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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-36-000-2014-00464-02

Fecha
17 de abril de 2026
Consejero ponente
Diego Enrique Franco Victoria
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-36-000-2014-00464-02

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

RESUELVE: PRIMERO: MODIFÍCASE el numeral segundo de la sentencia del 23 de julio de 2020 proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A, el cual quedará así: SEGUNDO: CONDENAR en costas a la parte demandante y a favor de las entidades públicas demandadas, para lo cual se FIJAN por concepto de agencias en derecho, las siguientes sumas: 2.1. A favor del DISTRITO CAPITAL, la suma de quince millones de pesos ($15.000.000). 2.2. A favor de la NACIÓN -MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE, la suma de veinte millones de pesos ($20.000.000). 2.3. A favor de la CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA, la suma de veinte millones de pesos ($20.000.000). SEGUNDO: CONFÍRMASE en lo demás la sentencia del 23 de julio de 2020 proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A. TERCERO: CONDÉNASE en costas segunda instancia a la parte demandante a favor de las entidades demandadas, las cuales serán tasadas de manera concentrada por el tribunal de primera instancia. 80 “Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil. <Inciso adicionado por el artículo 47 de la Ley 2080 de 2021. El nuevo texto es el siguiente:> En todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal. 81 “Artículo 365. Condena en costas. En los procesos y en las actuaciones posteriores a aquellos en que haya controversia la condena en costas se sujetará a las siguientes reglas: 1. Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva desfavorablemente el recurso de apelación, casación, queja, súplica, anulación o revisión que haya propuesto. Además, en los casos especiales previstos en este código. (…)” 82 “Artículo 366. Liquidación. Las costas y agencias en derecho serán liquidadas de manera concentrada en el juzgado que haya conocido del proceso en primera o única instancia, inmediatamente quede ejecutoriada la […]

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 25000-23-36-000-2014-00464-02

Consejero ponente: Diego Enrique Franco Victoria

17 de abril de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B

Magistrado ponente: DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA

Bogotá D.C., diecisiete (17) de abril de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Reparación directa
Radicación: 25000-23-36-000-2014-00464-02 (67186)
Demandantes: Inversiones El Charrascal Ltda.
Demandados: Bogotá Distrito Capital, Corporación Autónoma Regional de
Cundinamarca, y Nación – Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible

La Sala resuelve el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante en
contra de la sentencia proferida el 23 de julio de 2020 por el Tribunal Administrativo
de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A, en la que negó las pretensiones
de la demanda y condenó en costas a la parte demandante. La Sala es competente
para proferir esta providencia porque resuelve la apelación interpuesta contra la
sentencia dictada por el Tribunal, el cual conoció el proceso en primera instancia,
en razón a la naturaleza y la cuantía estimada en la demanda1.

SÍNTESIS2

La sociedad demandante es propietaria de dos (2) inmuebles ubicados en el cerro
La Conejera de Bogotá, el cual fue declarado Parque Ecológico Distrital por lo que
se limitó el uso de suelo y la posibilidad de explotarlos económicamente. En primera
instancia se negaron las pretensiones de la demanda porque no se configuró un
daño indemnizable en la medida que las limitaciones al uso de los predios derivan
de la función social y ecológica del derecho de propiedad. La Sala confirma la
decisión de primera instancia, toda vez que la sociedad demandante debe soportar
las limitaciones al uso del suelo de los predios provenientes de una afectación
ambiental, asociada de la función ecológica del derecho de propiedad, que no
implican una limitación absoluta de su derecho.

1 Según el numeral 6 del artículo 152 de la Ley 1437 de 2011, antes de la reforma de la Ley 2080 de 2021, los

Tribunales Administrativos conocen en primera instancia las demandas de reparación directa cuya cuantía
exceda los 500 SMLMV, lo que ascendía a $308.000.000 para el momento de presentación de la demanda. La
cuantía estimada de la demanda superó dicho monto.
2 Tema: Daño antijurídico / afectación al derecho de propiedad / función ecológica de la propiedad

Radicado: 25000-23-36-000-2014-00464-02 (67186)
Demandante: Inversiones El Charrascal Ltda.

I. ANTECEDENTES

A. Posición del grupo demandante

1. La sociedad Inversiones El Charrascal Ltda.3 presentó demanda el 8 de abril de
2014 en ejercicio del medio de control de reparación directa en contra de Bogotá
Distrito Capital (en adelante, el “Distrito Capital”), la Corporación Autónoma
Regional de Cundinamarca (en adelante, “CAR”) y la Nación – Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sostenible (en adelante, el “Ministerio de Ambiente”), de
acuerdo con las siguientes pretensiones:

PRIMERA: Que se declare que la Demandante es víctima de un daño antijurídico por
la ocupación jurídica permanente por parte de la Nación- Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible de los siguientes inmuebles:
1. Lote No. 1, con un área 50.340.41 metros cuadrados identificado con el folio de
matrícula inmobiliaria No. 50N-20328623, ubicado en la Calle 169B No. 75-50 (en
adelante Lote No. 1).
2. Lote No. 4, con un área de 55.651,06 metros cuadrados, identificado con el folio
de matrícula inmobiliaria No. 50N-20328625, ubicado en la Avenida calle 170 No. 76-
25 de la ciudad de Bogotá (en adelante Lote No. 4).
(Conjuntamente los Inmuebles). (sic)
SEGUNDA: Que se declare que la Demandante es víctima de un daño antijurídico
por la ocupación jurídica permanente por parte del Distrito de Bogotá de los
Inmuebles, como consecuencia de la expedición del Decreto 190 de 2004 “Por medio
del cual se compilan las disposiciones contenidas en los Decretos Distritales 619 de
2000 y 469 de 2003”.
TERCERA: Que se declare que la Demandante es víctima de un daño antijurídico por
la ocupación jurídica permanente por parte de la Corporación Autónoma Regional de
Cundinamarca de los Inmuebles, como consecuencia de la expedición de la
Resolución 1869 de 1999 “Por medio de la cual por la cual se declara concluido el
proceso de concertación del Plan de Ordenamiento Territorial de Santa Fe de Bogotá
D.C.”.
CUARTA: Que se declare que la Nación- Ministerio de Medio Ambiente, al Distrito
Capital de Bogotá y a la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca son
administrativamente responsables en forma solidaria por los perjuicios materiales
ocasionados como consecuencia de la ocupación jurídica descrita en las pretensiones
anteriores o proporcionalmente según lo encuentre demostrado el Tribunal.
QUINTA. Que, como consecuencia de las anteriores pretensiones, que se condene
solidariamente o proporcionalmente según lo encuentre demostrado el Tribunal al
Distrito, a la Nación- Ministerio de Ambiente y a la CAR, a pagar a la Demandante la
suma de $ 124.141.786.650 por el daño emergente o lo que se pruebe, causado a la
demandante por la imposibilidad de la explotación económica de los predios urbanos
y por la reducción en el valor comercial de los Inmuebles.
SEXTA. Que además se ordene el reconocimiento y el pago a favor de la demandante
de los intereses de mora que se hubieran podido causar desde el momento en que la
demandante tuvo conocimiento de la ocupación del inmueble hasta la fecha en que
quede ejecutoriada la respectiva sentencia4 (negrillas del original).

2. La parte demandante expuso como fundamento fáctico, en síntesis, lo siguiente:

3 La sociedad Inversiones El Charrascal Ltda celebró contrato de cesión de derechos litigiosos con la sociedad

Inversiones 74 S.A.S. (folios 346 a 348 cuaderno 1), y el Tribunal aceptó la cesión en providencia del 18 de julio
de 2016 (folios 398 a 399 cuaderno 1).
4 Pretensiones transcritas del memorial de subsanación de la demanda (Folios 48 a 55 cuaderno 1).

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Radicado: 25000-23-36-000-2014-00464-02 (67186)
Demandante: Inversiones El Charrascal Ltda.

2.1. La sociedad demandante adquirió mediante escritura pública del 19 de abril de
1990 un inmueble con un área aproximada de 346.921 m2, que posteriormente
dividió y del que se derivaron, entre otros, dos (2) predios que denominó “Lote 1”,
identificado con el folio de matrícula inmobiliaria 50N-20328623, ubicado en la calle
169B # 75-50 y “Lote 4”, identificado con el folio de matrícula inmobiliaria 50N-
20328625, ubicado en la calle 170 # 76-25 en la ciudad de Bogotá.

2.2.Entre 1998 y 1999, se surtió el proceso de concertación del Plan de
Ordenamiento Territorial (POT) entre el Distrito Capital y la CAR, en el cual se
presentaron desacuerdos sobre la clasificación de suelos para áreas de protección.
Finalmente, la CAR expidió la Resolución 1869 de 1999 en la que se declaró
concertado el proyecto de POT en lo referente a la estructura ecológica distrital.

2.3. ElMinisterio de Ambiente expidió la Resolución 475 de 2000, en la cual
estableció que los parques ecológicos distritales recibirían tratamiento de áreas
protegidas. Posteriormente, el Distrito Capital profirió el Decreto 190 de 2004,
compilatorio del POT, en el cual dispuso que el cerro La Conejera tendría el
tratamiento de Parque Ecológico Distrital.

2.4. Con base en la normatividad mencionada, el Lote No. 1 quedó localizado en su
totalidad dentro del Área Protegida 3 (AP-3) Parque Ecológico Distrital Cerro La
Conejera, mientras que el Lote No. 4 quedó parcialmente afectado por dicha zona
(20.000m2 de dicho predio no estaban afectados).

2.5. En marzo de 2013, la Curaduría Urbana 2 de Bogotá precisó que los inmuebles
se encuentran en la Unidad de Planeamiento Zonal 23 Casablanca Suba y que
están sujetos a restricciones en el uso del suelo por formar parte del sistema de
áreas protegidas.

2.6. Con posterioridad, el Distrito Capital expidió el Decreto 364 de 2013 (POT), que
redelimitó las áreas protegidas e incluyó la totalidad del área que no estaba afectada
del Lote No. 4 (20.000m2), dentro del Parque Ecológico Distrital Cerro La Conejera.

2.7. Se configuró una ocupación jurídica permanente y un daño antijurídico porque
los inmuebles no pueden ser urbanizados ni explotados económicamente por las
limitaciones impuestas. Adicionalmente, existe un detrimento patrimonial, puesto
que la afectación jurídica redujo drásticamente el valor comercial de los inmuebles
según dictamen de la Lonja Nacional de Propiedad Raíz realizado en el año 2013.

2.8. No se controvierte la legalidad de los actos administrativos que declararon los
inmuebles como parte del Parque Ecológico Distrital Cerro La Conejera. Lo que se
pretende es la declaratoria de responsabilidad Estatal a título de daño especial
habida cuenta que la ocupación jurídica de los predios se produjo para proteger el
interés general, pero causó la ruptura del principio de igualdad frente a las cargas
públicas que la sociedad demandante no debe soportar.

3

Radicado: 25000-23-36-000-2014-00464-02 (67186)
Demandante: Inversiones El Charrascal Ltda.

B. Posición de la parte demandada5

3. El Ministerio de Ambiente propuso la excepción de falta de legitimación en la
causa por pasiva, pues no expidió los decretos del POT que fueron los causantes
del daño (Decreto 190 de 2004 y Decreto 364 de 2013). Agregó que la demanda
fue extemporánea porque las actuaciones del Ministerio ocurrieron en el año 2000
durante la concertación del POT de Bogotá, y la expedición del POT de 2013 no
revivía términos. Finalmente, señaló que las limitaciones en el uso del suelo de los
inmuebles obedece a la función social y ecológica del derecho de propiedad por lo
que la sociedad demandante debe soportarlas6.

