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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 13001-23-33-000-2019-00443-01

Fecha
23 de abril de 2026
Consejero ponente
Juan Enrique Bedoya Escobar

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 13001-23-33-000-2019-00443-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA: Primero. Modificar el ordinal primero de la sentencia proferida el 29 de septiembre de 2023 por la Sala de Decisión 4 del Tribunal Administrativo de Bolívar, el cual quedará así: «PRIMERO: DECLARAR la nulidad parcial del acto ficto configurado el 29 de diciembre de 2018, frente a la solicitud de reconocimiento de las cesantías anualizadas causadas en los años 1993 a 1996, realizada por la demandante el 29 de septiembre de 2018, a la Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio.» Segundo. Modificar el ordinal segundo de la sentencia proferida el 29 de septiembre de 2023 por la Sala de Decisión 4 del Tribunal Administrativo de Bolívar, el cual quedará así: «SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior, y a título de restablecimiento del derecho, ORDÉNESE a la parte demandada, Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG), que la liquidación anual de las cesantías causadas durante el periodo comprendido entre los años 1993 a 1996 sean reportadas a favor de Judith Mercado Solano. Asimismo, deberá dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley 91 de 1989, esto es, liquidar el interés anual equivalente a la tasa «comercial promedio de captación del sistema financiero durante el mismo período» sobre el saldo de las cesantías existentes al 31 de diciembre de cada año liquidadas anualmente y sin retroactividad». Tercero. Revocar el ordinal tercero de la sentencia proferida el 29 de septiembre de 2023 por la Sala de Decisión 4 del Tribunal Administrativo de Bolívar, que declaró la prescripción. Cuarto. Confirmar en lo demás la sentencia proferida el 29 de septiembre de 2023 por la Sala de Decisión 4 del Tribunal Administrativo de Bolívar. Quinto. No condenar en costas en esta instancia Sexto. Efectuar las anotaciones correspondientes en la plataforma Samai del 20 Radicado: 13001-23-33-000-2019-00443-01 (3722-2024) Demandante: Judith Mercado Solano Consejo de Estado Séptimo. Notificar esta decisión en los términos del artículo 205 del CPACA. La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha. […]

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 13001-23-33-000-2019-00443-01

Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar

23 de abril de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO - ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B

CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR

Bogotá, D. C., veintitrés (23) de abril de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 13001-23-33-000-2019-00443-01 (3722-2024)
Demandante: Judith Mercado Solano
Demandado: Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio1 y el municipio de Pinillos

Temas: Sanción moratoria por retardo en la consignación de cesantías
docentes oficiales

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
__________________________________________________________________

Asunto

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra
la sentencia proferida el 29 de septiembre de 2023 por la Sala de Decisión 4 del
Tribunal Administrativo de Bolívar, mediante la cual se accedió parcialmente a las
pretensiones de la demanda.

1. Antecedentes
1.1. La demanda

1.1.1. Las pretensiones

1. Judith Mercado Solano presentó demanda en ejercicio del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo2, en orden a que
se declarara la nulidad del oficio del 11 de diciembre de 2018 y del acto ficto
configurado frente a la petición del 29 de diciembre de 2018, a través de los cuales
el municipio de Pinillos y el Fomag, respectivamente, negaron el reconocimiento y

1 En adelante Fomag.
2 En adelante CPACA.

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 13001-23-33-000-2019-00443-01 (3722-2024)
Demandante: Judith Mercado Solano

pago de las cesantías anualizadas causadas entre los años 1993 y 1996 y la sanción
moratoria derivada del incumplimiento de la consignación anualizada de esta
prestación.

2. Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho
solicitó: i) el reconocimiento y pago de las cesantías anualizadas causadas entre los
años 1993 y 1996; ii) el reconocimiento y pago de la sanción moratoria prevista en
la Ley 344 de 1996, reglamentada por el Decreto 1582 de 1998, por la omisión en
la consignación del auxilio de las cesantías anualizadas correspondientes a los años
1993 a 1996; iii) el pago de los intereses moratorios a partir de la ejecutoria de la
sentencia; iv) el cumplimiento de la sentencia en los términos del artículo 192 del
CPACA; y v) la condena en costas a la entidad demandada.

1.1.2. Fundamentos fácticos

3. Como hechos relevantes se señalaron los siguientes:

3.1. Judith Mercado Solano se vinculó como docente en el municipio de Pinillos
desde el año 1993, vinculación que se encontraba vigente en la fecha de
presentación de la demanda.

3.2. El municipio de Pinillos no consignó las cesantías causadas entre los años 1993
a 1996, «es decir a más tardar el 14 de febrero del año siguiente de su causación».

3.3. El 7 de noviembre de 2018 solicitó al municipio de Pinillos el reconocimiento y
pago de las cesantías no consignadas entre los años 1993 a 1996, lo cual fue
negado a través del oficio del 11 de diciembre de 2018.

3.4. El 29 de septiembre de 2018 pidió al Fomag el reconocimiento y pago de las
cesantías «no consignadas causadas» entre los años 1993 a 1996 «derivado del
incumplimiento de la consignación anualizada de las cesantías, en el respectivo fondo».
Petición frente a la cual, el 29 de diciembre de 2019 se configuró el silencio
administrativo negativo.

1.1.3. Normas violadas y concepto de violación

4. Como tales, se señalaron los artículos 13, 25, 83 y 58 de la Constitución Política;
13 y 15 de la Ley 344 de 1946; 1 y 2 del Decreto 1582 de 1998 y 1 y 2 del Decreto
1252 de 2000. Asimismo, la Ley 91 de 1989 y el Decreto 3118 de 1968.

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Radicado: 13001-23-33-000-2019-00443-01 (3722-2024)
Demandante: Judith Mercado Solano

5. En cuanto al concepto de violación expuso los siguientes argumentos 3:

5.1. De conformidad con el artículo 2 de la Ley 244 de 1995 [modificado por la Ley
1071 de 2006], son destinatarios de la sanción moratoria por la consignación tardía
de las cesantías, todos los servidores públicos del Estado, con la salvedad
establecida en el artículo 5 respecto de los afiliados al Fondo Nacional del Ahorro.
Así las cosas, «los docentes tienen derecho a que se les reconozca la sanción moratoria
consagrada en la ley, teniendo en cuenta que las cesantías son una prestación social,
originada en una vinculación laboral, que beneficia tanto a los trabajadores del sector
público como privado y su reconocimiento y pago, bajo el estricto cumplimiento de las
disposiciones legales, se convierte en un asunto que adquiere relevancia constitucional y
en consecuencia, exige al encargado establecer su viabilidad en cada caso concreto, la
observancia de los principios constitucionales aplicables en materia laboral».

5.2. Según lo dispuesto en el artículo 56 de la Ley 962 de 2005, la Ley 91 de 1989 y
el Decreto 2831 de 2005, correspondía al Fomag reconocer y pagar las prestaciones
sociales a los educadores, mediante la aprobación del proyecto de resolución
elaborado por el secretario de educación de la entidad territorial certificada a la que
se encuentren vinculados los docentes.

