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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 13001-23-33-000-2023-00356-01

Fecha
16 de noviembre de 2023
Consejero ponente
Pedro Pablo Vanegas Gil

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 13001-23-33-000-2023-00356-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: MODIFICAR PARCIALMENTE la decisión que declaró improcedente el amparo solicitado por la parte actora. En su lugar, DECLARAR LA CARENCIA ACTUAL DE OBJETO POR SITUACIÓN SOBREVINIENTE respecto de la pretensiones de evitar el traslado temporal de la actora. A su vez, DECLARAR IMPROCEDENTE LA PRESENTE ACCIÓN POR NO SUPERAR EL REQUISITO DE LA SUBSIDIARIEDAD en relación con los posibles daños que le pudo ocasionar a la actora el cumplimiento del acto administrativo que ordenó su traslado temporal. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto No. 2591 de 1991. TERCERO: En el evento de no ser impugnada esta decisión, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, de conformidad con lo establecido en el artículo 31 del Decreto Ley 2591 de 1991.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 13001-23-33-000-2023-00356-01

Consejero ponente: Pedro Pablo Vanegas Gil

16 de noviembre de 2023

Demandante: Nohemí Hernández Succar
Demandado: Registraduría Nacional del Estado Civil
Radicación: 13001-23-33-000-2023-00356-01

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

MAGISTRADO PONENTE: PEDRO PABLO VANEGAS GIL

Bogotá, D.C., dieciséis (16) de noviembre de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 13001-23-33-000-2023-00356-01
Demandante: NOHEMÍ HERNÁNDEZ SUCCAR
Demandado: REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

Temas: Tutela de fondo – Carencia actual de objeto por situación
sobreviniente e improcedente por subsidiariedad

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

La Sala resuelve la impugnación presentada por la parte actora contra la sentencia
del 6 de octubre de 2023 dictada por el Tribunal Administrativo de Bolívar, Sala de
Decisión 5. En esta providencia se declaró improcedente la presente acción de
tutela por no superar el requisito de la subsidiariedad.

I. ANTECEDENTES

1.1. Solicitud de amparo

1. La señora Nohemí Hernández Succar, actuando en nombre propio, interpuso
acción de tutela contra la Registraduría Nacional del Estado Civil en la que solicitó
que se tutelaran sus derechos fundamentales al debido proceso, a la vida, a la
libertad de asociación sindical y a la unidad familiar. Para la actora estas garantías
constitucionales fueron vulnerados por la entidad accionada con ocasión de la
expedición de las Resoluciones núm. 19424 del 8 de septiembre de 20231 y núm.
20429 del 19 de septiembre de 20232.

2. Los referidos actos administrativos ordenaron el traslado de la accionante de
su cargo de registradora municipal del municipio de San Estanislao de Kostka,
Bolívar, a distintos municipios del país, con el mismo cargo y asignación mensual
que venía devengando en dicha jurisdicción territorial3.

1 «Por la cual se efectúan unos traslados».
2 «Por la cual se efectúan unos traslados».
3 Mediante la Resolución núm. 19424 del 8 de septiembre de 2023 se dispuso el traslado de la
señora Hernández Succar del municipio de San Estanislao de Kostka, Bolívar, al municipio de Río
Viejo, Bolívar, y por Resolución núm. 20429 del 19 de septiembre de 2023 se ordenó el traslado de

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Demandante: Nohemí Hernández Succar
Demandado: Registraduría Nacional del Estado Civil
Radicación: 13001-23-33-000-2023-00356-01

1.2. Pretensiones

3. La parte accionante planteó las siguientes súplicas:

1- TUTELE mis derechos fundamentales al debido proceso, vida, libertad de
asociación sindical y la unidad familiar los cuales han sido vulnerados por la
Registraduría Nacional del Estado Civil con la expedición de las Resoluciones
No. 19424 del 8 de septiembre de 2023 y No. 20429 del 19 de septiembre de
2023, expedidas por el Registrador Nacional del Estado Civil.

