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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 25000-23-41-000-2012-00606-01

Fecha
8 de agosto de 2025
Consejero ponente
Nubia Margoth Peña Garzón
Citada por
2 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 25000-23-41-000-2012-00606-01

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: CONFIRMAR el fallo proferido el 27 de febrero de 2014, proferida por la Subsección “A” de la Sección Primera el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, pero por las razones aquí expuestas. SEGUNDO: CONDENAR en costas, en esta instancia, y en favor del MINISTERIO DEL AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. TERCERO: FIJAR como agencias en derecho la suma de $ 1.500.000 (equivalente al 0,1% del valor de las pretensiones), la cual deberá incluirse en la liquidación de costas a pagar por la parte demandante. CUARTO: Una vez ejecutoriada esta providencia, DEVUÉLVASE el expediente al Tribunal de origen. Calle 12 No. 7 - 65 Tel: (57-1) 350-6700 - Bogotá D.C. - Colombia www.consejodeestado.gov.co 98 Número único de radicación: 25000 23 41 000 2012 00606 01 Actora: CONSTRUCTORA SOCIAL CARIBEÑA LTDA Nulidad y Restablecimiento del derecho

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 25000-23-41-000-2012-00606-01

Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzón

8 de agosto de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., ocho (8) de agosto de dos mil veinticinco (2025)

CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Número único de radicación 25000234100020120060601
MEDIO DE CONTROL: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO
Actora: CONSTRUCTORA SOCIAL CARIBEÑA LTDA

TESIS: LAS COMPENSACIONES EN EL ÁMBITO DEL ORDENAMIENTO
TERRITORIAL. MARCO NORMATIVO Y CLASES. LA COMPENSACIÓN
PRODUCTO DE LA AFECTACIÓN POR CAUSA DE LA CONSTRUCCIÓN DE OBRA
PÚBLICA Y LA DECLARATORIA DE CONSERVACIÓN HISTÓRICA,
ARQUITECTONICA Y/O AMBIENTAL. LA COMPENSACIÓN EN ZONA DE
RESERVA. LIMITES DE LA APELACIÓN. DOCUMENTOS EN COPIA SIMPLE.
ANÁLISIS PROBATORIO Y DETERMINACIÓN DE LA CATEGORÍA DEL PREDIO E
IMPROCEDENCIA DE LA ORDEN DE COMPENSACIÓN.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Por haber sido improbado el proyecto de fallo presentado por el

Consejero, doctor OSWALDO GIRALDO LÓPEZ, la Sala de mayoría1

decide el recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra

la sentencia de 27 de febrero de 2014, proferida por la Subsección

“A” de la Sección Primera el Tribunal Administrativo de

Cundinamarca, mediante la cual se declaró no probada la excepción

de caducidad y se denegaron las súplicas de la demanda.

I. ANTECEDENTES

1
Integrada por el conjuez, doctor Alfredo Beltrán Sierra, designado por necesidad recomponer el
cuórum de la Sala (fl. 68 C.2) ante la aceptación del impedimento manifestado por el Consejero de
Estado Roberto Augusto Serrato Valdés (fls. 55 - 57 C.2)

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Número único de radicación: 25000 23 41 000 2012 00606 01
Actora: CONSTRUCTORA SOCIAL CARIBEÑA LTDA
Nulidad y Restablecimiento del derecho

I.1. La sociedad CONSTRUCTORA SOCIAL CARIBEÑA LTDA, por

conducto de apoderado judicial y en ejercicio del medio de control de

nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del

Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso

Administrativo, en adelante CPACA, presentó demanda ante el

Tribunal Administrativo de Cundinamarca 2 , en la cual formuló las

siguientes pretensiones:

“[…] PRIMERA: Se declare la Nulidad del Acto Administrativo
núm. 8140-E2-27472, expedido el día 3 de mayo de 2012 por
la Dra. LUISA FERNANDA BALLÉN MARTÍNEZ, Jefe de la Oficina
Asesora Jurídica del MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO
SOSTENIBLE. Acto administrativo con el cual se declaró
improcedente la solicitud de compensación efectuada
por mi representado.

SEGUNDA: Como consecuencia de la Nulidad del acto
administrativo demandado, se solicita a título de
restablecimiento del derecho lo siguiente:

a) Se declare que el MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE está obligado a pagar a
favor de mi poderdante las sumas
correspondientes a la compensación a la que tiene
derecho como consecuencia de haber sido
afectado su predio por limitaciones ambientales
impuestas en el folio de matrícula inmobiliaria No.
50S-40384839 del predio de su propiedad, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 107 de la ley
99 de 1993, el 37 de la Ley 9 de 1989 y los artículos 48,
122 y 128 de la Ley 388 de 1997, suma que de
acuerdo con el avalúo catastral del inmueble
asciende a la suma aproximada de MIL
QUINIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE
($1.500.000.000).

TERCERA: Condenar a la entidad demandada al pago de las
costas procesales y de agencias en derecho a que diere lugar
este proceso, según la tasación que al respecto haga el Tribunal
teniendo en cuenta las tarifas de honorarios profesionales que
tengan vigencia en la fecha de la sentencia definitiva.

2
Le correspondió por reparto a la Sección Primera de la Subsección “A” (Folio 46 Cuaderno 1)

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CUARTA: Que la suma por la cual la entidad sea demandada
sea debidamente indexada y cancelada con los intereses
reconocidos por ley.

QUINTA: Ordenar a la entidad demandada dar estricto
cumplimiento a la sentencia […]”.

I.2.- Como hechos relevantes para decidir este asunto, la Sala los

resume así:

El señor CARLOS ARTURO GUALDRÓN3 radicó el 27 de marzo de

2012 petición bajo el núm. 4120-E1-27472 ante el Ministerio del

Ambiente, en adelante, MINAMBIENTE, por medio de la cual solicitó

información respecto del pago de la compensación, a la que estima

tener derecho, por la afectación y las limitaciones impuestas al predio

de su propiedad, según consta en el folio de matrícula inmobiliaria

núm. 50S-40384839.

Como fundamento de su petición hizo un recuento cronológico de las

situaciones relativas con el inmueble de su propiedad y las que

concretó, así: i) el barrio San Rafael Sur Oriental se incorporó al plan

general del Distrito Capital, según Acuerdo núm. 105; ii) Por Acuerdo

30 de 1961 se estableció el procedimiento para la aprobación de

planos con lotificaciones en el área urbana de la ciudad, que permitió

la regulación núm. US28/4 respecto de dicho barrio; y iii) en el mes

de abril de 1979 el Departamento Administrativo de Catastro Distrital

3
Folio 8-9 Cuaderno de Anexos.

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elaboró los planes de las manzanas catastrales del referido barrio y

a los 415 lotes allí ubicados, les asignó cédula catastral y

nomenclatura urbana.

Aludió al hecho de que el lote de mayor extensión que conforma “el

proyecto urbanístico San Rafael Oriental” es de carácter urbano,

según se aprecia del folio de matrícula núm. 50S-51818, y del cual

hacen parte los folios 40056090/91/92/93/94/95, inmuebles que

fueron adquiridos en el año 1992 por la familia Gualdrón con el

propósito de construir vivienda de interés social.

Frente a dicho predio la sociedad demandante identificó también las

siguientes actuaciones relevantes, que ocurrieron a partir de la

legalización del barrio San Rafael Sur Oriental, y en las cuales insistió

en que a su predio se le reconoció el carácter urbano que, luego, le

permitió obtener las licencias correspondientes para construirlo.

Para explicar los hitos fácticos planteados en la demanda, la Sala los

compilará en el siguiente cuadro explicativo, debido a su extensión,

y también identificará los documentos y/o actuación que señala la

sociedad demandante y los comentarios que realizó al respecto, así:

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Documento o actuación Comentario
1 Oficio N° 20594 de 1976 de Consulta previa para urbanizar el
Planeación Distrital. predio denominado San Rafael Sur
Oriental.
2 Acta de recibo núm. 13 de la Recibo material a título de cesión
Procuraduría de Bienes de gratuita de las manzanas C (escuela) y
Distrito. J (Parque) de la Urbanización San
Rafael Sur Oriental.
3 Resolución núm. 396 de 29 de Por medio de la cual se concede licencia
mayo de 1992 del Departamento de construcción para urbanizar las
Administrativo de Planeación. manzanas S-T-U-V-X-Y del barrio San
Rafael Sur Oriental.
4 Escritura Pública núm. 11021 de Tales predios se adquirieron por María
15 de diciembre de 1992, por Adelaida Alba de Gualdrón y Luz Amelia
medio de la cual se vendieron los Santos Bastos. Se refirió el
derechos reales de las manzanas demandante que a la fecha de la venta
S-T-U-V-X-Y del barrio San Rafael los certificados de tradición no
Sur Oriental. contemplaban ningún tipo de limitación
ambiental.
5 Por Oficio núm. 8230-93-507219 Debido a esta respuesta las
del 7 de abril de 1993 la EAAB le propietarias le solicitaron a la CAR el 25
argumentó a las propietarias del de mayo de 1993 una concesión de
predio, que no tenía la capacidad aguas para surtir de este servicio a las
técnica para la prestación del manzanas S-T-U-V-X-Y del barrio San
servicio. Rafael Sur Oriental.
Por Resolución núm. 1280 de 20 de
agosto de 1997 la CAR reconoció la
condición del predio como urbano y
le requirió como requisito para obtener
la concesión de aguas la realización de
análisis físicos, químicos y
bacteriológicos.
6 Escritura Pública núm. 04111 de Según E.P. núm. 0715 de 29 de febrero
la Notaria 48 de Bogotá de 9 de de 1996 la sociedad CONSTRUCTORA
febrero de 1996 por medio de la SOCIAL CARIBEÑA LTDA adquirió los
cual la familia Alba - Gualdrón derechos plenos, las mejoras y los
constituyeron la sociedad permisos otorgados mediante la
CONSTRUCTORA SOCIAL Licencia de Construcción sobre los
CARIBEÑA LTDA. predios que componen las manzanas S-
T-U-V-X-Y del barrio San Rafael Sur
Oriental.
7 Mediante Resolución 9810104 Por Resolución núm. CU 2-2000-112
de 12 de mayo de 1998 de la de junio 6 de 2000, se concedió una
Curaduría núm. 2 de Bogotá prórroga de 12 meses al término de la
otorga la Licencia integral de vigencia de la licencia de urbanismo
Urbanismo y construcción para conferida por la Resolución 9810104
las manzanas S-T-U-V-X-Y del de 12 de mayo de 1998.
barrio San Rafael Sur Oriental.
8 El 28 de julio de 2000 se adoptó Refiere que según el plano N° 2
el Plan de Ordenamiento denominado estructura ecológica
Territorial para el Distrito Capital. principal y los planos 8 y 9 uso del
suelo, el barrio San Rafael Sur Oriental,
se clasifica como predio urbano.
9 Oficio N° 1-2.001-11446E emitido “[…] me permito informarle que el
por el subdirector de Planeación y BARRIO SAN RAFAEL SUR ORIENTAL
Desarrollo del DAMA y dirigido a la FUE DESAFECTADO POR EL ACUERDO
Secretaría de Planeación – 105 DE DECRETO LEY N° 133 DE 1976,
Subdirectora de Gestión y además ya cuenta con licencia de

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Documento o actuación Comentario
Urbanística, en los siguientes urbanismo de la curaduría urbana N°2
términos: este barrio además se encuentra por
encima de la cota de servicios y la CAR
les dio permiso de concesión de aguas
Mediante la Resolución 1280 de 1996
[…]”
10 Mediante oficio N° 03-2-1297 la En esta respuesta se realizó una
Curadora Urbana 2 de Bogotá le explicación sobre las diferentes
dio información a la Procuradora solicitudes presentadas en relación con
Delegada para Asuntos ese predio y frente a la actuación que
Ambientales y Agrarios de la surtió, señaló: “[...] el trámite que se
Procuraduría General de la adelantó ante esta Curaduría Urbana
Nación, quien pidió explicaciones mediante referencia de junio 27 de
sobre la expedición de licencias 2001, y que culminó con la expedición
para el desarrollo del Proyecto de la Licencia de Urbanismo mediante
Urbanístico San Rafael Sur Resolución N° CU2-2002-199 de
Oriental. agosto 23 de 2002, comprende las
manzanas S, T, U, V, X y Y, ubicadas al
interior del perímetro y para las cuales
existían previamente antecedentes de
actos administrativos para ellas
expedidos, los cuales se exponen a
continuación […]”
11 Oficio de 5 de marzo de 2004 de Refiere que el inmueble ubicado en la
la Subdirección de impuestos a la Kr 18 ES 61 76 Sur, identificado bajo el
propiedad, Sistema de número de matrícula 050S40384839,
Orientación Tributario, que área de terrero 38842.2 Destino 38 se
entregó una certificación de califica como un predio urbanizable
liquidación de los años gravables no urbanizado.
2002 y 2003.
12 El Departamento Administrativo De esta resolución destaca la
de Catastro Distrital notificó la demandante el informe técnico núm.
Resolución N° 19445 de 2 de 2003-569539 de 17 de febrero de 2004
marzo de 2004, por la cual se que señaló: “[…] De conformidad con la
confirmó el avalúo del predio Resolución N° CU2-2002-199 de 23
ubicado en la Kr 18 ES 61 76 Sur. de agosto de 2002 de la Curaduría
Urbana N° 2 de Bogotá el inmueble
dispone de un proyecto urbanístico
aprobado. Cabe resaltar que su área
bruta (38.842 m2) 5478 m2,
CORRESPONDEN a Área de reserva
(área no urbanizable) (aquí señalamos
nosotros que no son urbanizable por
ser la zona de protección de la
quebrada morales) y 2.940 m2 de Área
de cesión al Distrito (Sobre A.N.U) es
decir el área útil es de 30.425 m2 […]

De este se infiere que los datos de
áreas de terreno y usos coinciden con
las del archivo del Departamento […]”
13 Resolución núm. RES 04-2-0295 Mediante este acto se concedió una
de 24 de agosto de 2004 de la prórroga por doce (12) meses al
Curaduría Urbana núm. 2 de término de la vigencia de la Licencia de
Bogotá. Urbanismo expedida mediante la Res.
CU2-2002-199 del 23 de agosto de
2002.

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Documento o actuación Comentario
14 Resolución núm. 0463 de 14 de Por medio de esta se realinderó la zona
abril de 2005 expedida por el de reserva forestal Bosque Oriental de
Ministerio de Ambiente, Vivienda Bogotá, publicada en el Diario Oficial de
y Desarrollo Territorial. 15 de abril de 2005.
15 Oficio núm. 4000-E2-34566 Solicita al registrador de instrumentos
expedido por el secretario general públicos que realice el registro de las
del Ministerio de Ambiente, Resoluciones: 076 de 1977 y 0463 de
Vivienda y Desarrollo Territorial 2005
16 La Oficina de Registro e A partir de esta actuación alude la parte
Instrumentos Públicos de Bogotá demandante que se cambió el uso del
– Zona Sur procede el 18 de suelo urbano - urbanizable por el de
mayo de 2005 al registro de los reserva forestal.
actos administrativos (076 de
1977 y 0463 de 2005), referidos
en el folio de matrícula
inmobiliaria del predio

Luego de la mención de estas actuaciones, aseguró que el parágrafo

8°4 del artículo 107 de la Ley 99 de 1993 remite a las normas sobre

4
“[…] ARTÍCULO 107. UTILIDAD PÚBLICA E INTERES SOCIAL, FUNCIÓN ECOLÓGICA DE LA
PROPIEDAD. Decláranse de utilidad pública e interés social la adquisición por negociación directa
o por expropiación de bienes de propiedad privada, o la imposición de servidumbres, que sean
necesarias para la ejecución de obras públicas destinadas a la protección y manejo del medio
ambiente y los recursos naturales renovables, conforme a los procedimientos que establece la ley.
Las normas ambientales son de orden público y no podrán ser objeto de transacción o de renuncia a su
aplicación por las autoridades o por los particulares.
En los términos de la presente ley el Congreso, las Asambleas y los Consejos municipales y distritales,
quedan investidos de la facultad de imponer obligaciones a la propiedad en desarrollo de la función
ecológica que le es inherente.
Son motivos de utilidad pública en interés social para la adquisición, por enajenación voluntaria o
mediante expropiación, de los bienes inmuebles rurales o urbanos, patrimoniales de entidades de
derecho público o demás derechos que estuvieran constituidos sobre esos mismos bienes; además de
los determinados en otras leyes, los siguientes:
• La ejecución de obras públicas destinadas a la protección, y manejo del medio ambiente y los recursos
naturales renovables.
• La declaración y alinderamiento de áreas que integren el Sistema de Parques Nacionales Naturales.
• La ordenación de cuencas hidrográficas con el fin de obtener un adecuado manejo de los recursos
naturales renovables y su conservación.
Para el procedimiento de negociación directa y voluntaria así como el de expropiación se aplicarán las
prescripciones contempladas en las normas vigentes sobre reforma agraria para predios
rurales y sobre reforma urbana para predios urbanos.
PARÁGRAFO. Tratándose de adquisición por negociación directa o por expropiación de bienes
inmuebles de propiedad privada relacionados con las áreas del Sistema de Parques Nacionales
Naturales, el precio será fijado por el Instituto Geográfico "Agustín Codazzi", entidad ésta que al hacer
sus avalúos y con el objeto de evitar un enriquecimiento sin causa, no tendrá en cuenta aquella acciones
o intenciones manifiestas y recientes del Estado que hayan sido susceptibles de producir una
valorización evidente de los bienes avaluados tales como:
• La adquisición previa por parte de una entidad con funciones en materia de administración y manejo
de los recursos naturales renovables y de protección al ambiente, dentro de los cinco (5) años
anteriores, de otro inmueble en la misma área de influencia.
• Los proyectos anunciados, las obras en ejecución o ejecutadas en los cinco (5) años anteriores por la
entidad adquiriente o por cualquier otra entidad pública en el mismo sector, salvo en el caso en que el
propietario haya pagado o esté pagando la contribución de valorización respectiva.
• El simple anuncio del proyecto de la entidad adquiriente o del Ministerio del Medio Ambiente de
comprar inmuebles en determinado sector, efectuado dentro de los cinco (5) años anteriores.
• Los cambios de uso, densidad y altura efectuados por el Plan Integral de Desarrollo, si existiere,
dentro de los tres (3) años anteriores a la autorización de adquisición, compraventa, negocio, siempre
y cuando el propietario haya sido la misma persona durante dicho período o, habiéndolo enajenado,
haya readquirido el inmueble para la fecha del avalúo administrativo especial.
En el avalúo que se practique no se tendrá en cuenta las mejoras efectuadas con posterioridad a la
declaratoria del área como Parque Nacional Natural.

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reforma urbana en los casos de afectación ambiental de predios

urbanos, según los artículos 10°, literal j)5, 126 y parágrafos 3° y 4°

del artículo 377 de la Ley 9ª de 1989.

Indicó que, a pesar de lo dispuesto en las precitadas disposiciones,

el Ministerio de Ambiente no pactó el pago de la compensación que

reclama la demandante por causa de categorías ambientales y las

limitaciones impuestas.

Indicó que, afectado el folio de matrícula inmobiliaria de los

inmuebles de su propiedad, el 25 de julio de 2005 realizó

manifestación ante el Ministerio del Medio Ambiente de estar

5
Artículo 10. Sustituido por el Artículo 138 de la Ley 388 de 1997. Modificado Artículo 58 Ley
388 de 1997 decía así: Para efectos de decretar su expropiación y además de los motivos
determinados en otras leyes vigentes se declara de utilidad pública o interés social la adquisición de
inmuebles urbanos y suburbanos para destinarlos a los siguientes fines:
[…] j) Ejecución de obras públicas;[…]
6
Artículo 12. Sustituido Artículo 60 Ley 388 de 1997 decía así: En aquellos lugares donde exista
un Plan de Desarrollo o Plan de Desarrollo Simplificado, toda adquisición o expropiación de inmuebles
que se realice en desarrollo de la presente Ley se efectuará de conformidad con los objetivos y usos
del suelo establecidos en dichos planes. La oficina de planeación o la que cumpla sus funciones,
certificará como requisito previo que el uso para el cual se destinará el inmueble objeto de la adquisición
o la expropiación se encuentra de conformidad con el uso del suelo fijado en el respectivo plan.
En aquellos lugares donde no exista un Plan de Desarrollo o Plan de Desarrollo Simplificado,
corresponderá al alcalde o al Intendente de San Andrés y Providencia certificar que la adquisición o
expropiación se encuentra de conformidad con las políticas de uso del suelo del municipio, previo
concepto de la oficina de planeación departamental o intendencial.
Las disposiciones de los dos incisos anteriores no serán aplicables, en forma excepcional, cuando la
expropiación sea necesaria para conjurar una emergencia imprevista y cuando tenga por objeto dar
solución a los problemas urgentes de los asentamientos humanos de interés social".
7
Artículo 37. Toda afectación por causa de una obra pública tendrá una duración de tres (3) años
renovables, hasta una máximo de seis (6) y deberá notificarse personalmente al propietario e inscribirse
en el respectivo folio de matrícula inmobiliaria, so pena de inexistencia. La afectación quedará sin
efecto, de pleno derecho, si el inmueble no fuere adquirido por la entidad pública que haya impuesto la
afectación o en cuyo favor fue impuesta, durante su vigencia.
Derogado por el art. 73, Ley 1682 de 2013. El registrador deberá cancelar las inscripciones
correspondientes, a solicitud de cualquier persona, previa constatación del hecho. Ver: Artículo
19 Decreto Nacional 2400 de 1989
En el caso de las vías públicas, las afectaciones podrán tener una duración máxima de nueve (9) años.
La entidad que imponga la afectación o en cuyo favor fue impuesta celebrará un contrato con el
propietario afectado en el cual se pactará el valor y la forma de pago de la compensación debida al
mismo por los perjuicios sufridos durante el tiempo de la afectación. La estimación de los perjuicios
será efectuada por el Instituto Geográfico "Agustín Codazzi" o la entidad que cumpla sus funciones, en
los términos previstos en la presente Ley. Para los efectos de la presente Ley, entiéndese por afectación
toda restricción impuesta por una entidad pública que limite o impida la obtención de licencias de
urbanización, de parcelación, de construcción, o de funcionamiento, por causa de una obra pública, o
por protección ambiental.

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notificado de la inscripción de la afectación y planteó la propuesta de

la enajenación voluntaria, en razón a que por este evento dio por

culminada una promesa de compraventa, decisión que le generó

perjuicios.

Señaló, además, que el secretario general de la CAR mediante oficio

núm. 2008-00000-00988-2 le respondió que esa entidad “[…] no

compra proyectos urbanísticos y segundo que, una vez analizada la

cartografía suministrada por la Subdirección de Planeación y

Sistemas de Información de la CAR se pudo establecer QUE EL

PREDIO EN MENCIÓN SE ENCUENTRA DENTRO DEL

PERIMETRO URBANO DE BOGOTÁ, en donde la CAR no tiene

competencia, razón por la cual debe elevar su solicitud ante el

Distrito […]”.

Como fundamento de la solicitud que antecedió a la decisión acusada,

la parte actora precisó que su “petición se limita a que se le informe

si el Ministerio de Medio Ambiente va a efectuar el pago de la

compensación a la que tiene derecho por la afectación y las

limitaciones impuestas”, en la medida en que la Resolución núm. 076

de 31 de marzo de 19778 no prevé ningún mecanismo que posibilite

desconocer la situación jurídica consolidada del predio y proyecto

urbanístico en cuestión, y tampoco tiene efectos retroactivos.