5.3. En línea con las consideraciones expuestas por la Corte Constitucional en la
sentencia SU-336 de 2017, «aunque los docentes oficiales no hacen parte de la categoría
de servidores públicos, su situación, características y funciones se asemejan a la de estos
últimos y, por lo tanto, les es aplicable el régimen general en lo no regulado en el régimen
especial de la Ley 91 de 1989. Asimismo, afirmaron que la intención del legislador fue fijar
su ámbito de aplicación a todos los funcionarios públicos y servidores estatales, es decir,
involucra a todo el aparato del Estado, no solo al nivel nacional sino también territorial».
Por lo que, aplicar a estos educadores el «régimen de los servidores públicos […] en
materia de sanción moratoria» materializa los principios constitucionales.

1.2. Contestación de la demanda

6. 1.2.1. El municipio de Pinillos no se pronunció en esta etapa procesal4.

7. 1.2.2.La nación, Ministerio de Educación Nacional, Fomag se opuso a la
prosperidad de las pretensiones de la demanda, porque, de conformidad con la
jurisprudencia del Consejo de Estado, los docentes oficiales no son beneficiarios de
la sanción moratoria prevista en la Ley 344 de 1996, toda vez que no les son

3 Samai, índice 2, 4_230012333000201800215011EXPEDIENTEDIGI20230425153836, 01
expediente_230012333000201800215.pdf, folios 3 al 8.
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Demandante: Judith Mercado Solano

aplicables las disposiciones contenidas en los artículos 99, 102 y 104 de la Ley 50
de 1990.

7.1. Propuso
las excepciones de i) caducidad; ii) la legalidad de los actos
demandados y iii) la improcedencia de la condena en costas.

1.3. La sentencia apelada

8. ElTribunal Administrativo de Bolívar mediante sentencia proferida el 29 de
septiembre de 2023, resolvió: i) declarar la nulidad del acto ficto «configurado el 29
de diciembre de 2018, frente a la solicitud de reconocimiento y pago de cesantías
anualizadas causadas en los años 1993 a 1996, y de la correspondiente sanción moratoria,
realizada por la demandante el 29 de septiembre de 2018»; ii) ordenar al Fomag el
reconocimiento y pago a la demandante de «las cesantías anualizadas dejadas de
consignar durante los años 1993 – 1996, debidamente indexadas»; y iii) declarar que
operó «el fenómeno de la prescripción extintiva de derechos sobre la sanción moratoria de
las cesantías anualizadas de los años 1993 – 1996».

9. Para tal efecto se pronunció en los siguientes términos:

9.1. Enrelación con el «reconocimiento y pago de las cesantías anualizadas, no
consignadas por el empleador durante los años 1993 – 1996» señaló que en la
Resolución 1683 del 5 de junio de 2015, mediante la cual le fueron reconocidas
unas cesantías parciales, no aparecía reflejada la liquidación de las cesantías
correspondientes a los años 1993, 1994, 1995 y 1996. Por lo que, en consideración
a que se trataba de una prestación imprescriptible, tenía derecho a que el empleador
le «reconozca y pague las causadas durante los años 1993 a 1996, debidamente
indexadas».

9.2. Asimismo, le corresponde al Fomag efectuar el referido reconocimiento y pago,
porque, «si bien fue nombrada por un ente territorial municipal, está demostrado que se
encuentra afiliada a este fondo desde el año 1993, siendo este a quien le corresponde el
pago de las cesantías de la demandante y no a la entidad municipal, Municipio de Pinillos».

9.3. Si bien en la jurisprudencia del Consejo de Estado se han plasmado diferentes
posturas frente al reconocimiento de la sanción moratoria, «recientemente el
Honorable Consejo de Estado ha proferido jurisprudencias5 en las cuales accede al
reconocimiento de la referida penalidad, prevista en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990, en
virtud del principio de favorabilidad, debido a que en el régimen especial que cobija a los

5 Ver sentencia: CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN PRIMERA, 28

DE JUNIO DE 2019, Radicado: 11001-03-15-000-2018-04679-01.

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Radicado: 13001-23-33-000-2019-00443-01 (3722-2024)
Demandante: Judith Mercado Solano

docentes, existe un vacío legal en la regulación de la sanción moratoria derivada del no
pago oportuno de la cesantías anualizadas, motivo por el cual, es válido acudir al régimen
general, el cual si contempla dicha sanción». Así las cosas, a la demandante «sí le es
aplicable la sanción moratoria de que trata el numeral 3 del artículo 99 de la Ley 50 de 1990.
Lo anterior, sin perjuicio de que en el presente caso pueda operar el fenómeno de la
prescripción respecto a la referida penalidad».

9.4. Aunque la demandante tenía derecho al pago de la sanción moratoria
pretendida, se encontró que la reclamación de esta se efectuó con posterioridad al
término prescriptivo de 3 años, por lo que se configuró el referido fenómeno
extintivo.

9.5. Finalmente, no condenó en costas «pues las pretensiones formuladas por la parte
demandante fueron parcialmente favorables a ella».

1.4. El recurso de apelación

10. La nación, Ministerio de Educación Nacional, Fomag solicitó que se revocara la
sentencia de primera instancia, toda vez que no se acreditó que la entidad
efectivamente hubiese recibido la reclamación frente a la cual se pretende la
configuración del silencio administrativo negativo, porque «el documento aportado no
tiene sello de recibido de las entidades que represento, únicamente aportan el documento
con una fecha manuscrita a mano la cual no prueba la efectiva radicación del documento
tal».

11. Adicionalmente, es a la entidad territorial a través de la Secretaría de Educación
a quien le correspondía reportar los valores causados por cada educador y gestionar
«las inconsistencias respecto de las liquidaciones, por eso la importancia de condenar a la
entidad territorial».

12. De otra parte, el tribunal de instancia desconoció que la vinculación de la docente
se efectuó a partir del 31 de mayo de 1993, sin embargo, su afiliación al Fomag se
efectuó a partir del 6 de noviembre de 1997, por lo que resultaba evidente que «las
cesantías anualizadas solicitadas le corresponden a la entidad territorial, quien de sus
propios recursos debe poner a disposición los dineros».

1.6. Trámite en segunda instancia

13. Con el recurso de apelación la entidad demandada aportó como pruebas 2
documentos consistentes en: i) una captura de pantalla del recibido manuscrito en
la solicitud de reconocimiento de las cesantías ante el Fomag y ii) un certificado de

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Demandante: Judith Mercado Solano

afiliación del 8 de mayo de 2024 bajo número de generación
CAA20240508073434292399.

14. El magistrado ponente mediante providencia del 17 de febrero de 2025 negó la
anterior solicitud probatoria en segunda instancia, toda vez que no se ajustaba a
ninguna de las causales previstas en el artículo 212 del CPACA.

