Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-02267-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-02267-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2022-02267-01
Consejero ponente: Rocio Araujo Oñate
16 de junio de 2022
Demandantes: Bernardo Vivas Mosquera y otros
Demandados: Presidencia de la República y otros
Radicado: 11001-03-15-000-2022-02267-01
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrada Ponente: ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Bogotá, D.C., dieciséis (16) de junio de dos mil veintidós (2022)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2022-02267-01
Demandantes: BERNARDO VIVAS MOSQUERA Y OTROS
Demandados: PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA Y OTROS
Tema: Tutela de fondo – Núcleo esencial y dimensiones individual y
colectiva de los derechos constitucionales de las víctimas –
Competencia para conocer acciones de tutela por actuaciones
u omisiones de la JEP - carencia actual de objeto por
acaecimiento de una situación sobreviniente.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
OBJETO DE LA DECISIÓN
La Sala resuelve la impugnación interpuesta por la parte actora contra la sentencia
del 4 de mayo de 2022, dictada por el Consejo de Estado, Sección Segunda –
Subsección “B” que: i) negó el amparo con respecto al Concepto del 6 de abril de
2022, rendido por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia; ii)
declaró improcedente la acción en relación con la actuación realizada por el
Gobierno Nacional, en cabeza del señor presidente de la República y sus
ministros, materializada en la Resolución N.° 078 de 8 de abril de 2022; y iii) negó
la solicitud de traslado del libelo demandatorio al señor Dairo Antonio Úsuga
David.
I. ANTECEDENTES
1.1. Solicitud de amparo
1. Mediante escrito enviado el 7 de abril de 20221, los señores Bernardo
Vivas Mosquera y Ana del Carmen Martínez, de la Comunidad de
Autodeterminación y Vida Digna del Cacarica – CAVIDA; María Ena Castaño
Flórez y Uribel Tuberquia, de la Comunidad de las Camelias; Dagoberto Pretel del
Consejo Comunitario Cabeceras; Guillermo Peña, de la Comunidad de Pichima,
Quebrada del Litoral San Juan; Jaime Maheche de ASOAIBA; Dobaybi Sinigui
Bailarin, del Cabildo Mayor de Murindó; Digna Aurora Castaño, de la comunidad
1 La demanda se remitió inicialmente al canal digital dispuesto por el Consejo Superior de la Judicatura para la
recepción de tutelas y habeas corpus en línea, la cual fue enviada a la Secretaría de la Corte Suprema de
Justicia el 8 de abril siguiente. El expediente fue reenviado al Consejo de Estado por la citada dependencia el
21 de abril de 2022, en cumplimiento del auto dictado el 20 de abril de 2022, con ponencia del magistrado
Francisco Ternera Barrios quien declaró que la falta de competencia para resolver la acción y ordenó su
remisión al Consejo de Estado, por haberse incluido como parte accionada a la Presidencia de la República.
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de la Larga Tumarado, Carlos Quiro Castaño Sierra, de la Comunidad
Jiguamiando; Silvia Berrocal, de Comupaz y; Manuel Rivas Torres, de la Zona
Humanitaria de Camelias2; en ejercicio de la acción de tutela, solicitaron, como
mecanismo transitorio, la protección de sus derechos fundamentales de acceso a
la administración de justicia (tutela judicial efectiva, investigación e imposición de
una sanción), verdad, justicia y reparación integral a las víctimas del conflicto
armado, que estimaron vulnerados por la Presidencia de la República, los
Ministerios de Relaciones Exteriores y de Justicia y del Derecho, la Sala de
Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, la Jurisdicción Especial para la
Paz y la Fiscalía General de la Nación - Grupo de Extradición Dirección de
Asuntos Internacionales.
1.2. Pretensiones
2. Los accionantes solicitaron:
“1. Que se declare que, hasta tanto DAIRO ANTONIO ÚSUGA DAVID, alias “OTONIEL”, no
sea juzgado y cumpla la eventual pena a las que fuere condenado en Colombia, su
extradición viola los derechos a la verdad, la justicia y a la reparación que se traduce en una
sustracción de la justicia de un cabecilla paramilitar que ha cometidos crímenes de lesa
humanidad en nuestro país.
2.- Se suspenda la ejecución de la orden de extradición de DAIRO ANTONIO ÚSUGA DAVID,
alias “OTONIEL”, hasta tanto no haya sido investigado y juzgado por la justicia ordinaria por
los graves crímenes cometidos en Colombia, y que una vez haya cumplido las condenas a
que haya lugar se proceda con el trámite correspondiente.
