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Consejo de Estado · Sección Quinta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2022-02267-01

Fecha
9 de febrero de 2023
Consejero ponente
Rocio Araujo Oñate
Citada por
2 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2022-02267-01

Consejo de Estado · Sección Quinta

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: ADICIÓNESE la parte resolutiva de la sentencia del 16 de junio de 2022, proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado, en el sentido de DECLARAR LA CARENCIA ACTUAL DE OBJETO por el acaecimiento de una 23 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Demandantes: Bernardo Vivas Mosquera y otros Demandados: Presidencia de la República y otros Radicado: 11001-03-15-000-2022-02267-01 situación sobreviniente, respecto de las pretensiones tercera y cuarta del escrito de tutela de la referencia, en cumplimiento de lo ordenado por la Corte Constitucional en el Auto 1854 del 1 de diciembre de 2022 y de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes, en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, en los términos previstos en el artículo 32 del Decreto Ley 2591 de 1991.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Quinta

Radicado 11001-03-15-000-2022-02267-01

Consejero ponente: Rocio Araujo Oñate

9 de febrero de 2023

Demandantes: Bernardo Vivas Mosquera y otros
Demandados: Presidencia de la República y otros
Radicado: 11001-03-15-000-2022-02267-01

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrada Ponente: ROCÍO ARAÚJO OÑATE

Bogotá, D.C., nueve (9) de febrero de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2022-02267-01
Demandantes: BERNARDO VIVAS MOSQUERA Y OTROS
Demandados: PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA Y OTROS

Tema: Tutela de fondo - Protección especial de los derechos de las
víctimas - carencia actual de objeto por acaecimiento de una
situación sobreviniente.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

En cumplimiento de lo dispuesto por la Corte Constitucional en el auto 1854 del 1
de diciembre de 20221, la Sala se pronuncia sobre las pretensiones tercera y
cuarta de la acción de tutela promovida por el señor Bernardo Vivas y otros contra
el presidente de la República y otros; al surtir la impugnación propuesta por la
parte actora contra la sentencia del 4 de mayo de 2022, dictada por el Consejo de
Estado, Sección Segunda – Subsección “B” que: i) negó el amparo con respecto al
Concepto del 6 de abril de 2022, rendido por la Sala de Casación Penal de la
Corte Suprema de Justicia; ii) declaró improcedente la acción en relación con la
actuación realizada por el Gobierno Nacional, en cabeza del señor presidente de
la República y sus ministros, materializada en la Resolución n.° 078 de 8 de abril
de 2022; y iii) negó la solicitud de traslado del libelo demandatorio al señor Dairo
Antonio Úsuga David.

I. ANTECEDENTES2

1.1. Solicitud de amparo

1. Mediante escrito enviado el 7 de abril de 20223, los señores Bernardo
Vivas Mosquera y Ana del Carmen Martínez, de la Comunidad de

1 “Primero. DEJAR SIN EFECTOS el numeral quinto de la parte resolutiva de la sentencia del 16 de junio de

2022 proferida por la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado en el
que declaró que no tiene competencia funcional para pronunciarse sobre las pretensiones 3° y 4° de la
demanda de tutela presentada por Bernardo Vivas y otros contra el Presidente de la República, los Ministerios
de Relaciones Exteriores y de Justicia y del Derecho, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de
Justicia y la Fiscalía General de la Nación -Grupo de Extradición- Dirección de Asuntos Internacionales”.
2 Los antecedentes de esta sentencia, en su mayoría, corresponden a los que expuso esta Sala de Decisión

en la sentencia del 16 de junio de 2022, en el expediente de la referencia.
3 La demanda se remitió inicialmente al canal digital dispuesto por el Consejo Superior de la Judicatura para la

recepción de tutelas y habeas corpus en línea, la cual fue enviada a la Secretaría de la Corte Suprema de

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Demandantes: Bernardo Vivas Mosquera y otros
Demandados: Presidencia de la República y otros
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Autodeterminación y Vida Digna del Cacarica – CAVIDA y otros4; en ejercicio de la
acción de tutela, solicitaron, como mecanismo transitorio, la protección de sus
derechos fundamentales de acceso a la administración de justicia (tutela judicial
efectiva, investigación e imposición de una sanción), verdad, justicia y reparación
integral a las víctimas del conflicto armado, que estimaron vulnerados por la
Presidencia de la República, los Ministerios de Relaciones Exteriores y de Justicia
y del Derecho, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, la
Jurisdicción Especial para la Paz (en adelante, JEP) y la Fiscalía General de la
Nación - Grupo de Extradición Dirección de Asuntos Internacionales.

1.2. Pretensiones

2. A continuación, la Sala transcribirá las dos pretensiones objeto de este
pronunciamiento:

“3.- Que se ordene que, a DAÍRO ANTONIO ÚSUGA DAVID, alias “OTONIEL”, pueda ser
escuchado en calidad de compareciente ante la Jurisdicción Especial para la Paz – JEP.

4.- Que se continúe vinculando al señor DAIRO ANTONIO ÚSUGA DAVID, alias “OTONIEL”, a
las diferentes diligencias ante la Jurisdicción Especial para la Paz en el Caso 04 siempre y
cuando otorgue elementos suficientes para el esclarecimiento de los hechos ocurridos en la
región de Urabá, Bajo Atrato y Darién, en los departamentos de Antioquia y Chocó,
presuntamente cometidos por miembros de las FARC – EP, fuerza pública, agentes del Estado
no integrantes de la fuerza pública y terceros civiles; desde el 1 de enero de 1986 y con
anterioridad al 1 de diciembre de 2016.(…)”. (Sic para todo lo transcrito).

1.3. Hechos expuestos en el escrito de tutela

3. Los accionantes se refirieron in extenso al marco histórico y social del
conflicto armado que tuvo lugar en la región conocida como “El Urabá”, que
comprende tres departamentos, a saber: Chocó, Antioquia y Córdoba, señalando
los hechos más significativos de afectación de los derechos humanos de los
habitantes de la región, perpetrados por los distintos actores armados, entre los
que se relacionó a la guerrilla y a los paramilitares pertenecientes a distintas
organizaciones, entre ellas las autodefensas “gaitanistas”, el anteriormente
denominado “Clan Úsuga”, actualmente, “Clan del Golfo”.

4. Informaron que mediante auto n.° SRVNH-04/03-12/19 del 7 de octubre de
2019, la JEP los reconoció como víctimas del conflicto armado en el caso 045, que
se adelanta en la región del Urabá6.

Justicia el 8 de abril siguiente. El expediente fue reenviado al Consejo de Estado por la citada dependencia el
21 de abril de 2022, en cumplimiento del auto dictado el 20 de abril de 2022, con ponencia del magistrado
Francisco Ternera Barrios quien declaró que la falta de competencia para resolver la acción y ordenó su
remisión al Consejo de Estado, por haberse incluido como parte accionada a la Presidencia de la República.
4 Los señores María Ena Castaño Flórez y Uribel Tuberquia, de la Comunidad de las Camelias; Dagoberto

Pretel del Consejo Comunitario Cabeceras; Guillermo Peña, de la Comunidad de Pichima, Quebrada del
Litoral San Juan; Jaime Maheche de ASOAIBA; Dobaybi Sinigui Bailarin, del Cabildo Mayor de Murindó; Digna
Aurora Castaño, de la comunidad de la Larga Tumarado, Carlos Quiro Castaño Sierra, de la Comunidad
Jiguamiando; Silvia Berrocal, de Comupaz y; Manuel Rivas Torres, de la Zona Humanitaria de Camelias,
quienes afirmaron que ostentan la condición de víctimas individuales o colectivas del conflicto armado.
5 La JEP abrió el caso 04, a través del Auto 040, el 11 de septiembre de 2018. Este caso prioriza la situación

territorial a partir de hechos del conflicto ocurridos en la región de Urabá entre 1986 y 2016. Este es uno de

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5. Precisaron que el señor Dairo Antonio Úsuga conocido como “Otoniel”
cometió delitos en el territorio nacional, que van desde ejecuciones múltiples,
asesinatos, desapariciones, desplazamientos forzados, ilícitos contra la integridad
sexual de menores, entre otros. Por lo anterior, se han dictado en su contra 122
órdenes de captura y 7 medidas de aseguramiento. Añadieron que aquel también
está solicitado en extradición por la justicia de los Estado Unidos de América. Por
esto último, fue aprehendido el 23 de octubre de 2021. En ese escenario, rindió
una declaración ante la Fiscalía General de la Nación, a la cual fueron vinculadas
las organizaciones de víctimas por medios electrónicos.

6. Indicaron que el 21 de diciembre de 2021, aduciendo su condición de
víctimas, le solicitaron a la JEP que escuchara la versión del señor Úsuga David,
en salvaguarda de sus derechos a la verdad, a la justicia, a la reparación y a las
garantías de no repetición. En igual sentido, el 27 de marzo de 2022, le pidieron7 a
la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia que suspendiera la extradición de
Úsuga David, para garantizar sus derechos como víctimas. La anterior petición fue
negada, en auto dictado el 1º de abril de 2022.

7. Afirmaron que el 6 de abril de 2022, se enteraron, por los medios de
comunicación, que la referida Corporación judicial rindió concepto favorable a la
extradición y remitió el expediente al Ministerio de Justicia y del Derecho para que
continuara el trámite.

los tres casos territoriales que ha abierto la JEP junto con el del Norte del Cauca, el sur del Valle del Cauca, y
el de los municipios de Barbacoas, Ricaurte y Tumaco en Nariño.
https://www.jep.gov.co/especiales1/macrocasos/04.html, consulta realizada el 8 de junio de 2022, a las 5.31
p.m.
6 “Por medio de la cual se adoptan unas reglas de procedimiento para la Jurisdicción Especial para la Paz.

