que:
i) “[…] [l]os elementos fundamentales de la fachada son el portón de acceso
generalmente enmarcado en una portada, ventanas con rejas, de madera apoyadas

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en repisas o panzas de mampostería y cubiertas con tejadillo; remate superior en
cornisa o ático […]”; y ii) “[…] [e]l núcleo básico está compuesto por dos crujías
paralelas a la calle; la primera se cubre con tejado a dos aguas, y contiene el
zaguán, el salón y eventualmente recámara y accesoria […]” y “[…] [l]a segunda
crujía se cubre con tejado a una agua y contiene recamara o habitaciones y en la
antesala relacionada al patio frecuentemente a través de la arcada […]”.

152. En esa misma línea, el Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena señaló
que la cubierta del inmueble es contraria a lo aprobado y a la normativa
correspondiente, como señaló en el acta de la visita de seguimiento a obra
suspendida de 30 de agosto de 2017. En efecto, la autoridad indicó que “[…] se
pudo determinar que las obras ejecutadas en su totalidad, coinciden completamente
con las aprobadas por el comité técnico asesor de patrimonio mediante actas No.
18 de diciembre 19 del 2011 y No. 12 del 13 de julio de 2017, a excepción de la
cubierta del cuarto nivel que hasta la fecha no ha sido desmontada, debido a
que las obras en esa zona se encuentran suspendidas mediante resolución 199 del
25 de mayo del 2017 por el profesional especializado de la división de patrimonio
‘IPCC’ (Ad-Hoc) […]” (Destacado fuera de texto).

153. La Sala, por un lado, observa que los informes de control de obra que realizó
el Instituto de Patrimonio Cultural evidenciaron cambios sustanciales entre lo
aprobado en las licencias y lo ejecutado, razón por la cual la entidad sugirió a la
constructora remitir la documentación pertinente a la respectiva curaduría urbana
con el propósito de obtener el permiso correspondiente para realizar esas obras; y,
por el otro, en consecuencia, que, siendo un inmueble ubicado en el centro histórico
de Cartagena, zona que cuenta con una declaración internacional como patrimonio
cultural de la humanidad y nacional como Monumento Nacional, específicamente
en la Plaza de los Coches, frente a la Torre del Reloj y el Baluarte de San Juan
Evangelista, el acto de realizar modificaciones previas a la obtención de las
respectivas licencias de construcción o contrarias a las permitidas por la normativa
correspondiente, en atención a la especial tipología del inmueble, implica una
vulneración de los derechos e intereses colectivos.

154. En suma, la valoración conjunta de las pruebas permiten concluir que la
construcción del Proyecto se ha efectuado contrariando lo establecido en la
normativa para ese inmueble y a las licencias que se le habían otorgado, en la
medida en que realizaron modificaciones no permitidas, incluido el incremento del
área de la construcción, la modificación de elementos de la fachada e incluso de
elementos propios del núcleo básico de cada tipología histórica -casa dos altos y

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casa baja-, cuando en el sustento normativo se dejaba claro que, para las
intervenciones arquitectónicas de las categorías permitidas en ese inmueble no se
podía incrementar el área y se debía mantener las características de la fachada de
este bien inmueble ubicado en zona declarada Monumento Nacional.

155. Adicional a ello, se resalta que, conforme con las pruebas aportadas al
proceso, se ejecutaron algunas obras que no habían sido aprobadas por las
licencias y que fue con posterioridad al inicio de las adecuaciones que se solicitó el
aval de dichas construcciones; conducta que la Sala considera atenta contra el
derecho e interés colectivo al patrimonio cultural de la Nación en relación con un
inmueble ubicado en una zona, se reitera, no solo declarada como Monumento
Nacional, sino como Patrimonio Histórico y Cultural de la Humanidad por la
UNESCO, bajo la denominación de “Puerto, Fortalezas y Conjunto Monumental,
Cartagena”, por ser ejemplo destacado de un tipo de edificio, conjunto
arquitectónico o tecnológico o paisaje que ilustra una etapa significativa de la
historia de la humanidad; y estar directa o tangiblemente asociado con eventos o
tradiciones vivas, con ideas o creencias, con obras artísticas y literarias de
excepcional importancia universal.

