Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-36-000-2015-00736-02
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-36-000-2015-00736-02
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 25000-23-36-000-2015-00736-02
Consejero ponente: Fredy Hernando Ibarra Martínez
18 de noviembre de 2024
REPÚBLICA DE COLOMBIA
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN B
Bogotá DC, dieciocho (18) de noviembre de dos mil veinticuatro (2024)
Consejero ponente: FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Radicación: 25000-23-36-000-2015-00736-02 (68.743)
Demandante: JAIME URIBE Y HERMANAS LTDA
Demandado: MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO
SOSTENIBLE Y OTRO
Medio de control: REPARACIÓN DIRECTA
Asunto: APELACIÓN DE SENTENCIA – LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD
POR RESERVA FORESTAL – INEXISTENCIA DE DAÑO
ANTIJURÍDICO
Síntesis del caso: la parte demandante alega la ocurrencia de un daño antijurídico derivado de
la afectación del derecho a la propiedad privada con motivo de la expedición de las normas
que delimitaron y reglamentaron el uso del suelo en la Reserva Forestal Regional Productora
del Norte de Bogotá DC “Thomas Van der Hammen” donde se ubica la finca “Los Madrigales”
sobre la cual la sociedad actora ejerce el derecho de dominio, estas reglamentaciones
restringieron la explotación económica del predio, en particular las actividades agropecuarias,
lo cual habría contribuido a la depreciación del valor comercial del inmueble.
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante1 contra la
sentencia de primera instancia proferida el 2 de diciembre de 2021 por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A2 mediante la cual se
negaron las pretensiones de la demanda en los siguientes términos:
“PRIMERO: NEGAR las pretensiones de la demanda, por las razones
expuestas en la parte considerativa de esta providencia.
SEGUNDO: CONDENAR en costas a la parte demandante. Fíjese por
concepto de agencias en derecho la suma de DIECIOCHO MILLONES
TREINTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS
M/CTE ($18.039.876) a cargo de la parte demandante y a favor de la
Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca -CAR- y la Nación -
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, en partes iguales.”3
(Negrillas y mayúsculas fijas del texto original).
1
Índice 84 Samai, actuación en primera instancia, proceso no. 25000-23-36-000-2015-00736-00.
2
Índice 81 Samai, actuación en primera instancia, proceso no. 25000-23-36-000-2015-00736-00.
3
Pg. 31, índice 81 Samai, actuación en primera instancia, proceso no. 25000-23-36-000-2015-00736-00.
2
Expediente 25000-23-36-000-2015-00736-00 (68.743)
Actor: Jaime Uribe y Hermanas Ltda
Reparación directa
Apelación sentencia
I. ANTECEDENTES
1. La demanda
El 11 de marzo de 2015, la sociedad Jaime Uribe y Hermanas Ltda (fl. 1 cdno. ppal.),
por intermedio de apoderado judicial ejerció el medio de control de reparación directa
consagrado en el artículo 140 del CPACA en contra de la Nación – Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sostenible, la Corporación Autónoma Regional de
Cundinamarca (en adelante CAR) y el Distrito Capital de Bogotá (fls. 1 a 47 cdno.
ppal.) con las siguientes pretensiones4:
““PRIMERA PRETENSIÓN: Que se declare administrativamente y
solidariamente responsable a LA NACIÓN – MINISTERIO DE AMBIENTE
Y DESARROLLO SOSTENIBLE y, la CORPORACIÓN AUTÓNOMA
REGIONAL DE CUNDINAMARCA – CAR y DISTRITO CAPITAL DE
BOGOTÁ por el daño antijurídico sufrido por JAIME URIBE Y HERMANAS
LTDA con ocasión de los hechos, omisiones y operaciones administrativas
relacionadas con la declaratoria, publicidad y registro de la Reserva Forestal
Regional Productora del Norte de Bogotá “Thomas Van Der Hammen” y la
reglamentación de los usos del suelo adoptada por el Acuerdo N° 21 de
2014, impuesta sobre los predios con matrícula inmobiliaria 50N-127847 de
la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Bogotá, zona norte.
SEGUNDA PRETENSIÓN: Que como consecuencia de la anterior
declaración se condene a LA NACIÓN – MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE y la CORPORACIÓN AUTÓNOMA
REGIONAL DE CUNDINAMARCA – CAR y DISTRITO CAPITAL DE
BOGOTÁ a pagar solidariamente a JAIME URIBE Y HERMANAS LTDA a
título de indemnización en la modalidad de daño emergente y lucro cesante,
la suma de TRES MIL SEISCIENTOS SIETE MILLONES NOVECIENTOS
SETENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS PESOS ($3.607.975.200)
correspondientes al detrimento en el valor del predio identificado con
matrícula inmobiliaria 50N-127847 de la Oficina de Instrumentos Públicos de
Bogotá, zona norte.
TERCERA PRETENSIÓN: Que se condene a LA NACIÓN- MINISTERIO
DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE, a la CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA y DISTRITO CAPITAL DE
BOGOTÁ a pagar solidariamente a mis mandantes las sumas líquidas
reconocidas a título de indemnización, indexadas y actualizadas en los
términos del inciso 4° artículo 187 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
CUARTA PRETENSIÓN: Que se condene a LA NACIÓN – MINISTERIO
DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE, y a la CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA – CAR – y DISTRITO
CAPITAL DE BOGOTÁ a pagar solidariamente a mis mandantes intereses
moratorios a partir de la ejecutoria de la sentencia que ponga fin al proceso
sobre cualquier suma que sea reconocida a título de indemnización, en los
términos del inciso 3° del artículo 192 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
QUINTA PRETENSIÓN: Que se condene a LA NACIÓN – MINISTERIO DE
AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE y a la CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA – CAR – y DISTRITO
CAPITAL DE BOGOTÁ a las costas y agencias en derecho, de conformidad
4
Tomadas del escrito de reforma de la demanda obrante en los folios 62 a 97 del cuaderno principal.
3
Expediente 25000-23-36-000-2015-00736-00 (68.743)
Actor: Jaime Uribe y Hermanas Ltda
Reparación directa
Apelación sentencia
con lo establecido en el artículo 188 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”. (fls. 65 y 66 cdno. ppal.
– negrillas y mayúsculas sostenidas del texto original)
2. Hechos
1) En el artículo 5º de la Resolución no. 475 del 2000, el entonces denominado
Ministerio de Ambiente dispuso que entre la Corporación Autónoma Regional de
Cundinamarca (CAR) y la autoridad ambiental del Distrito Capital de Bogotá debía
concertarse la zona que debía ser declarada como “Área de Reserva Forestal Regional
del Norte”, acto administrativo que fue modificado mediante la Resolución no. 621 de
2000 en el sentido de que el respectivo alinderamiento estaría solamente a cargo de
la CAR.
2) Por razón de lo anterior, a través del Decreto no. 1110 de 2000, el alcalde mayor de
Bogotá adecuó el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) del Distrito Capital en el cual
precisó que el suelo de la zona norte de la ciudad estaría integrado por el área rural
de la futura “Reserva Forestal Regional del Norte” que declarara y alinderara la CAR.
3) La sociedad Jaime Uribe y Hermanas Ltda es propietaria del inmueble denominado
“El Madrigal”, identificado con la matrícula inmobiliaria no. 50N-127847 de la Oficina
de Registro de Instrumentos Públicos de Bogotá, predio que se encuentra clasificado
en el POT como suelo rural dentro de la zona denominada “la Pieza Rural Norte” y que
ha sido explotado económicamente a través de ganadería extensiva.
4) Posteriormente, la CAR profirió el Acuerdo no. 11 del 19 de julio de 2011 mediante
el cual declaró la Reserva Forestal Productora del Norte de Bogotá DC “Thomas Van
Der Hammen” dentro de la cual fue incluido el referido inmueble; en los artículos 3º y
4º de ese acuerdo se dispuso que hasta tanto se expidiera el correspondiente Plan de
Manejo Ambiental el régimen de usos sería el siguiente: “a) uso principal: forestal y
demás asociados a la conservación, b) uso compatible: investigación científica y
recreación pasiva, c) uso condicionado: recreación, infraestructura de servicios
públicos domiciliarios, se seguridad ciudadana, dotacional, residencial y agropecuario
y, c) uso prohibido: todos aquellos no previstos en los demás usos.” (fl. 71 cdno. ppal.).
5) La inscripción de la correspondiente limitación al derecho de dominio fue
materializada el 31 de enero de 2013 en el respectivo folio de matrícula inmobiliaria.
6) El 23 de septiembre de 2014, la CAR profirió el Acuerdo no. 021, publicado en el
Diario Oficial el 27 de octubre de 2014, a través del cual adoptó el Plan de Manejo
Ambiental de la Reserva Forestal Productora del Norte de Bogotá DC “Thomas Van
4
Expediente 25000-23-36-000-2015-00736-00 (68.743)
Actor: Jaime Uribe y Hermanas Ltda
Reparación directa
Apelación sentencia
Der Hammen”, este acuerdo dispuso que el predio de la sociedad demandante
quedaría ubicado en la “zona de restauración” donde se prohíbe expresamente la
explotación agropecuaria, circunstancia que resultó en la pérdida del valor comercial
de la finca y, por ende, se tradujo en una afectación patrimonial que la parte actora no
está llamada a soportar.
