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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 13001-23-33-000-2019-00279-01

Fecha
27 de junio de 2025
Consejero ponente
Juan Enrique Bedoya Escobar

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 13001-23-33-000-2019-00279-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

F A L L A: Primero. Modificar el ordinal segundo de la sentencia proferida el 30 de mayo de 2023 por el Tribunal Administrativo de Bolívar, mediante el cual fue condenada la Nación, Ministerio de Educación, Fondo Nacional de Prestaciones del Magisterio (Fomag) al reconocimiento y pago de la pensión de jubilación de Zaray del Socorro Arrieta Casas en los términos previstos en las leyes 33 y 62 de 1985, y en su lugar se dispone: «SEGUNDO: Condenar a la Nación, Ministerio de Educación, Fondo Nacional de Prestaciones del Magisterio, a reconocer y pagar pensión de jubilación a la señora Zaray del Socorro Arrieta Casas de acuerdo a lo señalado por las leyes 33 y 62 de 1985. Para el cálculo del monto pensional, la tasa de reemplazo corresponderá al 75% y el IBL al promedio de lo devengado en el último año de servicios anterior a la adquisición del estatus pensional [23 de agosto de 2015], dineros que serán actualizados anualmente con base en la variación del índice de precio al consumidor, según certificación que expida el DANE, la cual se hará efectiva a partir del 23 de agosto de 2015, sin exigir el retiro del servicio». Segundo. Dar cumplimiento a lo dispuesto en este fallo dentro del plazo indicado en el artículo 192 del CPACA. Tercero. Sin condena en costas en esta instancia. Cuarto. Efectuar las anotaciones correspondientes en la plataforma Samai del Consejo de Estado. Quinto. Notificar esta decisión en los términos del artículo 205 del CPACA. La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha. JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente Con aclaración de voto Cfr. Rad. Av. 05001- 23-33-000-2020-00472-01 (1251-2024) 17 Radicado: 13001-23-33-000-2019-00279-01 (0535-2024) Demandante: Zaray del Socorro Arrieta Casas JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA Firmado electrónicamente CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA. VMTL 18

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 13001-23-33-000-2019-00279-01

Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar

27 de junio de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B

CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR

Bogotá, D. C., veintisiete (27) de junio de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 13001-23-33-000-2019-00279-01 (0535-2024)
Demandante: Zaray del Socorro Arrieta Casas
Demandados: Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio

Temas: Compatibilidad pensional docentes beneficiarios de la transición
de la Ley 812 de 2003

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
__________________________________________________________________

Asunto

Decide la Sala los recursos de apelación interpuestos por las partes contra la
sentencia proferida el 30 de mayo de 2023 por el Tribunal Administrativo de Bolívar,
mediante la cual se accedió parcialmente a lo pretendido en la demanda.

1. Antecedentes

1.1. La demanda

1.1.1. Las pretensiones

1. Zaray del Socorro Arrieta Casas presentó demanda en ejercicio del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso-administrativo1, en
orden a que se declarara la nulidad del acto ficto producto de las peticiones
presentadas el 29 de agosto de 2018 y el 20 de noviembre de 2018, a través de las
cuales pretendió el reconocimiento y pago de la pensión de jubilación en los

1 En lo que sigue CPACA.

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 13001-23-33-000-2019-00279-01 (0535-2024)
Demandante: Zaray del Socorro Arrieta Casas

términos previstos en la Ley 33 de 1985.

2. Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho
solicitó i) el reconocimiento de la pensión de jubilación según lo previsto en la Ley
33 de 1985, esto es con el 75% de los factores percibidos durante el año anterior a
la adquisición del derecho, es decir asignación básica, bonificación mensual y las
primas de navidad, servicios y vacaciones; ii) el pago de las mesadas atrasadas y
la inclusión en nómina de la prestación; iii) el ajuste de valor de las sumas
reconocidas; iv) el cumplimiento del fallo en los términos de los artículos 188, 189,
192 y 195 del CPACA; v) los intereses moratorios a partir del día siguiente de la
ejecutoria de la sentencia; y vi) la condena en costas a la demandada.

1.1.2. Fundamentos fácticos

3. Como hechos relevantes se señalaron los siguientes:

3.1. Zaray del Socorro Arrieta Casas nació el 20 de junio de 1960, es decir cuenta
con más de 55 años de edad.

3.2. Durante su historia laboral prestó sus servicios como docente oficial desde el 28
de febrero de 1983, en los siguientes términos:

Cargo / Entidad Desde Hasta Total
Docente de Zambrano (Bolívar) 28/02/1983 31/01/1990 6 años, 11 meses, 3
días
Docente OPS – departamento de 08/03/1999 03/06/1999 2 meses, 26 días
Bolívar
Docente OPS – departamento de 06/09/2001 30/11/2001 2 meses, 24 días
Bolívar
Docente OPS – departamento de 11/02/2002 11/07/2002 5 meses
Bolívar
Docente OPS – departamento de 16/07/2002 29/11/2002 4 meses, 14 días
Bolívar
Docente OPS – departamento de 13/02/2003 12/06/2003 4 meses
Bolívar
Docente en provisionalidad del 26/02/2004 09/06/2006 2 años, 3 meses, 13
departamento de Bolívar Dcto. 74 días
del 23 de enero de 2004
Periodo de prueba y nombramiento 10/06/2006 30/05/2018 11 años, 11 meses,
en propiedad del departamento de 21 días
Bolívar Dcto. 344 del 14 de julio de
2006 y Dcto. 171 del 5 de marzo de
2008
Total 22 años, 9 meses,
11 días

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Demandante: Zaray del Socorro Arrieta Casas

3.3. El 19 de agosto de 2015 adquirió el estatus al completar 20 años de servicio y el
29 de agosto de 2018 solicitó el reconocimiento de la pensión de jubilación en los
términos de la Ley 33 de 1985; sin embargo, a la fecha de presentación de la
demanda, la entidad no había emitido pronunciamiento alguno.