4. La CAR propuso la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva, al
sostener que si bien emitió algunos conceptos, estos se referían a áreas rurales y
no a zonas protegidas ubicadas dentro del perímetro urbano, ámbito en el cual
afirmó no tener competencia. Asimismo, formuló la excepción de caducidad,
argumentando que desde el año 1995 el cerro La Conejera fue declarado reserva
natural. Finalmente, adujo que los perjuicios no fueron demostrados, pues el
dictamen pericial aportado con la demanda carecía de sustento técnico7.

5. El Distrito Capital sostuvo que no se vulneró ningún derecho adquirido ni el
principio de confianza legítima de la sociedad demandante, toda vez que no existían
licencias de construcción previamente otorgadas respecto de los predios. También
propuso la excepción de caducidad del medio de control, al considerar que la
demanda fue presentada más de dos (2) años después de la expedición del POT
de 2004. Finalmente, señaló que el medio de control era improcedente, pues se
debió controvertir la legalidad de los actos administrativos que, según la parte
actora, causaron el daño8.

C. Trámite relevante en primera instancia

6. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca rechazó la demanda por caducidad
del medio de control, mediante providencia del 6 de febrero de 20179. Sin embargo,
esta Corporación, en auto del 9 de noviembre de 2017, revocó la decisión al resolver
el recurso de apelación interpuesto por la sociedad demandante. La decisión se
fundamentó en las siguientes consideraciones:

Ahora bien, a juicio de la Sala es menester revocar el auto impugnado en cuanto
declara la caducidad del medio de control de reparación directa, dado que, de los
hechos y pretensiones incoadas se colige que el asunto trata de una afectación
permanente que no ha concluido, generada por la declaración de Parque Ecológico
Distrital del Cerro la Conejera, mediante resolución 475 de 2000, modificada por la
resolución 621 del mismo año. (…) Ahora, en aplicación de los principios pro actione

5 La Sala advierte que en el expediente obra contestación de la demanda allegada por la Empresa de Acueducto

y Alcantarillado de Bogotá S.A. E.S.P., (Folios 144 a 168 cuaderno 1); sin embargo, la demanda no se dirigió
contra esta y tampoco se ordenó su vinculación en el auto admisorio de la demanda.
6 Folios 105 a 113 cuaderno 1.
7 Folios 117 a 129 cuaderno 1.
8 Folios 187 a 211 y 276 a 292 cuaderno 1.
9 Folios 436 a 441 cuaderno principal.

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Radicado: 25000-23-36-000-2014-00464-02 (67186)
Demandante: Inversiones El Charrascal Ltda.

y pro damato, así como el acceso a la administración de justicia es menester el estudio
de la admisión del medio de control de la referencia. Esto es, la providencia
impugnada habrá de revocarse en cuanto declara la caducidad del medio de control,
sin perjuicio de que se vuelva sobre la cuestión para resolver el fondo del litigio, oídas
las demandadas y practicadas las pruebas, para así mismo establecer el daño, su
naturaleza y alcances10.

D. Sentencia recurrida

7. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A, en
sentencia del 23 de julio de 2020, negó las pretensiones de la demanda, con base
en las siguientes consideraciones11:

7.1. Concluyó del análisis probatorio que los predios se encontraban ubicados (de
manera total respecto del Lote 1 y de manera parcial respecto del Lote 4) en el
Parque Ecológico Distrital Cerro de la Conejera, que correspondía a área protegida
con limitación en el uso del suelo. Agregó que la porción no afectada del Lote 4 se
encuentra en una zona de tratamiento de desarrollo, con posibilidad de desarrollar
condicionadamente obras de infraestructura.

7.2. En virtud de lo anterior, desestimó las conclusiones del dictamen practicado en
el curso del proceso, cuyo objeto era determinar las restricciones de los inmuebles
y el uso que se les puede dar, toda vez que la experticia no determinó con claridad
el área del Lote 4 que se encuentra afectada por la protección ambiental, ni precisó
los usos de la parte no afectada.

7.3. Sostuvo que el dictamen allegado por la sociedad demandante para determinar
el avalúo de los predios adolecía de un error grave. Al respecto, precisó que, para
determinar el menor valor de los predios se usó un método comparativo, pero la
experticia no precisó los datos de los inmuebles que se usaron como referencia
comparativa, lo cual impedía determinar la veracidad de los valores consignados en
el dictamen.

7.4. No se configuró un daño indemnizable “en razón a que la restricción impuesta a
los bienes, tiene relación con una obligación derivada de la función social y
ecológica que no vulnera el equilibrio frente a las cargas públicas”12.

7.5. La sociedad demandante no tenía un derecho adquirido, pues el uso de suelo
de los inmuebles podía ser objeto de modificación por la Administración. Además,
no se advirtió un comportamiento estatal que haya creado expectativas legítimas
encaminadas a reconocer o permitir la explotación de los inmuebles sin ninguna
restricción.

7.6. No se acreditó que la sociedad demandante hubiera realizado gestiones, ni que
contara con permisos y licencias tendientes a la materialización de un proyecto
10 Folios 447 a 452 cuaderno principal. La decisión fue objeto de salvamento de voto por el magistrado Danilo

Rojas Betancourth y de aclaración de voto por el magistrado Ramiro Pazos Guerrero
11 Archivo “2_ED_02SENTENCIA27DEJ(.PDF)”, Índice 002 Samai
12 Página 26, archivo “2_ED_02SENTENCIA27DEJ(.PDF)”, Índice 002 Samai

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Demandante: Inversiones El Charrascal Ltda.

urbanístico o algún acto que llevara al convencimiento de la materialización de las
expectativas de explotación que tenía frente a los predios.

7.7. Finalmente, condenó en costas a la parte demandante. Por concepto de
agencias en derecho condenó al pago de $20.000.000 a favor de cada una de las
demandadas, en atención a la cuantía de las pretensiones de la demanda y a la
calidad de la gestión realizada por los apoderados de las entidades demandadas.

E. Recurso interpuesto

8. La parte demandante solicitó la revocatoria de la decisión con fundamento en los
siguientes reparos13:

8.1. El Tribunal se equivocó al concluir que no se probaron las limitaciones impuestas
a los inmuebles, pese a haber reconocido que estos se encontraban ubicados en
un área protegida ambiental. Por mandato legal, dicha ubicación implica
restricciones de uso y de explotación económica que sí se acreditaron.

8.2. La decisión de primera instancia no reconoció como hecho probado la expedición
y los efectos de la Resolución 03653 de 2014 de la Secretaría Distrital de Ambiente,
mediante la cual se impusieron medidas específicas de protección ambiental sobre
los inmuebles, restringiendo su uso a la conservación ambiental.

8.3.La existencia de un daño antijurídico no depende de que se impongan
restricciones por la función social o ecológica, sino que depende de la intensidad de
esas limitaciones en la medida en que pueden existir restricciones leves o graves.
En este caso, las limitaciones fueron tan graves que anularon toda posibilidad de
explotación del predio, afectando el núcleo esencial del derecho de propiedad.
Además, ninguna persona estaría dispuesta a comprar unos inmuebles con ese
grado de afectación.

8.4. No debió excluirse de valoración el dictamen pericial allegado con la demanda
referente al avalúo de los inmuebles. El dictamen no contenía defectos de tal
magnitud como para configurar error grave, además identificó correctamente los
inmuebles, su afectación y su valor con y sin restricciones.

8.5. Existió un yerro al cuantificar las agencias en derecho porque el Distrito Capital
presentó alegatos de conclusión extemporáneamente y no hay pruebas de su
causación.

F. Trámite relevante en segunda instancia

9. El recurso de apelación fue admitido mediante auto del 27 de agosto de 202114.

13 Archivo “16_ED_16ANEXOMEMORIAL1(.PDF)”, Índice 002 Samai
14 Folio 758 cuaderno principal.

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10. En providencia del 26 de mayo de 2022, se negó la incorporación como prueba
de segunda instancia de la Resolución 03653 del 20 de noviembre de 2014. Esta
decisión fue confirmada en auto del 16 de agosto de 202215.

11. En auto del 16 de noviembre de 2022 se corrió traslado a las partes para alegar
de conclusión16. El Distrito Capital solicitó la declaratoria de caducidad de la acción
o la confirmación de la sentencia de primera instancia17. En igual sentido, la CAR y
la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado pidieron la confirmación de la
sentencia18. La parte demandante, por su parte, solicitó que se accediera a las
pretensiones de la demanda19.

II. CONSIDERACIONES

G. Aspectos procesales

12. La sociedad demandante está legitimada en la causa por activa, puesto que
demostró su derecho de propiedad respecto de los inmuebles por los cuales solicita
indemnización de perjuicios. En efecto, con la demanda se allegó: i) la escritura
pública de compraventa 2571 del 19 de abril de 199020 de la Notaria Quinta del
Círculo Notarial de Bogotá en la cual adquirió un lote de terreno con un área de
346.921m2, y ii) el folio de matrícula inmobiliaria número 50N-20328623,
correspondiente al “lote 1” con un área de 50.340 m2, y el número 50N-20328625,
correspondiente al “lote 4” con un área de 58.039 m2, en los cuales consta la
anotación de la división material a través de la Escritura Pública 575 del 21 de abril
de 1999 de la Notaria 44 del Círculo de Bogotá y que la sociedad demandante es la
propietaria21. Además, se advierte que, según jurisprudencia unificada de esta
Sección, el certificado del registro de instrumentos públicos constituye plena prueba
del derecho de propiedad sobre inmuebles22.

13. Ahora bien, en cuanto al análisis de la oportunidad de presentación de la
demanda, la Sala no comparte las consideraciones que esta Corporación hizo en el
auto proferido el 9 de noviembre de 2017, en el que se estimó que el daño
reclamado era de tipo continuado. Los daños relacionados con limitaciones jurídicas
del derecho de propiedad son limitaciones que se consuman en un momento
determinado por lo que corresponden a daños instantáneos sin que la proyección
de los perjuicios que tal afectación genera permita extender el término de caducidad.

13.1. Al margen de lo anterior, se estima que la demanda se presentó oportunamente
por lo que se estudiarán de fondo las pretensiones. De conformidad con la

15 Índice 25 Samai.
16 Índice 34 Samai.
17 índice 36 Samai.
18
Índices 39 y 41 Samai
19 Índice 37 Samai
20 Folios 16 a 19 cuaderno 2.
21 Folios 223 a 226 cuaderno 2.
22 Consejo de Estado, Sección Tercera, Sala Plena, Sentencia del 13 de mayo de 2014, expediente 76001-23-

31-000-1996-05208-01 (23128), CP Mauricio Fajardo Gómez.

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Demandante: Inversiones El Charrascal Ltda.

jurisprudencia de esta Corporación, en los casos de responsabilidad del Estado por
afectación jurídica de bienes inmuebles el término de caducidad se computa a partir
del conocimiento que tiene el propietario de la limitación a su derecho de dominio23,
lo cual ocurre con la inscripción de la anotación en el respectivo folio de matrícula
inmobiliaria24, en razón de la publicidad que brinda el registro, o desde la notificación
del acto administrativo general o particular que generó la limitación del derecho de
propiedad25.

