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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 13001-23-33-000-2019-00240-01

Fecha
24 de agosto de 2026
Consejero ponente
Alberto Montaña Plata

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 13001-23-33-000-2019-00240-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: REVOCAR la Sentencia de 31 de julio de 2025, proferida por el Tribunal Administrativo de Bolívar, que declaró probada la excepción de caducidad, y en su lugar, DENEGAR las pretensiones de la demanda, por las razones expuestas en esta providencia. SEGUNDO: Sin condena en costas. TERCERO: Ejecutoriada esta providencia devolver el expediente al Tribunal de origen para su cumplimiento y expedir a la parte actora las copias auténticas con las constancias.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 13001-23-33-000-2019-00240-01

Consejero ponente: Alberto Montaña Plata

24 de agosto de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B

Magistrado Ponente: Alberto Montaña Plata

Bogotá D.C., 24 de agosto de 2026

Radicación: 13001-23-33-000-2019-00240-01 (74209)
Demandante: Guardis Humberto Guardo Figueroa
Demandado: Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias
Referencia: Reparación directa (Ley 1437 de 2011)

Temas: ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA – Limitación del derecho de dominio –
Afectación ambiental y urbanística – Suelo de protección – Daño especial – Ausencia de
prueba

Síntesis del caso: se pretende la indemnización de los perjuicios causados por la limitación
del derecho de dominio, derivada de un acto administrativo de carácter general que
clasificó el predio como área de protección y conservación ambiental y restringió sus usos.

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante
contra la Sentencia de 31 de julio de 2025, proferida por el Tribunal
Administrativo de Bolívar, que declaró probada la excepción de caducidad
y se abstuvo de condenar en costas.
Contenido: 1. Antecedentes; 2. Consideraciones; 3. Decisión.

1. ANTECEDENTES

Contenido: 1.1 Posición de la parte demandante, 1.2. Posición de la parte demandada, 1.3.
Sentencia de primera instancia, y, 1.4. Recurso de apelación y trámites de segunda
instancia.

1.1. Posición de la parte demandante

1. El 30 de abril de 2019, Guardis Humberto Guardo Figueroa presentó
demanda, en ejercicio del medio de control de reparación directa contra el
Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias (en adelante, el Distrito),
con el fin de obtener la reparación de los daños y los perjuicios causados
por el cambio de los usos del suelo de su predio.

2. En la demanda se plantearon las siguientes pretensiones (se trascribe):
“1. Declarar a la alcaldía distrital de Cartagena de Indias,
administrativamente responsable de los perjuicios materiales y morales
causados al señor Guardis Humberto Guardo Figueroa, por daño especial,
suscitado por ja imposibilidad de hacer uso de un predio de referencia
catastral N° 01-02-0248- :0062-000, el cual es propiedad del mismo

2. Condenar, como consecuencia de lo anterior, a la alcaldía distrital de
Cartagena de Indias, como reparación del daño ocasionado, el pago al
(…) sr. Guardis Humberto Guardo Figueroa, los perjuicios de orden material
y moral, subjetivos y objetivados, actuales y futuros, los cuales se estiman en
principio en la suma de dos mil millones de pesos ($2,000.000.000.00), o de
acuerdo con lo que se pruebe dentro del proceso (…)”.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación número: 13001-23-33-000-2019-00240-01 (74209)
Demandado: Guardis Humberto Guardo Figueroa
Demandado: Distrito Turístico y Cultural de Cartagena
de Indias
Referencia: Reparación directa (Ley 1437 de 2011)
Decisión: Revoca – niega
_______________________________________________________________________________________
3. Los hechos que fundamentaron las pretensiones se resumen así: el 18 de
julio de 1980, Guardis Humberto Guardo Figueroa adquirió el predio
identificado con la referencia catastral 01-02-0248-0062-000 y la matrícula
inmobiliaria 060-9756, ubicado en la calle 55 No. 44-392 del barrio Pie de la
Popa.

4. El 17 de mayo de 2018, la Secretaría de Planeación Distrital le informó que
el inmueble estaba ubicado en un área de protección ambiental, según el
Plan de Ordenamiento Territorial adoptado mediante el Decreto 977 de
2001(POT), por lo que no podía destinarse a construcción ni a otros usos.

5. El demandante solicitó información adicional sobre la situación del
inmueble y preguntó si este había sido incorporado al patrimonio del Distrito.
La administración respondió que el predio no figuraba en el inventario de
bienes distritales. Tampoco formuló una oferta para adquirirlo.

6. El demandante reclamó la reparación de los perjuicios causados por la
imposibilidad de usar su predio. Sostuvo que no estaba obligado a soportar
la carga derivada de la protección ambiental, porque la restricción le
impedía ejercer libremente su derecho de propiedad y rompía el equilibrio
frente a las cargas públicas. También afirmó que el Distrito no había
negociado ni adquirido el inmueble, a pesar de que el artículo 25 del POT le
atribuía la responsabilidad de recuperar los terrenos ambientalmente
afectados.

1.2. Posición de la parte demandada

7. El Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias se opuso a las
pretensiones. Sostuvo que el demandante conocía desde antes que el
inmueble se encontraba en una zona verde de protección. Por esta razón,
la respuesta en la que se le informó que el bien no pertenecía al Distrito no
podía considerarse como el momento en el que conoció la restricción.

8. Explicó que las limitaciones sobre el Cerro de La Popa existían incluso
antes de que el demandante adquiriera el predio. El Decreto 178 de 16 de
agosto de 1973 declaró el cerro como bien de utilidad pública. El Decreto
116 del 28 de abril de 1978 declaró los cerros de La Popa y Zaragocilla, así
como las Lomas del Marión, zonas de reserva ecológica desde la cota de
20 metros del sistema IGAC.

