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Consejo de Estado · Sección Quinta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 13001-23-33-000-2019-00473-01

Acción de tutela

Fecha
5 de diciembre de 2019
Consejero ponente
Rocío Araújo Oñate
Citada por
30 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 13001-23-33-000-2019-00473-01

Consejo de Estado · Sección Quinta

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: DECLARAR la carencia actual de objeto por hecho superado en relación con el derecho de petición, por las razones expuestas en esta sentencia. SEGUNDO: CONFIRMAR la sentencia del 24 de octubre de 2019 proferida por la Sala de Decisión No. 002 del Tribunal Administrativo de Bolívar que negó el amparo respecto del derecho fundamental del debido proceso, de conformidad con lo dispuesto en la parte motiva de esta providencia. TERCERO: NOTIFICAR a las partes y los intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. CUARTO: Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Quinta

Radicado 13001-23-33-000-2019-00473-01

Consejero ponente: Rocío Araújo Oñate

5 de diciembre de 2019

ACCIÓN DE TUTELA / AUSENCIA DE VULNERACIÓN DE DERECHO DE PETICIÓN / ESTADISTICA DE CALIFICACIÓN CONCURSO DE MÉRITOS - Convocatoria 27 de la Rama judicial / CARENCIA ACTUAL DE OBJETO DEL DERECHO DE PETICIÓN POR HECHO SUPERADO – La petición fue contestada de forma clara, precisa y de fondo / RECURSO DE INSISTENCIA – Niega el recurso porque se suministró la información

[E]sta Sección evidencia que la Unidad de Administración de Carrera Judicial del Consejo Superior de La Judicatura y la Universidad Nacional de Colombia dieron respuesta de fondo a la petición pues indicaron i) que conforme a lo dispuesto en el Acuerdo de Convocatoria, los datos no fueron discriminados de manera independiente para cada componente, esto es, la prueba de aptitudes y de conocimientos, como solicitó la accionante; y (ii) señalaron el número de aspirantes que presentaron la prueba de aptitudes y de conocimientos el 2 de diciembre de 2018. Por todo lo anterior, luego de contrastar las preguntas de la petición elevada por la actora el 9 de agosto de 2019, con los oficios proferidos por las entidades accionadas el 16 de agosto y el 20 de octubre de 2019, y el comunicado remitido por correo electrónico a los participantes de la convocatoria del 1º de agosto de 2019, así como el informe de cumplimiento del 30 de octubre de 2019, se advierte que, contrario a lo afirmado por la accionante en el escrito de impugnación, la Unidad de Administración de Carrera Judicial del Consejo Superior de La Judicatura y la Universidad Nacional de Colombia, sí dieron respuesta a la mencionada petición. Ahora, resulta importante señalar que el derecho de petición no implica una prerrogativa en virtud de la cual, la autoridad que recibe la petición está en la obligación de definir favorablemente las pretensiones del solicitante. Por lo anterior, no se debe entender conculcado este derecho cuando la autoridad responde al peticionario, aunque la respuesta sea negativa, por lo que la simple inconformidad con la respuesta dada no implica vulneración de la mencionada garantía. En ese sentido, la Sala observa que la petición fue contestada de forma clara, precisa y de fondo y la misma fue puesta en conocimiento de la tutelante, así mismo, aquello ocurrió en cumplimiento del fallo de primera instancia, por lo que, de conformidad con el criterio establecido por la Sala en ocasiones anteriores, se declara la carencia actual de objeto por hecho superado en relación con este punto, aclarando que dicha garantía constitucional fue conculcada por la Unidad de Administración de Carrera Judicial del Consejo Superior de La Judicatura y la Universidad Nacional de Colombia. (…) [E]sta Sala, al igual que la autoridad judicial que resolvió la primera instancia de esta tutela, considera que no debía darse trámite al recurso de insistencia elevado por la actora, en la medida que dicho mecanismo se fundamenta en la negativa de suministrar información invocando reserva legal y, como se señaló en párrafos anteriores, las accionadas sí resolvieron la petición, no obstante haber invocado la reserva legal sobre la misma.

FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA – ARTÍCULO 86 / DECRETO 2591 DE 1991 / DECRETO 1069 DE 2015 / DECRETO 1983 DE 2017

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

Consejero ponente: ROCÍO ARAÚJO OÑATE

Bogotá D.C., cinco (5) de diciembre de dos mil diecinueve (2019)

Radicación número: 13001-23-33-000-2019-00473-01(AC)

Actor: MARÍA FERNANDA BATISTA MONTIEL

Demandado: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA Y OTRO

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA

Temas: Derecho de petición

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

Procede la Sala a resolver la impugnación presentada por la señora María Fernanda Batista Montiel, contra la sentencia de primera instancia del 24 de octubre de 2019 a través de la cual la Sala de Decisión No. 002 del Tribunal Administrativo de Bolívar concedió el amparo del derecho de petición de la señora María Fernanda Batista Montiel.

ANTECEDENTES

1. Solicitud de amparo

1. La señora María Fernanda Batista Montiel actuando en nombre propio, con escrito radicado el 15 de octubre de 2019 en la Dirección de Administración Judicial de Cartagena, presentó acción de tutela contra la Unidad de Administración de Carrera Judicial del Consejo Superior de la Judicatura y la Universidad Nacional de Colombia, con el fin de que le sean amparados sus derechos fundamentales de petición y al debido proceso.

2. Las mencionadas garantías constitucionales las estimó vulneradas porque a la fecha de presentación del escrito de tutela, i) las entidades accionadas no han dado respuesta de fondo a la petición del 9 de agosto de 2019 “(…) comoquiera que la respuesta a dicha petición constituye el insumo necesario para controvertir la nueva metodología de calificación en (sic) empleada por la parte accionada en la Resolución No. CJR19-0679 del 7 de junio de 2019, contra la cual interpuse recurso de reposición y que está pendiente de resolver (…)” y; ii) no tramitaron el recurso de insistencia formulado el 20 de agosto de 2019, respecto de la reserva invocada con ocasión de la referida petición.

3. Con base en lo anterior, la accionante pidió:

“PRIMERO: AMPARAR mis derechos fundamentales de petición, al debido proceso y demás que considere amenazados y/o vulnerados por la Dirección Unidad de Administración de Carrera Judicial del Consejo Superior de la Judicatura y la Universidad Nacional de Colombia.

SEGUNDO: ORDENAR a la Dirección Unidad de Administración de Carrera Judicial del Consejo Superior de la Judicatura y a la Universidad Nacional de Colombia, que en el término de 48 horas, de (sic) respuesta a la petición formulada por la suscrita el 9 de agosto de 2019, numerales 1) y 2), literales a) a la I).

TERCERO: ORDENAR a la Dirección Unidad de Administración de Carrera Judicial del Consejo Superior de la Judicatura y a la Universidad Nacional de Colombia, que en el término de 48 horas, remita al Tribunal Administrativo competente el recurso de insistencia formulado el 20 de agosto de 2019 respecto a la reserva invocada en relación con la información solicitada el 9 de agosto de 2019, numerales 1) y 2), literales a) a la I)”.

2. Hechos probados y/o admitidos

La solicitud de tutela se sustentó en los siguientes hechos que, a juicio de la Sala, son relevantes para la decisión que se adoptará en esta sentencia:

4. La actora se encuentra inscrita en la Convocatoria No. 27 – Acuerdo PCSJA18-11077 del 16 de agosto de 2018, como aspirante al cargo de Juez Administrativo. El 2 de diciembre del mismo año realizó las pruebas de aptitudes y conocimiento.

5. El 14 de enero de 2019 se publicaron los resultados de las mencionadas pruebas a través de la Resolución No. CJR18-559 del 28 de diciembre de 2018, en las que la señora María Fernanda Batista Montiel obtuvo un puntaje aprobatorio de 800.09.

6. A través de la Resolución No. CJR19-0632 del 29 de marzo de 2019, la Unidad de Administración de Carrera Judicial del Consejo Superior de la Judicatura, en relación con el método estadístico utilizado para la obtención de resultados, señaló: “los datos estadísticos se encuentran conformados por el promedio de la prueba de aptitudes, la desviación estándar de la prueba de aptitudes, el promedio de la prueba de conocimientos y la desviación estándar de la prueba de conocimientos, cada uno en relación con el grupo del cargo al que se presentó el aspirante y a su vez, del proceso de estandarización de la calificación”.

7. Conforme a lo anterior, la mencionada resolución especificó que para el cargo de Juez Administrativo quedaría así:

Cod. CargoCargoApt
MediaApt
DesvCon
MediaCon
DesvGrupo27001Juez Administrativo13.4372.46443.2247.79620

8. Encontrándose en firme los resultados de las pruebas de aptitudes y conocimientos, el 17 de mayo de 2019 la Universidad Nacional de Colombia y el Consejo Superior de la Judicatura, a través de un comunicado conjunto, informaron a los participantes que luego de revisar “la correspondencia entre las preguntas y las claves de respuestas de la prueba, (…) se evidenció que en el proceso de ensamblaje y diagramación final de los cuadernillos fue necesario modificar el orden de las preguntas de la prueba de aptitudes” y luego precisó que lo anterior, “sólo afectó la evaluación de las preguntas del componente de aptitudes, y no las contenidas en los componentes de conocimientos generales, conocimientos específicos, como tampoco en la prueba psicotécnica” por lo que, se resolvió calificar nuevamente la prueba de aptitudes.