3. Contestaciones de la demanda
3.1 Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR)
Contestó la demanda el 4 de noviembre de 2003 (fls. 146 a 173 cdno. ppal.), solicitó
que las pretensiones fueran negadas con sustento en lo siguiente: (i) las actuaciones
de la CAR estuvieron enmarcadas en la legalidad, hubo un adecuado funcionamiento
del servicio orientado a satisfacer los intereses públicos; (ii) no existe daño antijurídico
porque la declaración de reserva forestal no implica la afectación de todos los atributos
del derecho a la propiedad, máxime cuando el Acuerdo no. 11 de 2011 de la CAR
mantuvo los usos residenciales, agropecuarios y dotacionales condicionados a unos
requisitos específicos de conservación gradual; (iii) se configuran las excepciones de
“falta de legitimación en la causa por pasiva” y “hecho de un tercero” porque el llamado
a responder en este caso es el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible ya que,
la CAR simplemente dio cumplimiento a lo previamente ordenado por dicha cartera
ministerial mediante las Resoluciones números 475 y 621 del 2000 y, (vi) el predio en
cuestión, según el POT, antes y después de la declaración de reserva forestal, siempre
ha estado situado en una zona rural, de manera que sus usos siempre han estado
condicionados a las limitaciones propias de esa zona, razón por la cual no es posible
que se haya desvalorizado.
3.2 Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
Radicó la contestación de la demanda el 28 de septiembre de 2015 (fls. 174 a 182
cdno. ppal.) en el sentido de oponerse a todas y cada una de las pretensiones, con
sustento en que no incurrió en omisión o extralimitación en el ejercicio de las funciones
asignadas por la Constitución y la ley, no ha causado daño antijurídico alguno y
propuso las siguientes excepciones: (i) “falta de legitimación en la causa por pasiva” y
“ausencia de nexo causal”, por cuanto el supuesto daño alegado se habría
materializado con la expedición del Acuerdo no. 011 de 2011 proferido por la CAR por
medio del cual alinderó la reserva forestal; (ii) “ausencia de daño y responsabilidad
causados a los demandantes por parte del ministerio”, dado que los supuestos
perjuicios reclamados provienen de factores ajenos a la actividad del ministerio y, (iii)
“inexistencia de responsabilidad del ministerio como miembro del Consejo Directivo de
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Expediente 25000-23-36-000-2015-00736-00 (68.743)
Actor: Jaime Uribe y Hermanas Ltda
Reparación directa
Apelación sentencia
la CAR”, porque, pese a que dicho ente es parte del Consejo Directivo de la CAR, sus
decisiones son colegiadas e institucionales, las cuales no se extienden al organismo
del orden nacional.
3.3 Distrito Capital de Bogotá – Secretaría de Planeación
El 1º de diciembre de 2015 (fls. 184 a 200 cdno. ppal.) radicó un memorial con
oposición a todas y cada una de las súplicas de la demanda, solicitó ser desvinculado
del proceso porque no fue convocado por la parte demandante para el agotamiento
del requisito de conciliación extrajudicial ante la Procuraduría General de la Nación;
también propuso las siguientes excepciones: (i) “falta de legitimación en la causa por
pasiva”, habida cuenta que fue la CAR quien expidió los acuerdos a través de los
cuales se declaró y delimitó la Reserva Forestal Regional Productora del Norte Bogotá
DC “Thomas Van Der Hammen”; (ii) “falta de nexo causal, por inexistencia de acción
u omisión administrativa”, por cuanto el Distrito Capital de Bogotá no ejerció acto
jurídico alguno que impidiera la explotación económica de predio denominado “El
Madrigal” de propiedad de la sociedad demandante y, (iii) “inexistencia del daño por
daño emergente y lucro cesante”, debido a que la demandante nunca estuvo habilitada
para explotar económicamente el predio en actividades diferentes a la agrícola.
4. Audiencia inicial
1) El 14 de marzo de 2017, el tribunal resolvió las excepciones previas en el siguiente
sentido: (i) declaró probada de oficio la excepción de “ineptitud sustantiva de la
demanda” respecto del Distrito Capital de Bogotá por falta de agotamiento del requisito
de procedibilidad, por cuanto esa entidad no fue convocada a la correspondiente
audiencia de conciliación extrajudicial, razón por la cual dispuso la terminación del
proceso respecto de dicha entidad; (ii) estudió de oficio la excepción de caducidad y
consideró que la demanda fue oportuna; (iii) declaró legitimadas en la causa por pasiva
a la CAR y a la Nación – Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (fl. 261 cdno.
ppal.).
2) La parte demandante presentó recurso de apelación en contra de la decisión que
declaró probada de oficio la excepción de “ineptitud sustantiva de la demanda”
respecto del Distrito Capital de Bogotá (fl. 261 cdno. ppal.); por otra parte, la Nación –
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y la CAR impugnaron la determinación
de no declarar la excepción de “falta de legitimación en la causa por pasiva” frente a
estas entidades (fl. 262 cdno. ppal.); la impugnación fue resuelta en sentido negativo
el 9 de septiembre de 2019 por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B
(fls. 270 a 277 cdno. ppal.).
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Expediente 25000-23-36-000-2015-00736-00 (68.743)
Actor: Jaime Uribe y Hermanas Ltda
Reparación directa
Apelación sentencia
5. La sentencia de primera instancia
El 2 de diciembre de 2021, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Tercera, Subsección A5 negó las pretensiones de la demanda por estimar lo siguiente:
1) Acerca de la configuración del daño, si bien en el respectivo folio de matrícula
inmobiliaria de la finca “El Madrigal” consta la inscripción del Acuerdo no. 11 del 19 de
julio de 2011 expedido por la CAR, esa circunstancia, por sí sola, no configura un daño
antijurídico, debido a que la restricción responde a la función social y ecológica de la
propiedad que no altera el equilibrio frente a las cargas públicas ya que, recae sobre
la cosa y no sobre el titular de la misma.
2) De igual modo, a la luz del juicio de proporcionalidad que debe aplicarse en estos
casos para verificar que no se afecte el núcleo del derecho a la propiedad se observa
que las restricciones impuestas por los Acuerdos números 11 de 2011 y 21 de 2014
de la CAR, relativas a la zona delimitada como Reserva Forestal Productora del Norte
de Bogotá DC “Thomas Van Der Hammen”, buscan fortalecer la riqueza ecológica del
sector; este objetivo es compatible con los artículos 79 y 80 de la Constitución Política
que establecen el deber de proteger la diversidad e integridad del medio ambiente; las
restricciones del uso del suelo son adecuadas en relación con el propósito de
protección y conservación, toda vez que, el correspondiente Plan de Manejo Ambiental
definió 4 zonas según sus características geográficas y su riqueza ecosistémica y
paisajística (i) de preservación, (ii) restauración, (iii) protección del paisaje y, (iv) uso
sostenible, esta última subdividida en subzonas de uso múltiple y de alta densidad de
uso.
3) Es importante aclarar que la limitación de uso registrada sobre el inmueble “El
Madrigal” exige que cualquier trámite o desarrollo cuente con consulta previa, no
obstante, se aplica solamente para el 35,75% del área total del inmueble, es decir, es
parcial respecto del área que se traslapa de la reserva forestal, lo cual significa que
sobre el terreno restante sí se pueden ejercer labores agrícolas o ganaderas.
4) Asimismo, debe considerarse que el mencionado Acuerdo 11 del 19 de julio de 2011
advirtió a los propietarios sobre las posibles limitaciones sobre de uso, la cuales
finalmente fueron determinadas en el Acuerdo 021 de 2014, en consecuencia, la parte
demandante dispuso del tiempo suficiente para adecuar su actividad económica
consistente en la labor ganadera de acuerdo con las previsiones fijadas por la
autoridad ambiental.
5
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Expediente 25000-23-36-000-2015-00736-00 (68.743)
Actor: Jaime Uribe y Hermanas Ltda
Reparación directa
Apelación sentencia
5) El referido Acuerdo 021 de 2014 de la CAR no prohibió la actividad agropecuaria,
sino que, estableció la necesidad de implementar prácticas que armonizaran con los
objetivos de la reserva, las restricciones estaban encaminadas a (i) no extender las
áreas destinadas para estas actividades y (ii) no desarrollar usos agropecuarios
altamente dependientes de insumos químicos que generen riesgo de contaminación y
afectación a la biodiversidad, ganadería extensiva con el modelo de potrero limpio,
empleo de semillas y animales modificados mediante técnicas de ingeniaría genética
y siembra de especies vegetales tóxicas, prohibiciones estas que la sociedad
demandante está en la obligación de soportar y que no trasgreden el núcleo del
derecho a la propiedad privada.
6) De otra parte, en relación con la alegada desvalorización del predio, con la demanda
se presentó un avalúo elaborado por la firma GL Consulting el cual determinó que
como resultado del cambio del uso del suelo el predio perdió el valor comercial de
$3.607.975.200, sin embargo, según la jurisprudencia del Consejo de Estado este
hecho por sí mismo no es un elemento suficiente para que se configure la
responsabilidad patrimonial del Estado, a pesar de que sea significativa.