3.- Que se ordene que, a DAÍRO ANTONIO ÚSUGA DAVID, alias “OTONIEL”, pueda ser
escuchado en calidad de compareciente ante la Jurisdicción Especial para la Paz – JEP.
4.- Que se continúe vinculando al señor DAIRO ANTONIO ÚSUGA DAVID, alias “OTONIEL”,
a las diferentes diligencias ante la Jurisdicción Especial para la Paz en el Caso 04 siempre y
cuando otorgue elementos suficientes para el esclarecimiento de los hechos ocurridos en la
región de Urabá, Bajo Atrato y Darién, en los departamentos de Antioquia y Chocó,
presuntamente cometidos por miembros de las FARC – EP, fuerza pública, agentes del
Estado no integrantes de la fuerza pública y terceros civiles; desde el 1 de enero de 1986 y
con anterioridad al 1 de diciembre de 2016.
5.- Que se ordene a las diferentes autoridades competentes al interior de la justicia penal
ordinaria, que reanuden las investigaciones, hagan efectivas las órdenes de captura, las
medidas de aseguramiento, los llamamientos y las sentencias condenatorias dictadas en el
curso de los procesos que se adelantan en contra de DAIRO ANTONIO ÚGUGA DAVID, alias
“OTONIEL”. (…)”. (Sic para todo lo transcrito).
3. En el escrito inicial los tutelantes solicitaron que se decretara una medida
provisional encaminada a que se suspendiera la orden de extradición hasta que
esta acción de tutela se resolviera de fondo, señalando que no cuentan con un
mecanismo judicial para hacer valer sus derechos como víctimas, toda vez que no
pueden intervenir en el trámite de extradición.
4. La solicitud de la medida cautelar quedó consignada en los siguientes
términos:
2 Los accionantes adujeron la condición de víctimas individuales o colectivas del conflicto armado.
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“(…) De conformidad con las facultades que nos otorga el artículo 7 del Decreto 2591 de
1991, solicitamos a los Honorables Magistrados, se sirvan suspender de manera inmediata la
orden de extradición de DARÍO ANTONIO ÚSUGA, alias “OTONIEL”, hasta tanto no se
resuelva de fondo la acción deprecada.
Solicitud que elevamos al evidenciar que se han agotado todas las instancias posibles de
parte de las victimas acá firmantes, y ante una decisión tomada el día de hoy, es menester
mientras se resuelve a fondo esta acción constitucional, teniendo en cuenta los argumentos
esbozados a lo largo de este escrito. (…)”
1.3. Hechos expuestos por los accionantes
5. Los accionantes se refirieron in extenso al marco histórico y social del
conflicto armado que tuvo lugar en la región conocida como “El Urabá”, que
comprende tres departamentos, a saber: Chocó, Antioquia y Córdoba, señalando
los hechos más significativos de afectación de los derechos humanos de los
habitantes de la región, perpetrados por los distintos actores armados, entre los
que se relacionó a la guerrilla y a los paramilitares pertenecientes a distintas
organizaciones, entre ellas las autodefensas “gaitanistas”, el anteriormente
denominado “Clan Úsuga”, actualmente, “Clan del Golfo”.
6. Informaron que la Jurisdicción Especial para la Paz – JEP, mediante Auto
N° SRVNH-04/03-12/19 del 7 de octubre de 2019, los reconoció como víctimas del
conflicto armado que se adelanta en la región del Urabá dentro del caso N° 043, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 3º de la Ley 1922 de 20184.
7. Precisaron que el señor Dairo Antonio Úsuga conocido como “Otoniel”
cometió delitos en el territorio nacional, que van desde ejecuciones múltiples,
asesinatos, desapariciones, desplazamientos forzados, ilícitos contra la integridad
sexual de menores, entre otros, por los que en la actualidad tiene 122 órdenes de
captura y 7 medidas de aseguramiento, impuestas por diferentes autoridades
judiciales.
8. Afirmaron que también cuenta con órdenes de captura con fines de
extradición, por lo que fue efectivamente aprehendido el 23 de octubre de 2021,
3 La JEP abrió el caso 04, a través del Auto 040, el 11 de septiembre de 2018. Este caso prioriza la situación
territorial a partir de hechos del conflicto ocurridos en la región de Urabá entre 1986 y 2016. Este es uno de
los tres casos territoriales que ha abierto la JEP junto con el del Norte del Cauca, el sur del Valle del Cauca, y
el de los municipios de Barbacoas, Ricaurte y Tumaco en Nariño.
https://www.jep.gov.co/especiales1/macrocasos/04.html, consulta realizada el 8 de junio de 2022, a las 5.31
p.m.