9. El Acuerdo 44 de 26 de diciembre de 1989 declaró el Cerro de La Popa
como zona de reserva y manejo especial, debido al alto riesgo existente
desde la cota de 20 metros hasta la cima. El Decreto 919 de 1994 declaró
de utilidad pública social los terrenos que rodeaban el cerro dentro de ese
mismo rango. Finalmente, el Decreto 977 de 2001, mediante el cual se
adoptó el POT, clasificó el Cerro de La Popa como área de protección y
conservación de los recursos naturales y paisajísticos. Su artículo 124 prohibió
el desarrollo o la localización de asentamientos humanos en esa área.

10. El Distrito señaló que la carga impuesta al demandante no era anormal.
No se demostró que, antes de la expedición del POT, el predio tuviera un uso
del suelo que permitiera su desarrollo, pues el Cerro de La Popa ya estaba

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Radicación número: 13001-23-33-000-2019-00240-01 (74209)
Demandado: Guardis Humberto Guardo Figueroa
Demandado: Distrito Turístico y Cultural de Cartagena
de Indias
Referencia: Reparación directa (Ley 1437 de 2011)
Decisión: Revoca – niega
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sometido a restricciones. Añadió que el POT clasificó el inmueble como zona
verde y que el barrio San Francisco presentaba riesgos de licuación y
remoción en masa, circunstancia prevista en el artículo 37 del Decreto 977
de 2001.

11. También sostuvo que el cambio en la reglamentación del uso del suelo,
dispuesto por el artículo 25 del POT, no fue arbitrario. La medida buscó
establecer una zona de protección en las laderas del Cerro de La Popa
debido a su sensibilidad ambiental y a las condiciones de amenaza y riesgo
asociadas con la intervención humana del suelo.

12. El Distrito afirmó que la demanda no precisó en qué consistió el daño
moral. Tampoco aportó pruebas de los proyectos que el demandante
pretendía desarrollar. No existía una licencia de construcción ni constancia
sobre la disponibilidad de servicios públicos. Por ello, consideró que la
clasificación establecida por el POT no constituyó una actuación anormal.

13. Finalmente, propuso la excepción de caducidad. Señaló que el Decreto
977 de 2001 fue expedido y publicado el 20 de noviembre de ese año, fecha
desde la cual comenzó a regir. En consecuencia, la demanda debía
presentarse dentro de los dos años siguientes.

1.3. Sentencia de primera instancia

14. El Tribunal Administrativo de Bolívar profirió la Sentencia de 31 de julio de
2025, en la que decidió
“Primero. Declarar probada la excepción de caducidad propuesta por el
Distrito de Cartagena, de conformidad con los argumentos expuestos en la
parte motiva de esta sentencia.

Segundo. No condenar en costas a la parte demandante, de acuerdo con
lo dicho en la parte considerativa de esta sentencia.

Tercero. Ejecutoriada la presente providencia, previas las anotaciones de
rigor archívese el expediente”.

15. El tribunal declaró la caducidad porque el demandante no ejerció el
medio de control de reparación directa dentro de los dos años siguientes a
la publicación del Decreto 977 de 2001. Indicó que el término comenzó el
27 de noviembre de 2001, cuando empezó producir efectos el POT que
clasificó el Cerro de La Popa como área de protección y conservación de
los recursos naturales y paisajísticos.
16. El tribunal consideró que el término de caducidad no podía contarse
desde la notificación del oficio de 17 de mayo de 2018. Aunque la Secretaría
de Planeación Distrital informó mediante ese documento que no era posible
construir en el inmueble, la restricción no surgió en ese momento. Añadió
que la ignorancia de la ley no excusa la presentación tardía de la demanda.
Para el 30 de abril de 2019 habían transcurrido más de quince años desde
la vigencia del POT que estableció la limitación ambiental.
1.4. Recurso de apelación y trámite de segunda instancia

17. La parte demandante interpuso recurso de apelación. Alegó que el
tribunal adoptó una interpretación formalista de la caducidad, pues el daño

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Radicación número: 13001-23-33-000-2019-00240-01 (74209)
Demandado: Guardis Humberto Guardo Figueroa
Demandado: Distrito Turístico y Cultural de Cartagena
de Indias
Referencia: Reparación directa (Ley 1437 de 2011)
Decisión: Revoca – niega
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no se concretó con la expedición y publicación del POT1, sino cuando el
propietario conoció de manera cierta la restricción particular impuesta
sobre su inmueble2. Según el apelante, ese conocimiento ocurrió el 17 de
mayo de 2018, cuando la oficina de planeación le informó que el predio se
encontraba en un área de protección ambiental.

18. Sostuvo que el POT no individualizó los predios afectados ni exigía una
notificación personal a sus propietarios. Por ello, su publicación no permitía
conocer la afectación concreta del inmueble3. Añadió que el daño era
permanente y de conocimiento tardío, pues la limitación comenzó cuando
la administración impidió el uso del predio y continúa mientras subsista la
restricción. También reprochó que se hubiera declarado la caducidad sin
analizar los presupuestos de la responsabilidad.

19. Por último, en el recurso se informó que Guardis Humberto Guardo
Figueroa, antes de fallecer, cedió sus derechos litigiosos a Nirma Jiménez
Benítez, quien también tenía la calidad de cónyuge supérstite. Por estas
razones, la recurrente pidió que se aceptará la sucesión procesal.

20. El 26 de mayo de 2026, se admitió el recurso de apelación y se reconoció
a Nirma María Jiménez Benítez como sucesora procesal de manera
genérica de la sucesión ilíquida dentro de este proceso. La providencia
precisó que su eventual asignación como beneficiaria de la masa herencial
solo podría definirse en el correspondiente proceso de sucesión.