“ARTÍCULO 3o. PROCEDIMIENTO PARA LA ACREDITACIÓN DE LA CALIDAD DE VÍCTIMA. Después de la
recepción de un caso o grupo de casos por parte de la Sala o Sección respectiva o una vez la Sala de
Reconocimiento contraste los informes, una persona que manifiesta ser víctima de un delito y que desea
participar en las actuaciones, deberá presentar prueba siquiera sumaria de su condición, tal como el relato de
las razones por las cuales se considera víctima, especificando al menos la época y el lugar de los hechos
victimizantes. Las respectivas Salas o Secciones de primera instancia tramitarán las peticiones, de acuerdo
con el tipo de proceso. En la oportunidad procesal correspondiente, la Sala o Sección dictará una decisión
motivada, reconociendo o no la acreditación, susceptible de los recursos ordinarios, por la víctima o quien la
represente. PARÁGRAFO. A quien acredite estar incluido en el Registro Único de Víctimas, no se le podrá
controvertir su condición de tal.”
7 Las comunidades del Bajo Atrato, CAVIDA y CLAMORES, en calidad de víctimas reconocidas en la

sentencia dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con respecto a la “Operación Génesis”,
por los hechos que “tuvieron lugar en el marco de una operación militar llamada ‘Génesis’ que se llevó a cabo
entre el 24 y el 27 de febrero de 1997 en el área general del Río Salaquí y Río Truandó para capturar y/o
destruir integrantes del grupo guerrillero de las FARC. Asimismo, simultáneamente a la operación “Génesis”,
grupos paramilitares de las Autodefensas Unidas de Córdoba y Urabá (ACCU), en el desarrollo de la llamada
“operación Cacarica”, emprendieron un avance de norte a sur desde el Parque Nacional de los Katios a lo
largo del río Cacarica, pasando por Bijao y otras comunidades ubicadas en la ribera de ese río, para
finalmente llegar a las riberas de los ríos Salaquí y Truandó, donde desarrollaron operaciones conjuntas con el
Ejército. En el marco de la “Operación Cacarica”, los paramilitares ejecutaron a Marino López en Bijao y
desmembraron su cuerpo.” Ficha técnica del proceso Comunidades afrodescendientes desplazadas de la
cuenca del río Cacarica (Operación Génesis) vs. Colombia.
https://www.corteidh.or.cr/CF/jurisprudencia2/ficha_tecnica.cfm?nId_Ficha=377, consulta realizada el 7 de
junio de 2022 a las 6.50 p, m.

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1.4. Hechos probados y/o admitidos

La Sala encontró demostrados los siguientes supuestos fácticos relevantes para la
decisión que se adoptará en la sentencia:

1.4.1. Hechos relacionados con el trámite de extradición de Dairo Antonio
Úsuga David, alias Otoniel

1.4.1.1. Trámite administrativo previo y el concepto de la Sala Penal de la Corte
Suprema de Justicia

8. El Gobierno de los Estados Unidos de América solicitó la detención
preventiva con fines de extradición del señor Dairo Antonio Úsuga David8, quien
es requerido para comparecer a juicio por los delitos de tráfico de narcóticos,
concierto para delinquir con fines de narcotráfico, concierto para cometer
homicidio y porte ilegal de armas en tres procesos penales que se adelantan en
ese país.

9. En virtud de lo anterior, el fiscal General de la Nación dispuso su captura
con fines de extradición, la cual se materializó el 23 de octubre de 2021, por
miembros de la Dirección de Investigación Criminal e INTERPOL de la Policía
Nacional.

10. Por medio de la Nota Verbal N.° 22458 del 23 de noviembre de 2021, la
representación diplomática de los Estados Unidos de América formalizó la solicitud
de extradición del detenido, indicando los expedientes y los delitos por los cuales
es requerido, según hechos que ocurrieron entre “junio de 2003 y octubre de 2021”,
para lo cual aportó los documentos relacionados con los procesos y los exigidos
en las normas jurídicas que regulan la extradición.

11. La Cancillería de Colombia remitió el trámite de extradición a la Oficina de
Asuntos Internacionales del Ministerio de Justicia y del Derecho, mediante el
Oficio DIAJI N° 3485 del 23 de noviembre de 2021, donde señaló que las
Convenciones de Viena y Nueva York –tratados vigentes para las partes– regulan
el presente asunto.

12. El Ministerio de Justicia y del Derecho, al considerar que el expediente se
encontraba completo, lo remitió a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia el
24 de noviembre de 2021. Esa Corporación ordenó correr traslado común a los
sujetos procesales, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 500 de la Ley
906 de 20049, para que pudieran solicitar pruebas.

8 Quien igualmente responde a los alias de “Otoniel”, “Mao”, “Mauricio”, “Mauricio Gallo” o “Gallo”.
9 “ARTÍCULO 500. TRÁMITE. Recibido el expediente por la Corte, se dará traslado a la persona requerida o a

su defensor por el término de diez (10) días para que soliciten las pruebas que consideren necesarias.
Vencido el término de traslado, se abrirá a pruebas la actuación por el término de diez (10) días, más el de

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13. En el lapso previsto, el delegado del Ministerio Público y el representante
del requerido en extradición solicitaron la práctica de diferentes medios de
convicción. Dichas peticiones fueron resueltas mediante auto CSJ AP127- 2022
del 26 de enero de 2022 de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia. Esa
decisión fue recurrida y confirmada en proveído CSJ AP579-2022 del 23 de
febrero de 2022. En esa misma, se decretaron pruebas de oficio.

14. Posteriormente, el apoderado judicial del solicitado en extradición efectuó
varios requerimientos, entre ellos, la nulidad de la actuación y la suspensión y
remisión del trámite a la JEP. Estas peticiones fueron desestimadas por la Sala
Penal de la Corte Suprema de Justicia, en providencia AP928-2022 del 9 de
marzo de 2022.

15. El 15 de marzo de 2022, se corrió traslado para alegar de conclusión y, en
esa misma fecha, el apoderado del capturado solicitó el decreto de una prueba
oficiosa, a la cual se accedió mediante proveído del día siguiente, sin que ello
implicara la suspensión del trámite.

16. El 18 de marzo de 2022, el apoderado pidió la ampliación del plazo para
alegar de conclusión, a lo cual se accedió en auto de la misma fecha,
concediéndole un término adicional de dos días. Luego, el 23 de marzo de 2022,
el señor Úsuga David recusó al magistrado sustanciador, la cual fue declarada
infundada, mediante providencia CSJ AP1229-2022 del 28 de marzo siguiente.

17. Por otra parte, la Subsala Especial “B” de Conocimiento y Decisión de la
Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP le comunicó a la Sala Penal
de la Corte Suprema de Justicia la Resolución No. 1008 del 25 de marzo de 2022,
proferida en el expediente SAJ: 1500217-89.2022.000.0001, se rechazó la
solicitud de sometimiento presentada por el señor Úsuga David. Además, exhortó
a la Sala de Casación Penal para que, en caso que conceptúe a favor de la
extradición: “pueda disponerse en la modalidad condicionada a i) que la entrega se haga una
vez el señor Úsuga David haya cumplido con los requerimientos del SIVJRNR para concretar el
derecho de las víctimas a la verdad y ii) a que, una vez se cumpla la pena correspondiente en
Estados Unidos de América, ese gobierno deporte al mencionado a Colombia, con la finalidad de
que asuma la responsabilidad por los delitos acá cometidos, sin necesidad de una solicitud de
extradición elevada por el gobierno colombiano para tal fin.” Contra esa decisión el señor
Úsuga David interpuso recurso de apelación.

18. Vencido el término para alegar de conclusión y recibidas las intervenciones
correspondientes, mediante acta 76 del 6 de abril de 2022, la Sala Penal de la
Corte Suprema de Justicia rindió el concepto favorable (parcialmente) a la

distancia, dentro del cual se practicarán las solicitadas y las que a juicio de la Corte Suprema de Justicia sean
indispensables para emitir concepto. Practicadas las pruebas, el proceso se dejará en la secretaría por cinco
(5) días para alegar.”

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solicitud de extradición10. Lo anterior, al verificar que concurrían los requisitos
establecidos en los artículos 493 y 502 de la Ley 906 de 2004.

19. En el concepto se incluyó un capítulo sobre los derechos de las víctimas a
la verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición y sobre la improcedencia
de condicionar la entrega del requerido en extradición por un término indefinido
hasta tanto culmine con el aporte de verdad en el Sistema de Justicia Transicional
y sea juzgado por los procesos que se adelantan en el país por graves violaciones
a los derechos humanos y al Derecho Internacional Humanitario, respondiendo
con ello a la solicitud en tal sentido elevada por el apoderado del requerido y a lo
expresado por la JEP en el auto que rechazó el sometimiento a esa jurisdicción
especial.

20. Para sustentar la improcedencia de aplazar la entrega en extradición, la
Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia señaló que el señor Úsuga David no
es sujeto de la JEP, de tal manera que no está vinculado ni constitucional ni
legalmente con el cumplimiento de los compromisos que se deriven de ese
componente judicial. Advirtió que, facultativamente, el requerido puede concurrir a
suministrar la verdad en componentes no judiciales “mediante el aporte de su testimonio,
sin embargo, nada obsta para que ello se pueda llevar a cabo en el intervalo entre la emisión de
éste concepto y la decisión del Gobierno Nacional de conceder o no la extradición, o entre éste
último acto y la entrega formal del requerido, o incluso, desde los Estados Unidos de América, a
través de los medios virtuales.” (sic a toda la transcripción).

21. Señaló que el señor Úsuga David puede ser visto y escuchado las veces
que sean indispensables para la comparecencia de los derechos de las víctimas,
en el marco del Sistema Integral de Justicia Verdad Reparación y Garantía de No
Repetición de la JEP, en virtud del uso de las tecnologías de la información y las
comunicaciones.

22. También indicó que se debía considerar la “actitud renuente, contumaz y de
desprecio absoluto que, en el pasado, ha asumido el requerido frente a las víctimas y el sistema de
justicia nacional, en su componente ordinario, e incluso, en el transicional de Justicia y Paz ”, lo
cual sustentó en las piezas procesales que daban cuenta de una primera
desmovilización en el año 2005 y del incumplimiento de los compromisos de la Ley
de Justicia y Paz y los delitos cometidos con posterioridad11.