1.1.3. Normas violadas y concepto de violación

4. Como tales, se señalaron los artículos 1, 2, 4, 6, 13, 25, 29, 48, 53, 58 y 243 de la
Constitución Política; Ley 91 de 1989; Ley 33 de 1985; Ley 100 de 1993; 81 de la
Ley 812 de 2003; Acto Legislativo 01 del 22 de julio de 2005 y 36 del Decreto 2277
de 1979.

5. En cuanto al concepto de violación expuso lo siguiente2:

5.1. La demandante inició su labor como docente oficial a partir del 28 de febrero de
1983 en la Secretaría de Educación de Zambrano (Bolívar), es decir antes de la
entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003, de manera que resultaba excluida de
los presupuestos previstos en el Régimen general de pensiones y le eran aplicables
las leyes 33 y 62 de 1985, en concordancia con la Ley 91 de 1989.

5.2. El tiempo de servicio docente que prestó con ocasión de órdenes de prestación
de servicios deben contabilizarse para efectos pensionales, como sucedió con el
tiempo laborado por la demandante entre los años 1999 y 2003. Asimismo, la
mesada pensional reconocida deberá incluir los factores que constituyan salario, es
decir los percibidos por el trabajador de manera habitual y periódica como
contraprestación directa por sus servicios, toda vez que el listado previsto en el
artículo 1° de la Ley 62 de 1985 no es taxativo sino meramente enunciativo.

1.2. Contestación de la demanda

6. El Fomag se opuso a la prosperidad de las pretensiones de la demanda, con
fundamento en lo siguiente3:

6.1. La demandante se vinculó en vigencia de la Ley 812 de 2003, por lo tanto, el
régimen aplicable era el de prima media establecido en la Ley 100 de 1993; sin
embargo, el cumplimiento de los requisitos allí establecidos no fue acreditado. En

2 Índice 2 de Samai, expediente digital, actuación denominada
«4ED_13001233300020190027900ZIP(.zip) NroActua 2».
3 Índice 2 de Samai, expediente digital, actuación denominada
«4ED_13001233300020190027900ZIP(.zip) NroActua 2».

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Demandante: Zaray del Socorro Arrieta Casas

todo caso, tampoco cumplió con las exigencias dispuestas en la Ley 33 de 1985
para el reconocimiento de la pensión de jubilación, toda vez que la docente laboró
en la mayor parte del tiempo a través de contratos de prestación de servicios, los
cuales en ningún caso generaron una relación laboral ni prestaciones sociales, de
manera que desde la fecha de posesión hasta el momento de la terminación del
vínculo no transcurrieron 20 años de servicio continuo o discontinuo exigidos.

6.2. Finalmente, propuso las excepciones que denominó: i) legalidad de los actos
administrativos atacados de nulidad; ii) inexistencia de la obligación y cobro de lo
no debido; iii) inepta demanda; iv) falta de legitimación en la causa por pasiva y v)
genérica.

1.3. La sentencia apelada

7. El Tribunal Administrativo de Bolívar profirió sentencia el 30 de mayo de 20234,
mediante la cual accedió parcialmente a lo pretendido en la demanda, para tal efecto
i) declaró la nulidad del acto ficto configurado por la falta de respuesta a las
peticiones presentadas el 20 de agosto el 20 de noviembre de 2018 en la Secretaría
de Educación de Bolívar, a través de las cuales fue negado el reconocimiento y
pago de la pensión de jubilación de Zaray del Socorro Arrieta Casas; ii) condenó al
Fomag a reconocer y pagar la pensión de jubilación a la demandante, en los
términos previsto en las leyes 33 y 62 de 1985, para el cálculo del monto pensional
la tasa de reemplazo corresponderá al 75% y el IBL al promedio de lo devengado el
último año de servicio anterior a la adquisición del estatus, con efectividad a partir
del 23 de agosto de 2015; además iii) ordenó al Fomag repetir contra la entidad de
previsión a la cual la demandante acreditara la afiliación durante el tiempo en el que
subsistió la relación contractual con la Escuela Nueva de Rufina Vieja, Pinillos
(Bolívar), con el fin de solicitar el reembolso de las cotizaciones realizadas, de lo
contrario el fondo podrá descontar los montos adeudados; y adelantar las
actuaciones interadministrativas pertinentes para el cobro al departamento de
Bolívar y iv) negó la condena en costas.

7.1. Lo anterior, en virtud de los siguientes argumentos:

7.2. Según el material probatorio obrante en el expediente la demandante nació el 20
de junio de 1960, de manera que el 20 de junio de 2015 cumplió 55 años, prestó
sus servicios en calidad de docente por 20 años, 10 meses, 16 días, comprendidos
entre el 28 de febrero de 1983 y el 31 de enero de 1990 y entre el 26 de febrero de
2004 y el 7 de febrero de 2018. Los 20 años de servicio fueron cumplidos el 23 de

4 Índice 2 de Samai, expediente digital, actuación denominada
«4ED_13001233300020190027900ZIP(.zip) NroActua 2».

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Demandante: Zaray del Socorro Arrieta Casas

agosto de 2015.

7.3. Ahora bien, en el expediente fue acreditado que la demandante durante los 20
años de servicio, entre el 8 de marzo de 1999 y el 12 de junio de 2003 ejerció el
cargo de docente en la Escuela Nueva de Rufina Vieja, Pinillos (Bolívar), mediante
contrato de prestación de servicios, de manera interrumpida, por 1 año, 7 meses, 1
día. Si bien del anterior periodo no obra prueba de la realización de los aportes, lo
cierto es que el Fomag podrá descontar de las sumas adeudadas a la demandante,
los valores equivalentes al porcentaje de cotización que debió realizar por el periodo
de la relación contractual.