1.7. El Ministerio Público

14.1. El procurador delegado ante el Consejo de Estado no presentó concepto.

2. Consideraciones

2.1. Los problemas jurídicos

15. Los problemas jurídicos se contraen a establecer:

15.1. ¿Si en el presente asunto se acreditó que la demandante hubiese presentado
ante el Fomag solicitud de reconocimiento y pago de las cesantías anualizadas,
causadas entre los años 1993 y 1996, y de la correspondiente sanción moratoria
por la consignación tardía, frente a la cual se pretende la configuración del silencio
administrativo negativo?

15.2. ¿Si la demandante tenía derecho a la sanción moratoria prevista en el artículo
99 de la Ley 50 de 1990 por la falta de consignación de las cesantías anualizadas
causadas entre los años 1993 y 1996?

15.3. ¿Si es a la Secretaría de Educación del municipio de Pinillos a la que le
corresponde el pago de las cesantías, toda vez que era la responsable de reportar
los valores causados por cada educador y gestionar « las inconsistencias respecto de
las liquidaciones, por eso la importancia de condenar a la entidad territorial»?

15.4. ¿Si para efectos de determinar la responsabilidad, el a quo no tuvo en cuenta
la fecha de afiliación de la demandante al Fomag?

2.2. Marco normativo y jurisprudencial

2.2.1. Régimen de liquidación de cesantías de los docentes

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Demandante: Judith Mercado Solano

16. LaLey 91 de 1989 creó el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio como una cuenta especial de la nación con el fin de atender « las
prestaciones sociales de los docentes nacionales y nacionalizados que se encuentren
vinculados a la fecha de la promulgación de la presente Ley, siempre con observancia del
artículo 2, y de los que se vinculen con posterioridad a ella», y estableció la liquidación
anual de las cesantías de sus afiliados, con algunas circunstancias excepcionales
en el momento de su promulgación, así:

«Artículo 2. ° […]

Parágrafo - Las prestaciones sociales del personal nacional, causadas hasta la fecha de
promulgación de la presente Ley, se reconocerán y pagarán de conformidad con las
normas prestacionales del orden nacional, aplicables a dicho personal.

Las prestaciones sociales del personal nacionalizado, causadas hasta la fecha de
promulgación de la presente Ley, se seguirán reconociendo y pagando de conformidad
con las normas que regían en cada entidad territorial en el momento de entrar en vigencia
la Ley 43 de 1975.

[…]

Artículo 15. ° A partir de la vigencia de la presente Ley el personal docente nacional y
nacionalizado y el que se vincule con posterioridad al 1 de enero de 1990 será regido
por las siguientes disposiciones:

1.- Los docentes nacionalizados que figuren vinculados hasta el 31 de diciembre de
1989, para efectos de las prestaciones económicas y sociales, mantendrán el régimen
prestacional que han venido gozando en cada entidad territorial de conformidad con las
normas vigentes.

Los docentes nacionales y los que se vinculen a partir del 1 de enero de 1990, para
efectos de las prestaciones económicas y sociales se regirán por las normas vigentes
aplicables a los empleados públicos del orden nacional, Decretos 3135 de 1968, 1848
de 1969 y 1045 de 1978, o que se expidan en el futuro, con las excepciones consagradas
en esta Ley.

[…]

3.- Cesantías:

A. Para los docentes nacionalizados vinculados hasta el 31 de diciembre de 1989, el
Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio pagará un auxilio equivalente a
un mes de salario por cada año de servicio o proporcionalmente por fracción de año
laborado, sobre el último salario devengado, si no ha sido modificado en los últimos tres
meses, o en caso contrario sobre el salario promedio del último año.

B. Para los docentes que se vinculen a partir del 1 de enero de 1990 y para los
docentes nacionales vinculados con anterioridad a dicha fecha, pero sólo con respecto
a las cesantías generadas a partir del 1 de enero de 1990, el Fondo Nacional de

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Demandante: Judith Mercado Solano

Prestaciones Sociales del Magisterio reconocerá y pagará un interés anual sobre saldo
de estas cesantías existentes al 31 de diciembre de cada año, liquidadas anualmente
y sin retroactividad, equivalente a la suma que resulte aplicar la tasa de interés, que
de acuerdo con certificación de la Superintendencia Bancaria, haya sido la comercial
promedio de captación del sistema financiero durante el mismo período. Las cesantías
del personal nacional docente, acumulados hasta el 31 de diciembre de 1989, que pasan
al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, continuarán sometidas a las
normas generales vigentes para los empleados públicos del orden nacional». [Se resalta]

17. De acuerdo con las disposiciones transcritas, se establece una distinción entre
los docentes nacionalizados vinculados hasta el 31 de diciembre de 1989, para
quienes el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio pagará un
auxilio equivalente a un mes de salario por cada año de servicio o
proporcionalmente por fracción de año laborado, sobre el último salario devengado,
es decir, con aplicación del régimen retroactivo de cesantías y los docentes que se
vinculen a partir del 1° de enero de 1990 y los nacionales vinculados desde antes,
solo en lo atinente a las cesantías que se causen desde el 1° de enero 1990, a
quienes el Fondo les pagará un interés anual sobre saldo de estas cesantías
existentes al 31 de diciembre de cada año, liquidadas anualmente y sin
retroactividad; en otras palabras, las cesantías se reconocerán con el régimen
anualizado.

18. En relación con las citadas normas en sentencia del 30 de noviembre de 2017 la
Subsección A de la Sección Segunda de esta Corporación concluyó que « i) los
docentes nacionalizados vinculados hasta el 31 de diciembre de 1989 mantendrían el
régimen prestacional previsto en la normativa vigente de la entidad territorial, es decir, el
sistema de retroactividad y ii) a los docentes nacionales y a los vinculados a partir del 1 de
enero de 1990 «lo que según la definición contenida en los artículos 1 y 2, corresponde a
los nacionales o territoriales que por cualquier causa se lleguen a vincular en tal calidad,
sin hacer distinción entre nacionales y territoriales», se les aplicarán las disposiciones
vigentes para los empleados públicos del orden nacional, es decir, un sistema anualizado
de cesantías, sin retroactividad y sujeto al reconocimiento de intereses»6.

19. Asimismo, la jurisprudencia de esta Corporación7, al decidir casos similares ha
establecido que los docentes que ingresaron al sector oficial con posterioridad al 1°
de enero de 1990, independientemente de ser designados por el alcalde o
gobernador de un ente territorial u ostentar la calidad de financiados con recursos

6 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, M.P. William Hernández Gómez, sentencia

del 30 de noviembre de 2017, proceso con radicado 70001-23-33-000-2014-00290-01 (4992-15)
7 Subsección A: Sentencias del 12 de abril de 2018, Rad. 2014-00104; del 26 de julio de 2018, Rad.