23. Agregó que el concepto favorable tampoco implica la renuncia al
procesamiento y enjuiciamiento de los crímenes cometidos en el territorio
nacional. En este sentido, se estableció que es “imprescindible que el Gobierno Nacional,
10 Del concepto favorable se excluyeron los hechos relacionados con los ilícitos de “Concierto para cometer

asesinato” y “Uso de armas de fuego con el fin de fomentar el tráfico de drogas”, descritos en la violación
Cuarenta y Cinco del Cargo Uno y en el Cargo Tres, respectivamente, de la cuarta Acusación de Reemplazo
en el Caso No. 14-cr-00625(DLI) (VMS) proferida el 4 de noviembre de 2021, por la Corte Distrital de los
Estados Unidos para el Distrito Este de Nueva York, por cuanto se advertía que los delitos no fueron
cometidos en el exterior sino en territorio colombiano.
11 Transcribió ampliamente el contenido de la Resolución 1008 del 25 de marzo de 2022 de la Subsala

Especial B de Conocimiento y Decisión de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la Corte Suprema
de Justicia.

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en el evento que decida entregar al requerido, exija al Gobierno de los Estados Unidos de América
que facilite a las autoridades colombianas, cada vez que sea necesario, tener contacto con DAIRO
ANTONIO ÚSUGA DAVID, a fin de garantizar a las víctimas sus derechos, a través del uso de las
Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC).”

1.4.1.2. La Resolución No. 078 del 8 de abril de 2022, por medio de la cual la
Presidencia de la República concedió la extradición del señor Dairo Antonio Úsuga
David

24. Con fundamento en el concepto favorable rendido por la Sala Penal de la
Corte Suprema de Justicia y lo establecido en el artículo 492 de la Ley 906 de
200412, el Gobierno Nacional expidió la Resolución 078 del 8 de abril de 2022, por
medio de la cual concedió la extradición del señor Úsuga David y, en lo que
guarda relación con las pretensiones invocadas en la presente demanda ordenó:

“ARTÍCULO SEXTO: Advertir al Estado requirente sobre la necesidad de prestar en este caso
toda la colaboración y ayuda necesaria para que al señor ÚSUGA DAVID se le brinde la
posibilidad de intervenir en las diligencias o actividades judiciales que disponga la justicia
colombiana, a fin de garantizar a las víctimas sus derechos, a través del uso de las Tecnologías
de la Información y la Comunicación (TIC)”. (…)

ARTÍCULO NOVENO: Una vez ejecutoriada la presente Resolución, enviar copia de la misma a
la Dirección de Asuntos Jurídicos Internacionales y a la Dirección de Asuntos Migratorios,
Consulares y Servicio al Ciudadano del Ministerio de Relaciones Exteriores, a las autoridades
judiciales que adelantan procesos en Colombia contra el ciudadano requerido; a los Jueces de
Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad que vigilan la ejecución de las condenas
impuestas en Colombia en contra del señor USUGA DAVID, y a la Fiscalía General de la
Nación para lo de sus respectivas competencias.”

25. El apoderado del solicitado en extradición interpuso recurso de reposición
contra la citada resolución, el cual fue resuelto de manera desfavorable13.

1.5. Sustento de la vulneración

26. Los accionantes manifestaron que la Sala de Casación Penal de la Corte
Suprema de Justicia, al rendir el Concepto del 6 abril de 2022, y el Gobierno
Nacional, al proferir la Resolución N° 078 de 8 de abril de 2022, actos jurídicos con
los cuales se resolvió la solicitud de extradición del señor Úsuga David a los
Estados Unidos de América, vulneraron los derechos de las víctimas a la verdad,
justicia, reparación y no repetición, porque el trámite de extradición obstruye la
continuidad de los procesos judiciales adelantados en su contra en Colombia,
afectando la consecución de la verdad y la materialización de una justicia efectiva
a favor de las víctimas por los hechos de violencia en los que él participó.

27. Agregaron que acudieron a la acción de tutela como mecanismo transitorio
para evitar el perjuicio irremediable que ocasionaría la extradición del señor Dairo

12 El artículo 492 de la Ley 906 de 2004 establece que “La oferta o concesión de la extradición es facultativa

del gobierno; pero requiere concepto previo y favorable de la Corte Suprema de Justicia.”
13 El acto administrativo por medio del cual se confirmó la decisión no obra en el expediente, pero se informó

de ello por el Ministerio de Justicia y del Derecho.

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Antonio Úsuga David. Consideraron que su remisión a los Estados Unidos de
América puede ocasionar una dilación de los procesos judiciales que se tramitan
en su contra en Colombia y generar impunidad. En este punto, refirieron como
antecedente, lo ocurrido con otros jefes paramilitares que han sido extraditados,
en cuyos casos no se ha obtenido una resolución favorable para las víctimas.

1.6. Actuaciones procesales relevantes

28. Por auto del 28 de abril de 2022, se admitió la demanda y se ordenó
notificar a la parte actora y a la Presidencia de la República, a los Ministerios de
Relaciones Exteriores y de Justicia y del Derecho, a la Sala de Casación Penal de
la Corte Suprema de Justicia, a la JEP y a la Fiscalía General de la Nación -Grupo
de Extradición Dirección de Asuntos Internacionales, como autoridades
accionadas. Así mismo, se dispuso vincular a la Defensoría del Pueblo, a la
Procuraduría General de la Nación y al señor Dairo Antonio Úsuga, alias
“Otoniel”14, como terceros interesados en el resultado de la actuación. Igualmente,
se ordenó comunicar a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, en los
términos y para los efectos previstos en el artículo 610 del Código General del
Proceso15.

29. En la misma providencia la Subsección B de la Sección Segunda decretó la
medida cautelar de suspensión provisional de la orden de extradición del señor
Úsuga David, alias Otoniel, hasta tanto se emita decisión de fondo. Sin embargo,
mediante auto del 4 de mayo de 2022, el a quo levantó la anterior medida cautelar.
Esto porque aquella se había dictado con fundamento en lo manifestado por los
accionantes, en el sentido de que el proceso de extradición se había agotado en
su totalidad. Empero, se constató que la Resolución No. 078 del 8 de abril de
2022, dictada por el Gobierno Nacional “que dispuso la extradición del mencionado señor,
no se encuentra en firme; es claro que no ha producido efectos en el mundo jurídico, razón por la
cual las circunstancias fácticas y jurídicas que motivaron la adopción de la medida, han
desaparecido.” En otras palabras, “los efectos de la protección que se pretendía se encuentran
desvirtuados con la documental aportada al proceso.”

1.6.1. Intervenciones de las autoridades accionadas y vinculadas

30. La síntesis de las intervenciones presentadas en el trámite que cursó en
esta Corporación, se presentará en la siguiente tabla.

14 Fue debidamente notificado a través del jefe de asuntos jurídicos de la DIJIN según certificación GS-
2022/DIJIN-ASJUD-29.25 del 2 de mayo de 2022, obrante en el aplicativo SAMAI
15 En esa oportunidad se accedió a la medida provisional solicitada en el escrito inicial y se le ordenó al “señor

presidente de la República, doctor Iván Duque Márquez, o a quien corresponda, SUSPENDER la ejecución
material de la orden de extradición del señor Darío (sic) Antonio Úsuga, alias Otoniel, hasta tanto se emita
decisión de fondo en este amparo constitucional, conforme con lo expuesto en la parte motiva de esta
providencia.”

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Tabla n.° 1
Respuestas e intervenciones
Autoridad Síntesis de la intervención
pública o
interviniente
Presidencia de A través del apoderado judicial solicitó que se declarara la falta de legitimación en la causa
la República por activa porque los accionantes no acreditaron tener interés en el asunto. Consideró que
tampoco se acreditó el presupuesto de la subsidiariedad ni la ocurrencia de un perjuicio
irremediable. Afirmó que las pretensiones constituyen una intromisión indebida en la
administración de justicia.
De otra parte, arguyó que los actos administrativos expedidos durante el trámite de la
extradición previeron la reparación integral a las víctimas y su participación a través de los
mecanismos de cooperación internacional y el uso de las tecnologías de la información y
las comunicaciones.
Para finalizar señaló que no se vulneraron los derechos invocados por las víctimas porque
la extradición no suspende los procesos judiciales en curso, ni los que puedan abrirse en
contra de una persona entregada en extradición. Por el contrario, señaló que este
procedimiento constituye un mecanismo de presión para la colaboración con la justicia.
Ministerio de El director de Asuntos Internacionales presentó una síntesis del trámite administrativo que
Justicia y del se adelantó en el marco de la extradición del señor Úsuga David. Argumentó que no se
Derecho satisface el requisito de la subsidiariedad porque el acto administrativo que concede la
extradición es susceptible de control judicial. Agregó que, en todo caso, se han garantizado
los derechos de las víctimas. Puntualmente, explicó que la Ley 636 de 2001 16, tiene como
propósito garantizar los derechos de las víctimas y ha permitido la realización de más de
1500 audiencias, con la intervención de ciudadanos colombianos detenidos en cárceles de
los Estados Unidos. Esta disposición materializaría los derechos de las víctimas, en la
medida en que son escuchadas sus versiones.
Ministerio de La directora de Asuntos Internacionales de la Cancillería informó sobre el trámite
Relaciones administrativo que se cumplió en relación con la extradición del señor Úsuga David.
Exteriores Manifestó que los accionantes pueden acudir al medio de control ante la jurisdicción de lo
contencioso administrativo para solicitar, en ese escenario, la suspensión del acto
administrativo que ordenó la extradición. Añadió que no ha vulnerado ningún derecho
fundamental y, por tanto, solicitó la desvinculación del trámite porque no tiene legitimación
en la causa por pasiva.
Procuraduría El delegado del Ministerio Público informó sobre las actuaciones que en el trámite de
General de la extradición del señor Úsuga David. Afirmó que conceptuó en forma favorable, pero con
Nación – condicionamientos para proteger los derechos de las víctimas. Para esto último, insistió en
Procuraduría que el Gobierno Nacional debe solicitar la colaboración de los Estados Unidos de América
Tercera para que las autoridades colombianas puedan tener contacto con el extraditado y asegurar
Delegada ante su participación en procesos que siguen las autoridades domésticas.
el Consejo de De otra parte, expuso que el señor Úsuga David no está amparado por la garantía de no
Estado extradición porque no fue admitido en la JEP. En todo caso, añadió que la extradición de
aquel no lesiona ni pone en peligro los derechos de las víctimas.
Agencia El director solicitó que se declarara la improcedencia de la acción por no cumplirse el
Nacional de requisito de la subsidiariedad, en la medida en que los accionantes cuentan con el medio
Defensa de control de nulidad y restablecimiento del derecho. Afirmó que el trámite de extradición
Jurídica del no desconoció los derechos de las víctimas porque se establecieron condicionamientos
Estado para protegerlas. Afirmó que los perjudicados con los hechos delictivos pueden pedir
medidas cautelares en todos los procesos en los que sean reconocidos, en garantía de sus
derechos17.