13.2. Sin embargo, la notificación del acto administrativo general solo puede ser
parámetro para el cómputo del término de caducidad cuando, de su lectura, sea
evidente que está afectando la situación jurídica de un predio determinado, pues si
lo que hace el acto administrativo general es crear áreas de protección sin precisar
cuáles predios están comprendidos en las áreas de reserva, no resultaría oponible
desde dicho momento la afectación al propietario del predio. La anterior
interpretación es armónica con el texto del artículo 164 de la Ley 1437 de 2011 (en
adelante, “CPACA”) según el cual el cómputo de la caducidad inicia desde la acción
causante del daño o desde que el demandante tuvo conocimiento de este si fue con
posterioridad26.

13.3. En este caso, en los folios de matrícula inmobiliaria de los inmuebles de
propiedad de la sociedad demandante no aparece registrada alguna anotación que
afecte o limite el derecho de propiedad. Adicionalmente, los actos administrativos
generales que son mencionados en la demanda como generadores del daño se
limitan a crear zonas de reserva y áreas protegidas, pero no identifican los
inmuebles afectados, por lo que no es evidente que estén generando una restricción
a los predios del demandante y, por ende, no pueden usarse como parámetros para
el cómputo de la caducidad27.

23 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 5 de julio de 2018, expediente 47001-23-

31-000-2006-00937-01 (43916), CP Marta Nubia Velásquez Rico: “En relación con el término para formular las
pretensiones de reparación directa, en las que se pretende la indemnización de perjuicios en razón de la
ocupación jurídica de un bien, debe señalarse que el término para la interposición de la demanda no se cuenta
desde el momento en que se declaró afectado el bien por razones de utilidad pública, sino desde el instante en
el que el interesado tiene conocimiento de que, con ocasión de tal declaratoria, se limitó el ejercicio de su
derecho de dominio por la imposibilidad jurídica y material que tiene de usar o disponer del mismo”.
24 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 27 de abril de 2016, expediente 47001-

23-31-000-2002-00215-01 (34623), CP Marta Nubia Velásquez Rico: “Para la Sala, la caducidad de la acción
de reparación directa respecto de la ocupación jurídica de bienes inmuebles se debe contar, de manera general,
a partir del día siguiente a aquél en que la afectación al interés general se inscriba en el Registro de
Instrumentos Públicos, puesto que es desde ese evento en que se hace pública la decisión de la Administración
de limitar el ejercicio de propiedad respecto del bien objeto de la afectación.”.
25 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, Sentencia del

10 de octubre de 2024, expediente 08001233300020190069701 (70368), CP Fredy Ibarra Martínez: “La
afectación invocada en la demanda se materializó en un solo momento (daño instantáneo) con la expedición
del Decreto no. 0154 del 6 de septiembre de 2000 y el Decreto no. 0212 del 28 de febrero de 2014, actos
administrativos a través de los cuales se expidieron los planes de ordenamiento territoriales del distrito especial
que afectaron los dos mencionados predios de propiedad de la demandante.”
26 “Artículo 164. (…) Cuando se pretenda la reparación directa, la demanda deberá presentarse dentro del

término de dos (2) años, contados a partir del día siguiente al de la ocurrencia de la acción u omisión causante
del daño, o de cuando el demandante tuvo o debió tener conocimiento del mismo si fue en fecha posterior y
siempre que pruebe la imposibilidad de haberlo conocido en la fecha de su ocurrencia”.
27 La Sala advierte que la Resolución 475 de 2000 del Ministerio de Ambiente y el Decreto 190 de 2004 (POT)

indican que están integrados por planos, pero estos no fueron allegados al proceso. Además, según oficio de
la Secretaría de Planeación la cartografía no contempló el área protegida en el cual estaban ubicados los predios
de la sociedad demandante: “se pudo determinar que la cartografía anexa al mencionado decreto distrital
[Decreto Distrital 190 de 2004, compilatorio de los Decretos Distritales 619 de 2000 y 469 de 2003] no incluyó

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13.4. Por otro lado, se evidencia que el Distrito Capital allegó junto con la contestación
de la demanda documentación según la cual en los años 2007 y 2008 se solicitó la
aprobación del Plan Parcial El Refugio – Charrascal en varios predios, y entre estos
los lotes 1 y 4 de la sociedad demandante, lo cual no fue posible debido a las
limitaciones ambientales. La Sala no puede deducir el conocimiento de la parte
demandante de las limitaciones a su derecho de propiedad con base en la referida
documentación habida cuenta que las gestiones no fueron realizadas por la
sociedad demandante, sino por parte de un tercero en representación de otra
sociedad28.

13.5.De las pruebas obrantes en el proceso se evidencia que la sociedad
demandante conoció de la afectación ambiental de los inmuebles con los oficios de
la Curaduría Urbana Nro. 2 de Bogotá el 21 de marzo de 2013 que allegó junto con
la demanda. Así, la parte demandante tenía hasta el 22 de marzo de 2015 para
presentar la demanda lo cual ocurrió el 8 de abril de 2014, esto es, oportunamente.
Adicionalmente, el término estuvo suspendido entre el 14 de noviembre de 2013 y
el 13 de febrero de 2014, con ocasión del trámite de conciliación extrajudicial29.

H. Sentido de la decisión

14. La Sala confirmará la sentencia de primera instancia que negó las pretensiones
de la demanda, puesto que la sociedad demandante debe soportar las limitaciones
al uso del suelo de los predios derivadas de una afectación ambiental asociada a la
función ecológica del derecho de propiedad y no constituyen una restricción
absoluta de dicho derecho; además, que no se demostró la desvalorización de los
predios.

15. La Sala analizará inicialmente el marco normativo relacionado con la
responsabilidad patrimonial del Estado por las limitaciones al derecho de propiedad.
Luego descenderá al caso concreto para exponer las razones por las cuales no se
configura la responsabilidad extracontractual.

I. Marco normativo sobre la responsabilidad patrimonial del Estado y las
limitaciones al derecho de propiedad

16. El fundamento de la responsabilidad patrimonial del Estado en el ordenamiento
jurídico colombiano se encuentra en el artículo 90 de la Constitución Política,
conforme al cual el Estado deberá responder “por los daños antijurídicos que le sean
imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas”. Así,
la responsabilidad estatal se estructura alrededor de la noción de daño antijurídico,
tal y como ha precisado la jurisprudencia constitucional:

dentro del enunciado Parque Ecológico Distrital el sector denominado como AP – 3, aún a pesar de que el
mismo fue contemplado por las resoluciones del Ministerio de Ambiente [resoluciones 475 y 621 del año 2000]”
(Folio 36 cuaderno 3).
28 Folios 45 a 62 cuaderno 3.
29 Folio 238 cuaderno 2.

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[L]a fuente de la responsabilidad patrimonial del Estado es un daño que debe ser
antijurídico, no porque la conducta del autor sea contraria al derecho, sino porque el
sujeto que lo sufre no tiene el deber jurídico de soportar el perjuicio, por lo cual éste
se reputa indemnizable. Esto significa obviamente que no todo perjuicio debe ser
reparado porque puede no ser antijurídico, y para saberlo será suficiente acudir
a los elementos del propio daño (…)30 (destacado fuera de texto)

17. De lo anterior se deduce que la responsabilidad estatal no es automática, pues
la sola existencia de un daño no implica per se el deber de indemnizar. No todas las
afectaciones ocasionadas por la actuación estatal deben ser reparadas en la medida
que los ciudadanos deben soportar aquellas que corresponden a las cargas
normales del funcionamiento regular de la Administración.

18. Por ende, es necesario determinar si el daño cuya indemnización se reclama es
antijurídico, para lo cual resulta relevante determinar si es particular, es decir, aquel
que “recae sólo sobre alguno o algunos de los Administrados”31 y si es grave en el
entendido que corresponde a una afectación relevante y superior a las cargas
normales que deben soportarse por el hecho de vivir en una sociedad organizada.

19. Ahora bien, en cuanto al derecho de propiedad debe resaltarse que el artículo 58
de la Constitución Política garantiza la propiedad privada y los demás derechos
adquiridos con arreglo a la ley, pero establece que la propiedad es una función
social que implica obligaciones y que, como tal, le es inherente una función
ecológica32. La norma descarta una concepción absoluta del derecho de dominio,
pues habilita a la imposición de cargas o limitaciones orientadas a la satisfacción
del interés general.

20. De este modo, el ordenamiento jurídico reconoce que el derecho de propiedad
puede ser objeto de restricciones, las cuales no constituyen, por sí mismas, una
vulneración del derecho, sino manifestaciones legítimas de su configuración
constitucional. Al respecto, la Corte Constitucional ha precisado lo siguiente sobre
las limitaciones y alcance del derecho de propiedad:

La configuración constitucional del derecho de propiedad pone de presente
que se trata de un derecho que tiene variadas formas de manifestarse pero que,
en todo caso, es restringible. En síntesis, el ordenamiento jurídico puede prever
diferentes instrumentos para configurarlo: (i) delimitando las formas de su ejercicio y,
por ello, las facultades que ampara; (ii) estableciendo límites a dichas posiciones, (iii)
imponiéndole en algunos casos gravámenes y, en eventos extraordinarios; (iv)

30 Corte Constitucional. Sentencia C 333 de 1996. M.P. Alejandro Martínez Caballero
31 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 13 de septiembre

de 1991, expediente 6.453 MP Daniel Suárez Hernández.
32 “Artículo 58. Se garantizan la propiedad privada y los demás derechos adquiridos con arreglo a las leyes

civiles, los cuales no pueden ser desconocidos ni vulnerados por leyes posteriores. Cuando de la aplicación de
una ley expedida por motivos de utilidad pública o interés social, resultaren en conflicto los derechos de los
particulares con la necesidad por ella reconocida, el interés privado deberá ceder al interés público o social.
La propiedad es una función social que implica obligaciones. Como tal, le es inherente una función ecológica.
El Estado protegerá y promoverá las formas asociativas y solidarias de propiedad.
Por motivos de utilidad pública o de interés social definidos por el legislador, podrá haber expropiación mediante
sentencia judicial e indemnización previa. Esta se fijará consultando los intereses de la comunidad y del
afectado. En los casos que determine el legislador, dicha expropiación podrá adelantarse por vía administrativa,
sujeta a posterior acción contenciosa - administrativa, incluso respecto del precio” (negrillas propias).

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privando a su titular, del derecho de propiedad mediante la expropiación. Estas
intervenciones dan lugar, en cada caso, a la definición de las diferentes posiciones
jurídicas del propietario o titular del derecho.
Estas modalidades de intervención en el derecho de propiedad pueden
fundarse en diferentes razones que, a su vez, justifican la intensidad de la
restricción. Así por ejemplo, en casos en los que colisionan el interés público o social
y el interés privado, debido a que el particular propietario de un bien inmueble impide
la realización de un proyecto de interés social, el Estado tiene la potestad -en las
condiciones previstas en la ley y bajo la condición de indemnizar al particular
afectado- de privarlo del derecho de dominio. En otros casos, atendiendo la
necesidad de preservar el medio ambiente o atender los diferentes
requerimientos de las ciudades, puede determinar el alcance de las facultades
de uso, goce y disposición del derecho de propiedad adquirido, acudiendo, por
ejemplo, a la expedición de normas que regulen los derechos a edificar o a usar
el suelo. En otros casos su ejercicio no entra en tensión con el interés público ni la
función social de la propiedad y, en consecuencia, resulta intangible.
La comprensión del artículo 58 en los términos antes referidos permite vislumbrar la
importancia cardinal del derecho de propiedad en la Constitución de 1991 y, al mismo
tiempo, identificar que dicha valoración se encuentra atada al reconocimiento de que
se trata de un derecho restringible mediante diferentes instrumentos y con
fundamento en diversos motivos. Igualmente hace factible establecer que la
categoría derecho adquirido como situación jurídica consolidada no equivale a
su intangibilidad, en tanto con fundamento en la Carta dichos derechos no solo
pueden ser delimitados, limitados o gravados sino también expropiados.33
(negrilla de la Sala)

21. Así, la Administración está legitimada para expropiar un bien cuando este sea
necesario para la ejecución de una obra de utilidad pública, o bien para imponer
restricciones a su ejercicio, sin afectar su titularidad, con el fin de que se ajuste a su
función social o ecológica. En el primer supuesto, la ley dispone el pago de una
indemnización a favor del propietario del bien; mientras que, en el segundo, puede
proceder una compensación.