21. El Ministerio Público solicitó declarar la caducidad del medio de control.
Consideró que la demanda no se presentó dentro de los dos años siguientes
a la publicación del POT que estableció la restricción ambiental sobre el
predio. Señaló que el ordenamiento jurídico no exigía la notificación
individual de cada propietario cuyos inmuebles quedaran comprendidos en
las categorías previstas por el POT. La restricción urbanística tampoco era
una situación oculta, pues estaba contenida en un acto administrativo
general, público y de consulta permanente. Por ello, cualquier propietario
que actuara con un mínimo de diligencia podía conocerla.

1 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia de 6 julio de 2022, no se

indica el radicado. Adicionalmente, se cita la Sentencia 28 de agosto de 2013, proferida por la Sección Tercera,
Radicado 25000-23-26-000-1999-00629-01(26251) “La publicación de un acto administrativo de carácter general
en la Gaceta Oficial no equivale a la notificación individual de un acto administrativo de carácter particular, y no
puede contarse el término de caducidad desde la publicación del acto general, cuando el administrado no tuvo
conocimiento real y efectivo de la afectación concreta de su derecho. En estos casos, el término de caducidad
se cuenta desde el momento en que el administrado tiene conocimiento del daño, lo cual puede ocurrir cuando
la administración le niega expresamente la posibilidad de ejercer su derecho, o cuando el administrado advierte
por sus propios medios la existencia de la afectación”.
2Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia de 19 de abril de 2012,

Radicado 19001-23-31-000-1994-09134-01(21060).
3 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia de 26 de marzo de 2008,

Radicado 76001-23-31-000-1996-04058-01(16996). “En los casos de daños derivados de restricciones urbanísticas
contenidas en planes de ordenamiento territorial, el término de caducidad no se cuenta desde la publicación del
POT, sino desde el momento en que el administrado tiene conocimiento de la afectación concreta de su derecho.
Esta doctrina se fundamenta en el principio de acceso efectivo a la administración de justicia, y en la necesidad
de garantizar que el administrado pueda ejercer sus derechos de manera real y efectiva”. También, ver Sentencia
de 15 de agosto de 2007, Radicado 13001-23-31-000-1993-04834-01(15772) “El término de caducidad en el medio
de control de reparación directa se cuenta desde el momento en que el administrado tiene conocimiento del
daño antijurídico que se le ha causado, y no desde la expedición del acto administrativo que lo origina. En los
casos de restricciones urbanísticas contenidas en planes de ordenamiento territorial, el conocimiento del daño se
produce cuando la administración le niega al propietario la posibilidad de hacer uso de su predio, y no cuando
se publica el POT”.

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Demandado: Guardis Humberto Guardo Figueroa
Demandado: Distrito Turístico y Cultural de Cartagena
de Indias
Referencia: Reparación directa (Ley 1437 de 2011)
Decisión: Revoca – niega
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2. CONSIDERACIONES

Contenido: 2.1. Síntesis de la controversia y decisiones que se adoptarán, 2.2. Análisis
sustantivo, 2.3. Costas.

2.1. Síntesis de la controversia y decisiones a adoptar

22. La Sala revocará el fallo de primera instancia, que declaró probada la
caducidad del medio de control y en su lugar, estudiará de fondo las
pretensiones de la demanda y las denegará. La parte demandante no
acreditó que la restricción ambiental hubiera producido, por sí sola, una
afectación intensa de los atributos esenciales del derecho de dominio, pues
el predio también estaba sometido, al menos potencialmente, a
limitaciones derivadas de otros factores normativos y físicos.

23. La Sala encuentra que el medio de control se ejerció oportunamente. El
accionante solo tuvo conocimiento de que los usos del suelo de su predio
estaban limitados por su ubicación en un área de protección y conservación
ambiental cuando la oficina de planeación expidió el certificado de uso del
suelo de 17 de mayo de 2018. Por lo tanto, como la demanda se presentó
el 30 de abril de 2019, el término de dos años previsto para reclamar la
reparación del daño alegado no había vencido.

24. Está acreditado que, mediante escritura pública de 9 de julio de 1980, el
accionante adquirió el inmueble4, ubicado en “parcela urbanización La
María Sector San Francisco……/ Barrio La Esperanza”5 con dirección “C 55
44 – 3926”. Posteriormente, la alcaldía expidió el Decreto 977 de 20 de
noviembre de 2001, que adoptó el POT. Este acto administrativo de
contenido general fue publicado el 27 de noviembre de 2001 en la gaceta
distrital7 y estableció que el Cerro de La Popa era un área de protección de
los recursos naturales y paisajísticos, según sus artículos 25 y 26.

25. El 20 de diciembre de 2011, el accionante solicitó a la Oficina de
Planeación Distrital un certificado de uso del suelo. En particular, pidió que
se determinara si alguna porción de los 23.000 metros cuadrados que
conformaban su predio tenía “limitación de disponibilidad8”.

26. El 5 de enero de 2012, la oficina de planeación le solicitó una copia
original de la carta catastral, con el fin de localizar el inmueble y emitir el
certificado correspondiente9.

27. El 15 de marzo de 2017, el accionante presentó una petición ante el
IGAC. Se quejó de la demora de más de cinco años en la expedición de la
carta catastral, pese a las múltiples solicitudes que había formulado para
obtenerla10.

28. El 24 de julio de 2017, el IGAC reconoció la demora y explicó que el plano
de esa zona no estaba totalmente digitalizado. Atribuyó esa dificultad “a su

4 Pág. 29 del pdf demanda y anexos.
5 Pág. 29 y 48 del pdf demanda y anexos.
6 Pág. 20 y 23 del pdf demanda y anexos.
7 Págs. 25 a 27 del pdf tomo I.
8 Pág. 97 del pdf demanda y anexos.
9 Pág. 98 del pdf demanda y anexos.
10 Pág. 101 del pdf demanda y anexos.