16 “Por medio de la cual se aprueban la "Convención Interamericana sobre asistencia mutua en materia
penal", suscrita en Nassau, Bahamas, el 23 de mayo de mil novecientos noventa y dos (1992) y el "Protocolo
Facultativo relativo a la Convención Interamericana sobre Asistencia Mutua en Materia Penal", adoptado en
Managua, Nicaragua, el 11 de junio de mil novecientos noventa y tres (1993).”
17 “ARTÍCULO 22. PROCEDENCIA DE MEDIDAS CAUTELARES. En todos los procesos que se adelanten

ante la JEP, en cualquier estado del proceso, de oficio o por petición debidamente sustentada, podrá la Sala o
Sección de conocimiento decretar, en providencia motivada, las medidas cautelares que considere necesarias
relacionadas con situaciones de gravedad y urgencia, para: 1. Evitar daños irreparables a personas y
colectivos. 2. Proteger y garantizar el acceso a la información que se encuentra en riesgo inminente de daño,
destrucción y/o alteración. 3. Garantizar la efectividad de las decisiones. 4. La protección de las víctimas y el
real restablecimiento de sus derechos. 5. Las medidas judiciales necesarias para la asistencia de las víctimas,
su protección y el restablecimiento de sus derechos. Estas medidas solo recaerán sobre los sujetos

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Corte Suprema El magistrado ponente del concepto indicó que esa Corporación actuó en la solicitud de
de Justicia – extradición elevada por el Gobierno de los Estados Unidos de América, respecto del
Sala de ciudadano Dairo Antonio Úsuga David, quien está privado de la libertad por cuenta del
Casación Penal Fiscal General de la Nación. Agregó que dictó el concepto CP049-2002 del 6 de abril de
2022, radicado 6068, el que fue favorable respecto de tres cargos formulados por la Corte
Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida y la Corte Distrital de los
Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York. Añadió que el trámite protegió los derechos de las víctimas porque cada vez que el señor
Úsuga David sea requerido por alguna autoridad colombiana, los Estados Unidos están
obligados, en el marco de la cooperación internacional y del principio pacta sunt servanda,
a facilitar la comunicación, con el fin de materializar la garantía de quienes se consideran
lesionados. Frente al punto de la reparación integral, señaló que los interesados pueden
iniciar el trámite incidental dentro de las causas en las que el señor Úsuga David fue
condenado (Ley 906 de 2004) o constituirse como parte civil, aunque no exista fallo
condenatorio (adelantadas bajo la Ley 600 de 2000), sin que la extradición de aquel lo
afecte. Finalmente, señaló que el trámite de la extradición se surtió de acuerdo con las formas
propias del mecanismo de cooperación internacional. Insistió en que el concepto favorable
no implica la renuncia al procesamiento y enjuiciamiento de los crímenes cometidos en el
territorio nacional, pues las autoridades tienen la obligación legal y constitucional de
continuar tramitando las investigaciones y causas adelantadas contra el señor Úsuga
David. Dairo Antonio El apoderado del señor Úsuga David afirmó que su defendido está vinculado a distintos
Úsuga David procesos penales y, en algunos de ellos, fue condenado a penas privativas de la libertad
que deben cumplirse en el territorio nacional. Agregó que ha participado en diferentes
diligencias judiciales ante la JEP, con el fin de relatar los hechos que le constan y de
señalar a quienes actuaron a su lado como colaboradores. Comentó que la extradición le
impediría continuar colaborando en dichos procesos, pero que su deseo es contribuir al
restablecimiento de los derechos de las víctimas. Fiscalía General La directora de Asuntos Internacionales de la Fiscalía se refirió al trámite administrativo de
de la Nación – la extradición del señor Úsuga David. Explicó que la entidad no tiene competencia para
Dirección de adoptar medidas sobre la entrega de la persona pedida en extradición, ya que esta es una
Asuntos atribución exclusiva del Gobierno Nacional, previo concepto favorable de la Sala de
Internacionales Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia. Agregó que no se han vulnerado los
derechos de las víctimas porque los artículos 484, 485 y 486 de la Ley 906 de 2004, prevén
mecanismos de cooperación internacional para la obtención de pruebas, evidencias o
elementos materiales probatorios y el traslado de fiscales y jueces al territorio extranjero
para la práctica de diligencias judiciales. Recalcó que la presencia del procesado en el
territorio nacional, no necesariamente asegura la satisfacción de los intereses de las
víctimas en materia de verdad y reparación. Defensoría del El defensor del Pueblo solicitó que se negara la petición de amparo, por cuando consideró
Pueblo que el trámite de extradición se agotó con plenas garantías. Señaló que la extradición del
señor Úsuga David no supone una afectación a los derechos de las víctimas porque puede
continuar compareciendo a los procesos que se adelantan en Colombia a través de las
audiencias virtuales.

Indicó que el cumplimiento de penas en los Estados Unidos de
América, por delitos transnacionales, no exime al señor Úsuga David de acudir a los
órganos judiciales nacionales para responder por las conductas cometidas en el país, por
lo que cuando termine su condena en el extranjero deberá volver para cumplir sus
condenas en Colombia. Afirmó que la acción de tutela no es el mecanismo idóneo para lograr que se revoque la
decisión de la JEP de no incluir al señor Dairo Antonio Úsuga David en el proceso de
justicia transicional. Jurisdicción El presidente de la JEP informó sobre todas las actuaciones que se surtieron ante esa
Especial para la jurisdicción con ocasión de las solicitudes presentadas por el requerido en extradición. Se
Paz opuso a las pretensiones de la demandada porque consideró que son decisiones del
resorte exclusivo de esa jurisdicción. En relación con la pretensión de que el señor Úsuga

procesales de competencia de la JEP, sin perjuicio de los derechos de las víctimas, quienes tendrán prelación
sobre los demás actores. La decisión sobre la medida cautelar no implica prejuzgamiento. Las solicitudes de
medidas cautelares formuladas por la víctima o su representante serán atendidas de forma prioritaria y
prevalente.”

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David “pueda ser escuchado en calidad de compareciente ante la Jurisdicción Especial
para la Paz”, indicó que el artículo 5º de la Ley 1922 de 2018 18 prevé que solo adquiere la
calidad de “compareciente” ante la JEP aquel sujeto respecto de quien la Jurisdicción
“asume competencia”. Explicó que para que se acredite la condición de compareciente,
deben concurrir al menos tres factores: el personal, el material y el temporal. Pero que es la
JEP la que tiene la reserva judicial exclusiva para definir, de forma autónoma, si aquellos
concurren sin que pueda existir injerencia de otras jurisdicciones.
En relación con la pretensión de que “se continúe vinculando” al señor Úsuga David “a las
diferentes diligencias ante la Jurisdicción Especial para la Paz en el Caso 04 siempre y
cuando otorgue elementos suficientes para el esclarecimiento de los hechos ocurridos en la
región de Urabá, Bajo Atrato y Darién, en los departamentos de Antioquia y Chocó,
presuntamente cometidos por miembros de las Farc-EP, fuerza pública, agentes del Estado
no integrantes de la fuerza pública y terceros civiles; desde el 1 de enero de 1986 y con
anterioridad al 1 de diciembre de 2016”. Señaló que no debe prosperar, por cuanto se
refiere a un asunto del resorte exclusivo de la JEP. Explicó que es la Sala de
Reconocimiento de la Verdad la que debe decidir si vincula o no a una persona como
compareciente en un macrocaso, y las decisiones que adopte al respecto solo pueden ser
cuestionadas mediante los mecanismos transicionales ordinarios o si procede mediante
acción de tutela que se tramite exclusivamente ante el Tribunal para la Paz.

1.5.3. Sentencia de primera instancia19

31. El Consejo de Estado, Sección Segunda – Subsección “B” dictó sentencia
el 4 de mayo de 2022, en la que: i) negó el amparo con respecto al Concepto del 6
de abril de 2022, rendido por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de
Justicia; ii) declaró improcedente la acción en relación con la actuación realizada
por el Gobierno Nacional, en cabeza del señor presidente de la República y sus
ministros, materializada en la Resolución N.° 078 de 8 de abril de 2022; y iii) negó
la solicitud de traslado del libelo demandatorio, al señor Dairo Antonio Úsuga
David.

32. El a quo reseñó las actuaciones que se adelantaron en el marco del trámite
de extradición del señor Úsuga David. Concluyó que el concepto favorable del 6
de abril de 2022 de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia no vulneró
derechos fundamentales de los accionantes. Esto porque se analizaron “los
presupuestos constitucionales y legales de procedibilidad de la solicitud de extradición, para
señalar que no había impedimento para acceder a la petición de extradición, también se detuvo a
valorar la posible afectación de los derechos de la víctimas con el traslado del señor Dairo Antonio
Úsuga David a los Estados Unidos de América; en virtud de lo cual concluyó que su remisión a la
nación extranjera, no implicaba la renuncia al procesamiento y enjuiciamiento de los crímenes
cometidos por el requerido en el territorio nacional, dado que era un deber de las autoridades
nacionales continuar con las respectivas actuaciones y acudir a los mecanismos de cooperación
judicial entre los estados (sic) para lograr la comparecencia del señor Úsuga David a los procesos
en los que es requerido y de esta manera ofrecer una expectativa cierta para la satisfacción de los
derechos de las víctimas.”