22. En efecto, el artículo 48 de la Ley 388 de 199734 permite el reconocimiento de
compensaciones respecto de aquellos bienes que sean declarados de conservación
histórica, arquitectónica o ambiental. Esta norma fue reglamentada por los decretos
151 de 1998 y 1337 de 2002, de los que se destaca: i) la compensación procede
únicamente cuando se limitan derechos de edificabilidad en predios ubicados en
suelo urbano o de expansión urbana35; ii) los derechos de construcción únicamente
se adquieren mediante el otorgamiento de la licencia de urbanización, construcción

33 Corte Constitucional, Sentencia C-192 de 2016, MP Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
34 “Artículo 48. Compensación en tratamientos de conservación. Los propietarios de terrenos e inmuebles
determinados en los planes de ordenamiento territorial o en los instrumentos que los desarrollen como de
conservación histórica, arquitectónica o ambiental, deberán ser compensados por esta carga derivada del
ordenamiento, mediante la aplicación de compensaciones económicas, transferencias de derechos de
construcción y desarrollo, beneficios y estímulos tributarios u otros sistemas que se reglamenten.”
35 Decreto 1337 de 2002. “Artículo 1°. Compensaciones en el tratamiento de conservación. El reconocimiento

y pago de las compensaciones previstas en la Ley 388 de 1997 y en el Decreto 151 de 1998 por la aplicación
del tratamiento de conservación que se defina en los Planes de Ordenamiento Territorial o en los instrumentos
que lo desarrollen, procederá exclusivamente cuando se limiten derechos de edificabilidad de determinados
predios o inmuebles ubicados en el suelo urbano o de expansión urbana, conforme a la clasificación del suelo
que haya establecido el respectivo municipio o distrito. (…) Parágrafo. En ningún caso, pese a que se
encuentren en suelo urbano o de expansión urbana, serán objeto de compensación, los terrenos o inmuebles
que por sus características físicas, topográficas o geológicas sean inconstruibles ni aquellos que sean
declarados como zonas de amenaza o riesgo”.

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o parcelación36, iii) el valor de la compensación corresponde al menor valor del
predio por la declaratoria de conservación37, y iv) la compensación se reconoce
mediante el otorgamiento de derechos transferibles de construcción y desarrollo,
así como a través de beneficios o estímulos tributarios u otros mecanismos38.

23. En relación con este tipo de compensaciones la jurisprudencia de la Sección
Primera ha señalado que no procede por la simple declaratoria de conservación
ambiental, puesto que resulta necesario la efectiva limitación de los derechos de
edificabilidad, es decir, la existencia de una licencia de construcción vigente para el
momento de la declaratoria del área de conservación:

La figura de la compensación no es un derecho subjetivo per-se al derecho de
propiedad de predios ubicados en zona de protección o reserva ambiental y la franja
de adecuación. Si bien es posible que la administración adopte esta figura, no es un
mandato obligatorio en razón a que su posibilidad de reconocimiento está
condicionada a la reglamentación local y a la efectiva limitación de derechos de
edificabilidad. Lo anterior, por cuanto la compensación no es equivalente a una
indemnización, sino que es un mecanismo de redistribución de cargas urbanísticas,
en virtud del principio de equidad territorial y función ecológica de la propiedad (Ley
388/97, arts. 1, 2 y 48), que exige estar presupuestada para proceder a su
reconocimiento.
Esto obedece al hecho de que como herramienta de ordenamiento territorial se fija de
manera previa para evitar la desproporción entre cargas públicas y los derechos
individuales, sin que ello implique una obligación automática del Estado, como el que
reclama la parte actora. (…)
Es evidente que el registro de una afectación representa una limitación constructiva
amparada en las condiciones del área (reserva forestal) y, pese a que se insiste por
la apelante, que existieron licencias de urbanización y sus correspondientes
prórrogas, lo relevante es que estos permisos, que no son definitivos sino

36 Decreto 151 de 1998. “Artículo 5. Los derechos de construcción y desarrollo se adquieren por medio de

licencias y son: a) Derechos de urbanización, construcción o parcelación o sus modalidades, que concretan
normas generales fijadas para zonas o subzonas geoeconómicas homogéneas, planes parciales, o unidades
de actuación urbanística, contenidos dentro del Plan de Ordenamiento Territorial y los instrumentos que lo
desarrollen; b) Derechos transferibles de construcción y desarrollo que permiten trasladar el potencial de
construcción de un predio o inmueble con tratamiento de conservación urbanística a un predio definido como
receptor de los mismos dentro del Plan de Ordenamiento Territorial y los instrumentos que lo desarrollen”.
37 Decreto 151 de 1998. “Artículo 11. El monto de la compensación se determinará (…) utilizando la siguiente

metodología: a) La entidad responsable de otorgar la licencia de urbanización o construcción o en su defecto el
curador urbano, emitirá, una certificación en la cual conste que el predio o inmueble en cuestión está bajo el
tratamiento de conservación; b) Se determina el valor comercial por metro cuadrado del suelo del inmueble
limitado por el tratamiento de conservación; c) Se determina el valor comercial por metro cuadrado de suelo de
los inmuebles colindantes con el predio objeto de la compensación, que no estén calificados como de
conservación, (…) d) La diferencia entre los dos valores, multiplicada por el número de metros cuadrados del
suelo edificable o urbanizable de conservación determina el valor de la compensación”.
38 Decreto 151 de 1998. “Artículo 12. El valor a compensar será pagado por una sola vez por los fondos de

compensación municipales o distritales, a solicitud del propietario del inmueble en cuestión, a través de
cualesquiera de los siguientes medios, previa disponibilidad presupuestal: a) Beneficios y estímulos tributarios
concedidos por el respectivo municipio o distrito; b) La asignación de derechos transferibles de construcción y
desarrollo; c) Otros sistemas que se reglamenten. (…)”
Decreto 1337 de 2002. “Artículo 3. Otros mecanismos para el pago de compensaciones. Algunos de los
mecanismos de compensación que se pueden utilizar de manera alternativa o complementaria cuando no se
opte por la asignación de derechos transferibles de construcción y desarrollo, son los siguientes: 1. Asimilación
de los inmuebles a los estratos 1 o 2 para efectos del pago del impuesto predial y demás gravámenes
municipales o distritales que tengan como base gravable el avalúo o el autoavalúo. 2. Asignación de tarifas
reducidas de impuesto predial. (…)”

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temporales, no se ejecutaron antes de dicha inscripción, lo que implica que al no
haberse desarrollado la construcción en el plazo otorgado se venció la autorización.39

24. Otro tipo de compensaciones en casos de limitación al derecho de propiedad se
presenta cuando la autoridad afecta temporalmente un inmueble para una obra
pública, en los términos del artículo 37 de la Ley 9 de 198940 y el artículo 122 de la
Ley 388 de 199741. Al respecto, la jurisprudencia ha precisado lo siguiente:

La afectación de un predio para la realización de una obra pública es una medida de
rango legal que permite garantizar la viabilidad de los planes de construcción de obras
y el desarrollo de vías. Esta declaratoria implica, que de manera temporal el
propietario de un inmueble está vedado, durante el lapso que permanezca la
afectación, a solicitar licencias y desarrollar construcciones, parcelaciones o
urbanizaciones. (…) Esta medida representa para el titular de la propiedad el pago de
una COMPENSACIÓN por el tiempo en que el inmueble se somete a esta afectación,
pues durante dicho lapso, la propiedad sigue en cabeza del titular, mientras la
administración adelanta, prioriza y contrata las actividades de la obra a realizarse y
determina si es necesario adquirirlo o no.42

25. Además de las compensaciones de carácter legal previstas con anterioridad, las
autoridades urbanísticas están habilitadas, de conformidad con el artículo 38 de la
Ley 388 de 199743, para establecer discrecionalmente las compensaciones o
beneficios que consideren procedentes en los casos en que se presenten
limitaciones al derecho de propiedad, con el propósito de garantizar una distribución
equitativa de las cargas públicas44.

39 Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia del 8 de agosto de 2025, expediente
25000234100020120060601, CP Nubia Margoth Peña Garzón.
40 “Artículo 37.-Toda afectación por causa de una obra pública tendrá una duración de tres (3) años renovables,

hasta un máximo de seis (6) y deberá notificarse personalmente al propietario e inscribirse en el respectivo folio
de matrícula inmobiliaria, so pena de inexistencia. La afectación quedará sin efecto, de pleno derecho, si el
inmueble no fuere adquirido por la entidad pública que haya impuesto la afectación o en cuyo favor fue impuesta,
durante su vigencia. El Registrador deberá cancelar las inscripciones correspondientes, a solicitud de cualquier
persona, previa constatación del hecho. En el caso de las vías públicas, las afectaciones podrán tener una
duración máxima de nueve (9) años. (…)”
41 “Artículo 122. Para efectos de garantizar el cumplimiento de las normas legales sobre compensación de las

cargas del desarrollo urbano, será requisito para la afectación de inmuebles por causa de obra pública, en los
términos previstos por el artículo 37 de la Ley 9ª de 1989, que la entidad pública que imponga la afectación
disponga de la apropiación presupuestal correspondiente al pago de la compensación debida a su propietario
por los perjuicios sufridos durante el tiempo de la afectación, cuya tasación será realizada por peritos privados
inscritos en lonjas o asociaciones correspondientes.
En los casos de inmuebles declarados como de conservación histórica, arquitectónica o ambiental, deberá
garantizarse igualmente la disponibilidad presupuestal para el pago de la compensación, de conformidad con
lo previsto en el artículo 48 de la presente ley.”
42 Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia del 9 de mayo de 2019, expediente
05001233100019950053801, CP Nubia Margoth Peña Garzón.
43 “Artículo 38.- Reparto equitativo de cargas y beneficios. En desarrollo del principio de igualdad de los

ciudadanos ante las normas, los planes de ordenamiento territorial y las normas urbanísticas que los desarrollen
deberán establecer mecanismos que garanticen el reparto equitativo de las cargas y los beneficios derivados
del ordenamiento urbano entre los respectivos afectados. Las unidades de actuación, la compensación y la
transferencia de derechos de construcción y desarrollo, entre otros, son mecanismos que garantizan este
propósito.”
44 Por otro lado, es importante destacar que la figura de las compensaciones tiene un alcance más amplio y no

se circunscribe únicamente a medidas a cargo de la administración, sino que incluyen en este concepto cargas
que pueden recaer sobre los ciudadanos. Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia del 8 de agosto de
2025, expediente 25000234100020120060601, CP Nubia Margoth Peña Garzón: “existe otras compensaciones,
como se dijo, que son en favor de las entidades públicas, tales como: i) las medidas de compensación por
pérdida de biodiversidad en los procesos de licencias ambientales y sus modificatorias y ii) aquellas que se
pagan por los estacionamientos, (…). La exigencia de estacionamientos en los proyectos de renovación urbana
formará parte de la reglamentación urbanística del plan parcial o ficha normativa”.