2015-02674-01; del 29 de octubre de 2018, Rad. 2015-00447-01; Subsección B: Sentencia del 13
de agosto de 2018 Rad.2014-00683-01 y 2014-00621-01; del 16 de agosto de 2018, Rad. 2015-
00048-01; del 22 de octubre de 2018, Rad. 2015-00186-01 y 2016-00629-01; del 7 febrero de 2019,
Rad. 2016-00298- 01; del 14 de febrero de 2019, Rad. 2015-04922-01;

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Radicado: 13001-23-33-000-2019-00443-01 (3722-2024)
Demandante: Judith Mercado Solano

propios, se rigen por las disposiciones vigentes para los empleados públicos del
orden nacional que en materia de cesantías prevén la liquidación bajo el sistema
anualizado. En ese sentido, la sentencia del 31 de enero de 2019 8, sostuvo lo
siguiente:

«[…] la citada Ley 91 de 1989, dispuso que aquellos docentes vinculados con
anterioridad a 31 de diciembre de 1989, conservarían el régimen prestacional que
gozaban en la entidad territorial a la cual se encontraban adscritos, esto es, la Ley 6 de
1945 y demás normas concordantes y quienes se incorporaron a partir del 1 de enero
de 1990, sin lugar a distinción entre docentes nacionales y nacionalizados, quienes
estarían regulados por las normas de los empleados públicos del orden nacional, cuyo
sistema de liquidación reviste las siguientes características:

i) Liquidación: El 31 de diciembre de cada año se hará la liquidación, equivalente a un
mes de salario por cada año de servicio o proporcionalmente por fracción de año
laborado, sobre el último salario devengado, si no ha sido modificado en los últimos tres
meses, o en caso contrario sobre el salario promedio del último año;

ii) Intereses: Anual sobre el valor acumulado de la cesantía al 31 de diciembre de cada
año, más la tasa de interés que de acuerdo con la certificación de la Superintendencia
Financiera, haya sido el comercial promedio efectiva de captación del sistema financiero
durante el mismo período.

Ahora bien, considera la Sala pertinente señalar que el Consejo de Estado al
pronunciarse respecto de sí los docentes oficiales son destinatarios de la prima de
servicios contemplada en el Decreto 1042 de 1978 mediante la Sentencia de Unificación
CE-SUJ2 proferida el 14 de abril de 20164, sostuvo que la finalidad del legislador al
expedir la Ley 91 de 1989 fue la de unificar el régimen prestacional de los docentes a
partir del 1º de enero de 1990, sin desconocer las normas prestacionales que regulaban
a aquellos vinculados hasta el 31 de diciembre de 1989, quienes mantendrían el sistema
que regulaba a los servidores de orden territorial, a diferencia de los educadores que
ingresaren a partir de dicha fecha sin hacer distinción entre nacionales o
territoriales, los cuales se regularían por las normas de los empleados públicos del
orden nacional […]» [Se resalta]

20. Así las cosas, la Ley 91 de 1989 además de crear el Fomag para centralizar la
administración de los recursos destinados al pago sus prestaciones sociales, unificó
el régimen laboral de los docentes oficiales, equiparándolo desde el punto de vista
prestacional al de los empleados públicos del orden nacional, sin desconocer los
derechos adquiridos de aquellos maestros que se hubiesen vinculado con
anterioridad al 31 de diciembre de 1989.

2.2.2. Sanción moratoria de la Ley 50 de 1990 para los docentes vinculados
con posterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 344 de 1996

8 Sentencia del 31 de enero de 2019, Radicación 2015-00025-01, MP Sandra Lisset Ibarra Vélez

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Radicado: 13001-23-33-000-2019-00443-01 (3722-2024)
Demandante: Judith Mercado Solano

21. Respecto de la aplicación de la sanción moratoria prevista en el numeral 3 del
artículo 99 de la Ley 50 de 1990 esta Corporación en sentencia de unificación9
dispuso que:

«Los docentes estatales afiliados al FOMAG no tienen derecho a la sanción moratoria
prevista en el numeral 3 del artículo 99 de la Ley 50 de 1990, comoquiera que es
incompatible con el sistema de administración de cesantías regulado por la Ley 91
de 1989. Sin embargo, al personal docente en servicio activo que no esté afiliado al
FOMAG le será aplicable la Ley 50 de 1990 y, por ende, la sanción moratoria del artículo
99, como un mínimo de protección social en favor del docente estatal.

159. En definitiva, la afiliación del docente oficial será el factor determinante para
establecer si hay lugar o no a la aplicación del artículo 99 de la Ley 50 de 1990,
comoquiera que a los no afiliados se les debe garantizar una mínima derivada del
sistema general de liquidación anualizada de la prestación económica.

160. Con todo, es conveniente aclarar que es cierto que algunos de los integrantes de la
Sección Segunda, Subsecciones A y B, a partir del 2019, suscribieron providencias en
las que se adoptaron tesis distintas sustentadas en el precedente contenido en la
sentencia SU-098 de 2018 de la Corte Constitucional, en relación con el derecho de los
docentes afiliados al FOMAG a ser beneficiarios de la sanción moratoria regulada por el
artículo 99 de la Ley 50 de 1990 por el retardo en la consignación del auxilio de cesantías,
tal y como se expuso en el auto del 24 de agosto de 2023, por el cual la Sección avocó
conocimiento del asunto.

161. Sin embargo, el nuevo pronunciamiento de la Corte emitido en la sentencia SU-573
de 2019 y la revisión de los supuestos jurídicos relevantes en la materia llevan a la Sala
a unificar su criterio en la presente sentencia y a acoger la regla de interpretación aquí
definida». [Se resalta]

22. Por tanto, es claro que las leyes 50 de 1990 y 344 de 1996, así como sus decretos
reglamentarios no extendieron la sanción moratoria causada por falta de la
consignación del auxilio de las cesantías a aquellos docentes afiliados al Fomag,
pues lo cierto es que los recursos son administrados bajo el principio de unidad de
caja y están disponibles para el pago según un procedimiento especial, lo que hace
que la sanción moratoria prevista en el numeral 3 del artículo 99 de la Ley 50 de
1990, sea incompatible con el sistema de administración de cesantías regulado por
la Ley 91 de 1989; situación que no sucede para aquellos docentes en servicio
activo que no se encuentren afiliados a dicho fondo.

9 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 11 de octubre de 2023, radicado 66001-33-

33-001-2022-00016-01 (5746-2022), M.P. Juan Enrique Bedoya Escobar.

10

Radicado: 13001-23-33-000-2019-00443-01 (3722-2024)
Demandante: Judith Mercado Solano

23. La regla señalada en dicha decisión constituye un precedente vinculante y
obligatorio10 en la resolución de «todos los casos pendientes de solución tanto en vía
administrativa como judicial, a través de acciones ordinarias, en los términos de los artículos
10 y 102 del CPACA, con la salvedad de aquellos en los que haya operado la cosa juzgada,
los cuales, en función del principio de seguridad jurídica, son inmodificables» tal y como
se dispuso en la decisión.