7.4. En virtud del certificado de lo devengado entre el 1° de enero y el 31 de
diciembre de 2015, la demandante aún activa en el servicio, percibió asignación
básica, bonificación mensual y las primas de navidad, servicios y vacaciones
docente y entre el 1° de enero y el 31 de diciembre de 2016, asignación básica y las
primas de navidad, servicios y vacaciones, en ese sentido los factores que se
tendrán en cuenta serán la asignación básica y la bonificación mensual, según lo
previsto en la Ley 62 de 1985 y en el Decreto 1566 de 2014. Lo anterior será efectivo
a partir del retiro definitivo del servicio.

1.4. Los recursos de apelación

8. 1.4.1.Zaray del Socorro Arrieta Casas solicitó la revocatoria parcial de la
sentencia5, al considerar que, en esta, al condicionar la efectividad de la prestación
en aplicación del artículo 128 de la Constitución Política, desconoció lo previsto en
las leyes 33 de 1985, 71 de 1988 y 91 de 1989 y en las sentencias proferidas el 13
de febrero de 2020 (expediente 54001-23-33-000-2014-00106-01) y el 17 de
septiembre de 2020 (expediente 81001-23-33-000-2014-00055-01), por el Consejo
de Estado, en cuanto a la compatibilidad entre la pensión de jubilación y el salario.

8.1. 1.4.2. El Fomag solicitó la revocatoria de la sentencia; no obstante, mediante
auto del 15 marzo de 2024 fue rechazado, toda vez que fue presentado de manera
extemporánea el 11 de agosto de 2013 a las 10:42 PM, cuando el horario judicial
es desde las 8:00 AM hasta las 5:00 PM6.

5 Índice 2 de Samai, expediente digital, actuación denominada
«4ED_13001233300020190027900ZIP(.zip) NroActua 2».
6 Índice 4 de Samai, expediente digital, actuación denominada «6Auto que admite_0535-2024 Admite

rec(.pdf) NroActua 4».

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Demandante: Zaray del Socorro Arrieta Casas

1.5. Pronunciamiento en segunda instancia

9. De conformidad con el numeral 3 del artículo 247 del CPACA, modificado por el
artículo 67 de la Ley 2080 de 2021, en cuanto no fue necesario el decreto de
pruebas, no hubo traslado a las partes para alegar7.

1.6. El Ministerio Público

10. El procurador tercero delegado ante el Consejo de Estado rindió concepto en el
que solicitó «se confirme» la sentencia objeto del recurso de apelación, con
fundamento en los siguientes argumentos8:

11. En el presente asunto resultó acreditada la vinculación de la docente al servicio
oficial desde 1983, si bien inició sus labores en entidades educativas mediante
contratos de prestación de servicios, lo cierto es que la jurisprudencia del Consejo
de Estado ha considerado ese tiempo como válido para el cómputo con fines del
reconocimiento pensional, sin que resultara relevante si fue continuo o no.
Asimismo, a partir de febrero de 2004 fue vinculada en provisionalidad y luego en
propiedad. En consecuencia, le era aplicable la normatividad previa a la entrada en
vigencia de la Ley 812 de 2003, es decir las leyes 33 y 62 de 1985.

12. En cuanto a la incompatibilidad para percibir salario y la pensión de jubilación, el
Consejo de Estado ha considerado a los docentes exceptuados de la prohibición
establecida en el artículo 128 de la Constitución Política, en concordancia con el
artículo 279 de la Ley 100 de 1993 y el Decreto 224 de 1972.

2. Consideraciones

2.1. Los problemas jurídicos

13. De acuerdo con los argumentos expuestos en el recurso de apelación, lo que
delimita la competencia del juez en segunda instancia9, se circunscriben a

7 Tal y como se indicó en el auto del 15 marzo de 2024. Índice 4 de Samai.
8 Así se desprende del informe secretarial del 27 de junio de 2022. Índice 9 de Samai.
9 Pues así lo dispone el artículo 328 del CGP, que señala: «Artículo 328. Competencia del superior.

El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por
el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la
ley.

Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere
adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones.

En la apelación de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso,
condenar en costas y ordenar copias.

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Radicado: 13001-23-33-000-2019-00279-01 (0535-2024)
Demandante: Zaray del Socorro Arrieta Casas

establecer ¿si Zaray del Socorro Arrieta Casas tiene derecho al pago de la pensión
de jubilación sin acreditar el retiro definitivo del servicio?

2.2. Marco normativo

2.2.1. Compatibilidad entre la pensión de jubilación y el salario para el caso de
los docentes

14. El artículo 64 de la Constitución Política de 1886 disponía que nadie podía recibir
dos sueldos del tesoro público, salvo lo que para casos especiales determinaran las
leyes. De esta manera, el constituyente previó la posibilidad de que se establecieran
excepciones a la prohibición, las cuales inicialmente fueron « determinadas» por el
presidente de la República, quien en ejercicio de facultades extraordinarias expidió
el Decreto-ley 1317 de 196010, dentro de las cuales incluyó «[l]as asignaciones que
provengan de establecimientos docentes de carácter oficial, siempre que no se trata de
profesorado de tiempo completo11». Asimismo, el artículo 5 del Decreto 224 de 197212
señalaba que «el ejercicio de la docencia no ser[ía] incompatible con el goce de la pensión
de jubilación siempre y cuando el beneficiario est[uviera] mental y físicamente apto para la
tarea docente, pero se decretar[ía el] retiro forzoso del servicio al cumplir sesenta y cinco
(65) años de edad».