18 “ARTÍCULO 5o. PERSONA COMPARECIENTE A LA JEP. La persona que se acogió o fue puesta a
disposición de la JEP adquiere la calidad de compareciente, cuando esta asume competencia, de conformidad
con la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia en la JEP. A partir de la presentación del escrito de
acusación se considerará acusado.”
19 El fallo se notificó por medios electrónicos a las partes e intervinientes el 4 de mayo de la presente

anualidad, según constancias visibles en el aplicativo SAMAI.

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33. Para la primera instancia, la cooperación judicial internacional y los
instrumentos para combatir el crimen transnacional son idóneos para procurar la
ayuda o asistencia recíproca, lo que permite satisfacer la necesidad de las
autoridades colombianas de adelantar las diligencias en el territorio extranjero, en
desarrollo de un proceso o procedimiento judicial.

34. Destacó que el requerido tampoco reunía las calidades para hacer parte de
la Jurisdicción Especial de Paz, por lo que no es desproporcionado que la Corte
Suprema de Justicia haya emitido concepto favorable a su extradición.

35. Para resolver sobre los cuestionamientos elevados contra la Resolución
078 del 8 de abril de 2022, dictada por el Gobierno Nacional, afirmó que la misma
no había cobrado firmeza20 para la fecha en que se dictó la sentencia de primera
instancia, por cuanto el apoderado del requerido interpuso recurso de reposición,
que se encontraba pendiente de decisión, por lo que no tenía la capacidad de
producir efectos jurídicos. En ese orden, solo cuando finalizara la actuación, esta
era susceptible de cuestionarse a través de la acción de nulidad y restablecimiento
del derecho, prevista en el artículo 138 de la Ley 1437 de 2011.

36. De lo expuesto, concluyó que la acción de tutela no es el mecanismo para
cuestionar la decisión y que tampoco se configura un perjuicio irremediable que
torne posible conceder el amparo como mecanismo transitorio porque la
extradición no impide que las autoridades colombianas continúen con el
procesamiento y enjuiciamiento del señor Úsuga David, por los ilícitos cometidos
en territorio nacional.

37. Por otra parte, señaló que “el señor Dairo Antonio Úsuga David, solicitó a través de su
apoderado, el traslado del libelo constitutivo de este amparo constitucional, lo cual no resulta ser
procedente, dado que no es parte en este asunto. No obstante, con el propósito de garantizar su
derecho a la comparecencia en el proceso, si a bien lo tiene, se le reconocerá personería para
actuar a su abogado, doctor Camilo Alfredo Santacoloma Patiño, en los términos y para efectos del
poder otorgado.”

1.5.4. Impugnación

38. Mediante escrito remitido por correo electrónico el 9 de mayo de 2022 a la
Secretaría General del Consejo de Estado, la parte accionante impugnó el fallo de
primera instancia, con el fin de que se revocara y se accediera a la petición de
amparo. Para sustentar el recurso los tutelantes relataron nuevamente los hechos
relacionados con el conflicto armado que han padecido durante décadas en los
mismos términos del escrito inicial y reiteraron los supuestos fácticos allí
consignados.

39. Agregaron que el 4 de mayo de 2022 se enteraron por los medios de
comunicación del traslado hacia el Comando Aéreo de Transporte Militar - CATAM

20 Para la fecha en que se dictó la sentencia de primera instancia 4 de mayo de 2022.

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del requerido con fines de extradición sin que se les hubiera notificado el auto que
levantó la medida provisional ni el fallo de tutela, toda vez que el mensaje de datos
lo recibieron a las 17:54 de ese día.

40. Como argumentos encaminados a lograr la revocatoria de la decisión
expusieron la naturaleza de los crímenes de lesa humanidad que le atribuyen al
solicitado, insistiendo en que debe continuarse con la investigación de esos delitos
y lograr el esclarecimiento de lo acaecido para proteger sus derechos.

41. Se refirieron a las consideraciones expuestas por la Sala Penal de la Corte
Suprema de Justicia, que había conceptuado desfavorablemente a la extradición
de otros paramilitares, con el fin de garantizar en la mayor medida posible los
derechos de las víctimas, precisando que la investigación de los “delitos atroces”
cometidos en Colombia estaba por encima del ilícito de narcotráfico.

42. Afirmaron que no pretendieron desconocer los procedimientos y
mecanismos ordinarios de defensa judicial, por lo cual en sede de tutela solicitaron
“la suspensión de la extradición ” como un mecanismo transitorio de protección pero
que, en todo caso, esta se llevó a cabo. Manifestaron su inconformidad con la
consideración expuesta en la sentencia de primer grado, según la cual la
Resolución 078 del 8 de abril de 2022 no estaba llamada a producir efectos, por
no haberse resuelto el recurso de reposición, pues en la misma fecha de la
sentencia se entregó al inculpado al gobierno norteamericano.

43. Al advertir la posibilidad de que esta acción se resuelva en segunda
instancia aplicando la figura jurídica de la carencia actual de objeto, solicitaron que
esta se configurara por la existencia del daño consumado, por haberse
consolidado la afectación de los derechos cuya protección se pretendía con la
tutela.

44. En razón a lo anterior, solicitaron que “por la importancia que genera el fallo de
tutela impugnado sea fallado con el fin de que, en futuros casos, esta situación no se vuelva a
repetir (Sic) y que se consolide un precedente para proteger los derechos de las víctimas. Así
mismo, es necesario indicar que tanto la acción constitucional como la medida provisional
representaron un instrumento para evitar el daño que se materializó posteriormente, debido a que
una vez de levantó -la medida- se concretó el daño que se quería evitar, por lo que el juez
constitucional con su decisión contribuyó a la configuración del daño .” (Sic para toda la cita).

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia

45. Esta Sala es competente para resolver la impugnación interpuesta por la
parte actora en contra de la sentencia del 4 de mayo de 2022, dictada por el
Consejo de Estado, Sección Segunda – Subsección “B”, de conformidad con lo
establecido en el artículo 86 de la Constitución Política, en el artículo 37 del
Decreto Ley 2591 de 1991, en el Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto

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333 de 2021, así como en el artículo 13 del Acuerdo 80 de 2019 de la Sala Plena
de esta Corporación.

46. Lo anterior, por cuanto una de las autoridades accionadas es la Presidencia
de la República, por lo que es aplicable el numeral 12 del artículo 2.2.3.1.2.1. del
Decreto 1069 de 2015.

2.2. Cuestión previa

47. La Corte Constitucional en el auto 1854 del 1 de diciembre de 2022, por
medio del cual se resolvió el ICC-4248, dispuso “DEJAR SIN EFECTOS el numeral
quinto de la parte resolutiva de la sentencia del 16 de junio de 2022 proferida por la Sección Quinta
de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado en el que declaró que no tiene
competencia funcional para pronunciarse sobre las pretensiones 3° y 4° de la demanda de tutela
presentada por Bernardo Vivas y otros contra el Presidente de la República, los Ministerios de
Relaciones Exteriores y de Justicia y del Derecho, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema
de Justicia y la Fiscalía General de la Nación -Grupo de Extradición- Dirección de Asuntos
Internacionales”. En consecuencia, ese tribunal dispuso la devolución del expediente
a esta Sección para que se resolviera sobre las pretensiones descritas.

48. En atención a lo anterior, esta Sala de Decisión se pronunciará sobre las
pretensiones tercera y cuarta, conforme con lo ordenado por la Corte
Constitucional. En consecuencia, el presente estudio se circunscribirá
exclusivamente a las dos cuestiones advertidas.

2.3. Problemas jurídicos

49. Corresponde a la Sala determinar si procede confirmar, modificar o revocar
la providencia del 4 de mayo de 2022, proferida por el Consejo de Estado, Sección
Segunda – Subsección “B”, instaurada por la parte accionante para solicitar la
protección de sus derechos de acceso a la administración de justicia, tutela judicial
efectiva, investigación e imposición de una sanción, verdad, justicia y reparación
integral a las víctimas del conflicto armado.

50. En consecuencia, con fundamento en el examen de la situación fáctica, las
pruebas allegadas al trámite y los argumentos de la impugnación, a la Sala le
corresponde determinar si es procedente que el señor Dairo Antonio Úsuga David,
participe en calidad de compareciente ante la JEP en el macrocaso 04, para
garantizar los derechos de las víctimas o si se configuró la carencia actual de
objeto.

51. Para resolver la anterior cuestión, la Sección Quinta se referirá a la
protección constitucional de las víctimas del conflicto armado interno y, con base
en ello, verificará si en el presente trámite existe carencia actual de objeto por
situación sobreviniente, en razón a que el señor Úsuga David fue excluido de la
JEP y, actualmente, aquel se encuentra extraditado en los Estado Unidos.

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2.4. La protección constitucional a las víctimas del conflicto armado interno

52. De acuerdo con la Constitución, Colombia es un Estado social de derecho.
Tal declaración implica que la institucionalidad funciona para garantizar el
cumplimiento de los deberes y proteger de manera efectiva los derechos de los
asociados. A partir de esa premisa, se deriva que las autoridades tienen la
obligación de asegurarle a sus habitantes, entre otras, la convivencia pacífica y en
paz21.

53. Tanto la Corte Constitucional como el Consejo de Estado han sostenido que
la ausencia de una respuesta institucional adecuada para contener la violencia
sistemática (por parte de grupos al margen de la Ley, terceros financiadores e,
incluso, de agentes estatales) en contra de la población civil, ha tenido graves
repercusiones en el tejido social y en la individualidad de quienes la han padecido.
Aquel escenario ha dado lugar a la creación de un marco de protección para
atender, reparar y proteger a las víctimas22. Esto último con el objetivo de que
aquellas puedan reconstruir su proyecto de vida y gozar efectivamente de sus
derechos23.