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Radicación número: 13001-23-33-000-2019-00240-01 (74209)
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Referencia: Reparación directa (Ley 1437 de 2011)
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forma irregular, gran extensión, gran número de predio, zona totalmente de
invasión, ubicación geográfica, y topografía. Ella la forman todos los predios
del Cerro de La Popa a los cuales no ha sido posible tener acceso en las
últimas actualización (sic) de la formación catastral de Cartagena, debido
a como ya se le informe principalmente por la inseguridad que presenta la
zona11”.

29. El 26 de enero de 2018, el accionante remitió a la Secretaría de
Planeación Distrital una copia de la carta catastral expedida por el IGAC y
el comprobante de pago del certificado de uso del suelo. También solicitó
que se precisara “la destinación legal del predio conforme a lo pedido y a
la ley12”.

30. El 27 de abril de 2018, el accionante presentó una nueva petición ante
oficina de planeación. Reiteró que había esperado durante cinco años la
expedición de la carta catastral y que solo la obtuvo después de múltiples
solicitudes. Asimismo, señaló que la oficina no había respondido su petición
sobre el uso del suelo, pese a que meses antes había aportado el
documento expedido por el IGAC. Por esa razón, expresó que necesitaba.
“con urgencia establecer el uso del predio en mención. Pongo en su
conocimiento que soy una persona de más de 80 años y según la
Constitución por mi edad mi solicitud tiene prioridad13”. Con la petición
anexó nuevamente la carta catastral 14.

31. El 17 de mayo de 2018, la oficina de planeación le informó al accionante
que “el uso del suelo del predio identificado con Referencia Catastral No.
01-02-0248-0062-000 ubicado en C 55 44 392 del Cerro de La Popa de esta
ciudad, de acuerdo con lo contemplado en él, el cual hace parte integral
del Decreto 0977 de 2001 "Por medio del cual se adopta el Plan de
Ordenamiento Territorial del Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de
Indias", es zona verde de protección descrito a su vez en el Artículo 25”.
También indicó que la recuperación del cerro sería objeto de un
macroproyecto que priorizaría su manejo ambiental y el tratamiento de las
zonas de riesgo. Finalmente, advirtió que el desarrollo de actividades sin
licencia urbanística, autorización o permiso constituía un comportamiento
contrario a la integridad urbanística15.

32. El 16 de noviembre de 2018, la oficina de apoyo logístico distrital le
informó al accionante el predio no formaba parte del inventario de bienes
inmuebles de propiedad distrital. Precisó que, según el certificado de
tradición y libertad, se trataba de un inmueble de propiedad privada 16.

33. En este caso, la Sala se aparta del cómputo de la caducidad efectuado
por la primera instancia, que tomó como punto inicial la publicación del
POT. El accionante no podía deducir de las normas que modificaron los usos

11
Pág. 103 a 104 del pdf demanda y anexos.
12 Pág. 110 del pdf demanda y anexos.
13 Pág. 17 del pdf demanda y anexos.
14 Pág. 22 del pdf demanda y anexos.
15 Págs. 20 a 21 del pdf demanda y anexos. La Sala advierte que la afectación ambiental sobre el inmueble está

acreditada mediante el certificado de uso del suelo. Sin embargo, la incertidumbre sobre la ubicación exacta del
predio impide determinar la intensidad concreta de esa afectación y establecer si concurría con otras restricciones
urbanísticas, como se explicará más adelante.
16 Pág. 12 del pdf demanda y anexos.

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Radicación número: 13001-23-33-000-2019-00240-01 (74209)
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Referencia: Reparación directa (Ley 1437 de 2011)
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del suelo ni de los planos de protección del POT que su inmueble estaba
sometido a restricciones ambientales. Cuando se publicó el acto
administrativo de contenido general, no era posible determinar con certeza
que el predio se encontraba dentro del área afectada, pues la delimitación
del Cerro de La Popa respecto de los barrios aledaños no era clara.

34. Aunque en el proceso obran los planos del POT17, su examen no permitía
que el ciudadano identificara con certeza la inclusión del inmueble en el
área de protección y conservación ambiental. La delimitación gráfica no
era suficientemente precisa. De hecho, el artículo 124 del POT estableció
“Son áreas de protección y conservación de recursos naturales y
paisajísticos ubicados dentro de los perímetros del suelo urbano y de
expansión del distrito las siguientes: Cerro de La Popa. Comprende el área
del mismo que será delimitada en el respectivo Plan Parcial sobre la cual se
prohíbe el desarrollo o localización de cualquier asentamiento humano, a
partir de la vigencia de este Decreto”. La disposición demuestra que, para
ese momento, aún estaba pendiente una delimitación específica mediante
un plan parcial18. Por ello, los planos anexos al acto administrativo general
no permitían establecer, por sí solos, si el inmueble estaba total o
parcialmente comprendido en el área de protección.

35. La escritura pública y el certificado de tradición tampoco ofrecen
información uniforme sobre la ubicación del predio. La escritura lo sitúa en
el barrio San Francisco, mientras que el certificado lo identifica
simultáneamente con el sector San Francisco y el barrio La Esperanza. El
accionante, por su parte, afirma que el inmueble se encuentra en Pie de la
Popa. Esta inconsistencia sobre el barrio o sector en el que está localizado
impedía que el propietario conociera, desde la publicación del POT, la
afectación concreta de su inmueble. La extensión del predio también
impedía establecer si la restricción recaía sobre toda su superficie o solo
sobre una porción.