8
“Por la cual se aprueba un Acuerdo de la Junta Directiva del Instituto Nacional de los Recursos
Naturales Renovables y del Ambiente - INDERENA-”.

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Mediante Oficio núm. 8140-E2-27472 de 3 de mayo de 2012, la

jefe de la Oficina Asesora Jurídica del MINAMBIENTE, contestó la

petición del Gerente de la CONSTRUCTORA SOCIAL CARIBEÑA

LTDA, en el sentido de indicar que no tenía derecho al pago de la

compensación reclamada, sustentada en los perjuicios derivados del

registro de las resoluciones núms. 076 de 1977 y la Resolución núm.

463 de 14 de abril de 20059, y las limitaciones impuestas al predio

del folio de matrícula inmobiliario núm. 50S-40384839, en la medida

en que no tiene el carácter de urbano, apreciación que la demandante

calificó de falsa.

I.3.- Como normas violadas la demandante invocó los artículos 1º,

2º, 4º, 6º, 13, 25, 29, 58, 83, 113, parágrafo 3°, 121, 332, 333 y

365 de la Constitución Política; 37 de la Ley 9ª de 11 de enero de

198910; y 48 y 122 de la Ley 388 de 18 de julio de 199711.

Para sustentar el concepto de violación de las disposiciones

invocadas, expuso los siguientes argumentos, que se identifican por

norma, así:

• Artículo 13 de la Constitución Política. Bajo su entender, afirmó

9
“Por medio de la cual se redelimita la Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá, se
adopta su zonificación y reglamentación de usos y se establecen las determinantes para el
ordenamiento y manejo de los Cerros Orientales de Bogotá”.
10
“Por la cual se dictan normas sobre planes de desarrollo municipal, compraventa y expropiación de
bienes y se dictan otras disposiciones”.
11
“Por la cual se modifica la Ley 9 de 1989, y la Ley 2 de 1991 y se dictan otras disposiciones”.

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que la ley prevé “[…] que todas las personas cuyos bienes fueron

objeto de limitaciones ambientales, fueran compensadas por la

autoridad competente a través del pago de una compensación […]”.

Que, en este caso, se infringe este principio porque se negó el pago

de esta prerrogativa.

• Artículos 58 y 322 de la Constitución Política. Luego de

transcribir tales disposiciones refirió que el artículo 58 se transgredió,

por cuanto no existe una autorización previa y escrita de parte de los

propietarios de los inmuebles para la afectación. Que la limitación

ambiental registrada en los folios de matrícula, impuesta por el

Ministerio de Ambiente, afectó el derecho de propiedad y los demás

derechos adquiridos sin que se le pagara la correspondiente

compensación.

También alegó que se desconoce el artículo 332, en razón a que por

el no pago de la compensación se vulneran los derechos adquiridos

mediante justo título sobre el predio en conflicto.

• Frente a los artículos 37 de la Ley 9 de 198912 y 48 y 122 de

la Ley 388 de 1997 13 . Para explicar este cargo la demandante

reconoció que fue mediante la Resolución 0463 de 2005 y su

consecuente inscripción en el folio de matrícula que se registró una

12
“Por la cual se dictan normas sobre planes de desarrollo municipal, compraventa y expropiación de
bienes y se dictan otras disposiciones”
13
“Por la cual se modifica la Ley 9 de 1989, y la Ley 2 de 1991 y se dictan otras disposiciones.”

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limitación al predio de su propiedad.

Fundada en el artículo 37 de la Ley 9ª de 1989, estimó que el

sometimiento de su predio a la condición de reserva ambiental le fijó

una afectación que no debe soportar, limitación que además le

generó consecuencias económicas de carácter negativo que deben

ser compensadas.

En ese sentido, estimó que se infringen las normas de la Ley 388 que

prevén que la administración debe pagar, a favor de la demandante,

por la limitación ambiental el valor que le corresponda como

compensación a la que tiene derecho. Que, además, constituye un

imperativo cuando se le impone a un inmueble la condición de

conservación ambiental.

Agregó que en los términos del artículo 122 de la Ley 338, la entidad

que establezca la limitación debe disponer de la correspondiente

apropiación presupuestal; y que, en este caso, el MINAMBIENTE

cuenta con los recursos para dar cumplimiento a este mandato.

Falsa motivación. En cuanto a esta causal de nulidad indicó que la

razón del MINAMBIENTE para negar el pago de la compensación

radicó en la calificación del predio, pues lo identificó como rural para

señalar que era improcedente la compensación, en la medida en que

tal prestación sólo aplicaba al componente urbano según los Planes

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de Ordenamiento Territorial, conclusión que desconoció que existen

innumerables pruebas que dan cuenta de que el predio está ubicado

en suelo urbano.

Se opuso al argumento del acto acusado y lo califica de falso, pues

la afectación registrada limita la disposición del derecho de dominio

de los predios, en la medida en que ya no son atractivos para futuros

compradores ante la imposibilidad de desarrollar un proyecto de

construcción, lo que reafirma la viabilidad del pago de compensación

que reclama.

I.4.- El MINAMBIENTE 14 contestó la demanda y se opuso a la

prosperidad de las pretensiones de la demanda. Argumentó que los

fundamentos fácticos no pasan de ser meras apreciaciones

subjetivas que deben ser objeto de prueba.

Relató el proceso de reglamentación de los cerros orientales de

Bogotá y, además, aclaró que la Resolución 463 de 2005 no cambió

la clasificación del suelo establecida en el Plan de Ordenamiento

Territorial de Bogotá.

Afirmó que del planteamiento de la demanda se aprecia la intención

de revivir términos o instancias judiciales ya caducadas y para

14
Mediante escrito que obra a folios 82 a 102 del C.1., radicado el de 23 de agosto de 2013

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explicarlo expuso las siguientes razones de defensa:

Competencia en reglamentación del uso del suelo. Indicó que

esta atribución le está asignada al Distrito Capital, por mandato de

la Ley 388. En esa medida refirió que es esa la autoridad competente

para establecer las normas de uso y la posibilidad de edificar dichas

zonas.

Precisado lo anterior, aclaró que el objeto y los fines de la Resolución

núm. 463 de 2005, expedida por el MINAMBIENTE, fue la de

imponer un freno definitivo al proceso de ocupación urbana ilegal y

a las regulaciones permisivas que facultaban construcciones hasta la

cota de 2.800 metros sobre el nivel del mar, de conformidad con el

Acuerdo 6° de 8 de mayo de 199015.

Destacó que hubo un período de transición entre el Acuerdo 6° de

1990 y el Decreto Distrital 619 de 28 de julio de 200016, que buscó

limitar y aplazar los procesos de urbanización para adoptar las reglas

en relación con los usos del suelo en la zona de reserva, y ordenó a

la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, en adelante

CAR, la formulación del Plan de Manejo.

15
“Por medio del cual se adopta el Estatuto para el Ordenamiento Físico del Distrito Especial de Bogotá,
y se dictan otras disposiciones”.
16
“Por el cual se adopta el Plan de Ordenamiento Territorial para Santa Fe de Bogotá, Distrito Capital”.

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Que, precisamente, a través de las resoluciones núms. 463 y 519 de

2005 señaló que se blindó el 94% de la Reserva Forestal de los Cerros

Orientales y se fijó un 6% relativo a la franja de adecuación. La

aplicación de estos actos permitió la distinción de dos clases de

propietarios, a saber: “[…] i) aquellos propietarios que con la

redelimitación quedaron incluidos dentro de la franja de

adecuación de la reserva, convirtiéndose dichas propiedades en

suelos de expansión urbana, es decir, las propiedades que están

dentro de la franja de adecuación de 973 hectáreas no se les afecta

de ninguna manera con las Resoluciones del entonces MAVDT, siendo

permisible su construcción y , ii) aquellas propiedades que están

dentro de la zona de Reserva Forestal que no hicieron uso de

las licencias dentro de la oportunidad legal que el POT les

otorgó y por tanto, sus propiedades sí quedaron dentro del

área de reserva forestal protectora […]”17.

Bajo tal premisa aclaró que la mayor parte de las propiedades no

quedaron afectadas y, en ese sentido, el uso de dichos predios han

sido siempre el de rurales, es decir, nunca constituyeron parte del

suelo urbano de Bogotá.

Destacó que la Resolución núm. 076 de 1977, expedida por el

Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, en adelante

17
Folios 88 y 89.

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MINAGRICULTURA, aprobó el Acuerdo 30 de 30 de septiembre de

197618, que declaró y alinderó la reserva forestal, que se encuentra

vigente y goza de presunción de legalidad.

Que, a su vez, las resoluciones núms. 463 y 519 de 2005 del

MINMABIENTE, redelimitan el área protegida, pues ya había sido

declarada y, además, establece una franja de adecuación.

Sostuvo que la franja de adecuación surgió a partir de: i) la

identificación de los conflictos de uso en las zonas de borde de la

reserva, ii) la evidencia de los impactos y iii) los efectos ambientales

que estos usos ocasionaron a los ecosistemas.

En ese sentido, afirmó que la franja de adecuación obedeció a una

estrategia integral para cumplir el modelo de ordenamiento y manejo

de la Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá, y

consolidar una estructura ambiental adecuada y funcional en el

territorio.

Así, en el artículo 117 del Decreto Distrital 469 de 23 de diciembre

de 200319, que modificó el artículo 91 del Decreto Distrital 619 de

2000, se prevé: “[…] el perímetro urbano en los límites con las reservas

18
“Por el cual se declaran y alindan unas áreas de reserva forestal y se delegan unas funciones”.
19
“Por el cual se revisa el Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá D.C.”.

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forestales coincide con los límites establecidos para dichas reservas por

la Resolución 76 de 1977 del Ministerio de Agricultura/Inderena […]”.

Con fundamento en lo anterior, indicó que la línea del perímetro

urbano que aparece en la cartografía oficial representa

simultáneamente el límite de la reserva; sin embargo y en aquellos

casos en que debido al proceso realizado por el MINAMBIENTE para

dar cumplimiento a las órdenes judiciales que le fueron dadas, hubo

unas tierras delimitadas por el Ministerio como franja de adecuación

que corresponden a suelo urbano, en consecuencia, son objeto de

este tipo de desarrollo y de la expedición de licencias de urbanismo

y/o construcción en el marco de las normas del Plan de Ordenamiento

Territorial.

Que en desarrollo y para aclarar esta situación se expidió la

Resolución 1582 de 26 de octubre de 2005 20 , que se ocupó de

explicar las relaciones respecto de las condiciones urbanísticas de los

predios que surgieron como consecuencia de la diferencia de

cartografías.

En este sentido, en cuanto a las reclamaciones de la parte

demandante refirió que: i) ninguna actuación realizó frente a los

perjuicios que invoca; ii) la reserva forestal está constituida desde

20
“Por la cual se interpreta el parágrafo del artículo 5° de la Resolución 0463 del 14 de abril de 2005,
expedida por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial”.

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1977 y los actos que permitieron las inversiones de la demandante

no los produjo el Ministerio, sino la CAR y las entidades distritales; y

iii) la zona enmarcada en la franja de adecuación, por ser parte del

Distrito no puede ser objeto de definición por el Ministerio, pues esta

competencia le está asignada a los municipios y distritos.

Como excepciones previas la entidad accionada propuso, las

siguientes:

1. Caducidad de la acción: Precisó que si bien se demanda la

respuesta conferida a una petición que le fue presentada, ésta fue

con el ánimo de revivir términos, pues lo perseguido mediante la

demanda es la reparación del daño, concretada en la “modificación

de la naturaleza jurídica del predio propiedad de los actores y con

ello la imposibilidad de realizar el proyecto urbanístico que se

pretende construir”.

De esta manera, el término de caducidad debió contarse desde la

expedición de las Resolución núm. 463 de 2005 y su aclaratoria, la

519 de 22 de abril de 2005 21 , ambas expedidas por el

MINAMBIENTE, por cuanto desde su expedición la parte

demandante conocía de la naturaleza jurídica del predio; y de

haberse dado la imposición de una nueva categoría, fue a partir del

21
“Por medio de la cual se aclara el artículo primero de la Resolución número 463 del 14 de abril de
2005, expedida por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial”

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conocimiento de los presuntos perjuicios padecidos que debió

presentar la petición soporte del acto administrativo acusado.

Indicó que para que sean oponibles los actos administrativos

generales sólo se requiere su publicación en el Diario Oficial y es a

partir de ese momento que tales adquieren fuerza vinculante; sin

embargo, la publicación no es un requisito de validez, toda vez que

los actos son válidos desde que son expedidos.

2. Falta de agotamiento del requisito de procedibilidad de la

conciliación extrajudicial. Indicó que aunque se solicitó frente al

acto demandado su inasistencia, se prueba porque no tuvo

conocimiento de la realización de la audiencia ni fue citada por parte

de la Procuraduría General de la Nación.

II. TRÁMITE DE PRIMERA INSTANCIA

Es oportuno referir que este proceso se adelantó en vigor del CPACA,

hecho que permitió su adelantamiento en audiencias. En la inicial22,

el Despacho resolvió sobre las excepciones formuladas, en relación

con la caducidad de la acción, la declaró no prospera23; y frente al

22
En la audiencia inicial (folios 108-125 C.1) se pronunció sobre las excepciones propuestas: la de
caducidad de la acción y la de falta de agotamiento del requisito de procedibilidad. Frente a la primera
la consideró un argumento de fondo que debía resolverse en la sentencia, en tanto estima que “pretende
desvirtuar cuál es el acto administrativo que debe ser objeto de revisión de legalidad” y respecto de la
Segunda la declaró no probada. En relación con la FIJACIÓN DEL LITIGIO lo determinó en los siguientes
términos: “i) si hay caducidad de la acción como lo propuso el MAVDT y ii) resuelto lo anterior si fuere
el caso examinar la legalidad del acto conforme a lo planteado en la demanda”.
23
Decidió que: “[…] constituye un verdadero argumento de fondo del asunto, que pretende desvirtuar
cuál es el acto administrativo que debe ser objeto de revisión de legalidad situación que para el
Despacho sólo puede ser definida en el momento del fallo luego del debate probatorio y análisis de los
antecedentes que dieron lugar al acto acusado […]”

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indebido agotamiento encontró que tal requisito de procedibilidad se

ejercitó. También se fijó el litigio en el sentido de establecer: i) si hay

caducidad de la acción y ii) si el acto es ilegal conforme a lo planteado

en la demanda. En esta diligencia se decretaron las pruebas pedidas

y se ordenaron los oficios correspondientes. No hubo pruebas de

oficio.

Se adelantó la audiencia de pruebas a efectos de incorporar la

documental allegadas y se reiteraron unos oficios requeridos a la

Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Bogotá, previa

decisión que su no envío no podía dilatar el trámite judicial24. Por

ello, la magistrada conductora desistió de la audiencia de alegaciones

y juzgamiento y, en su lugar, corrió traslado para alegar de

conclusión y proferir fallo por escrito.

IV. FUNDAMENTOS DE LA SENTENCIA RECURRIDA

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera,

Subsección “A”, luego de haber tramitado el proceso en vigencia de

la Ley 1437 de 2011, profirió sentencia el 27 de febrero de 201425,

mediante la cual declaró no probada la excepción de caducidad del

medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho y negó

24
Tal decisión no fue objeto de recursos.
25
Folios 267 a 319.

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las pretensiones de la demanda. Como fundamento de tal decisión,

explicó, en síntesis, lo siguiente:

Para resolver la excepción de caducidad el Tribunal diferenció que la

pretensión de la actora es cuestionar el acto que negó el

reconocimiento la compensación que reclama frente a su predio, y

no como lo planteó la entidad demanda de controvertir la Resolución

463 de 2005, la que, además, ya fue objeto de control ante esta

jurisdicción.

Indicó que el acto administrativo acusado fue expedido el 3 de mayo

de 2012 y notificado el 5 de ese mes y año, por lo que la demanda

se presentó oportunamente, teniendo en cuenta la suspensión del

plazo ocurrida en virtud de la solicitud de conciliación extrajudicial.

En ese sentido, declaró no probada la excepción propuesta por el

MINAMBIENTE y procedió a estudiar el fondo del asunto.

El estudio de los cargos de la demanda lo asumió el Tribunal previo

análisis sobre la evolución normativa de las zonas de la reserva

forestal de los cerros orientales26 y los alcances de la Resolución 463

de 200527.

26
En este aparte, la providencia cuestionada aludió a la sentencia dictada por esta Corporación el 5 de
noviembre de 2013 dictada en la acción popular radicada bajo el núm. 2500023250002000580662-03
C.P. María Claudia Rojas Lasso. Para no ser reiterativos y ante la necesidad de reiterar su contenido se
considerarán en la parte motiva de este fallo.
27
Folios 290 a 305 del expediente.

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En relación con la Resolución 463 de 2005 destacó que si bien se

sustrajeron 973 hectáreas de la parte occidental de la reserva, área

que se denominó franja de adecuación, la razón obedeció a que los

predios allí ubicados habían perdido las condiciones que los hacía

pertenecientes a la reserva, sin que ello implique que modificó o

alteró la situación jurídica y urbanística de éstos, según las

explicaciones previstas en la Resolución núm. 1582 de 2005, que en

su artículo 1°28 enlista, que estuvo suspendida hasta que se profirió

el fallo de la acción popular el 5 de noviembre de 2013.

28
“[…] ARTÍCULO 1°. Interpretar el contenido del parágrafo del artículo 5° de la resolución, así:
a) No modificó las condiciones urbanísticas de los predios con usos urbanos legalmente otorgados por
el perímetro urbano adoptado mediante Decretos Distritales 619 de 2000, el cual fue modificado por el
Decreto 469 de 2003 y compilado en el Decreto 190 de 2004 y particularmente por las disposiciones
contenidas en los artículos 478 y 479 del mismo, contentivos respectivamente del Plan de Ordenamiento
Territorial de Bogotá, su revisión y su compilación normativa. No obstante, ello, estos inmuebles deben
cumplir con todas las condiciones señaladas en el Plan de Ordenamiento Territorial y en las normas que
con posterioridad a abril 14 de 2005 haya expedido el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Territorial, y aquellos que lo modifiquen, adicionen o sustituyan;
b) Se aplica únicamente a las situaciones contempladas en dicho artículo, razón por la cual, para efectos
de la normalización de las construcciones preexistentes de que trata el artículo 3º numeral 4, zona de
recuperación ambiental de la resolución mencionada, se tendrán en cuenta las normas vigentes al
momento de expedirlas y las normas que con posterioridad a abril 14 de 2005 haya expedido el
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, y aquellos que lo modifiquen, adicionen o
sustituyan;
c) No modificó o alteró la situación jurídica y urbanística de los siguientes predios ni sus licencias: 1. Predios con decretos de legalización anteriores a la expedición del Decreto 619 de 2000 y aquellos
que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 237 del Acuerdo 6 de 1990 contarán con orden de
legalización proferida por el Alcalde Mayor de la ciudad en la fecha de entrada en vigencia del Decreto
619 de 2000, que hubiesen obtenido decreto de legalización antes del 14 de abril de 2005. 2. Predios ubicados dentro del perímetro urbano señalado por el Plan de Ordenamiento Territorial y los
instrumentos que lo desarrollan, que hubiesen radicado u obtenido en debida forma licencia de
urbanismo y/o construcción antes del 14 de abril de 2005, conforme a las normas existentes a la fecha
de su expedición. 3. Predios cobijados por proceso de concertación tramitados ante el Departamento Administrativo de
Planeación Distrital que contaran con acta final de acuerdo sobre el decreto de asignación de
tratamiento en la fecha de entrada en vigencia del Decreto 619 de 2000 que hubiesen obtenido decreto
de incorporación en las condiciones del numeral 4 del artículo 515 del citado decreto y que cumplan
con todas las condiciones previstas en el decreto de asignación de tratamiento, en la licencia de
urbanismo y en las normas posteriores que regulen la materia. 4. Predios cobijados por Decretos de Asignación de Tratamiento expedidos con anterioridad a la fecha
de entrada en vigencia del Plan de Ordenamiento Territorial de 2000 que hubieren obtenido licencia de
urbanismo y/o construcción con anterioridad a la entrada en vigencia del citado decreto o dentro del
plazo previsto por el numeral 2 del artículo 284 del Decreto 469 de 2003 (artículo 479 del Decreto 190
de 2004) y se cumplan todas las condiciones previstas en el decreto de asignación de tratamiento, en
la licencia de urbanismo y en las normas posteriores que establezcan disposiciones urbanísticas,
reconocimiento de edificaciones y legalización de asentamientos urbanos. 5.

Predios dotacionales de carácter nacional, departamental, distrital o privados, existentes a la fecha
de expedición del Decreto 619 de 2000;
d) Las licencias urbanísticas otorgadas para los predios señalados en el presente artículo, sus
modificaciones, prórrogas, etapas posteriores, vigencia del plan general urbanístico, la obtención de
licencias de construcción o cualquiera otra licencia derivada de ellas, se rigen únicamente y para todos
los efectos legales, por las prescripciones señaladas en el Decreto 1052 de 1998, y aquellos que lo
modifiquen, adicionen o sustituyan […]”.

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En relación con las características del predio donde se encontraba

aprobado el proyecto urbanístico San Rafael Sur Oriental, y que la

parte actora alude fue objeto de la afectación ambiental, el Tribunal

destacó, que:

i) La Secretaría Distrital de Planeación en oficio de fecha 14 de

febrero de 2012, dio respuesta a una solicitud de la parte actora, e

indicó que su predio “[…] correspondiente a la nomenclatura CR 18

ESTE N° 61-67 SUR se ubica en un predio de mayor extensión

denominado “Urbanización San Rafael Sur Oriental […]” y “[…] se

trata de un predio urbanizable, al cual se le aplican las normas del

Plan de Ordenamiento Territorial, correspondiente al tratamiento de

desarrollo según lo reglamentado en el Decreto 327 de 2004”;

además, señaló: “[…] Sin embargo aunque el plano urbanístico no

muestra afectación alguna del predio, el sistema de información de

esta Secretaría arroja una afectación por la franja de

adecuación de los cerros orientales”

ii) Según el Oficio núm. 1-2001-11446 de 31 de mayo de 2001,

suscrito por el Subdirector de Planeación y Desarrollo del

Departamento Administrativo del Medio Ambiente de la Alcaldía

Mayor de Bogotá, dirigido a Planeación Distrital, se aclaró que: “[…]

el barrio San Rafael fue desafectado por el Acuerdo 105 de 1959 de

la zona de reserva forestal (artículo 77 del Decreto Ley 133 de 1976)

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Y además ya cuenta con licencia de urbanismo de la Curaduría

Urbana 3 2 (sic), este barrio se encuentra por encima de la cota de

servicio y la CARA (sic) les dio permiso de concesión de aguas

mediante Resolución núm. 1280 de 1996 […]”29.

De lo anterior, concluyó que se trataba de un bien inmueble

legalizado, con licencia de urbanización aprobada mediante

Resolución CU2-2002-199 de 23 de agosto de 2002, que según

el sistema de información arroja una afectación por la franja de

adecuación de los cerros orientales y que de acuerdo con la

Resolución núm. 1582 de 2005, ni cambió ni modificó su

situación jurídica y urbanística.