2.4. Caso concreto

24. En el expediente se encuentra demostrado lo siguiente:

24.1. Mediante el Decreto 054 del 15 de abril de 1993, el alcalde del municipio de
Pinillos [Bolívar] nombró a Judith Mercado Solano como docente en la especialidad
enseñanza primaria para el corregimiento de Armenia-Pinillos. Empleo en el que se
posesión el 31 de mayo de esa anualidad.

24.2. Através de la Resolución 1683 del 5 de junio de 2015, el secretario de
educación del departamento de Bolívar le reconoció y ordenó el pago de «una
cesantía parcial para reparación».

24.2.1. Para efectos de la liquidación de esta prestación, en el acto administrativo se
señaló como periodo de liquidación el correspondiente a «20 años, 6 meses y 31»,
con «fecha de inicio: 31/05/1993 y fecha final: 31/12/2013». Asimismo, se reportaron los
valores de los años 1997 a 2014.

24.3. El 29 de septiembre de 2018 solicitó ante el Fomag el reconocimiento y pago
de las cesantías anualizadas causadas entre los años 1993 y 1996 y de la sanción
moratoria «establecida en la Ley 1071 de 2006 modificatoria de la Ley 244 de 1995». Esta
reclamación no fue resuelta por la entidad.

10 La Corte Constitucional en sentencia C-816 de 2011 en la que estudió la constitucionalidad del

artículo 102 de la Ley 1437 de 2011, sobre la fuerza vinculante de la jurisprudencia del Consejo de
Estado, precisó: «(…) sólo a la jurisprudencia de las altas corporaciones judiciales, en cuanto
órganos de cierre de las jurisdicciones - constitucional, ordinaria, contenciosa administrativa y
jurisdiccional disciplinaria-, se le asigna fuerza vinculante; y en virtud de ella, las autoridades
judiciales deben acudir al precedente jurisprudencial para la solución de casos fáctica y jurídicamente
iguales. Pero dicha limitación de la potestad interpretativa de jueces y magistrados no conduce a la
negación completa del margen de autonomía e independencia que la Constitución les reconoce en
el ejercicio de su función judicial. Por eso, como lo ha precisado la jurisprudencia de la Corte
Constitucional, las autoridades judiciales cuentan con la facultad de abstenerse de aplicar el
precedente judicial emanado de las cortes jurisdiccionales de cierre, previo cumplimiento de
determinadas condiciones (…)».

11

Radicado: 13001-23-33-000-2019-00443-01 (3722-2024)
Demandante: Judith Mercado Solano

24.4. Mediante oficio del 11 de diciembre de 2018, la secretaria de talento humano
de la Alcaldía del municipio de Pinillos negó el pago y reconocimiento de «unas
prestaciones sociales definitivas, tales como cesantías y auxilio de cesantías, con sus
respectivos intereses moratorios; sobre el tiempo laborado como docente durante los años
1993 a 1996», puesto que estas se encontraban prescritas.

24.5. Según el formato único para la expedición de certificado de historia laboral con
consecutivo 22635991 expedido por la Secretaría de Educación del departamento
de Bolívar el 5 de mayo de 2022, la demandante fue afiliada al Fomag entre el 31
de mayo de 1993 y el 17 de febrero de 2019.

2.5. Análisis sustancial

25. De las pruebas anteriormente relacionadas se establece que Judith Mercado
Solano es docente en propiedad del municipio de Pinillos desde el 31 de mayo de
1993 fecha en la que fue afiliada al Fomag, de conformidad con la certificación
expedida por el secretario de educación del departamento de Bolívar, por ende, es
beneficiaria del régimen anualizado de liquidación de cesantías previsto por la Ley
344 de 1996 y el Decreto 1582 de 1998.

26. En el presente asunto, el tribunal en sentencia del 29 de septiembre de 2023,
accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda al considerar que: i) la
demandante tenía derecho al reconocimiento y pago de las cesantías causadas
durante el periodo comprendido entre los años 1993 a 1996, las cuales no se veían
reflejadas en el acto con el cual se efectuó una liquidación parcial de estas y ii) de
conformidad con la jurisprudencia del Consejo de Estado, la docente tenía derecho
al pago de la sanción moratoria de que trata el artículo 99.3 de la Ley 50 de 1990,
sin embargo, en el sub judice había operado el fenómeno jurídico de la prescripción.

27. El Fomag solicitó que se revocara la sentencia de primera instancia, porque no
se acreditó que la demandante hubiese radicado ante la entidad la petición frente a
la cual se invocó la configuración del silencio administrativo negativo.

28. Se advierte que en el expediente obra copia de la reclamación dirigida al Fomag
la cual, si bien no cuenta con el «sello de recibido», sí tiene escrito a mano el radicado
«Ext-Bol-18-030673. 29-sept-2018». Al respecto, se pone de presente que este
documento fue aportado con la demanda y puesto a disposición de la entidad de
conformidad con las normas procesales, sin que, frente a este se efectuara reparo
alguno.

29. En el sub judice además del acto administrativo ficto, también se pretendió la

12

Radicado: 13001-23-33-000-2019-00443-01 (3722-2024)
Demandante: Judith Mercado Solano

nulidad del acto expreso a través del cual el municipio de Pinillos le negó el
reconocimiento y pago de las cesantías y la correspondiente sanción moratoria.
Esto último resulta relevante para dar respuesta al planteamiento de la apelante,
porque, si bien el Fomag se encarga de realizar el pago de las prestaciones sociales
de sus afiliados11, a partir de la expedición la Ley 962 de 200512, estas serían
reconocidas «mediante la aprobación del proyecto de resolución por parte de quien
administre el Fondo, el cual debe ser elaborado por el Secretario de Educación de la Entidad
Territorial certificada correspondiente, a la que se encuentre vinculado el docente. El acto
administrativo de reconocimiento se hará mediante resolución que llevará la firma del
Secretario de Educación de la entidad territorial», trámite que fue reglamentado por los
artículos 2, 3, 4 y 5 del Decreto 2831 de 200513.

30. Por lo anterior, esta Subsección ha señalado que los actos a través de los cuales
se dispone el reconocimiento y la orden de pago de una prestación social a favor de
los afiliados del Fomag, son actos administrativos complejos, pues para su
formación intervienen varias voluntades jurídicas [secretaría de educación, o la
dependencia o entidad que haga sus veces, de la respectiva entidad territorial certificada a
cuya planta docente pertenezca o haya pertenecido el solicitante o causahabiente y la
sociedad fiduciaria encargada del manejo y administración de los recursos de tal fondo]14.

31. En tal sentido, se encuentra que: i) para la Sala el documento aportado con la
demanda es suficiente para acreditar la presentación de la reclamación ante el
Fomag, por cuanto, pese a que este fue puesto en conocimiento de la entidad
durante el trámite de admisión de la demanda, esta no planteó reparos tendientes
a desconocer su contenido; y ii) en gracia de discusión, la radicación de la solicitud
de reconocimiento ante la entidad territorial es suficiente para adelantar el control
de legalidad frente a la decisión de negar el derecho de la docente, puesto que,
como se explicó, se trata de una actuación compleja en la que la responsabilidad
es concurrente entre la entidad empleadora y la de previsión.