54. En el contexto del conflicto armado interno24 y, con base en el artículo 13
superior, se ha entendido que las víctimas son sujetos de especial protección
constitucional, dada su vulnerabilidad y su situación de debilidad manifiesta 25.
Adicionalmente, la Corte Constitucional ha sostenido que la salvaguarda de sus
intereses constituye un pilar fundamental de la Constitución26. Esto encuentra
respaldo normativo en los instrumentos internacionales ratificados por el Estado
colombiano, por ejemplo, la Declaración Universal de Derechos Humanos (artículo
8), el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (artículo 2) y la
Convención Americana sobre Derechos Humanos (artículo 25).

55. En este punto, la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha enfatizado en
que, el reconocimiento de la protección de los derechos de las víctimas como eje
axial de la Constitución, impone a las autoridades públicas (y a la sociedad) la
adopción de “mecanismos concretos, cuyo objetivo primordial sea la satisfacción de los
‘derechos de las víctimas (verdad, justicia, reparación, dignificación) y la garantía de no repetición
de las atrocidades (Estado de derecho, reforma institucional, reconciliación democrática,
deliberación pública)’”27.

21 Constitución, preámbulo y los artículos 1, 2, 13 y 20.
22 Corte Constitucional, sentencias C-337 de 2021, C-588 de 2019, T-067 de 2019, SU-254 de 2013 C-069 de

2016, C-715 de 2012, C-438 de 2013, C-821 2007, C-052 de 2012, T-045 de 2010 y T-025 de 2004. Consejo
de Estado Sentencia SI 00213-01 de 2006 Sección Tercera, Acción de grupo adelantada por el
desplazamiento causado por la toma del corregimiento La Gabarra del municipio de Tibú.
23 Corte Constitucional, sentencias C-337 de 2021, C-588 de 2019, T-067 de 2019, C-715 de 2012, y T-025 de

2004, entre otras.
24 En este sentido, consúltese la Ley 1148 de 2011 y los Actos Legislativos 01 de 2015 y 01 de 2017. Corte

Constitucional, sentencias C-080 de 2018, C-007 de 2018, C-674 de 2017, C-069 de 2016, C-577 de 2014 y
C-781 de 2012, entre otras.
25 Corte Constitucional, sentencia C-579 de 2013.
26 Constitución, artículos 1, 2, 15, 21, 229 y 250.
27 Corte Constitucional, sentencia C-771 de 2011.

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56. Por su parte, la Corte Interamericana de Derechos Humanos28 también ha
reconocido que las víctimas del conflicto armado interno se encuentran en una
situación de vulnerabilidad29. Por esa razón, es necesario que los Estados
implementen medidas de protección para superar situaciones estructurales que
dieron lugar a la afectación de los derechos humanos y garantizar una igualdad
real y efectiva.

57. El compromiso estatal con las víctimas del conflicto armado interno se hizo
expreso en el Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de
una Paz Estable y Duradera30. A través de los actos reformatorios de la
Constitución y las normas que lo implementaron31 se creó el Sistema Integral de
Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición junto con los mecanismos e
instituciones que lo conforman32, en el cual se ubicó a este grupo poblacional
como el epicentro de la justicia transicional33.

58. Con el propósito de satisfacer los derechos de las víctimas y contribuir al
logro de una paz estable y duradera, se implementó la Jurisdicción Especial para
la Paz (en adelante, JEP)34, que se caracteriza, entre otras, por otorgarle un
tratamiento penal especial a los responsables de las graves violaciones a los
derechos humanos, bajo la condición de que estos reconozcan los crímenes

28 Corte IDH. Caso Masacre de Santo Domingo Vs. Colombia. Excepciones Preliminares, Fondo y
Reparaciones. Sentencia de 30 de noviembre de 2012. Serie C No. 259; Corte IDH. Caso de la Masacre de La
Rochela Vs. Colombia. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 11 de mayo de 2007. Serie C No. 163;
Corte IDH. Caso de las Masacres de Ituango Vs. Colombia. Sentencia de 1 de julio de 2006. Serie C No. 148;
Corte IDH. Caso de la Masacre de Pueblo Bello Vs. Colombia. Sentencia de 31 de enero de 2006. Serie C No.
140 y Corte IDH. Caso de la “Masacre de Mapiripán” Vs. Colombia. Sentencia de 15 de septiembre de 2005.
Serie C No. 134.
29 Corte Constitucional, sentencia C-161 de 2021.
30 En la sentencia C-337 de 2021, la Corte Constitucional explicó que “[l]a justicia transicional es un sistema

que atiende a la necesidad de sociedades en conflicto de alcanzar la efectividad del derecho a la paz. Opera
dentro del tránsito de un período de violencia a otro de consolidación de la paz, sin dejar de responder al
imperativo de esclarecer la verdad, de judicializar a los responsables y de reparar las graves violaciones a los
Derechos Humanos y al Derecho Internacional Humanitario. Este tipo de justicia, ‘de carácter especial,
excepcional y transitorio’ conjuga diversas características de la justicia retributiva y restaurativa, y pretende
garantizar los derechos de las víctimas mediante la conciliación de la demanda de justicia, verdad, reparación,
transformación institucional y garantías de no repetición, con la necesidad de lograr acuerdos que permitan
alcanzar la paz y restablecer ‘el Estado social de Derecho y la Democracia’”.
31 Acto Legislativos 01 de 2012; 1, 2 y 3 de 2017, las Leyes 1820 de 2016 y 1922 de 2018 y la Ley Estatutaria

1957 de 2019, entre otros.
32 La Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición; la Unidad para la

Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto armado; la
Jurisdicción Especial para la Paz; las medidas de reparación integral para la construcción de paz y las
garantías de no repetición.
33 Corte Constitucional, sentencia C-674 de 2017. En este sentido, la sentencia C-080 de 2018, señaló que

“[e]n este marco, que incluye el deber de ofrecer una respuesta integral y con un enfoque global33, las
obligaciones de justicia no pueden entenderse aisladamente de las obligaciones de garantizar el goce efectivo
de los derechos a la verdad y la reparación integral de las víctimas, así como de implementar las medidas
necesarias para garantizar la no repetición de los hechos violentos. Un primer presupuesto jurídico para ello
es que los mecanismos de verdad, justicia, reparación y no repetición del sistema son de igual jerarquía. Esta
jerarquía es una expresión del principio de integralidad del SIVJRNR, y también del principio de
interdependencia de los derechos humanos. Así, la garantía de un derecho como la reparación no puede ir en
desmedro de la verdad y la no repetición. En consecuencia, como lo establece el artículo transitorio 1 del Acto
Legislativo 01 de 2017, todos los mecanismos del SIVJRNR33tienen igual nivel jerárquico y se relacionan
dentro de un sistema armónico que propende por la coordinación y la maximización de los derechos de las
víctimas, sin que uno prime sobre otro”.
34 Ley Estatutaria 1957 de 2019.

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cometidos, cuenten la verdad de lo ocurrido, reparen a quienes los padecieron y
garanticen la no repetición ni la realización de nuevos delitos dolosos35.

59. Para cumplir tal propósito, el compareciente debe someterse a esa justicia,
ser admitido bajo las reglas especiales y cumplir con los compromisos adquiridos
en ese escenario transicional (en los términos de las Leyes 1820 de 2016, 1922 de
2018 y 1957 de 2019)36. Sobre el particular, en la sentencia C-080 de 2018, la
Corte Constitucional, señaló que es competencia de la JEP verificar respecto de
cada responsable que cumpla las condiciones de acceso y permanencia en el
sistema especial.

60. Dentro de los procesos que sigue la JEP en contra de quienes se someten
a la justicia especial, por virtud del artículo 13 de la Ley 1957 de 2019, las víctimas
tienen derecho a participar en los procedimientos que se adelantan. Además, el
artículo 4 de la Ley 1922 de 2018 autoriza que aquellos participen en calidad de
intervinientes especiales (categoría que los faculta para presentar y solicitar
pruebas, formular observaciones a las versiones voluntarias, interponer recursos
y, en general, ejercer la defensa de sus intereses). Sin embargo, el ejercicio de
dicho rol se activa cuando la Sala de Definición de Situaciones jurídicas de la JEP
asume la competencia para procesar a un determinado sujeto37. En otras
palabras, es preciso que la jurisdicción admita al compareciente para que se active
el sistema junto con las prerrogativas que implica tanto para las víctimas como
para el procesado.

61. Sobre esto último, es preciso señalar que, mientras un sujeto se encuentra
en calidad de compareciente ante la JEP, está cobijado por la garantía de no
extradición38. Tal prerrogativa está dirigida a asegurar no solo la seguridad jurídica
del procesado sino los derechos de las víctimas. En este sentido, la Corte
Constitucional, precisó lo siguiente:

“La garantía de no extradición hace parte de los tratamientos especiales de justicia dentro del
Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, y consiste en la prohibición
de concederla u ofrecerla por delitos ocasionados durante el conflicto armado interno o con
ocasión de este hasta su finalización. Dicha garantía, en el escenario de la justicia transicional,
tiene una doble dimensión: de una parte, la seguridad jurídica de los excombatientes, quienes
se han sometido a la Jurisdicción Especial para la Paz a efectos de que se investigue y juzgue
su responsabilidad en el conflicto mediante las reglas sustanciales y procesales previstas en el
Acto Legislativo 01 de 2017; y de la otra, los derechos de la sociedad y de las víctimas del
conflicto, a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición respecto de los hechos del
conflicto y, en particular, de aquellos que configuran graves infracciones al Derecho
Internacional Humanitario y graves violaciones de los Derechos Humanos”39.

35 Ley Estatutaria 1957 de 2019, artículo 20.
36 En este sentido, en la sentencia C-674 de 2017, la Corte Constitucional señaló que “[e]sta lógica que
subyace al acto legislativo se traduce en una regla de condicionalidad, en virtud de la cual el acceso y el
mantenimiento de todos los componentes del régimen penal especial para el escenario transicional, se
encuentran supeditados a la contribución efectiva y proporcional a la reconstrucción de la verdad, a la
reparación de las víctimas del conflicto armado, y a la implementación de garantías de no repetición”.
37 Leyes 1922 de 2018, artículos 47 y 48; y 1957 de 2018, artículos 152 a 155.
38 Constitución, artículo 35; Acto Legislativo 01 de 2017 y la sentencia C-674 de 2017 de la Corte

Constitucional.
39 Corte Constitucional, sentencia C-080 de 2018.