9. La situación particular y concreta de la tutelante cambió con ocasión de la Resolución No. CJR19-0679 del 7 de junio de 2019, a través de la cual la Directora de la Unidad de Administración de Carrera Judicial del Consejo Superior de la Judicatura, publicó los nuevos resultados, obteniendo un puntaje no aprobatorio de 746.54, lo que le impidió continuar a la fase de verificación de requisitos mínimos (fase II).

10. En el mencionado acto administrativo, las entidades accionadas no informaron a los participantes el procedimiento, método o modelo estadístico, fórmulas, pesos media y desviación estándar tanto de la prueba de aptitudes como de la prueba de conocimientos para obtener los resultados.

11. El 19 de junio de 2019, “en la página web de la rama judicial, se emitió un comunicado aclaratorio de los nuevos resultados de la prueba de aptitudes y conocimientos, en la cual se evidencia un cambio en la metodología de la calificación, dado (sic) se realizó la nueva calificación a partir de la sumatoria de los puntajes de los dos componentes (aptitudes y de conocimientos) y no con un tratamiento específico para cada componente, tal como se había adoptado en la calificación anterior, esto es, en la Resolución”.

12. El 14 de junio de 2019, la señora María Fernanda Batista Montiel solicitó a las entidades accionadas, entre otras peticiones, “información relacionada con el promedio y la desviación estándar de la prueba de aptitudes y de conocimientos para el cargo de juez administrativo, en forma individualizada, conforme a los resultados publicados (sic) la Resolución No. CJR19-0679 del 7 de junio de 2019”.

13. En respuesta a la referida petición, la Universidad Nacional de Colombia, a través del comunicado No. JURUNCSJ-1896 del 2 de julio de 2019, expresó:

“En cuanto a su petición en la cual requiere se le informe el número de coincidencias para el cargo al cual aplicó es necesario indicar que las solicitudes con fundamento en la Resolución CJR18-559 de 28 de diciembre de 2018, no serán objeto de pronunciamiento de fondo por sustracción de materia, comoquiera que se verificaron por parte de la Universidad Nacional irregularidades en la calificación de las pruebas de aptitudes y conocimientos en el marco de la Convocatoria 27, hecho que conllevó a expedir la Resolución No. CJR19-0679 “Por medio de la cual se corrige la actuación administrativa y se publica la calificación de las pruebas de aptitudes y conocimientos” y que por ende carece de objeto dar respuesta a solicitudes basadas en la situación fáctica conocida inicialmente por tornarse ineficaz. De conformidad con lo anterior serán objeto de respuesta todos los recursos y peticiones que se presenten con relación a la nueva Resolución (…)”.

14. Con posterioridad, la actora formuló una nueva petición a las accionadas el 9 de agosto de 2019, “encaminada a obtener los datos estadísticos necesarios para efectuar el proceso de estandarización de la prueba de aptitudes y conocimientos en forma independiente, como son la suma total de los aciertos de las pruebas realizadas (lit. a y g), así como la desviación estándar (lit. d y j), el promedio de la prueba (lit. c y j), la media esperada (lit. e y k) y los valores constantes de aptitudes y de conocimientos (lit. f y l), discriminados en forma independiente”.

15. Mediante comunicación No. JURUNCSJ-2184 del 16 de agosto de 2019, la Universidad Nacional de Colombia negó la información solicitada, por ser de carácter reservado de conformidad con lo dispuesto en el numeral 3º del artículo 24 de la Ley 1755 de 2015, “pese a que se precisó que la misma no se encaminaba a obtener la información individual de cada participante, sino obtener los datos estadísticos necesarios para efectuar el proceso de estandarización de la prueba de aptitudes y conocimientos en forma independiente”.

16. Con ocasión de la negativa en dar respuesta a la información solicitada el 9 de agosto de 2019 y encontrándose dentro de la oportunidad legal establecida en el artículo 26 de la Ley 1755 de 2015, la actora formuló recurso de insistencia el 20 de agosto de 2019.

17. Al no obtener respuesta sobre el trámite otorgado al recurso de insistencia, solicitó información sobre el particular, frente al cual la Universidad Nacional de Colombia, en comunicado No. CONV27RI-017-CONV27DP-0215B del 11 de septiembre de 2019 señaló:

“Tal como se le indicó en el oficio de respuesta CONV27DP-0215ª – JURUNCSJ-2184 de 16 de agosto de 2019, la información relativa a los aciertos obtenidos por los aspirantes al cargo referido, ostenta carácter reservado, como quiera que ésta se encuentra relacionada con la privacidad e intimidad de aquellos.

Ahora bien, teniendo en cuenta lo manifestado por usted en el recurso de insistencia presentado el 20 de agosto del presente año, en el cual aclaró que lo requerido no se encamina a obtener información individual de cada participante (…) se señala que luego de la nueva calificación de todos los aspirantes con el archivo de claves ajustado, el desempeño en la prueba de aptitudes pasó de un comportamiento atípico a un comportamiento esperado; bajo este comportamiento esperado de los datos, se realizó la calificación a partir de la sumatoria de los puntajes de los componentes (de aptitudes y de conocimientos) y no con un tratamiento específico para cada componente.

Es de advertir que, lo anterior generó ajustes en las medias y desviaciones y, por ende, en el puntaje estándar de las pruebas de los mencionados componentes; por tanto su impacto se vio reflejado en toda la población evaluada. Esta forma de proceder respondió a estrictos criterios técnicos que se aplican en la calificación de este tipo de pruebas, en tanto la metodología aplicada no buscó afectar ni beneficiar a ningún aspirante, sino únicamente garantizar el derecho a la igualdad así como los principios de mérito y transparencia.

En ese orden, se advierte que los valores correspondientes al promedio y a la desviación le fueron suministrados en el oficio de respuesta remitido el 9 de julio de 2019, y además, en la comunicación enviada vía correo electrónico el 1º de agosto de la presente anualidad, en la que se precisaron aspectos generales de la convocatoria y se indicó que la información inherente a los puntajes directos obtenidos por los aspirantes y número de aprobados de cada cargo, podría encontrarla en la página web de la Rama Judicial, al ser de carácter público.

De esta manera, los datos estadísticos requeridos para aplicar la fórmula mediante la cual se obtiene la calificación final, ya fueron puestos a su disposición, por ende, no es posible dar trámite al recurso de insistencia presentado, como quiera que si bien, en principio, lo solicitado le fue negado invocando el carácter reservado de la información, lo cierto es que, lo pretendido por usted le fue suministrado oportunamente”.

3. Sustento de la acción constitucional

18. A juicio de la tutelante, la negativa de las entidades de suministrar la información solicitada en la petición del 9 de agosto de 2019 vulnera sus derechos fundamentales de petición y al debido proceso, toda vez que dicha respuesta constituye el insumo necesario para controvertir la nueva metodología de calificación empleada en la Resolución No. CJR19-0679 del 7 de junio de 2019, contra la cual interpuso recurso de reposición que está pendiente por resolver; además, resaltó que dicha información es indispensable a efectos de presentar una eventual demanda de nulidad y restablecimiento del derecho.

19. Precisó que lo afirmado por la Universidad Nacional en el comunicado del 11 de septiembre de 2019 “no corresponde a la verdad; lo anterior por cuanto no tengo conocimiento de esas comunicaciones, las cuales no han sido remitidas a mi correo electrónico”.

20. Por otro lado, agregó que en caso de que las accionadas se refieran a las respuestas dadas a las peticiones del 2 de julio de 2019 y 16 de agosto del mismo año, luego de revisar el contenido de las mismas, “no se advierte que en ellas se haga referencia a la información relacionada con los datos estadísticos de las pruebas de aptitudes y de conocimientos –promedios, desviación estándar, medias esperadas, valores constantes-, discriminados en forma independiente, tal como se solicitó en la petición de 9 de agosto de 2019”.

21. Finalmente, concluyó que si bien la Unidad de Administración de Carrera Judicial del Consejo Superior de la Judicatura cambió la metodología de la calificación en la Resolución No. CJR19-0679 del 7 de junio de 2019, “tal circunstancia no es óbice para que (sic) se dé información de los datos estadísticos de la (sic) pruebas de aptitudes y de conocimientos en forma independiente, tal como se solicitó en la petición del 9 de agosto de 2019, máxime cuando el cambio introducido implicó una modificación de mi puntaje aprobatorio y me impide continuar en el proceso de selección”.

4. Actuaciones procesales relevantes

4.1. Admisión de la demanda

22. Mediante auto del 16 de octubre de 2019, el Magistrado Ponente del Tribunal Administrativo de Bolívar admitió la acción de tutela y dispuso su notificación a la Unidad de Carrera Judicial del Consejo Superior de la Judicatura y a la Universidad Nacional de Colombia para que en el término de dos días rindieran informe detallado de los hechos objeto de discusión.

4.2. Intervenciones: Realizadas las notificaciones ordenadas, de conformidad con las constancias visibles a folios 35 a 42 del expediente, se presentaron las siguientes intervenciones:

4.2.1. Unidad de Administración de Carrera Judicial del Consejo Superior de la Judicatura

23. A través de memorial enviado el 18 de octubre de 2019 al correo electrónico de la Secretaría del Tribunal Administrativo – Seccional Cartagena, la Directora de la Unidad de Carrera Judicial rindió informe respecto de la tutela de la referencia en los siguientes términos:

24. En primera medida, alegó la falta de competencia funcional del Tribunal Administrativo de Bolívar para conocer de la presente acción, toda vez que conforme a lo dispuesto en el numeral 8º del artículo 1º del Decreto 1983 de 2017, modificado por el artículo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 de 2015, “las acciones de tutela dirigidas contra el Consejo Superior de la Judicatura y la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, serán repartidas para su conocimiento en primera instancia y a prevención, a la Corte Suprema de Justicia o al Consejo de Estado (…)”.