4 “Por medio de la cual se adoptan unas reglas de procedimiento para la Jurisdicción Especial para la Paz.
“ARTÍCULO 3o. PROCEDIMIENTO PARA LA ACREDITACIÓN DE LA CALIDAD DE VÍCTIMA. Después de la
recepción de un caso o grupo de casos por parte de la Sala o Sección respectiva o una vez la Sala de
Reconocimiento contraste los informes, una persona que manifiesta ser víctima de un delito y que desea
participar en las actuaciones, deberá presentar prueba siquiera sumaria de su condición, tal como el relato de
las razones por las cuales se considera víctima, especificando al menos la época y el lugar de los hechos
victimizantes.
Las respectivas Salas o Secciones de primera instancia tramitarán las peticiones, de acuerdo con el tipo de
proceso.
En la oportunidad procesal correspondiente, la Sala o Sección dictará una decisión motivada, reconociendo o
no la acreditación, susceptible de los recursos ordinarios, por la víctima o quien la represente.
PARÁGRAFO. A quien acredite estar incluido en el Registro Único de Víctimas, no se le podrá controvertir su
condición de tal.”
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siendo escuchado en versión rendida ante la Fiscalía General de la Nación, a la
cual fueron vinculadas las organizaciones de víctimas por medios electrónicos.
9. Indicaron que el 21 de diciembre de 2021, aduciendo su condición de
víctimas, le entregaron un documento a la JEP para que se escuchara la versión
del implicado en salvaguarda de sus derechos a la verdad, a la justicia, a la
reparación y a las garantías de no repetición.
10. Agregaron que el 27 de marzo de 2022 las comunidades del Bajo Atrato,
CAVIDA y CLAMORES, víctimas reconocidas en la sentencia dictada por la Corte
Interamericana de Derechos Humanos, con respecto a la “Operación Génesis”5,
presentaron una carta ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia en la
que solicitaron la suspensión de la extradición de Dairo Antonio Úsuga David, para
garantizar el derecho a conocer la verdad, obtener justicia y evitar la impunidad.
11. Precisaron que la solicitud fue negada, en auto dictado el 1º de abril de
2022, y que el 6 del mismo mes y año se enteraron, por los medios de
comunicación, que la referida Corporación judicial rindió concepto favorable a la
extradición y remitió el expediente al Ministerio de Justicia y del Derecho para que
continuara el trámite.
1.4. Hechos probados y/o admitidos
La Sala encontró demostrados los siguientes supuestos fácticos relevantes para la
decisión que se adoptará en la sentencia:
1.4.1. Hechos relacionados con el trámite de extradición de Dairo Antonio
Úsuga David – Alias “Otoniel”
1.4.1.1. Trámite administrativo previo y concepto de la Sala Penal de la Corte
Suprema de Justicia
12. El Gobierno de los Estados Unidos de América presentó solicitud de
detención preventiva con fines de extradición con respecto al señor Dairo Antonio
Úsuga David6, quien es requerido para comparecer a juicio por los delitos de
tráfico de narcóticos, concierto para delinquir con fines de narcotráfico, concierto
5 Se refiere a los hechos que “tuvieron lugar en el marco de una operación militar llamada ‘Génesis’ que se
llevó a cabo entre el 24 y el 27 de febrero de 1997 en el área general del Río Salaquí y Río Truandó para
capturar y/o destruir integrantes del grupo guerrillero de las FARC. Asimismo, simultáneamente a la operación
“Génesis”, grupos paramilitares de las Autodefensas Unidas de Córdoba y Urabá (ACCU), en el desarrollo de
la llamada “operación Cacarica”, emprendieron un avance de norte a sur desde el Parque Nacional de los
Katios a lo largo del río Cacarica, pasando por Bijao y otras comunidades ubicadas en la ribera de ese río,
para finalmente llegar a las riberas de los ríos Salaquí y Truandó, donde desarrollaron operaciones conjuntas
con el Ejército. En el marco de la “Operación Cacarica”, los paramilitares ejecutaron a Marino López en Bijao y
desmembraron su cuerpo.” Ficha técnica del proceso Comunidades afrodescendientes desplazadas de la
cuenca del río Cacarica (Operación Génesis) vs. Colombia.
https://www.corteidh.or.cr/CF/jurisprudencia2/ficha_tecnica.cfm?nId_Ficha=377, consulta realizada el 7 de
junio de 2022 a las 6.50 p, m.