7) Al margen de lo anterior, la prueba pericial presenta defectos en su contenido por lo
siguiente: (i) el cálculo del valor del predio se basó en el área indicada en la escritura
pública no. 290 del 14 de febrero de 1973, sin considerar la transferencias parciales
de unos lotes que fueron objeto de dación en pago en el año 1979, así como tampoco
la compraventa efectuada con la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá;
(ii) aunque el dictamen menciona una metodología de comparación de mercado, los
peritos se limitaron a relacionar ocho predios ubicados en los municipios de
Subachoque, Tenjo y Sopó sin especificar de dónde se obtuvo esa información,
además, hay discrepancias entre los datos de las áreas del terreno y construcción con
respecto a las características del inmueble objeto de avalúo; (iii) no se aportaron
fotografías de los inmuebles en oferta; (iv) se desconocen las características físicas de
los inmuebles comparados, equipamientos, usos y servicios y, (v) no se demostró que
estos bienes fueran semejantes o comparables pues, no se precisó si tenían los
mismos usos permitidos.
8) Se condena en costas a la parte demandante, para la liquidación del monto de las
agencias en derecho se fija el 0.5% de las pretensiones de la demanda de conformidad
con el Acuerdo 1887 del 26 de junio de 2003 del CSJ, equivalente a $18.039.876 en
favor de la CAR y la Nación – Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible,
en partes iguales.
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Expediente 25000-23-36-000-2015-00736-00 (68.743)
Actor: Jaime Uribe y Hermanas Ltda
Reparación directa
Apelación sentencia
6. El recurso de apelación
En escrito del 14 de enero de 2022 la parte demandante solicitó que se revoque la
sentencia impugnada y se acceda a las pretensiones de la demanda6, por cuanto:
1) La sentencia apelada consideró, erróneamente, que la limitación impuesta no altera
el equilibrio frente a las cargas públicas, pues, la restricción del uso del suelo sobre
una franja del predio sí afecta el derecho de propiedad de la sociedad demandante
puesto que modifica los atributos de uso y goce hasta el punto de imposibilitar la
obtención de provecho económico en la correspondiente área, por cuanto ya no es
posible realizar actividades agropecuarias tales como la ganadería, lo que impacta
negativamente el valor del área afectada y reduce drásticamente el número de posibles
compradores, dado que solo al Estado le interesaría adquirir un suelo protegido.
2) En gracia de discusión, aun si se comprobara que la limitación mencionada no
afectó el núcleo de la propiedad ello no implica que no se haya causado algún perjuicio
que deba ser reparado, además, la sentencia no aclaró si la afectación tenía efectos
expropiatorios que pudieran haber generado daños no compensados por el
ordenamiento jurídico.
3) El fallo impugnado interpretó de manera incorrecta que el Acuerdo No. 021 de 2014
de la CAR no limitó la actividad agropecuaria en la finca “Los Madrigales”; a partir del
dictamen pericial y de la norma mencionada es evidente que la parte afectada de ese
bien inmueble no fue clasificada como zona de uso sostenible, sino como zona de
restauración, lo cual, de acuerdo con el artículo 9 de dicha norma, implica una
prohibición expresa para los usos agropecuarios que anteriormente sí eran permitidos;
de igual modo, el mapa 7 muestra las áreas afectadas del predio clasificándolas como
de conectividad ecológica y protección del paisaje, lo cual refleja una indebida
valoración probatoria en contravención del artículo 176 del Código General del
Proceso.
4) Por otra parte, no es aceptable el argumento según el cual los demandantes
tuvieron tiempo para adecuar su actividad comercial a raíz de la advertencia realizada
por el Acuerdo No. 11 del 19 de julio de 2011, esto no afecta la naturaleza del daño
cuyo resarcimiento es pertinente, porque la mera prohibición del uso agropecuario en
una parte del inmueble se traduce en la disminución del valor del bien, sin importar el
uso que se le estuviera dando o que se le pudiera dar, si se tiene en cuenta que fue
adquirido antes de la entrada en vigencia de dicha norma.
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Índice 84 Samai, actuación en primera instancia, proceso no. 25000-23-36-000-2015-00736-00.
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Expediente 25000-23-36-000-2015-00736-00 (68.743)
Actor: Jaime Uribe y Hermanas Ltda
Reparación directa
Apelación sentencia
5) El dictamen pericial aportado con la demanda cuenta con el suficiente mérito de
convicción para emitir una decisión condenatoria y probar la cuantía del daño, los
reparos manifestados por la primera instancia son infundados, por cuanto: (i) aunque
el método comparativo de mercado está reglamentado en la Resolución No. 620 de
2008 del IGAC, esta norma no es de observancia obligatoria para los dictámenes
periciales porque se refiere específicamente a aquellos ordenados en el marco de la
Ley 388 de 1997, lo cual no es aplicable en el presente caso, porque no se trata de un
proceso de enajenación forzosa o voluntaria; (ii) no se desconoce la fuente de
información de las ofertas, se proporcionaron los números de contacto de las
propiedades en comparación; (iii) no es necesario presentar fotografías de los predios
en oferta, puesto que de acuerdo con el artículo 10 de la mencionada Resolución 620
de 2008, esto solo se requiere “en los eventos en los que sea posible”; (iv) los predios
comparados, según el dictamen, sí presentan características topográficas similares,
por el hecho de que están ubicados en la Sabana de Bogotá, en zona rural y dentro
del perímetro urbano, y comparten la misma vocación agropecuaria; (v) en cuanto a la
extensión del predio, el perito tuvo en cuenta las áreas restadas por las daciones en
pago y la venta parcial realizada a la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de
Bogotá, resultando en una extensión de 559.376 m² según la anotación no. 3 del
certificado de tradición; además, el valor del metro cuadrado no se ve afectado en caso
de que haya un error en el cálculo del área y, (vi) la falta de indicación de la dirección
de los precios comparados no es una exigencia de la Resolución 620 de 2008 del
IGAC, pues, no se requiere que los predios rurales sean identificados por
nomenclatura.
6) El tribunal ignoró el deber de decretar pruebas de oficio, si estimó que el dictamen
no ofrecía certeza sobre la depreciación del inmueble era indispensable aplicar el
artículo 213 del CPACA, en cuanto establece que el juez con antelación a dictar
sentencia puede disponer la práctica de pruebas necesarias para esclarecer puntos
oscuros o difusos de la contienda, aunque esta norma utiliza un lenguaje de carácter
facultativo, el artículo 170 del CGP, ley posterior, adopta una fórmula imperativa para
el decreto de pruebas de oficio.
7) No fueron expuestos los criterios de proporcionalidad ni los elementos de prueba
que llevaron a tasar las agencias en derecho en $18.039.876, tal como lo exige el
artículo 365 del CGP, tampoco obra en el expediente prueba alguna que indique que
las entidades demandadas incurrieron en gastos adicionales a los del curso ordinario
para defender sus intereses jurídicos.
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Expediente 25000-23-36-000-2015-00736-00 (68.743)
Actor: Jaime Uribe y Hermanas Ltda
Reparación directa
Apelación sentencia
7. Actuación surtida en segunda instancia
Por auto del 5 de diciembre de 2022 se admitió el recurso de apelación (índice 6
Samai).
En el término establecido en el numeral 4 del artículo 247 del CPACA, modificado por
el artículo 66 de la Ley 2080 de 2021, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
se pronunció sobre el recurso de apelación (índice 12 Samai), solicitando que se
confirme la sentencia de primera instancia debido a que según la jurisprudencia del
Consejo de Estado, la sola depreciación de un inmueble no es un elemento suficiente
para configurar la responsabilidad patrimonial del estatal en los casos de cambio de
uso del suelo, y tampoco se demostró la desvalorización del inmueble ni se comprobó
que tuviera alguna destinación específica antes de su inclusión en la zona de reserva
forestal, lo que convierte el desmedro patrimonial alegado en una mera expectativa.
Las demás partes y el Ministerio Público guardaron silencio.
II. CONSIDERACIONES
Cumplidos los trámites propios del proceso, sin que exista causal alguna de nulidad
que invalide lo actuado, procede la Sala a resolver el asunto sometido a consideración
con el siguiente derrotero: 1) objeto de la controversia y anuncio de la decisión, 2)
análisis de la impugnación, 3) conclusión y 4) condena en costas.
1. Objeto de la controversia y decisión que se adoptará
Presentada la demanda de manera oportuna7, el objeto de la controversia consiste en
determinar si se reúnen los requisitos necesarios para atribuir responsabilidad
patrimonial extracontractual a la Nación – Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible y a la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) por causa
de la expedición de los reglamentos que dieron lugar a la constitución de la Reserva
Forestal Productora del Norte de Bogotá DC “Thomas Van Der Hammen” y el cambio
7
Según los hechos de la demanda, la afectación del derecho a la propiedad al que refiere la sociedad Jaime Uribe
y Hermanas Ltda en relación con el dominio que ejerce sobre el inmueble “El Madrigal”, tuvo ocurrencia a partir de
la declaratoria de la Reserva Forestal Regional Productora del Norte de Bogotá DC “Thomas Van Der Hammen” a
través del Acuerdo no. 11 del 9 de agosto de 2011 proferido por la CAR, limitación que se materializó con la
inscripción realizada en el correspondiente folio de matrícula inmobiliaria no. 50N-127847 el 31 de enero de 2013,
fecha a partir de la cual la demanda, en principio, debía presentarse hasta el 1 de febrero de 2015 (fl. 49 cdno.
ppal.), no obstante, el termino se suspendió desde el 30 de enero hasta el 10 marzo de 2015 por virtud del trámite
de conciliación extrajudicial agotado ante la Procuraduría 10 Judicial II Para Asuntos Administrativos (fl. 65 y 66
cdno. ppal.), esto es, dos (2) días antes del vencimiento del término para presentar la demanda y como esta se
radicó el 11 de marzo de 2015 (fl. 1 cdno. ppal.), lo fue en el término de dos años previsto en el literal i) del numeral
2 del artículo 164 del CPACA.