25. Por otro lado, indicó que el artículo 16 del Código General del Proceso dispone que “la jurisdicción y la competencia por los factores subjetivo y funcional son improrrogables” y que, el artículo 138 del mismo cuerpo normativo señala que “(…) cuando se declare la falta de jurisdicción o la falta de competencia por el factor funcional o subjetivo, lo actuado conservará su validez y el proceso se enviará de inmediato al juez competente; pero si se hubiere dictado sentencia, esta se invalidará”.

26. Bajo esa premisa, explicó que el debido proceso es un derecho fundamental que también debe ser garantizado a la Corporación que dirige y que, en ese sentido, “debe respetarse no solo en las actuaciones administrativas, sino también en las actuaciones judiciales, tal como está establecido en el artículo 29 de la Constitución Política, asegurando que se tramiten ante el juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio (…)”.

27. Como sustento de lo anterior, citó el auto del 19 de abril de 2018, proferido por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, dentro del trámite de la acción de tutela radicada con el No. 68001-22-13-000-2018-00064-01 en contra de la Unidad de Administración de Carrera del Consejo Superior de la Judicatura en el que i) se declaró la nulidad de todo lo actuado por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Bucaramanga y; ii) se ordenó el envío del expediente a reparto ante la Sala de Casación Civil, por ser la entidad competente para conocer del asunto en primera instancia por el factor funcional.

28. Asimismo, manifestó que contrario a lo afirmado por la accionante, “los datos estadísticos necesarios para dar aplicación a la fórmula empleada para efectuar la nueva calificación de la prueba le fue entregada oportunamente a través de oficio de respuesta JURUNCSJ-1896-CONV27DP-0215 de 2 de julio del año en curso suscrito por la Universidad Nacional”. Igualmente, aseguró que a través del oficio CONV27DP-0215ª - JURUNCSJ-2184 del 16 de agosto de 2019, se reiteró la referida información.

29. Precisó que mediante comunicación del 1º de agosto de 2019, le fueron entregados los datos estadísticos del cargo de Juez Administrativo en donde se le indicaron aspectos generales de la Convocatoria 27 a los aspirantes que fueron citados a la actividad de exhibición, con ocasión de la etapa probatoria de los recursos de reposición. Seguidamente afirmó que el 23 de agosto del mismo año, se dio alcance a la mencionada comunicación con otros temas relevantes para los concursantes, entre los que se encontraba la metodología de la calificación.

30. Conforme a lo anterior, mencionó que “además de haberse informado en tres ocasiones diferentes los datos estadísticos requeridos para dar aplicación a la fórmula y de esta manera obtener su puntaje por cada prueba, así como su calificación final; también le fue aclarado a la tutelante que no se había dado un tratamiento específico a cada componente para realizar la calificación, por lo tanto, la información necesaria para obtener sus resultados fue suministrada de forma completa y oportuna”.

31. Mas adelante agregó que la anterior información fue reiterada en el oficio No. CONV27RI-017-CONV27DP-0215B del 11 de septiembre e 2019 que dio respuesta a la solicitud de dar trámite al recurso de insistencia y que, por tal motivo, se negó su procedencia ante el Tribunal Administrativo competente, “teniendo en cuenta que uno de los requisitos para ello es haber denegado la información invocando el carácter reservado de la misma”.

32. Frente al punto, aclaró que si bien en el oficio del 16 de agosto de 2019 se negó el suministro de la información referente a los aciertos de cada uno de los aspirantes al cargo de Juez Administrativo por ser de carácter reservado, lo cierto es que de la lectura del documento radicado por la señora Batista Montiel se advirtió que lo que pretendía en el recurso de insistencia “no se encaminaba a obtener la información individual de cada participante, sino obtener los datos estadísticos necesarios para efectuar el proceso de estandarización de la prueba de aptitudes y conocimiento”.

33. Así las cosas, explicó que dado que la información que no le fue suministrada no era la requerida en el recurso de insistencia, “no se le dio el trámite correspondiente, adicional a que la restante información, referente a los datos estadísticos sí le fue entregada a la actora en varias oportunidades tal como quedó visto anteriormente”.

34. Por todo lo anterior, concluyó que en la medida que la pretensión principal de la accionante consistía en que se diera una respuesta de fondo a sus peticiones, referente a los datos estadísticos de la prueba de aptitudes y conocimientos, advirtió la carencia actual de objeto por hecho superado pues, como se relató a lo largo de la intervención, a través de los oficios no. JURUNCSJ-1896, CONV27DP-0215 del 2 de julio de 2019 y CONV27DP-0215A – JURUNCSJ-2184 del 16 de agosto del mismo año; y de la comunicación enviada el 1º de agosto del 2019, se dio contestación a la solicitud.

35. La Universidad Nacional de Colombia, pese a haberse notificado en debida forma, guardó silencio.

5. Fallo impugnado

36. La Sala de Decisión No. 002 del Tribunal Administrativo del Bolívar, mediante sentencia del 24 de octubre de 2019, notificado el 28 del mismo mes y año resolvió:

“PRIMERO: TUTELAR el derecho de petición a la señora María Fernanda Batista Montiel, por lo expuesto en la parte considerativa de este proveído.

SEGUNDO: ORDÉNESE a la UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL (sic) DE CARRERA JUDICIAL DEL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA y a la UNIVERSIDAD (sic) DE COLOMBIA, que dé (sic) respuesta a las solicitudes B, C, H e I, contenidas en el derecho de petición del 9 de agosto de 2019, dentro del término de cuarenta y ocho horas (48) contados (sic) a partir de la notificación de esta providencia, por lo expuesta (sic) en la parte considerativa de este proveído (…)”.

37. El Tribunal, luego de avocar competencia conforme a lo dispuesto en el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, en concordancia con el parágrafo 2º del artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1983 de 2017, procedió a analizar el oficio del 16 de agosto de 2019 a través del cual, aseguran las accionadas, se dio respuesta a los numerales 1 y 2, literales a) a la l) de la petición del 9 de agosto del mismo año.

38. De esa manera, encontró que “los literales D, E, J y K si (sic) tuvieron respuesta por parte de la accionada, dado que tal como lo estableció en su escrito de contestación, los datos suministrados no le fueron discriminados, porque con la metodología utilizada para la calificación, se realizó una sumatoria de los puntajes de los componentes (Aptitudes y de conocimiento) y no con un tratamiento específico para cada componente, por lo que solo puede la accionada dar la información de forma general, como (sic) efecto aconteció; Asimismo, fueron resueltos los literales F y L en el oficio de respuesta a folio 20”, esto es, el del 16 de agosto de 2019.

39. Por otro lado, respecto de los literales A y G, frente a los cuales se alegó reserva legal y que constituyen el fundamento del recurso de insistencia presentado por la señora Batista Montiel, advirtió que los mismos fueron resueltos en el referido oficio del 16 de agosto de 2019 y complementados con el oficio del 11 de septiembre del mismo año, por lo tanto, la Sala consideró que “no debe darse trámite al recurso de insistencia, como quiera que el fundamento del mismo, es decir la negativa de la accionada de entregar la información, ya no existe, debido a que ella fue suministrada”.

40. Ahora bien, en lo concerniente a los literales C e I, no encontró respuesta alguna dentro del oficio bajo estudio y respecto de los literales B y H, señaló que la misma fue confusa puesto que “las preguntas van encaminadas a que indique el número de personas que presentaron la prueba de aptitudes y de conocimiento, llevada a cabo el día 2 de diciembre de 2018, siendo que la respuesta señaló el número de personas que se inscribieron para el cargo de juez administrativo, por lo que debe la accionada aclarar la respuesta”.

41. Por todo lo anterior, tuteló el derecho de petición de la señora María Fernanda Batista Montiel al encontrar que las entidades accionadas omitieron dar respuesta a los literales B, C, H e I de la petición del 9 de agosto de 2019. No obstante, negó el amparo respecto de las otras pretensiones, pues “no existen los presupuestos para dar trámite al recurso de insistencia, toda vez que la accionada aun cuando invoco (sic) reserva legal, si (sic) suministró la información solicitada”.

6. Informe de cumplimiento

42. En cumplimiento de lo ordenado en el fallo de tutela del 24 de octubre de 2019, el 30 del mismo mes y año las entidades tuteladas profirieron el oficio No. CONV27DP-0215C por medio del cual se dio respuesta a las inquietudes elevadas por la señora Batista Montiel el 9 de agosto de 2019 en los siguientes términos:

43. En lo concerniente a los literales C e I, indicó que la metodología utilizada para la nueva calificación se realizó “con la estandarización de los resultados a partir de la sumatoria de los dos componentes, y no a partir de un cálculo con fórmulas interrelacionadas para cada uno de ellos (…) razón por la cual los datos suministrados no fueron discriminados de manera independiente para cada componente, sino que solo se determinó un promedio y una desviación para la prueba de aptitudes y conocimientos dependiendo de cada cargo”.

44. De acuerdo con ello, reiteró que a través de correo electrónico enviado el 1º de agosto de 2019 a los aspirantes que fueron citados a la jornada de exhibición, se informó sobre los aspectos generales de la Convocatoria 27 y “se le dio respuesta al requerimiento que tiene relación con los datos estadísticos referentes al promedio y la desviación estándar de cada cargo”, adjuntando para el efecto el siguiente cuadro:

Cod. Cargo
Cargo
Promedio
Desv.
270011
Juez Administrativo
56.5467
9.0878

45. Finalmente, respecto de los literales B y H, afirmó que de conformidad con el Acuerdo PCSJA18-11007 del 16 de agosto de 2018, “se inscribieron un total de 44.806 aspirantes para los cargos de funcionarios de la Rama Judicial, de los cuales 37.344 presentaron la prueba de aptitudes y conocimientos y 15 concursantes realizaron prueba supletoria de los 20 citados, lo cual tal como se informó en el correo electrónico remitido el 1º de agosto, dicha información es de carácter público y podrá encontrarla en la página web de la Rama Judicial, en al (sic) siguiente link: https://www.ramajudicial.gov.co/web/unidad-de-administracion-de-carrera-judicial/resultado-prueba-de-conocimientos-y-aptitudes:”.