36. La Sala no desconoce que, en algunos casos, la jurisprudencia del
Consejo de Estado ha contado la caducidad desde la expedición o
publicación del acto administrativo general que impone una limitación
sobre un inmueble. Esa posición parte de que se trata de un daño
instantáneo que el propietario puede advertir desde la entrada en vigor de
la medida19. En otros asuntos, el término se ha contado desde la inscripción

17 Pág. 1 a 93 del tomo III y IV.
18 Asimismo, el artículo 52 del Decreto 977 de 2001 señala “Artículo 52. Del suelo de protección localizado en el

suelo urbano. Hace pare del suelo urbano del distrito la siguientes Áreas de Protección y Conservación de los
recursos naturales y paisajísticos: (…) La porción del territorio del cerro de la Popa señalada en el plano de áreas
de protección”.
19 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, Sentencia de 10 de

octubre de 2024, Radicado 08001-23-33-000-2019-00697-01 (70368) “En este caso concreto es evidente que no se
trató de un daño continuado o de tracto sucesivo, tal como se aduce en el recurso de apelación, pues, la
afectación invocada en la demanda se materializó en un solo momento (daño instantáneo) con la expedición
del Decreto no. 0154 del 6 de septiembre de 2000 y el Decreto no. 0212 del 28 de febrero de 2014, actos
administrativos a través de los cuales se expidieron los planes de ordenamiento territoriales del distrito especial que
afectaron los dos mencionados predios de propiedad de la demandante. Del análisis del texto de la demanda se
advierte, de manera inequívoca, que el daño que se reclama proviene de la limitación al uso del suelo introducida
con los planes de ordenamiento territorial (POT) expedidos por las autoridades distritales de Barranquilla, esto es,
los Decretos nos. 0154 del 6 de septiembre de 2000 y 0212 del 28 de febrero de 2014, tanto así que en el hecho
décimo de la demanda se reconoció, expresa e inequívocamente, que la señora Sofía Cristina Amaya Gutiérrez
a partir del 28 de febrero de 2014 “realizó todo tipo de acciones, solicitudes, impetró diferentes mecanismos, en
aras de obtener del DEIP de Barranquilla que levantara el veto, restricción o afectación impuesto por vías de

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Demandado: Distrito Turístico y Cultural de Cartagena
de Indias
Referencia: Reparación directa (Ley 1437 de 2011)
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de la afectación en el folio de matrícula inmobiliaria, cuando una norma
exige esa formalidad para que el acto administrativo general produzca
efectos jurídicos respecto del bien. Así ocurrió con la Reserva Forestal
Protectora Bosque Oriental de Bogotá20.

37. No obstante, la Sala advierte que la eficacia de las normas urbanísticas
y ambientales no depende, por regla general, de la inscripción de la
afectación en el folio de matrícula inmobiliaria. Una conclusión distinta
permitiría que los propietarios desconocieran las obligaciones derivadas de
esas disposiciones hasta que la restricción apareciera registrada en cada
inmueble, lo que comprometería la eficacia de normas destinadas a
proteger intereses colectivos. Los ciudadanos tienen, en principio, la carga
de conocer las modificaciones de los usos del suelo y de formular sus
reclamaciones de reparación, distintas a la impugnación de la validez del
acto administrativo de contenido general, dentro de los dos años siguientes
a la publicación del acto. Esa regla exige que las normas y sus planos
permitan identificar de forma razonable y cierta los predios afectados.

38. Esa carga de conocimiento no puede exigirse con la misma intensidad
cuando el acto administrativo general no delimita con claridad los
inmuebles sometidos a la restricción. En tales casos, corresponde al
propietario actuar con diligencia y acudir a las autoridades técnicas
competentes para determinar el régimen aplicable a su predio. Esta
consulta resulta necesaria cuando los planos del ordenamiento territorial no
permiten efectuar una confrontación directa con los linderos del inmueble
o cuando la propia normativa condiciona la definición del área a una
delimitación posterior.

39. En este caso, la falta de certeza sobre la ubicación del predio y la
ausencia de una delimitación específica del área de protección mediante
el plan parcial impedían que el accionante conociera la afectación desde
la publicación del POT. Existían elementos objetivos que generaban duda
sobre si el inmueble, pese a su cercanía con el Cerro de La Popa, estaba
total o parcialmente sometido a restricciones ambientales. Por esta razón, el
término de caducidad debe contarse desde el momento en que el
propietario obtuvo conocimiento de que su predio se encontraba dentro de
una zona de protección ambiental. En este caso, ese conocimiento se
produjo con el certificado de uso del suelo de 17 de mayo de 2018.
Entonces, como se ha reconocido en otros asuntos, el conocimiento de la
víctima también constituye un criterio válido para determinar el inicio del
término de caducidad frente a las afectaciones derivadas del POT21.

hecho, sin resultados”, actuaciones que detalló en el mismo texto del libelo petitorio (f. 9 índice 22 SAMAI primera
instancia)”.
20 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, Sentencia de 18 de

noviembre de 2021, Radicado 25000232600020070029401(44670) “La Sala considera que la demanda fue
presentada oportunamente porque, de conformidad con la jurisprudencia de esta Corporación ,, en los casos de
responsabilidad del Estado por la afectación jurídica de bienes inmuebles al quedar incluidos en reservas forestales
o parques nacionales, por regla general el término de caducidad se contabiliza a partir de la inscripción de la
afectación en el registro de instrumentos públicos”. Esta decisión tiene un salvamento de voto del magistrado
Alberto Montaña Plata sobre la caducidad de la acción.
21Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, Sentencia de 17 de

abril de 2026, Radicado 25000-23-36-000-2014-00464-02 (67186), “la notificación del acto administrativo general
solo puede ser parámetro para el cómputo del término de caducidad cuando, de su lectura, sea evidente que
está afectando la situación jurídica de un predio determinado, pues si lo que hace el acto administrativo general

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Radicación número: 13001-23-33-000-2019-00240-01 (74209)
Demandado: Guardis Humberto Guardo Figueroa
Demandado: Distrito Turístico y Cultural de Cartagena
de Indias
Referencia: Reparación directa (Ley 1437 de 2011)
Decisión: Revoca – niega
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2.2. Análisis sustantivo

40. La Sala encuentra acreditado que el POT impuso una restricción
ambiental que limitó el derecho de propiedad del accionante. Sin
embargo, esa constatación no permite concluir, de forma automática, que
los atributos esenciales del derecho de dominio quedaron reducidos de
manera intensa y sustancial por causa exclusiva de la medida ambiental. El
inmueble también podía estar sometido a restricciones derivadas de sus
condiciones físicas, su ubicación y el régimen urbanístico aplicable. Por ello,
no existe certeza sobre el impacto concreto que tuvo la clasificación
ambiental en las posibilidades de uso, aprovechamiento y disposición
económica del bien.