11
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de los usos del suelo adoptados mediante el Acuerdo no. 21 de 2014 expedido por la
CAR que, según afirma la parte demandante, desencadenaron un daño antijurídico
consistente en la limitación del derecho a la propiedad que ejerce sobre el inmueble
denominado “El Madrigal”, donde ya no podrán desarrollarse actividades de
explotación agropecuaria, lo cual se habría traducido en una disminución de su valor
económico.
La primera instancia negó las pretensiones de la parte actora por considerar que los
cambios introducidos en los usos del suelo por la constitución de la referida reserva
forestal no afectaron el núcleo del derecho a la propiedad y, en consecuencia, no
implican la causación de un daño antijurídico, adicionalmente, que la afectación solo
se dio sobre una franja del terreno y que la actividad ganadera no era incompatible con
la clasificación del suelo; el dictamen pericial para acreditar la desvalorización del
inmueble no estaba debidamente sustentado; frente a ello, en la apelación la parte
demandante insistió en que sí se afecta de manera ostensible el derecho a la
propiedad, que no es cierto que el uso del suelo permita la actividad agropecuaria, que
el dictamen pericial que acredita la desvalorización del predio sí está debidamente
sustentado y, que no fue adecuadamente soportada la decisión sobre tasación de las
agencias en derecho.
La sentencia de primera instancia será confirmada en el sentido de negar las súplicas
de la demanda, por cuanto a partir del análisis de las pruebas aportadas, no es posible
concluir que la sociedad Jaime Uribe y Hermanas Ltda haya sufrido limitaciones al
derecho a la propiedad con la entidad suficiente como para alterar el núcleo del
derecho a la propiedad privada y considerar la existencia de un daño antijurídico que
sea atribuible a los entes demandados con sustento en el título de imputación de daño
especial por el hecho de una actuación lícita del Estado, adicionalmente, no es
necesario el estudio acerca de si está debidamente probada la desvalorización del bien
inmueble denominado “El Madrigal” ya que se refiere a la demostración de un perjuicio;
empero, se modificará la decisión en lo que se relaciona con las agencias en derecho,
porque estas debieron tasarse en auto separado una vez en firme la sentencia.
2. Análisis de la impugnación
Para el estudio de los motivos del recurso de apelación, la Sala adoptará el siguiente
orden: (i) la responsabilidad del Estado por la limitación del derecho a la propiedad
privada y, (ii) el daño antijurídico.
12
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2.1 La responsabilidad del Estado por la limitación del derecho a la propiedad
privada
1) Los hechos de la demanda refieren, principalmente, la restricción del derecho a la
propiedad privada consagrado en el artículo 58 de la Constitución Política8,
aparentemente en contradicción con algunas potestades de la administración pública
tendientes a perseguir fines estatales, especialmente, la protección del medio
ambiente, razón por la cual es necesario aludir a los criterios aducidos por la
jurisprudencia para entender cuándo ese derecho se considera vulnerado y debe
repararse por hechos atribuibles a una acción legítima del Estado.
2) En ese contexto debe precisarse que, en los eventos en los cuales se ha intentado
conocer los límites de la potestad del legislador en cuanto a la regulación de los
derechos fundamentales y, en menor escala, las atribuciones de la administración
pública para la restricción de libertades, la doctrina9 y la jurisprudencia10 han advertido
que los derechos, aún los de carácter constitucional, no pueden considerarse ilimitados
o absolutos, pues, deben ceder ante el interés general y los fines esenciales del
Estado.
3) No obstante, se ha advertido que es imprescindible identificar el núcleo de los
derechos como barrera o límite infranqueable para los poderes públicos11 y, para ello
es menester encontrar su importancia relativa respecto de otros bienes igualmente
protegidos por la Constitución Política.
8
El artículo 58 de la Constitución Política dispone: “Se garantizan la propiedad privada y los demás derechos
adquiridos con arreglo a las leyes civiles, los cuales no pueden ser desconocidos ni vulnerados por leyes
posteriores. Cuando de la aplicación de una ley expedida por motivos de utilidad pública o interés social, resultare
en conflicto los derechos de los particulares con la necesidad por ella reconocida, el interés privado deberá ceder
al interés público o social.
La propiedad es una función social que implica obligaciones. Como tal, le es inherente una función ecológica.
El Estado protegerá y promoverá las formas asociativas y solidarias de propiedad.
Por motivos de utilidad pública o interés social definidos por el legislador, podrá haber expropiación mediante
sentencia judicial e indemnización previa. Este se fijará consultando los intereses de la comunidad y del afectado.
En los casos que determine el legislador, dicha expropiación podrá adelantarse por vía administrativa, sujeta a
posterior acción contenciosa-administrativa, incluso respecto del precio”.
9
Parejo Alfonso, Luciano. “El contenido esencial de los derechos fundamentales, a propósito de la sentencia del
Tribunal Constitucional de 8 de abril de 1981”. Revista Española de Derecho Constitucional, Vol 1. Num 3.
Septiembre – Diciembre 1981.
10
Corte Constitucional, sentencia T – 284 de 1994, MP Vladimiro Naranjo Mesa, providencia donde se analizó el
caso de un predio declarado por el Concejo Municipal de Chía como de utilidad pública y autorizó al alcalde
municipal para que adelantara la negociación directa y voluntaria para la adquisición del mencionado inmueble, en
los términos previstos en la Ley 9a. de 1989, "precisando además que la destinación del predio sería para la
continuación del Complejo I Institucional, Educativo, Cultural y Deportivo del Municipio". En el mencionado acuerdo
se ordenó que en el evento de que no se llegase a un arreglo, o si se vencían los términos legales para la
negociación directa, el alcalde municipal podría adelantar la expropiación del inmueble. Al respecto, dicha
Corporación estimó: “Por otra parte, que ni el derecho a la propiedad, ni ninguno de los demás derechos, es
absoluto, pues tiene siempre como limitante el interés general, ante el cual debe ceder, con el fin de que todo el
ordenamiento jurídico, económico y social logre su cabal desarrollo y su estabilidad. Adicionalmente debe anotarse
que el núcleo esencial de la propiedad no se altera por el mero hecho de haberse decretado la expropiación”.
11
Parejo Alfonso, Luciano Ibidem: “Es claro, pues, que los derechos fundamentales, como cualesquiera otros
derechos subjetivos, no son ilimitados, sino que están sujetos a todo un sistema de límites, y que la garantía
constitucional de un contenido esencial en los mismos tiene la condición de barrera infranqueable (de límite) al
resultado del proceso de concreción de todos los límites posibles”.
13
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4) En el derecho colombiano, el artículo 58 de la Constitución Política reconoce la
propiedad privada como un derecho subjetivo del que se deriva una función social y
ecológica, con miras al cumplimiento de varios deberes de índole constitucional, tales
como la protección del medio ambiente, la promoción de la justicia, la equidad y el
interés general (arts. 1, 2, 95 numerales 1 y 8).
5) En relación con la legislación civil, artículo 669 del Código Civil12 le otorgaba a los
titulares las mayores facultades sobre los bienes, máxime cuando en la versión original
de esa norma se expresaba que se podía disponer de ellos “arbitrariamente”, sin
embargo, la Corte Constitucional en la sentencia C-595 de 1999 declaró inexequible
dicha expresión por el hecho de entender que implicaba un interés individualista
consignado por el constituyente de 188713 incompatible con la nueva Constitución que,
sobre la noción de Estado Social de Derecho excluía una concepción absoluta de la
propiedad privada; con apoyo en esa premisa, encontró que los atributos consistentes
en el goce y poder de disposición son los que integran la esencia del derecho a la
propiedad, los cuales, en principio, no se afectan por las limitaciones consagradas en
el ordenamiento jurídico14:
“La propiedad, en tanto que derecho individual, tiene el carácter de
fundamental, bajo las particulares condiciones que ella misma ha señalado.
Justamente los atributos de goce y disposición constituyen el núcleo
esencial de ese derecho, que en modo alguno se afecta por las
limitaciones originadas en la ley y el derecho ajeno pues, contrario
sensu, ellas corroboran las posibilidades de restringirlo, derivadas de
su misma naturaleza, pues todo derecho tiene que armonizarse con las
demás que con él coexisten, o del derecho objetivo que tiene en la
Constitución su instancia suprema. Por esas consideraciones, la Corte
procederá a retirar el término arbitrariamente (referido a los atributos del
derecho real de propiedad en Colombia) del artículo 669 del Código Civil,
demandado.” (se destaca).