6 Quien igualmente responde a los alias de “Otoniel”, “Mao”, “Mauricio”, “Mauricio Gallo” o “Gallo”.
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para cometer homicidio y porte ilegal de armas en tres procesos penales que se
adelantan en ese país.
13. En virtud de lo anterior, el fiscal General de la Nación dispuso su captura
con fines de extradición, la cual se materializó el 23 de octubre de 2021, por
miembros de la Dirección de Investigación Criminal e INTERPOL de la Policía
Nacional.
14. Por medio de la Nota Verbal N.° 22458 del 23 de noviembre de 2021, la
representación diplomática de los Estados Unidos de América formalizó la solicitud
de extradición del detenido, indicando los expedientes y los delitos por los cuales
es requerido, según hechos que ocurrieron entre “junio de 2003 y octubre de 2021”,
para lo cual aportó los documentos relacionados con los procesos y los exigidos
en las normas jurídicas que regulan la extradición.
15. La Cancillería remitió el trámite de extradición a la Oficina de Asuntos
Internacionales del Ministerio de Justicia y del Derecho, mediante el Oficio DIAJI
N° 3485 del 23 de noviembre de 2021, donde señaló que las Convenciones de
Viena y Nueva York –tratados vigentes para las partes– regulan el presente
asunto.
16. El Ministerio de Justicia y del Derecho, al considerar que el expediente se
encontraba completo, lo remitió a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia el
24 de noviembre de 2021, corporación que ordenó correr traslado común a los
sujetos procesales, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 500 de la Ley
906 de 20047, para que pudieran solicitar pruebas.
17. En el lapso previsto, el delegado del Ministerio Público y el representante
del requerido solicitaron la práctica de diferentes medios de convicción; peticiones
que fueron resueltas mediante Auto CSJ AP127- 2022 del 26 de enero de 2022,
decisión que fue impugnada a través del recurso de reposición y confirmada en
proveído CSJ AP579-2022 del 23 de febrero de 2022. En esa misma decisión, se
decretaron pruebas de oficio.
18. Posteriormente, el apoderado judicial del solicitado en extradición efectuó
varios requerimientos, entre ellos, la nulidad de la actuación y la suspensión y
remisión del trámite a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), las cuales fueron
desestimadas por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, en providencia
AP928-2022 del 9 de marzo de 2022.
7 “ARTÍCULO 500. TRÁMITE. Recibido el expediente por la Corte, se dará traslado a la persona requerida o a
su defensor por el término de diez (10) días para que soliciten las pruebas que consideren necesarias.
Vencido el término de traslado, se abrirá a pruebas la actuación por el término de diez (10) días, más el de
distancia, dentro del cual se practicarán las solicitadas y las que a juicio de la Corte Suprema de Justicia sean
indispensables para emitir concepto.
Practicadas las pruebas, el proceso se dejará en la secretaría por cinco (5) días para alegar.”
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19. El 15 de marzo de 2022, se corrió traslado para alegar de conclusión y, en
esa misma fecha, el apoderado del capturado solicitó el decreto de una prueba
oficiosa, a la cual se accedió mediante proveído del día siguiente, sin que ello
implicara la suspensión del trámite.
20. El 18 de marzo de 2022 el apoderado pidió la ampliación del plazo para
alegar de conclusión, a lo cual se accedió en auto de la misma fecha,
concediéndole un término adicional de dos (2) días. Sin embargo, el 23 de marzo
de 2022, recusó al magistrado sustanciador. La recusación fue declarada
infundada, mediante providencia CSJ AP1229-2022 del 28 de marzo siguiente.
21. Por otra parte, la Subsala Especial “B” de Conocimiento y Decisión de la
Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP le comunicó a la Sala Penal
de la Corte Suprema de Justicia la Resolución No. 1008 del 25 de marzo de 2022,
proferida en el expediente SAJ: 1500217-89.2022.000.0001, en la que se dispuso:
“PRIMERO. - RECHAZAR la solicitud de sometimiento presentada por el señor Dairo Antonio
Úsuga David, identificado con C.C. 71.980.054, de conformidad con lo expuesto en esta
providencia.