7. Impugnación

46. La señora Batista Montiel, con escrito radicado el 31 de octubre de 2019 en la Secretaría del Tribunal Administrativo de Bolívar, impugnó la sentencia del 24 de octubre de 2019, notificada el 28 del mismo mes y año.

47. Aseguró que contrario a lo afirmado por el Tribunal en el referido fallo, “las accionadas no han dado respuesta clara, precisa y de fondo a ninguno de los numerales y literales” de la petición del 9 de agosto de 2019.

48. Precisó que la mencionada petición se encamina a obtener “los datos estadísticos necesarios para efectuar el proceso de estandarización de la prueba de aptitudes y conocimientos en forma independiente como son la suma total de los aciertos de las pruebas realizadas (literales a y g de la petición), así como la desviación estándar, el promedio de la prueba y los valores constantes de aptitudes y de conocimientos (literales c, d, i y j), discriminados en forma independiente”.

49. Frente al punto, señaló que las accionadas le negaron la información requerida aduciendo que “las solicitudes con fundamento en la Resolución CJR18-559 de 28 de diciembre de 2018, no serán objeto de pronunciamiento de fondo por sustracción de materia”.

50. En ese sentido, manifestó que en la primera calificación, las entidades tuteladas utilizaron un tratamiento específico para cada prueba, es decir, cada prueba se calificó por separado en relación con el cargo al que se presentó el aspirante; mientras que en la segunda calificación, la misma se realizó a partir de la sumatoria de los puntajes de los dos componentes (de aptitudes y de conocimientos) y no con un tratamiento específico para cada componente, lo que generó cambios en el puntaje estándar de las pruebas.

51. De esa manera, afirmó que fue de acuerdo con la nueva metodología que las accionadas dieron respuesta a la petición del 9 de agosto de 2019, información a partir de la cual, a su juicio, “no es posible determinar cuál es la desviación estándar y la media para cada prueba por separado, por lo que erró el Tribunal al tener por contestada la petición en estos puntos”.

52. Así las cosas, mencionó que lo mismo ocurre frente a los literales A y G en los cuales solicitó “en forma separada, cuál es el total de número de aciertos o puntajes directos de la totalidad de aspirantes al cargo de Juez Administrativo” pues el Tribunal entendió que la petición se dirigía a saber cuáles fueron los aciertos en cada componente (30 aptitudes y 52 conocimientos) y, por tanto, dio por satisfecha la petición.

53. De acuerdo con lo anterior, explicó que si bien la Unidad de Administración de Carrera Judicial del Consejo Superior de La Judicatura cambió la metodología de calificación en la Resolución No. CJR19-0679 del 7 de junio de 2019, “tal circunstancia no es óbice para que (sic) se dé información de los datos estadísticos de las pruebas de aptitudes y de conocimientos en forma independiente (…) máxime cuando el cambio introducido implicó una modificación de mi puntaje aprobatorio y me impide continuar en proceso de selección”.

54. Por otro lado, frente al recurso de insistencia, indicó que las accionadas no lo tramitaron y que con ello, impidieron que la autoridad judicial competente se pronunciara frente a la procedencia de entregar la información solicitada, vulnerando de esa manera su derecho al debido proceso.

55. Conforme a lo anterior, solicitó que se ordene a la Unidad de Administración de Carrera Judicial del Consejo Superior de La Judicatura y a la Universidad Nacional de Colombia que en el término de 48 horas, den respuesta a la petición formulada el 9 de agosto de 2019, numerales 1 y 2, literales A al L.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Competencia

56. Esta Sala es competente para conocer de la impugnación del fallo de tutela del 24 de octubre de 2019, dictado por la Sala de Decisión No. 002 del Tribunal Administrativo de Bolívar, de conformidad con los artículos 32 del Decreto 2591 de 1991 y 2.2.3.1.1.3 del Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 1983 de 2017 y el Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado.

2. Problema jurídico

57. Corresponde a la Sala determinar si, de conformidad con los argumentos de la impugnación, se revoca, modifica o confirma la decisión de primera instancia del 24 de octubre de 2019, proferida por la Sala de Decisión No. 002 del Tribunal Administrativo de Bolívar, para lo cual se deberán resolver los siguientes problemas jurídicos:

¿Se configura en el caso concreto la carencia actual de objeto por hecho superado?

¿Vulneraron las entidades accionadas los derechos fundamentales de petición y al debido proceso de la señora María Fernanda Batista Montiel?

3. Razones jurídicas de la decisión

58. Para resolver los problemas jurídicos planteados, se analizarán los siguientes temas (i) Procedencia de la acción de tutela en el marco de concursos de méritos para cargos públicos de carrera; (ii) de la carencia actual de objeto; (iii) del derecho fundamental de petición; y (iv) análisis del caso concreto.

3.1. Procedencia de la acción de tutela en el marco de concursos de méritos para cargos públicos de carrera

59. La Sala reitera el criterio expuesto en anteriores ocasiones, en las cuales ha indicado que en el caso específico de los concursos públicos, venía prohijando lo considerado por la Corte Constitucional sobre la procedencia excepcional de la acción de tutela cuando se trata de atacar las decisiones y el trámite proferidos al interior del mismo, en el entendido de que los mecanismos establecidos por el ordenamiento jurídico no resultaban idóneos.

60. Pues bien, a partir de lo anterior, la acción de tutela resulta ser el mecanismo idóneo para cuestionar dichos actos, teniendo en cuenta las reglas que esta Sección fijó sobre el tema, en el siguiente sentido:

“(…) Esta Sala ha precisado que la tutela será procedente, en estos casos, solamente si no se ha configurado una lista definitiva de elegibles, dado que una vez la mencionada lista se encuentre en firme, se podría atentar contra los derechos subjetivos de sus integrantes, los cuales pueden tener situaciones jurídicas consolidadas, motivo por el cual ha considerado que no es pertinente la modificación y mucho menos la suspensión de la lista (…)”.

61. En síntesis, esta Sala considera que la acción de tutela procede de forma excepcional contra actuaciones proferidas dentro de concursos públicos de méritos, siempre y cuando no se haya emitido lista de elegibles, caso contrario en el cual resulta improcedente el amparo, ante la existencia de situaciones consolidadas y derechos adquiridos por cada uno de los concursantes designados en cargos de carrera.

3.2. Carencia actual de objeto

62. La Sala ha explicado en varias ocasiones que la acción de tutela ha sido instituida como un instrumento preferente y sumario, dirigido a la protección de derechos fundamentales que sean violentados o amenazados de una manera actual e inminente.

63. No obstante, existen eventos en los que la amenaza al derecho fundamental desaparece en el trascurso de la acción de tutela, o la vulneración del derecho fundamental amenazado se materializa en el curso del proceso, de suerte que el instrumento pierde efectividad, lo que hace inane la intervención del juez constitucional tendiente a impartir órdenes para que cese la vulneración de los derechos fundamentales.

64. En efecto, actualmente la Corte Constitucional ha sostenido que la terminación del proceso de tutela por carencia actual de objeto puede proceder en tres supuestos de hecho: (i) por hecho superado; (ii) por daño consumado; y, (iii) por una situación sobreviniente.

65. Al respecto, dicha Alta Corporación, en la sentencia T-481 del 1º de septiembre de 2016, señaló que ante la alteración o el desaparecimiento de las circunstancias que dieron origen a la vulneración de los derechos fundamentales objeto de estudio, la solicitud de amparo pierde su eficacia y sustento.

66. Así mismo expuso:

“Es por esto, que la doctrina constitucional ha desarrollado el concepto de la “carencia actual de objeto” para identificar este tipo de eventos y, así, denotar la imposibilidad material en la que se encuentra el juez de la causa para dictar alguna orden que permita salvaguardar los intereses jurídicos que le han sido encomendados. Sobre el particular, se tiene que éste se constituye en el género que comprende el fenómeno previamente descrito, y que puede materializarse a través de las siguientes figuras: (i) “hecho superado”, (ii) “daño consumado” o (iii) de aquella que se ha empezado a desarrollar por la jurisprudencia denominada como el acaecimiento de una “situación sobreviniente».

67. Con base en el anterior marco referencial, el Máximo Tribunal Constitucional ha sostenido que:

68. (i) El hecho superado obedece a lo regulado en el artículo 26 del Decreto Ley 2591 de 1991, atinente a la cesación de la actuación impugnada, la cual se materializa cuando en el trámite de una acción de tutela se demuestra que la autoridad demandada ha realizado las acciones necesarias para eliminar la vulneración de los derechos fundamentales.

69. En palabras de la Corte Constitucional, la “(…)primera de estas figuras [hecho superado], regulada en el artículo 26 del decreto 2591 de 1991, comprende el supuesto de hecho en el que, entre el momento en que se interpone la demanda de amparo y el fallo, se evidencia que, como producto del obrar de la entidad accionada, se eliminó la vulneración a los derechos fundamentales del actor, esto es, tuvo lugar la conducta solicitada (ya sea por acción o abstención) y, por tanto, (i) se superó la afectación y (ii) resulta inocua cualquier intervención que pueda realizar el juez de tutela para lograr la protección de unos derechos que, en la actualidad, la accionada ha dejado de desconocer (…)”.