2- En consecuencia, déjese sin efectos las resoluciones antes mencionadas,
únicamente en lo relativo a mi traslado del Municipio de San Estanislao a otras
entidades territoriales, y se ordene a la entidad mantenerme en el cargo de
Registradora Municipal de San Estanislao de Kostka4.

1.3. Hechos

4. La señora Nohemí Hernández Succar se encuentra vinculada a la
Registraduría Nacional del Estado Civil a través de nombramiento en
provisionalidad desde el año 2002. Para el momento en que ejerció la presente
acción ocupaba el cargo de Registradora del Estado Civil 4035-05, con carácter
provisional en la Registraduría Municipal de San Estanislao de Kostka, Bolívar.

5. La accionante pertenece a la junta directiva en la subdirectiva Bolívar del
Sindicato de Empleados de la Registraduría Nacional del Estado Civil (en adelante
SINTRAREGINAL) desde el mes de agosto del año 20215.

6. Después de superada la etapa de inscripción de las listas de candidatos y
sus modificaciones para el proceso electoral de autoridades territoriales que se llevó
a cabo en el mes de octubre de este año, la accionante le informó a la entidad que
uno de sus familiares, con el que tiene vínculo de parentesco en el 4 grado de
consanguinidad (primo)6, se inscribió como candidato a la Asamblea Departamental
de Bolívar por el partido Centro Democrático. Por tal circunstancia solicitó su
traslado, para garantizar la trasparencia del proceso7.

7. Mediante Resolución núm. 19424 del 8 de septiembre de 2023 8 suscrita por
el Registrador Nacional del Estado Civil, se dispuso el traslado temporal de, entre
otros, la señora Nohemí Hernández Succar, en su condición de registradora
municipal del municipio de San Estanislao de Kostka, Bolívar, al municipio de Río

la referida servidora del municipio de San Estanislao de Kostka, Bolívar, al municipio de González,
Cesar.
4 Transcripción literal del escrito de tutela que puede contener algunos errores.
5 Situación informada a la Registraduría Nacional de Estado Civil desde el 25 de agosto de 2021 y
al Ministerio del Trabajo desde el mes de septiembre del mismo año.
6 El candidato al que hizo referencia la demandante en su escrito de tutela es el señor Eduardo
Hernández Lambis.
7 Mediante Oficio No. 134-023 RMSE-BOL remitido por correo electrónico del 17 de agosto de 2023
a los delegados departamentales de Bolívar de la Registraduría Nacional del Estado Civil.
8 «Por la cual se efectúan unos traslados». Notificada a la señora Hernández Succar a través de
comunicación electrónica el 14 de septiembre de 2023.

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Viejo, Bolívar, concediéndosele el termino de 10 días hábiles para realizar dicho
traslado.

8. La señora Hernández Succar le pidió a la entidad revocar la Resolución núm.
19424 del 8 de septiembre de 2023 con el fin de que se le mantuviera en el municipio
de San Estanislao de Kostka, Bolívar9. Advirtió que la relación familiar que tiene con
el referido candidato no constituye una inhabildiad para él, según lo previsto en el
numeral 6 del artículo 49 de la Ley 2200 de 2022, destacó que no existe norma
alguna que establezca una inhabilidad o conflicto de intereses en su contra para
ocupar el cargo de Registradora Municipal en esas circunstancias dentro de este
contexto. Además, puso de presente su situación personal, concretamente, la
relativa a su condición de madre cabeza de familia a cargo de un hijo menor de edad
y de su madre que es una adulta mayor que adicionalmente es paciente con
Alzheimer.

9. Mediante Resolución núm. 20429 del 19 de septiembre de 2023, el
Registrador Nacional del Estado Civil ordenó el traslado de la señora Hernández
Succar del cargo de Registradora Municipal del municipio de San Estanislao de
Kostka, Bolívar al municipio de González en el departamento del Cesar. Para tal fin,
le fue concedido un término de 5 días hábiles para realizar dicho cambio.