Así, identificado que el predio San Rafael Sur Oriental, se encuentra

afectado por la franja de adecuación de la Reserva Forestal

Protectora de los cerros orientales, el Tribunal trajo a colación el

siguiente pronunciamiento de esta Corporación, en cuanto señaló:

“[…] Bajo el anterior contexto, la Sala encuentra que deben
respetarse los derechos adquiridos de quienes obtuvieron
licencias de construcción y/o construyeron legalmente en la
franja de adecuación y en la “zona de recuperación ambiental”,
ubicada dentro de la reserva forestal protectora, antes de la
anotación registral de la afectación a la reserva del predio
respectivo.

No obstante lo anterior, no se reconocerán derechos adquiridos
si se demuestra que, a pesar de no existir una anotación
registral dentro de la historia traditicia del inmueble que lo
afectara a la reserva forestal protectora, por actuaciones se

29
ver folio 143 anexos

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deduzca inequívocamente que el propietario, poseedor o
tenedor del inmueble conocía la afectación que pesaba sobre el
inmueble en cuanto a la existencia de la reserva […]”30.

En ese sentido, el Tribunal observó la posición que dicho fallo

consideró frente a: i) el respeto de los derechos adquiridos de

predios que obtuvieron licencia de urbanismo en la franja de

adecuación; ii) la adopción de medidas pertinentes para las

urbanizaciones y construcciones levantadas legítimamente en “zonas

de recuperación ambiental”; iii) la negociación directa o expropiación

de predios ubicados en la zona de reserva forestal protectora, por

especial importancia ecológica; iv) a pesar de la existencia de

licencias de construcción obtenidas para desarrollarse en zonas de

reserva forestal, no es posible realizarse ninguna construcción; y v)

el reconocimiento de derechos adquiridos que impuso la modificación

del POT para reconocer las edificaciones en las franjas de adecuación

y en las zonas de recuperación ambiental.

Concluyó que la interpretación que hizo el MINAMBIENTE del

parágrafo 5° de la Resolución núm. 463 de 2005, a través de la

Resolución núm. 1582 de 2005, comporta: i) la conservación de las

condiciones urbanísticas de los predios con usos urbanos legalmente

otorgados en el perímetro urbano adoptados por el Plan de

Ordenamiento Territorial y, ii) la no modificación o alteración de la

30
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 5 de
noviembre de 2013, número único de radicado 25000-23-25-000-2005-00662-03 (AP), Consejera
ponente María Claudia Rojas Lasso.

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situación jurídica de los predios que tuvieran decretos de legalización

antes de la expedición del instrumento de ordenación del territorio,

ubicados en el perímetro urbano en el que encuentra el predio San

Rafael Sur Oriental.

Descendiendo al asunto de la compensación, la definió como “[…]

toda restricción impuesta por entidad pública que limita o impida la

obtención de licencia de urbanización, de parcelación, de

construcción, o de funcionamiento, por causa de una obra pública, o

por protección ambiental” y con tal propósito invocó los artículos 37

de la Ley 9ª de 1989; 38, 48 y 122 de la Ley 388 para arribar a las

siguientes conclusiones:

Refirió que: i) la compensación la paga la autoridad que impone la

afectación, quien además celebra un contrato para que se pacte el

valor y el pago de la compensación; ii) debe existir un reparto

equitativo de las cargas y los beneficios del ordenamiento urbano; y

iii) los propietarios de terrenos o inmuebles que en el POT se

identifiquen como inmuebles de conservación histórica,

arquitectónica o ambiental, deben ser compensados por esta

carga derivada del ordenamiento urbano. En este caso, la entidad

que haya impuesto la afectación celebrará un contrato donde se

pacte el valor y la forma de pago por los perjuicios sufridos durante

el tiempo que dure la afectación.

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Frente al predio donde se aprobó el proyecto urbanístico San Rafael

Sur Oriental, el Tribunal destacó que ha sido abiertamente

reconocido como predio urbano legalizado y está localizado en la

franja de adecuación o transición entre la ciudad de Bogotá y los

cerros orientales.

En ese sentido, el fallo concluyó que comoquiera que el propietario

del predio obtuvo licencia de construcción con anterioridad a la

anotación registral de la afectación de la reserva, conserva todos los

derechos que hubiesen sido adquiridos, en tanto la anotación se

produjo en abril de 2005; y que de conformidad con las pruebas

obrantes en el expediente, no se ha realizado anotación de

afectación de reserva forestal en los certificados de tradición con

matrícula núm. 50S-40056091, y además, el sector se encuentra

sujeto a un Plan de Manejo por los entes competentes, sin que éste

implique una limitación del derecho de dominio y propiedad sobre los

predios y/o la urbanización allí asentados.

En este orden, encontró que si bien el predio San Rafael Sur Oriental

se encuentra en perímetro urbano que abarca la franja de

adecuación, no existe una limitación o afectación por la declaratoria

de la reserva ambiental, pues no se ha visto modificada ni alterada

su situación jurídica y urbanística en la medida en que cuenta con los

derechos adquiridos otorgados por las licencias de las cuales es

beneficiario y los actos que legalizaron la incorporación del barrio,

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dentro del cual se ubica el mencionado predio, al ordenamiento

territorial del Distrito Capital.

Así, consideró que no se desvirtuó la legalidad del oficio demandado,

lo que impuso la negativa de las pretensiones y la respectiva condena

en costas31 a la parte demandante.

V. FUNDAMENTOS DEL RECURSO DE APELACIÓN

Inconforme con la decisión adoptada, la parte demandante interpuso

recurso de apelación32 contra la sentencia de 27 de febrero de 2014,

proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca. En sus

planteamientos relevantes se encuentran los siguientes reproches:

Cuestiona la apreciación probatoria del a quo, en cuanto concluyó

que no aparecen registradas las afectaciones ambientales inscritas o

registradas. Este razonamiento lo fundó en el hecho de que se analizó

un folio de matrícula, el núm. 50S-40056091, sin considerar que el

predio fue objeto de desenglobe y, a partir de ello, el folio que lo

identifica es el núm. 50S-40384839, donde se registran las

afectaciones por causa de categorías ambientales a que hacen

referencia las resoluciones núms. 076 de 1977 y 463 de 2005. En

31
De acuerdo con lo previsto en el artículo 393 del Código de Procedimiento Civil; sin embargo, no
señaló una suma relativa a agencias en derecho.
32
Mediante escrito de 3 de abril de 2014, visible a los folios 328 a 336.

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conclusión, el registro considerado por el a quo no refleja la realidad

del predio ni su situación jurídica.

Afirmó que otra incongruencia en que incurrió el fallo fue el identificar

que la totalidad del predio se encontraba localizado en la franja de

adecuación y, concluir en ese orden, que los derechos reconocidos

para adelantar las construcciones aprobadas debían serle respetado.

Al respecto, indicó que los oficios núms. 1200-02-63518 de 17 de

agosto de 2005 y 1200-E2-79251 de 23 de septiembre de 2005 del

MINAMBIENTE, son claros en identificar que aproximadamente el

86% del predio hace parte de la zona de conservación y el 14%

restante de la franja de adecuación.

En similar contexto, con una diferencia mínima en los porcentajes, el

oficio núm. 2-2006-29160 de 1o. de noviembre de 2006, suscrito por

el subdirector de Gestión Urbana del Departamento Administrativo

de Planeación Distrital, en adelante DAPD, señaló que el 18.7% se

localiza en franja de adecuación y el resto en zona de reserva

forestal.

Aludió también al Plano núm. 2 de 3 de la U.P.Z. núm. 51 de los

Libertadores del año 2006, en el que se encuentra dibujado el predio

y se observa la línea que corresponde a los linderos de la nueva Zona

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de Reserva Forestal Bosque Oriental de Bogotá, luego de la franja de

adecuación.

Con apoyo en estas pruebas, dijo que el fallo es equivocado por

cuanto a pesar de que reconoció la existencia de derechos

adquiridos, concluyó que no era viable el reconocimiento de la

afectación ambiental al ubicarlo en la franja de adecuación, cuando

lo cierto es que el área del predio en esta zona es mínima, en tanto

la mayor parte se ubica en la Reserva Forestal Protectora del Bosque

Oriental de Bogotá, la cual no se podrá construir.

En este sentido, la apelante invocó el desconocimiento del principio

de confianza legítima, toda vez que el MINAMBIENTE identificó la

totalidad del predio como zona rural y afectado por la reserva

ambiental, cuando, según los planos33 de la Localidad Cuarta 04

de San Cristóbal, no aparecía dicha limitación.

Manifestó que la anotación de restricción ambiental se evidencia en

el certificado de tradición y libertad núm. 50S-40384839 de 18 de

mayo de 2005; sin embargo, no se identificó la porción que se ubica

en la franja de adecuación, y la parte que integra la reserva tan solo

33
Identificó como tales los correspondientes a la 5ª y 6ª impresión donde el predio del proyecto
Urbanístico San Rafael Sur Oriental sin que se aprecie ninguna línea de limitación ambiental. Refirió
que ya en la 8ª Edición del mapa de la localidad 4 y la 3ª impresión del Mapa General de Bogotá
(septiembre de 2010) ya obra el dibujo que separa la reserva forestal bosque Oriental de Bogotá y en
el que queda incluido la totalidad del predio.

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Nulidad y Restablecimiento del derecho

se lee la inscripción de las resoluciones núms. 076 de 1977 y 463 de

2005, que lo es para la totalidad del predio no para una parte de él.

Anotó que el valor del predio ha disminuido desde el año 2012; y que

ello obedeció a que se encuentra en suelo de protección, según

respuesta de la Unidad Administrativa de Catastro Distrital.

Aseguró que el MINAMBIENTE desvió la verdadera esencia del

conflicto al hacer creer que el predio era rural, cuando las pruebas

demuestran que es urbano y se encuentra legalizado.

Así, concluyó que todo ello amerita la declaratoria de nulidad del acto

administrativo y el consecuente pago de la compensación por

protección ambiental, pues no hacerlo constituye una desviación de

poder al no proceder con la compensación cuando se presentan los

presupuestos para ello.

En cuanto a la condena en costas sostuvo que comoquiera que el

acto es ilegal, no era procedente el pago que le fue impuesto.

VI. TRÁMITE SEGUNDA INSTANCIA

El recurso se admitió por auto del 4 de septiembre de 2014, en el

que, además, se corrió el traslado para alegar34. Vencido el plazo, la

34
Folios 4-5 C. 2

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32

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parte actora,35 ratificó los argumentos expuestos tanto en el libelo

de la demanda como en el recurso de apelación.

De igual forma la parte demandada descorrió el traslado36 y solicitó

confirmar la sentencia de primera instancia. Señaló que el acto

demandado no adolece de ningún vicio de ilegalidad, ni vulnera los

derechos adquiridos de la sociedad demandante, a quien se le debe

respetar el hecho de haber obtenido la licencia de urbanización, por

lo que puede explotar el predio sin limitación alguna, salvo las

establecidas en la licencia de urbanismo, conforme a los usos del

suelo; y que el hecho de que se encuentre en franja de adecuación

no implica la limitación de sus derechos, pues los conservan, de allí

la improcedencia de la compensación.

Por su parte, el Ministerio Público, quien actuó a través de la

Procuraduría Delegada para la Conciliación Administrativa, rindió el

Concepto núm. 118/14 de 13 de noviembre de 201437, a través del

cual solicitó mantener incólume la sentencia impugnada, con base en

los siguientes argumentos:

Luego de relacionar las posiciones de las partes y las conclusiones a

a las que arribó el Tribunal, destacó que el problema jurídico por

resolver es: i) determinar si el predio de propiedad de la

35
Mediante escrito 23 de septiembre de 2014. Folios 7 a 37 C.2.
36
Según memorial radicado el 29 de octubre de 2014 (Folios 38 y 39 C.2.)
37
Folios 42 a 50, cuaderno de apelación.

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Constructora Social Caribeña es urbano o rural; ii) establecer si la

Resolución 76 de 1977 está afectada de nulidad o es inoponible por

no haber sido publicada; y iii) previa determinación del carácter

urbano o rural, establecer si hay lugar a la compensación solicitada.

Transcribió el acto administrativo objeto de control, en el que se negó

la solicitud de compensación por encontrarse el predio de propiedad

de la Constructora Social Caribeña en suelo rural.

Frente a la localización del proyecto Urbanístico San Rafael Sur

Oriental - Resolución 76 de 1977 y después de exponer las diferentes

posiciones esgrimidas por las partes y el fallador de primera

instancia, señaló que:

“[…] Ahora bien, de lo anteriormente expuesto resulta claro que
el predio de propiedad de la constructora hace parte de la
Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá,
y por ello, de conformidad con el artículo 117 del Plan de
Ordenamiento Territorial, se encuentran por fuera del
perímetro urbano de la ciudad, esto es, como lo señaló el
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, hace parte del
suelo rural del mismo. […]

[…] Del contenido de la sentencia transcrita [se refiere a la T-
774-2004] puede afirmarse que la administración dio cabal
cumplimiento a las normas de publicidad sobre actos
administrativos, en lo concerniente a la Resolución 76 de 1977.

”Para esta Delegada, entonces, no resulta aceptable la
afirmación del apelante, en cuanto a que el acto administrativo
N° 8140 – E2 -27472 del 03 de mayo de 2012 expedido por el
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, se hubiera
expedido con una desviación de poder de la administración, en
contravía de sus finalidades y preceptos legales, cuando es
negada la compensación a su peticionario […]

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Nulidad y Restablecimiento del derecho

Así la cosas, no era procedente, entonces, el reconocimiento de
la compensación solicitada, y por los tanto, los cargos no tienen
vocación de prosperidad.

Conclusiones

Los razonamientos anteriores nos llevan a concluir que el actor
no logró desvirtuar los cimientos bajos los cuales se edificó el
fallo de primera instancia proferido por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca y, en consecuencia, esta
Delegada considera que el mismo debe mantenerse incólume
[…]”.

VII. CONSIDERACIONES DE LA SALA

VII.1 COMPETENCIA

Corresponde a esta Sala de acuerdo con el artículo 150 del CPACA y

el artículo 13 del Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de 2019, expedido

por la Sala Plena de esta Corporación, conocer del presente asunto

en segunda instancia.

VII.2 LÍMITES DE LA APELACIÓN

El reproche de la apelante se circunscribe a cuestionar el análisis

probatorio que impartió el Tribunal a quo para señalar que el predio

de la Constructora demandante no fue objeto de restricción

ambiental habida cuenta que se encuentra sobre la franja de

adecuación; mientras que la demandante insiste en que el predio

se ubica tanto en la reserva ambiental como en la franja de

adecuación, y ante ese mínimo porcentaje que se localiza en esta

última zona se le impidió el ejercicio de sus derechos adquiridos, en

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razón a que en el área de reserva está prohibido construir, lo cual la

habilita para el reconocimiento de la compensación ambiental

reclamada.

De esta manera, la Sala se ocupará únicamente de estos reproches,

a efectos de determinar si procede confirmar o no la negativa a

declarar la nulidad del acto acusado.

Lo anterior, en razón a que en materia de competencia en la segunda

instancia el objeto de la apelación se circunscribe a los argumentos

de oposición del recurrente, no resultando viable abordar puntos no

discutidos, según lo prevé el artículo 328 del CGP 38 . Entonces,

conforme se ha reiterado por esta Corporación son esos límites a los

que se cierne la competencia y pronunciamiento del fallador en la

segunda instancia.

Sobre el particular esta Sección, puntualizó:

“[…] Esta Corporación en reiterados pronunciamientos ha
considerado que cuando decide el recurso de apelación, tal
como lo indica el artículo 357 del Código de
Procedimiento Civil, el juez de instancia DEBERÁ
PRONUNCIARSE SOLAMENTE sobre los argumentos

38
Artículo 328 del CGP. “[…] ARTÍCULO 328. COMPETENCIA DEL SUPERIOR. El juez de segunda
instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio
de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley.
Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere adherido
al recurso, el superior resolverá sin limitaciones.
En la apelación de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso,
condenar en costas y ordenar copias.
El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la
modificación fuera indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella.
En el trámite de la apelación no se podrán promover incidentes, salvo el de recusación. Las nulidades
procesales deberán alegarse durante la audiencia […]”.

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expuestos por el apelante único. […] Como ya se estableció
la parte demandante tiene la calidad de apelante único, por lo
que, el marco fundamental de competencia del juez de segunda
instancia, en este caso, lo constituyen las referencias
conceptuales y argumentativas que aduce la apelante en
el escrito contentivo del recurso, contra la decisión que
adoptó la primera instancia. […]”39

VII. 3 PROBLEMAS JURÍDICOS

De acuerdo con los planteamientos del recurso de apelación, la Sala

establece que, en este caso, los problemas por resolver se concretan

en determinar si hay lugar a revocar, modificar o confirmar la

sentencia, para lo cual es necesario dar respuesta a los siguientes

interrogantes:

Si era procedente que la entidad accionada le reconociera a la

constructora demandante el valor que exige como compensación,

habida cuenta que el predio de su propiedad se encuentra registrado

y hace parte de la reserva ambiental que impide su desarrollo

constructivo, y no como lo señaló el tribunal a quo, que el 100% de

su extensión se encuentra en franja de adecuación.

Determinar si son ciertas las diferencias entre la calificación que le

otorgó el Ministerio demandado al predio de la accionante para negar

la compensación ambiental, esto es, la de predio rural y las

39
Consejo de Estado - Sala de lo Contencioso Administrativo - Sección Primera. Sentencia del 15 de
febrero de 2018. Radicación número: 25000-23-24-000-2001-00470-02. Actor: Inmobiliaria San José
Ltda y María Del Pilar Sandoval Gómez Demandado: Dirección Nacional de Estupefacientes - DNE C.P.
Hernando Sánchez Sánchez.

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Nulidad y Restablecimiento del derecho

condiciones urbanas que alega la apelante le fueron reconocidas a

su predio.

También deberá establecer la Sala si las implicaciones que alega la

apelante respecto de la anotación en el certificado de tradición y

libertad de la limitación impuesta por la Resolución 76 de 1997 y la

Resolución 463 de 2005, son suficientes para acceder a la

compensación ambiental que le negó el Ministerio; y si el a quo omitió

su análisis al adoptar la decisión apelada.

Finalmente, será necesario resolver sobre la imposición de las costas

en primera instancia.

Para resolver estos interrogantes, es necesario identificar el trámite

administrativo que dio lugar al acto acusado y realizar un análisis

sobre el marco normativo que regula la compensación ambiental.

VII.4 ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA

El reclamo que dio lugar al acto acusado fue presentado el 27 de

marzo de 2012, por el señor Carlos Arturo Gualdrón Arias, en su

condición de representante legal40 de la sociedad CONSTRUCTORA

SOCIAL CARIBEÑA LTDA y en ejercicio del derecho de petición.

40
Folios 42 y 43 C. 1

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La solicitud se radicó bajo el número 4120-E1-27472 41 , ante la

Dirección de Biodiversidad, Bosques y Servicios Ecosistémicos del

MINAMBIENTE; y por distribución de competencias lo respondió la

jefe de la Oficina Asesora Jurídica de dicha Entidad, a través del

Oficio num. 8140-E2-27472 de 3 de mayo de 2012.

La petición, es del siguiente tenor:

“[…] Bogotá, D.C., marzo 27 de 2012

Señores
Ministerio de Ambiente y Desarrollo sostenible
Atte. Doctora Xiomara Sanclemente Manrique
Directora de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos
Bogotá D.C.

Asunto: Con fundamento en el artículo 23 de la Constitución el
Derecho de Petición; y de conformidad con su Oficio de N° 82
10-2 20214 del día 15 de marzo de 2012.

Saludo especial Doctora Xiomara.

Carlos Arturo Gualdrón Arias, de conformidad con lo
establecido en el artículo 23 de la Constitución el “Derecho de
Petición”, señalo que mediante los radicados N° EXT11-
00096824 del día 04 de Octubre de 2011 y N° EXT11-0018585
del día 12 de diciembre de 2012 en la Presidencia de La
República, y No. 4120-E1-20214 del día 22 de febrero de 2012
y N° 4120-E1-25114 del día 09 de marzo de 2012, en ese
Ministerio, de manera clara, precisa y terminante, argumente
(sic) mi respetuosa petición a ese Ministerio, sin embargo con
Oficio N° 82 10-2 20214 del día 15 de marzo de 2012, emanado
de la Dirección de Bosques Biodiversidad y Servicios
Ecosistémicos, pretendieron dar respuesta a mi solicitud, pero
no contestaron nuestra concreta y única petición.

Lo anterior, toda vez que el objeto de mi petición se limita a
que se informe si esa entidad va a efectuar el pago a mi favor
de la compensación a la que tengo derecho por la afectación y
limitaciones impuestas al folio de matrícula inmobiliaria No.
050S-40384839, además del cambio de uso del suelo del
proyecto urbanístico San Rafael Sur Oriental por orden expresa
del Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial

41
Folios 8 y 9 C. Anexo

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39

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competencia Constitucionalmente asignada a los Concejos
Municipales, pago que a pesar de existir el deber legal de
cancelar a la fecha no ha sido satisfecho; en caso de que la
respuesta sea afirmativa se me indique el plazo, es decir el
mes, el día y la hora, así como el procedimiento para hacer
efectivo dicho pago, reiterando mi terminante y explícita
solicitud, que la respuesta del Ministerio de Ambiente se remita
única y exclusivamente a mi perentoria y Única petición.

Con todo respeto le solicito al Ministerio que no pretenda
argumentar que la Resolución N° 076 de 1977, tiene algún
mecanismo que pueda usar para desconocer la situación
jurídica debidamente consolidada como es la de nuestro predio,
por razones claras, sencillas, terminantes LEGALES, es que
dicho Acto Administrativo JURÍDICAMENTE NO TIENE
EFECTOS RETROACTIVOS, menos aún para la condición
particular y los innumerables antecedentes del proyecto
urbanístico San Rafael Sur Oriental, como demuestro hasta la
saciedad, con gran cantidad de pruebas documentales
irrebatibles que anexo en todos nuestros radicados en ese
Ministerio, desde el día 22 de febrero de 2002.

De otra parte, advierto que la respuesta a mi solicitud no se
puede sustentar en que esa entidad debe esperar el fallo que
en segunda instancia debe preferir el Consejo de Estado en la
Acción Popular No. 2005-00662, porque el pago de la
compensación debió hacerla el Ministerio de Ambiente antes de
haber ordenado a la Oficina de Registro de Instrumentos
Públicos efectuar las afectaciones, además porque lo que
decida esa acción no tiene relación con lo pedido, finalmente
porque se estaría violando el artículo 8 del nuevo Estatuto
Antitrámites “Decreto No. 0019 de 2012” el cual establece:

Artículo 8°. “PROHIBICIÓN DE EXIGIR ACTUACIÓN JUDICIAL
PREVIA PARA LA DECISION ADMINISTRATIVA: Se prohíbe
exigir como requisito previo para obtener una decisión
administrativa, la interposición de una acción judicial y la
presentación de la copia de la providencia que ordene el
reconocimiento o adjudicación de un derecho”.

Por las anteriores consideraciones es que respetuosamente
exigimos que se nos comunique con exactitud si se va a
proceder con el pago de la compensación a la que tengo
derecho, en caso afirmativo se diga la fecha exacta mes, día y
hora en cual el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
tiene previsto pagar a la Constructora Social Caribeña Ltda., la
compensación debida a la cual tenemos derechos
irrenunciables por los perjuicios o daños causados, para lo
pertinente debo señalar que han pasado siete (7) años desde
que se afectó mí predio sin que el Ministerio de Ambiente tome
una decisión JURÍDICA, seria, de fondo sobre el
reconocimiento de la compensación que tanto la Ley 9 de 1989,
la Ley 99 de 1993 y la Ley 388 de 1997 tienen establecido que
deber ser pagado antes de ordenar hacer cualquier tipo de

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afectación sea por causa de una obra pública, sea por
conservación histórica, arquitectónica o por protección
ambiental.