15. Con la expedición de la Constitución Política de 1991, la disposición contenida
en el artículo 64 se mantuvo en los siguientes términos:

«Artículo 128. Nadie podrá desempeñar simultáneamente más de un empleo público ni
recibir más de una asignación que provenga del tesoro público, o de empresas o de
instituciones en las que tenga parte mayoritaria el Estado, salvo los casos
expresamente determinados por la ley.

Entiéndese por tesoro público el de la Nación, el de las entidades territoriales y el de las
descentralizadas» [Se resalta].

16. La anterior norma constitucional fue desarrollada por el legislador a través de la
Ley 4ª de 1992, que en su artículo 19, dispuso lo siguiente:

«Artículo 19. Nadie podrá desempeñar simultáneamente más de un empleo público, ni

El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la
modificación fuera indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella.

En el trámite de la apelación no se podrán promover incidentes, salvo el de recusación. Las nulidades
procesales deberán alegarse durante la audiencia».
10 Por el cual se determinan algunas excepciones a las incompatibilidades establecidas en el artículo

64 de la Constitución.
11 Artículo 1 del Decreto-ley 1317 de 1960.
12 Por el cual se dictan normas relacionadas con el ramo docente.

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Radicado: 13001-23-33-000-2019-00279-01 (0535-2024)
Demandante: Zaray del Socorro Arrieta Casas

recibir más de una asignación que provenga del Tesoro Público, o de empresas o de
instituciones en las que tenga parte mayoritaria el Estado. Exceptúanse las siguientes
asignaciones:

[…]

g) Las que a la fecha de entrar en vigencia la presente Ley beneficien a los
servidores oficiales docentes pensionados. […]». [Se resalta].

17. De acuerdo con lo anterior, se observa que la voluntad del legislador fue
mantener vigentes las excepciones que, con anterioridad a la expedición de la
Constitución de 1991, frente a la referida prohibición constitucional beneficiaban a
los docentes. En ese sentido, la Subsección B de la Sección Segunda de esta
Corporación, al referirse al alcance del literal g) transcrito concluyó13:

«Al establecer la excepción, no se estaba señalando a los docentes que ya estaban
pensionados, sino a las disposiciones que en esa fecha beneficiaban a los docentes
pensionados, pues se trataba era de establecer excepciones a la prohibición, no de
aclarar situaciones ya definidas como eran los docentes pensionados.

Es la lectura que debe darse a la disposición, pues no resultaría comprensible que el
legislador, en vez de establecer excepciones, como lo anuncia, derogue las
existentes.

En esas condiciones, entendiendo que la Ley 4ª de 1992, art. 19, literal g) al establecer
las excepciones en examen, contempló las disposiciones que al entrar en vigencia dicha
ley, beneficiaban a los docentes pensionados, una de ellas, es el artículo 5º del Decreto
224 de 1972 […]

Las razones antes expuestas permiten a la Sala concluir que los docentes oficiales
siguen gozando de la prerrogativa de acceder a la pensión y seguir percibiendo
sueldo, por permitirlo así expresamente la normatividad antes citada». [Se resalta].

18. De otra parte, se advierte que las normas que con posterioridad regularon el
régimen pensional de los docentes fueron consistentes en ese sentido, al respecto
se destacan las siguientes disposiciones:

18.1. El artículo 279 de la Ley 100 de 1993, que exceptuó a los maestros del Sistema
Integral de Seguridad Social contenido en esa norma [hasta la entrada en vigor de
la Ley 812 de 2003] reiteró la excepción al señalar: « a los afiliados al Fondo Nacional
de Prestaciones Sociales del Magisterio, creado por la Ley 91 de 1989, cuyas
prestaciones a cargo serán compatibles con pensiones o cualquier clase de
remuneración» [se resalta].

18.2. El artículo 6 de la Ley 60 de 1993, derogada por el artículo 113 de la Ley 715

13 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 6 de marzo de 2003, radicado

05001-23-31-000-1995-01799-01 (1577-2001), M.P. Alejandro Ordóñez Maldonado.

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Radicado: 13001-23-33-000-2019-00279-01 (0535-2024)
Demandante: Zaray del Socorro Arrieta Casas

de 2001, precisó que «[e]l régimen prestacional aplicable a los actuales docentes
nacionales o nacionalizados que se incorporen a las plantas departamentales o distritales
sin solución de continuidad y las nuevas vinculaciones será el reconocido por la Ley 91 de
1989, y las prestaciones en ellas reconocidas serán compatibles con pensiones o
cualquier otra clase de remuneraciones»; y

18.3. El artículo 19 de Ley 344 de 199614 dispuso:

«Artículo 19. Sin perjuicio de lo estipulado en las Leyes 91 de 1989, 60 de 1993 y
115 de 1994, el servidor público que adquiera el derecho a disfrutar de su pensión de
vejez o jubilación podrá optar por dicho beneficio o continuar vinculado al servicio, hasta
que cumpla la edad de retiro forzoso. Los docentes universitarios podrán hacerlo hasta
por diez años más. La asignación pensional se empezará a pagar solamente después
de haberse producido la terminación de sus servicios en dichas instituciones.»

19. Así pues, la disposición contenida en el artículo 279 de la Ley 100 de 1993, se
advierte que el legislador preservó la compatibilidad de la pensión de jubilación con
el salario devengado por el docente, compatibilidad de la cual pueden ser
beneficiarios aquellas personas que acrediten los requisitos para que les sea
reconocida una pensión y presten o llegasen a prestar sus servicios como docentes
oficiales, teniendo en cuenta que son estos últimos quienes deben ser afiliados al
Fomag.