6) De igual manera, la mencionada Corporación15 ha afirmado que la función
ecológica de la propiedad constituye una respuesta del constituyente a la problemática
planteada debido a la explotación y uso indiscriminado de los bienes y derechos
particulares frente la preservación de un medio ambiente sano considerado como un
derecho y bien colectivo (Arts. 79 y 80 de la Constitución Política).
12
El artículo 669 del Código Civil preceptuaba: “El dominio (que se llama también propiedad) es el derecho real en
una cosa corporal, para gozar y disponer de ella arbitrariamente, no siendo contra ley o contra derecho ajeno. La
propiedad separada del goce de la cosa se lama mera o nuda propiedad.” (subrayado y negrillas del original).
13
El Código Civil Colombiano fue adoptado por la Ley 57 de 1887.
14
Corte Constitucional, sentencia C-595 del 18 de agosto de 1999, CP Carlos Gaviria Díaz, decisión en la cual
también se expresó lo siguiente: “La Constitución de 1991 reconstituyó a Colombia como un "Estado social de
derecho organizado en forma de República unitaria... fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo
y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general. Como lógico corolario, la
configuración del derecho de propiedad (reiterativa de la inconsistencia anotada a propósito de la Reforma de
1936), se hizo atenuando aún más las connotaciones individualistas del derecho y acentuando su función social;
agregó además el Constituyente que al derecho de propiedad le es inherente una función ecológica y creó, con el
mandato de que sean protegidas, y promovidas formas asociativas y solidarias de propiedad (...).”.
En sentido similar, la sentencia C-189 del 15 de marzo 2006, CP Rodrigo Escobar Gil.
15
Corte Constitucional, sentencia C-189 del 15 de marzo de 2006, MP Rodrigo Escobar Gil. Igualmente, la
sentencia C-126 del 1º de abril de 1998 M.P. Alejandro Martínez Caballero.
14
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7) El Consejo de Estado también se ha pronunciado en varias oportunidades acerca
de la imposición de limitaciones que afectan o restringen el derecho a la propiedad16
a lo cual le ha dado el nombre de “ocupación jurídica” 17 para distinguirla de aquella
que implica una ocupación material18, pero, también la ha diferenciado de la
expropiación por tratarse de una institución sustancialmente distinta ya que, esta
última implica la adquisición forzada de un bien sin que medie la autorización de su
propietario19.
8) En casos específicos en los cuales se ha demandado con ocasión de la constitución
de un reserva forestal, el Consejo de Estado también ha manifestado que la afectación
de un bien a un interés general no excede los límites fijados por el artículo 58
constitucional, por tratarse de restricciones que obedecen a una carga que el
ciudadano está en del deber jurídico se soportar en favor de la función social y
ecológica de la propiedad, especialmente cuando a pesar de las restricciones es
posible seguir realizando algunas actividades económicas sobre el bien inmueble:
“La Sala debe recalcar que, en materia de afectaciones al interés
general, no resulta suficiente que el actor alegue que no pudo utilizar
el bien de acuerdo con sus propósitos íntimos o sus meras
expectativas, puesto que el artículo 669 C.C., es claro en afirmar que la
propiedad debe ejercerse con sujeción a la ley; en el caso concreto la
Finca “El Saldo” su explotación económica y jurídica debe realizarse en
concordancia con la afectación que pesa sobre el bien, esto es, la de una
Reserva Forestal Protectora. (…) La Sala tampoco accederá a las
pretensiones de la demanda que buscan que se ordene, a título de
indemnización por daño emergente, el pago del valor de la propiedad,
puesto que ésta no se ha perdido para el propietario, quien todavía mantiene
su derecho a utilizar el bien de acuerdo con lo establecido en el
ordenamiento jurídico y, por tanto, bien puede enajenarlo, arrendarlo o
cederlo, formas todas ellas que se encuadran dentro del concepto de
explotación jurídica del bien.”20 (destaca la Sala).
16
Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 17 de febrero de 1992, interno no. 6643, CP Daniel Suárez
Hernández.
17
Al respecto, en cuanto a la expresión o concepto de “ocupación jurídica”, el ponente ha aclarado el voto, en el
sentido de expresar que si bien aquella noción ha sido mencionada por el Consejo de Estado en varias
oportunidades, se trata de una categoría que no existe en el ordenamiento y no tiene respaldo en las diferentes
causas previstas en el artículo 140 del CPACA para impetrar el medio de control de reparación directa contemplado
para reparar daños derivados de un hecho, omisión, operación administrativa u ocupación temporal o permanente,
entendido esto último como un hecho que se despliega y es palpable en el mundo material, sin que sea necesario
realizar una extrapolación de este verbo para reemplazar lo que simplemente se refiere a una limitación del derecho
a la propiedad, que tiene por causa un acto administrativo cuya legalidad no se discute y, que por lo tanto, la
reclamación de la responsabilidad patrimonial extracontractual del Estado, bien pudiera atribuirse a un daño
especial. Ver aclaración de voto en Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 11 de
septiembre de 2024, radicación no. 52001-23-33-000-2016-00416-01 (63.920), CP Alberto Montaña Plata.
18
Sobre la ocupación jurídica de un bien se ha referido el Consejo de Estado, Sección Tercera, entre otras, en las
siguientes providencias: sentencia del 10 de agosto de 2005, radicación no. 15001-23-31-000-1990-10957-01
(15.338), CP Ruth Stella Correa Palacio; sentencia del 1º de enero de 2006, radicación no. 44001-23-31-000-1996-
00598-01 (14.936) CP Mauricio Fajardo Gómez; sentencia del 01 de enero de 2007, radicación no. 52001-23-31-
000-1996-07633 (15.351), CP Mauricio Fajardo Gómez; sentencia del 7 de mayo de 2008, radicación no. 68001-
23-15-000-1996-01456-01 (16.922), CP Ruth Stella Correa Palacio; sentencia del 11 de agosto de 2011, radicación
no. 76001-23-24-000-1996-03045-01 (18.161), CP Mauricio Fajardo Gómez.
19
Consejo de Estado, Sección Tercera., Subsección A, sentencia 9 de mayo de 2012, radicación no. 25000-23-26-
000-1993-04137-01 (21906), CP Mauricio Fajardo Gómez.
20
Consejo de Estado, Sección Tercera., Subsección A, sentencia 9 de mayo de 2012, radicación no. 25000-23-26-
000-1993-04137-01 (21906), CP Mauricio Fajardo Gómez.
15
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9) En ese sentido es claro que, si se mantiene la posibilidad de explotar jurídica y
económicamente un bien inmueble, las limitaciones a la propiedad no implican por
sí mismas un daño que se considere antijurídico y atribuible a título de daño
especial21; al respecto, esta Subsección en sentencia del 8 de noviembre de 2021
en un caso similar al presente en el cual se demandó por la afectación de unos
inmuebles por virtud de la declaración de reserva forestal protectora del Bosque
Oriental de Bogotá negó las pretensiones de uno de los demandantes con apoyo
en la siguiente argumentación:
“De conformidad con las pruebas obrantes en el expediente y con la
jurisprudencia de esta Sección, la afectación del inmueble de la
sociedad Bosques de Santa Ana Ltda. (en liquidación) derivada de la
declaratoria de la Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de
Bogotá no constituye un daño antijurídico reparable, ya que dicha
limitación corresponde a cargas que el asociado está en el deber de
soportar porque no ostenta el carácter de excepcional ni le causó un
daño especial. Las pruebas aportadas por la demandante permiten
concluir que la sociedad puede realizar algunas actividades
económicas sobre el inmueble, aunque estas se limiten al
<<aprovechamiento indirecto de los bosques y (…) la obtención de los
productos secundarios del mismo>> y al <<uso habitacional menor o
igual a 3 pisos>>.
Si bien la limitación que pesa sobre el inmueble afecta de manera
significativa los derechos del propietario, no implica un vaciamiento
del derecho de propiedad puesto que el ordenamiento jurídico
mantiene la posibilidad de un aprovechamiento económico del bien,
sujeto a la autorización de la autoridad administrativa competente. Por
lo tanto, no está llamada a comprometer la responsabilidad del Estado”
22
. (negrillas adicionales)
10) Adicionalmente, en un proceso en el cual una empresa productora de flores
demandó por la afectación derivada de las restricciones del suelo introducidas en el
Plan de Manejo Ambiental de la Reserva Forestal Productora del Norte de Bogotá DC
“Thomas Van Der Hammen”, que prohibieron desarrollar en los inmuebles de la
sociedad demandante la actividad de la floricultura, el Consejo de Estado, Sección
Tercera, Subsección A negó las pretensiones de la demanda con sustento en
argumentaciones similares a las previamente citadas y, además, por considerar que
no se había causado un daño antijurídico dado que el ordenamiento había previsto un
plazo de siete años como medida compensatoria para el reemplazo de la actividad allí
ejercida23.
21
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 29 de febrero de 2016, radicación no. 07001-
23-31-000-2003-00015-01 (33.505), CP Ramiro Pazos Guerrero.
22
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 18 de noviembre de 2021, radicación no.