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26. En consecuencia, el carácter relativo del derecho a la propiedad, supone que en
principio los administrados tienen el deber de soportar las limitaciones o
gravámenes que se le establezcan sin que ello dé lugar a la responsabilidad estatal.
El deber de reparar solo surgirá, en consecuencia, ante un daño antijuridico. Al
respecto, la Corte Constitucional en la providencia citada con anterioridad precisó
lo siguiente:

Así las cosas, una modificación en materia de usos del suelo, aunque
inmediatamente exigible, puede tener un impacto en el derecho de propiedad que,
aunque no le permita al particular afectado oponerse a su cumplimiento, sí lo habilita
para exigir una reparación cuando quiera que se cumplan las condiciones que den
cuenta de la existencia de un daño antijurídico45.

27. En efecto, la jurisprudencia de esta Sección ha considerado, de manera
reiterada46, que cuando la Administración declara la afectación de un bien inmueble
en virtud de la función social y ecológica de la propiedad, esa limitación, por regla
general, es una carga que el propietario está en obligación de soportar y por lo tanto
no configura un daño indemnizable. Al respecto esta Corporación ha señalado:

(…) las funciones social y ecológica de la propiedad le imprimen un sustento
constitucional claro a toda afectación de los bienes muebles e inmuebles; la ley
establece el contenido de dicha función según el interés general que se quiera
cumplir, finalmente, le corresponde a la Administración Pública identificar aquellos
bienes muebles e inmuebles que están llamados a soportar dichas afectaciones por
sus especiales características. En este orden de ideas, las afectaciones al interés
general que gravan determinados bienes encuentran sustento en las funciones
social y ecológica de la propiedad, pero también la concretan en bienes
individualmente considerados (…) Se trata de limitaciones al ejercicio del
derecho de propiedad que (…) deben, en principio, ser soportadas por los
propietarios de los bienes sobre los que recaen, esto quiere decir que una
determinada afectación al interés general no se predica del propietario, sino del
bien; en este sentido, quien quiera que sea el propietario del inmueble verá
limitado el ejercicio de su derecho, es una carga que pesa sobre la cosa y no
sobre el sujeto titular de la misma (…)47 (negrillas de la Sala).

En suma, el Estado puede limitar el derecho de propiedad, verbigracia, a través de la
constitución de afectaciones que delimiten su ejercicio por diversas razones y con
distintos alcances, circunstancia que, aun cuando puede ocasionar un menoscabo,
no en todos los casos significa la configuración de un daño antijurídico indemnizable
a la luz del artículo 90 de la Constitución Política, porque, en principio, esa restricción
corresponde a una imposición que el asociado está en el deber de soportar y, por
ende no compromete la responsabilidad patrimonial del Estado.48

28. Ahora bien, la jurisprudencia de esta Sección ha desarrollado diversos criterios
para determinar la configuración de un daño indemnizable en estos eventos, a

45 Corte Constitucional, sentencia C-192 de 2016, MP Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
46 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 9 de mayo de 2012, expediente 21906.

C.P. Mauricio Fajardo Góme; Subsección A, sentencia del 2 de abril de 2013, expediente 26437, CP Mauricio
Fajardo Gómez; Subsección A, sentencia del 19 de febrero de 2021, expediente 63087, CP Marta Nubia
Velásquez Rico; Subsección B, sentencia del 4 de junio de 2019, expediente 43758, CP Alberto Montaña Plata;
Subsección B, sentencia del 12 de junio de 2025, expediente 63432, CP Fredy Ibarra Martínez
47 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 9

de mayo de 2012, expediente 25000-23-26-000-1993-04137-01 (21906), CP Mauricio Fajardo Gómez
48 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 9 de diciembre de 2025, expediente

2500023-36-000-2017-02334-04 (72443), CP Fernando Pardo Flórez

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saber: i) cuando, al momento de la afectación o limitación en el uso del suelo, el
propietario contaba con el derecho de construir o urbanizar el inmueble, teniendo
en cuenta que en los términos del artículo 36 de la Ley 388 de 199749 la situación
jurídica particular se consolida con la expedición de la respectiva licencia50; ii) en el
evento en que la afectación límite de manera absoluta y permanente el derecho de
dominio51, pues solo así se estará ante un daño antijurídico en los términos del
artículo 90 constitucional, y iii) en otras decisiones (particularmente de la
Subsección A) se admitió que las afectaciones parciales al derecho de propiedad
también podían dar lugar a la configuración de la responsabilidad estatal, criterio
que recientemente ha sido desplazado por el del vaciamiento del contenido del
derecho. En relación con este criterio, la jurisprudencia de la Subsección A señalaba
lo siguiente:

La Sala debe resaltar que no toda afectación tiene efectos expropiatorios. En este
sentido, sólo aquellas afectaciones que vulneren el núcleo esencial del derecho de
propiedad mediante la limitación absoluta y permanente de los derechos del
propietario pueden dar lugar a la aplicación de la teoría de la ocupación jurídica
permanente. De encontrar esta situación, el juez debe ordenar el pago del valor
comercial del bien, teniendo en cuenta las mejoras realizadas sobre el bien, el
reconocimiento de esta modalidad de indemnización dará lugar a la aplicación del
artículo 220 C.C.A., en cuyo caso la sentencia protocolizada tendrá los efectos de
título traslaticio de dominio. Ahora bien, si la afectación al interés general no tiene
alcances expropiatorios porque mantiene incólume el núcleo del derecho del
propietario, así se limite, el juez deberá determinar a la luz de las pruebas
aportadas al proceso el alcance de los perjuicios materiales que se generen por
la decisión de la Administración Pública. Estos perjuicios pueden verse
compensados por los mecanismos que el mismo ordenamiento jurídico consagra con
el fin de equilibrar las cargas públicas que la afectación impone. 52 (negrillas de la
Sala)

29. Por otro lado, se advierte que la desvalorización de los inmuebles se excluyó

49 “Artículo 36. actuación urbanística. <Artículo modificado por el artículo 28 de la Ley 2079 de 2021. El nuevo

texto es el siguiente:> (…) Los actos administrativos de contenido particular y concreto en firme que autorizan
las actuaciones urbanísticas consolidan situaciones jurídicas en cabeza de sus titulares y los derechos y las
obligaciones contenidos en ellas. La autoridad municipal o distrital competente deberá respetar los derechos y
obligaciones que se derivan de tales actos. Son actos administrativos de contenido particular y concreto las
licencias de parcelación, urbanización, construcción y demás establecidas por la normatividad nacional. (…)”
50 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 18 de noviembre de 2021, expediente

250002326000200700294 01 (44670), CP Martín Bermúdez Muñoz: “No está probado que tuviera una
expectativa económica distinta, ni que contara con una licencia para realizar proyectos de construcción u otra
actividad económica, previa a la redelimitación de la reserva y que dichos proyectos se hayan truncado debido
a la afectación del predio (…) Por lo tanto, no está llamada a comprometer la responsabilidad del Estado. “;
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 2 de junio de 2023, expediente 25000-23-
36-000-2013-01816-01 (54.620), CP José Roberto Sáchica Méndez: “De esta manera, como en el sub examine
no se acreditó que la decisión administrativa, fuera excesiva, especial o singular, así como tampoco que
superara las condiciones naturales definidas en la función social y ecológica inherente a la propiedad,
reconocida en la Constitución y las leyes y, mucho menos que trasgrediera un derecho adquirido”.
51 Al respecto: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 18 de noviembre de 2021,

expediente 250002326000200700294 01 (44670), CP Martín Bermúdez Muñoz; Consejo de Estado, Sección
Tercera, Subsección B, sentencia del 18 de noviembre de 2024, expediente 25000-23-36-000-2015-00736-02
(68.743), CP Fredy Ibarra Martínez; Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 26 de
septiembre de 2025, expediente 25000-23-36-000-2019-00081-03 (71.454), CP José Roberto Sáchica Méndez;
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 14 de julio de 2025, expediente 25000-23-
41-000-2015-00031-02 (71373), CP William Barrera Muñoz
52 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 9 de mayo de 2012, expediente 25000-23-

26-000-1993-04137-01 (21906), CP Mauricio Fajardo Gómez. Reiterada en sentencia del 26 de agosto de 2015,
expediente 66001-23-31-000-1999-00671-02 (33113).

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Radicado: 25000-23-36-000-2014-00464-02 (67186)
Demandante: Inversiones El Charrascal Ltda.

como un criterio suficiente para la estructuración de la responsabilidad estatal,
habida cuenta que el daño indemnizable depende “del contenido del derecho en
cuestión y no necesariamente de su valuación económica o de sus limitaciones”53,
además que la devaluación corresponde a un análisis de los perjuicios, el cual se
efectúa con posterioridad a la determinación de la existencia de un daño
antijurídico54. Sin embargo, en reciente decisión esta Subsección matizó el referido
criterio para permitir que la desvalorización de los inmuebles sí sea un parámetro
para la determinación de la antijuridicidad del daño. Al respecto se indicó:

La jurisprudencia (…) ha considerado que las afectaciones a los bienes inmuebles
corresponden, por regla general, a una carga que el propietario está en la obligación
de soportar, dada la función social y ecológica de la propiedad. No obstante, también
se ha reconocido que dichas afectaciones pueden dar lugar a la declaratoria de
responsabilidad del Estado cuando la administración limita de manera absoluta y
permanente el derecho de dominio o cuando las compensaciones reconocidas
resulten insuficientes para el resarcimiento de los perjuicios causados o no haya
habido ningún tipo de compensación, como ocurre con el daño consistente en la
depreciación de bienes inmuebles con ocasión de creación de áreas protegidas.
De ahí que se deba determinar cuál fue el grado de la afectación a la propiedad,
para establecer si hay lugar o no la declaratoria de responsabilidad55 (destacado
de la Sala)

30. En consecuencia, las afectaciones al derecho de propiedad como las limitaciones
al uso del suelo derivadas de ajustes en el ordenamiento territorial constituyen, en
principio, cargas que los propietarios deben soportar. Únicamente se configurará
responsabilidad estatal cuando la limitación afecte derechos consolidados conforme
a los usos previamente permitidos; cuando se restrinja de manera absoluta y
permanente el derecho de dominio, vaciándolo de su contenido (evento en el cual
deberá analizarse la existencia o no de compensaciones a favor del propietario); o
cuando se acredite que la afectación ambiental ha generado una desvalorización
relevante de los inmuebles.

J. Análisis de la responsabilidad patrimonial extracontractual

31.De conformidad con las pruebas válidamente aportadas al proceso, se
encuentran demostrados los siguientes hechos relevantes para la adopción de la
decisión:

31.1. Según oficio de la Secretaría de Planeación, allegado por el Distrito Capital con
la contestación de la demanda, está acreditado que, con anterioridad al año 2000,
los predios estaban cobijados por el Acuerdo 6 de 1990 y el Decreto 737 de 1993,
según los cuales se podían desarrollar proyectos residenciales. El oficio señala

53 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 26 de agosto de 2015, expediente 66001-

23-31-000-1999-00671-02 (33113), CP Hernán Andrade Rincón; en sentido similar Consejo de Estado, Sección
Tercera, Subsección A, sentencia del 9 de diciembre de 2025, expediente 2500023-36-000-2017-02334-04
(72443), CP Fernando Pardo Flórez.
54 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 18 de noviembre de 2024, expediente

25000-23-36-000-2015-00736-02 (68.743), CP Fredy Ibarra Martínez.
55 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 27 de febrero de 2026, expediente 68001-

23-33-000-2015-00357-01 (67999), CP Alberto Montaña Plata. Nota para DEFV: Esta sentencia seguramente
estará notificada para la fecha de la segunda sala de Subsección de este año.