SEGUNDO.- EXHORTAR a la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia para
que, de acuerdo con lo consignado en esta providencia, considere que, en caso de
conceptuarse favorablemente la solicitud de extradición, pueda disponerse en la modalidad
condicionada a i) que la entrega se haga una vez el señor Úsuga David haya cumplido con los
requerimientos del SIVJRNR para concretar el derecho de las víctimas a la verdad y ii) a que,
una vez se cumpla la pena correspondiente en Estados Unidos de América, ese gobierno
deporte al mencionado a Colombia, con la finalidad de que asuma la responsabilidad por los
delitos acá cometidos, sin necesidad de una solicitud de extradición elevada por el gobierno
colombiano para tal fin.”
22. Vencido el término para alegar de conclusión y recibidas las intervenciones
correspondientes, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia rindió el concepto
CPO49-2022, aprobado en acta 76 del 6 de abril de 2022, favorable
(parcialmente) a la solicitud de extradición8.
23. Lo anterior al verificar que concurrían los requisitos establecidos en los
artículos 493 y 502 de la Ley 906 de 2004, los cuales analizó detalladamente
valorando las pruebas que obraban en la foliatura.
24. En el concepto se incluyó un capítulo sobre los derechos de las víctimas a
la verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición y sobre la improcedencia
de condicionar la entrega del requerido en extradición por un término indefinido
hasta tanto culmine con el aporte de verdad en el Sistema de Justicia Transicional
y sea juzgado por los procesos que se adelantan en el país por graves violaciones
a los derechos humanos y al Derecho Internacional Humanitario, respondiendo
con ello a la solicitud en tal sentido elevada por el apoderado del requerido y a lo
8 Del concepto favorable se excluyeron los hechos relacionados con los ilícitos de “Concierto para cometer
asesinato” y “Uso de armas de fuego con el fin de fomentar el tráfico de drogas”, descritos en la violación
Cuarenta y Cinco del Cargo Uno y en el Cargo Tres, respectivamente, de la cuarta Acusación de Reemplazo
en el Caso No. 14-cr-00625(DLI) (VMS) proferida el 4 de noviembre de 2021, por la Corte Distrital de los
Estados Unidos para el Distrito Este de Nueva York, por cuanto se advertía que los delitos no fueron
cometidos en el exterior sino en territorio colombiano.
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expresado por la JEP en el auto que rechazó el sometimiento a esa jurisdicción
especial.
25. Para sustentar la improcedencia de aplazar la entrega en extradición, la
Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia señaló que el señor Dairo Antonio
Úsuga David no es sujeto de la Jurisdicción Especial de Paz, de tal manera que no
está vinculado ni constitucional ni legalmente con el cumplimiento de los
compromisos que se deriven de ese componente judicial.
26. Advirtió que, facultativamente, el requerido puede concurrir a suministrar la
verdad en componentes no judiciales “mediante el aporte de su testimonio, sin embargo, nada
obsta para que ello se pueda llevar a cabo en el intervalo entre la emisión de éste concepto y la decisión del
Gobierno Nacional de conceder o no la extradición, o entre éste último acto y la entrega formal del requerido,
o incluso, desde los Estados Unidos de América, a través de los medios virtuales.”
27. Señaló que el señor Úsuga David puede ser visto y escuchado las veces
que sean indispensables para la complacencia de los derechos de las víctimas, en
el marco del SIJVRNR de la JEP, en virtud del uso de las Tecnologías de la
Información y la Comunicación (TIC).
28. También señaló que se debía considerar la “actitud renuente, contumaz y de
desprecio absoluto que, en el pasado, ha asumido el requerido frente a las víctimas y el
sistema de justicia nacional, en su componente ordinario, e incluso, en el transicional de
Justicia y Paz”, lo cual sustentó en las piezas procesales que daban cuenta de una
primera desmovilización en el año 2005 y del incumplimiento de los compromisos
de la Ley de Justicia y Paz y los nuevos delitos cometidos con posterioridad 9.
29. Agregó que el concepto favorable tampoco implica la renuncia al
procesamiento y enjuiciamiento de los crímenes cometidos en el territorio
nacional.
30. El concepto contiene igualmente algunos condicionamientos, entre los
cuales se resalta el siguiente:
“Se advierte imprescindible que el Gobierno Nacional, en el evento que decida entregar al
requerido, exija al Gobierno de los Estados Unidos de América que facilite a las autoridades
colombianas, cada vez que sea necesario, tener contacto con DAIRO ANTONIO ÚSUGA
DAVID, a fin de garantizar a las víctimas sus derechos, a través del uso de las Tecnologías de
la Información y la Comunicación (TIC).”