32. De otra parte, a través del recurso de apelación se cuestionó que se condenara
al Fomag a reconocer y pagar las cesantías causadas por la docente entre 1993 y
1996, toda vez que con esta se desconoció que era a la entidad territorial a través
de la Secretaría de Educación a la que le correspondía reportar los valores

11 De conformidad con la Ley 91 de 1989.
12
Por la cual se dictan disposiciones sobre racionalización de trámites y procedimientos
administrativos de los organismos y entidades del Estado y de los particulares que ejercen funciones
públicas o prestan servicios públicos».
13
«por el cual se reglamentan el inciso 2° del artículo 3° y el numeral 6 del artículo 7° de la Ley 91
de 1989, y el artículo 56 de la Ley 962 de 2005, y se dictan otras disposiciones».
14
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 12 de diciembre de 2023,
radicado 25000-23-42-000-2013-05975-01 (1384-2017), M.P. Juan Enrique Bedoya Escobar.

13

Radicado: 13001-23-33-000-2019-00443-01 (3722-2024)
Demandante: Judith Mercado Solano

causados por cada educador y gestionar « las inconsistencias respecto de las
liquidaciones, por eso la importancia de condenar a la entidad territorial» y que la afiliación
de la docente al Fomag solo se efectuó el 6 de noviembre de 1997.

33. Al respecto, se advierte que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 4 y
5 de la Ley 91 de 1989, el Fomag tiene la obligación de «atender» las «prestaciones
sociales de los docentes nacionales y nacionalizados que se encuentren vinculados a la
fecha de la promulgación de la presente Ley, siempre con observancia del artículo 2, y de
los que se vinculen con posterioridad a ella» [se resalta], asimismo, dentro de sus
objetivos se encuentra el de velar «para que la Nación cumpla en forma oportuna con
los aportes que le corresponden e igualmente transfiera los descuentos de los docentes» y
«para que todas las entidades deudoras del Fondo Nacional de Prestaciones del
Magisterio, cumplan oportunamente con el pago de sus obligaciones».

34. En ese sentido, teniendo en cuenta que según el certificado de historia laboral
con consecutivo 22635991 expedido por la Secretaría de Educación del
departamento de Bolívar el 5 de mayo de 2022, Judith Mercado Solano fue afiliada
al Fomag desde su vinculación como docente oficial el 31 de mayo de 1993, por lo
que, contrario a lo manifestado en el recurso de apelación, este fondo sí tenía la
obligación de pagar las cesantías de la demandante, porque, según lo dispuesto en
la referida Ley 91 tiene esa competencia frente a los docentes que se encuentren
afiliados y, además, el deber de verificar que la nación o la entidad territorial
empleadora cumpliera de forma oportuna con las obligaciones patronales que
garanticen el pago de las prestaciones de las que son acreedores los docentes,
como lo son las cesantías.

35. De otra parte, incluso en el caso de que la educadora hubiese sido afiliada al
Fomag en la fecha señalada en el recurso de apelación [1997], se recuerda que el
gobierno nacional, a través del Decreto 196 de 1996 reglamentó, entre otros
aspectos, el procedimiento y requisitos para la «afiliación o incorporación de docentes
departamentales, distritales, municipales», así:

«Artículo 9º.- Procedimiento para la afiliación o incorporación de docentes
departamentales, distritales y municipales. La afiliación o incorporación de los docentes
departamentales, distritales y municipales vinculados con recursos propios de las
entidades territoriales, se realizará previo el cumplimiento del siguiente procedimiento:

1. A solicitud de la respectiva entidad territorial, la Nación-Ministerio de Educación
Nacional - Ministerio de Hacienda y Crédito Público, realizarán conjuntamente con
aquella un estudio actuarial que permita determinar la deuda de la entidad
territorial con el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio por
concepto de las obligaciones que éste asume al momento de la afiliación o
Incorporación. Este estudio actuarial se efectuará teniendo en cuenta la retrospectiva

14

Radicado: 13001-23-33-000-2019-00443-01 (3722-2024)
Demandante: Judith Mercado Solano

futura de las prestaciones y los pagos parciales de cesantías realizadas a cada
docente.

2. Conjuntamente con la solicitud a que se refiere el numeral 1, inmediatamente anterior
y para los efectos de realizar el estudio actuarial, la entidad territorial remitirá al Ministerio
de Educación Nacional la información de cada uno de los docentes vinculados con
recursos propios, identificándolos por su nombre, documento de Identidad, fecha de
nacimiento, fecha de vinculación, grado en el escalafón, salario, prestaciones sociales
que devenga a cargo de la respectiva entidad territorial debidamente discriminadas y
soporte legal de las mismas, tiempo de trabajo en otras entidades y cesantías parciales
pagadas.

3. Una vez elaborado el estudio actuarial, se suscribirá entre la Nación-Ministerio de
Educación Nacional - Ministerio de Hacienda y Crédito Público y la respectiva
entidad territorial, un convenio interadministrativo que fije la deuda en favor del
Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y establezca su pago en
cuotas que no excedan el plazo de cuatro (4) años, con intereses a la tasa comercial
promedio de captación del sistema financiero durante el período de amortización, más
cuatro (4) puntos de intereses de mora por incumplimiento. Establecerá además
convenio de las garantías y demás condiciones de cancelación de la deuda.

[…]

4. En el convenio interadministrativo se estipulará expresamente la obligación
garantizada de la entidad territorial de girar al Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio, en los períodos establecidos en la ley en el presente Decreto,
las sumas necesarias para cancelar las prestaciones de los docentes con cargo los
recursos propios de la respectiva entidad territorial, de conformidad con el artículo 13 del
presente Decreto.

5. Una vez suscrito el convenio interadministrativo y para garantizar el pago de las
prestaciones sociales de sus docentes, la entidad territorial girará anticipadamente al
Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, por lo menos la quinta parte de
la deuda resultante del respectivo estudio actuarial.» [Se resalta]

36. Así las cosas, en aquellos casos en los que los docentes fueron incorporados al
fondo creado por la Ley 91 de 1989 con posterioridad a la fecha de vinculación con
el estado, se presume que se adelantó el trámite previsto en la norma antes
transcrita, por lo que, no le es dable a la entidad de previsión trasladarle a los
docentes las consecuencias desfavorables de su incumplimiento, sino que, deberá
verificar la observancia del convenio interadministrativo suscrito con el empleador
y, si es del caso, adelantar las gestiones administrativas o judiciales tendientes a su
cumplimiento.