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sobre el particular:

Informamos que los predios (…) según normas anteriores al Decreto Distrital 619 de
2000, estaban cobijados por las normas del Acuerdo 6 de 1990, que según la plancha
de zonificación y tratamientos No. 3 a escala 1:5.000, específicamente encontraban
en el tratamiento general de desarrollo, código de zonificación D-RE-R2, y en el área
de influencia del Decreto Distrital 484 de 1988, en el polígono F.T.1. Es decir que se
trataba de predios urbanizables que no se encontraban urbanizados, o en otros
términos, a los que no se les habían autorizado obras de urbanismo ni se les había
precisado los usos del suelo permitidos en la reglamentación general (…) "El polígono
de zonificación D-RE-R2 del Acuerdo 6 de 1990, por ser un polígono de densidad
restringida, tenía asignadas las disposiciones de los artículos 16 y 17 del Decreto
Distrital 737 de 1993, que establecen:
Artículo 16º.-Delimitación de las zonas de densidad restringida. Las zonas de
densidad restringida corresponden a los siguientes polígonos de zonificación en los
cerros orientales y de Suba: 1. Los específicamente indicados en los planos de
zonificación y tratamientos a escala 1:5000 como subzonas DRER-1 y DRER-2 y Ejes
Metropolitanos Viales DRER-1 (E.MET.V) y DRER-2 (E.MET.V); 2. Terrenos no
delimitados específicamente con el tratamiento de desarrollo a los cuales de acuerdo
con lo establecido en el Artículo 4 del presente Decreto les sean aplicables las normas
específicas del tratamiento de desarrollo localizados en los siguientes sectores: (...)
b. En los Cerros de Suba: Los terrenos localizados entre las cotas de nivel 2.600
metros y 2.650 metros.
Artículo 17º.-Número de viviendas por hectárea neta. El número máximo de viviendas
por hectárea neta en las zonas de densidad restringida será el siguiente: 1. En los
terrenos delimitados en los planos de zonificación y tratamientos a escala 1:5.000, el
indicado en las normas específicas para la zona; 2. En los terrenos no delimitados
localizados en los cerros orientales sector 1 y 2 en los cerros de Suba, 30 viviendas
por hectárea neta.56

31.2.No obstante, con posterioridad, el cerro La Conejera, en el que estaban
ubicados los predios, fueron objeto de protección ambiental. En efecto, La CAR
expidió la Resolución 1869 de 1999, en la que declaró concertado el proyecto de
POT de Bogotá en lo referente a la estructura ecológica del Distrito Capital. En esta
se indicó que la estructura ecológica del Distrito estaba conformada, entre otros
componentes, por los Parques Ecológicos Distritales, y dentro de estos el Humedal
La Conejera57.

31.3. El Ministerio de Ambiente profirió la Resolución 475 del 17 de mayo de 2000,
en la que dispuso que los Parques Ecológicos Distritales de Humedales tendrían
tratamiento de áreas protegidas, así:

Artículo cuarto. - En concordancia con lo acordado en la Resolución 1869 de 1999,
en relación con la Estructura Ecológica Principal, recibirán tratamiento de Áreas
Protegidas (AP), las siguientes: (…)

56 Folios 20 a 25 cuaderno 3
57 “Artículo 15. Clasificación. El Sistema de Áreas Protegidas del Distrito Capital se clasifica en: 1.- Áreas
protegidas del orden nacional y regional. a) Parque Nacional Natural b) Reservas Forestales Nacionales
(protectoras y protectoras - productoras) c) Áreas Protegidas Regionales; 2. Santuario Distrital de Fauna y Flora;
3. Reserva Forestal Distrital. 4. Parque Ecológico Distrital.”
“Artículo 24. Parque Ecológico Distrital. Definición. El Parque Ecológico es el área de alto valor escénico y/o
biológico que, por ello, tanto como por sus condiciones de localización y accesibilidad, se destina a la
preservación, restauración y aprovechamiento sostenible de sus elementos biofísicos para educación ambiental
y la recreación pasiva”. “Artículo 25. Parque Ecológico Distrital. Identificación. (…) Humedal de La Conejera
(…)” (Folios 33 a 69 cuaderno 2).

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3. Los Parques Ecológicos Distritales de Humedales, correspondientes a los que se
deberán desarrollar alrededor de los humedales ubicados en las zonas de las que
trata la presente Resolución (AP-3)58.

31.4. Con posterioridad el Distrito Capital expidió el POT a través de los Decretos
Distritales 619 de 2000 y 469 de 2003, que fueron compilados mediante el Decreto
190 de 2004, el cual señaló que el cerro La Conejera era uno de los parques
ecológicos distritales (tanto de montaña y humedal)59. Además, en cuanto al
régimen de usos de suelo, el Decreto 190 dispuso lo siguiente:

Artículo 96. Parque Ecológico Distrital, régimen de usos (artículo 27 del Decreto 619
de 2000, modificado por el artículo 87 del Decreto 469 de 2003) Esta categoría se
acoge al siguiente régimen de usos:
1. Usos principales: Preservación y restauración de flora y fauna nativos, educación
ambiental.
2. Uso compatible: Recreación pasiva.
3. Usos condicionados: Centros de recepción, educación e información ambiental
para los visitantes del parque; senderos ecológicos, peatonales y para bicicletas;
dotacional de seguridad ligado a la defensa y control del parque; demás
infraestructura asociada a los usos permitidos. (…)
4. Usos prohibidos: Agrícola y pecuario, forestal productor, recreación activa, minero
industrial de todo tipo, residencial de todo tipo, dotacionales salvo los mencionados
como permitidos.
Parágrafo: La Vereda La Fiscala, dentro del Parque Ecológico Distrital Entrenubes,
incluirá en su régimen de usos como compatibles el agroforestal y la agricultura
orgánica en parcelas demostrativas para el ecoturismo y el sostenimiento de las
familias de agricultores tradicionales allí asentadas, de conformidad con los
lineamientos que el Departamento Técnico Administrativo del Medio Ambiente
establezca en el Plan de Manejo de dicho parque.

31.5. La Curaduría Urbana 2 de Bogotá emitió concepto de uso de suelo en relación
con los predios en oficios del 21 de marzo de 201360. En estos precisó que el Lote
4 estaba localizado de forma parcial en el área de protección61, y que la parte por
fuera de la zona área protegida62 estaba ubicada en sector normativo 2, tratamiento
de desarrollo, área de actividad urbana integral, zona residencial, y rango 4A de
edificabilidad.

58 Folios 74 a 82 cuaderno 2
59 “Artículo 94. Parque Ecológico Distrital. Definición (artículo 25 del Decreto 619 de 2000, modificado por el

artículo 85 del Decreto 469 de 2003). El Parque Ecológico Distrital es el área de alto valor escénico y/o biológico
que, por ello, tanto como por sus condiciones de localización y accesibilidad, se destina a la preservación,
restauración y aprovechamiento sostenible de sus elementos biofísicos para educación ambiental y recreación
pasiva. Los Parques Ecológicos Distritales son de dos tipos: 1. Parque Ecológico Distrital de Montaña. 2. Parque
Ecológico Distrital de Humedal”.
“Artículo 95. Parque Ecológico Distrital. Identificación (artículo 26 del Decreto 619 de 2000, modificado por el
artículo 86 del Decreto 469 de 2003) Los Parques Ecológicos Distritales de Montaña son: 1. Cerro de La
Conejera. (…) Los Parques Ecológicos Distritales de Humedal son: (…) 11. Humedal de La Conejera (…).”
60 Folios 85 a 106 cuaderno 2.
61
“se encuentra localizado en la Unidad de Planeamiento Zonal (UPZ) 23 – CASA BLANCA SUBA,
reglamentada mediante Decreto 259 de julio 19 de 2006, en el sector normativo No. 2 al cual le corresponde el
Área Urbana Integral, Zona Residencial con Tratamiento de Desarrollo y se encuentra parcialmente localizado
en Área Protegida (AP3) – Parque Ecológico Distrital del Humedal (cerros de la conejera)” (Folios 109 a 128
cuaderno 2)
62 El oficio de la curaduría no precisa cual es el área del predio no afectada.

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31.6. El Distrito Capital expidió un nuevo POT mediante Decreto 364 de 2013, el cual
redelimitó el Parque Ecológico Distrital de Montaña Cerro La Conejera en el artículo
5563:

Artículo 55.- Redelimitaciones. Con base en los planes de manejo ambiental
formulados y demás estudios del Distrito, se redelimitan las siguientes áreas
protegidas, ya sea ampliando sus áreas o incorporándose a otras:
• Parque Ecológico Distrital de Montaña Cerro de la Conejera, se amplía el predio "El
Charrascal", en armonía con lo dispuesto en las resoluciones 754 (sic) y 621 del 2000
y en el Plan de Manejo Ambiental (…).

31.7. Posteriormente el POT de 2013 fue suspendido judicialmente, por lo que
recobró vigencia la normatividad anterior. Sobre el particular, la Secretaría de
Planeación señaló lo siguiente:

En el año 2008 se inicia una modificación excepcional del Pot que finalmente se
adopta con el Decreto Distrital 364 de 2013 “Por el cual se modifican
excepcionalmente las normas urbanísticas del Plan de Ordenamiento Territorial de
Bogotá D.C”. En el TITULO I, COMPONENTE GENERAL, Capítulo V. ESTRUCTURA
ECOLOGICA PRINCIPAL, en su artículo 29, se incorpora (sic) las determinantes,
entre otras, de las resoluciones 475 y 621 de 2000. (…) Finalmente es necesario
precisar que las normas contenidas en el Decreto Distrital 364 de 2013, se encuentran
sujetas a la suspensión provisional de sus efectos, conforme con lo ordenado por la
Sección Primera del Consejo de Estado en auto del veintisiete (27) de marzo de dos
mil catorce (2014), en el cual dispuso: “DECRÉTASE la suspensión provisional de los
efectos del Decreto Distrital 364 de 26 de agosto de 2013, “Por el cual se modifican
excepcionalmente las normas urbanísticas del Plan de Ordenamiento Territorial de
Bogotá, D.C., adoptado mediante Decreto Distrital 619 de 2000, revisado por el
Decreto Distrital 469 de 2003, y compilado por el Decreto Distrital 190 de 2004”,
expedido por el Alcalde Mayor de Bogotá, D.C.”
De otra parte, se informa que la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá
(…) mediante oficio No. 2-2014-16709 del 29 de abril de 2014, ante la siguiente
consulta: “Una vez suspendido el Decreto 364 de 2013, ¿Cuál es la norma aplicable
en el momento teniendo en cuenta que el Decreto 190 de 2004 fue derogado por el
Decreto 364 de 2013?”, se pronunció, así: “A partir de la determinación del Consejo
de Estado, sería el Decreto 190 de 2004, en función del criterio de la reviviscencia64.