En espera de que su respuesta se de en los términos de ley,
cordialmente.

CARLOS ARTURO GUALDRÓN ARIAS
C.C. No. 17.145.344 de Bogotá
Transversal 80 No. 80-47 Apto 101 Bloque K1 Afidro La Palestina
[…]” (Negrillas, mayúsculas son del texto).

Con ocasión de esta petición la Jefe de la Oficina Asesora Jurídica del

MINAMBIENTE respondió a esta solicitud mediante Oficio núm.

8140-E2-27472 de 3 de mayo de 201242, acto que es objeto de

control mediante esta acción y cuyo contenido es el siguiente:

“[…] Bogotá, D.C., - 3 MAYO 2012
AL CONTESTAR CITE: 8140-E2-27472
TIPO DOCUMENTAL: OFICIO
REMITE: OFICINA ASESORA JURÍDICA DE AMBIENTE
DESTINATARIO: CARLOS ALBERTO GUALDRÓN
ARIAS

Señor
Carlos Arturo Gualdrón Arias
Transversal 80 No. 80-47, Apto 101 Bloque K1, Afidro La Palestina
Ciudad

Asunto: Derecho de petición
Radicado: 8140-E2-27775 / 8120-2-20214 / 8210-2-27472 / 4120-E1-
31248 todos de marzo y abril de 2012

Respetado señor Gualdrón:

En atención a sus peticiones, efectuadas ante la Dirección de
Biodiversidad, Bosques y Servicios Ecosistémicos del Ministerio
de Ambiente y Desarrollo Sostenible y trasladadas por dicha
dependencia a esta Oficina Asesora Jurídica, a través de los
memorandos internos radicados bajo los Nos. 8210-3-27775
del 28 de marzo de 2012 y 8210-2-27472 del 16 de abril de
2012, nos permitimos informar:

Según expone en sus escritos y en los documentos anexos a
los mismos, la anotación efectuada en el folio del inmueble

42
Folios 1 a 3, anexos.

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distinguido con matrícula inmobiliaria No. 050S-403844839,
relacionada con las Resoluciones 76 del 31 de marzo de 1977
y la Resolución 463 del 14 de abril de 2005, han afectado y
limitado su derecho de dominio, “… además del cambio de uso del
suelo del proyecto urbanístico San Rafael Sur Oriental por orden
expresa del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial
competencia Constitucionalmente asignada a los Consejo
Municipales…”, razón por la cual le solicita a este Ministerio, que:
“nos comunique con exactitud si se va a proceder con el pago de la
compensación a la que tengo derecho” teniendo en cuenta que “…han
pasado siete (7) años desde que se afectó mi predio sin que el
Ministerio de Ambiente tome una decisión JURÍDICA, seria, de fondo
sobre el reconocimiento de la compensación…”.

Al respecto es pertinente señalar que, mediante el Acuerdo 30
de 1976 de la Junta Directiva del Instituto de Desarrollo de los
Recursos Renovables –INDERENA, aprobado por Resolución
Ejecutiva 76 de 1977 del Ministerio de Agricultura, se
declararon como áreas de reserva forestal las zonas llamadas
“Bosques Orientales de Bogotá” y “Cuenta (sic) Alta del Río
Bogotá”. Dicha resolución aprobatoria fue publicada en el Diario
Oficial 34.777 del 3 de mayo de 1977, en armonía en armonía
(sic) con lo dispuesto por el artículo 1 de la Ley 57 de 1985, en
el que se establece que los actos administrativos de carácter
general son obligatorios para los particulares a partir de su
publicación en el Diario Oficial, gaceta o boletín que las
autoridades destinen para el efecto.

Por lo anterior, lo ordenado en la Resolución 76 de 1977,
aprobatoria del Acuerdo 30 de 1977, es de obligatorio
cumplimiento a partir del 3 de mayo de 1977, fecha en la que
fue publicado el citado acto administrativo.

Posteriormente, el entonces Ministerio de Ambiente, Vivienda y
Desarrollo Territorial, expidió la Resolución 463 del 14 de abril
de 2005, “Por medio de la cual se redelimita la Reserva Forestal
Protectora Bosque Oriental de Bogotá, se adopta su zonificación
y reglamentación de usos y se establecen las determinantes
para el ordenamiento y manejo de los Cerros Orientales de
Bogotá” la cual fue aclarada en su artículo 1°, mediante la
Resolución 519 de 2005 e interpretada en el parágrafo del
artículo 5° por la Resolución 1582 del 26 de octubre de 2005,
actos administrativos expedidos con fundamento en las
facultades legales consagradas a este ente Ministerial en el
artículo 5° de numerales 18 y 19 de la Ley 99 de 1993.

Ahora bien, la inscripción de las resoluciones 76 de 1977 y 463
de 2005, en los folios de matrícula inmobiliaria de las oficinas
de Registro de Instrumentos Públicos, bajo el código señalado
para el efecto, implica que la afectación ambiental impuesta
por la autoridad ambiental competente a través de los actos
administrativos que nos ocupan, cumplen con lo ordenado por
el Estatuto Registral vigente (Dec. 1250 de 1970, artículos 1,

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43 y 44, entre otros), es decir, únicamente para los efectos de
su publicidad ante terceros.

Por tanto, la afectación o limitación respecto del
aprovechamiento de los recursos naturales renovables o del
suelo generado en los predios incluidos en el área de reserva
forestal protectora Bosque Oriental de Bogotá, se encuentra
vigente a partir de la publicación de la Resolución Ejecutiva 76
de 1977 en el Diario Oficial.

Así las cosas, la anotación efectuada en los folios del Certificado
de Tradición del inmueble distinguido con matrícula inmobiliaria
No. 050S-403844839, relacionada con las resoluciones 76 del
31 de marzo de 1977 y 463 del 14 de abril de 2005, fue
efectuada en cumplimiento de un deber legal y respecto de un
acto administrativo que es de obligatorio cumplimiento
por parte de los particulares, desde el 3 de mayo de
1977, fecha en la que fue publicada la Resolución
Ejecutiva 76 de 1977.

Es importante resaltar, que como resultado de la Acción de
Cumplimiento impetrada por Carlos Alberto Mantilla G. contra
este Ministerio, la cual falló el Tribunal Contencioso
Administrativo de Cundinamarca el 1° de marzo de 2001, se
ordenó a este Ministerio, realizar el registro de la Resolución
Ejecutiva 76 de 1977, en cada folio de matrícula inmobiliaria
de los predios afectados por las áreas de reserva forestal
Bosque Oriental de Bogotá y Cuenca Alta del Río Bogotá, ante
las Oficinas de Instrumentos Públicos de los municipios
respectivos.

No obstante lo anterior, es pertinente señalar que el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, suspendió provisionalmente
los efectos de la Resolución 463 de 2005, mediante providencia
de 1° de junio de 2005 (Exp. 2005-0662), solamente en cuanto
excluye una parte del Área de Reserva Protectora del Bosque
Oriental de Bogotá, comprendida en el artículo 1 de la
Resolución 76 de 1977 y ordenó a la Oficina de Registro de
Instrumentos Públicos que no tramite ningún documento de
legalización de predios ubicados en la Zona de Reserva, como
ordenó a la CAR y al DAMA, hoy Secretaría Distrital de
Ambiente, que dentro de los 30 días siguientes comunicara al
Tribunal sobre las acciones que se ejecutarán para el manejo,
administración y conservación de la Reserva. Dicha acción
popular se encuentra sin resolver la segunda instancia ante el
Consejo de Estado, razón por la cual la medida cautelar de
suspensión provisional se encuentra vigente.

Dado lo anterior, el área de reserva forestal protectora
Bosque Oriental de Bogotá, en este momento se
encuentra intacta y en los mismos términos en que fue
declarada inicialmente por el INDERENA y aprobada por
el Ministerio de Agricultura.

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Respecto de los efectos de la suspensión provisional, es
oportuno traer a colación lo citado por la Sala Séptima de
Revisión de la Corte Constitucional en sentencia T-045 de
1993:

“Ha venido entendiendo de antiguo la jurisprudencia del
Consejo de estado con respecto a la suspensión provisional, lo
siguiente:

“De manera que la suspensión provisional cuya finalidad
consiste en evitar, transitoriamente, la aplicación del acto, no
puede confundirse con el efecto de la sentencia definitiva de
nulidad, así coincidan una y otra en obligar a la administración.

“La sentencia definitiva puede absorber los efectos de la
suspensión provisional, pero también hacer cesar tales
efectos, en cuanto no prospere la acción de nulidad. Se
entiende así que la inaplicabilidad del acto suspendido sólo
puede ser transitoria, mientras no sea anulado o declarado
válido definitivamente por la jurisdicción de lo contencioso
administrativo.

“El instituto de la suspensión provisional de los efectos de los
actos administrativos, como excepción que constituye al
principio de legalidad de ellos, se contempla para el caso
excepcional de que infrinjan normas superiores de derecho y
ello no de cualquier modo sino manifiestamente, prima facie
O… que se pueda percibir a través de una sencilla comparación
…” como lo previene e artículo 152 del código contencioso
administrativo’ (Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, Auto del 21 de abril de 1986).

“La suspensión provisional, si no implica insubsistencia del
acto, es un juzgamiento provisional del mismo, mientras se
profiere sentencia que decida si infringe o no las disposiciones
de jerarquía superior invocadas en la demanda. Por
consiguiente, con la misma provisionalidad, esta medida
cautelar tiene efectos ex tunc, desde cuando el acto tuvo
vigencia. De donde se deduce que, ejecutoriado el auto que
disponga la suspensión provisional de un acto, recobra
vigencia el que fuera sustituido o subrogado por éste, mientras
se profiere sentencia definitiva que declare su nulidad o la
deniegue”.

De otra parte, el artículo 91 del Decreto 619 del 28 de julio de
2000, “Por el cual se adopta el Plan de Ordenamiento Territorial
para Santa Fe de Bogotá, Distrito Capital”, modificado por el
artículo 117 del Decreto Distrital 469 de 2003 “Por el cual se
revisa el Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá D.C.” y
compilado por el Decreto Distrital 190 de 2004, ordena:

“Artículo 117. El Artículo 91 del Decreto 619 de 2000,
quedará así:

“Perímetros.

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Los perímetros del suelo urbano, de expansión urbana y
rural se encuentran definidos en los planos denominados
“Clasificación Suelo: Distrito Capital” y “Clasificación del
Suelo”, que hacen parte integral del presente Plan.

El perímetro urbano en los límites con las reservas
forestales coincide con los límites establecidos para
dichas reservas por la Resolución 76 de 1977 del
Ministerio de Agricultura/INDERENA. El Departamento
Administrativo de Planeación Distrital podrá precisar este
límite con base en las decisiones del Ministerio del Medio
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, cuando
expida los respectivos actos administrativos (subrayado
fuera de texto)”.

Lo anterior quiere significar que el Área de Reserva Forestal
Protectora Bosque Oriental de Bogotá, si bien se
encuentra en jurisdicción territorial del Distrito Capital,
está por fuera del perímetro urbano de la Ciudad Capital
y hace parte del suelo rural del mismo.

Viene a colación lo anterior, en relación con la figura de la
compensación por tratamientos de conservación, prevista en el
artículo 48 de la Ley 388 de 1997, directamente relacionada
con la temática de los repartos equitativos de cargas y
beneficios (artículo 38 ibidem), las cuales según la norma en
cita derivan del ordenamiento urbano. Sobre el particular la
norma dispone:

“ARTÍCULO 38.- REPARTO EQUITATIVO DE CARGAS Y
BENEFICIOS. En desarrollo del principio de igualdad de los
ciudadanos ante las normas, los planes de ordenamiento
territorial y las normas urbanísticas que los desarrollan
deberán establecer mecanismos que garanticen el reparto
equitativo de las cargas y de los beneficios derivados del
ordenamiento urbano entre los respectivos afectados.

Las unidades de actuación, la compensación y la
transferencia de derechos de construcción entre otros, son
mecanismos que garantizan este propósito (subrayado fuera
de texto).”

Así mismo el artículo 122 de la ley en estudio, dispone: “Para
efectos de garantizar el cumplimiento de las normas legales sobre
compensaciones de las cargas del desarrollo urbano, será
requisito para la afectación de inmuebles por causa de obra pública,
en los términos previstos en el artículo 37 de la Ley 9ª de
1989, que la entidad pública que imponga la afectación disponga de
la apropiación presupuestal correspondiente al pago de la
compensación debida a su propietario por los perjuicios sufridos
durante la afectación …”, así mismo la norma establece que: “En
los casos de inmuebles declarados como de conservación
histórica, arquitectónica o ambiental, deberá garantizarse
igualmente la disponibilidad presupuestal para el pago

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de la compensación, de conformidad con lo previsto en el
artículo 48 de la presente Ley.”

A su turno el inciso final del artículo 37 de la Ley 9 de 1989, al
definir el término “afectación”, hace referencia a toda
restricción que limita o impida la obtención de licencias
de urbanización, de parcelación, de construcción, o de
funcionamiento, por causa de una obra pública o por
protección ambiental.

Por su parte el artículo 36 de la Ley 388 determina que las
actuaciones urbanísticas son la parcelación, urbanización y
edificación y que estas actuaciones están orientadas por el
componente urbano del Plan de Ordenamiento Territorial.

De conformidad con lo anterior, la compensación por
tratamiento de conservación ambiental solo tiene
aplicación en relación con el COMPONENTE URBANO de
los planes de ordenamiento territorial, es decir respecto
de suelo urbano y por ende, de predios ubicados al
interior del perímetro urbano.

En consecuencia, no habrá lugar a compensación por
tratamientos de conservación, es decir a la aplicación de
los artículos 48 y 122 de la Ley 388 de 1997
(Compensación en Tratamientos de Conservación), en
relación con los predios ubicados en suelos rurales que
hagan parte de un área de reserva o de protección
ambiental, como en este caso, en relación con los
predios que hacen parte del Área de Reserva Forestal
Protectora Bosque Oriental de Bogotá.

De acuerdo con lo anterior, NO ES PROCEDENTE SU
SOLICITUD DE COMPENSACIÓN, más si tenemos en
cuenta que la afectación registrada en el folio de
matrícula respectivo, no limita per sé (sic) la facultad de
disposición con que cuentan los titulares de derecho de
dominio sobre los predios afectados como atributo
esencial del derecho de propiedad, sino que, de acuerdo a
la regulación de la categoría de área protegida declarada sobre
dicho predio, limita el uso de los recursos naturales renovables
y del suelo en él.

Cordialmente
(Firmado)
LUISA FERNANDA BALLÉN MARTÍNEZ
Jefe de la Oficina Asesora Jurídica […]”.

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VII.5 COMPENSACIONES EN EL ÁMBITO DEL ORDENAMIENTO

TERRITORIAL

Para resolver los problemas jurídicos planteados es necesario dar

claridad al concepto de compensación y las maneras que el

ordenamiento jurídico tiene dispuesta para esta figura de amplio

espectro, puesto que las compensaciones surgen no solo como una

medida a cargo de la administración, sino que también son

herramientas para reclamar a los administrados el pago de estas

cuando se benefician de una actividad, como ocurre cuando se

genera un deterioro ambiental43.

La manera que interesa a este proceso es aquella que surge del pago

de la alteración del goce de la propiedad que sufre el propietario de

un inmueble que es objeto de una limitación. Para examinar en qué

eventos se aplica, es necesario considerar los siguientes aspectos:

43
Esta referencia por cuanto existe otras compensaciones, como se dijo, que son en favor de las
entidades públicas, tales como: i) las medidas de compensación por pérdida de biodiversidad en los
procesos de licencias ambientales y sus modificatorias y ii) aquellas que se pagan por los
estacionamientos, según el artículo 376 del POT Bogotá. Normas generales para el Tratamiento de
Renovación Urbana (artículo 365 del Decreto 619 de 2000). El tratamiento de Renovación Urbana se
tiene las siguientes normas generales: […] 5. (Modificado por el artículo 245 del Decreto 469 de 2003).
La exigencia de estacionamientos en los proyectos de renovación urbana formará parte de la
reglamentación urbanística del plan parcial o ficha normativa. Se permitirá en ambos casos, el pago
compensatorio de estacionamientos a los fondos creados para tal fin y, previo estudio de cada
caso, se podrá plantear la localización de estacionamientos en el área de influencia que defina las fichas
normativas o los planes parciales. […]”. Precisamente en el plan de manejo ambiental de los cerros
orientales se fijó la siguiente: “[…] ARTÍCULO 12.- TASAS COMPENSATORIAS. Los propietarios y/o
poseedores de construcciones ubicadas dentro de la Zona de Recuperación Ambiental están
obligados al pago anual de una tasa compensatoria de conformidad con la reglamentación
que para el efecto se expida, como parte de las obligaciones derivadas de los planes de manejo
ambiental. Para tal fin, la CAR establecerá los mecanismos para el cobro, administración y gestión de
recursos provenientes de las mismas. Estos recursos se destinarán a compensar los gastos de
mantenimiento de la renovabilidad de los recursos naturales renovables […]”

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VII.5.1. MARCO NORMATIVO

Es oportuno destacar que la norma fundamental privilegió el

crecimiento ordenado del territorio con prevalencia del respeto al

medio ambiente, de allí que sea necesario analizar el marco

normativo que al respecto regula la materia.

VII.5.1.1. Ley 9ª de 198944

Una primera reglamentación sobre compensación está regulada en

la Ley 9ª de 1989. Allí la compensación es el resultado de la

afectación que una autoridad le impone a una propiedad, para que,

durante un tiempo, máximo de 9 años, se abstenga de presentar

para su aprobación, las solicitudes de licencias de urbanismo,

construcción y parcelación. Al respecto la norma en comento prevé:

“[…] Artículo 37º.- Toda afectación por causa de una obra
pública tendrá una duración de tres (3) años renovables, hasta
un máximo de seis (6) y deberá notificarse personalmente
al propietario e inscribirse en el respectivo folio de
matrícula inmobiliaria, SO PENA DE INEXISTENCIA. La
afectación quedará sin efecto, de pleno derecho, si el inmueble
no fuere adquirido por la entidad pública que haya impuesto la
afectación o en cuyo favor fue impuesta, durante su vigencia.

El registrador deberá cancelar las inscripciones
correspondientes, a solicitud de cualquier persona, previa
constatación del hecho45.

En el caso de las vías públicas, las afectaciones podrán
tener una duración máxima de nueve (9) años.

44
“Por la cual se dictan normas sobre planes de desarrollo municipal, compraventa y expropiación de
bienes y se dictan otras disposiciones”
45
Este inciso fue derogado por el art. 73 de la Ley 1682 de 2013.

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La entidad que imponga la afectación o en cuyo favor fue
impuesta celebrará un contrato con el propietario
afectado en el cual se pactará el valor y la forma de PAGO
DE LA COMPENSACIÓN debida al mismo por los
perjuicios sufridos durante el tiempo de la afectación. La
estimación de los perjuicios será efectuada por el Instituto
Geográfico "Agustín Codazzi" o la entidad que cumpla sus
funciones, en los términos previstos en la presente Ley. Para
los efectos de la presente Ley, entiéndese por afectación
toda restricción impuesta por una entidad pública que
limite o impida la obtención de licencias de urbanización,
de parcelación, de construcción, o de funcionamiento,
por causa de una obra pública, o por protección
ambiental. […]” (negritas y resaltas fuera del texto)

Como se aprecia, la Ley 9ª se expidió antes de promulgarse la

Constitución de 1991; sin embargo, esta norma conserva su vigor y

en ese sentido es válida para los procesos que allí se identifican.

VII.5.1.2 Ley 388 de 199446

En desarrollo de la Constitución Política se expidió la Ley 388, de la

cual es relevante destacar los objetivos fijados por dicha norma, para

ubicarnos en la figura que invocó la parte actora en su petición de

reconocimiento de una compensación por la limitación impuesta a su

predio, con ocasión de la anotación en el registro de las resoluciones

076 de 1997 y 423 de 2005.

En efecto, el artículo 1° prevé:

“[…] Artículo 1º.- Objetivos. La presente Ley tiene por
objetivos:

46
“Por la cual se modifica la Ley 9 de 1989, y la Ley 2 de 1991 y se dictan otras disposiciones”

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1. Armonizar y actualizar las disposiciones contenidas en
la Ley 9 de 1989 con las nuevas normas establecidas en
la Constitución Política, la Ley Orgánica del Plan de
Desarrollo, la Ley Orgánica de Áreas Metropolitanas y la
Ley por la que se crea el Sistema Nacional Ambiental.
2. El establecimiento de los mecanismos que permitan al
municipio, en ejercicio de su autonomía, promover el
ordenamiento de su territorio, el uso equitativo y
racional del suelo, la preservación y defensa del
patrimonio ecológico y cultural localizado en su ámbito
territorial y la prevención de desastres en asentamientos de
alto riesgo, así como la ejecución de acciones urbanísticas
eficientes.
3. Garantizar que la utilización del suelo por parte de sus
propietarios se ajuste a la función social de la propiedad
y permita hacer efectivos los derechos constitucionales a la
vivienda y a los servicios públicos domiciliarios, y velar por la
creación y la defensa del espacio público, así como por la
protección del medio ambiente y la prevención de
desastres.
4. Promover la armoniosa concurrencia de la Nación, las
entidades territoriales, las autoridades ambientales y las
instancias y autoridades administrativas y de planificación, en
el cumplimiento de las obligaciones constitucionales y legales
que prescriben al Estado el ordenamiento del territorio,
para lograr el mejoramiento de la calidad de vida de sus
habitantes.
5. Facilitar la ejecución de actuaciones urbanas integrales, en
las cuales confluyan en forma coordinada la iniciativa, la
organización y la gestión municipales con la política urbana
nacional, así como con los esfuerzos y recursos de las entidades
encargadas del desarrollo de dicha política. […]”

Ahora bien, la Ley 388 está compendiada en 14 capítulos 47 que

regulan diversos aspectos en relación con el ordenamiento territorial,

pero para el asunto bajo examen, se destaca el siguiente:

47
CAPITULO I. OBJETIVOS Y PRINCIPIOS GENERALES; CAPITULO II. ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO
MUNICIPAL; CAPITULO III. PLANES DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL; CAPITULO IV. CLASIFICACION
DEL SUELO; CAPITULO V. ACTUACION URBANISTICA; CAPITULO VI. DESARROLLO Y CONSTRUCCION
PRIORITARIA; CAPITULO VII. ADQUISICION DE INMUEBLES POR ENAJENACION VOLUNTARIA Y
EXPROPIACION JUDICIAL; CAPITULO VIII. EXPROPIACION POR VIA ADMINISTRATIVA; CAPITULO IX.
PARTICIPACION EN LA PLUSVALIA; CAPITULO X. VIVIENDA DE INTERES SOCIAL; CAPITULO XI.
LICENCIAS Y SANCIONES URBANISTICAS; CAPITULO XII. PARTICIPACION DE LA NACION EN EL
DESARROLLO URBANO; CAPITULO XIII. DISPOSICIONES GENERALES; y CAPITULO XIV.
DISPOSICIONES TRANSITORIAS

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“[…] CAPÍTULO V
Actuación urbanística

Artículo 36.- Actuación urbanística pública. Son
actuaciones urbanísticas la parcelación, urbanización y
edificación de inmuebles. Cada una de estas actuaciones
comprenden procedimientos de gestión y formas de ejecución
que son orientadas por el componente urbano del plan de
ordenamiento y deben quedar explícitamente reguladas
por normas urbanísticas expedidas de acuerdo con los
contenidos y criterios de prevalencia establecidos en los
artículos 13, 15, 16 y 17 de la presente Ley.