20. Valga precisar que esa disposición expresa que las prestaciones a cargo del
Fomag serían compatibles «con pensiones o cualquier clase de remuneración», es
decir, no establece como requisito que la pensión haya sido reconocida bajo los
requisitos de un régimen determinado.

21. Ahora bien, de la lectura de las disposiciones contenidas en la Ley 344 de 1996
se puede evidenciar que la voluntad del legislador fue mantener vigente la
compatibilidad referida y de la cual son beneficiarios los docentes. Es decir,
mediante dicha disposición señaló que una vez los servidores públicos adquieran el
derecho a disfrutar su pensión de vejez o jubilación, tendrían la posibilidad de optar
por una de 2 opciones a saber: i) retirarse del servicio y comenzar a disfrutar de la
pensión de la cual es acreedor o ii) continuar vinculado al servicio hasta que cumpla
la edad de retiro forzoso. Esto es que podrían disfrutar de la pensión, pero solo
hasta cuando acrediten el retiro del servicio. Sin embargo, nuevamente, de manera
expresa excluyó a los docentes oficiales. En ese sentido, se refirió la Corte
Constitucional en sentencia C-584 de 1997:

14 Por la cual se dictan normas tendientes a la racionalización del gasto público, se conceden unas

facultades extraordinarias y se expiden otras disposiciones.

9

Radicado: 13001-23-33-000-2019-00279-01 (0535-2024)
Demandante: Zaray del Socorro Arrieta Casas

«No obstante, antes de la expedición de la ley parcialmente demandada [Ley 344 de
1996], el único régimen general que permitía el goce simultáneo de la pensión de
jubilación y la estabilidad en el cargo era el aplicable a los docentes afiliados al fondo
nacional de prestaciones sociales del magisterio, el que permanece incólume en la
nueva normativa. En efecto, la primera parte del artículo 19 demandado, exceptúa,
expresamente, de su ámbito de aplicación, a los docentes afiliados al fondo nacional de
prestaciones sociales del magisterio y sometidos a las Leyes 91 de 1989, 60 de 1993 y
115 de 1994.

[…]

La Corte ya ha puesto de manifiesto la protección especial que la Constitución confiere
a la educación superior. Al respecto, el artículo 68 de la C.P., señala que la enseñanza
estará a cargo de personas de reconocida idoneidad ética y pedagógica. Adicionalmente,
la Carta impone al legislador la obligación de garantizar la profesionalización y
dignificación de la actividad docente. En estas condiciones, es claro el interés
constitucional por mantener, en sus puestos de trabajo, a quienes han cumplido
con las condiciones de idoneidad suficientes para poder servir a la mejor
formación de los educandos. Así, advierte la Corporación que existe una razón
constitucional, tan fuerte como la que ampara la definición de la edad de retiro forzoso,
para establecer, a favor de los profesores universitarios, la excepción que se estudia, y
que la misma es útil y necesaria para alcanzar el objetivo perseguido» [Se resalta].

22. Resulta claro entonces que los servidores públicos podrán disfrutar de la pensión
solo hasta cuando acrediten el retiro del servicio; no obstante, la Ley 344 de 1996
dejó a salvo lo dispuesto en las leyes 91 de 1989, 60 de 1993 y 115 de 1994,
disposiciones de las que se desprende la compatibilidad entre la pensión y el salario
percibido con ocasión del ejercicio docente.

23. Esta Sala no desconoce que el gobierno nacional expidió el Decreto 1278 de
200215 en cuyos artículos 45 y 63, literal b) dispuso i) que el ejercicio de cargos en
el sector educativo estatal sería incompatible con «el goce de la pensión de jubilación,
vejez, gracia o similares» y ii) que la cesación definitiva de las funciones docentes o
directivos docentes de los educadores estatales se produciría, entre otros, por
obtención de la jubilación o pensión de vejez, gracia o invalidez.

24. Sin embargo, el artículo 45 del decreto aludido fue declarado inexequible por la
Corte Constitucional mediante sentencia C-1157 de 2003, y si bien el artículo 63
literal b) fue declarado exequible mediante la sentencia C-734 de 2003, allí se
precisó que «la norma acusada no estaba modificando el régimen propio de las pensiones
de vejez, gracia o invalidez, ni mucho menos establece objetivos y criterios a los cuales
deba sujetarse el gobierno para fijar el régimen prestacional de los docentes - los cuales
como ya se explicó se encuentran establecidos en la Ley 4 de 1992 y a ellos debe
remitirse el Gobierno» [Se resalta].

15 «Por el cual se expide el Estatuto de Profesionalización Docente»

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Demandante: Zaray del Socorro Arrieta Casas

25. En igual sentido, los decretos anuales por los cuales se modifica la remuneración
de los servidores públicos y directivos docentes al servicio del Estado en los niveles
de preescolar, básica y media y se dictan otras disposiciones de carácter salarial
para el sector educativo estatal, prevén que «[n]adie podrá desempeñar
simultáneamente más de un empleo público, ni recibir más de una asignación que provenga
del Tesoro Público, o de empresas o de instituciones en las que tenga parte mayoritaria el
Estado. Exceptúanse las asignaciones de que trata el artículo decimonoveno de la ley
4ª de 1992»16.

26. En consecuencia, la prerrogativa contenida en el literal g) del artículo 19 de la
Ley 4ª de 1992 relativa a la compatibilidad entre el salario y la pensión para el caso
de los docentes, se mantiene vigente, interpretación que guarda armonía con la
regulación expedida con posterioridad a ella y las interpretaciones jurisprudenciales
expuestas.