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62. En todo caso, el órgano de cierre de la jurisdicción constitucional precisó
que como la protección de los derechos de las víctimas constituye un eje esencial
de la Constitución y es el objetivo central del Sistema Integral de Verdad, Justicia,
Reparación y No Repetición, previo a decidir sobre la extradición de los
responsables de graves conductas penales, las autoridades competentes deben
evaluar las obligaciones y compromisos adquiridos por aquellos en el marco del
sistema de justicia transicional40. Esto quiere decir que, aun cuando no están
cobijados por el beneficio de la no extradición, en cada caso, tendrá que valorarse
el impacto de la extradición sobre los intereses de las víctimas41.

63. Sobre esto último, es decir, la protección de los intereses de las víctimas
frente a las órdenes de extradición de los comparecientes, en la sentencia C-112
de 2019, la Corte Constitucional señaló que, en principio, este mecanismo no
afecta sus derechos, siempre que se adopten medidas específicas para lograr las
garantías de verdad y reparación42.

2.5. Carencia actual de objeto por situación sobreviniente frente a la
exclusión del señor Úsuga David de la JEP

2.5.1. La caracterización de la carencia actual de objeto por situación
sobreviniente

64. La acción de tutela, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 86
Constitucional y el desarrollo consagrado en el Decreto Legislativo 2051 de 1991
tiene como objetivo la protección efectiva, cierta e inmediata de los derechos
fundamentales, cuando estos resulten vulnerados o amenazados por las
actuaciones u omisiones de las autoridades y de los particulares, en los casos
específicamente previstos por el legislador43.

65. Al considerar la finalidad de la acción, la Corte Constitucional ha señalado
que, frente a una situación de hecho cuya vulneración o amenaza sea superada,
en el sentido de que la pretensión alegada se encuentre satisfecha, o cuando se
ha producido el perjuicio que se pretendía evitar por medio del amparo
constitucional, la acción de tutela resulta inocua o insustancial, es decir, “cae en el

40 Corte Constitucional, sentencia C-694 de 2015.
41 La Corte Suprema de Justicia ha efectuado la ponderación de intereses y ha resuelto esa tensión a favor de

los derechos de las víctimas. Por ejemplo, en el auto del 27 de febrero de 2019, rad. n.º 52466, esa
Corporación le recordó al Gobierno Nacional que la extradición se puede diferir hasta cuando culminen las
actuaciones seguidas en contra del postulado por parte de las autoridades nacionales en casos de graves
violaciones de derechos humanos. Luego, en el auto del 17 de noviembre de 2021 rad. n.º 53719. La Corte
Suprema de Justicia condicionó la extradición de excombatiente de las Farc, hasta tanto se verifiquen sus
aportes a la verdad en la JEP. En esta providencia también se efectuó una ponderación entre la extradición y
los aportes que el solicitado en extradición estaba haciendo ante la justicia transicional, dándole prevalencia a
esta última, con el objetivo de proteger los derechos de las víctimas del conflicto armado interno.
42 En un sentido similar, se pronunció la Corte Constitucional en la sentencia C-694 de 2015.
43 Corte Constitucional, ver, entre otras, las sentencias T-082 de 2015 y T-484 de 2016.

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vacío”44. A la primera de las hipótesis planteadas la jurisprudencia constitucional la
ha denominado hecho superado y, a la segunda, daño consumado.

66. Por otra parte, la Corte también ha reconocido, como lo ha hecho
igualmente el Consejo de Estado45, que existen situaciones en las que la carencia
actual de objeto no necesariamente encuadra en las dos figuras jurídicas
referidas, sino que obedece a otras circunstancias asociadas a un evento posterior
a la solicitud de tutela. En esos casos, se ha considerado que la decisión que
pudiere proferir el juez de tutela resultaría igualmente inane por sustracción de
materia o por lo que en sede de unificación denominó: acaecimiento de una
situación sobreviniente.

67. En la sentencia SU-522 de 201946, la Corte se refirió a la figura de la
carencia actual de objeto. En cuanto al hecho sobreviniente explicó que es una
categoría que por su amplitud cobija casos que no se enmarcan en los conceptos
de hecho superado o daño consumado, por cuanto remite a cualquier “otra
circunstancia que determine que, igualmente, la orden del juez de tutela relativa a lo solicitado en
la demanda de amparo no surta ningún efecto”. Al respecto, ha dado algunos ejemplos,
entre los cuales cabe destacar la imposibilidad de proferir alguna orden.

68. Es importante hacer referencia a las subreglas que en materia de carencia
actual de objeto rigen a partir de la referida sentencia de unificación y que son
obligatorias para los integrantes de la jurisdicción constitucional:

“(i) En los casos de daño consumado: es perentorio un pronunciamiento de fondo del juez de
tutela (incluida la Corte Constitucional) cuando el daño ocurre durante el trámite de la tutela;
precisando si se presentó o no la vulneración que dio origen a la acción de amparo. Además, el
juez de tutela podrá, dadas las particularidades del expediente, considerar medidas adicionales
tales como: a) hacer una advertencia a la autoridad o particular responsable para que en
ningún caso vuelva a incurrir en las acciones u omisiones que dieron mérito para conceder la
tutela; b) informar al actor/a o a sus familiares sobre las acciones jurídicas de toda índole a las
que puede acudir para la reparación del daño; c) compulsar copias del expediente a las
autoridades competentes; o d) proteger la dimensión objetiva de los derechos fundamentales
trasgredidos y tomar medidas para que los hechos vulneradores no se repitan;

(ii) En los casos de hecho superado o situación sobreviniente: no es perentorio que el juez de
tutela haga un pronunciamiento de fondo. Sin embargo, y especialmente tratándose de la Corte
Constitucional actuando en sede de revisión, podrá emitir un pronunciamiento de fondo cuando
lo considere necesario para, entre otros: a) llamar la atención sobre la falta de conformidad
constitucional de la situación que originó la tutela y tomar medidas para que los hechos
vulneradores no se repitan; b) advertir la inconveniencia de su repetición, so pena de las
sanciones pertinentes; c) corregir las decisiones judiciales de instancia; o d) avanzar en la
comprensión de un derecho fundamental.”

2.4.2. Las pretensiones 3. ° y 4.° del amparo son improcedentes al existir carencia
actual de objeto por situación sobreviniente

44 Consultar, entre otras, las sentencias T-496 de 2003, T-309 de 2006, T-855 de 2007, T-159 de 2014, T-484

de 2016, T-021 de 2017 y T-657 de 2017 y la T-189 del 15.05.2018.
45 Corte Constitucional, Sentencia T-419 del 29.06.2017; Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso

Administrativo, Sección Quinta, Sentencia del 22.03.2018, M.P. Rocío Araújo Oñate, Rad.
500012333201700591-01
46 Corte Constitucional, Sentencia SU-522 del 5.11.2019.

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69. En esta oportunidad, la Sección Quinta estudia dos pretensiones de la
acción de tutela de la referencia. La primera está referida a que se ordene que el
señor Úsuga David sea escuchado en calidad de compareciente ante la JEP. La
segunda, está encaminada a que el mencionado sujeto continúe vinculado a las
diligencias ante la JEP en el caso 04 “siempre y cuando otorgue elementos suficientes para
el esclarecimiento de los hechos ocurridos en la región de Urabá, Bajo Atrato y Darién, en los
departamentos de Antioquia y Chocó, presuntamente cometidos por miembros de las FARC-EP,
fuerza pública, agentes del Estado no integrantes de la fuerza pública y terceros civiles; desde el 1
de enero de 1986 y con anterioridad al 1 de diciembre de 2016 ”.

70. En primer lugar, la Sala considera oportuno mencionar que prohíja la
postura tanto de esta Corporación como de la Corte Constitucional en relación con
la protección especial de las víctimas del conflicto armado interno. Por lo tanto, se
advierte que es deber de las autoridades realizar esfuerzos institucionales para
asegurar que los procesos que se iniciaron a propósito del Acuerdo Final de Paz
satisfagan sus intereses en materia de justicia, verdad, reparación y garantía de
no repetición.

71. Sin embargo, tal reconocimiento no pasa por alto el hecho de que la
implementación del mencionado acuerdo creó una justicia especial y les entregó a
autoridades judiciales específicas la competencia para tramitar los asuntos
relacionados con la comparecencia a aquellos trámites.

72. Con base en lo anterior, en segundo lugar, esta Corporación estudiará la
pretensión relacionada con la comparecencia del señor Úsuga David a la JEP.
Sobre este particular, la Sala precisa que, mediante auto TP-SA 1274 del 2 de
noviembre de 2022, la Sección de Apelación de la JEP confirmó la Resolución
1008 del 25 de marzo de 2022 de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas,
por la cual se rechazó la solicitud de sometimiento presentada por el señor Dairo
Antonio Úsuga David.

73. Lo anterior, por cuanto la JEP encontró que el entonces peticionario no
perteneció a las Farc-EP sino que fue miembro de las Autodefensas Unidas de
Colombia de manera continua, por lo que no cumple con las exigencias legales
para el sometimiento a la justicia transicional introducida por el Acto Legislativo 01
de 2017.

74. En concreto, la Sección de Apelación explicó que, por regla general, la JEP
no tiene competencia para admitir en la justicia especial a los miembros de grupos
paramilitares, a menos que se trate de terceros civiles cuyas conductas sean
susceptibles de ser juzgadas por el sistema transicional.

75. Para la JEP, aun cuando el señor Úsuga David presentó la solicitud de
sometimiento ante la JEP “en calidad de tercero colaborador de las Fuerzas Armadas y
promotor y financiador de grupos paramilitares”, y que afirmó que inicialmente perteneció

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a las FARC-EP en el año 1986, al inicio de su carrera delictiva; en su caso no se
configuraron los tres factores que habilitan el sometimiento a esa justicia especial.