31.8. Finalmente, la Secretaría de Planeación precisó que con ocasión del principio
de precaución se expidió la Resolución 03653 de 2014, en la cual se adoptan
medidas urgentes de protección respecto del Parque Ecológico Distrital de Montaña
Cerro La Conejera por lo que actualmente existe una prohibición expresa de
adelantar desarrollos urbanísticos o trámites de licencias. En el oficio se indicó:

En vista de lo anteriormente expuesto, y de una serie adicional de consideraciones
de orden técnico – jurídicas propias de su misionalidad, la Secretaría Distrital de
Ambiente decide expedir la Resolución 3653 de 2014, dando aplicación prevalente al
principio de precaución (…). Específicamente, y haciendo una remisión a la parte
resolutiva de la Resolución 3653 de 2014, la Secretaría Distrital de Ambiente decide,
en aplicación del principio de precaución, llevar a cabo la implementación de las
siguientes medidas de protección, de la siguiente manera:
1. Impedir el adelantamiento de procesos de desarrollo urbano, obras de
infraestructura urbana y demás actividad actual o futura que pueda afectar o alterar

63 Archivo “Decreto 0364 de 2013” obrante en el CD visible a folio 178 del cuaderno 1.
64 Folios 20 a 25 cuaderno 3

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los valores ambientales y determinantes ambientales declaradas y protegidas, así
como proscribir las que estén en perjuicio de los derechos adquiridos en el sector;
todo esto, entretanto se adelantan las actuaciones administrativas necesarias para
conseguir la inclusión formal de dicho sector al Parque Ecológico Distrital de Montaña
Cerro de La Conejera; (…)65.

32. De lo anterior, se deduce que los predios de la sociedad demandante no tenían
restricción y su uso de suelo permitía la ejecución de obras de infraestructura
residencial, sin embargo, con la categorización del cerro La Conejera como Parque
Ecológico Distrital de Montaña y Humedal los predios pasaron a tener una
afectación ambiental (total respecto del Lote 1 y parcial respecto del Lote 4) por lo
que el uso de suelo se restringió. Posteriormente el POT de 2013 redelimitó el
parque, pero dicho POT fue suspendido judicialmente, por lo que finalmente se
expidió la Resolución 03653 de 2014 que mantuvo el área de protección e impide el
desarrollo urbano y la realización de obras de infraestructura.

33. Se destaca que, si bien mediante auto del 26 de mayo de 2022, confirmado en
providencia del 16 de agosto de 2022, se negó la incorporación de la Resolución
03653 de 2014 como prueba de segunda instancia, lo cierto es que la mencionada
resolución ya obraba en el expediente. Esta fue anexada con el dictamen pericial
practicado en el curso del proceso66, además en varios de los oficios allegados por
el Distrito Capital se hizo alusión a esta y a su contenido. En relación con el área de
protección la mencionada resolución dispone67:

65 Folios 36 a 38 cuaderno 3
66 Folios 39 a 64 cuaderno dictamen.
67 Folio 47 cuaderno de dictamen.

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34. Así, la totalidad del Lote 1, identificado en la imagen con el código catastral
00926500819, forma parte del área de protección; mientras que el Lote 4,
identificado con el código catastral 00926500818, solo forma parte del área de
protección de manera parcial. Estas áreas encuentran restringida su explotación en
los términos de la resolución 03653 de 2014 que ordenó impedir el adelantamiento
de procesos de desarrollo urbano, obras de infraestructura urbana y detener
cualquier actividad actual o futura que pueda afectar los valores ambientales.

35. En consecuencia, el daño sí está demostrado, pero dicha circunstancia no implica
per se que sea indemnizable, pues tal y como se precisó en el acápite anterior la
afectación de un bien inmueble en virtud de la función social y ecológica de la
propiedad corresponde, por regla general, a una carga que debe ser asumida por
los propietarios y solo será un daño indemnizable en el evento que el derecho de
propiedad se vea limitado por completo.

36. En este caso, no existe una limitación absoluta del derecho de propiedad, pues
el área de los inmuebles que se encuentra dentro de la zona de protección68 puede
ser explotada según los usos de suelo permitidos para los parques ecológicos
distritales según el Decreto 190 de 2004, vigente en este caso según lo demostrado
en el proceso, a saber:

Artículo 96. Parque Ecológico Distrital, régimen de usos (artículo 27 del Decreto 619
de 2000, modificado por el artículo 87 del Decreto 469 de 2003) Esta categoría se
acoge al siguiente régimen de usos:
1. Usos principales: Preservación y restauración de flora y fauna nativos, educación
ambiental.
2. Uso compatible: Recreación pasiva.
3. Usos condicionados: Centros de recepción, educación e información ambiental
para los visitantes del parque; senderos ecológicos, peatonales y para bicicletas;
dotacional de seguridad ligado a la defensa y control del parque; demás
infraestructura asociada a los usos permitidos. (…).
4. Usos prohibidos: Agrícola y pecuario, forestal productor, recreación activa, minero
industrial de todo tipo, residencial de todo tipo, dotacionales salvo los mencionados
como permitidos.

37. En consecuencia, no existe una restricción absoluta del derecho de propiedad,
pues las áreas afectadas conservan la posibilidad de ser usadas para actividades
de preservación, restauración y educación ambiental. Al respecto, esta Subsección
ha hecho énfasis que tales usos de suelo sí permiten posibilidad de explotación
económica y se contraponen a un vaciamiento del derecho de propiedad:

5) En relación con la zona denominada como de “restauración”, según el artículo 9º
del Acuerdo 021 del 23 de septiembre de 2014 de la CAR, es claro que está
expresamente prohibida la actividad agropecuaria, pero, también es cierto que esa
norma contempla como usos compatibles actividades tales como el aprovechamiento
de los frutos secundarios del bosque que no implique la tala, así como también la
recreación pasiva y el ecoturismo, por lo tanto, en esta zona no se afecta el núcleo de

68 La Sala advierte que no existe daño en relación con el área del Lote 4 que no está dentro del Parque Ecológico

Distrital Cerro La Conejera, pues no se demostró una afectación ambiental sobre dicha área, la cual puede ser
explotada porque es un área tratamiento de desarrollo, área de actividad urbana integral con rango 4A de
edificabilidad, lo anterior según el oficio de la Curaduría Urbana 2 allegado por la parte demandante.

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la propiedad porque no se limitan en su totalidad las posibilidades de uso y goce del
terreno, lo que permite que sea explotado económicamente de otras maneras en esa
área específica.
6) En ese sentido, de conformidad con las pruebas allegadas al proceso y la
jurisprudencia del Consejo de Estado sobre la materia, los cambios del uso del suelo
que fueron implementados por motivo de la declaración y delimitación de la Reserva
Forestal Protectora “Thomas Van Der Hammen” no ocasionaron un daño antijurídico
susceptible de indemnización, habida cuenta que se trata de limitaciones que la
sociedad demandante se encuentra en el deber jurídico de soportar.
7) Tampoco se configuran los elementos necesarios para atribuir responsabilidad con
fundamento en el título de imputación de daño especial, por el hecho de que no se
cumple el requisito consistente en la existencia de un menoscabo que rompa el
principio de igualdad frente a la ley y las cargas públicas ni que implique un detrimento
grave y excepcional, por el contrario, la sociedad demandante aún puede realizar
ciertas actividades económicas en la parte del terreno afectada por la reserva forestal,
pues, como se indicó anteriormente, en la zona de “restauración” es posible
aprovechar los frutos secundarios del bosque, así como llevar a cabo actividades de
recreación pasiva y ecoturismo; por lo tanto, no se evidencia un vaciamiento de los
atributos del derecho de propiedad, en la medida que se mantiene la posibilidad de
un aprovechamiento económico del inmueble69.

38. En virtud de lo anterior, se advierte que los argumentos de la parte demandante
son insuficientes para lograr la revocatoria de la sentencia de primera instancia. En
primer lugar, contrario a lo planteado en el recurso70, el Tribunal sí tuvo por
acreditado el daño, pues estimó que la afectación ambiental era total en relación
con el lote 1 y parcial respecto del Lote 4, pero decidió negar pretensiones porque
dicho daño no era indemnizable.

39. Adicionalmente, no se anuló por completo el derecho de propiedad en la medida
que los inmuebles sí conservan la posibilidad de explotación económica. Tampoco
se acreditó que la sociedad demandante contara, con anterioridad a la afectación,
con una licencia de construcción o urbanización vigente respecto de los predios ni
que la carga ambiental impidiera su venta, toda vez que no se aportó al proceso
ninguna prueba que acreditara tal circunstancia.

40. Finalmente, en todo caso no se probó la desvalorización de los predios:

40.1. Con la demanda se allegó un dictamen pericial, elaborado por Edwin Fernando
Ayerbe Jara, quien lo suscribió en calidad de arquitecto y director del departamento
de avalúos de la Lonja Nacional de Propiedad Raíz, mediante el cual realizó un
avalúo comercial de los predios “con y sin afectación” a partir de las siguientes
consideraciones:

Este inmueble [Lote 1] posee 1 zona de uso:
Totalmente afectada como Parque Ecológico Distrital del Humedal (Cerro la
Conejera). Área aproximada: 50.340.41 m2
(…)

69 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 28 de abril de 2025, expediente
25000233600020150074602(67939), CP Fredy Ibarra Martínez
70 Según el recurso “El Tribunal incurrió en una indebida valoración probatoria e interpretación de las normas y

la jurisprudencia al concluir que no se habían acreditado las limitaciones y restricciones impuestas sobre los
Inmuebles” Archivo “16_ED_16ANEXOMEMORIAL1(.PDF)”, Índice 002 Samai.

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RESUMEN DE MÉTODOS (SUELO URBANO PROTEGIDO)
Los valores del suelo urbano protegido para el inmueble en cuestión tienen los
siguientes valores:
Método DAMA: 68.702 /m2
Método de Transferencias de Derechos : $55.000/m2
Encuestas Valuadores : $52.500./m2
Aplicaremos el Valor de $55.000/m2 a la zona urbana protegida.
(…)
El lote de terreno, se presenta el valor con y sin afectación, para determinar el valor
de este mismo predio con la norma de un predio de similares características como
Altos de la Colina, el cual colinda con el inmueble en cuestión, se establece un valor
por m2 en bruto de $ 1.250.000, el cual resulta de las ventas realizadas en esta zona.
(…)
Basado en la información que contiene este reporte y nuestra experiencia en el campo
de los avalúos, es nuestra opinión que el valor en el mercado de la propiedad en
cuestión, en la fecha de Junio de 2013 es como está estipulada según tabla de
avalúos así:
CON AFECTACIÓN: DOS MIL SETECIENTOS SESENTA Y OCHO MILLONES
SETECIENTOS VEINTIDÓS MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS $
2.768.722.550
SIN AFECTACIÓN: SESENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO
MILLONES QUINIENTOS DOCE MIL QUINIENTOS PESOS $ 62.925.512.500.
(…)
Según la Curaduría y normas actuales, el predio [Lote 4] se encuentra parcialmente
incluido en el área protegida N.3 del POT, por lineamientos del Ministerio del Medio
Ambiente, Resolución 475 de 2000.
Este inmueble posee 2 zonas de uso:
La primera zona es la que se encuentra totalmente afectada como Parque
Ecológico Distrital del Humedal (Cerro la Conejera). Área aproximada: 38.039,95
m2.
La segunda zona es de Área de Actividad Urbana Integral, zona Residencial, con
un Área aproximada de 20.000 m2 (…)
RESUMEN DE METODOS (SUELO URBANO PROTEGIDO)
Los valores del suelo urbano protegido [35.651,06 M2]para el inmueble en cuestión
tienen los siguientes valores:
Método DAMA: 68.702 /m2
Método de Transferencias de Derechos: $55.000/m2
Encuestas Valuadores: $52.500/m2
Aplicaremos el Valor de $55.000/m2 a la zona urbana protegida.
ZONA URBANA DESARROLLABLE
Para los 20.000 m2 desarrollables, tenemos la siguiente norma de edificabilidad,
según se relaciona en la Certificación expedida por la Curaduría, punto 2, así:
Índice de ocupación: 0.05
Índice de Construcción: Resultante
Altura Máxima: 2 pisos
Densidad de Viviendas por hectárea Neta Urbanizable: 5
Esto significa que se podrían desarrollar en los 20.000 m2, un total de 9 viviendas (…)
Valor por m2 $ 180.901 (…)
El lote de terreno, se presenta el valor con y sin afectación, para determinar el valor
de este mismo predio con la norma de un predio de similares características como
Altos de la Colina, el cual colinda con el inmueble en cuestión, se establece un valor
por m2 en bruto de $ 1.250.000, el cual resulta de las ventas realizadas en esta zona.
(…)
Basado en la información que contiene este reporte y nuestra experiencia en el campo
de los avalúos, es nuestra opinión que el valor en el mercado de la propiedad en
cuestión, en la fecha de Junio de 2013 es como está estipulada según tabla de
avalúos así:

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Radicado: 25000-23-36-000-2014-00464-02 (67186)
Demandante: Inversiones El Charrascal Ltda.