37. De otra parte, tampoco le asiste razón a la recurrente en cuanto a que era a la
entidad territorial a través de la Secretaría de Educación a la que le correspondía
verificar «las inconsistencias respecto de las liquidaciones», porque si bien esta tiene el
deber de reportar los valores causados por cada educador, de conformidad con la

15

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Demandante: Judith Mercado Solano

Ley 91 de 1989 y el artículo 12 del Decreto 196 de 1996, entre otras disposiciones,
el Fomag también tenía el deber de llevar «registros por entidad territorial y
establecimiento público oficial» de los recursos que ingresaran a este, dentro de los
cuales se encontraban «[l]as sumas que deba recibir de las entidades territoriales o de
los establecimientos públicos oficiales, según sea el caso, por concepto de la deuda
resultante del estudio actuarial».

38. Ahora bien, en la sentencia de primera instancia, el Tribunal Administrativo de
Bolívar ordenó al Fomag el reconocimiento y pago de las cesantías anualizadas
«dejadas de consignar durante los años 1993 – 1996, debidamente indexadas»; sin
embargo, se encuentra que dicha orden es contraria al actual criterio
jurisprudencial15, según el cual, los recursos que recibe el fondo para pagar todas
las prestaciones económicas de las que son beneficiarios sus afiliados, dentro de
las que se encuentran las cesantías, se integran en un solo fondo, sin que para ese
efecto existan cuentas individuales por cada empleado, en ese sentido, esta
Corporación explicó16:

«91. Además de los recursos transferidos del sector central -SGP-, también forman parte
de las fuentes de financiación del FOMAG, con cargo a los recursos propios de los entes
territoriales, aquellos girados por concepto de deuda causados en virtud de convenios
suscritos antes del 2002 con el fondo, es decir, antes de la creación del SGP,
correspondientes al pasivo prestacional, los aportes periódicos, cuotas partes, cuotas
personales de inscripción salarial y de ascenso en el escalafón, entre otros.

92. Por ello, en el sistema de los docentes oficiales, los recursos del FOMAG que
provienen de la Nación, Ministerio de Educación con cargo al SGP para el sector
educativo17 son destinados bajo el principio de unidad de caja18 a cubrir todas las
prestaciones económicas que se hagan exigibles cada mes, entre ellas, las cesantías
parciales y definitivas del personal afiliado. Es decir, los giros que recibe para el pago de

15 Adoptado mediante la sentencia SUJ-032-CE-S2-2023 del 11 de octubre de 2023, proferida por la

Sección Segunda del Consejo de Estado.
16 Sentencia de unificación SUJ-032-CE-S2-2023 del 11 de octubre de 2023.
17 Valga decir que los recursos con destinación específica, como es el caso de los recursos del

Sistema General de Participaciones, por su destinación social constitucional, no harán unidad de
caja con los demás recursos del presupuesto y su administración deberá realizarse en cuentas
separadas de los recursos de la entidad y por sectores. (artículo 91 de la Ley 715 de 2001
reglamentado por el Decreto 1101 de 2007).
18 Principio del sistema presupuestal por el cual se debe atender el pago oportuno de las

apropiaciones autorizadas en el presupuesto general de la entidad territorial con el recaudo de todas
las rentas y los recursos de capital. El Decreto 111 de 1996 «[p]or el cual se compilan la Ley 38 de
1989, la Ley 179 de 1994 y la Ley 225 de 1995 que conforman el estatuto orgánico del presupuesto»,
señala en el artículo 16 que con el recaudo de todas las rentas y recursos de capital se atenderá el
pago oportuno de las apropiaciones autorizadas en el presupuesto correspondiente, en este caso de
cada entidad territorial.
Dentro del principio presupuestal de unidad de caja, implica que «[…] todos los ingresos públicos
ingresan, sin previa destinación, a un fondo común donde se asignan a financiar» los gastos
derivados de la prestación del servicio docente. Corte Constitucional en la sentencia C-478 de 1992.

16

Radicado: 13001-23-33-000-2019-00443-01 (3722-2024)
Demandante: Judith Mercado Solano

sus obligaciones se integran en un solo fondo, sin que para ese efecto existan cuentas
individuales por cada empleado en el que se consignen los valores liquidados
anualmente por concepto del auxilio, debido al origen de los recursos y su
administración por parte del FOMAG.» [Se resalta]

39. En consonancia, lo procedente no era ordenar el pago de las cesantías, sino que
la liquidación anual de las causadas durante el periodo comprendido entre los años
1993 y 1996 sean reportadas a favor de Judith Mercado Solano, con el fin de que
se garantice el pago oportuno del auxilio cuando así lo requiera la demandante.
Asimismo, en línea con lo anterior, tampoco había lugar a la indexación ordenada
por el a quo, sin embargo, se precisa que la entidad deberá cumplir con lo dispuesto
en el artículo 15 de la Ley 91 de 1989, esto es el interés anual equivalente a la tasa
«comercial promedio de captación del sistema financiero durante el mismo período» sobre
el saldo de las cesantías existentes al 31 de diciembre de cada año liquidadas
anualmente y sin retroactividad.

40. Adicionalmente, pese a que, como se explicó antes, en el sub judice no hay lugar
a hablar de la consignación tardía de las cesantías, se precisa que de acuerdo con
la sentencia de unificación SUJ-032-CE-S2-2023 del 11 de octubre de 2023 el
Consejo de Estado modificó su jurisprudencia al encontrar que los docentes
afiliados al Fomag no tienen derecho a la sanción moratoria prevista en el numeral
3 del artículo 99 de la Ley 50 de 1990, cuya aplicación pretendía la demandante,
por considerar que es incompatible con el sistema especial que los beneficia en su
condición de docentes afiliado al aludido fondo.

41. En efecto, el sistema de administración anual del que son beneficiarios los
docentes oficiales, los recursos del Fomag que provienen de la nación, Ministerio
de Educación con cargo al Sistema General de Participaciones para el sector
educativo son destinados bajo el principio de unidad de caja19 a cubrir todas las
prestaciones económicas que se hagan exigibles cada mes, entre ellas, las
cesantías parciales y definitivas del personal afiliado. Es decir, los giros que recibe
para el pago de sus obligaciones se integran en un solo fondo, sin que para ese
efecto existan cuentas individuales por cada empleado en el que se consignen los

19 Principio del sistema presupuestal por el cual se debe atender el pago oportuno de las
apropiaciones autorizadas en el presupuesto general de la entidad territorial con el recaudo de todas
las rentas y los recursos de capital. El Decreto 111 de 1996 «[p]or el cual se compilan la Ley 38 de
1989, la Ley 179 de 1994 y la Ley 225 de 1995 que conforman el estatuto orgánico del presupuesto»,
señala en el artículo 16 que con el recaudo de todas las rentas y recursos de capital se atenderá el
pago oportuno de las apropiaciones autorizadas en el presupuesto correspondiente, en este caso de
cada entidad territorial. Dentro del principio presupuestal de unidad de caja, implica que «[…] todos
los ingresos públicos ingresan, sin previa destinación, a un fondo común donde se asignan a
financiar» los gastos derivados de la prestación del servicio docente. Corte Constitucional en la
sentencia C-478 de 1992.