2.3. Caso en concreto

2.3.1. Hechos probados

27. En el expediente se encuentra acreditado lo siguiente:

27.1. Zaray del Socorro Arrieta Casas nació el 20 de junio de 1960, según consta en
el registro civil de nacimiento17.

27.2. Mediante la Resolución 902 del 8 de marzo de 1999 fue autorizada la prestación
del servicio a la docente para el área de primaria en la Escuela Rufina Nueva de
Pinillos (Bolívar), por 3 meses y, a través de Resolución 1832 de 1999, le fue
aceptada la renuncia a la orden de prestación de servicio.

27.3. A través de las resoluciones 2332 de 2001, 333 de 2002, 0413 de 2003 fue
autorizada la prestación del servicio de la docente, para la jornada pedagógica en
el Colegio Erasmo Donado Llanos de Zambrano (Bolívar).

27.4. El 24 octubre de 2017, la secretaria de salud, educación y cultura de Zambrano
(Bolívar) certificó que la docente laboró en la Escuela Urbana Mixta Santa Isabel
desde el 28 de febrero de 1983 hasta el 31 de diciembre de 1988 y en la Escuela
Urbana Mixta Monterrey Forestal desde el 1º de enero de 1989 hasta el 31 de enero

16 Al efecto ver, entre otros, los decretos 319 de 2020, 965 de 2021, 449 de 2022, 0887 de 2023.
17 Índice 2 de Samai, expediente digital, actuación denominada
«4ED_13001233300020190027900ZIP(.zip) NroActua 2».

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de 1990, por 6 años, 11 meses, 3 días18.

27.5. El 7 de febrero de 2018, el profesional especializado de la Secretaría de
Educación de Bolívar certificó mediante el formato único para la expedición del
certificado de historia laboral, que presta su servicio como docente en la
Concentración Educativa Sagrado Corazón de Jesús de Zambrano (Bolívar) desde
el 26 de febrero de 2004 (Decreto 74 del 23 de enero de 2014), por 13 años, 11
meses, 13 días, y sigue activa en el servicio.

27.6. El 15 de febrero de 2018, la profesional especializada de la Secretaría de
educación y cultura de Bolívar certificó que la demandante laboró en la Escuela
Nueva de Rufina Vieja de Pinillos (Bolívar), mediante órdenes de prestación de
servicios, en los siguientes términos:

O.P.S. Desde Hasta
Resolución 902 8 de marzo de 1999 3 de junio de 1999
Retiro 1832 6 de junio de 1999
Resolución 2332 6 de septiembre de 2001 30 de noviembre de 2001
Resolución 333 11 de febrero de 2002 11 de julio de 2002
Resolución 0059 16 de julio de 2002 29 de noviembre de 2002
Resolución 0413 13 de febrero de 2003 12 de junio de 2003

27.7. Mediante escrito del 29 de mayo de 2018, la docente solicitó el reconocimiento
de la pensión de jubilación en los términos previstos en la Ley 33 de 1985. Mediante
oficio GOBOL- 18-04474 del 25 de octubre de 2018, la Secretaría de Educación de
Bolívar requirió a la interesada para que allegara los certificados de los fondos de
pensión en los cuales realizó los aportes y los formularios CELBP. El 13 de
noviembre de 2018 respondió el anterior requerimiento y reiteró la petición
prestacional.

2.3.2. Análisis sustancial

28. El Tribunal Administrativo de Bolívar accedió parcialmente a lo pretendido en la
demanda, como consecuencia de lo cual ordenó el reconocimiento y pago de la
pensión de jubilación a la demandante, en los términos previsto en las leyes 33 y 62
de 1985 y condicionó su efectividad al retiro definitivo de la docente, comoquiera
que en virtud de la certificación laboral proferida el 7 de febrero de 2018, aquella se
encontraba activa en el servicio y según lo dispuesto en el artículo 128 de la
Constitución Política no es posible percibir 2 ingresos salariales provenientes del

18 Índice 2 de Samai, expediente digital, actuación denominada
«4ED_13001233300020190027900ZIP(.zip) NroActua 2».

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erario

29. Zaray del Socorro Arrieta Casas solicitó la revocatoria parcial de la sentencia
proferida en la primera instancia, al considerar que, en esta, al condicionar la
efectividad de la prestación en aplicación del artículo 128 de la Constitución Política,
desconoció lo previsto en las leyes 33 de 1985, 71 de 1988 y 91 de 1989 y en las
sentencias proferidas el 13 de febrero de 2020 (expediente 54001-23-33-000-2014-
00106-01) y el 17 de septiembre de 2020 (expediente 81001-23-33-000-2014-
00055-01), por el Consejo de Estado, en cuanto a la compatibilidad entre la pensión
de jubilación y el salario.

30. Al respecto, la Sala se permite reiterar que el propósito del legislador ha sido
permitir que aquellas personas con derecho a una pensión de jubilación y que se
desempeñen como docentes oficiales, puedan continuar en el ejercicio del empleo,
sin que por ello deba restringirse la efectividad de la pensión. Por tal razón no es
dable condicionar el reconocimiento de la prestación a la desvinculación del servicio.

31. A tal conclusión ha llegado esta Subsección en asuntos similares en los que ha
señalado19 que «si bien la letra g del artículo 19 de la mencionada Ley 4ª se refiere a las
asignaciones que a la fecha de su entrada en vigor beneficiarían a los docentes oficiales
pensionados, no quiere decir que se excluya de esa prerrogativa a quienes se jubilen con
posterioridad, habida cuenta de que la norma hace alusión a las disposiciones que para esa
época favorecían a los profesores jubilados, interpretación que guarda armonía con la
regulación vigente a la promulgación de la Ley 4ª de 1992, razón por la cual no es dable
condicionar la pensión de jubilación del demandante a la desvinculación del servicio,
máxime cuando le es reconocida su prestación en virtud de la Ley 91 de 1989 y demás
normas concordantes»20.