25000-23-26-000-2007-00294-01 (44.670), CP Martín Bermúdez Muñoz, con salvamento del consejero Alberto
Montaña Plata quien consideró que en ese caso específico existía caducidad de la acción de reparación directa.
23
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 19 de febrero de 2021, radicación no. 25000-
23-36-000-2016-01574-01 (63.087), CP Marta Nubia Velásquez Rico.
16
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2.2 El daño antijurídico
1) La sociedad demandante sostiene que se le ha causado un daño antijuridico debido
a la delimitación y reglamentación del uso del suelo en la Reserva Forestal Regional
Productora del Norte de Bogotá DC “Thomas Van der Hammen”, asegura que esta
situación ha limitado su derecho a la propiedad, particularmente en lo que respecta a
la explotación económica que podría llevarse a cabo en el inmueble “Los Madrigales”,
así como también, por el hecho de afectar su valor comercial, por lo tanto, la Sala
abordará el alcance de dicha restricción.
2) En el proceso está demostrado que la sociedad Jaime Uribe y Hermanas Ltda es la
propietaria del bien inmueble denominado “El Madrigal” identificado con la matrícula
inmobiliaria no. 50N-127847, con una extensión original de 110 hectáreas, ubicado en
zona rural del Distrito Especial de Bogotá, el cual fue adquirido mediante escritura
pública no. 290 del 14 de febrero de 1973 de la Notaría 13 de Bogotá y respecto del
cual posteriormente se realizaron los siguientes actos jurídicos: (i) dación en pago de
los lotes “San Carlos”, “Guaca” y “Bora” cada uno de un área de 18 hectáreas,
mediante la escritura pública no. 1902 del 30 de noviembre de 1979 de la Notaría 11A
de Bogotá; (ii) compraventa parcial con la Empresa de Acueducto y al Alcantarillado
de Bogotá ESP sobre 624 mts2 a través de la escritura pública no. 2.019 del 30 de
diciembre de 1999 de la Notaría 25 de Bogotá y, (iii) la constitución de una servidumbre
de acueducto en una franja de 5293,95 mts2 en favor de la Empresa de Acueducto de
Alcantarillado de Bogotá según la escritura pública no. 4.559 del 30 de diciembre de
1999 de la Notaría 25 de Bogotá (fl. 47 vlto, cdno. ppal.).
3) Igualmente, según el certificado de existencia y representación legal de la sociedad
Jaime Uribe y Hermanas Ltda, su objeto social consiste en desarrollar “toda clase de
negocios de agricultura, compra, venta y distribución de arroz, ya sea en tierras de su
propiedad o en tierras ajenas, también será objeto de la sociedad el negocio de la
ganadería, la compra, venta y engorde de ganado (…).” (fl. 62 vlto, cdno. ppal.).
4) También es cierto que el 19 de julio de 2011 la CAR expidió el Acuerdo no. 11, en
el cual se declaró la Reserva Forestal Regional Productora del Norte de Bogotá DC
“Thomas Van der Hammen”, que abarca las localidades de Suba y Usaquén del Distrito
Capital de Bogotá, en este acuerdo se establecieron las coordenadas para su
delimitación; asimismo, en el artículo se 3 consagró que la Dirección General de esa
entidad elaboraría el Plan de Manejo Ambiental correspondiente que incluiría el
régimen de usos, programas y proyectos para el mantenimiento de los objetivos de
conservación; por otro lado, en el artículo 4 preceptuó:
17
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Artículo 4º.- Régimen de usos. Hasta tanto se adopte el Plan de Manejo
Ambiental de la Reserva Forestal Regional Productora del Norte de Bogotá
“Thomas van der Hammen”, la zona declarada como tal se sujetará al siguiente
régimen de usos:
a) Uso principal: Forestal y demás actividades asociadas a la
conservación.
b) Usos compatibles: Investigación científica y recreación pasiva.
c) Usos condicionados: Recreación activa, infraestructura de servicios
públicos domiciliarios, infraestructura de servicios de seguridad ciudadana,
dotacional, residencial y agropecuario.
c) Usos prohibidos: Sin perjuicio de lo que se determine en el Plan de
Manejo Ambiental, se consideran prohibidos aquellos usos no previstos como
principales, compatible o condicionados (…).
Parágrafo 2º. La permanencia de los usos agropecuarios, además de las
condiciones establecidas en el parágrafo anterior, se supeditará a la
prohibición de extender las áreas destinadas a estas actividades, y que
se determine su compatibilidad en el Plan de Manejo Ambiental de la
reserva forestal (…)” (fls. 27 y 28 cdno. 2 - se destaca).
5) El 31 de enero de 2013 se inscribió el mencionado acuerdo en la anotación no. 4
del folio de matrícula inmobiliaria No. 50N-127847 correspondiente al inmueble “Los
Madrigales” con un “PORCENTAJE DE AFECTACIÓN DEL 35.76%” (fl. 47 vlto, cdno.
2), esto significa que la totalidad de la extensión del terreno no se encuentra dentro
de los límites de la reserva, sino, tan solo una porción del mismo.
6) Después, la CAR expidió el Acuerdo 021 del 23 de septiembre de 2014, en el cual,
efectivamente, adoptó el Plan de Manejo Ambiental de la Reserva Forestal Regional
Productora del Norte de Bogotá DC “Thomas Van der Hammen” que, en el artículo 7º
fijó la zonificación y usos, del siguiente modo:
“Artículo 7: Zonificación y usos. La zonificación constituye una de las
actividades más importantes en el proceso de planificación, y con ella se
busca identificar y delimitar unidades con características más o menos
homogéneas, en las cuales se adelantarán acciones similares de manejo
que conlleven a alcanzar los objetivos de consideración y manejo
perseguidos.
En la zonificación se precisa lo que se puede hacer o no dentro de la reserva
y dónde se adelantarán las diferentes actividades porpuestas, teniendo
cuenta las características de los valores existentes, sus potencialidades y
limitaciones (…)
De conformidad con lo anterior, para la Reserva Forestal Regional
Productora del Norte de Bogotá D.C. “Thomas Van der Hammen”, se han
previsto las siguientes zonas con sus respectivos usos:
• Zona de Preservación.
• Zona de Restauración.
• Zona de Protección al Paisaje.
• Zona de Uso Sostenible: Compuesta a su vez por la Subzona de Uso
Múltiple y la Subzona de Alta Densidad de Uso (…).” (negrillas fuera de
texto).
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7) Ahora bien, en el dictamen pericial aportado con la demanda y elaborado por la
firma GL Consultig se insertó una imagen24 que arroja una idea gráfica de la ubicación
del predio y del contorno de sus linderos (fl. 8 cdno. 3), es la siguiente:
8) Adicionalmente, se destaca que el referido Acuerdo no. 021 del 23 de septiembre
de 2014 de la CAR tiene varios mapas anexos, uno de ellos es el identificado con el
no. 7 de “zonificación ambiental”25, al cual también se aludió en el referido dictamen
pericial aportado con la demanda, documento que permite evidenciar qué franja
específica del inmueble de propiedad del demandante se encuentra dentro del área
de la reserva forestal y a qué zona específica de esta pertenece, de la siguiente
manera:
De conformidad con dicha descripción, la mayor parte del terreno, resaltado en el
recuadro rojo del lado derecho (que no tiene color), no se encuentra dentro del área
de reserva forestal y, la que sí está dentro de ella comprende, a su vez, dos tipos de
zonas diferentes: (i) una, la más pequeña, en la “zona de protección al paisaje” y, (ii)
24
Tomada de Google Earth.
25
Disponible en: https://www.car.gov.co/uploads/files/654c1dc02a5de.pdf.
19
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otra, en la “zona de restauración”, específicamente como corredor de conectividad
ecológica26.
9) Con las anteriores evidencias es posible constar que el apelante tiene razón en
cuanto a que la primera instancia hizo una valoración probatoria imprecisa por
considerar que el inmueble “Los Madrigales”, en la parte ubicada dentro de la reserva
forestal, fue clasificado como “zona de uso sostenible”, pues, en realidad, es evidente
que una parte está situada en la “zona de protección al paisaje”, mientras que otra
se encuentra en “la zona de restauración”, clasificaciones que implican limitaciones
con un alcance jurídico diferente según lo dispuesto en los artículos 9 y 10 del Acuerdo
no. 021 de 2014, tal como se detalla a continuación:
“Artículo 9º. Zona de restauración. El artículo 34 del Decreto número
2372 de 2010 define la Zona de Restauración como: “el espacio dirigido al
restablecimiento parcial o total a un estado anterior, de la composición,
estructura y función de la diversidad biológica. En las zonas de restauración
se pueden llevar a cabo procesos inducidos por acciones humanas,
encaminados al cumplimiento de los objetivos de conservación del área
protegida. Un área protegida puede tener una o más zonas de restauración,
las cuales son transitorias hasta que se alcance el estado de conservación
deseado y conforme los objetivos de conservación del área, caso en el cual
se denominará de acuerdo con la zona que corresponda a la nueva
situación. Será el administrador del área protegida quien definirá y pondrá
en marcha las acciones necesarias para el mantenimiento de la zona
restaurada (…).