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Radicado: 13001-23-33-000-2019-00443-01 (3722-2024)
Demandante: Judith Mercado Solano

valores liquidados anualmente por concepto del auxilio, debido al origen de los
recursos y su administración por parte del fondo.

42. En ese orden, según se indicó en el marco normativo y jurisprudencial de esta
providencia, es la afiliación al Fomag lo que determina si hay lugar a aplicar la
sanción moratoria establecida en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990. Por lo anterior,
en tanto, Judith Mercado Solano se encontraba afiliada a esa entidad de previsión,
la Sala concluye que, contrario a lo definido por el a quo no tenía derecho al
reconocimiento y pago de la referida sanción, puesto que, resulta incompatible con
el sistema de administración de cesantías regulado por la Ley 91 de 1989.

43. Ahora bien, esta Subsección no desconoce que en el recurso de apelación la
entidad no se refirió al derecho de la demandante frente a la sanción moratoria,
esto, por cuanto como consecuencia de la declaratoria de prescripción le resultó
favorable y no tenía interés en esa pretensión; sin embargo, se encuentra pertinente
precisar que un pronunciamiento en relación con este sí se enmarca en la
competencia que ostenta este tribunal de segunda instancia, toda vez que, para
efectos de resolver los planteamientos de la recurrente era indispensable estudiar y
definir el régimen de cesantías del que era acreedora la educadora, derecho frente
al cual la referida sanción se encuentra intrínsecamente ligada, puesto que es
accesoria.

44. En consonancia, la Sala modificará la sentencia apelada así: i) declarar la nulidad
parcial de los actos demandados, en cuanto al reconocimiento de las cesantías
anualizadas entre los años 1993 y 1996, bajo el entendido de que lo que
correspondía era el reporte de estas en favor de la demandante; ii) ordenar al Fomag
la liquidación anual de las cesantías causadas durante el periodo comprendido entre
los años 1993 y 1996 sean reportadas a favor de Judith Mercado Solano; y iii)
revocar el ordinal tercero que declaró la prescripción de los derechos sobre la
sanción moratoria de las cesantías anualizadas.

2.6. Costas

41. La norma que prevé la condena en costas en la jurisdicción de lo contencioso-
administrativo es el artículo 188 del CPACA que dispuso:

«Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés
público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución
se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil.

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Demandante: Judith Mercado Solano

En todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca
que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal».

42. Para la Sala, la palabra «disponer» a la que hace referencia la norma enunciada,
no presupone la causación de costas per se contra la parte que pierda el litigio y
solo, en caso de que haya lugar a su imposición, se acudirá a las normas generales
del procedimiento para su liquidación y ejecución.

43. Por ello, a diferencia de lo que acontece en otras jurisdicciones, corresponde al
juez de lo contencioso-administrativo elaborar un juicio de ponderación subjetiva
respecto de la conducta procesal asumida por las partes, previa imposición de la
medida, que limitan el arbitrio judicial o discrecionalidad, para dar paso a una
aplicación razonable de la norma20.

44. Esa ponderación se realiza teniendo en cuenta si existieron acciones temerarias,
dilatorias que obstruyan o dificulten el curso normal de las diferentes etapas del
procedimiento y de verificar que en el expediente aparezca probado si se causaron
dichas costas.

45. En el caso concreto, como no se evidenció que la parte vencida actuase con
temeridad o mala fe, ni se advirtió conducta o circunstancia irregular en el transcurso
del trámite procesal, la Sala se abstendrá de condenar en costas.

4. Conclusión

46. Con fundamento en lo expuesto, la Sala concluye que Judith Mercado Solano no
tenía derecho a beneficiarse de la sanción moratoria prevista en el artículo 99 de la
Ley 50 de 1990, puesto que era incompatible con el sistema de liquidación
anualizada de cesantías que administra el Fomag, al cual se encuentra afiliada.

47. Contrario a lo señalado por el Fomag, en el expediente sí se encuentra acreditada
la presentación de la reclamación que dio lugar a la configuración del acto ficto,
objeto de control en el sub judice.

48. La competencia frente a la liquidación, reconocimiento y pago de las prestaciones
sociales de los docentes afiliados al Fomag, es concurrente entre la entidad
territorial empleadora y el fondo. Asimismo, este último tiene el deber de verificar
que las entidades estatales cumplan de manera oportuna con sus obligaciones

20En el mismo sentido - Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Segunda, sentencia de 1 de diciembre de 2016, C.P. Carmelo Perdomo Cuéter, radicación 70001-
23-33-000-2013-00065-01 (1908-2014).

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Demandante: Judith Mercado Solano

tendientes a garantizar las acreencias económicas de las que son beneficiarios los
educadores.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

Primero. Modificar el ordinal primero de la sentencia proferida el 29 de septiembre
de 2023 por la Sala de Decisión 4 del Tribunal Administrativo de Bolívar, el cual
quedará así:

«PRIMERO: DECLARAR la nulidad parcial del acto ficto configurado el 29 de diciembre
de 2018, frente a la solicitud de reconocimiento de las cesantías anualizadas causadas
en los años 1993 a 1996, realizada por la demandante el 29 de septiembre de 2018, a
la Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo de Prestaciones Sociales del
Magisterio.»

Segundo. Modificar el ordinal segundo de la sentencia proferida el 29 de septiembre
de 2023 por la Sala de Decisión 4 del Tribunal Administrativo de Bolívar, el cual
quedará así:

«SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior, y a título de restablecimiento del
derecho, ORDÉNESE a la parte demandada, Nación – Ministerio de Educación Nacional
– Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG), que la liquidación anual de
las cesantías causadas durante el periodo comprendido entre los años 1993 a 1996 sean
reportadas a favor de Judith Mercado Solano. Asimismo, deberá dar cumplimiento a lo
dispuesto en el artículo 15 de la Ley 91 de 1989, esto es, liquidar el interés anual
equivalente a la tasa «comercial promedio de captación del sistema financiero durante
el mismo período» sobre el saldo de las cesantías existentes al 31 de diciembre de cada
año liquidadas anualmente y sin retroactividad».

Tercero. Revocar el ordinal tercero de la sentencia proferida el 29 de septiembre
de 2023 por la Sala de Decisión 4 del Tribunal Administrativo de Bolívar, que declaró
la prescripción.

Cuarto. Confirmar en lo demás la sentencia proferida el 29 de septiembre de 2023
por la Sala de Decisión 4 del Tribunal Administrativo de Bolívar.

Quinto. No condenar en costas en esta instancia

Sexto. Efectuar las anotaciones correspondientes en la plataforma Samai del

20

Radicado: 13001-23-33-000-2019-00443-01 (3722-2024)
Demandante: Judith Mercado Solano

Consejo de Estado

Séptimo. Notificar esta decisión en los términos del artículo 205 del CPACA.

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.

JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado Electrónicamente Firmado Electrónicamente
Aclaración de voto

JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado Electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la
plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el
artículo 186 del CPACA.
JMC

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