41. Está probado que la oficina de planeación distrital certificó que el predio
se encontraba en un área de protección y conservación de los recursos
naturales y paisajísticos, de conformidad con el artículo 25 del Decreto 977
de 2001. Esta disposición estableció que el área debía recuperarse
ecológica y paisajísticamente y destinarse al sostenimiento de la
biodiversidad, la captación de dióxido de carbono, la recreación, la
educación y la conservación de su valor paisajístico. El artículo 52 del POT
reiteró esta clasificación al incluir dentro del suelo de protección la porción
del Cerro de La Popa identificada en el plano de áreas de protección.

42. El artículo 26 del Decreto 977 de 2001 dispuso que estas áreas estaban
sometidas a “las restricciones de uso y desarrollo de actividades de tipo
productivo indicadas en la ley ambiental, el código de los recursos naturales
y protección del ambiente y normas reglamentarias o las que las modifiquen
o sustituyan. Los suelos ubicados dentro de cada una de estas unidades, no
podrán ser motivo de acciones urbanísticas y por lo tanto en ningún
momento podrán ser objeto de proceso que conlleven a la ubicación de
actividad residencial. El distrito desarrollará, por convenio con Cardique y
demás autoridades competentes los estudios detallados a fin de producir la
cartografía a una escala de detalle en la cual aparecerán alinderados y
afectados los suelos de protección correspondiente, con arreglo a las
normas dispuestas por este decreto”. El artículo 123 complementó esta
disposición al señalar que las áreas de protección y conservación de los
recursos naturales y paisajísticos, al igual que las zonas de alto riesgo,
constituyen un referente para definir los usos, las intensidades, las
prohibiciones y las restricciones aplicables a las actividades urbanas.

43. Para el caso específico del Cerro de La Popa, el artículo 124 del Decreto
977 de 2001 prohibió el desarrollo o la localización de asentamientos
humanos dentro del área que debía delimitarse mediante el respectivo plan
parcial. Esta prohibición guarda correspondencia con el artículo 98 del
mismo decreto, que concibió el manejo del cerro a partir de su
recuperación ecológica y paisajística, la identificación de las zonas de

es crear áreas de protección sin precisar cuáles predios están comprendidos en las áreas de reserva, no resultaría
oponible desde dicho momento la afectación al propietario del predio. La anterior interpretación es armónica
con el texto del artículo 164 de la Ley 1437 de 2011 (en adelante, “CPACA”) según el cual el cómputo de la
caducidad inicia desde la acción causante del daño o desde que el demandante tuvo conocimiento de este si
fue con posterioridad”. Esta decisión tiene un salvamento de voto del magistrado Alberto Montaña Plata sobre la
imputación de responsabilidad.

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Radicación número: 13001-23-33-000-2019-00240-01 (74209)
Demandado: Guardis Humberto Guardo Figueroa
Demandado: Distrito Turístico y Cultural de Cartagena
de Indias
Referencia: Reparación directa (Ley 1437 de 2011)
Decisión: Revoca – niega
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riesgo, el ordenamiento de sus faldas y la promoción de usos recreativos y
turísticos compatibles con su valor ambiental y patrimonial.

44. El artículo 347 del Decreto 977 de 2001 también estableció que “no se
concederá permiso para urbanizar terrenos situados en suelos de
protección”. La disposición confirma que la clasificación del predio excluye
su urbanización mientras permanezca sometido a ese régimen.

45. Por lo tanto, el accionante acreditó que su propiedad quedó sometida
a una restricción de carácter ambiental, derivada de un acto administrativo
de contenido general. La medida asignó al área una vocación de
conservación, recuperación ecológica y protección paisajística. Sin
embargo, la constatación del daño no equivale, por sí sola, a demostrar que
el accionante asumió una carga que no estaba obligado a soportar.

46. Bajo el título de imputación por daño especial, no basta con acreditar
una limitación a un bien, también debe demostrarse que esa limitación
impuso al demandante una carga desproporcionada a la que
ordinariamente se deriva de la función social y ecológica de la propiedad.
Las cargas urbanísticas y ambientales no pueden valorarse en abstracto,
sino a partir del impacto concreto que producen sobre los derechos o
intereses jurídicamente protegidos de los administrados, así como las demás
condiciones físicas y normativas que incidían en el ejercicio de los atributos
esencial del derecho de propiedad. Le corresponde a la parte demandante
acreditar esa intensidad y demostrar que la medida ambiental produjo un
sacrificio individualizado que excedió las limitaciones ordinarias derivadas
de la función social y ecológica de la propiedad.

47. La función social y ecológica autoriza al Estado a condicionar el ejercicio
del derecho de propiedad y a exigir que su utilización sea compatible con
los intereses de la comunidad y con la preservación del ambiente. Esta
facultad no permite eliminar toda utilidad privada razonable del inmueble
ni trasladar exclusivamente a su propietario el costo de una finalidad
ambiental que beneficia a la colectividad. La función ecológica delimita el
derecho de propiedad, pero no autoriza su supresión material sin
compensación.