156. En ese orden, la Sala considera que se encuentra probado que la apariencia
del inmueble donde se encuentra el proyecto Hotel Santa Catalina, sobre todo en la
zona de la cubierta, evidencia una alteración a la condición original del mismo y,
sobre todo, que sobre él inmueble se han realizado modificaciones que no han
contado con las autorizaciones y licencias pertinentes. Esto constituye, no
solamente una contravención de la normativa que regula las intervenciones de
restauración tipológica, bajo la cual se circunscribe el inmueble, que establece como
su propósito “conservar el organismo arquitectónico” a cargo de asegurar su
funcionalidad y mejorar sus condiciones de habitabilidad, sino consecuencialmente
una vulneración de los derechos e intereses colectivos a la defensa del patrimonio
Cultural de la Nación y a la realización de las construcciones, edificaciones y
desarrollos urbanos respetando las disposiciones jurídicas, de manera ordenada, y
dando prevalencia al beneficio de la calidad de vida de los habitantes por parte de
la persona que, para la época, tenía la condición de titular de la licencia y de la
respectiva entidad fiduciaria, a saber Luis F. Correa y Asociados S.A. y Acción
Sociedad Fiduciaria S.A.

157. Sin embargo, de cara a las órdenes, la Sala no puede desconocer que los
derechos fiduciarios, en el marco del contrato suscrito por Luis F. Correa y
Asociados S.A. con Acción Sociedad Fiduciaria S.A. fueron cedidos por Luis F.

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Correa y Asociados S.A. a L&L Proyectos S.A.S. y William Álvarez Álvarez, por lo
que serán estos últimos los destinatarios de las órdenes impartidas en esta
sentencia, que estarán orientadas a que se abstengan de realizar modificaciones al
inmueble de que trata esta acción popular sin contar con las licencias y
autorizaciones establecidas en la ley y reglamentos.

158. Adicionalmente, llama la atención de la Sala que el Instituto de Patrimonio
Cultural de Cartagena inició el correspondiente trámite administrativo en el año 2014
y que, a la fecha, han trascurrido cerca de 10 años sin que se haya definido la
situación de los sujetos en materia de cumplimiento o incumplimiento de las normas
urbanísticas, lo que ha implicado no solamente la ausencia de una decisión
definitiva en el trámite del proceso administrativo sancionatorio, sino que, en este
caso concreto, una amenaza al derecho e interés colectivo a la defensa del
patrimonio Cultural de la Nación en relación con, se reitera, un inmueble ubicado en
una zona no solamente declarada como Monumento Nacional, sino como
Patrimonio Histórico y Cultural de la Humanidad por la UNESCO.

159. En ese orden de ideas, la Sala ordenará al Instituto de Patrimonio Cultural de
Cartagena que, en el marco de sus competencias constitucionales, legales y
reglamentarias, adelante y finalice el correspondiente trámite administrativo con el
objeto de determinar las responsabilidades por la infracción de la normativa en
materia urbanística en relación con los hechos que originaron la presente acción
popular, para lo cual y sin desconocer la autonomía de la administración pública en
la materia, deberá tener en cuenta las consideraciones expuestas en esta sentencia.
En todo caso, el trámite administrativo en este caso deberá finalizarse dentro de los
12 meses siguientes a la notificación de esta sentencia.

160. Por último, la Sala considera que en este caso no se probó la vulneración o
amenaza del derecho e interés colectivo a la moralidad administrativa en la medida
en que no se probó la configuración de los elementos objetivo y subjetivo en torno
a no solamente el incumplimiento de los principios que orientan el actuar de la
administración pública, sino también que dicho desconocimiento haya tenido como
propósito el favorecimiento de intereses particulares, ajenos al interés y bienestar
generales en los actos de la administración.

Comité de verificación

161. Visto el artículo 34 de la Ley 472, sobre la sentencia en acciones populares,
según el cual, “[…] el juez […] podrá conformar un comité para la verificación del
cumplimiento de la sentencia en el cual participarán además del juez, las partes, la

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entidad pública encargada de velar por el derecho o interés colectivo, el Ministerio
Público y una organización no gubernamental con actividades en el objeto del fallo.
También comunicará a las entidades o autoridades administrativas para que, en lo
que sea de su competencia, colaboren en orden a obtener el cumplimiento del fallo
[…]” y atendiendo a que, en este caso, se revocará la sentencia proferida, en
primera instancia y, en su lugar, se ampararan los derechos e intereses colectivos,
se ordenará la conformación del respectivo comité de verificación de cumplimiento
de la sentencia.

162. Finalmente y de conformidad con el artículo 38 de la Ley 472 y los numerales
1.° y 8.º del artículo 365 de la Ley 1564 la Sala se abstendrá de condenar en costas
en esta instancia, en atención a que no está probada su causación.

Conclusiones de la Sala

163. En suma, la Sala considera que, por un lado, que se deberá declarar
desierto el recurso de apelación interpuesto por el señor Oscar Eduardo Borja
Santofimio contra la sentencia de 27 de agosto de 2019 proferida por el Tribunal
Administrativo de Bolívar, por falta de carga argumentativa, según se expuso supra.