10. La accionante presentó acción de tutela contra la Registraduría Nacional del
Estado Civil. Mediante esta acción constitucional solicitó como medida provisional
suspender los efectos de los actos administrativos que ordenaron su traslado al
municipio González, Cesar. En consecuencia, solicitó que no se efectuará la orden
de traslado de la registradora de Río Viejo Bolívar al cargo de registradora municipal
de San Estanislao de Kostka, Bolívar y viceversa.

1.4. Fundamentos de la vulneración

11. Después de explicar que la acción interpuesta cumplía con los requisitos de
procedibilidad relativos a legitimación en la causa por activa y por pasiva, de
inmediatez y subsidiariedad, la accionante expuso que la Registraduría Nacional del
Estado Civil vulneró sus derechos fundamentales por cuanto con las resoluciones
reprochadas se ordenó su traslado el cual fue «ostensiblemente arbitrario». Esto,
porque la entidad no tuvo en cuenta su estado de madre cabeza de familia y el fuero
sindical que ostenta al ser integrante de la junta directiva de SINTRAREGINAL,
subdirectiva Bolívar, en el cargo de fiscal de la organización sindical.

12. Señaló que el traslado ordenado a municipios lejanos de su actual lugar de
trabajo le impide retornar diariamente a la ciudad de Cartagena, que es su actual
lugar de residencia y con ello ocasionaría un perjuicio irremediable e inmediato a su
hijo menor de edad, toda vez que se vería limitada en el ejercicio de sus deberes de
atención y cuidado que en su condición de buena madre le prodiga a este, quien
además por su condición de minoría de edad «es un sujeto de especial protección

9 Mediante memorial del 15 de septiembre de 2023.

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constitucional, que merece protección del Estado al tenor del artículo 44 superior,
toda vez que de materializarse mi traslado se colocaría al menor en un estado de
indefensión y de indigencia, al no tener una persona que vele por él y sus
necesidades».

13. Alegó que el traslado al municipio de Río Viejo, Bolívar, o al Municipio de
González, Cesar, implicaba un riesgo contra su vida en atención a las amenazas de
las que fue víctima la actual registradora municipal de Río Viejo y el actuar de los
grupos armados al margen de la ley en el municipio de González, Cesar, lo cual no
le brinda garantías respecto de su seguridad e integridad personal.

1.5. Trámite de la acción de tutela

14. Mediante providencia del 22 de septiembre de 2023 el Tribunal Administrativo
de Bolívar admitió la acción de tutela, negó la medida cautelar solicitada y dispuso
la notificación de la Registraduría Nacional del Estado Civil para que presentara un
informe detallado sobre los hechos y para que se pronuncie sobre las pretensiones
de la demanda.

15. Además, ordenó la vinculación de la señora María Estella del Real Garrido,
como tercero con interés al ser quien se desempeñaba como registradora municipal
de Río Viejo, Bolívar y la notificación a la parte demandante y a la procuradora
judicial delegada ante dicho despacho judicial.

1.6. Informes

16. Realizadas las notificaciones pertinentes, se presentó la siguiente
intervención:

17. La Registraduría Nacional del Servicio Civil rindió informe en el que señaló
que la acción de tutela no cumple con el requisito subsidiariedad y por tanto resulta
improcedente para cuestionar la legalidad de los actos de traslado que se atacan
por medio de este mecanismo constitucional. para fundamentar su argumento
explicó que la accionante cuenta con el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho en cuya sede se pueden solicitar medidas cautelares,
además indicó que se no acreditó la existencia de un perjuicio irremediable para
que procediera la intervención del juez constitucional.

18. Explicó que, de acuerdo a lo establecido en la Ley 1350 de 200910, artículo
6711, que faculta al registrador a ordenar traslados de personal con motivo de la

10 «Por medio de la cual se reglamenta la Carrera Administrativa Especial en la Registraduría
Nacional del Estado Civil y se dictan normas que regulen La Gerencia Pública».
11 «Durante el proceso de programación y realización de elecciones o de votaciones por efecto de
los mecanismos de participación ciudadana, en atención a la necesidad del servicio, el Registrador
Nacional del Estado Civil estará facultado para ordenar traslados de los empleados de la entidad en
todo el territorio nacional, los cuales, salvo fuerza mayor o caso fortuito, deberán ser aceptados por
el empleado así trasladado. El no acatamiento de tal decisión constituye causal de mala conducta».