48. Bajo estas consideraciones, la Sala no cuenta con pruebas suficientes
para concluir que la afectación de los atributos del dominio provino de
manera exclusiva de la clasificación ambiental establecida en el POT.
Aunque el certificado de usos del suelo acreditó que el inmueble del
accionante estaba sometido a una limitación ambiental, no existe certeza
sobre la intensidad concreta de esa restricción en el derecho de propiedad.
En efecto, los documentos que obran en el expediente generan
incertidumbre sobre la ubicación exacta del predio, lo que impide
establecer si la afectación ambiental concurría con otras cargas o
condicionamientos derivados de las normas urbanísticas. Esta circunstancia
no desvirtúa la existencia de la limitación ambiental, sino que impide
determinar su impacto real sobre los atributos del dominio.

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Radicación número: 13001-23-33-000-2019-00240-01 (74209)
Demandado: Guardis Humberto Guardo Figueroa
Demandado: Distrito Turístico y Cultural de Cartagena
de Indias
Referencia: Reparación directa (Ley 1437 de 2011)
Decisión: Revoca – niega
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49. Algunos documentos sitúan el inmueble, al parecer, en La María, San
Francisco o La Esperanza, mientras que la parte demandante afirma que se
encuentra en Pie de la Popa. La divergencia y ambigüedad es relevante
porque cada uno de esos sectores puede estar sometido a condiciones de
riesgo y tratamientos urbanísticos diferentes, cuya aplicación depende de
la localización cartográfica precisa del predio. Ante la ambigüedad el juez
de la responsabilidad no puede suplir la ausencia de prueba mediante
apreciaciones cartográficas propias para inferir la ubicación del predio
respecto de los planos del POT ni presumir cuál de esos regímenes de uso
recae sobre el inmueble, pues excede su competencia y no tiene los
elementos técnicos para encontrar esa certeza.

50. Incluso si se admitiera que, por su extensión, el inmueble se encuentra
parcialmente en tres barrios o sectores distintos, no sería posible realizar una
valoración uniforme o totalizadora de sus condiciones de aprovechamiento.
Cada porción podría estar sometida a un régimen diferente de riesgos,
tratamientos urbanísticos, afectaciones viales, exigencias técnicas o
restricciones de uso. Era necesario identificar la localización precisa de cada
área y determinar, de forma diferenciada, las cargas que recaían sobre ella.
Sin ese análisis por porciones, no puede concluirse que todo el inmueble
soportó una misma limitación ni atribuirse globalmente el impacto alegado
a una sola causa, en particular a la restricción ambiental invocada en la
demanda.

51. La Sala encuentra que el artículo 33 del Decreto 977 de 2001 identificó el
sector nororiental del Cerro de La Popa, en los barrios San Francisco, La
María y sus alrededores, como una zona con susceptibilidad moderada a
fenómenos de remoción en masa. La disposición relacionó esa condición
con pendientes superiores a 17 grados y con la intervención humana sobre
el terreno. A su vez, el artículo 42 prohibió nuevos asentamientos en las zonas
de deslizamiento mientras se realizan los estudios correspondientes y
contempla programas de reubicación para las viviendas y habitantes que
se encuentren en situación de mayor vulnerabilidad o riesgo inminente. Estas
medidas responden a razones de estabilidad del suelo, seguridad de los
asentamientos y prevención de desastres, distintas de la finalidad de
conservación ecológica que fundamenta la protección ambiental del
Cerro de La Popa.

52. En relación con San Francisco, el artículo 35 también registró la existencia
de una falla geológica cubierta que parte del norte del Cerro de La Popa y
atraviesa, entre otros lugares, ese barrio. El artículo 43 prevé, para las áreas
sometidas a amenaza sísmica, medidas técnicas relacionadas con el
refuerzo de cimentaciones y estructuras. Aunque estas disposiciones no
establecen por sí mismas una prohibición absoluta de construir, sí pueden
imponer estudios, diseños, obras de estabilización o soluciones especiales de
cimentación que inciden en las condiciones y costos del aprovechamiento
del inmueble.

53. Si el predio estuviera ubicado en Pie de la Popa, como lo sostiene la parte
demandante, existiría otra condición relevante. El artículo 37 clasificó ese

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Radicación número: 13001-23-33-000-2019-00240-01 (74209)
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Referencia: Reparación directa (Ley 1437 de 2011)
Decisión: Revoca – niega
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sector como de susceptibilidad alta a la licuación de suelos. El artículo 44
dispuso la identificación de sitios críticos para rediseñar las cimentaciones y
densificar los terrenos. Por consiguiente, aun bajo la ubicación afirmada en
la demanda, el aprovechamiento urbanístico podría estar condicionado
por las características geotécnicas del suelo y por la necesidad de ejecutar
obras especiales, con independencia de la clasificación ambiental del
inmueble.

54. También concurren tratamientos urbanísticos que pueden incidir en las
posibilidades de uso, construcción y transformación del predio. Los artículos
187 y 188 someten a renovación urbana sectores de San Francisco y Pie de
la Popa. Este tratamiento permite modificar los usos, las intensidades y la
trama urbana, y determina que las actuaciones de urbanización y
construcción puedan desarrollarse mediante planes parciales. Por su parte,
los artículos 191 a 195 asignan el tratamiento de mejoramiento integral
parcial a sectores de Pie de la Popa y el de mejoramiento integral total a
sectores de San Francisco, La Esperanza y La María. Estos tratamientos
permiten actuaciones relacionadas con la rectificación o reorganización de
la trama urbana, la complementación de servicios públicos, la creación de
espacio público, el mejoramiento de edificaciones y los cambios de uso. Su
aplicación corresponde a los barrios o a partes de ellos, según la
delimitación del plano oficial.

55. La referencia a estas disposiciones no tiene por objeto declarar que todas
ellas recaen de manera efectiva sobre el inmueble. La falta de una
ubicación georreferenciada impide adoptar esa conclusión. Su relevancia
consiste en mostrar que, según cualquiera de las localizaciones señaladas
en el expediente, existían condiciones normativas y físicas capaces de incidir
autónomamente en el aprovechamiento del predio. Ante esos indicios, la
parte demandante debía individualizar el efecto de la clasificación
ambiental y diferenciarlo de las demás cargas potencialmente
concurrentes.