76. Específicamente, se determinó que el señor Dairo Antonio Úsuga David no
acreditó el factor personal47. Esto porque no demostró haber pertenecido a las
Farc-EP ni tampoco que es un tercero vinculado a las Fuerzas Militares como
financiador y promotor del paramilitarismo. Por el contrario, se acreditó que fue
dirigente de las Autodefensas Unidas de Colombia e, incluso, en el marco de la
desmovilización de ese grupo, fue postulado en Justicia y Paz, empero fue
excluido de dicho escenario judicial porque continuó delinquiendo a través de las
Autodefensas Gaitanistas de Colombia.

77. Con base en lo expuesto, la Sala de Apelaciones de la JEP, en el caso del
señor Úsuga David y su pertenencia a grupos paramilitares, concluyó que:

“(…) después de la desmovilización de las autodenominadas AUC, surgieron nuevos grupos de
“autodefensas” en las zonas en las que actuaban aquellas. El principal grupo sucesor de las
AUC fueron las AGC, grupo armado posdesmovilización que surgió para ejercer control
territorial sobre zonas y rutas del narcotráfico abandonadas por las “autodefensas”
desmovilizadas. El solicitante tuvo un importante protagonismo en la conformación de las AGC.
Para cuando fue expulsado de Justicia y Paz se conocía su vinculación con esta organización
criminal. La participación del interesado en la constitución de las AGC fue tan relevante que en
el 2009 fue reconocido como su comandante. De lo cual se infiere, razonablemente, que entre
su desmovilización de las autodenominadas AUC en el 2006 y su reconocimiento público como
comandante de las AGC en el 2009, el señor ÚSUGA DAVID mantuvo la condición de
paramilitar sin solución de continuidad”.

78. En el mismo análisis, la Sección de Apelaciones de la JEP concluyó que el
señor Úsuga David tampoco cumplía con la otra condición personal que,
eventualmente, permitiría que se le otorgara la calidad de compareciente ante la
justicia especial. Al efecto, explicó lo siguiente:

“(…) el señor ÚSUGA DAVID no acreditó el haber sido miembro de tal movimiento guerrillero y,
por tanto, no puede ingresar a esta jurisdicción en dicha calidad. 43. En primer lugar, su
solicitud de sometimiento está desprovista de toda evidencia que permita comprobar su
pertenencia a las extintas FARC-EP. Segundo, se encuentra que mediante la comunicación
OFI22-00008982/IDM 13020000 del 31 de enero de 2022, la OACP informó a la Corte Suprema
de Justicia que “(…) NO ha suscrito Acto Administrativo mediante el cual reconozca al señor
DAIRO ANTONIO ÚSUGA DAVID (…), como miembro integrante de las (…) FARC-EP y por
ende no se encuentra acreditado” Tercero, no hay decisiones judiciales que permitan verificar la
pertenencia o colaboración del solicitante, a la realización de los objetivos insurgentes de la

47 En este punto, la JEP manifestó que: “las personas que se presentan ante la JEP como integrantes o
colaboradores de las FARC-EP, la SA ha advertido que la acreditación del factor personal de competencia se
rige por estrictos parámetros fijados por la normatividad transicional, y que son limitados los medios de prueba
que permiten la demostración de su existencia47. Así, los destinatarios de los beneficios transicionales son
aquellas personas que se encuentran en algunas de las hipótesis contempladas en los artículos 17, 22 y 29
de la Ley 1820 de 2016, esto es, quienes: (i) cuentan con providencias judiciales en las que consta que fueron
investigados, procesados o condenados por pertenecer o colaborar con las FARC-EP; (ii) fueron acreditados
por el Gobierno Nacional como miembros de dicha organización; (iii) en su contra obra una sentencia
condenatoria en la que se indica su pertenencia a las FARC-EP, aun cuando esta no condene por un delito
político, siempre que la conducta cumpla con los requisitos de conexidad con el delito político; y aquellas que
(iv) han sido investigadas, procesadas o condenadas por un delito político o conexo, cuando se pueda deducir
de las investigaciones judiciales o por otras evidencias, que fueron investigadas, procesadas o condenadas
por su presunta pertenencia o colaboración con las FARC-EP” .

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desmovilizada guerrilla. Por un lado, la decisión adoptada por el Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Bogotá – Sala de Justicia y Paz del 19 de noviembre de 2015, no evidenció la
membresía o la colaboración del interesado a la causa insurgente de las FARC-EP. Por el otro,
la defensa del peticionario tampoco suministró tales decisiones en el trámite de su
sometimiento, ni en otros trámites adelantados ante la Jurisdicción Especial, como aquel
impulsado ante la SR para recibir la garantía de no extradición o la suspensión de la misma.

En la misma decisión, la SR recordó que la Corte Suprema de Justicia – Sala de Casación
Penal y las autoridades extranjeras que formularon los indictments contra el interesado,
documentaron las relaciones del peticionario con múltiples organizaciones armadas ilegales
diferentes de las FARC-EP. Esta entre otras razones le permitieron a la SR concluir -en decisión
del 7 de abril de 2022 que tiene fuerza de cosa juzgada-, que como no se había probado la
pertenencia del solicitante a las desmovilizadas FARC-EP, este no acreditaba el factor personal
requerido para recibir la garantía de no extradición.

En suma, la SA no cuenta con elementos probatorios que permitan acreditar que el señor
ÚSUGA DAVID tuvo la calidad de integrante del movimiento mencionado. Por el contrario,
quedó evidenciado que, a lo largo de su trayectoria, este militó en diversos grupos paramilitares
respecto de los cuáles la JEP, en general, carece abiertamente de competencia personal. 46.
Por lo anterior, la Sección concluye que el solicitante no acreditó alguna de las condiciones
personales sobre las cuales tiene competencia la JEP y, por consiguiente, debe confirmar la
decisión de la primera instancia, mediante la cual se rechazó la solicitud de ingreso del
interesado, por las razones expuestas en esta decisión judicial.

Lo anterior no impide el que el peticionario suministre información relevante a la Unidad de
Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD), como muestra de su intención de
colaborar con la búsqueda y el hallazgo de personas en dicha condición”.

79. Lo expuesto indica que, respecto de lo pretendido por los peticionarios de
esta acción, en relación con que se ordene la comparecencia del señor Úsuga
David a la JEP, ya existe una decisión definitiva proferida por la autoridad judicial
competente en la materia, que confirmó el rechazo de la solicitud de sometimiento
presentada por el extraditado. En otras palabras, cualquier decisión que adoptara
esta Corporación caería en el vacío, al haberse resuelto la cuestión por parte de la
justicia especial.

80. En todo caso, esta Sala de Decisión considera oportuno iterar que aun
cuando las víctimas son titulares de ciertas prerrogativas en el marco de los
procesos que se surten ante la JEP, como se explicó en el título anterior, su
participación está supeditada a que el procesado sea admitido en la justicia
transicional. De modo que, decisiones como el rechazo del señor Úsuga David, no
implica el desconocimiento de sus derechos, pues como se vio, la competencia de
la Jurisdicción Especial es reglada y se activa cuando se cumplen las condiciones
legales previamente establecidas.

81. Tal circunstancia no descarta que el señor Úsuga David, una vez cumpla la
pena en los Estados Unidos de América, responda ante las autoridades
domésticas por las conductas aquí cometidas, ante la justicia ordinaria. Tampoco
se deja de lado que aquel puede ser llamado en calidad de testigo a rendir

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declaraciones ante las los jueces nacionales, en el marco de la cooperación
internacional que existe a propósito de la extradición.

82. En tercer lugar, respecto de la pretensión de que el señor Úsuga David
continúe vinculado a las diligencias ante la JEP en el caso 04, la Sala precisa que
ocurre el mismo fenómeno de la carencia actual de objeto por situación
sobreviniente, por las razones expuestas en líneas atrás. Es decir, que la
vinculación de aquel fue definida por la Sección de Apelación, sin que se descarte
su intervención en calidad de testigo en las diligencias que adelante la justicia
especial en desarrollo del caso 04, solo en caso de que así lo disponga la
autoridad competente.

83. En atención a lo anterior, la Sala encuentra que, en el presente caso
existieron situaciones sobrevinientes que definieron las pretensiones 3.° y 4.°
reclamadas en sede de tutela, por lo que corresponde declarar la carencia actual
de objeto, conforme se explicó en esta providencia.

2.5. Conclusión

84. Las anteriores razones son suficientes para concluir que no es posible la
intervención excepcional del juez de tutela, porque durante el trámite del proceso
de tutela, la JEP rechazó de manera definitiva la solicitud de sometimiento del
señor Úsuga David a esa jurisdicción y, se materializó la extradición de aquel, bajo
la condición de que pueda intervenir en las diligencias o actividades judiciales que
disponga la justicia colombiana, a través del uso de las tecnologías de la
información y las comunicaciones, a fin de garantizar a las víctimas sus derechos,
Por lo anterior, en el presente caso se configuró la carencia actual de objeto por el
acaecimiento de una situación sobreviniente.

85. Finalmente, la Sala prohíja las conclusiones que plasmó en la sentencia del
16 de junio de 2022, en el sentido de que no se encontró acreditada la existencia
de un daño consumado porque se protegieron los derechos de las víctimas con los
condicionamientos impuestos en el acto de extradición.

III. DECISIÓN

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,

FALLA:

PRIMERO: ADICIÓNESE la parte resolutiva de la sentencia del 16 de junio de
2022, proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado, en el sentido de
DECLARAR LA CARENCIA ACTUAL DE OBJETO por el acaecimiento de una

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Demandantes: Bernardo Vivas Mosquera y otros
Demandados: Presidencia de la República y otros
Radicado: 11001-03-15-000-2022-02267-01

situación sobreviniente, respecto de las pretensiones tercera y cuarta del escrito
de tutela de la referencia, en cumplimiento de lo ordenado por la Corte
Constitucional en el Auto 1854 del 1 de diciembre de 2022 y de conformidad con lo
expuesto en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes, en la forma prevista en el artículo 30 del
Decreto Ley 2591 de 1991.

TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión, en los términos previstos en el artículo 32 del Decreto Ley 2591 de 1991.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Presidente

ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada

CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Magistrado

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado

Este documento fue firmado electrónicamente. Los interesados pueden consultar la providencia
oficial con el número de radicación en http//relatoria.consejodeestado.gov.co.8081

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