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programación y realización de elecciones y consultas, puede advertirse que el
traslado de la tutelante tiene una naturaleza temporal y obedece a las necesidades
del servicio y a las funciones que constitucionalmente debe cumplir la entidad de
cara a las elecciones que se realizarían en el mes de octubre de 2023. Señaló que
esta situación es de pleno conocimiento de los funcionarios desde su ingreso, por
lo que no puede afirmarse que el traslado es sorpresivo e inesperado, sobre todo si
se tiene en cuenta que la accionante ya tuvo varios traslados temporales entre
distintos municipios en época electoral en anteriores oportunidades.

19. Agregó que no existe prueba o indicio que demuestre la existencia de
amenaza grave contra la vida o integridad de la accionante o la de su familia, que
se genere con ocasión al traslado.

20. Sostuvo que el traslado se realizó a un empleo de igual categoría y se le
reconoció el pago de gastos por dicho concepto equivalente al 50% del salario
básico mensual (esto es la suma de $ 2.331.595), con lo cual se garantizó la
estabilidad laboral de la demandante.

21. Manifestó que la accionante no se vería afectada en su condición de madre
cabeza de familia en atención a la naturaleza temporal del traslado, el cual en todo
caso iría máximo hasta el 13 de noviembre del año en curso. En ese sentido
también indicó que, aunque la tutelante dio cuenta que en contra del padre de su
hijo presentó un proceso de fijación de cuota de alimentos, lo cierto es que en el
mismo no se definió sobre el cuidado y custodia en cabeza del padre, de lo que se
concluye que sus obligaciones continúan.

22. Para finalizar expuso que no es aceptable el argumento de la accionante
según el cual tiene a su cargo el cuidado de su señora madre, persona de la tercera
edad, pues dado relación legal y reglamentaria con la entidad demandada está
sometida a un horario laboral ordinario en el cual debe asumir, con ocasión al
proceso electoral en curso, algunas jornadas adicionales de horas extras. De igual
manera y de conformidad con el Código Civil la obligación de alimentos, cuidado y
custodia de la progenitora de la accionante también reposa en los hermanos e hijos
de aquella.

1.7. Providencia impugnada

23. Mediante sentencia del 6 de octubre de 2023, el Tribunal Administrativo de
Bolívar, Sala de Decisión 5 declaró la improcedencia de la acción de tutela por no
cumplir con el requisito de subsidiariedad. Para fundamentar su decisión se explicó
pese a que el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho es el
mecanismo principal e idóneo para controvertir la constitucionalidad y legalidad de
los actos administrativos, se advirtió que en el caso concreto no se cumplieron los
presupuestos establecidos por la jurisprudencia de la Corte Constitucional para
discutir la validez del traslado que ordenó la Registraduría Nacional del Estado Civil,
toda vez que no se demostró que la decisión fue ostensiblemente arbitraria, ni que
afectó en forma clara, grave y directa los derechos fundamentales de la accionante

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o de su núcleo familiar. Además, el traslado no implicó una desmejora laboral de la
tutelante.
1.8. Impugnación

24. Mediante escrito de 19 de octubre de 2023, la accionante impugnó la decisión
de primera instancia. Para el efecto señaló que el tribunal al realizar el análisis omitió
pronunciarse sobre la alegada vulneración del derecho a la libertad de asociación,
en concreto, respecto del desconocimiento del fuero sindical que ella ostenta al ser
parte de la junta directiva del sindicato SINTRAREGINAL. Por tanto, advirtió que, a
pesar de disponer de otro medio judicial para controvertir el traslado, este no resulta
idóneo dado el plazo que fue otorgado para materializar el mismo. De igual forma,
la tutelante insistió en los cargos del escrito de tutela y solicitó revocar la sentencia
proferida por el Tribunal Administrativo de Bolívar para que, en su lugar, se amparen
sus derechos fundamentales.