70. En este sentido, para la aplicación del hecho superado resulta irrelevante determinar si la eliminación de la vulneración de los derechos fundamentales ocurre antes o después del fallo de primera instancia (resalta esta Sección Quinta), lo que indica que el juez podría optar por analizar de fondo la conducta de la autoridad demandada, para determinar si en todo caso se vulneraron o no los derechos fundamentales.

71. En efecto, la Corte Constitucional ha empleado esta figura incluso en aquellos casos en los cuales la cesación de la vulneración de los derechos fundamentales ocurre luego de que se ha proferido la decisión de segunda instancia, durante el trámite de revisión ante ese Tribunal.

72. En estas situaciones, aunque la vulneración de los derechos fundamentales se supere antes del pronunciamiento judicial de primera o segunda instancia, se ha destacado que no es perentorio para el fallador de instancia pronunciarse sobre la conducta desplegada por la autoridad demandada, para formular un juicio de reproche, en caso de que sea necesario, y advertir sobre la no repetición de la conducta lesiva de los derechos afectados. Así lo ha indicado la Corte Constitucional:

“En estos casos, “no es perentorio para los jueces de instancia, aunque sí para Corte en sede de Revisión, incluir en la argumentación de su fallo el análisis sobre la vulneración de los derechos fundamentales planteada en la demanda. Sin embargo puede hacerlo, sobre todo si considera que la decisión debe incluir observaciones acerca de los hechos del caso estudiado, incluso para llamar la atención sobre la falta de conformidad constitucional de la situación que originó la tutela, o para condenar su ocurrencia y advertir la inconveniencia de su repetición, so pena de las sanciones pertinentes, si así lo considera”. Según la jurisprudencia de la Corte, lo que sí resulta ineludible en estos casos, es que la providencia judicial incluya la demostración de la reparación del derecho antes del momento del fallo, es decir que se demuestre el hecho superado”.” (Destacado fuera de texto).

73. Pero en sede de revisión, la Corte Constitucional sí se debe pronunciar para formular un juicio de reproche, si a ello hay lugar. Sobre el particular, la Alta Corporación en cita ha dicho lo siguiente:

“Se está frente a un hecho superado cuando durante el trámite de amparo las acciones u omisiones que amenazan al derecho fundamental desaparecen por la satisfacción de la pretensión que sustenta la acción de tutela, por lo que la orden a impartir por parte del juez constitucional pierde su razón de ser, pues que el derecho ya no se encuentra en riesgo.

No obstante lo anterior, esta Corporación ha señalado que puede adelantar el estudio del asunto sometido a su conocimiento, pues le corresponde en sede de revisión, determinar el alcance de los derechos fundamentales cuya protección se solicita, pronunciarse sobre la vulneración invocada en la demanda conforme al artículo 24 del Decreto 2591 de 1991 y determinar si, con atención de las particularidades del caso, procede el amparo de la dimensión objetiva de los derechos conculcados. Dicho análisis puede comprender: i) observaciones sobre los hechos del caso estudiado; ii) llamados de atención sobre la situación que originó la tutela; iii) el reproche sobre su ocurrencia y la advertencia sobre la garantía de no repetición; y iv) la posibilidad de adoptar las medidas de protección objetiva”.

74. Ahora bien, resulta necesario distinguir en este punto, cuando la sentencia de primera instancia ordena un amparo y la autoridad accionada le da cumplimiento, pero a pesar de ello la impugna, el ad quem constitucional deberá entrar a analizar los argumentos de las alegaciones formuladas, para determinar si realmente había lugar o no a declarar tal vulneración.

75. (ii) El daño consumado se produce cuando la vulneración del derecho fundamental que se pretendía evitar se materializa con posterioridad a la interposición de la acción de tutela. Al respecto ha sostenido el Tribunal Constitucional: “[l]a segunda de las figuras referenciadas [daño consumado], consiste en que a partir de la vulneración ius-fundamental que venía ejecutándose, se ha consumado el daño o afectación que con la acción de tutela se pretendía evitar, de forma que ante la imposibilidad de hacer cesar la vulneración o impedir que se concrete el peligro, no es factible que el juez de tutela dé una orden al respecto”.

76. (iii) Por último, de manera reciente, la Corte Constitucional ha distinguido el supuesto de hecho correspondiente a la situación sobreviniente, caso en el cual la vulneración de los derechos fundamentales cesa luego de la interposición de la acción de tutela, con ocasión del obrar del actor o de un tercero distinto a la autoridad demandada.

77. La citada Corporación ha indicado lo siguiente sobre este supuesto de hecho para declarar la carencia actual de objeto:

“[P]ara finalizar, se ha empezado a diferenciar por la jurisprudencia una tercera modalidad de eventos en los que la protección pretendida del juez de tutela termina por carecer por completo de objeto y es en aquellos casos en que como producto del acaecimiento de una “situación sobreviniente” que no tiene origen en el obrar de la entidad accionada la vulneración predicada ya no tiene lugar, ya sea porque el actor mismo asumió la carga que no le correspondía, o porque a raíz de dicha situación, perdió interés en el resultado de la litis.

“Se tiene que, esta nueva y particular forma de clasificar las modalidades en que puede configurarse la carencia actual de objeto en una acción de tutela, parte de una diferenciación entre el concepto que usualmente la jurisprudencia ha otorgado a la figura del “hecho superado” y limita su alcance únicamente a aquellos eventos en los que el factor a partir del cual se superó la vulneración está directamente relacionado con el accionar del sujeto pasivo del trámite tutelar. De forma que es posible hacer referencia a un “hecho superado” cuando, por ejemplo, dentro del trámite tutelar una E.P.S. entrega los medicamentos que su afiliado demandaba, y una “situación sobreviniente” cuando es el afiliado quien, al evidenciar la excesiva demora en su suministro, decide asumir su costo y procurárselos por sus propios medios”.

3.3. Caso concreto

78. Para un mayor entendimiento, la Sala considera pertinente realizar el análisis del caso desde dos aristas: i) la presunta vulneración del derecho de petición por parte de las autoridades accionadas y; ii) la posible transgresión del derecho fundamental al debido proceso de la señora María Fernanda Batista Montiel.

3.3.1. Del derecho de petición

79. En el caso sub examine la señora Batista Montiel expuso que su derecho fundamental de petición fue vulnerado por la Unidad de Administración de Carrera Judicial del Consejo Superior de La Judicatura y la Universidad Nacional de Colombia toda vez que, a la fecha de presentación de la tutela, las accionadas no habían dado respuesta de fondo a la petición que elevó el 9 de agosto de 2019.

80. La Sala de Decisión No. 002 del Tribunal Administrativo Bolívar, mediante providencia del 24 de octubre de 2019, notificado el 28 del mismo mes y año, amparó el derecho fundamental de petición y ordenó a las accionadas que en el término de 48 horas, dieran respuesta a los literales B, C, H e I de la referida petición.

81. Dando cumplimiento a la referida orden, las autoridades accionadas expidieron el oficio No. CONV27DP-0215ª-JURUNCSJ-2184 del 30 de octubre de 2019 en el que dieron respuesta a los literales C, B, I y H de la petición.

82. Inconforme con la anterior decisión, la tutelante la impugnó por cuanto, a su juicio, contrario a lo expresado por la autoridad judicial de primera instancia, la Unidad de Administración de Carrera Judicial del Consejo Superior de la Judicatura y la Universidad Nacional de Colombia, omitieron responder de fondo la petición formulada el 9 de agosto de 2019, numerales 1 y 2, literales A al L.

83. Así las cosas, la Sala considera necesario analizar el contenido de la mencionada petición, así como la respuesta otorgada el 16 de agosto del 2019 por la parte tutelada con el fin de verificar si, en efecto, se dio respuesta de fondo o no a la misma.

PREGUNTAS DEL DERECHO DE PETICIÓN DEL 9 DE AGOSTO DE 2019
RESPUESTAS DE LOS DIFERENTES OFICIOS PROFERIDOS POR LAS ACCIONADAS
RESPUESTAS DEL OFICIO DEL 30 DE AGOSTO DE 2019 – INFORME DE CUMPLIMIENTO
a) ¿Cuál es el total de número de aciertos o puntajes directos de la totalidad de los aspirantes al cargo de Juez Administrativo en la prueba de aptitudes?
“En relación con el número de aciertos, éste corresponde al puntaje directo obtenido por el aspirante, derivado de la comparación entre las opciones marcadas en la hoja de respuesta y las claves suministradas por la Universidad Nacional, el cual puede ser consultado en el trámite de la exhibición.