56. Cualquiera de las ubicaciones que aparecen en el expediente permite
advertir la posible concurrencia de cargas ajenas a la protección
ambiental: susceptibilidad a remoción en masa en San Francisco y La María;
amenaza sísmica y presencia de una falla cubierta en San Francisco; alta
susceptibilidad a la licuación de suelos en Pie de la Popa; tratamientos de
renovación o mejoramiento integral en San Francisco, La Esperanza, La
María y Pie de la Popa; y eventuales afectaciones derivadas del sistema vial.
Estas condiciones pueden incidir de forma autónoma en el uso y goce del
inmueble, pues condicionan la posibilidad de urbanizar o construir, la
intensidad del aprovechamiento, la clase de intervención permitida, la
necesidad de adoptar instrumentos de planificación y la ejecución de obras
técnicas o retiros.

57. Tampoco se acreditó cuál habría sido la situación jurídica, física y
económica del inmueble en ausencia de la clasificación ambiental. No se
aportó un estudio que determinara los usos permitidos, el área
efectivamente edificable, la intensidad de construcción posible, la

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Radicación número: 13001-23-33-000-2019-00240-01 (74209)
Demandado: Guardis Humberto Guardo Figueroa
Demandado: Distrito Turístico y Cultural de Cartagena
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Referencia: Reparación directa (Ley 1437 de 2011)
Decisión: Revoca – niega
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disponibilidad de servicios públicos, las condiciones de acceso, la viabilidad
de mitigar los riesgos o la existencia de un proyecto urbanístico concreto. Sin
esa línea de base no es posible establecer el efecto adicional producido por
la medida ambiental ni determinar si esta transformó un terreno susceptible
de aprovechamiento urbano en uno carente de utilidad razonable.

58. El expediente no contiene una identificación georreferenciada que
permita determinar con certeza en cuál de esos sectores se encuentra el
inmueble. Tampoco se aportaron los planos oficiales con la superposición
de sus linderos ni un estudio urbanístico, geotécnico o económico que
distinguiera el efecto atribuible a la clasificación ambiental de aquel que
podía provenir de las condiciones de riesgo, los tratamientos urbanísticos, las
afectaciones viales o las características físicas del terreno. La certificación
de que el inmueble se encuentra en un área de protección ambiental no
demuestra que todas las restricciones que soporta ni la totalidad de la
afectación de los atributos del dominio tengan esa única causa.

59. Esta conclusión no implica que el juez de la responsabilidad deba
pronunciarse sobre el alcance de las restricciones que no fueron
cuestionadas en la demanda. Esas materias son ajenas al objeto del litigio,
por lo que no tendría competencia para analizarlas. No obstante, la
existencia de indicios serios sobre su posible superposición impide atribuir
exclusivamente a la medida ambiental un impacto intenso sobre los
atributos del derecho de dominio. Para establecer esa relación causal, la
parte demandante debía demostrar cuál era el aprovechamiento
jurídicamente posible del inmueble sin la restricción ambiental y cuál fue el
efecto adicional que produjo esa medida. No cumplió esa carga, pues no
acreditó que, en ausencia de la clasificación ambiental, el predio pudiera
desarrollarse en las condiciones que afirma haber perdido.

60. El juez puede valorar las restricciones urbanísticas y las condiciones físicas
del inmueble en cuanto resulten relevantes para el juicio de responsabilidad.
Sin embargo, no puede suplir la ausencia de prueba técnica, reconstruir la
localización del predio mediante apreciaciones cartográficas propias ni
determinar, sin apoyo técnico, qué régimen corresponde a cada una de sus
porciones. La incertidumbre probatoria debe resolverse conforme a las
reglas sobre carga de la prueba y no mediante la presunción de que toda
la afectación provino de la clasificación ambiental.

61. Aunque las disposiciones ambientales impusieron una limitación sobre el
inmueble, no puede concluirse que constituyeran la causa exclusiva y
determinante de la afectación patrimonial alegada. La incertidumbre sobre
la ubicación del predio, el régimen urbanístico aplicable y las condiciones
físicas del suelo impide determinar la intensidad real de la limitación
imputable a la entidad demandada. Tampoco permite establecer si la
medida ambiental produjo, por sí sola, una alteración sustancial de las
facultades de uso goce y disposición, o si sus efectos concurrieron con
cargas vinculadas a la localización y las características del inmueble. Esta
insuficiencia probatoria impide afirmar que la restricción ambiental rompió,
en detrimento del accionante, el equilibrio frente a las cargas públicas.

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Radicación número: 13001-23-33-000-2019-00240-01 (74209)
Demandado: Guardis Humberto Guardo Figueroa
Demandado: Distrito Turístico y Cultural de Cartagena
de Indias
Referencia: Reparación directa (Ley 1437 de 2011)
Decisión: Revoca – niega
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2.3. Costas

62. De acuerdo con el artículo 188 del CPACA, y el artículo 365.5 del CGP, la
Sala se abstendrá de imponer costas, porque el recurso prosperó
parcialmente en lo relativo a la caducidad.

3. DECISIÓN

63. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE

PRIMERO: REVOCAR la Sentencia de 31 de julio de 2025, proferida por el
Tribunal Administrativo de Bolívar, que declaró probada la excepción de
caducidad, y en su lugar, DENEGAR las pretensiones de la demanda, por las
razones expuestas en esta providencia.

SEGUNDO: Sin condena en costas.

TERCERO: Ejecutoriada esta providencia devolver el expediente al Tribunal
de origen para su cumplimiento y expedir a la parte actora las copias
auténticas con las constancias.

NOTIFÍQUESE, CÓPIESE Y CÚMPLASE

Firmado electrónicamente
FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Presidente de la Subsección

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
ALBERTO MONTAÑA PLATA DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA
Magistrado Magistrado

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