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

25. Esta Sala es competente para conocer de la impugnación presentada por la
parte accionante contra el fallo de 6 de octubre de 2023, por medio del cual el
Tribunal Administrativo de Bolívar, Sala de Decisión 5 declaró la improcedencia de
la acción de tutela. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por los artículos 86
de la Constitución Política, 32 del Decreto Ley 2591 de 1991 y 2.2.3.1.1.3. del
Decreto 1069 de 2015 [modificado por el artículo 1º del Decreto 333 de 2021], así
como en el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena de esta corporación.

2.2. Legitimación en la causa

26. La legitimación en la causa consiste, de una parte, en que quien promueve
la acción sea el titular del derecho o del interés que se invoca como fundamento de
las pretensiones que se aducen (activa), y, de otra, en que el accionado sea el
sujeto frente a quien deben reclamarse y controvertirse estas (pasiva).

27. Con fundamento en lo anterior, la Sala advierte que la accionante se
encuentra legitimada en la causa por activa. Esto porque en su condición de
registradora municipal, vinculada a la Registraduría Nacional del Estado Civil,
consideró desconocidos sus derechos fundamentales al debido proceso, a la vida,
a la libertad de asociación sindical y a la unidad familiar con ocasión de las
resoluciones que dicha entidad expidió ordenando su traslado temporal a distintos
municipios del país, con el mismo cargo y asignación mensual que venía
devengando.

28. Por su parte, esta Colegiatura encuentra que la Registraduría Nacional del
Estado Civil está legitimada en la causa por pasiva al ser la autoridad que adoptó la
decisión reprochada en esta oportunidad.

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2.3. Problema jurídico

29. Tomando en consideración la situación fáctica expuesta por la parte actora,
las respectivas pretensiones elevadas, el material probatorio recaudado y el recurso
de impugnación presentados, esta Sala debe determinar si confirma, modifica o
revoca el fallo de primera instancia.

30. Para tales efectos, se deberá resolver si la acción de tutela es procedente y
en caso afirmativo dar respuesta al siguiente interrogante:

• ¿La Registraduría Nacional del Estado Civil vulneró los derechos
fundamentales invocados por la señora Nohemí Hernández Succar con
ocasión de de las Resoluciones núm. 19424 del 8 de septiembre de 2023 y
núm. 20429 del 19 de septiembre de 2023 por medio de las cuales ordenó el
traslado de la accionante en su cargo de registradora municipal del municipio
de San Estanislao de Kostka, Bolívar, a distintos municipios del país, con el
mismo cargo y asignación mensual que venía devengando en dicha
jurisdicción territorial?

31. En este punto es importante resaltar que el traslado de la señora Hernández
Succar se realizó de forma temporal y con ocasión de las elecciones territoriales
llevadas a cabo el 29 de octubre de 202312. Por ello, previo a analizar el anterior
cuestionamiento, será necesario determinar si en el asunto bajo estudio se configuró
la carencia actual de objeto. De no ser así, se proseguirá con el estudio de los
requisitos generales de la acción de tutela, y de resultar superados, se abordará el
caso concreto.

2.4. Caracterización de la carencia actual de objeto por situación
sobreviniente

32. La Sala ha explicado en varias ocasiones13 que la acción de tutela ha sido
instituida como un instrumento preferente y sumario, dirigido a la protección de
derechos fundamentales que sean violentados o amenazados de una manera actual
e inminente.

33. No obstante, existen eventos en los que la amenaza al derecho fundamental
desaparece en el trascurso de la acción de tutela, o la vulneración del derecho

12 Tanto la Resolución núm. 19424 del 8 de septiembre de 2023, como la Resolución núm. 20429

del 19 de septiembre de 2023, con fundamento en lo señalado en el artículo 67 de la Ley 1350 del
6 de agosto de 2009 dispusieron en su respectivo primer artículo lo siguiente: «A partir de la fecha,
trasladar temporalmente a los siguientes Registradores Municipales, con los mismos cargos y
asignaciones mensuales que vienen devengando» (negrillas fuera de texto), la primera ordena el
traslado de la accionante al municipio de Río Viejo, Bolívar y la segunda, revocando la orden
anterior, ordena el traslado al municipio de González, Cesar.
13 Ver, por ejemplo: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta.