Frente a los puntajes obtenidos por los aspirantes y número de aprobados de cada cargo, dicha información es de carácter público y podrá encontrarla en la página web de la Rama Judicial, atendiendo al siguiente link: HYPERLINK "https://www.ramajudicial.gov.co/web/unidad-de-administracion-de-carrera-judicial/resultado-prueba-de-conocimientos-y-aptutudes" https://www.ramajudicial.gov.co/web/unidad-de-administracion-de-carrera-judicial/resultado-prueba-de-conocimientos-y-aptutudes”. (1-08-2019)

“Frente a su solicitud de que se le suministre la información referente a los aciertos de cada uno de los aspirantes al cargo en mención, se informa que de conformidad con el numeral 3º del artículo 24 de la Ley 1755 de 2015, dicha información tiene carácter reservado (…)

La cantidad de preguntas acertadas en la prueba de conocimientos fueron 30”. (16.08.2019)

b) ¿Cuál fue el número de aspirantes que presentaron la prueba de aptitudes el 2 de diciembre de 2018?
“fueron 4.797 aspirantes quienes se presentaron para el cargo de Juez Administrativo”.
“Se inscribieron un total de 44.806 aspirantes para los cargos de funcionarios de la Rama Judicial, de los cuales 37.344 presentaron la prueba de aptitudes y conocimientos y 15 concursantes realizaron prueba supletoria de los 20 citados, lo cual tal como se informó en el correo electrónico remitido el 1º de agosto, dicha información es de carácter público y podrá encontrarla en la página web de la Rama Judicial, en el siguiente link: HYPERLINK "https://www.ramajudicial.gov.co/web/unidad-de-administracion-de-carrera-judicial/resultado-prueba-de-conocimientos-y-aptitudes" https://www.ramajudicial.gov.co/web/unidad-de-administracion-de-carrera-judicial/resultado-prueba-de-conocimientos-y-aptitudes”.
c) ¿Cuál sería el promedio de la prueba de aptitudes?
“Respecto de su solicitud en la cual requiere se le informe el número de coincidencias y datos estadísticos para el cargo al cuál aplicó, se tiene que la cantidad de preguntas acertadas de prueba de aptitud fueron 30; y en la prueba de conocimientos fue 52”.
“es necesario reiterar que la metodología utilizada para la nueva calificación se realizó con la estandarización de los resultados a partir de la sumatoria de los dos componentes, y no a partir de un cálculo con fórmulas interrelacionadas para cada uno de ellos, atendiendo con esto lo planteado en el Acuerdo de Convocatoria, razón por la cual los datos suministrados no fueron discriminados de manera independiente para cada componente, sino que solo se determinó un promedio y una desviación para la prueba de aptitudes y conocimientos dependiendo de cada cargo”.
d) ¿Cuál sería la desviación estándar de la prueba de aptitudes?
“la desviación estándar es de 9.0878”.
9.0878
e) ¿Cuál sería la media esperada de la prueba de aptitudes?
“La media corresponde a 56.5467”.
56.5467
f) ¿Cuáles serían el valor o los valores constantes y el puntaje estandarizado de la prueba de aptitudes, por ejemplo: 670, 100, 230 y 550 y 10 utilizados en la 2ª y 1ª calificación?
“el valor de Z es 0.7651. Frente a lo cual se utiliza la fórmula T=670 + (100*Z) para ubicar los puntajes en una escala de 1 a 1000”.

“En cuanto a la solicitud relacionada con las constantes utilizadas, se indica que la fórmula inicial difiere de la fórmula de nueva calificación en dos sentidos: i) la ponderación que esta última otorga al puntaje directo de cada componente (30% para aptitudes y 70% para conocimientos) y ii) la estandarización con el puntaje ponderado sobre el 100%. Procedimiento que puede ser verificado atendiendo de una parte a la fórmula inicial, la cual indica que la consolidación de los resultados individuales se realiza a partir de la Resolución CJR18-559 de 28 de diciembre de 2018.

En la calificación publicada en la Resolución CJR18-559 de 28 de diciembre de 2018, el puntaje directo fue la suma de aciertos en cada componente evaluado y el puntaje estandarizado fue una transformación que se realizó a partir de las siguientes fórmulas dependiendo del nivel del cargo al cual se presentó el aspirante, así:

(…)

Fórmulas para aspirantes a Juez
Puntaje Estandarizado Aptitudes = 230.5 + (10 x Z)

El valor Z resulta del cálculo de la siguiente fórmula:
Z=Puntaje directo del aspirante – Promedio del cargo al que se inscribe / Desviación estándar del cargo al que se inscribe.

El puntaje total fue la sumatoria del puntaje estandarizado de aptitudes más el puntaje estandarizado de conocimientos.

Por otra parte, los criterios de la nueva calificación se encuentran contenidos en el comunicado publicado el día 20 de junio de 2019 por la Universidad Nacional de Colombia en el cual se aclara que los participantes de la convocatoria 27 la manera en que se realizó la nueva calificación de la prueba aplicada el día 2 de diciembre de 2018, así como dio a conocer el paso a paso de la aplicación de la fórmula mediante un ejemplo, en aras de que los aspirantes así lo deseen, puedan realizar el mencionado procedimiento, de acuerdo a sus resultados y datos particulares. Esta información puede ser consultada mediante el link HYPERLINK "https://www.ramajudicial.gov.co/documents/7227621/19224448/COMUNICADO-DE-ACLARACIO%CC81N.pdf/dde058b2-98ed-470d-9455-792b01ccd8dd" https://www.ramajudicial.gov.co/documents/7227621/19224448/COMUNICADO-DE-ACLARACIO%CC81N.pdf/dde058b2-98ed-470d-9455-792b01ccd8dd”.

g) ¿Cuál es el total de número de aciertos o puntajes directos de la totalidad de los aspirantes al cargo de Juez Administrativo en la prueba de conocimientos?
“En relación con el número de aciertos, éste corresponde al puntaje directo obtenido por el aspirante, derivado de la comparación entre las opciones marcadas en la hoja de respuesta y las claves suministradas por la Universidad Nacional, el cual puede ser consultado en el trámite de la exhibición.

Frente a los puntajes obtenidos por los aspirantes y número de aprobados de cada cargo, dicha información es de carácter público y podrá encontrarla en la página web de la Rama Judicial, atendiendo al siguiente link: HYPERLINK "https://www.ramajudicial.gov.co/web/unidad-de-administracion-de-carrera-judicial/resultado-prueba-de-conocimientos-y-aptutudes" https://www.ramajudicial.gov.co/web/unidad-de-administracion-de-carrera-judicial/resultado-prueba-de-conocimientos-y-aptutudes”. (1-08-2019)

“Frente a su solicitud de que se le suministre la información referente a los aciertos de cada uno de los aspirantes al cargo en mención, se informa que de conformidad con el numeral 3º del artículo 24 de la Ley 1755 de 2015, dicha información tiene carácter reservado (…)

La cantidad de preguntas acertadas en la prueba de conocimientos fueron 52”. (16.08.2019)

h) ¿Cuál fue el número de aspirantes que presentaron la prueba de conocimientos el 2 de diciembre de 2018?
“fueron 4.797 aspirantes quienes se presentaron para el cargo de Juez Administrativo”.
“Se inscribieron un total de 44.806 aspirantes para los cargos de funcionarios de la Rama Judicial, de los cuales 37.344 presentaron la prueba de aptitudes y conocimientos y 15 concursantes realizaron prueba supletoria de los 20 citados, lo cual tal como se informó en el correo electrónico remitido el 1º de agosto, dicha información es de carácter público y podrá encontrarla en la página web de la Rama Judicial, en el siguiente link: HYPERLINK "https://www.ramajudicial.gov.co/web/unidad-de-administracion-de-carrera-judicial/resultado-prueba-de-conocimientos-y-aptitudes" https://www.ramajudicial.gov.co/web/unidad-de-administracion-de-carrera-judicial/resultado-prueba-de-conocimientos-y-aptitudes”.
i) ¿Cuál sería el promedio de la prueba de conocimientos?
“Respecto de su solicitud en la cual requiere se le informe el número de coincidencias y datos estadísticos para el cargo al cuál aplicó, se tiene que la cantidad de preguntas acertadas de prueba de aptitud fueron 30; y en la prueba de conocimientos fue 52”.
“es necesario reiterar que la metodología utilizada para la nueva calificación se realizó con la estandarización de los resultados a partir de la sumatoria de los dos componentes, y no a partir de un cálculo con fórmulas interrelacionadas para cada uno de ellos, atendiendo con esto lo planteado en el Acuerdo de Convocatoria, razón por la cual los datos suministrados no fueron discriminados de manera independiente para cada componente, sino que solo se determinó un promedio y una desviación para la prueba de aptitudes y conocimientos dependiendo de cada cargo”.
j) ¿Cuál sería la desviación estándar de la prueba de conocimientos?
“la desviación estándar es de 9.0878”.
9.0878
k) ¿Cuál sería la media esperada de la prueba de conocimientos?
“La media corresponde a 56.5467”.
56.5467
l) ¿Cuáles serían el valor o los valores constantes y el puntaje estandarizado de la prueba de conocimientos, por ejemplo: 670, 100, 230 y 550 y 10 utilizados en la 2ª y 1ª calificación?
“En cuanto a la solicitud relacionada con las constantes utilizadas, se indica que la fórmula inicial difiere de la fórmula de nueva calificación en dos sentidos: i) la ponderación que esta última otorga al puntaje directo de cada componente (30% para aptitudes y 70% para conocimientos) y ii) la estandarización con el puntaje ponderado sobre el 100%. Procedimiento que puede ser verificado atendiendo de una parte a la fórmula inicial, la cual indica que la consolidación de los resultados individuales se realiza a partir de la Resolución CJR18-559 de 28 de diciembre de 2018.

Por otra parte, los criterios de la nueva calificación se encuentran contenidos en el comunicado publicado el día 20 de junio de 2019 por la Universidad Nacional de Colombia en el cual se aclara que los participantes de la convocatoria 27 la manera en que se realizó la nueva calificación de la prueba aplicada el día 2 de diciembre de 2018, así como dio a conocer el paso a paso de la aplicación de la fórmula mediante un ejemplo, en aras de que los aspirantes así lo deseen, puedan realizar el mencionado procedimiento, de acuerdo a sus resultados y datos particulares. Esta información puede ser consultada mediante el link HYPERLINK "https://www.ramajudicial.gov.co/documents/7227621/19224448/COMUNICADO-DE-ACLARACIO%CC81N.pdf/dde058b2-98ed-470d-9455-792b01ccd8dd" https://www.ramajudicial.gov.co/documents/7227621/19224448/COMUNICADO-DE-ACLARACIO%CC81N.pdf/dde058b2-98ed-470d-9455-792b01ccd8dd”.