Estas actuaciones podrán ser desarrolladas por propietarios
individuales en forma aislada por grupos de propietarios
asociados voluntariamente o de manera obligatoria a través de
unidades de actuación urbanística, directamente por entidades
públicas o mediante formas mixtas de asociación entre el sector
público y el sector privado.

Cuando por efectos de la regulación de las diferentes
actuaciones urbanísticas los municipios, distritos y las áreas
metropolitanas deban realizar acciones urbanísticas que
generen mayor valor para los inmuebles, quedan autorizados a
establecer la participación en plusvalía en los términos que
se establecen en la presente Ley. Igualmente, normas
urbanísticas establecerán específicamente los casos en
que las actuaciones urbanísticas deberán ejecutarse
mediante la utilización del REPARTO DE CARGAS Y
BENEFICIOS tal como se determina en el artículo 38 de
esta Ley.

[…]

Artículo 38.- Reparto equitativo de cargas y beneficios.
En desarrollo del principio de igualdad de los ciudadanos ante
las normas, los planes de ordenamiento territorial y las
normas urbanísticas que los desarrollen deberán
establecer mecanismos que garanticen el reparto
equitativo de las cargas y los beneficios derivados del
ordenamiento urbano entre los respectivos afectados.”

[…]

Artículo 48-. Compensación en tratamientos de
conservación. Los propietarios de terrenos e inmuebles
determinados en los planes de ordenamiento territorial o en los
instrumentos que los desarrollen como de conservación
histórica, arquitectónica o ambiental, deberán ser
compensados por esta carga derivada del ordenamiento,
mediante la aplicación de compensaciones económicas,
transferencias de derechos de construcción y desarrollo,

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beneficios y estímulos tributarios u otros sistemas que
SE REGLAMENTEN.

Artículo 49.- Fondos de compensación. Como mecanismo
para asegurar el reparto equitativo de las cargas y beneficios
generados en el ordenamiento urbano, y para garantizar el
pago de compensaciones en razón de cargas urbanísticas de
conservación, las administraciones municipales y
distritales PODRÁN constituir fondos, los cuales podrán ser
administrados mediante encargos fiduciarios.

Artículo 50.- Índices de edificabilidad. Los planes de
ordenamiento o los planes parciales que los desarrollen podrán
determinar los índices de edificabilidad relacionados con los
inmuebles que formen parte de unidades de actuación o
localizados en determinadas áreas o zonas del suelo urbano,
para su convertibilidad en derechos de construcción y
desarrollo.

Parágrafo.- Confiérense facultades extraordinarias al
Presidente de la República, por el término de seis (6)
meses contados a partir de la vigencia de esta Ley, para
que dicte reglas relativas a los mecanismos que hagan viable
la compensación mediante la transferencia de construcción y
desarrollo.

[…]”
CAPITULO XIII

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 122.- Para efectos de garantizar el cumplimiento de
las normas legales sobre COMPENSACIÓN DE LAS CARGAS
DEL DESARROLLO URBANO, será requisito para la
afectación de inmuebles por causa de obra pública, en los
términos previstos por el artículo 37 de la Ley 9ª de 1989, que
la entidad pública que imponga la afectación disponga de la
apropiación presupuestal correspondiente al pago de la
compensación debida a su propietario por los perjuicios
sufridos durante el tiempo de la afectación, cuya tasación
será realizada por peritos privados inscritos en lonjas o
asociaciones correspondientes.

En los casos de inmuebles DECLARADOS como de
conservación histórica, arquitectónica o ambiental, DEBERÁ
garantizarse igualmente la disponibilidad presupuestal
para el pago de la compensación, de conformidad con lo
previsto en el artículo 48 de la presente ley.
[…]” (Negrillas y subrayas fuera de texto).

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VII.5.1.3 Decreto 151 de 199848

Este Decreto se expidió en ejercicio de las facultades extraordinarias

conferidas al Presidente de la República, en el parágrafo del artículo

50 de la Ley 388, y al respecto señaló:

“[…] Artículo 2º. Se entiende por conservación el
tratamiento urbanístico que por razones ambientales,
históricas o arquitectónicas limita la transformación de la
estructura física de áreas del municipio o distrito, de
inmuebles particulares, de obras públicas, y de elementos
constitutivos del espacio público. Cada municipio o
DISTRITO DETERMINARÁ en el respectivo plan de
ordenamiento territorial y los instrumentos que lo
desarrollen las áreas o inmuebles sujetos a tratamiento
de conservación.

Artículo 3º. La aplicación del tratamiento de conservación a
una zona, predio o inmueble limita los derechos de construcción
y desarrollo. Para compensar esta limitación, se crean los
derechos transferibles de construcción y desarrollo,
equivalentes a la magnitud en que se ha limitado el
desarrollo en una zona, predio o edificación en
particular, en comparación con la magnitud de desarrollo
que sin esta limitación podría obtenerse dentro de lo
definido para la zona o subzona geoeconómica
homogénea por el Plan de Ordenamiento Territorial y los
instrumentos que lo desarrollen.

Artículo 4º. Para efectos del presente decreto, la
compensación ES EL MECANISMO QUE PERMITE
REDISTRIBUIR DE MANERA EQUITATIVA LOS COSTOS Y
BENEFICIOS DERIVADOS DE LA APLICACIÓN DEL
TRATAMIENTO DE CONSERVACIÓN. La compensación
tendrá lugar en aquellos casos en que por motivos de
conveniencia pública se DECLAREN COMO DE
CONSERVACIÓN histórica, arquitectónica o ambiental de
determinados inmuebles, en el Plan de Ordenamiento
Territorial o los instrumentos que lo desarrollen.

[…]

Artículo 6º. Los derechos transferibles de construcción y
desarrollo serán emitidos por el municipio o distrito
correspondiente con la indicación de la zona o subzona
geoeconómica homogénea receptora, donde es permitida su

48
“Por el cual se dictan reglas relativas a los mecanismos que hacen viable la compensación en
tratamiento de conservación mediante la transferencia de derechos de construcción y desarrollo”.

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utilización, y la clase y magnitud adicional permitida. Para su
emisión, el municipio o distrito correspondiente deberá
realizar y publicar previamente un estudio de factibilidad
que permita establecer la demanda de ellos y su
concordancia con las pautas generales de uso,
tratamiento y aprovechamiento previstas en el Plan de
Ordenamiento Territorial y los instrumentos que lo
desarrollen.

[…]

Artículo 10. Los derechos transferibles de construcción y
desarrollo podrán ser otorgados mediante el incremento
en los índices de edificabilidad o potencial de desarrollo,
representado en el aumento de cualquiera de las
siguientes formas de medición:

a) De la densidad o del número de unidades construibles;

b) De los metros cuadrados edificables;

c) De los índices de ocupación y construcción, y

d) Aquellas que defina la reglamentación específica de los
planes de Ordenamiento Territorial o los instrumentos que los
desarrollen.

Los derechos transferibles de construcción y desarrollo
pueden ser vertidos en TÍTULOS VALORES de acuerdo
con el reglamento que para el efecto defina el Gobierno
Nacional; no tienen caducidad; pueden ser acumulables;
y serán libremente negociables por sus titulares y
causahabientes. Cada nueva transacción que se realice sobre
un mismo derecho deberá ser certificada por la entidad
emisora. La compensación por tratamiento de
conservación SE PAGARÁ SÓLO POR UNA VEZ, y de ello
se dejará constancia en el folio de matrícula inmobiliaria
del bien objeto de la compensación.

Artículo 11. EL MONTO DE LA COMPENSACIÓN se
determinará por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi,
la entidad que cumpla sus funciones o peritos privados
inscritos en las lonjas o asociaciones gremiales de
reconocida trayectoria, idoneidad, experiencia en finca
raíz, peritazgo y avalúo de inmuebles, utilizando la
siguiente metodología:

a) La entidad responsable de otorgar la licencia de urbanización
o construcción o en su defecto el curador urbano, emitirá, una
certificación en la cual conste que el predio o inmueble en
cuestión está bajo el tratamiento de conservación;

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b) Se determina el valor comercial por metro cuadrado del
suelo del inmueble limitado por el tratamiento de conservación;

c) Se determina el valor comercial por metro cuadrado de suelo
de los inmuebles colindantes con el predio objeto de la
compensación, que no estén calificados como de conservación,
y que sean representativos de las condiciones generales de
desarrollo del área, o zona geoeconómica homogénea, o plan
parcial dentro de la cual se ubica el inmueble en cuestión;

d) La diferencia entre los dos valores, multiplicada por el
número de metros cuadrados del suelo edificable o urbanizable
de conservación determina el valor de la compensación […]”

Artículo 12. El valor a compensar será pagado por una sola
vez por los fondos de compensación municipales o distritales,
a solicitud del propietario del inmueble en cuestión, a través de
cualesquiera de los siguientes medios, previa disponibilidad
presupuestal:

a) Beneficios y estímulos tributarios concedidos por el
respectivo municipio o distrito;
b) La asignación de derechos transferibles de construcción y
desarrollo;

c) Otros sistemas que se reglamenten.

Cuando el titular del predio o inmueble opte por recibir el pago
en derechos transferibles de construcción y desarrollo, el valor
de éstos para el pago de la compensación será equivalente al
cien por ciento (100%) del monto total de la compensación,
ajustándose al reglamento que para tal efecto expida el
Gobierno Nacional.

Artículo 13. Los propietarios de inmuebles sometidos a
tratamiento de conservación sobre los cuales se
hubieran pagado compensaciones en los términos de
este decreto, adquirirán la obligación de adoptar las
medidas de conservación que se especifiquen para cada
caso, y de no hacerlo, deberán devolver el monto de la
compensación recibida actualizada en el índice de precios al
consumidor más diez (10) puntos porcentuales anuales sin
perjuicio de las otras sanciones aplicables al caso […]” (Negrillas
y subrayas fuera de texto).

VII.5.1.4 Decreto 1337 de 200249

49
“Por el cual se reglamenta la Ley 388 de 1997 y el Decreto-ley 151 de 1998, en relación con la
aplicación de compensaciones en tratamientos de conservación mediante la transferencia de derechos
de construcción y desarrollo”.

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Este es una norma reglamentaria de la Ley 388 y del Decreto Ley

151 de 1998. En lo que interesa para el caso, prevé:

“[…] Artículo 1°. COMPENSACIONES EN EL
TRATAMIENTO DE CONSERVACIÓN . El reconocimiento y
50

pago de las compensaciones previstas en la Ley 388 de 1997 y
en el Decreto 151 de 1998 por la aplicación del tratamiento
de conservación que se defina en los Planes de Ordenamiento
Territorial o en los instrumentos que lo desarrollen,
PROCEDERÁ EXCLUSIVAMENTE cuando se limiten derechos
de edificabilidad de determinados predios o inmuebles ubicados
EN EL SUELO URBANO O DE EXPANSIÓN URBANA,
conforme a la clasificación del suelo que haya establecido el
respectivo municipio o distrito.

Corresponde, en todo caso, a los municipios y distritos
definir los mecanismos a través de los cuales se
garantizará el pago de las compensaciones de los
terrenos o inmuebles calificados de conservación, bien
sea en los planes de ordenamiento territorial o en los
instrumentos que lo desarrollen.

Parágrafo. En ningún caso, pese a que se encuentren en suelo
urbano o de expansión urbana, serán objeto de compensación,
los terrenos o inmuebles que por sus características físicas,
topográficas o geológicas sean inconstruibles ni aquellos que
sean declarados como zonas de amenaza o riesgo.

“Artículo 2°. Compensaciones mediante transferencia de
derechos de construcción y desarrollo. De conformidad con
lo establecido en el artículo 12 del Decreto 151 de 1998, la
asignación de derechos transferibles de construcción y
desarrollo es uno de los mecanismos de que disponen los
fondos de compensación municipal y distrital para
efectuar el pago de las compensaciones a que haya lugar
con ocasión de la aplicación del tratamiento urbanístico
de conservación a determinados predios o inmuebles
generadores de tales derechos.

Tan sólo en el evento en que el municipio o distrito haya
definido la transferencia de derechos de construcción y
desarrollo como mecanismo para el pago de la compensación
por el tratamiento del conservación, en los términos que se
establecen en los artículos 6°, 7°, 8°, 9° y 10 del Decreto 151
de 1998, los propietarios de los terrenos a los cuales se haya
asignado dicho tratamiento podrán ser compensados
mediante la asignación de derechos transferibles de
construcción y desarrollo.

50
Esta norma se encuentra compilada en el Decreto 1077 de mayo 26 de 2015 “Por medio del cual se
expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio”, específicamente
corresponde al CAPÍTULO 2 COMPENSACIONES - ARTICULO 2.2.5.2.1

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Cuando el respectivo municipio o Distrito no haya
adoptado este mecanismo de compensación, garantizará
que los propietarios de los predios o inmuebles a
conservar sean objeto de otro tipo de estímulos,
beneficios o formas de compensación en los términos
que se establecen en el Decreto 151 de 1998 y en el
presente decreto.

Parágrafo 1°. Los municipios, sus entidades descentralizadas
y las entidades que conforman el Sistema Nacional Ambiental
mantendrán, en todos los casos, la posibilidad de adquirir los
terrenos calificados por su normativa urbanística o ambiental
como de conservación o protección ambiental.

Parágrafo 2°. Para determinar el monto de la
compensación en tratamientos de conservación
ambiental, y de conformidad con lo establecido en el
literal c) del artículo 11 del Decreto 151 de 1998, se
entenderá por suelo urbanizable de conservación el área
total del predio objeto del tratamiento de conservación,
descontando la superficie correspondiente a eventuales
afectaciones sobre el inmueble en razón del plan vial u
otras obras públicas, así como el porcentaje
correspondiente a las cesiones urbanísticas obligatorias
de que hayan sido objeto los inmuebles colindantes que
se tengan en cuenta para determinar el valor de la
compensación.

En el caso de edificios a conservar, el monto de la
compensación se aplicará sobre el suelo edificable que
corresponderá al área de suelo ocupado por la edificación
sometida al tratamiento de conservación.

“Artículo 3°. Otros mecanismos para el pago de
compensaciones. Algunos de los mecanismos de
compensación que se pueden utilizar de manera
alternativa o complementaria cuando no se opte por la
asignación de derechos transferibles de construcción y
desarrollo, son los siguientes:

1. Asimilación de los inmuebles a los estratos 1 o 2 para
efectos del pago del impuesto predial y demás
gravámenes municipales o distritales que tengan como
base gravable el avalúo o el autoavalúo.

2. Asignación de tarifas reducidas de impuesto predial.
Parágrafo. En el supuesto de zonas o áreas urbanas a
conservar por su interés histórico o arquitectónico, donde las
propiedades mantienen las características con fundamento en
las cuales se declaró la conservación, se podrán aplicar los
mecanismos de compensación de que trata el presente artículo.

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“Artículo 4°. Condiciones para el pago de las
compensaciones. Las condiciones que deben cumplir los
propietarios de los inmuebles para el pago de las
compensaciones son las siguientes:

1. Los propietarios de los inmuebles deberán mantener y
cumplir en todo momento con las condiciones y requisitos que
se establezcan en la declaratoria de conservación.

2. En caso de estimarlo necesario, los municipios y
distritos podrán condicionar el pago de la compensación,
a la presentación, aprobación y ejecución por parte de
los propietarios de un proyecto de recuperación íntegra
del inmueble. Durante el estudio de los proyectos integrales
de recuperación de inmuebles, se adelantará una visita técnica
al predio y se consultarán los datos de archivo, documentación
fotográfica y bibliográfica según sea el caso.

3. Conforme lo dispuesto en el artículo 13 del Decreto 151 de
1998, los propietarios de inmuebles sometidos a tratamiento
de conservación a quienes se hubieran pagado
compensaciones, adquirirán la obligación de adoptar las
medidas de conservación que se especifiquen para cada caso,
y de no hacerlo, deberán devolver el monto de la compensación
recibida actualizada en el índice de precios al consumidor más
diez (10) puntos porcentuales anuales sin perjuicio de las otras
sanción<es aplicables al caso […]” (Negrillas y subrayas fuera de
texto).

Respecto de este Decreto, conviene resaltar que esta Sección51 se

ocupó de analizar su legalidad con respecto a las normas superiores

en que se fundó. Concluyó que, no había lugar a la nulidad

deprecada. Sin embargo, señaló que debería conferírsele el siguiente

entendimiento:

“[…] 4.3.3.- La lectura desprevenida del acto acusado,
permitiría llegar a la conclusión planteada en el libelo de la
demanda, esto es, que el Gobierno Nacional desbordó el
ámbito de su competencia reglamentaria al restringir el
alcance del artículo 48 de la Ley 388 de 1997. La
restricción a que se hace referencia se sustenta en que la
aludida norma es clara en imponer la obligación de compensar
a los propietarios de terrenos e inmuebles determinados en los
51
Consejo de Estado - Sala de lo Contencioso Administrativo - Sección Primera. Sentencia de 22 de
mayo de 2014, número único de radicado 11001-03-24-000-2012-00332-00. Actor: Mauricio Sierra
Martínez y Otros. Demandado: La Nación - Ministerio De Vivienda, Ciudad y Territorio. C.P. Guillermo
Vargas Ayala.

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planes de ordenamiento territorial o en los instrumentos que
los desarrollen como de conservación histórica, arquitectónica
o ambiental, sin que diferencie entre predios o inmuebles
ubicados en zonas rurales, urbanas o de expansión
urbana. En otras palabras, la compensación a que hace
referencia la norma debe aplicarse a todo tipo de predios sin
importar la clasificación del suelo donde estos se
encuentren ubicados. Contrario a ello, el artículo cuestionado
por los actores limita el reconocimiento de la compensación, al
señalar que esta procederá exclusivamente cuando se limiten
derechos de edificabilidad de determinados predios o
inmuebles ubicados en el suelo urbano o de expansión
urbana, lo que muestra la aparente contradicción entre el
reglamento y una de las normas reglamentadas.

4.3.4.- Sin embargo, una lectura más completa del
Decreto 1337 y su concordancia con la Ley 388 de 1997
y con el Decreto Ley 151 de 1998, permite llegar a la
conclusión de que el acto acusado no crea restricción
alguna. Para estos efectos, conviene precisar que la figura de
la trasferencia de derechos de construcción y desarrollo, si bien
contempla una modalidad de compensación, no es exclusiva
para predios ubicados en zonas urbanas y de expansión
urbana.

4.3.5.- La idea que antecede, surge del alcance que debe
darse a la compensación como consecuencia de la
limitación que sufren los titulares del derecho de
dominio de inmuebles o TERRENOS AFECTADOS POR
EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL, habida cuenta de
que esta puede darse de distintas maneras, esto es, a través
de beneficios y estímulos tributarios, transferencias de
derechos de construcción y desarrollo, compensaciones
económicas o los demás sistemas que para el efecto se
reglamenten. En este orden de ideas, el acto acusado
reglamenta una de las formas de compensación, la
referida a la transferencia de derechos de construcción y
desarrollo, pero se limita a predios o inmuebles ubicados en
zonas catalogadas como urbanas o de expansión urbana.

4.3.6.- Lo anterior no significa que ese tipo de compensación
sea exclusivo de inmuebles o predios ubicados en zonas
urbanas o de expansión urbana, ya que, al tenor del artículo 1
del Decreto Ley 151 de 1998, los derechos de construcción
o desarrollo son aquellos que “regulan el
aprovechamiento del suelo, el subsuelo y el espacio
aéreo de un predio, de conformidad con la licencia que
concede la autoridad competente, con sujeción a las
normas urbanísticas contenidas en los Planes de
Ordenamiento Territorial establecidos en la Ley 388 de
1997 y los instrumentos que los desarrollen.” De la
definición que trae la ley sobre este sistema de compensación,
no se infiere que se limite a predios urbanos o de expansión

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urbana, por el contrario, de su contenido normativo
subyace que pueden compensarse a los propietarios de
predios de cualquier naturaleza para que, según el
permiso o licencia que se les otorgue, construyan o
desarrollen urbanísticamente un determinado predio o
inmueble.

4.3.7.- A lo anterior se agrega lo dispuesto en el artículo 5 del
mismo estatuto legal, según el cual la transferencia de
derechos de construcción y desarrollo se da a través de
las correspondientes licencias, y se presentan como
derechos de urbanización, construcción o parcelación o sus
modalidades, a fin de concretar normas generales fijadas para
zonas o subzonas geoeconómicas homogéneas, planes
parciales, o unidades de actuación urbanística, así como
derechos transferibles de construcción y desarrollo que
PERMITAN TRASLADAR EL POTENCIAL DE
CONSTRUCCIÓN DE UN PREDIO O INMUEBLE CON
TRATAMIENTO DE CONSERVACIÓN URBANÍSTICA, a un
predio definido como receptor.

4.3.8.- En ese orden de ideas, la compensación por vía
de la transferencia de derechos de construcción y
desarrollo puede darse a los propietarios de predios o
inmuebles rurales a través de derechos de
parcelación, en atención a que esta figura se encuentra
contemplada en la Ley 388 de 1997 como parte del
componente rural del plan de ordenamiento territorial,
conforme lo señalan las voces del artículo 14 numeral 7 52
de la misma.

4.3.9.- Lo visto muestra con suficiencia que la transferencia
de derechos si es aplicable para compensar a los
titulares del derecho de dominio de inmuebles o terrenos
ubicados en zonas rurales, y no se limita a zonas urbanas
o de expansión urbana. Bajo estos parámetros, la Sala
encuentra que lo querido por el Gobierno Nacional fue
reglamentar la compensación a través de la transferencia de
derechos de construcción o desarrollo para bienes inmuebles
que se encuentren en zonas urbanas o de expansión urbana,
sin que ello se traduzca como una limitación a que se
reglamente por separado el mismo tipo de compensación, pero
referido a predios o inmuebles ubicados en suelo rural.

4.3.10.- En consonancia con lo dicho, la expresión
“procederá exclusivamente cuando se limiten derechos

52
“Artículo 14. COMPONENTE RURAL DEL PLAN DE ORDENAMIENTO. El componente rural del
plan de ordenamiento territorial es un instrumento para garantizar la adecuada interacción entre los
asentamientos rurales y la cabecera municipal, la conveniente utilización del suelo rural y las
actuaciones públicas tendientes al suministro de infraestructuras y equipamientos básicos para el
servicio de los pobladores rurales. Este componente deberá contener por lo menos:
[…]
7. La expedición de normas PARA LA PARCELACIÓN DE PREDIOS RURALES DESTINADOS A
VIVIENDA CAMPESTRE, las cuales deberán tener en cuenta la legislación agraria y ambiental.”
(Subrayas y resaltas fuera del texto original)

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de edificabilidad de determinados predios o inmuebles
ubicados en el suelo urbano o de expansión urbana”,
presente en el acto acusado, DEBE LEERSE DENTRO DEL
CONTEXTO EXPLICADO, para entender que el acto sólo se
refiere a la compensación por transferencia de derechos de
construcción o desarrollo para esos casos en específico, sin
perjuicio de que se reglamente por aparte el mismo tipo
de compensación para inmuebles que se encuentren en
suelo calificado como rural.