La Zona de Restauración comprende un área de 552,68 hectáreas,
equivalentes al 39,61% del territorio de la reserva, e incluye las unidades
descritas a continuación: (…).
g) Corredor de conectividad ecológica. Corresponde a los sectores
identificados como conectores ecológicos, con los cuales se busca articular
funcionalmente la reserva con la estructura ecológica regional, y contribuir
con el equilibrio ambiental de la ciudad y la región. Ocupan 424,50
hectáreas, equivalentes al 30,43% de la reserva.
Para la Zona de Restauración, se determina el siguiente régimen de usos:
• Uso principal: Forestal protector con especies nativas y restauración
ecológica.
• Usos compatibles: Aprovechamiento de los frutos secundarios del
bosque que no implique la tala, investigación científica, educación
ambiental, recreación pasiva, ecoturismo, adecuación de suelos con
fines de rehabilitación morfoecológica, producción de material vegetal
para la restauración ecológica, monitoreo ambiental, generación y
recuperación de humedales artificiales.
• Usos condicionados: Establecimiento de infraestructura asociada a los
usos principales y compatibles definidos en el plan, mantenimiento de vías
existentes sin variación de las especificaciones técnicas ni su trazado,
aprovechamiento forestal de especies exóticas existentes, infraestructura de
servicios públicos domiciliarios.
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Sobre este aspecto, en el dictamen de la firma GL Consulting, se expresó lo siguiente: “Lote 13: La parte baja
del lote está zonificado como ZONA DE RESTAURACIÓN – CORREDOR DE CONECTIVIDAD ECOLÓGICA y
COMO ZONA DE PROTECCIÓN AL PAISAJE (…).” (fl. 13 cdno. 3).
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Expediente 25000-23-36-000-2015-00736-00 (68.743)
Actor: Jaime Uribe y Hermanas Ltda
Reparación directa
Apelación sentencia
Estos usos quedan sometidos al cumplimiento de los siguientes
requisitos: a) No generar fragmentación de vegetación nativa o de los
hábitats de la fauna, y a su integración paisajística al entorno natural; b) El
aprovechamiento forestal de especies exóticas existentes está condicionado
a la sustitución con vegetación nativa, sin aplicar cambio en el uso del
suelo; c) La infraestructura de servicios públicos domiciliarios únicamente se
permitirá para el desarrollo de los usos principales, compatibles y
condicionados previstos en el presente plan; d) La extensión de las redes de
servicios públicos domiciliarios se sujetará a la aprobación de la CAR, previa
determinación de las medidas de mitigación y compensación
correspondientes.
• Usos prohibidos: Urbanización, vivienda nueva, construcción de red vial,
construcción de escenarios deportivos o centros para eventos sociales, tala
de especies nativas salvo las excepciones previstas en el ordenamiento
jurídico vigente, minería, agropecuarios, plantaciones forestales nuevas
con especies exóticas, dotacionales, industriales, comerciales, cacería,
recreación masiva, cultivos bajo invernaderos y todos aquellos que no están
contemplados dentro de los usos principales, compatibles o condicionados”.
(Se destaca).
“Artículo 10. Zona de protección al paisaje. Según el Acuerdo CAR 16 de
1998, corresponden a “aquellas áreas que deben manejarse en forma
especial, por haber sido declaradas como monumentos o áreas dignas de
conservación en razón de los valores históricos, culturales o paisajísticos
que albergan o representan”. En la reserva, concierne a la Casa Hacienda
La Conejera y su inmediato terreno perimetral, ubicados en el lote Barajas
Norte de la localidad de Suba, declarados por el Ministerio de Cultura como
Bien de Interés Cultural del Ámbito Nacional, mediante la Resolución
número 1640 del 24 de noviembre de 2004. Ocupa 138,28 hectáreas,
equivalentes al 9,91% de la reserva.
Para este inmueble, se aprobó el Plan Especial de Manejo y Protección
(PEMP), mediante la Resolución número 1021 de 2012, expedida por dicho
ministerio, norma en la cual se consagra el régimen de manejo para esta
zona. No obstante lo anterior, este bien deberá sujetarse a los siguientes
lineamientos ambientales: (…)
f) Los usos agropecuarios preexistentes deberán adecuarse en un
tiempo no superior a dos (2) años, contados a partir de la publicación
de este acuerdo, en cuanto a prácticas de tipo ecológico, tales como:
• Sistemas agroforestales, silvopastoriles y ganadería ecológica.
• Cultivo de frutales con enfoque ecológico.
• Principios de conservación y mejoramiento ambiental.
• Viveros temporales de producción de frutales y forestales con manejo
ecológico.
• No utilización de semillas modificadas genéticamente.
• Buen manejo del agua, de los residuos y de los vertimientos.
• Eliminación gradual y a mediano plazo de agrotóxicos.
Se prohíbe, en todo caso, extender las áreas destinadas a usos
agropecuarios existentes dentro del área perimetral a la Casa Hacienda La
Conejera Bien de Interés Cultural del Ámbito Nacional, según la delimitación
adoptada mediante la Resolución número 1640 del 24 de noviembre de
2004”. (Se destaca).
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Expediente 25000-23-36-000-2015-00736-00 (68.743)
Actor: Jaime Uribe y Hermanas Ltda
Reparación directa
Apelación sentencia
10) En ese contexto fáctico, probatorio y normativo previamente expuesto la Sala
considera que, si bien la primera instancia cometió un error cuando evaluó el tipo de
afectaciones impuestas debido a la adopción del Plan de Manejo Ambiental a través
del Acuerdo 021 del 23 de septiembre de 2014 de la CAR, esto no implica,
necesariamente, que esté probada la existencia de un daño antijurídico; contrario a lo
sostenido por el apelante, es claro que no se produjo una afectación al núcleo del
derecho a la propiedad privada, por las siguientes razones:
a) En el presente caso está probado, según la anotación dispuesta en la
correspondiente matrícula inmobiliaria no. 50N-127847, que el porcentaje de
afectación del inmueble de la sociedad demandante es del 35.76%, no obstante, dicha
limitación, por sí sola, no implica una afectación al núcleo del derecho a la propiedad
en sus dimensiones esenciales de uso y disposición porque lo que dicha circunstancia
demuestra es que el alcance de la afectación al derecho a la propiedad debe analizarse
sobre ese porcentaje de terreno, ya que sobre el resto del predio no existe limitación.
b) Uno de los fundamentos de la demanda consiste en que las disposiciones
ambientales afectaron la actividad agropecuaria, sin embargo, la parte actora no
presentó ni solicitó prueba alguna que permita constatar que en la finca “Los
Madrigales”, con antelación a la declaración de la Reserva Forestal Regional
Productora “Thomas Van der Hammen” se llevaran a cabo actividades de explotación
ganadera o agrícola, esto a pesar de que uno de los objetos sociales de la sociedad
Jaime Uribe y Hermanas Ltda es la explotación ganadera y agropecuaria, pero, no se
demostró que efectivamente se desarrollara en dicho inmueble.
Aunque en el dictamen pericial de la firma GL Consulting se señala que “la finca tiene
una actividad agropecuaria con potreros para pastoreo extensivo de ganado” (fl. 5
cdno. 3), no se especifica si dicha actividad estaba en desarrollo en el momento de la
visita al predio ni mucho menos si se llevaba a cabo con anterioridad a la declaración
de la reserva forestal; por lo tanto, no es posible alegar una limitación al derecho de
dominio por la imposibilidad de continuar desarrollando una actividad que no se ha
comprobado que realmente fuera ejercida por la sociedad demandante y que alude a
una mera potencialidad y expectativa.
c) Ahora bien, tal como se anotó en los párrafos anteriores, la afectación dispuesta
por la CAR incidió en el 35.76% del terreno, sobre el cual, a su vez, es posible
distinguir dos zonas diferentes según los usos del suelo reglamentados en el
Acuerdo no. 021 del 23 de septiembre de 2014, una de “protección al paisaje” y otra
de “restauración”.
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Apelación sentencia
(i) En relación con la zona denominada como de “restauración”, según el artículo 9º
del Acuerdo 021 del 23 de septiembre de 2014 de la CAR, es claro que está
expresamente prohibida la actividad agropecuaria, pero, también es cierto que esa
norma contempla como usos compatibles actividades tales como el
aprovechamiento de los frutos secundarios del bosque que no implique la tala, así
como también la recreación pasiva y el ecoturismo, por lo tanto, en esta zona no se
afecta el núcleo de la propiedad porque no se limitan en su totalidad las posibilidades
de uso y goce del terreno, lo que permite que sea explotado económicamente de
otras maneras en esa área específica.
(ii) De manera similar, en lo que respecta a la zona clasificada como de “protección
al paisaje”, el artículo 10 del acuerdo mencionado permite el uso agropecuario
preexistente, siempre que este se adapte a las condiciones establecidas en un plazo
de (2) dos años.
Para la Sala, dicho deber de adaptación no constituye una carga que la sociedad
demandante no esté obligada a soportar dado que, al igual que las demás
limitaciones, se consideran necesarias, proporcionales y adecuadas para la
protección del medio ambiente, en consonancia con la función social y ecológica de
la propiedad privada.