CON AFECTACIÓN: CINCO MIL QUINIENTOS SETENTA Y OCHO MILLONES
OCHOCIENTOS VEINTIOCHO MIL TRESCIENTOS PESOS $ 5.578.828.300
SIN AFECTACIÓN: SESENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SESENTA Y TRES
MILLONES OCHOCIENTOS VEINTICINCO MIL PESOS $ 69.563.825.000.71
(negrilla, subrayado y mayúscula del original)

40.2. El Distrito Capital en audiencia de pruebas realizada el 18 de febrero de 201972
objetó por error grave el dictamen pericial, por estimar que no identificó de manera
precisa los predios que se usaron para la comparación de mercado y, por ende, no
existía certeza si tenían las mismas condiciones de los predios de la sociedad
demandante. Objeción que el Tribunal consideró prospera en la sentencia de
primera instancia.

40.3. Al respecto, la Sala advierte que “el error grave solo tiene lugar cuando en el
dictamen se mutan o cambian las cualidades del objeto examinado o se toma como
objeto de estudio una cosa fundamentalmente distinta de la que es materia de la
prueba”73. En efecto, esta jurisprudencia ha señalado que:

“La objeción por error grave procede no por la deficiencia del dictamen ante la falta
de fundamentación o sustento técnico y científico o por la insuficiencia o confusión de
los razonamientos efectuados por los peritos, sino por su falencia fáctica intrínseca,
a partir de la cual no puede obtenerse un resultado correcto, por cuanto parte de
premisas falsas o equivocadas en relación con el objeto mismo materia de la
experticia”74

40.4. De conformidad con lo expuesto, es claro que no debió prosperar la objeción
formulada, pues esta correspondía a inconformidades acerca de las conclusiones
del perito, y el avalúo sí se efectuó sobre los predios de la sociedad demandante.
Sin embargo, ello no implica que el juez deba aceptar sin mayor análisis las
conclusiones del dictamen, toda vez que es el juez quien debe valorar la prueba y
asignarle mérito probatorio.

40.5. En virtud de lo anterior, la Sala concluye que el dictamen pericial aportado con
la demanda no demuestra la desvalorización de los predios porque: i) al proceso no
se allegaron pruebas que acrediten las calidades de quien rindió la experticia para
poder determinar que era un profesional idóneo en los términos del artículo 219 de
la Ley 1437 de 201175, y ii) el avalúo carece de la debida fundamentación, pues,
para concluir sobre la desvalorización de los predios tomó como referencia un valor
de $1.250.000 por metro cuadrado, correspondiente a un inmueble de
características similares a los de la sociedad demandante que no fue identificado.

71 Folios 129 a 185 cuaderno 2
72 Folio 605 a 607 cuaderno principal
73 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 4 de junio de 2021, expediente 05001-23-

31-000-2006-02551-01(48794), CP María Adriana Marín
74 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 27 de marzo de 2014, expediente radicado

No. 25000-23-26-000-1998-03066-01(20912). M.P. Danilo Rojas Betancourth
75 Texto original de la Ley antes de la modificación de la Ley 2081 de 2021. “Artículo 219. presentación de

dictámenes por las partes. Las partes, en la oportunidad establecida en este Código, podrán aportar dictámenes
emitidos por instituciones o profesionales especializados e idóneos. (…)”

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Radicado: 25000-23-36-000-2014-00464-02 (67186)
Demandante: Inversiones El Charrascal Ltda.

40.6. Además, en la audiencia de pruebas celebrada el 18 de febrero de 2019, el
perito Edwin Fernando Ayerbe Jara manifestó que la documentación de soporte del
avalúo se extravió. Sobre el particular, señaló:

Nosotros teníamos todas las bases de cómo se desarrolló el avalúo comercial,
soportes, presupuestos de obra, para costos de reposición, para metros cuadrados
por urbanismo, de dónde están localizados predio por predio. Yo le manifesté a la
parte contratante que tuvimos un problema en la base de datos de nuestra empresa,
donde se perdieron información de dos años. Allí estaban todas las bases de este
avalúo comercial (…) Yo le dije, no la tenemos. Hay que desarrollar un nuevo avalúo
comercial a la fecha (...)76.

41. En consecuencia, se confirma la decisión de primera instancia porque no se
demostró la existencia de un daño indemnizable: la restricción al uso del suelo de
los predios de la sociedad demandante es una carga que debe soportar en la
medida en que no se probó la limitación completa del derecho de propiedad ni
mucho menos su desvalorización.

K. Costas

42. En relación con la condena impuesta por agencias en derecho en primera
instancia se advierte que la parte demandante solicitó su revocatoria porque se erró
en la tasación en la medida que otorgó la misma suma a favor de todas las
entidades, pero el Distrito Capital no alegó de conclusión, además que la “cuantía
de esas agencias en derecho no está probada”77.

43. La Sala modificará la condena en agencias en derecho de la primera instancia
porque para la condena el Tribunal tuvo en cuenta el valor de las pretensiones
formuladas y la calidad de la gestión de los apoderados de las entidades
demandadas, en atención a que “sus apoderados asistieron a las audiencias
iniciales y a las audiencias de pruebas que se celebraron, y allegaron en tiempo los
alegatos de conclusión”78. No obstante, se advierte que los alegatos de conclusión
del Distrito Capital fueron presentados extemporáneamente, como lo advirtió el
Tribunal en los antecedentes de la sentencia de primera instancia, razón por la cual
el monto de agencias en derecho a su favor no puede ser igual al de las demás
entidades y se fijará en quince millones de pesos ($15.000.000).

44. Por otro lado, se advierte que la prueba de la causación no son un parámetro
para la condena en agencias en derecho79, sino para la condena a expensas o
costas propiamente dichas las cuales no fueron tasadas en la sentencia de primera

76 Al respecto señaló minuto 30 y siguientes, cd obrante a folio 604 cuaderno principal.
77 Archivo “16_ED_16ANEXOMEMORIAL1(.PDF)”, Índice 002 Samai
78 Archivo “2_ED_02SENTENCIA27DEJ(.PDF)”, Índice 002 Samai
79 “Artículo 366. Liquidación. Las costas y agencias en derecho serán liquidadas de manera concentrada en el
juzgado que haya conocido del proceso en primera o única instancia, inmediatamente quede ejecutoriada la
providencia que le ponga fin al proceso o notificado el auto de obedecimiento a lo dispuesto por el superior, con
sujeción a las siguientes reglas: (…) 4. Para la fijación de agencias en derecho deberán aplicarse las tarifas que
establezca el Consejo Superior de la Judicatura. Si aquellas establecen solamente un mínimo, o este y un
máximo, el juez tendrá en cuenta, además, la naturaleza, calidad y duración de la gestión realizada por el
apoderado o la parte que litigó personalmente, la cuantía del proceso y otras circunstancias especiales, sin que
pueda exceder el máximo de dichas tarifas.”

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Radicado: 25000-23-36-000-2014-00464-02 (67186)
Demandante: Inversiones El Charrascal Ltda.

instancia y serán tasadas por auto separado luego de ejecutoriada la sentencia y en
la medida de su comprobación.

45. Dado que el recurso de apelación no prosperó se condenará en costas y agencias
en derecho de segunda instancia a la sociedad demandante, en los términos los
artículos 188 de la Ley 1437 de 201180 y 365 del Código General del Proceso81.
Estas serán tasadas y liquidadas por el tribunal de primera instancia, de acuerdo
con el artículo 366 del Código General del Proceso 82.

III. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

PRIMERO: MODIFÍCASE el numeral segundo de la sentencia del 23 de julio de
2020 proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera,
Subsección A, el cual quedará así:

SEGUNDO: CONDENAR en costas a la parte demandante y a favor de las entidades
públicas demandadas, para lo cual se FIJAN por concepto de agencias en derecho,
las siguientes sumas:
2.1. A favor del DISTRITO CAPITAL, la suma de quince millones de pesos
($15.000.000).
2.2. A favor de la NACIÓN -MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO
SOSTENIBLE, la suma de veinte millones de pesos ($20.000.000).
2.3. A favor de la CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE
CUNDINAMARCA, la suma de veinte millones de pesos ($20.000.000).

SEGUNDO: CONFÍRMASE en lo demás la sentencia del 23 de julio de 2020
proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera,
Subsección A.

TERCERO: CONDÉNASE en costas segunda instancia a la parte demandante a
favor de las entidades demandadas, las cuales serán tasadas de manera
concentrada por el tribunal de primera instancia.

80 “Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés público, la sentencia

dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de
Procedimiento Civil. <Inciso adicionado por el artículo 47 de la Ley 2080 de 2021. El nuevo texto es el
siguiente:> En todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca que se
presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal.
81 “Artículo 365. Condena en costas. En los procesos y en las actuaciones posteriores a aquellos en que haya

controversia la condena en costas se sujetará a las siguientes reglas:
1. Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva desfavorablemente el
recurso de apelación, casación, queja, súplica, anulación o revisión que haya propuesto. Además, en los casos
especiales previstos en este código. (…)”
82 “Artículo 366. Liquidación. Las costas y agencias en derecho serán liquidadas de manera concentrada en el

juzgado que haya conocido del proceso en primera o única instancia, inmediatamente quede ejecutoriada la
providencia que le ponga fin al proceso o notificado el auto de obedecimiento a lo dispuesto por el superior
(…)”.

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Radicado: 25000-23-36-000-2014-00464-02 (67186)
Demandante: Inversiones El Charrascal Ltda.

CUARTO: Ejecutoriada esta providencia, por Secretaría DEVUÉLVASE el
expediente a su tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

(Con firma electrónica)
FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Presidente de la Subsección

(Con firma electrónica) (Con firma electrónica)
DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA ALBERTO MONTAÑA PLATA
Magistrado Magistrado
Salva voto

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