1.4.1.2. Acción de tutela ejercida por el señor Dairo Antonio Úsuga David
contra la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia
31. El señor Dairo Antonio Úsuga David ejerció acción de tutela contra la Sala
Penal de la Corte Suprema de Justicia, el Ministerio de Justicia y del Derecho y la
9 Transcribió ampliamente el contenido de la Resolución 1008 del 25 de marzo de 2022 de la Subsala
Especial B de Conocimiento y Decisión de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la Corte Suprema
de Justicia.
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Fiscalía General de la Nación, entre otras finalidades, para que se concediera el
condicionamiento especial de que trata el artículo 153 de la Ley 1957 de 201910.
32. El accionante afirmó que en el concepto favorable se desconoció la petición
de las víctimas para que se le permitiera responder como testigo del “Caso 03”11 y
que, en proveído dictado el 8 de abril de 2022 se negaron las solicitudes de
aclaración y adición que se elevaron con respecto al concepto.
33. La acción de tutela referida fue decidida por la Sala de Casación Civil de la
Corte Suprema de Justicia, en sentencia dictada el 27 de abril de 2022, en la que
la “negó por improcendente”, con los siguientes argumentos:
1) “En lo relacionado con los reparos frente a la determinación de la homóloga en lo penal
de 8 de abril del año que avanza, revisado el sistema judicial Siglo XXI (enlace consulta
de procesos) se verificó que, frente a dicho (sic) Radicación n.° 11001-02-03-000-2022-
01133-00 4 pronunciamiento, es decir, el que rechazó la aclaración y adición requerida, el
actor no propuso recurso alguno, de suerte que se configura en este caso la ausencia del
presupuesto de procedibilidad establecido en el artículo 6º del Decreto 2591 de 1991,
esto es, el de residualidad, requisito que exigía, ante la presencia de otros mecanismos
judiciales de defensa, que el actor planteara la controversia aquí traída ante la
Colegiatura encartada y ello torna en improcedente el ruego superlativo.
…
2) Ahora, en relación con las quejas dirigidas a que se revoque parcialmente el concepto
CP049-2022 y «se eliminen del mismo las violaciones al non bis in ídem derivadas del
concepto favorable (…); [y] se conceda el condicionamiento especial de que trata [el
artículo] 153 de la Ley 1957 de 2019», más allá de que ellas puedan o no tener asidero,
lo cierto es Radicación n.° 11001-02-03-000-2022-01133-00 que dado que el Presidente
de la República expidió la Resolución 078 de 8 de abril de 2022, por medio de la cual se
concretó la concesión de la extradición del actor, a este le corresponde plantear sus
discrepancias, ya sea a través del recurso de reposición contra dicho acto administrativo,
o con la interposición del medio de control de nulidad y restablecimiento de derecho.
Escenarios idóneos para discutir y resolver las críticas formuladas.”
1.4.1.2. Acción de tutela ejercida por el señor Dairo Antonio Úsuga David
contra la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas (SDSJ) y la Secretaría
Judicial (SEJUD-SDSJ) de la Jurisdicción Especial de Paz
34. El requerido en extradición ejerció otra acción de tutela ante la Jurisdicción
Especial para la Paz, con el fin de obtener la protección de su derecho al debido
proceso y, entre otras peticiones, solicitó que se le ordenara al presidente de la
República que suspendiera el trámite de la extradición hasta el momento en que la
Sala de Reconocimiento de Verdad, Responsabilidad y Determinación de los
Hechos y Conductas de la JEP adelantara todas las actuaciones tendientes a
esclarecer su participación como tercero colaborador de las Fuerzas Armadas,
promotor y financiador de grupos paramilitares.
10 Estatutaria de la Administración de Justicia en la Jurisdicción Especial para la Paz. Título XI “ARTÍCULO
153. EXTRADICIÓN DE QUIENES ESTÉN OFRECIENDO VERDAD ANTE EL SISTEMA INTEGRAL DE
VERDAD, JUSTICIA, REPARACIÓN Y NO REPETICIÓN. No se concederá la extradición de otras personas
que estén ofreciendo verdad ante el Sistema Integral de Verdad Justicia Reparación y No Repetición, antes de
que terminen de ofrecer verdad.”
11 El Caso 03 se refiere a “Asesinados y desapariciones forzadas presentadas como bajas en combate por
agentes del Estado.”