En ese orden de ideas, tampoco se advierte una alteración sustancial al núcleo de
la propiedad en la zona de “protección al paisaje”, pues, se insiste, no prohíbe la
actividad agropecuaria y la posibilidad de su explotación económica, como sería el
caso del pastoreo y crianza de ganado, sino que, impone el deber de hacerlo de
conformidad con los parámetros del cuidado del medio ambiente fijados en el
mencionado acuerdo.
11) En ese sentido, de conformidad con las pruebas allegadas al proceso y la
jurisprudencia del Consejo de Estado sobre la materia, los cambios del uso del suelo
que fueron implementados por motivo de la declaración y delimitación de la Reserva
Forestal Protectora “Thomas Van Der Hammen” no constituye un daño antijurídico
susceptible de indemnización, habida cuenta que se trata de limitaciones que la
sociedad demandante se encuentra en el deber jurídico de soportar.
Tampoco se configuran los elementos necesarios para atribuir responsabilidad con
fundamento en el título de imputación de daño especial, por el hecho de que no se
cumple el requisito consistente en la existencia de un menoscabo que rompa el
principio de igualdad frente a la ley y las cargas públicas ni que implique un
detrimento grave y excepcional, por el contrario, la sociedad demandante aún puede
realizar ciertas actividades económicas en la parte del terreno afectada por la reserva
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Apelación sentencia
forestal, pues, como se indicó anteriormente, en la zona de “restauración” es posible
aprovechar los frutos secundarios del bosque, así como llevar a cabo actividades de
recreación pasiva y ecoturismo, además, en la zona de "protección al paisaje" es
jurídicamente viable realizar actividades de explotación agropecuaria en las
condiciones señaladas en el artículo 10 del Acuerdo 21 del 23 de septiembre de 2014
proferido por la CAR; por lo tanto, no se evidencia un vaciamiento de los atributos
del derecho de propiedad, en la medida que se mantiene la posibilidad de un
aprovechamiento económico del inmueble denominado "Los Madrigales".
12) De otra parte, a pesar de que la sentencia de primera instancia no expresó si
la afectación tenía alcances expropiatorios, es suficientemente claro que las
limitaciones aducidas no tienen ese efecto, por cuanto, se insiste, no impiden el
derecho de goce, uso y disposición de la finca “Los Madrigales”.
La prueba del carácter antijurídico del daño le incumbe al demandante, lo cual, en
este caso, implicaba acreditar el impacto general de las medidas regulatorias sobre
los usos efectivos del bien inmueble. Por consiguiente, le correspondía al actor
demostrar si la entidad de estas reformas podía considerarse como un cambio
anormal de la naturaleza del bien que no pudiera superarse o mitigarse con las
medidas previstas por la administración con el objeto de permitir que el afectado con
ellas pudiera adaptarse a las nuevas circunstancias; sin embargo, a ninguno de tales
aspectos se refirieren los medios de prueba aportados por la parte actora, no
demostró la causación de un daño de las características antes mencionadas.
13) Así las cosas, la Sala concluye que los deberes impuestos de conservación
ambiental sobre una franja de terreno de la finca “Los Madrigales” a partir de la
regulación de los usos del suelo de la Reserva Forestal Regional Productora del Norte
de Bogotá DC “Thomas Van der Hammen” no es incompatible con el ejercicio del
derecho a la propiedad privada, pues, por mandato del artículo 58 de la Constitución
Política le es inherente una función social y ecológica que implica obligaciones para
sus titulares, más aún en este caso, en el que es claro que la expedición de los
Acuerdos 011 de 2011 y 021 de 2014 de la CAR y su implementación no implicaron
una restricción al núcleo del mencionado derecho y, por lo tanto, no se configura para
este caso la existencia de un daño antijurídico, tampoco un desequilibrio frente a las
cargas públicas que amerite la aplicación del fundamento de responsabilidad por daño
especial.
14) Finalmente, en relación con los cuestionamientos expuestos en la sentencia de
primera instancia sobre la idoneidad y fundamentos del dictamen pericial elaborado
por la firma GL Consulting, aportado con la demanda con el propósito de probar que
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Apelación sentencia
el inmueble “Los Madrigales” se desvalorizó por causa de las restricciones del uso del
suelo, con los cuales no está de acuerdo la parte demandante, la Sala se abstendrá
de analizarlos por sustracción de materia porque dichos reparos se refieren a la
demostración de un perjuicio en la modalidad de daño emergente cuya evaluación solo
sería pertinente si previamente se hubiera establecido la existencia de un daño
antijurídico y su atribución jurídica a los entes demandados con base en alguno de los
títulos de imputación de responsabilidad desarrollados por la jurisprudencia
contenciosa administrativa, sin embargo, como no se acreditó ninguno de estos dos
requisitos, resulta innecesario determinar la consecuente existencia o no de perjuicios.
3. Conclusión
No prospera el recurso de apelación por cuanto no se probó que la expedición de los
Acuerdos 011 del 19 de julio de 2011 y 021 del 23 de septiembre de 2014 proferidos
por la CAR en relación con la declaración y adopción del Plan de Manejo Ambiental
de la Reserva Forestal Regional Productora del Norte de Bogotá DC “Thomas Van der
Hammen” haya causado un daño antijurídico a la parte demandante, las limitaciones
al uso del suelo establecidas en dichos acuerdos no afectaron el núcleo del derecho
a la propiedad privada que la sociedad Jaime Uribe y Hermanos Ltda ejerce sobre el
inmueble “Los Madrigales”.
En consecuencia, se confirmará la sentencia del 2 de diciembre de 2021 del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A que negó las
pretensiones de la demanda.
4. Condena en costas
Según lo dispuesto en el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011, salvo en los procesos
en donde se ventile un interés público se condenará en costas, cuya liquidación y
ejecución se regirá por las normas del Código de Procedimiento Civil. En esta línea el
artículo 365 del Código General del Proceso consagra que se condenará en costas “a
la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva desfavorablemente el recurso
de apelación, casación, queja, súplica, anulación o revisión que haya propuesto
(…).”.
En atención a la precitada regla del artículo 365 del Código General del Proceso y en
vista de que es parte vencida a la sociedad demandante por no haber prosperado el
recurso de apelación interpuesto, es procedente condenarla a pagar las costas en
segunda instancia en favor de las entidades demandadas.
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Expediente 25000-23-36-000-2015-00736-00 (68.743)
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En relación con este punto, en la apelación se argumentó que al fijar las agencias en
derecho en primera instancia, el tribunal no expuso los razonamientos ni los criterios
de proporcionalidad utilizados para justificar la suma de $18.039.876 por dicho
concepto.
Al respecto, la Sala considera que, al margen de lo anterior, la primera instancia no
debió fijar las agencias en derecho en la sentencia, pues, conforme al artículo 366 del
CGP “las costas y agencias en derecho serán liquidadas de manera concentrada en
el juzgado que haya conocido del proceso en primera o única instancia
inmediatamente quede ejecutoriada la providencia que le ponga fin al proceso”, es
decir, en providencia diferente y posterior a la sentencia, lo cual adquiere sentido en la
medida de que dicho artículo en el numeral 5 también prevé que esos montos pueden
controvertirse a través de “los recursos de reposición y apelación contra el auto que
apruebe la liquidación de costas”, con el propósito de garantizar el debido proceso.
En ese orden de ideas, la Sala revocará el ordinal “SEGUNDO” de la parte resolutiva
de la sentencia apelada, para en su lugar ordenar que las costas y agencias en
derecho a cargo de la sociedad demandante, tanto de primera como de segunda
instancia, deben ser liquidadas de manera concentrada por el Tribunal Administrativo
de Cundinamarca, quien tuvo a su cargo la primera instancia del proceso.
En mérito de lo expuesto, el CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,
FALLA
1º) Confírmase la sentencia del 2 de diciembre de 2021 proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A, en el sentido de
negar las pretensiones de la demanda.
2º) Modifícase el ordinal “SEGUNDO” de la sentencia del 2 de diciembre de 2021
proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera,
Subsección A, el cual queda así:
“SEGUNDO: CONDENAR en costas, en primera instancia, a la parte
demandante en favor de la Corporación Autónoma Regional de
Cundinamarca (CAR) y la Nación – Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible, en parte iguales, incluidas las agencias en derecho, su liquidación
debe hacerse en auto separado”.
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Expediente 25000-23-36-000-2015-00736-00 (68.743)
Actor: Jaime Uribe y Hermanas Ltda
Reparación directa
Apelación sentencia
3º) Condénase a la parte demandante a pagar en favor de la Corporación Autónoma
Regional de Cundinamarca (CAR) y a la Nación – Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible, en parte iguales, las costas en segunda instancia, incluidas las agencias
en derecho, las cuales será liquidadas en forma concentrada por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca.
4º) Ejecutoriada esta providencia, por secretaría devuélvase el expediente al Tribunal
de origen con las correspondientes constancias secretariales de rigor.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
ALBERTO MONTAÑA PLATA
Presidente de la Subsección
(Firmado electrónicamente)
FREDY IBARRA MARTÍNEZ MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ
Magistrado ponente Magistrado
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
Constancia: la presente providencia fue firmada electrónicamente por los magistrados de la Subsección
B de la Sección Tercera del Consejo de Estado en la plataforma SAMAI, en consecuencia, se garantiza
la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta de conformidad con los artículos 1 y 2 de
la Ley 2213 de 2022.
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