4.3.11.- Las consideraciones que anteceden, sirven
igualmente para concluir que el aparte demandado no
contradice el derecho a la igualdad consagrado en el artículo
13 de la Constitución Política, visto desde la óptica general
de este derecho que busca proteger a sus titulares de tratos
discriminatorios que carecen de justificación. Se trata,
dentro del marco de este proceso, de la igualdad normativa
que obliga a dar el mismo trato a supuestos equivalentes,
siempre que no existan razones suficientes para darles un
trato diferente. Pues bien, precisamente la naturaleza
diferenciada que tienen los predios ubicados en zona rural a
aquellos ubicados en zonas urbanas o de expansión urbana
le permite al Gobierno Nacional reglamentar por aparte la
compensación correspondiente para los propietarios de los
predios o inmuebles ubicados en estos tipos de suelo.
Precisamente, se trata de una técnica reglamentaria
permitida siempre que, como en este caso, no riña con las
normas que le sirven de fundamento.

VII.5.1.5 Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá

El POT del Distrito Capital, que se encontraba vigente para el

momento de la expedición del acto acusado, se compendió en el

Decreto núm. 190 de 22 de junio de 200453, y sobre el tema bajo

examen, prevé:

“[…] Artículo 29. Reparto de Cargas y Beneficios (artículo
29 del Decreto 469 de 2003).

La política de gestión del suelo se sustenta primordialmente en
el principio del reparto equitativo de las cargas y
beneficios derivados del ordenamiento urbano, dirigida a
reducir las inequidades propias del desarrollo y a financiar los

53
“Por medio del cual se compilan las disposiciones contenidas en los Decretos Distritales 619 de 2000
y 469 de 2003”

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costos del desarrollo urbano con cargo a sus directos
beneficiarios.

El principio de reparto equitativo de cargas y beneficios se
aplicará en las siguientes escalas:

1. En el nivel general de la ciudad, que se concreta
mediante instrumentos como la contribución de valorización,
tarifas de servicios públicos domiciliarios, la participación del
Estado en las plusvalías derivadas de la acción urbanística y
los distintos mecanismos de compensación y de
transferencia de derechos de construcción.

2. En el nivel zonal, que distribuye las cargas relacionadas
con los sistemas generales a través de contribución de
valorización y los distintos mecanismos de compensación
y de transferencia de derechos de construcción y los
sistemas de reparto de los planes parciales y otros
instrumentos de planeamiento.

3. En el nivel local, entendido como el que se da al interior de
los planes parciales para unidades de actuación urbanística y
otras formas de gestión integrada o en otros instrumentos de
planeación, en el cual se reparten entre propietarios, las cargas
del nivel local.

[…]

Artículo 436. Fondos para el pago compensatorio de
cesiones y parqueaderos (artículo 472 del Decreto 619 de
2000, modificado por el artículo 275 del Decreto 469 de 2003).

Se crean el fondo para el pago compensatorio de
cesiones, y el fondo para el pago compensatorio de
parqueaderos, los cuales serán cuentas del Instituto Distrital
para la Recreación y el Deporte (IDRD) y en el Instituto de
Desarrollo Urbano (IDU), respectivamente.

Las cesiones para parques serán canceladas en el fondo del
Instituto Distrital para la Recreación y el Deporte (IDRD). El
pago compensatorio de parqueaderos y las cesiones para vías,
serán cancelados en el fondo del Instituto de Desarrollo Urbano
(IDU).

En estos fondos también se podrán cancelar las
compensaciones por concepto de espacio público y
parqueaderos que se exijan en los planes de regularización y
manejo, en los actos de reconocimiento de edificaciones y de
legalizaciones de barrios y de regularizaciones y en general
las compensaciones y pagos que se establezcan en los
tratamientos urbanísticos e instrumentos de
planificación y de gestión urbana.

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Parágrafo: En las licencias de adecuaciones cuando no exista la
posibilidad técnica de cumplir con los estacionamientos los
mismos podrán compensarse haciendo su pago al Fondo
Compensatorio de parqueaderos.

[…]

CAPÍTULO 5
PROCEDIMIENTOS
[…]
SUBCAPÍTULO 1
RESERVAS Y AFECTACIONES

“Artículo 445. Zonas de reserva para la imposición de
futuras afectaciones (artículo 481 del Decreto 619 de 2000).

Las zonas de reserva a que se refiere esta disposición, son las
áreas del territorio Distrital que de conformidad con este
Plan de Ordenamiento o con cualquiera de los
instrumentos que lo desarrollen, sean necesarias para la
localización y futura construcción de obras del sistema
vial principal de la ciudad, de redes matrices de servicios
públicos, de equipamientos colectivos de escala urbana y, en
general de obras públicas o para la ejecución de programas o
proyectos con inversión pública, o para protección
ambiental, a fin de que sean tenidas en cuenta para la
imposición oportuna de las respectivas afectaciones.

[…]

Artículo 447. Definición de afectación (artículo 483 del
Decreto 619 de 2000).

La afectación es una restricción impuesta a uno o más
inmuebles específicos, que limita o impide la obtención
de las licencias urbanísticas de que trata el capítulo X de
la ley 388 de 1997, por causa de la construcción o
ampliación de una obra pública o por razón de protección
ambiental.

Artículo 448. Entidades que pueden imponer las
afectaciones (artículo 484 del Decreto 619 de 2000).

Las afectaciones PODRÁN ser impuestas por el Distrito
Capital de Santa Fe de Bogotá, cuando sea este el que
deba adquirir los inmuebles afectados, o por cualquier
otra entidad del orden distrital en cuyo favor deban
establecerse según la finalidad de la misma.

Artículo 449. Procedimiento para la imposición de
afectaciones (artículo 485 del Decreto 619 de 2000).

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En lo no previsto expresamente en el presente Plan, el proceso
de imposición de afectaciones se regirá por las disposiciones
pertinentes que regulan los procedimientos administrativos de
la Parte Primera del Código Contencioso Administrativo.

La iniciación del proceso de imposición de una afectación
se llevará a cabo por la entidad competente, una vez
adoptada la decisión administrativa de acometer la obra,
el programa o el proyecto que la justifique.

Artículo 450. Contenido de los actos administrativos que
impongan afectaciones (artículo 486 del Decreto 619 de
2000).

Las resoluciones que impongan afectaciones
contendrán, al menos, lo siguiente:

1. El nombre de la entidad que impone la afectación;

2. La denominación de la obra pública, programa o proyecto
que ocasiona la afectación, o la indicación de que se trata de
protección ecológica o ambiental, o si se ocasiona en virtud de
ambas causas;

3. La identificación del inmueble afectado por el número de su
folio de matrícula inmobiliaria y cédula catastral, la cual, si no
existiere, será creada por el Departamento Administrativo de
Catastro Distrital para la imposición de la afectación;

4. La delimitación precisa de la parte del inmueble cuando la
afectación sea parcial. De ser posible, se acogerá un plano
oficial que contenga la demarcación cartográfica del área
afectada, plano que formará parte integrante de la decisión.
Cuando las áreas afectadas cubran más del 60% de un
inmueble, o lo fraccione de manera que sus partes sufran
sensible demérito o carezcan de idoneidad para ser
desarrolladas, se afectará la totalidad del inmueble.

5. La identificación de la norma mediante la cual se hubiere
hecho la reserva del área respectiva.

[…]

Artículo 453. Compensaciones por causa de afectaciones
(artículo 489 del Decreto 619 de 2000).

Las entidades que impongan afectaciones, celebrarán
los contratos de que trata el penúltimo inciso del Artículo
37 de la Ley 9ª de 1989, teniendo en cuenta que las
compensaciones por causa de la afectación estarán
limitadas a la reparación justa, por el período comprendido
entre el momento en que se inscriba la afectación y la fecha en
que se adquiera la zona afectada, o se levante la afectación, o

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pierda efecto, siempre que se urbanice, parcele o construya
dentro del plazo de vigencia de la respectiva licencia o permiso.
En general la compensación estará condicionada a la ocurrencia
real del perjuicio originado en la afectación y estará limitado en
su cuantía por el contrato según la tasación del perjuicio a que
se refiere el artículo 122 de la ley 388 de 1997. El contrato de
que trata el inciso anterior se denominará "Contrato de
Compensación por Causa de Afectaciones" y se regirá por las
normas de contratación de las entidades públicas.

Las entidades públicas del orden distrital procurarán que se
adquieran oportunamente las áreas afectadas y que se hagan
las previsiones presupuéstales necesarias para el pago de
precio de adquisición y para el pago del valor de las
compensaciones a que haya lugar.

Artículo 454. Levantamiento de afectaciones (artículo 490
del Decreto 619 de 2000).

Sin perjuicio de la compensación que pudiere haber conforme
a lo previsto anteriormente, las afectaciones podrán ser
levantadas mediante la revocatoria directa de los actos de
imposición respectivos, siempre que se determine que la zona,
inmueble o parte del mismo objeto de la restricción, no es
necesaria para la ejecución del proyecto, o cuando la
obra, programa o proyecto no se vaya a realizar […]”
(Negrillas y subrayas fuera de texto).

VII.5.1.6 Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá – POT
vigente Decreto 555 de 2021 “Por el cual se adopta la revisión
general del Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá D.C.

Es oportuno referir a esta norma, no con el ánimo de dar aplicación

al asunto bajo examen, sino identificar qué cambios introdujo la

administración en orden a proteger las zonas declaradas reserva

ambiental y en razón a que son necesarias las revisiones de los

Planes de Ordenamiento Territorial, por cuanto constituyen el

mecanismo para actualizar y ajustar el modelo de ordenamiento

territorial a los requerimientos de la ciudad a fin de adecuar las

condiciones poblacionales, ambientales, económicas y jurídicas de

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dicho ente territorial. En lo que respecta al asunto bajo examen, se

tienen las siguientes normas:

“[…] Artículo 70. Derechos adquiridos en el Área de
Ocupación Público Prioritaria y el Área de Consolidación
del Borde Urbano de la Franja de Adecuación. Los predios
localizados dentro del Área de Ocupación Pública Prioritaria,
conforme al Mapa 1 “Ámbito de aplicación del Plan de Manejo
del Área de Ocupación Pública Prioritaria” del Decreto
Distrital 485 de 2015, sobre los que se demuestre y reconozca
la existencia de derechos adquiridos entrarán a hacer parte del
Área de consolidación del borde urbano, de conformidad
con lo dispuesto en la orden 2.2. de la sentencia del Consejo
de Estado del 05 de noviembre 2013 (Ref.:
250002325000200500662), en el auto proferido el 09 de
agosto de 2016 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca
encargado del seguimiento al cumplimiento de la sentencia que
aclara el alcance de la orden sobre derechos adquiridos, en el
Decreto Distrital 485 de 2015 o la norma que lo adicione,
modifique o sustituya y según lo establecido en las respectivas
licencias urbanísticas.

[…]

Parágrafo 2. La existencia de derechos adquiridos se
determinará de acuerdo con las condiciones y trámites
establecidos en la Sentencia del Consejo de Estado el 5 de
noviembre de 2013 (Ref.: 250002325000200500662), el Auto
del 09 de agosto de 2016 del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca y demás providencias expedidas para su
seguimiento, en concordancia con la orden 2.2. de la precitada
sentencia.

Parágrafo 3. Cuando en cumplimiento de los requisitos y
trámites establecidos en las decisiones judiciales señaladas en
el presente artículo, se genere la necesidad de hacer ajustes
en las áreas de ocupación público prioritaria y/o en las áreas
de consolidación del borde urbano, la Secretaría Distrital
de Planeación mediante acto administrativo adoptará la
respectiva precisión cartográfica.

Parágrafo 4. La administración distrital con el apoyo de la
Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, realizará la
dilucidación de las imprecisiones cartográficas de los límites de
los asentamientos humanos cuya legalización fue ordenada por
la Sentencia del Consejo de Estado del 5 de noviembre de
2013, cuando correspondan a ajustes por efecto de las escalas
utilizadas en los diferentes instrumentos de planeación.

[…]

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Artículo 544. Adquisición de suelo para la conformación
de áreas protegidas o de la estructura ecológica
principal. La Secretaría Distrital de Ambiente, directamente o
a través de convenios con otras entidades distritales o
nacionales, adelantará procedimientos de adquisición de
suelo para la conformación de áreas protegidas o de la
estructura ecológica principal, con el fin de cumplir
objetivos de conservación, de protección del recurso hídrico,
investigación, la ordenación de cuencas hidrográficas o para su
destinación al uso público compatible con la conservación.
Estos procedimientos se ajustarán a las normas establecidas
en la Ley 388 de 1997 y en este Plan.

En efecto, la Corte Constitucional54, al respecto del tema precisó:

“[…] 8.10. La Corte reitera que no existe un derecho a la
intangibilidad de las reglas que definen el uso del suelo en los
POTD, ni aun cuando ello afecte el alcance de licencias
otorgadas o la destinación de edificaciones efectuadas
conforme a estas licencias, en tanto, LA MODIFICACIÓN DE
LAS MISMAS SE FUNDA EN EL INTERÉS SOCIAL y, como
lo ha destacado este Tribunal, “la legislación urbana
constituye una fuente legítima de relativización del
contenido del derecho de propiedad sobre los
inmuebles.” Conforme a ello “la correcta ordenación y el
desarrollo equilibrado de las ciudades, particularmente en lo
que respecta a los usos del suelo, incesantemente
introduce exigencias de orden social que gravitan sobre
las titularidades privadas, lo que no puede considerarse
excepcional y externo al derecho de propiedad sino por
el contrario connatural a éste e incorporado a su núcleo
esencial. […]” (Subrayas fuera del texto)

VII.5.2. CLASES DE COMPENSACIONES

De acuerdo con la normativa atrás expuesta, esta Sala precisa que

del anterior marco normativo y, específicamente, en materia de

ordenamiento territorial se aprecia el pago de compensaciones para

54
Corte Constitucional. Sentencia C- 192 de 2016. M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.

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los propietarios de inmuebles55, cuando se encuentren en algunas

de las siguientes circunstancias:

VII.5.2.1. La compensación producto de la afectación por

causa de la construcción de una obra pública

Esta forma de compensación y sus características se encuentran

reguladas en la Ley 9ª de 1989, con reiteración en los artículos 122

de la Ley 388 y 445 a 454 del POT (2004).

Sobre la afectación de inmuebles y la compensación producto de

ella, esta Corporación, en reciente fallo, precisó:

“[…] De la anterior disposición [se refiere al artículo 37 de la Ley
9 de 1989] se tiene que la afectación de un predio para la
realización de una obra pública es una medida de rango
legal que permite garantizar la viabilidad de los planes de
construcción de obras y el desarrollo de vías. Esta declaratoria
implica, que de manera temporal 56 , el propietario de un
inmueble está vedado, durante el lapso que permanezca la
afectación, a solicitar licencias y desarrollar construcciones,
parcelaciones o urbanizaciones. En el caso de vías públicas, el
plazo máximo de este límite se fijó en hasta por un término de
9 años.

A diferencia de la expropiación, que implica la pérdida de la
titularidad del inmueble, la afectación permite realizar
transacciones de compra venta sobre el predio, pues la medida
no prohíbe disponer de la propiedad con efectos de trasladar el
dominio.

La normativa examinada fija el procedimiento que debe
adelantar la entidad administrativa con el objeto de viabilizar
la construcción de una vía pública y ejecutar la afectación con
miras a concederle efectos y validez.

55
El análisis se centrará en esta opción porque es el asunto al que se somete el reclamo de la
constructora demandante.
56
En obras públicas por tres (3) años prorrogables hasta por seis (6) años.

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El objeto de la medida de afectación es impedir que
aquellos predios necesarios para levantar el trazado vial, sean
construidos, parcelados o urbanizados. Este propósito se
alcanza previa declaratoria de la afectación que así identifique
al inmueble, la notificación al propietario de la medida y,
además, que esta se registre en el certificado de instrumentos
públicos para que genere efectos jurídicos y sea oponible, no
solo al titular de la propiedad, a las autoridades y a los terceros
interesados.

De lo anterior, se tiene que es requisito sine qua non de la
afectación de un inmueble, que la anotación se realice en el
correspondiente registro con el propósito de asignarle los
efectos jurídicos restrictivos que persigue.

Como la limitación que se efectúa tiene por objeto
neutralizar temporalmente la acción del particular sobre
una eventual construcción, parcelación o urbanización
de su inmueble, esta figura responde a un propósito de evitar
desarrollos que impliquen con posterioridad, un mayor valor de
reconocimiento al propietario, representado en el precio de
compra respecto del inmueble afectado, pues en caso de que
se viabilice la obra pública, debe gestionar la adquisición o
expropiación del predio.

Con esta medida la administración busca reducir los
sobrecostos en la posterior adquisición de los predios que han
sido objeto de la medida, al restringir temporalmente y hasta
por nueve (9) años, en el caso de desarrollo de vías, la
posibilidad de edificarlos o urbanizarlos, o parcelarlos, y así
evitar ante una eventual adquisición o expropiación, que la
entidad pública interesada deba pagar además por el precio de
una edificación que resulte incompatible con la obra o vía
previamente proyectada.

Esta medida representa para el titular de la propiedad el pago
de una COMPENSACIÓN por el tiempo en que el inmueble
se somete a esta afectación, pues durante dicho lapso, la
propiedad sigue en cabeza del titular, mientras la
administración adelanta, prioriza y contrata las actividades de
la obra a realizarse y determina si es necesario adquirirlo o no
[…]”57.

De este modo, es posible a la luz de esta figura la compensación

como mecanismo para proveer al propietario de una suma producto

57
Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo - Sección Primera. Sentencia del 9 de mayo
de 2019. Radicación número: 05001-23-31-000-1995-00538-01. Actor: Inversiones Donca S.A.
Demandado: Municipio de Medellín. C.P. Nubia Margoth Peña Garzón.

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de la restricción temporal de construcción de su predio con miras a

la ejecución de un proyecto o al inicio de la actuación administrativa

expropiatoria, según el caso.

VII.5.2.2. La compensación producto de la declaratoria de

conservación histórica, arquitectónica o ambiental

Esta compensación está prevista en el artículo 48 de la Ley 388 y se

desarrolló en los Decretos 151 de 1998 y 1337 de 2002. También

tiene respaldo normativo en el POT Bogotá, vigente para el momento

de expedición del acto acusado.

Bajo este entendido, se define como el mecanismo que permite

redistribuir de manera equitativa los costos y beneficios derivados

de la aplicación del tratamiento de conservación.

Según lo prevé el Decreto 151 de 1998 la conservación es un

tratamiento urbanístico que se da por razones: i) ambientales, ii)

históricas y iii) arquitectónicas, respecto de un inmueble, de obras

públicas o de espacio público, que limitan su transformación.

Comoquiera que este tratamiento limita los derechos de

construcción y desarrollo sobre un predio, zona u obra, para

compensar tal restricción se fijan como instrumento de

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compensación el derecho transferible sobre la parte de construcción

y desarrollo objeto del tratamiento.

Su pago se realiza por una única vez y se registra en el folio de

matrícula inmobiliaria. Su monto lo fija el IGAC y se puede pactar a

través de: i) beneficios y estímulos tributarios concedidos por el

respectivo municipio o distrito; ii) la asignación de derechos

transferibles de construcción y desarrollo y iii) otros sistemas que

se reglamenten.

VII.5.3. ZONA DE RESERVA: USO DEL SUELO

En este caso, además, es necesario observar lo dispuesto frente a los

sistemas de áreas protegidas en el POT de Bogotá, para establecer

la categoría conferida a los suelos en el Distrito y lo correspondiente

a la reserva de los cerros orientales, por cuanto estos corresponden

a normas especiales, por su categorización. Al respecto, se prevé:

“[…] CAPÍTULO 1

LOS SISTEMAS GENERALES

Artículo 397. Sistema de Áreas Protegidas (artículo 387
del Decreto 619 de 2000).

Las áreas rurales que conforman el Sistema de Áreas
Protegidas del Distrito Capital SE CONSIDERAN SUELO
RURAL de protección, y se les aplica las normas
establecidas en el componente general para esta
categoría de suelo. Estas áreas se han definido en el
Componente General, en el capítulo, denominado Estructura
Ecológica Principal, donde se establece su identificación,
localización y régimen de usos. Para su conectividad ecológica

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se complementan con las áreas para la producción sostenible
de manejo especial.

Artículo 398. Zonas armonizadoras (artículo 388 del
Decreto 619 de 2000).

La zona de armonización es la franja de suelo rural en torno
a un Área Protegida, que no hace parte de la misma, en la
cual se promoverá y vigilará la prevención, mitigación y
compensación de los impactos de las actividades en terrenos
vecinos, que puedan afectar los objetivos y tratamientos de
conservación dentro del Área Protegida o la extensión de sus
servicios ambientales y procesos ecológicos en el ámbito local
y regional. Las zonas de armonización no incluyen las áreas
protegidas del orden nacional y regional, las cuales se rigen por
lo dispuesto en la normatividad nacional.

En las zonas de armonización, se promoverán las acciones que
contribuyan a la conectividad ecológica entre áreas protegidas,
y entre éstas y ecosistemas estratégicos a escala distrital y
regional, así como modelos de aprovechamiento que
comprometan la producción y la conservación de los recursos
naturales.

Parágrafo 1. La delimitación y extensión de la zona de
armonización de cada área protegida se establecerán dentro
del respectivo plan de manejo.

Parágrafo 2. Las zonas de armonización de las áreas
protegidas del nivel nacional o regional en el Distrito Capital,
serán las fijadas por las autoridades ambientales competentes
en dicho ámbito y se manejarán conforme a sus disposiciones.

Artículo 399. Ordenamiento de los Cerros
Orientales (artículo 389 del Decreto 619 de 2000).

Las actividades de las distintas entidades y los
particulares dentro de los Cerros Orientales (Reserva
Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá, Resolución 76
de 1977 del Ministerio de Agricultura) se sujetarán a la
zonificación y reglamentación del Plan de Manejo que
elabore la Corporación Autónoma Regional (CAR) para
esta área, en concertación con el Ministerio del Medio
Ambiente y el Distrito Capital, de conformidad con lo
dispuesto en el Artículo 1758 de este Plan.

58
Artículo 17. La Estructura Ecológica Principal: componentes (artículo 17 del Decreto 469 de
2003). La Estructura Ecológica Principal tiene la función básica de sostener y conducir la biodiversidad
y los procesos ecológicos esenciales a través del territorio del Distrito Capital, en sus diferentes formas
e intensidades de ocupación, y dotar al mismo de bienes y servicios ambientales para el desarrollo
sostenible.
Para efectos de su ordenamiento y regulación, los elementos que hacen parte de la
Estructura Ecológica Principal se asocian a los siguientes cuatro componentes:
a. Sistema de Áreas Protegidas del Distrito Capital
b. Parques urbanos
c. Corredores Ecológicos

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Es necesario referir que, con posterioridad, se expidió la Resolución

463 de 2005, “por medio de la cual se redelimita la Reserva

Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá, se adopta su

zonificación y reglamentación de usos y se establecen las

determinantes para el ordenamiento y manejo de los Cerros

Orientales de Bogotá”, y que dio lugar al trámite de registro del

que se dice afectada la parte actora, en los términos del artículo 8°59

ibidem.