Sentencias del 15.11.17, M.P. Alberto Yepes Barreiro, Rad. 2017-00085-01 y del 19.10.17., M.P.
Rocío Araújo Oñate, Rad. 2017-2365-00.

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fundamental amenazado se materializa en el curso del proceso, de suerte que el
instrumento pierde efectividad. En ese sentido, se torna inane la intervención del
juez constitucional tendiente a impartir órdenes para que cese la posible vulneración
de los derechos fundamentales.

34. En efecto, actualmente la Corte Constitucional ha sostenido que la
terminación del proceso de tutela por carencia actual de objeto puede proceder en
tres supuestos: i) hecho superado; ii) daño consumado y iii) una situación
sobreviniente.

35. En la sentencia SU-522 de 2019, el Alto Tribunal Constitucional se pronunció
sobre esta figura. Al respecto, explicó que es una categoría que por su amplitud
cobija casos que no se enmarcan en los conceptos de hecho superado o daño
consumado, por cuanto remite a cualquier «otra circunstancia que determine que,
igualmente, la orden del juez de tutela relativa a lo solicitado en la demanda de
amparo no surta ningún efecto».

36. En otras palabras, la declaratoria de la carencia actual de objeto por el
acaecimiento de una situación sobreviniente tiene lugar cuando la eventual
protección constitucional que pudiera brindar el juez no surtiría ningún efecto o
caería en el vacío. En la sentencia citada en el párrafo anterior la Corte
Constitucional señaló que, a modo de ejemplo, ha declarado la carencia actual de
objeto por el acaecimiento de una situación sobreviniente cuando:

(i) el actor mismo es quien asume la carga que no le correspondía para superar la
situación vulneradora; (ii) un tercero –distinto al accionante y a la entidad
demandada- ha logrado que la pretensión de la tutela se satisfaga en lo
fundamental; (iii) es imposible proferir alguna orden por razones que no son
atribuibles a la entidad demandada; o (iv) el actor simplemente pierde interés en el
objeto original de la Litis.

37. Sin embargo, el fin último de esta figura es la declaratoria de la carencia
actual de objeto porque cualquier decisión del juez tendiente a negar o amparar la
protección de derechos fundamentales sería inane ante la configuración de
situaciones de diversa índole.

2.5. Carencia actual de objeto por el acaecimiento de una situación
sobreviniente en el caso concreto y declaratoria de improcedencia por
no superar el requisito de la subsidiariedad14

38. Como quedó expuesto en los antecedentes de este proveído, la parte actora
circunscribió la presunta vulneración de sus derechos fundamentales al debido
proceso, a la vida, a la libertad de asociación sindical y a la unidad familiar con
ocasión de las resoluciones que la Registraduría Nacional del Estado Civil expidió
ordenando su traslado temporal a distintos municipios del país, con el mismo cargo

14 En reciente sentencia, la Sala de la Sección Quinta se pronunció sobre una tutela impetrada

contra un auto de medida cautelar en el sentido de declarar la improcedencia por configurarse la
carencia actual de objeto por situación sobreviniente. Ver: Consejo de Estado, Sección Quinta,
expediente N. ° 11001-03-15-000-2022-02267-01, M.P. Rocío Araújo Oñate.

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y asignación mensual que venía devengando, mientras se llevaba a cabo el proceso
de elecciones territoriales que finalmente se surtió el pasado 29 de octubre de 2023,
y de acuerdo con los informes presentados por la parte demandada tendría como
fecha de terminación el día 13 de noviembre del presente año.

39. Pese a que el Tribunal Administrativo de Bolívar declaró la improcedencia de
la acción de tutela por no cumplir con el requisito de subsidiariedad, la parte
accionante impugnó dicha decisión, por lo que sería del caso abordar el análisis
propuesto en la alzada en procura de determinar si corresponde revocar, modificar
o confirmar la sentencia de primer grado.