164. Por el otro, que se encuentra probada la vulneración y amenaza del derecho
e interés colectivo a la defensa del patrimonio cultural de la Nación y la vulneración
del derecho e interés colectivo a la realización de las construcciones, edificaciones
y desarrollos urbanos respetando las disposiciones jurídicas, de manera ordenada,
y dando prevalencia al beneficio de la calidad de vida de los habitantes producto de
la construcción realizada por Acción Sociedad Fiduciaria S.A., como vocera del
Fideicomiso Hotel Santa Catalina, con ocasión de las modificaciones y ampliaciones
que van en contravía de lo establecido en la licencia y en las normas de intervención
arquitectónica.

165. En consecuencia, se revocará la sentencia de 27 de agosto de 2019
proferida por el Tribunal Administrativo de Bolívar, en cuanto negó las pretensiones
de la demanda y, en su lugar, se declarará la vulneración y amenaza de los
derechos e intereses colectivos a la defensa del patrimonio cultural de la Nación y
a la realización de las construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos
respetando las disposiciones jurídicas, de manera ordenada, y dando prevalencia
al beneficio de la calidad de vida de los habitantes y se impartirán órdenes
tendientes a la superación de la vulneración y amenaza.

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En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,

III. RESUELVE

PRIMERO: DECLARAR desierto el recurso de apelación interpuesto por el señor
Oscar Eduardo Borja Santofimio contra la sentencia de 27 de agosto de 2019
proferida por el Tribunal Administrativo de Bolívar, por las razones expuestas en la
parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: REVOCAR la sentencia de 27 de agosto de 2019 proferida por el
Tribunal Administrativo de Bolívar, por las razones expuestas en la parte motiva de
esta providencia.

TERCERO: DECLARAR la amenaza y vulneración de los derechos e interés
colectivos al patrimonio cultural de la Nación y a la realización de las construcciones,
edificaciones y desarrollos urbanos respetando las disposiciones jurídicas, de
manera ordenada, y dando prevalencia al beneficio de la calidad de vida de los
habitantes por parte de Luis F. Correa y Asociados S.A., Acción Sociedad Fiduciaria
S.A., como vocera del Fideicomiso Hotel Santa Catalina, y por el Instituto de
Patrimonio Cultural de Cartagena, por las razones expuestas en la parte motiva de
esta sentencia.

CUARTO: ORDENAR a Acción Sociedad Fiduciaria S.A., como vocera del
Fideicomiso Hotel Santa Catalina, a L&L Proyectos S.A.S. y William Álvarez Álvarez
que se abstengan de realizar modificaciones al inmueble de que trata esta acción
popular sin contar con las licencias y autorizaciones establecidas en la ley y
reglamentos, por las razones expuestas en la parte motiva de esta sentencia.

QUINTO: ORDENAR al Instituto de Patrimonio Cultural de Cartagena que, en el
marco de sus competencias constitucionales, legales y reglamentarias, adelante y
finalice el correspondiente trámite administrativo con el objeto de determinar las
responsabilidades por la infracción de la normativa en materia urbanística en
relación con los hechos que originaron la presente acción popular, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta sentencia. Para efectos de lo anterior, el
trámite administrativo deberá finalizarse dentro de los 12 meses siguientes a la
notificación de esta sentencia, por las razones expuestas en la parte motiva de esta
sentencia.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

96

Núm. único de radicación: 130012333000201800743-01
(Acumulado: 130013333010201700070-00)

SEXTO: INTEGRAR el Comité de Verificación para el cumplimiento de la sentencia,
el cual estará conformado por el Magistrado Sustanciador del Tribunal, quien lo
presidirá; por los actores populares; por un delegado de cada una de las entidades
y personas demandas, incluido un delegado del Ministerio de las Culturas, las Artes
y los Saberes, por el Personero Distrital de Cartagena y por el Agente del Ministerio
Público, por las razones expuestas en la parte motiva de esta sentencia.

SÉPTIMO: NEGAR las demás pretensiones de la demanda, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta sentencia.

OCTAVO: NO CONDENAR en costas a la parte vencida, por las razones expuestas
en la parte motiva de esta providencia.

NOVENO: REMITIR copia de la presente sentencia a la Defensoría del Pueblo, en
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 80 de la Ley 472 de 5 de agosto de
1998.

DÉCIMO: En firme esta providencia, DEVOLVER el expediente al Tribunal
Administrativo de Bolívar, dejando las correspondientes anotaciones de ley.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por
la Sala en la sesión de la fecha.

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente Consejero de Estado
Consejero de Estado Salva voto

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección
Primera en la Sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.

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