84. Teniendo en cuenta lo anterior, la Sala comparte lo establecido por el juez constitucional de primera instancia, al indicar que la Unidad de Administración de Carrera Judicial del Consejo Superior de La Judicatura y a la Universidad Nacional de Colombia vulneraron el derecho fundamental de petición de la señora María Fernanda Batista Montiel, pues en los oficios proferidos el 16 de agosto de 2019 y el 20 de octubre de 2019, así como en el comunicado remitido por correo electrónico a los participantes de la convocatoria del 1º de agosto de 2019 no respondieron los literales B, C, H e I elevados en la solicitud del 9 de agosto de 2019, por lo que los mismos no garantizan el núcleo esencial del derecho constitucional vulnerado.

85. Ahora, en cumplimiento del fallo de primera instancia, las accionadas dieron respuesta a los referidos literales de la petición del 9 de agosto de 2019. Al efecto manifestaron:

“En relación a su solicitud descrita en los literales C e I, consistente en que se informe el promedio de las pruebas aptitudes y conocimientos, es necesario reiterar que la metodología utilizada para la nueva calificación se realizó con la estandarización de los resultados a partir de la sumatoria de los dos componentes, y no a partir del cálculo con fórmulas interrelacionadas para cada uno de ellos, atendiendo con esto lo planteado en el acuerdo de Convocatoria, razón por la cual los datos suministrados no fueron discriminados de manera independiente para cada componente, sino que solo se determinó un promedio y una desviación para la prueba de aptitudes y conocimientos dependiendo de cada cargo.

(…)

Por último, frente a su petición de los literales B y H, en la cual solicita que se indique el número de aspirantes que presentaron la prueba de aptitudes y conocimientos, se precisa que mediante el Acuerdo PCSJA18-11077 de 16 de agosto de 2018 “Por medio del cual se adelanta el proceso de selección y se convoca al concurso de méritos para la provisión de los cargos de funcionarios de la Rama Judicial” se dio apertura al concurso de méritos para la provisión de los cargos de funcionarios de la Rama Judicial. De conformidad con lo anterior, se inscribieron un total de 44.806 aspirantes para los cargos de funcionarios de la Rama Judicial, de los cuales 37.344 presentaron la prueba de aptitudes y conocimientos y 15 concursantes realizaron la prueba supletoria de los 20 citados, lo cual tal como se le informó en el correo electrónico remitido el 1º de agosto, dicha información es de carácter público y podrá encontrarla en la página web de la Rama Judicial en al (sic) siguiente link: https://www.ramajudicial.gov.co/web/unidad-de-administracion-de-carrera-judicial/resultado-prueba-de-conocimientos-y-aptitudes ”.

86. Así las cosas, esta Sección evidencia que la Unidad de Administración de Carrera Judicial del Consejo Superior de La Judicatura y la Universidad Nacional de Colombia dieron respuesta de fondo a la petición pues indicaron i) que conforme a lo dispuesto en el Acuerdo de Convocatoria, los datos no fueron discriminados de manera independiente para cada componente, esto es, la prueba de aptitudes y de conocimientos, como solicitó la accionante; y (ii) señalaron el número de aspirantes que presentaron la prueba de aptitudes y de conocimientos el 2 de diciembre de 2018.

87. Por todo lo anterior, luego de contrastar las preguntas de la petición elevada por la señora Batista Montiel el 9 de agosto de 2019, con los oficios proferidos por las entidades accionadas el 16 de agosto y el 20 de octubre de 2019, y el comunicado remitido por correo electrónico a los participantes de la convocatoria del 1º de agosto de 2019, así como el informe de cumplimiento del 30 de octubre de 2019, se advierte que, contrario a lo afirmado por la accionante en el escrito de impugnación, la Unidad de Administración de Carrera Judicial del Consejo Superior de La Judicatura y la Universidad Nacional de Colombia, sí dieron respuesta a la mencionada petición.

88. Ahora, resulta importante señalar que el derecho de petición no implica una prerrogativa en virtud de la cual, la autoridad que recibe la petición está en la obligación de definir favorablemente las pretensiones del solicitante.

89. Por lo anterior, no se debe entender conculcado este derecho cuando la autoridad responde al peticionario, aunque la respuesta sea negativa, por lo que la simple inconformidad con la respuesta dada no implica vulneración de la mencionada garantía.

90. En ese sentido, la Sala observa que la petición fue contestada de forma clara, precisa y de fondo y la misma fue puesta en conocimiento de la tutelante, así mismo, aquello ocurrió en cumplimiento del fallo de primera instancia, por lo que, de conformidad con el criterio establecido por la Sala en ocasiones anteriores, se declara la carencia actual de objeto por hecho superado en relación con este punto, aclarando que dicha garantía constitucional fue conculcada por la Unidad de Administración de Carrera Judicial del Consejo Superior de La Judicatura y la Universidad Nacional de Colombia.

3.3.2. Del debido proceso

91. En el sub lite, se advierte que la señora Batista Montiel considera que su derecho fundamental del debido proceso fue vulnerado con ocasión de la omisión de las entidades accionadas de dar trámite al recurso de insistencia elevado el 20 de agosto de 2019.

92. Frente al punto, la Sala de Decisión No. 002 del Tribunal Administrativo Bolívar, a través de la providencia del 24 de octubre de 2019, negó el amparo respecto del mencionado derecho, sustentando su decisión en que “frente a los literales A y G, respecto de los cuales la accionada expresó reserva legal y fue el fundamento para la presentación del recurso de insistencia por la parte actora, se tiene que estos fueron resueltos (…) por lo tanto, estima la Sala que no debe darse trámite al recurso de insistencia, comoquiera que el fundamento del mismo, es decir la negativa de la accionada de entregar la información, ya no existe, debido a que ella fue suministrada”.

93. Así las cosas, debe analizarse el contenido del artículo 26 de la Ley 1755 de 2015, que regula el recurso de insistencia, a efectos de determinar si las accionadas tenían la obligación de tramitarlo.

“Artículo  HYPERLINK "http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1437_2011.html" \l "26" 26. Insistencia del solicitante en caso de reserva. <Artículo CONDICIONALMENTE exequible> Si la persona interesada insistiere en su petición de información o de documentos ante la autoridad que invoca la reserva, corresponderá al Tribunal Administrativo con jurisdicción en el lugar donde se encuentren los documentos, si se trata de autoridades nacionales, departamentales o del Distrito Capital de Bogotá, o al juez administrativo si se trata de autoridades distritales y municipales decidir en única instancia si se niega o se acepta, total o parcialmente la petición formulada.

Para ello, el funcionario respectivo enviará la documentación correspondiente al tribunal o al juez administrativo, el cual decidirá dentro de los diez (10) días siguientes. Este término se interrumpirá en los siguientes casos:

1. Cuando el tribunal o el juez administrativo solicite copia o fotocopia de los documentos sobre cuya divulgación deba decidir, o cualquier otra información que requieran, y hasta la fecha en la cual las reciba oficialmente.

2. Cuando la autoridad solicite, a la sección del Consejo de Estado que el reglamento disponga, asumir conocimiento del asunto en atención a su importancia jurídica o con el objeto de unificar criterios sobre el tema. Si al cabo de cinco (5) días la sección guarda silencio, o decide no avocar conocimiento, la actuación continuará ante el respectivo tribunal o juzgado administrativo.

PARÁGRAFO. El recurso de insistencia deberá interponerse por escrito y sustentado en la diligencia de notificación, o dentro de los diez (10) días siguientes a ella”.

94. De esa manera, se advierte que la causal de reserva fue invocada por las accionadas mediante escrito del 16 de agosto de 2019 y que, la señora Batista Montiel elevó el recurso de insistencia el 20 del mismo mes y año, es decir que se encontraba dentro del término establecido por el citado artículo.

95. Ahora bien, aun cuando a través del referido oficio las entidades atacadas expresaron la reserva legal de la información solicitada por la parte actora, lo cierto es que del material probatorio obrante en el expediente, se advierte que dicha respuesta se otorgó a través de la comunicación enviada por correo electrónico el 1º de agosto de 2019 y el oficio del 16 del mismo mes y año.

96. En ese sentido, la Sección considera pertinente citar la pregunta formulada por la señora Batista Montiel, junto con las respuestas dadas a la misma, con el fin de demostrar que contrario a lo afirmado por la accionante, no había lugar a tramitar el recurso de insistencia:

Pregunta:

¿Cuál es el total de número de aciertos o puntajes directos de la totalidad de los aspirantes al cargo de Juez Administrativo en la prueba de aptitudes y de conocimientos?

Respuesta:

Comunicación del 1º de agosto de 2019, “En relación con el número de aciertos, éste corresponde al puntaje directo obtenido por el aspirante, derivado de la comparación entre las opciones marcadas en la hoja de respuesta y las claves suministradas por la Universidad Nacional, el cual puede ser consultado en el trámite de la exhibición. Frente a los puntajes obtenidos por los aspirantes y número de aprobados de cada cargo, dicha información es de carácter público y podrá encontrarla en la página web de la Rama Judicial, atendiendo al siguiente link: https://www.ramajudicial.gov.co/web/unidad-de-administracion-de-carrera-judicial/resultado-prueba-de-conocimientos-y-aptutudes”.