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35. La tutela fue decidida por el Tribunal para la Paz – Sección de Revisión –
Sección Segunda de Tutelas de la Jurisdicción Especial para la Paz que, en fallo
dictado el 28 de abril de 2022 la declaró improcedente.
36. Lo anterior, por considerar, en primer lugar, que el accionante no tenía
legitimación para representar a las víctimas del conflicto armado ni agenciar sus
derechos y, en segundo lugar, en relación con los cuestionamientos elevados
contra la resolución que rechazó su solicitud de acogimiento, no concurría el
requisito de subsidiariedad, por cuanto se encontraba en trámite el recurso de
apelación, oportunamente interpuesto con los mismos argumentos.
1.4.1.3. Hechos relacionados con la acción de tutela ejercida por algunas
víctimas contra las mismas autoridades aquí accionadas
37. El Juzgado Tercero Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías
de Bogotá, mediante sentencia dictada el 28 de abril de 2022, negó la acción de
tutela ejercida por Heidy Moreno y Marleny González, quienes invocaron su
condición de víctimas del conflicto armado.
38. Lo anterior, por considerar, por un lado, que no existía prueba de que las
accionantes hubieran solicitado ante la Sala Penal de la Corte Suprema de
Justicia la suspensión de la extradición. Agregó que la solicitud era prematura, por
cuanto no había fenecido el término para resolver el recurso de reposición
interpuesto contra la resolución dictada por la Presidencia de la República que
concedió la extradición.
39. Por otra parte, precisó que no se cumplía el requisito de subsidiariedad, por
cuanto la resolución referida es un acto administrativo pasible de control en sede
de nulidad y restablecimiento del derecho, en el cual es viable inclusive solicitar
medidas cautelares.
40. Finalmente, indicó que “la entrega en extradición del prenombrado Úsuga David, no es óbice
para que no puedan gestionarse los procedimientos a cargo de la JEP, basta recordar los mecanismos de
cooperación internacional contemplados en el CPP, para obtener prueba, evidencia o elemento material
probatorio y el traslado de fiscales y jueces (o magistrados de la Jurisdicción Especial para la Paz), al territorio
extranjero para la práctica de diligencias judiciales, una vez agotados los medios técnicos disponibles para la
realización de videoconferencias. Pues dicho mecanismo, no implica que no continúen las investigaciones
penales, menos aún cuando tratándose de delitos de lesa humanidad, que son imprescriptibles”.
1.4.1.4. Hechos relacionados con el proferimiento de la Resolución No. 078
del 8 de abril de 2022, por medio de la cual la Presidencia de la República
concedió la extradición de Dairo Antonio Úsuga David
41. Con fundamento en el concepto favorable rendido por la Sala Penal de la
Corte Suprema de Justicia y lo establecido en el artículo 492 de la Ley 906 de
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200412 el Gobierno Nacional expidió la Resolución 078 del 8 de abril de 2022 por
medio de la cual concedió la extradición y, en lo que guarda relación con las
pretensiones invocadas en la presente demanda ordenó:
“ARTÍCULO SEXTO: Advertir al Estado requirente sobre la necesidad de
prestar en este caso toda la colaboración y ayuda necesaria para que al
señor ÚSUGA DAVID se le brinde la posibilidad de intervenir en las
diligencias o actividades judiciales que disponga la justicia colombiana, a fin
de garantizar a las víctimas sus derechos, a través del uso de las
Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC)”. (…)
ARTÍCULO NOVENO: Una vez ejecutoriada la presente Resolución, enviar
copia de la misma a la Dirección de Asuntos Jurídicos Internacionales y a la
Dirección de Asuntos Migratorios, Consulares y Servicio al Ciudadano del
Ministerio de Relaciones Exteriores, a las autoridades judiciales que
adelantan procesos en Colombia contra el ciudadano requerido; a los Jueces
de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad que vigilan la ejecución de
las condenas impuestas en Colombia en contra del señor USUGA DAVID, y
a la Fiscalía General de la Nación para lo de sus respectivas competencias.”
42. El apoderado del solicitado en extradición interpuso recurso de reposición
contra la citada resolución, el cual fue resuelto de manera desfavorable13.