En desarrollo de esta normativa y en cumplimiento de las órdenes

proferidas por esta Corporación en el fallo de la acción popular

radicada bajo el número 250002325000200500662-03, se actualizó

el plan de manejo ambiental de los cerros según la Resolución 1766

de 201660 y se expidió la actualización del POT Bogotá, mediante el

Decreto 555 de 2021-. También se han expedido normas

reglamentarias como el Decreto 626 de 202361. La mención de esta

normativa con el fin de identificar que en materia de ordenamiento

las herramientas que ofrece el legislador son de adecuación y

progresión social, esto es, según las necesidades y requerimientos

d. Área de Manejo especial del Río Bogotá.
Parágrafo. Las determinaciones y clasificación de áreas a que hace referencia el presente artículo, y
los demás pertinentes al tema y desarrollados en el Titulo VI de la presente revisión, se consignan en
los planos denominados "Estructura Ecológica Principal Regional", "Estructura Ecológica Principal:
Distrito Capital" y "Estructura Ecológica Principal: Suelo urbano."
59
“[…] Artículo 8º. Registrar la presente resolución en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos
del Círculo de Bogotá […]”
60
“Por medio del cual se adopta el Plan de Manejo de la Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental
de Bogotá y se adoptan otras determinaciones”
61
“Por medio del cual se reglamenta la transferencia de derechos de construcción y desarrollo para la
gestión del suelo de la estructura ecológica principal y se dictan otras disposiciones”

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del desarrollo territorial, por ello es precisamente necesario que bajo

esta óptica se analice el tema objeto de debate.

VII.6 CASO CONCRETO

VII.6.1. Análisis probatorio. Categoría del predio

Cuestiona la parte apelante la conclusión a la que arribó el fallador

de primera instancia al señalar que el predio de propiedad de la

actora se encontraba ubicado en la franja de adecuación y, en ese

orden, que no conlleva ninguna restricción para construirlo.

Al respecto, se tiene que esta conclusión, a la que arribó el a quo, es

incorrecta, pues tal calificativo representa la inexistencia de la

controversia, hecho que además resulta impropio si se revisa la

prueba documental aportada al proceso y la cuantificación que realizó

el Ministerio accionado en la respuesta a una petición que hizo la

parte actora y en la que clarificó en porcentajes, qué parte del predio

integra la reserva forestal y cuál la franja de adecuación.

En efecto, es oportuno referir de las pruebas que, sobre titularidad y

ubicación del predio, se aprecian en el expediente, así:

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• Obra la resolución núm. 0396 de 29 de mayo de 199262, por

medio de la cual el Departamento Administrativo de Planeación

Distrital, concedió licencia de urbanización a la señora DORA

STELLA PERDOMO DE OCAMPO, en los siguientes términos:

“[…] Que la señora DORA STELLA PERDOMO DE OCAMPO
identificada con la ciudadanía No. 20.195.209 de Bogotá en su
carácter de presento solicitud para obtener Licencia para 105
terrenos correspondientes a LA URBANIZACION SAN
RAFAEL - SUR ORIENTAL MZ. S,T,U,V,X,Y ubicado en
CARRERAS 20 a ENTRE DIAGONAL 60 SUR Y CALLE 61
SUR con Matricula Inmobiliaria No. 050-
40056090/91/92/93/94/25 y Cédula Catastral número U.S.
2135 el -cual ha sido tramitado de conformidad con el Decreto
572 de 1991 Y las normas específicas conferidas en los
Decretos Nos. 2489/80, 276/85 y 299/90.

RESUELVE

ARTICULO 1: Conceder licencia para urbanizar terreno SAN
RAFAEL SUR ORIENTAL MZ. S,T,U,V,X,Y en el plano del
proyecto urbanístico aprobado No. 6.C.9/4-00 incorporado en
la plancha No. L80 a escala 1:2000 y 50 a escala i: 5000 del
Instituto Geográfico Agustín Codazzi de los cuales se extracta
la siguiente información básica: […]”

• Oficio EAAB 7200-2001-U-1290 de 10 de septiembre de

200163 por el cual da respuesta al señor Carlos Arturo Gualdrón Arias

frente a la solicitud referente al oficio núm. 197343, en el que indicó:

“[…] Cordial Saludo Sr. Gualdrón:

En atención al Oficio referenciado en el asunto radicado sin
dirección de correspondencia y como complemento a nuestra
nota N°164898 del 20 de Junio de 2001, me permito informarle
lo siguiente:

• A la fecha no existe licencia de urbanismo vigente para
esta Urbanización, habiendo. sido la última la CU2-2000-
112 del 6 de Junio de 2000, vigente por un año.

62
Folio 201 y s.s. del Cuaderno Principal
63
Folios 218 y 219 del

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• El predio se encuentra dentro del perímetro urbano, según
el POT

• El aparente espacio público que aparece en los planos que
han sido presentados para la obtención de la posibilidad de
servicios, según la Defensoría del Espacio Público no ha sido
recibido por esa entidad, esto según Oficio N°2001EE3081.

Teniendo en cuenta estos aspectos se puede deducir que en la
condición actual de urbanismo aprobado, pero a la fecha
sin licencia vigente y con la infraestructura existente, no
es factible la prestación de servicios domiciliarios de
acueducto y alcantarillado.

Por todo lo anterior deben obtener una nueva licencia de
urbanismo, para lo cual es necesario iniciar el proceso
nuevamente, esto es:

1. Presentar el levantamiento topográfico debidamente
incorporado ante el D.A.P.D.
2. Con el plano antes mencionado podemos expedir la
Posibilidad de Servicio y definir los lineamientos técnicos
para la prestación de los servicios de acueducto y
alcantarillado.
3. Obtener la licencia de urbanismo donde el o los predios
que resulten de este nuevo proceso tengan frente sobre la
red actual de acueducto, la cual se encuentra en la Carrera
18 Este […]”

• Respuesta de la Oficina Jurídica del Ministerio de Ambiente,

Vivienda y Desarrollo Territorial a la petición radicada con el núm.

4120-E-1-79251 de 2 de septiembre de 200564, al señor Carlos

Arturo Gualdrón Arias. Allí se precisó:

“[…] La Resolución 0463 de 2005 es un acto
administrativo de carácter general y abstracto, dictada
para que tenga efectos erga omnes, pues en ella no se concede
ni rechaza derecho particular alguno. Redelimita la Reserva
Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá para su
ordenamiento y manejo, adopta su zonificación y
reglamentación de usos y establece las determinantes para su
ordenamiento y manejo.

64
Fl. 176 Cuaderno principal.

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Nulidad y Restablecimiento del derecho

Los actos generales y abstractos son los que crean, modifican
o extinguen una situación jurídica general, sus consecuencias
o efectos jurídicos son abstractos, es decir, es aplicable a
cualquier persona o cosa.

Así mismo, teniendo en cuenta lo expresado en nuestra
comunicación 1200-E2-63518 de 23 de agosto de 2005, el
predio, objeto de su solicitud, SE ENCONTRABA DENTRO DE
LOS LÍMITES DE LA RESERVA FORESTAL PROTECTORA
BOSQUE ORIENTAL DE BOGOTÁ DEFINIDA POR LA
RESOLUCIÓN 076 DE 1977.

Con la expedición de la Resolución 0463 de 2005 que
redelimita la Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de
Bogotá, se adopta su zonificación y reglamentación de usos y
se establecen las determinantes para el ordenamiento y
manejo de los Cerros Orientales de Bogotá, con respecto a la
porción de su predio que se encuentra al interior de la
reserva forestal, APROXIMADAMENTE UN 86%, HACE
PARTE DE LA RESERVA FORESTAL PROTECTORA, ZONA
DE CONSERVACIÓN, Y EL RESTANTE 14% HACE PARTE DE
LA FRANJA DE ADECUACIÓN […]”.

De acuerdo con esta documental, se puede apreciar que la situación

jurídica del inmueble de la parte actora, en principio, obvió la

ubicación del inmueble en relación con la reserva forestal que se fijó

mediante la Resolución 076 de 197765, como ocurrió en la mayoría

de los predios del trazado, que fue lo que justificó la expedición de la

Resolución 0463 de 2005, para salvaguardar tales áreas previamente

declaradas.

65
Tal afirmación por cuanto la falta de registro de dicho acto impidió su oponibilidad a los predios de
terceros, lo que implicó que mediante fallo proferido en ejercicio de una solicitud de acción de
cumplimiento de 1° de marzo de 2001 se dispusiera: “Primero. Ordenar al señor Ministro del Medio
Ambiente que cumpla lo dispuesto en el artículo 10º de la Resolución 76 de 31 de marzo de 1977 y, en
consecuencia, adelante todas las actuaciones tendientes a obtener la inscripción del citado
acto administrativo en las Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos de Bogotá,
Zipaquirá y Facatativa, así como su publicación por el medio más idóneo en las cabeceras de
los siguientes municipios: Villapinzón, Chocontá, Sesquilé, Suesca, Guatavita, Guasca, Gachancipá,
Nemocón, Sopó, Cogua, Zipaquirá, Cajicá, Chía, La Calera, Cota, Tabio, Tenjo, Subachoque, Facatativá,
Madrid, Mosquera, Funza, Soacha, Sibaté y el Distrito Capital, actuación que deberá implementar
en el término de quince (15) días contados a partir del día siguiente a la notificación de esta
providencia […]”

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En el caso particular y pese a haberse habilitado su urbanización a

través de licencias de esta clase y sus correspondientes prórrogas, lo

relevante es que no se consolidó ningún derecho en favor de la

demandante que amerite el reconocimiento de los derechos

constructivos a los que alude el a quo, en tanto ningún avance o

finalización de obra se demostró en el expediente que se hubiese

cumplido con antelación a la expedición de la Resolución 463 de

2005.

Para invocar un derecho jurídico consolidado debió haberse

construido el predio amparado en un permiso previo a pesar de que

la zona se encontraba en área de reserva forestal, según la

Resolución 076 de 1977, pues fue hasta el realinderamiento que se

identificó que hacía parte de una zona de protección pero que por los

análisis realizados y su modificación justificó que un área pasará a

clasificarse como franja de adecuación.

En efecto, está probado que si bien existieron licencias urbanísticas

previas, de su expedición y aprobación no es posible identificar que

a la sociedad constructora se le haya vulnerado el principio de

confianza legítima, en tanto, mientras estuvieron en vigor tales

licencias, la administración no violentó el derecho allí contenido y de

ninguna manera se puede afirmar que la haya inducido a confiar

razonablemente en la inalterabilidad de esa situación jurídica, pues

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básicamente dicho permiso estaba sometido a un plazo perentorio y

al cumplimiento de las condiciones que permitieran su ejecución.

Así pues, lo que generó la imposibilidad de desarrollar el inmueble

fue la ejecución y cumplimiento de la restricción de normas

ambientales preexistentes, como es la Resolución 76 de 1977, cuyo

registro se realizó en cumplimiento de una orden judicial y en

desarrollo de un deber legal de protección ambiental.

Todo lo anterior es relevante para el asunto bajo examen, por cuanto

refuerza la explicación de que fue a partir de la expedición de la

Resolución 463 de 2005 y su inscripción en el registro de

instrumentos públicos (no antes), que la administración identificó

que el predio de la parte actora, de acuerdo con las coordenadas

fijadas por el Ministerio de Ambiente, hace parte de la zona de

reserva forestal de los cerros orientales, y otra porción quedó ubicada

en la franja de adecuación.

Así se lee en el artículo 1° de la resolución en cita:

“[…] Artículo 1º. Aclarado por el art. 2, Resolución del Min.
Ambiente 0519 de 2005. Redelimitar el Área de Reserva
Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá,
declarada mediante el artículo 2º de la Resolución
número 076 de 1977, ubicada en jurisdicción del Distrito
Capital, con el fin de armonizar los elementos de orden
ambiental y territorial para su adecuado manejo y
administración, la cual QUEDARÁ COMPRENDIDA dentro
de los siguientes límites indicados sobre la cartografía a
escala 1:10.000 del IGAC, Plano número 1 que se incorpora a
la presente resolución y descritos de la siguiente manera: […]”

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Esta mención es necesaria, porque si bien el historial de los predios

que componen el ahora inmueble de la parte actora, ha tenido una

serie de trámites administrativos tendientes a su desarrollo

constructivo y al reconocimiento de un predio urbano, ello no

equivale a calificar de actuales tales conceptos, pues lo que se

destaca es que a partir del acto administrativo que redelimitó la zona

de reserva de los cerros orientales surgió el registro de una zona

que tenía por naturaleza jurídica la de protección ambiental, en

tanto tal estatus fue asignado desde la Resolución 076 de 1997, solo

que no se había ejecutado.

Así fue como se identificaron los inmuebles ubicados en dichas cotas

y se procedió al registro en el folio de matrícula inmobiliaria,

anotación que representa un cambio significativo frente a los límites

de los propietarios por razón de la oponibilidad que surgió con dicho

acto de registro y la restricción que incorpora tal declaratoria, para

la edificabilidad en el área de reserva.

Esta nueva situación ha de enmarcarse en la decisión del asunto bajo

examen, por cuanto la demandante pretende derivar derechos

adquiridos de situaciones que si bien, en su momento, respaldaron

una condición frente a la administración distrital, según la explicación

de facto que invocó como fundamento de la demanda y que se

verifica con la documental allegada como anexos, lo cierto es que

este trámite administrativo que limitó su propiedad surgió, se repite,

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del cumplimiento de órdenes judiciales y la expedición de actos

administrativos que gozan de presunción de legalidad.

De allí que ahora su estatus proyecte un panorama de protección

como predios integrantes de la reserva forestal, a pesar de los

derechos constructivos que pudieron ampararles en otra época, pero

que se vencieron sin desarrollarse o que no se ejecutaron, bajo el

amparo de los permisos recibidos, como acaeció respecto de la

constructora demandante.

De este modo, mantener el concepto de urbano a este predio

desborda no solo el análisis normativo ambiental y social que implicó

para el Distrito Capital el realinderamiento de las áreas de reserva

de los cerros orientales, pues la declaratoria no conlleva la distinción

frente a si era o no urbanizable, en tanto el trazado no se sirvió del

condicionamiento de lo urbano o lo rural, sino la identificación de un

área protegida con antelación y que por su naturaleza, de acuerdo

con el POT vigente, no tiene otro reconocimiento diferente66, pese a

los calificativos que las autoridades distritales le dieron a esta zona

antes de la expedición de la Resolución 0463 de 2005, por ausencia

de la demarcación y registro.

66
Artículo 397. Sistema de Áreas Protegidas (artículo 387 del Decreto 619 de 2000). Las
áreas rurales que conforman el Sistema de Áreas Protegidas del Distrito Capital SE
CONSIDERAN SUELO RURAL de protección, y se les aplica las normas establecidas en
el componente general para esta categoría de suelo […]”.

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Esta vista desvirtúa las conclusiones a las que arribó el fallo de

primera instancia en cuanto concluyó que el 100% del predio se

encontraba en franja de adecuación y que en esta área no contempla

ninguna restricción de construcción, que es el hecho en que se funda

la parte actora para solicitar la compensación.

Ahora, si bien es cierto que con la demanda la parte actora acompañó

prueba documental relativa a identificar las condiciones del predio

antes de la anotación realizada en cumplimiento de la Resolución 463

de 2005, también lo es que tales documentos aportados por la parte

accionante la magistrada conductora, no les otorgó valor, por cuanto:

• Mediante auto de 4 de febrero de 2013 67 se inadmitió la

demanda y al respecto, se dispuso: “4. No se aportan las pruebas

que se pretende hacer valer en la forma indicada en el artículo 254

del Código de Procedimiento Civil, toda vez que los documentos que

obran al folio 5 al 284 del cuaderno de anexos, son copias simples.”

• La parte actora en cumplimiento de este auto modificó su

demanda y al respecto dijo:

“[…] 4. Toda vez que no tenemos en nuestro poder los
originales, me permito solicitar que se oficie a:
[…]
g) Oficina de Registro de Instrumentos Públicos Zona norte,
para que remita copia autenticada de los siguientes
documentos

67
Folios 48-49 del C. Principal.

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• Oficio N° D. J. 257 del día 22 de Junio de 2005 mediante el
cual la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Bogotá
Zona Sur respondió al Gerente de la Constructora
Social Caribeña Ltda,
• Oficio N° DOC-9059 del día 19 de Diciembre de 2005 por el
cual la Superintendencia de Notariado y Registro certifica al
señor Carlos Arturo Gualdrón Arias que en el año 1.977, no
existe radicación ni información alguna respecto a la Resolución
N° 076 de 1977, que esta aparece radicada con el turno 2005-
35951, de fecha 26-05-2.005.
• Oficio N° C: J: 181 del día 31 de Mayo de 2006 el Doctor René
Alejandro Vargas Laverde Registrador Principal de
Instrumentos Públicos de Bogotá Zona Sur., contesto al
Gerente de la Entidad propietaria del proyecto urbanístico
San Rafael Sur Oriental […]“ .

• Por su parte, la magistrada conductora del trámite en la

audiencia inicial68, resolvió:

“[…] se reitera que las documentales aportadas con los anexos
de la demanda (fls 1 al 284) no se les dará valor probatorio
toda vez que no cumplen69 con lo establecido en el artículo 254
del CPC, como se precisó en el auto inadmisorio de la demanda.

Atendiendo la manifestación realizada por el demandante en el
escrito allegado a la Secretaría de la Sección el 19 de febrero
de 2013, con el cual se subsana la demanda procede el
Despacho a decretar las siguientes: […]

7) Por Secretaría OFICIESE a la Oficina de Instrumentos
Públicos de Bogotá Zona Sur con el fin de que remita con
destino al proceso, en el término de diez (10) días contados a
partir de la fecha en que reciba la correspondiente
comunicación, copia integral y auténtica de los mediante el cual
la oficina de registro de instrumentos públicos de Bogotá
siguientes documentos: a) Oficio D.J.257 del 22 de junio de
2005, Zona Sur, responde el derecho de petición al gerente de
la sociedad Constructora Social caribeña Lida, b) Oficio N°
DOC-9059 del 19 de diciembre de 2005, expedido por la
Superintendencia de Notariado y Registro, c) Oficio CJ 181 del
31 de mayo de 2006, por medio del cual el registrador de
instrumentos públicos de Bogotá Zona Sur da respuesta al
propietario del proyecto urbanístico San Rafael Sur Oriental
[…]”

68
Folio 121 del expediente Cuaderno Principal
69
Se refirió que las pruebas se aportaron en copia simple, lo que motivó a que la parte actora solicitara
se oficiara su envió al no contar con los documentos originales.

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• Esta documental no fue allegada, pese a que la magistrada

conductora de proceso en primera instancia reiteró el pedimento de

pruebas dirigido al Registrador de Instrumentos públicos, pues según

respuesta al folio 265 del expediente, era imposible atender la

solicitud sin la referencia específica a un número de certificado y que

pese a una búsqueda exhaustiva no logró ubicarlos. Todo ello,

impidió que se allegaran oportunamente al expediente y se

incorporaran de manera legal a la actuación judicial.

De lo anterior, se tiene que la documental aportada como anexos no

se les dio valor probatorio y además que no todos los documentos

allegados al proceso como anexos70 se pidieron como prueba, según

el escrito de corrección de la demanda, lo que limita ahora la

posibilidad de que el juez de instancia desconozca la firmeza de las

decisiones judiciales y el límite de la apelación para examinar este

reproche.

Entonces, debe referirse que según el pedimento probatorio no se

pidió allegar copia de ningún folio de matrícula, ni siquiera se indicó

a aquel a que se alude en la apelación, identificado como el registro

núm. 50S-40384839 que englobó todos los predios y que al parecer

es el que corresponde con el inmueble bajo examen.

70
Corresponde a la documental visibles a los folios 5 al 284 del cuaderno de anexos.

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Es decir, que este registro no obró en el proceso judicial, luego mal

haría el fallador a quo considerar una prueba no incorporada al

proceso, pues es principio probatorio en los términos del artículo 167

del CGP que “incumbe a las partes probar el supuesto de hechos de

las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen”.

También es del caso referir que al momento de la presentación de la

demanda 71 la norma procesal que se encontraba en vigor era el

Código de Procedimiento Civil, esto en razón a las modificaciones que

se incorporaron en materia probatoria y el valor de las copias según

el artículo 24672 del CGP.

Tampoco puede perder de vista la Sala que el apoderado de la parte

actora radicó memorial con una documental que permitiría establecer

el estado actual del predio según trazado de mapa que expidieron las

autoridades del Distrito y el certificado corregido del registro de

instrumentos públicos núm. 50S-40384839; no obstante, esta

documental se incorporó vencido el período probatorio y sin que se

haya elevado una solicitud de pruebas en la oportunidad prevista

71
La demanda se presentó el 3 de diciembre de 2012 y la vigencia del CGP operó a partir del 1 de enero
de 2014.
72
“Artículo 246. Valor probatorio de las copias. Las copias tendrán el mismo valor probatorio del
original, salvo cuando por disposición legal sea necesaria la presentación del original o de una
determinada copia.
Sin perjuicio de la presunción de autenticidad, la parte contra quien se aduzca copia de un documento
podrá solicitar su cotejo con el original, o a falta de este con una copia expedida con anterioridad a
aquella. El cotejo se efectuará mediante exhibición dentro de la audiencia correspondiente”.

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para la segunda instancia, lo que impide analizar la viabilidad de

tenerse como tales, en los términos del artículo 21273 del CPACA.

Todo lo expuesto, es suficiente para señalar que a pesar de que el

argumento del Tribunal es incorrecto, frente a la no ubicación del

predio en área de reserva forestal, no existe motivo que permita

acceder a las pretensiones de la demanda, pues el pago por

compensación que reclamó la constructora no opera ipso facto por

las condiciones del predio, esto es, que se ubique en la reserva

ambiental de los cerros orientales o que contenga la condición de

urbano, por haberse reconocido en otrora varias licencias de

urbanización sobre dicha área y que sean, entre otros, estos

permisos y las comunicaciones cruzadas de los cuáles derive su

reclamo.

Por lo expuesto, no prospera este reproche.

73
“ARTÍCULO 212. Oportunidades probatorias. Para que sean apreciadas por el juez las pruebas
deberán solicitarse, practicarse e incorporarse al proceso dentro de los términos y oportunidades
señalados en este Código.
[…]
En segunda instancia, cuando se trate de apelación de sentencia, en el término de ejecutoria del auto
que admite el recurso, las partes podrán pedir pruebas, que se decretarán únicamente en los
siguientes casos:
1. Cuando las partes las pidan de común acuerdo. En caso de que existan terceros diferentes al simple
coadyuvante o impugnante se requerirá su anuencia.
2. Cuando fuere negado su decreto en primera instancia o no obstante haberse decretado se dejaron
de practicar sin culpa de la parte que las pidió. En este último caso, solo con el fin de practicarlas o de
cumplir requisitos que les falten para su perfeccionamiento. (Numeral 2, modificado por el Art. 53 de
la Ley 2080 de 2021)
3. Cuando versen sobre hechos acaecidos después de transcurrida la oportunidad para pedir pruebas
en primera instancia, pero solamente para demostrar o desvirtuar estos hechos.
4. Cuando se trate de pruebas que no pudieron solicitarse en la primera instancia por fuerza mayor o
caso fortuito o por obra de la parte contraria.
5. Cuando con ellas se trate de desvirtuar las pruebas de que tratan los numerales 3 y 4, las cuales
deberán solicitarse dentro del término de ejecutoria del auto que las decreta.
PARÁGRAFO . Si las pruebas pedidas en segunda instancia fueren procedentes se decretará un término
para practicarlas que no podrá exceder de diez (10) días hábiles […]”

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VII.6.2. Improcedencia de la orden de compensación

Bajo el examen que antecede es claro que no hay lugar a acceder a

la nulidad deprecada por cuanto el acto acusado, atendiendo a los

reproches fijados por la parte actora no tiene el alcance de desvirtuar

su legalidad, habida cuenta que:

La figura de la compensación no es un derecho subjetivo per-se al

derecho de propiedad de predios ubicados en zona de protección o

reserva ambiental y la franja de adecuación. Si bien es posible que

la administración adopte esta figura, no es un mandato obligatorio

en razón a que su posibilidad de reconocimiento está condicionada a

la reglamentación local y a la efectiva limitación de derechos de

edificabilidad.