Oficio del 16 de agosto de 2019, “La cantidad de preguntas acertadas en la prueba de aptitud fueron 30; y en la prueba de conocimientos fueron 52”.

97. En ese contexto, esta Sala, al igual que la autoridad judicial que resolvió la primera instancia de esta tutela, considera que no debía darse trámite al recurso de insistencia elevado por la señora Batista Montiel, en la medida que dicho mecanismo se fundamenta en la negativa de suministrar información invocando reserva legal y, como se señaló en párrafos anteriores, las accionadas sí resolvieron la petición, no obstante haber invocado la reserva legal sobre la misma.

4. Conclusión

98. Por las razones expuestas anteriormente, esta Sala revocará la sentencia del 24 de octubre de 2019 que amparó el derecho fundamental de petición para, en su lugar, i) declarar la carencia actual de objeto por hecho superado en relación con el derecho de petición, pues la misma fue contestada en cumplimiento de la sentencia de primera instancia y; ii) negar el amparo respecto del derecho fundamental del debido proceso, toda vez que en el caso sub examine el recurso de insistencia no debía tramitarse.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley

FALLA:

PRIMERO: DECLARAR la carencia actual de objeto por hecho superado en relación con el derecho de petición, por las razones expuestas en esta sentencia.

SEGUNDO: CONFIRMAR la sentencia del 24 de octubre de 2019 proferida por la Sala de Decisión No. 002 del Tribunal Administrativo de Bolívar que negó el amparo respecto del derecho fundamental del debido proceso, de conformidad con lo dispuesto en la parte motiva de esta providencia.

TERCERO: NOTIFICAR a las partes y los intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

CUARTO: Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada

LUCY JEANNETTE BERMÚDEZ BERMÚDEZ
Magistrada

Folios 1 a 7 del expediente.
“Por medio del cual se adelanta el proceso de selección y se convoca al concurso de méritos para la provisión de los cargos de funcionarios de la Rama Judicial”.
“Por medio de la cual se resuelven recursos de reposición interpuestos en contra de la Resolución CJR18-559 de 28 de diciembre de 2018, mediante la cual se publican los resultados de la prueba de aptitudes y conocimientos, correspondientes al concurso de méritos para la provisión de los cargos de funcionarios de la Rama Judicial”.
“3. Los que involucren derechos a la privacidad e intimidad de las personas, incluidas en las hojas de vida, la historia laboral y los expedientes pensionales y demás registros de personal que obren en los archivos de las instituciones públicas o privadas, así como la historia clínica”.
“Artículo  HYPERLINK "http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1437_2011.html" \l "26" 26. Insistencia del solicitante en caso de reserva. <Artículo CONDICIONALMENTE exequible> Si la persona interesada insistiere en su petición de información o de documentos ante la autoridad que invoca la reserva, corresponderá al Tribunal Administrativo con jurisdicción en el lugar donde se encuentren los documentos, si se trata de autoridades nacionales, departamentales o del Distrito Capital de Bogotá, o al juez administrativo si se trata de autoridades distritales y municipales decidir en única instancia si se niega o se acepta, total o parcialmente la petición formulada (…)”.
Folio 34 del expediente.
Folios 44 a 57 del expediente.
Folios 59 a 67 del expediente.
“ARTICULO 37. PRIMERA INSTANCIA. Son competentes para conocer de la acción de tutela, a prevención, los jueces o tribunales con jurisdicción en el lugar donde ocurriere la violación o la amenaza que motivaren la presentación de la solicitud (…)”.
“ARTÍCULO 2.2.3.1.2.1. REPARTO DE LA ACCIÓN DE TUTELA. Para los efectos previstos en el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, conocerán de la acción de tutela, a prevención, los jueces con jurisdicción donde ocurriere la violación o la amenaza que motivare la presentación de la solicitud o donde se produjeren sus efectos, conforme a las siguientes reglas:
(…)
PARÁGRAFO 2°. Las anteriores reglas de reparto no podrán ser invocadas por ningún juez para rechazar la competencia o plantear conflictos negativos de competencia.”
“¿Cuál sería el promedio de la prueba de aptitudes?”
“¿Cuál sería la desviación estándar de la prueba de conocimientos?”
“¿Cuál fue el número de aspirantes que presentaron la prueba de aptitudes el 2 de diciembre de 2018?”
“¿Cuál fue el número de aspirantes que presentaron la prueba de conocimientos el 2 de diciembre de 2018?”
“Por medio del cual se adelanta el proceso de selección y se convoca al concurso de méritos para la provisión de los cargos de funcionarios de la Rama Judicial”.
Folios 89 a 94 del expediente.
“cada prueba contó, en forma independiente, de sus propios datos estadísticos conformados por el promedio de la prueba de aptitudes, de la desviación estándar de la prueba de aptitudes, el promedio de la prueba de conocimientos y la desviación estándar de la prueba de conocimientos”.
“una sola desviación estándar y promedio media para ambas pruebas”.

Al respecto ver las sentencias del 16 de junio de 2016 Rad. 05001-23-31-000-2016-00891-01 y del 25 de agosto de 2016 Rad. 47001-23-33-2016-00225-01, con ponencia del Consejero Alberto Yepes Barreiro. Ver también la Sentencia del 25 de agosto de 2016 con ponencia de la Consejera Rocío Araújo Oñate en el proceso radicado con el número 85001-23-33-000-2016-00161-01
Consejo de Estado, Sentencia del 4 de febrero de 2016, C.P. Alberto Yepes Barreiro. Rad. 25000-23-36-000-2015-02718-01(AC). Entre otras en la sentencia de 9 de febrero de 2012, dictada por la Sección Quinta del Consejo de Estado, en el proceso radicado No. 15001-23-15-000-2011-00407-01(AC) siendo accionante: EDWIN IGNACIO FONSECA SALAMANCA. En el mismo sentido: Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 3 de noviembre de 2016, Rad. 88001-23-33-000-2016-00056-01, C.P. Rocío Araújo Oñate. Ver, por ejemplo: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta. Sentencias del 15 de noviembre de 2017, Expediente No. 2017-00085-01, M.P. Alberto Yepes Barreiro y del 19 de octubre de 2017, Radicado No. 2017-2365-00, M.P. Rocío Araújo Oñate, entre otras.
«El pasaje bajo transcripción presenta la siguiente nota de pie de página, bajo el número 5, la cual se transcribe literalmente: “Sentencias: SU-225 de 2013; T-317 de 2005”».
«El pasaje bajo transcripción presenta la siguiente nota de pie de página, bajo el número 6, la cual se transcribe literalmente: “Ver sentencias T-988 de 2007, T-585 de 2010 y T-200 de 2013”». Sentencia T-481 del 1º de septiembre de 2016. A manera de ejemplo, ver la sentencia T-662 de 2016.
«El pasaje bajo transcripción presenta la siguiente nota de pie de página, con el número 45, la cual se transcribe literalmente: “Esto se debe a que la Corte Constitucional, como Juez de máxima jerarquía de la Jurisdicción Constitucional tiene el deber de determinar el alcance de los derechos fundamentales cuya protección se solicita».
«El pasaje bajo transcripción presenta la siguiente nota de pie de página, con el número 46, la cual se transcribe literalmente: “Ver sentencia T-612 de 2009».
«El pasaje bajo transcripción presenta la siguiente nota de pie de página, con el número 47, la cual se transcribe literalmente: “Sentencia T-170/09».
«Corte Constitucional. Sentencia T-112/2010, M.P. Mauricio González Cuervo».
«Sentencia T-311 de 2012 M.P. Luis Ernesto Vargas Silva».
«Sentencia T-170 de 2009 M.P. Humberto Antonio Sierra Porto».
«ARTICULO 24. PREVENCIÓN A LA AUTORIDAD. Si al concederse la tutela hubieren cesado los efectos del acto impugnado (…) en el fallo se prevendrá a la autoridad pública para que en ningún caso vuelva a incurrir en las acciones u omisiones que dieron mérito para conceder la tutela, y que, si procediere de modo contrario, será sancionada de acuerdo con lo establecido en el artículo correspondiente de este Decreto, todo sin perjuicio de las responsabilidades en que ya hubiere incurrido. El juez también prevendrá a la autoridad en los demás casos en que lo considere adecuado para evitar la repetición de la misma acción u omisión».
«Sentencia T-576 de 2008 M.P. Humberto Antonio Sierra Porto».
«Sentencia SU-225 de 2013 M.P. Alexei Julio Estrada».
«Sentencia T-576 de 2008 M.P. Humberto Antonio Sierra Porto».
«Corte Constitucional. Sentencia T-662 de 2016».
«Corte Constitucional. Sentencia T-030/2017, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado».
«El pasaje bajo transcripción presenta la siguiente nota de pie de página, con el número 8, la cual se transcribe literalmente: “Ya no entendido como la situación a partir de la cual los factores que dieron lugar a la interposición de la acción de tutela fueron superados por cualquier motivo (Ver Sentencias: SU-225 de 2013; T-630 de 2005; T-597 de 2008; T-170 de 2009; T-100 de 1995; T-570 de 1992; T-675 de 1996) sino que limita su campo de aplicación a aquellos eventos en los que dicha situación tuvo lugar con ocasión al obrar de la entidad accionada».
«Corte Constitucional.

Sentencia T-481/2016». Folios 93 y 94 del expediente. Consejo de Estado, Sección Quinta, Sentencia del 15 de agosto de 2019. M.P. Rocío Araújo Oñate. Rad. 25000-23-37-000-2019-00374-01.

RADICADO: 13001-23-33-000-2019-00473-01
ACCIONANTE: María Fernanda Batista Montiel

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