32. En efecto, esta interpretación se ha estructurado en antecedentes de esta
corporación en los que se ha concluido que la excepción prevista en el literal g) del
artículo 19 de la Ley 4.ª de 1992 «no sólo cobija a los docentes pensionados con
anterioridad a su entrada en vigencia sino también a los que accedan a la pensión
ordinaria y/o gracia con posterioridad»21 [Se resalta].

33. Lo anterior guarda correspondencia con lo expuesto en esta decisión, de manera

19 En igual sentido, ver las siguientes sentencias de esta Subsección: i) del 8 de agosto de 2019,

expediente 05001-23-33-000-2013-01456-01 (1499-2015), M. P. Carmelo Perdomo Cuéter; y ii) del
25 de septiembre de 2020, expediente 25000-23-42-000-2013-01579-01 (3862-2014), M. P. César
Palomino Cortés.
20 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 25 de mayo de 2023, radicado

05001-23-33-000-2021-01482-01 (3388-2022), M.P. Carmelo Perdomo Cuéter.
21 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 14 de agosto de 2009,

radicado 05001-23-31-000-2004-03824-01 (2170-08), M.P. Bertha Lucía Ramírez de Páez.

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Radicado: 13001-23-33-000-2019-00279-01 (0535-2024)
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que el disfrute de la prestación no debe condicionarse al retiro del servicio «dado
que es precisamente su condición de pensionados la que les permite acceder a los
beneficios consagrados en normas anteriores como el contemplado por el artículo 5 del
Decreto 224 según el cual ‘el ejercicio de la docencia no sería incompatible con el goce
de la pensión de jubilación’»22.

34. Así, la prerrogativa de que gozan los docentes no solo tiene que ver con el
reconocimiento de la pensión gracia y la de jubilación pues cuando la Ley 100 de
1993 exceptuó a los maestros del Sistema Integral de Seguridad Social contenido
en esa norma [excepción que se mantuvo hasta la entrada en vigor de la Ley 812
de 2003] y que les permitió acudir al régimen contenido en la Ley 91 de 1989 precisó
que las prestaciones de los afiliados al Fomag, «serán compatibles con pensiones
o cualquier clase de remuneración» [se resalta].

35. Ahora bien, el artículo 6 de la Ley 60 de 1993, derogada por el artículo 113 de la
Ley 715 de 2001, determinó que «[e]l régimen prestacional aplicable a los actuales
docentes nacionales o nacionalizados que se incorporen a las plantas departamentales o
distritales sin solución de continuidad y las nuevas vinculaciones será el reconocido por la
Ley 91 de 1989, y las prestaciones en ellas reconocidas serán compatibles con
pensiones o cualquier otra clase de remuneraciones».

36. En este punto resulta necesario precisar que el artículo 15, numeral 3, literal b),
de la aludida Ley 91 dispuso que i) a los docentes vinculados hasta el 31 de
diciembre de 1989 mantendrían el régimen prestacional que habían gozado en cada
entidad territorial, de conformidad con las normas vigentes; y ii) aquellos que
ingresaron a partir del 1° de enero de 1990, nacionales y nacionalizados, tendrían
derecho a una pensión de jubilación bajo el régimen general y ordinario de
pensiones del sector público nacional, de acuerdo con los artículos 17 de la Ley 6ª
de 1945 y 27 del Decreto 3135 de 1968, este último derogado por el artículo 25 de
la Ley 33 de 1985.

37. Además, el artículo 6 de la Ley 60 de 199323, derogada por el artículo 113 de la

22 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 15 de marzo de 2018, radicado

05001-23-33-000-2014-00331-01(0509-16), M.P. Rafael Francisco Suárez Vargas.
23 «Por la cual se dictan normas orgánicas sobre la distribución de competencias de conformidad con

los artículos 151 y 288 de la Constitución Política y se distribuyen recursos según los artículos 356 y
357 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones.
[...]
Artículo 9. El situado fiscal, establecido en el artículo 356 de la Constitución Política, es el porcentaje
de los ingresos corrientes de la Nación que será cedido a los departamentos, el Distrito Capital y los
distritos especiales de Cartagena y Santa Marta, para la atención de los servicios públicos de
educación y salud de la población y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 49, 67 y 365 de
la Constitución Política. El Situado fiscal será administrado bajo responsabilidad de los
departamentos y distritos de conformidad con la Constitución Política».

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Radicado: 13001-23-33-000-2019-00279-01 (0535-2024)
Demandante: Zaray del Socorro Arrieta Casas

Ley 715 de 2001, dispuso la incorporación del personal docente de los órdenes
departamental, distrital y municipal al Fomag, así como la conservación del régimen
prestacional anterior, mientras que a las nuevas vinculaciones se les aplicaría la Ley
91 de 1989. En consecuencia, las prestaciones sociales causadas antes de la
afiliación al señalado fondo y sus reajustes, reliquidaciones y sustituciones serían
cubiertas por la respectiva entidad territorial o el ente de previsión social a la cual
se hubieren realizado los aportes; a diferencia de las que se hicieran exigibles con
posterioridad, que estarán a cargo del indicado fondo. Sobre el particular, el Consejo
de Estado24 precisó que «los docentes nacionales y nacionalizados que se incorporen a
las plantas departamentales y distritales de educación en las condiciones señaladas en la
Ley 60 de 1993 quedan sometidos en cuanto a la pensión de jubilación – ordinaria o
derecho prevista en la Ley 91 de 1989, la cual es de régimen ‘ordinario’, como ya se dijo.
Y los docentes territoriales en cuanto a la citada pensión tenían que estar sometidos
a la ley pensional ‘ordinaria’ pertinente (salvo situaciones especiales que se deben
demostrar) debido a que las autoridades locales no tenían facultad constitucional para
regular esa materia; por eso algunas disposiciones dictadas en materia pensional para los
empleados territoriales por autoridades locales resultan contrarias al régimen constitucional;
claro está que las situaciones definidas y consolidadas en aplicación de un régimen local
gozan de protección conforme al Art. 146-1 de la Ley 100/93».