Lo anterior, por cuanto la compensación no es equivalente a una

indemnización, sino que es un mecanismo de redistribución de cargas

urbanísticas, en virtud del principio de equidad territorial y función

ecológica de la propiedad (Ley 388/97, arts. 1, 2 y 48), que exige

estar presupuestada para proceder a su reconocimiento.

Esto obedece al hecho de que como herramienta de ordenamiento

territorial se fija de manera previa para evitar la desproporción entre

cargas públicas y los derechos individuales, sin que ello implique una

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obligación automática del Estado, como el que reclama la parte

actora.

Además, en el caso bajo examen no se desconoce que al

pronunciamiento de la administración que aquí se cuestiona le

precede una petición sobre las afectaciones que por el realineamiento

de los cerros orientales de Bogotá le generó a la parte actora al

privarla de los presuntos derechos constructivos sobre una porción

importante de su predio y el sometimiento a un régimen de reserva

que implica además desligar la condición de “urbano” que le

reconocieron al inmueble en trámites administrativos previos.

Es evidente que el registro de una afectación representa una

limitación constructiva amparada en las condiciones del área (reserva

forestal) y, pese a que se insiste por la apelante, que existieron

licencias de urbanización y sus correspondientes prórrogas, lo

relevante es que estos permisos, que no son definitivos sino

temporales, no se ejecutaron antes de dicha inscripción, lo que

implica que al no haberse desarrollado la construcción en el plazo

otorgado se venció la autorización.

Precisamente, esta situación acaeció en el caso sub lite, por ello la

parte actora no pudo adelantar las obras de urbanización que la

administración le había conferido y, en ese orden, frente al nuevo

estatus de los predios por el realineamiento de la reserva forestal no

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tenía un derecho adquirido que obligara a la administración a

respetar tales obras, conforme lo dispuso el fallo popular que profirió

esta Corporación74 y en el que se precisó:

“[…] Relación de las órdenes impartidas en la acción
popular con las cargas QUE PUEDEN IMPONERSE AL
ERARIO PÚBLICO POR LA EXPROPIACIÓN DE PREDIOS
Y EL PAGO DE MEJORAS SOBRE LOS MISMOS

La Sala destaca que una decisión como la que debe tomarse
en esta acción popular, debe equilibrar las cargas y los
derechos involucrados, de modo que debe tenerse en
cuenta no sólo el costo que representará para el erario
público la eventual adquisición de predios sino el
respeto por los DERECHOS ADQUIRIDOS y la
articulación de la protección del medio ambiente con el
urbanismo y el desarrollo De hecho, algunas de las
órdenes del a quo desconocen: i) que muchos propietarios
tienen derechos adquiridos con justos títulos en la reserva
forestal y en la franja de adecuación, tanto porque tienen
licencias válidamente otorgadas y no han construido
como porque construyeron cumpliendo todos los
requisitos de ley, tal y como se analizará más adelante; ii)
que existen cambios irreversibles en las condiciones del
suelo en ciertas áreas de la reserva y de la franja de
adecuación, lo cual llevó al Ministerio de Ambiente a
sustraerlas de la reserva; y iii) que existe un principio de
sostenibilidad fiscal[265] en cuya virtud las autoridades
judiciales están obligadas a ponderar el impacto económico
de las ordenes que impartan, y que llevó a la creación del
incidente de sostenibilidad fiscal.

[…]

En este orden de ideas, debe la Sala examinar si deben
demolerse viviendas en la franja de adecuación y en la reserva
forestal protectora que se hayan construido a partir del 29 de
noviembre de 2005.

[…]

5.6. Existencia de Derechos Adquiridos en la Franja de
Adecuación y en la Reserva Forestal Protectora

[…]

74
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 5 de
noviembre de 2013, número único de radicado 25000-23-25-000-2005-00662-03 (AP), Consejera
ponente María Claudia Rojas Lasso

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En este orden de ideas, debe la Sala examinar si existen
derechos adquiridos en favor de terceros en la franja de
adecuación y en el área protegida.

i. Derechos adquiridos en favor de terceros en la franja
de adecuación y en el área protegida

El concepto de derecho adquirido para efectos de este
fallo HACE RELACIÓN A LAS LICENCIAS DE
CONSTRUCCIÓN VÁLIDAMENTE EXPEDIDAS AL
AMPARO DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE, o a las
construcciones levantadas en virtud de esas licencias,
cumpliendo todos los requisitos de ley.

Bajo el anterior contexto, la Sala encuentra que deben
respetarse los derechos adquiridos de quienes obtuvieron
licencias de construcción y/o construyeron legalmente
en la franja de adecuación y en la “zona de
recuperación ambiental”, ubicada dentro de la reserva
forestal protectora, ANTES DE LA ANOTACIÓN REGISTRAL
de la afectación a la reserva del predio respectivo.

No obstante lo anterior, no se reconocerán derechos
adquiridos si se demuestra que, a pesar de no existir
una anotación registral dentro de la historia traditicia
del inmueble que lo afectara a la reserva forestal
protectora, por actuaciones se deduzca inequívocamente
que el propietario, poseedor o tenedor del inmueble conocía
la afectación que pesaba sobre el inmueble en cuanto a la
existencia de la reserva.

En efecto, respecto de la garantía constitucional de los
derechos adquiridos, en sentencia C - 488 de 2002 (M.P.
Álvaro Tafur Galvis) la Corte Constitucional consignó un
concienzudo y detallado estudio sobre el particular, desde la
perspectiva histórica, a partir de su consagración en la Carta
Política de 1886 y sus posteriores reformas hasta llegar a la
Constitución de 1991 […]

[…]

"7. El Gobierno Nacional establecerá los documentos que
deben acompañar las solicitudes de licencia y la
vigencia de las licencias, según su clase. En todo caso,
las licencias urbanísticas deberán resolverse exclusivamente
con los requisitos fijados por las normas nacionales que
reglamentan su trámite, y los municipios y distritos no podrán
establecer ni exigir requisitos adicionales a los allí
señalados." (Negrillas fuera de texto).

En síntesis, se advierte que existen derechos adquiridos que
la Sala debe proteger en la parte resolutiva de esta

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sentencia. No obstante lo anterior, se ordenará a las
ENTIDADES DEMANDADAS que adopten las medidas
pertinentes para que las urbanizaciones y/o
construcciones levantadas legítimamente en la “zona
de recuperación ambiental”, porque a sus propietarios
se les reconocen derechos adquiridos, de conformidad
con lo expuesto anteriormente, se ajusten a la
normatividad ambiental, DANDO APLICACIÓN
INMEDIATA A LAS TASAS COMPENSATORIAS, POR LAS
CONSECUENCIAS NOCIVAS A QUE HACE REFERENCIA
EL ARTÍCULO 42 DE LA LEY 99 DE 1993, por el
aprovechamiento de la reserva y/o para compensar los
gastos de mantenimiento, reposición y operación del
programa que permita y garantice la renovabilidad de
los recursos naturales renovables.

Lo anterior no excluye la posibilidad DE QUE PUEDAN
NEGOCIARSE DIRECTAMENTE O, EN SU LUGAR,
EXPROPIARSE PREDIOS UBICADOS DENTRO DE LA
ZONA DE RESERVA FORESTAL PROTECTORA –NO EN LA
FRANJA DE ADECUACIÓN-, PORQUE REVISTAN
ESPECIAL IMPORTANCIA ECOLÓGICA QUE AMERITE
QUE SU PROPIEDAD SEA ESTATAL.

Respecto de las licencias de construcción legalmente
obtenidas en la zona de reserva forestal propiamente
tal – no en la franja de adecuación – QUE NO SE HAN
MATERIALIZADO en una construcción, YA NO PODRÁN
REALIZARSE PUESTO QUE A PARTIR DE ESTE FALLO NO
SE PODRÁ LEVANTAR NINGUNA CONSTRUCCIÓN O
TIPO DE VIVIENDA EN LA ZONA DE RESERVA
FORESTAL.

Lo anterior, igualmente impone a la Sala ordenar al Distrito
modificar el POT para que éste tenga en cuenta los derechos
adquiridos de las personas que edificaron en la franja de
adecuación y en la “zona de recuperación ambiental”, así
como las restricciones y permisos en los usos del suelo de los
que se habla en el presente fallo […]”

En este orden, la inscripción en el registro de instrumentos públicos

de que el predio hace parte de la reserva ambiental impide que ejerza

los derechos constructivos y de desarrollo urbanístico que les fueron

reconocidos, porque pese a que se le confirió legalmente licencia de

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urbanismo75 para el predio allí identificado y, también se aprecia, que

la última de ellas, por virtud de una prórroga estaba vigente para el

15 de abril de 200576, fecha en que se publicó la resolución 463 de

2005, lo relevante es que no acreditó la realización de obras que

estuvieran avaladas por la autoridad competente, como tampoco que

obtuvo las licencias de construcción para el proyecto residencial

aludido, todo lo cual llevaba inmerso ante su inejecución un aval

posterior para su desarrollo.

Es decir, a partir de la expedición de la resolución 0463 de 2005 para

la apelante está descartado invocar a título de derecho adquirido el

desarrollo de su inmueble, pues tal pedimento pasó a la órbita de la

prohibición de construcción en dicha área de reserva.

Ahora, si bien es acertado referir que la administración distrital

podría adquirir mediante venta directa o expropiación el predio de la

actora, tal determinación está precedida de una decisión relativa a

que se estime fundamental para un propósito ambiental, pero en

75
Según la Resolución la 9810104 (entregada el 27 de mayo de 1998) del a Curaduría Urbana 1, la
que según el artículo 2° estuvo vigente por 24 meses prorrogables por 36 meses más. (fl. 167 Cuaderno
anexos). Esta se prorrogó por resolución CU2-200-112 de 6 de junio de 2000, por un término de 12
meses a partir de la ejecutoria de tal decisión (fl. 146 Cuaderno Anexos). Este acto se notificó el 13 de
junio de 2000 y el interesado renunció a términos. (fl. 149 C. Anexos 1). Posteriormente, se expidió la
Resolución CU2-2002-199 de 23 de agosto de 2002 de la Curaduría Urbana 2 de Bogotá, “Por la cual
se aprueba la modificación sustancial del proyecto urbanístico, se concede una nueva licencia de
urbanización para continuar y finalizar las obras del desarrollo urbanístico denominado SAN RAFAEL
SUR ORIENTAL reloteo Manzana S,T,U,V,X y Y, y se establecen nuevas normas y las obligaciones a
cargo del urbanizador responsable: Alcaldía Local de San Cristóbal”. El término de la vigencia de la
licencia se dispuso en 24 meses a partir de la ejecutoria. (folio 92 del C. Anexos) el acto se notificó el
28 de agosto de 2002. Posteriormente se dictó Resolución 04-2-0295 de 24 de agosto de 2004, se
prorrogó por 12 meses más la Resolución CU2-2002-199. (fls. 65 -68). Esta documental se tomó de
los anexos presentados por la parte actora para corroborar la primera de las licencias que se sí se pidió
como prueba y se decretó.
76
Fecha en la que se publicó en el Diario Oficial 45880 de abril 15 de 2005 la Resolución 463 de 2005.

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ningún caso, como un mandato obligatorio como lo plantea la

constructora apelante.

Lo anterior, porque, precisamente, bien pudo la parte actora

cuestionar el acto de realinderamiento y el acto de registro, a efectos

de que se anularan los efectos impuestos al inmueble de su propiedad

y solicitar el reconocimiento de los supuestos perjuicios ocasionados

por excluir del territorio urbano dicho predio y limitar el derecho de

edificabilidad en más del 80% de su predio, con el reclamo de los

presuntos perjuicios ocasionados, pero tal reclamo no se ejercitó de

manera oportuna.

Además, si bien en este caso, con su petición invocó el instrumento

de compensación77, lo relevante es que para ese momento el Distrito

Capital no había adoptado un sistema extendido a la totalidad de los

predios incorporados a la reserva ambiental ni tampoco se autorizó

y reglamentó la adquisición directa del predio.

En este punto es oportuno identificar que el acto acusado lo expidió

el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Territorial; sin embargo,

ningún reproche por incompetencia invocó la parte actora, lo que

impide que la Sala realice un examen sobre el particular en aplicación

de los principios de la justicia rogada y de congruencia.

77
Según lo previsto en el Decreto 151 de 1998, reglamentado por el Decreto 1337 de 2002, relativo a
la transferencia de derechos de construcción y desarrollo.

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Estas circunstancias ponen de presente que el acto cuestionado en

cuanto denegó la compensación solicitada, no torna en invalida la

decisión adoptada, por cuanto se insiste que la herramienta de la

compensación en materia de protección ambiental no es automática

y debe estar respaldada en la orden administrativa y presupuestal

que garantice el sostenimiento fiscal78.

En este orden, la Sala no avizora que el acto cuestionado deba

anularse, por cuanto la parte accionada no acreditó que

normativamente sea una obligación para la autoridad demandada

otorgarle el reconocimiento compensatorio que invoca, a pesar de

que el inmueble de su propiedad se encuentre en área de reserva

forestal y franja de adecuación, como se aceptó por la accionada.

De hecho, lo que impuso el fallo de acción popular fue que los

propietarios de tales predios están en la obligación de proteger y

resguardar el territorio. Así se lee:

“[…] 6. ORDÉNASE a los propietarios, poseedores y
tenedores de predios ubicados en la Reserva Forestal
Protectora “Bosque Oriental de Bogotá” y en la
franja de adecuación i) abstenerse de realizar
conductas que perjudiquen el área protegida, ii) acatar

78
Al respecto se lee: “[…] iii) que existe un principio de sostenibilidad fiscal78 en cuya virtud las
autoridades judiciales están obligadas a ponderar el impacto económico de las ordenes que
impartan, y que llevó a la creación del incidente de sostenibilidad fiscal. Como lo señaló la
Corte Constitucional en sentencia C - 288 de 2012 (M.P. Luis Ernesto Vargas Silva) “…son los efectos
de la sentencia los que son susceptibles de análisis en el incidente de impacto fiscal, siempre dentro de
un marco de cumplimiento de los fines esenciales del ESDD”78. Bajo el anterior contexto dichas órdenes
serán sustituidas en la parte resolutiva del fallo, que se adicionará con otras que tengan en cuenta los
anteriores supuestos. […]” Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera,
sentencia de 5 de noviembre de 2013, número único de radicado 25000-23-25-000-2005-00662-03
(AP), Consejera ponente María Claudia Rojas Lasso.

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cabalmente la normativa ambiental y iii) velar por la
integridad de la reserva, informando oportunamente a
la autoridad policial acerca de cualquier conato de
asentamiento o acto que atente contra ella […]”

Todo lo expuesto, resulta suficiente para confirmar el fallo apelado,

pero por las razones aquí expresadas.

VII.7 CONDENA EN COSTAS

En cuanto a las costas fijadas en el fallo de primera instancia, la

Sala estima que el reproche planteado es insuficiente para analizar

su oposición, en tanto que el argumento radicó en su improcedencia

porque el acto demandado es ilegal, sin cuestionar los motivos o

razones que esgrimió el fallador para su imposición, lo que impide

asumir competencia, por lo tanto, en este sentido se mantiene la

decisión adoptada por el a quo.

Respecto de las costas en esta instancia, se tiene que según el

artículo 361 del CGP se componen por “la totalidad de las expensas

y gastos sufragados durante el curso del proceso79 y por las agencias

en derecho80”.

79
“[…] Las expensas son las erogaciones distintas al pago de los honorarios del abogado, tales como
el valor de las notificaciones, los honorarios de los peritos, los impuestos de timbre, copias, registros,
pólizas, etc. […]”. Corte Constitucional. Sentencia C-043/04. M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
80
“[…] Las agencias en derecho corresponden a los gastos por concepto de apoderamiento dentro
del proceso, que el juez reconoce discrecionalmente a favor de la parte vencedora atendiendo a los
criterios sentados en el numeral 3° del artículo 393 del C.P.C., y que no necesariamente deben
corresponder a los honorarios pagados por dicha parte a su abogado […]”. Corte Constitucional.
Sentencia C-043/04. M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.

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En la jurisdicción de lo contencioso administrativo su fijación varió en

el CPACA con respecto a lo estatuido en el CCA 81, al pasar de un

criterio subjetivo 82 a uno objetivo valorativo 83 , en el que se

requiere que el juez revise si se causaron.

Así, en el presente asunto, regido por el CPACA, las costas se fijan

en aplicación de un criterio objetivo valorativo84 y en contra de la

parte vencida, de conformidad con lo previsto en el artículo 18885 del

CPACA, en armonía con los numerales 1, 2, 386 y 887 del artículo 365

del CGP.

De manera que le corresponde a esta Sala, producto de la

comprobación de la gestión útil de la parte vencedora, fijar el valor

81
Consejo de Estado- Sala de lo Contencioso Administrativo - sección segunda - subsección A.
Sentencia de 28 de febrero de 2020. Radicación número: 19001-23-33-000-2017-00086-01(2445-18).
CP William Hernández Gómez.
82
Esa valoración estaba atada a la prueba del comportamiento de la parte y a la mala fe o temeridad
durante el proceso.
83
En cuanto prescribe que en toda sentencia se dispondrá sobre la condena en costas, bien sea total o
parcial o con abstención, según las reglas del Código General del Proceso.
84
Se califica como criterio objetivo-valorativo bajo el entendido que es objetivo, en cuanto prescribe
que en toda sentencia se dispondrá sobre la condena en costas, según las reglas del CGP; y, valorativo,
en cuanto se requiere que el juez revise si ellas se causaron y en la medida de su comprobación. Esto
indica que el juez contencioso administrativo, según la situación que encuentre probada y atendiendo
al resultado de la actuación procesal que define, está en la posibilidad de condenar en costas de manera
total o parcial, o incluso abstenerse de su fijación, bien porque lo autoriza la ley o porque no aparecen
comprobadas.
85
“[…] ARTÍCULO 188. CONDENA EN COSTAS. Salvo en los procesos en que se ventile un interés
público, LA SENTENCIA DISPONDRÁ sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se
regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil.
<Inciso adicionado por el artículo 47 de la Ley 2080 de 2021. El nuevo texto es el siguiente:> En todo
caso, LA SENTENCIA DISPONDRÁ sobre la condena en costas cuando se establezca que se presentó
la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal […]”

86
“ARTÍCULO 365. CONDENA EN COSTAS. En los procesos y en las actuaciones posteriores a
aquellos en que haya controversia la condena en costas se sujetará a las siguientes reglas:
1. Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva
desfavorablemente el recurso de apelación, casación, queja, súplica, anulación o revisión que haya
propuesto. Además, en los casos especiales previstos en este código.
[…].
2. La condena se hará en sentencia o auto que resuelva la actuación que dio lugar a aquella.
3. En la providencia del superior que CONFIRME en todas sus partes la de primera instancia
se condenará al RECURRENTE en las costas de la segunda […]”.
87
El artículo 365, numeral 8, del CGP dispone: “ […] Solo habrá lugar a costas cuando en el expediente
aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación […]”.

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de las costas en el componente de agencias en derecho al verificarse

en esta instancia la intervención de la entidad accionada a través de

apoderado judicial. Frente a las expensas y los gastos del proceso,

su fijación se sujetará a la liquidación88 que realice el secretario del

Tribunal a quo y según la comprobación de que se incurrieron en

estos.

Así las cosas, en cumplimiento de lo previsto en el numeral 4 del

artículo 366 del CGP89, se fijan como agencias en derecho, la suma

de $1.500.000 (equivalente al 0,1% del valor de las pretensiones90)

a favor del MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE.

Lo anterior, de conformidad con las tarifas establecidas en el artículo

6°91 del Acuerdo núm. 1887 de 26 de junio de 2003, expedido por el

Consejo Superior de la Judicatura, según la naturaleza del proceso,

la calidad y duración de la gestión realizada por la parte vencedora.

Por todo lo expuesto, la Sala confirmará la sentencia de 27 de

febrero de 2014, proferida por la Subsección “A” de la Sección

88
La liquidación de las expensas y gastos y agencias en derecho las someterá el secretario de la primera
instancia, en este caso, a la aprobación que corresponda, de conformidad con el artículo 366 ibidem.
89
“[…] Artículo 366. Liquidación. Las costas y agencias en derecho serán liquidadas de manera
concentrada en el juzgado que haya conocido del proceso en primera o única instancia, inmediatamente
quede ejecutoriada la providencia que le ponga fin al proceso o notificado el auto de obedecimiento a
lo dispuesto por el superior, con sujeción a las siguientes reglas:
[…]
4. Para la fijación de agencias en derecho deberán aplicarse las tarifas que establezca el Consejo
Superior de la Judicatura. Si aquellas establecen solamente un mínimo, o este y un máximo, el juez
tendrá en cuenta, además, la naturaleza, calidad y duración de la gestión realizada por el apoderado o
la parte que litigó personalmente, la cuantía del del proceso y otras circunstancias especiales, sin que
pueda exceder el máximo de dichas tarifas. […]”.
90
De conformidad con el folio 1 de esta providencia el valor de las pretensiones corresponde a
$1.500.000.000
91
“[…] ARTÍCULO 6º.Tarifas. […] III CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. 3.1. ASUNTOS. […] 3.1.3.
Segunda instancia. Sin cuantía: Hasta siete (7) salarios mínimos mensuales legales vigentes. Con
cuantía: Hasta el cinco por ciento (5%) del valor de las pretensiones reconocidas o negadas en
la sentencia […]”

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Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, pero por las

razones aquí expuestas y se condenará en costas en esta instancia

a cargo de la parte actora.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo

Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando

Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

FALLA

PRIMERO: CONFIRMAR el fallo proferido el 27 de febrero de 2014,

proferida por la Subsección “A” de la Sección Primera el Tribunal

Administrativo de Cundinamarca, pero por las razones aquí

expuestas.

SEGUNDO: CONDENAR en costas, en esta instancia, y en favor del

MINISTERIO DEL AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE, por

las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

TERCERO: FIJAR como agencias en derecho la suma de $ 1.500.000

(equivalente al 0,1% del valor de las pretensiones), la cual deberá

incluirse en la liquidación de costas a pagar por la parte demandante.

CUARTO: Una vez ejecutoriada esta providencia, DEVUÉLVASE el

expediente al Tribunal de origen.

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NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Se deja constancia de que la anterior providencia fue discutida y

aprobada por la Sala en la sesión del día 8 de agosto de 2025.

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidenta Salva voto

GERMAN EDUARDO OSORIO CIFUENTES ALFREDO BELTRÁN SIERRA
Aclara voto Conjuez

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