40. Sin embargo, de superarse el requisito de la subsidiariedad, lo que en últimas
perseguía la tutelante con la promoción de este mecanismo judicial era que se
dejaran sin efecto las mencionadas resoluciones que dispusieron su traslado
temporal y, por tanto, que dicha transferencia no se produjera para asumir las
labores de su cargo en otro municipio de cara de las elecciones territoriales que se
surtieron el 29 de octubre de 2023.

41. Dado que durante el curso de esta instancia se llevó a cabo la jornada
electoral territorial, el día 29 de octubre y se adelantaron, incluso, los respectivos
escrutinios15, no es posible devolver las cosas al estado anterior a dicho proceso
electoral en aras de que, de ser viable el amparo, la señora Hernández Succar
ejerza el cargo de registradora municipal en San Estanislao de Kostka, Bolívar, para
dichos efectos. Por ende, en el hipotético caso de una decisión favorable las
órdenes caerían en el vacío porque ya se realizó la mencionada jornada electoral.

42. Así las cosas, como el traslado fue temporal y condicionado a las justas
electorales, no tiene sentido que la Sala se pronuncie y suspenda los efectos de un
traslado temporal que ya aconteció.

43. De conformidad con lo anterior, para la Sala, en el presente caso existió una
situación sobreviniente que impide que en esta etapa se adopten decisiones que en
algún sentido modifiquen la situación de la señora Hernández Succar. Así, al ocurrir
el supuesto de hecho que a juicio de la accionante concretaba la vulneración de sus
derechos y ser imposible retrotraer dichos eventos, corresponde declarar la carencia
actual de objeto por el acaecimiento de una situación sobreviniente.

44. No obstante lo anterior, respecto de los posibles o eventuales daños que la
señora Hernández Succar considera le pudo producir el traslado temporal, la parte
actora cuenta con la posibilidad de interponer el medio de control que considere

15 Según la información que reporta la página web de la Registraduría General de la Nación en la

fecha en que se profiere esta decisión, se han adelantado los escrutinios para las votaciones a
gobernador, alcalde, asambleas departamentales, concejos municipales y juntas administradoras
locales en el 100% de las mesas de los departamentos de Bolívar y Sucre (https://escrutinios-
2023.registraduria.gov.co/actas-escrutinio).

9 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Nohemí Hernández Succar
Demandado: Registraduría Nacional del Estado Civil
Radicación: 13001-23-33-000-2023-00356-01

pertinente en procura de debatir la legalidad del acto que cuestionó por esta vía y,
en consecuencia, solicitar la reparación que considere oportuna.

45. En definitiva, en este asunto se presenta el fenómeno de la carencia actual
de objeto por situación sobreviniente respecto de la pretensiones de evitar el
traslado temporal de la actora. Por otra parte, en relación con los daños que en
criterio de la señora Hernández Succar le generó la orden de traslado este
mecanismo constitucional es improcedente porque la accionante cuenta con los
medios de control establecidos en el CPACA para debatir la legalidad del acto
administrativo en cuestión y solicitar la reparación que considere pertinente.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la Ley,
III. FALLA:

PRIMERO: MODIFICAR PARCIALMENTE la decisión que declaró improcedente el
amparo solicitado por la parte actora. En su lugar, DECLARAR LA CARENCIA
ACTUAL DE OBJETO POR SITUACIÓN SOBREVINIENTE respecto de la
pretensiones de evitar el traslado temporal de la actora. A su vez, DECLARAR
IMPROCEDENTE LA PRESENTE ACCIÓN POR NO SUPERAR EL REQUISITO
DE LA SUBSIDIARIEDAD en relación con los posibles daños que le pudo ocasionar
a la actora el cumplimiento del acto administrativo que ordenó su traslado temporal.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en
el artículo 30 del Decreto No. 2591 de 1991.

TERCERO: En el evento de no ser impugnada esta decisión, REMITIR el
expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, de conformidad con
lo establecido en el artículo 31 del Decreto Ley 2591 de 1991.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Presidente
Aclara voto

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado

“Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia
oficial con el número de radicación en https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/

10 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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