38. Ahora bien, la Ley 344 de 1996 sí mantuvo la vigencia de la aludida
compatibilidad pues aun cuando ordenó que la asignación pensional se pagara
después de haberse producido la terminación de los servicios, advirtió que esto se
daría «[s]in perjuicio de lo estipulado en las Leyes 91 de 1989, 60 de 1993 y 115 de 1994»
que, como se dijo, permiten la compatibilidad entre el salario y la pensión; y de
acuerdo con la Real Academia Española, la expresión sin perjuicio de significa
«dejando a salvo»25.

39. En tal medida, la demandante tiene derecho a que se reconozca el derecho
pensional con efectividad desde el momento en que adquirió el estatus jurídico, sin
condicionarlo a su retiro del servicio por no ser incompatible con el ejercicio de la
docencia.

40. En esas condiciones, se impone modificar el ordinal segundo de la sentencia
objetada, toda vez que el reconocimiento será a partir de la configuración del
estatus.

24 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 23 de febrero de 2006,
radicado 19001-23-31-000-2002-00594-01(5198-04), M.P. Tarsicio Cáceres Toro.
25 https://dle.rae.es/perjuicio#31keUjC

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Demandante: Zaray del Socorro Arrieta Casas

2.4. Costas

41. La norma que prevé la condena en costas en la jurisdicción de lo contencioso-
administrativo es el artículo 188 del CPACA que dispuso:

«Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés
público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución
se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil.

En todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca
que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal».

42. Para la Sala, la palabra «disponer» a la que hace referencia la norma enunciada,
no presupone la causación de costas per se contra la parte que pierda el litigio y
solo, en caso de que haya lugar a su imposición, se acudirá a las normas generales
del procedimiento para su liquidación y ejecución.

43. Por ello, a diferencia de lo que acontece en otras jurisdicciones, corresponde al
juez de lo contencioso-administrativo elaborar un juicio de ponderación subjetiva
respecto de la conducta procesal asumida por las partes, previa imposición de la
medida, que limitan el arbitrio judicial o discrecionalidad, para dar paso a una
aplicación razonable de la norma26.

44. Esa ponderación se realiza teniendo en cuenta si existieron acciones temerarias,
dilatorias que obstruyan o dificulten el curso normal de las diferentes etapas del
procedimiento y de verificar que en el expediente aparezca probado si se causaron
dichas costas.

45. En el caso concreto, como no se evidenció que la parte vencida actuase con
temeridad o mala fe, ni se advirtió conducta o circunstancia irregular en el transcurso
del trámite procesal, la Sala se abstendrá de condenar en costas a la parte
demandada.

3. Conclusión

46. Con fundamento en lo expuesto, la Sala concluye que Zaray del Rosario Socorro
Arrieta Casas tiene derecho a que se le reconozca el derecho pensional con
efectividad desde el momento en que adquirió el estatus jurídico, sin condicionarlo
a su retiro del servicio por no ser incompatible con el ejercicio de la docencia. En
consecuencia, se modificará el ordinal segundo de la sentencia proferida el 30 de

26En el mismo sentido - Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Segunda, sentencia de 1 de diciembre de 2016, C.P. Carmelo Perdomo Cuéter., radicación 70001-
23-33-000-2013-00065-01 (1908-2014).

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mayo de 2023 por el Tribunal Administrativo de Bolívar en ese sentido.

47. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

F A L L A:

Primero. Modificar el ordinal segundo de la sentencia proferida el 30 de mayo de
2023 por el Tribunal Administrativo de Bolívar, mediante el cual fue condenada la
Nación, Ministerio de Educación, Fondo Nacional de Prestaciones del Magisterio
(Fomag) al reconocimiento y pago de la pensión de jubilación de Zaray del Socorro
Arrieta Casas en los términos previstos en las leyes 33 y 62 de 1985, y en su lugar
se dispone:

«SEGUNDO: Condenar a la Nación, Ministerio de Educación, Fondo Nacional de
Prestaciones del Magisterio, a reconocer y pagar pensión de jubilación a la señora Zaray
del Socorro Arrieta Casas de acuerdo a lo señalado por las leyes 33 y 62 de 1985.

Para el cálculo del monto pensional, la tasa de reemplazo corresponderá al 75% y el IBL
al promedio de lo devengado en el último año de servicios anterior a la adquisición del
estatus pensional [23 de agosto de 2015], dineros que serán actualizados anualmente
con base en la variación del índice de precio al consumidor, según certificación que
expida el DANE, la cual se hará efectiva a partir del 23 de agosto de 2015, sin exigir el
retiro del servicio».

Segundo. Dar cumplimiento a lo dispuesto en este fallo dentro del plazo indicado
en el artículo 192 del CPACA.

Tercero. Sin condena en costas en esta instancia.

Cuarto. Efectuar las anotaciones correspondientes en la plataforma Samai del
Consejo de Estado.

Quinto. Notificar esta decisión en los términos del artículo 205 del CPACA.

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.

JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
Con aclaración de voto Cfr. Rad. Av. 05001-
23-33-000-2020-00472-01 (1251-2024)

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Demandante: Zaray del Socorro Arrieta Casas

JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo
de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
VMTL

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