1.5. Sustento de la vulneración
43. Manifestaron que la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de
Justicia, al rendir el Concepto del 6 abril de 2022, y el Gobierno Nacional, al
proferir la Resolución N° 078 de 8 de abril de 2022, actos jurídicos con los cuales
se resolvió la solicitud de extradición del señor Dairo Antonio Úsuga David a los
Estados Unidos de América, vulneraron los derechos de las víctimas a la verdad,
justicia, reparación y no repetición, porque el trámite de extradición obstruye la
continuidad de los procesos judiciales adelantados en su contra en Colombia,
afectando la consecución de la verdad y la materialización de una justicia efectiva
a favor de las víctimas por los hechos de violencia en los que él participó.
44. Agregaron que acudieron a la acción de tutela como mecanismo transitorio
para evitar un perjuicio irremediable con la extradición del señor Dairo Antonio
Úsuga David, pues su remisión a los Estados Unidos de América puede ocasionar
una dilación de los procesos judiciales que en su contra se tramitan en Colombia y
generar impunidad; teniendo en cuenta, como antecedente, lo ocurrido con otros
jefes paramilitares que han sido extraditados, en cuyos casos no se ha obtenido
una resolución favorable para las víctimas.
12 El artículo 492 de la Ley 906 de 2004 establece que “La oferta o concesión de la extradición es facultativa
del gobierno; pero requiere concepto previo y favorable de la Corte Suprema de Justicia.”
13 El acto administrativo por medio del cual se confirmó la decisión no obra en el expediente, pero se informó
de ello por el Ministerio de Justicia y del Derecho.
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1.6. Actuaciones procesales relevantes
1.6.1. Auto admisorio
45. Por auto del 28 de abril de 2022, se admitió la demanda y se ordenó
notificar a la parte actora y a la Presidencia de la República, a los Ministerios de
Relaciones Exteriores y de Justicia y del Derecho, a la Sala de Casación Penal de
la Corte Suprema de Justicia, a la Jurisdicción Especial de la Paz y a la Fiscalía
General de la Nación -Grupo de Extradición Dirección de Asuntos Internacionales,
como autoridades accionadas.
46. Así mismo, se dispuso vincular al Tribunal para la Paz de la Jurisdicción
Especial para la Paz - JEP, a la Defensoría del Pueblo, a la Procuraduría General
de la Nación y al señor Darío Antonio Úsuga, alias “Otoniel”14, como terceros
interesados en el resultado de la actuación.
47. Igualmente, se ordenó comunicar a la Agencia Nacional de Defensa
Jurídica del Estado, en los términos y para los efectos previstos en el artículo 610
del Código General del Proceso.
48. En esa oportunidad se accedió a la medida provisional solicitada y se le
ordenó al “señor Presidente de la República, doctor Iván Duque Márquez, o a quien corresponda,
SUSPENDER la ejecución material de la orden de extradición del señor Darío (sic) Antonio Úsuga, alias
Otoniel, hasta tanto se emita decisión de fondo en este amparo constitucional, conforme con lo expuesto en la
parte motiva de esta providencia.”
49. Para arribar a la citada parte resolutiva se consideró que “según lo manifiestan los
actores, que el trámite de la solicitud de extradición de (sic) señor Darío (sic) Antonio Úsuga, ha cumplido con
todos los requisitos previstos por la normativa que regula la materia, quedando simplemente por ejecutar
materialmente la decisión, lo que de ocurrir durante el curso procesal de este amparo constitucional, tornaría
inane cualquier decisión que sobre la protección de los derechos deprecados llegare a tomarse; razón por la
cual, atendiendo solamente a razones prácticas, se considera pertinente disponer la suspensión de la
respectiva orden de extradición, hasta tanto se profiera decisión de primera instancia dentro de esta acción
constitucional.”
1.6.2. Intervenciones de las autoridades accionadas y vinculadas
1.6.2.1. Presidencia de la República
50. Por intermedio de apoderado judicial, la Presidencia presentó los siguientes
argumentos:
51. No se acreditó la legitimación en la causa por activa, en desarrollo de lo
cual señaló que, aun cuando la tutela se caracteriza por la informalidad, uno de los
requisitos mínimos para su procedencia es que los accionantes demuestren que
son los afectados con las acciones u omisiones de las autoridades y, salvo
14Fue debidamente notificado a través del jefe de asuntos jurídicos de la DIJIN según certificación GS-
2022/DIJIN-ASJUD-29.25 del 2 de mayo de 2022, obrante en el aplicativo SAMAI
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Bernardo Vivas Mosquera, los demás accionantes no demostraron de forma
siquiera sumaria su condición de víctimas o de voceros de organizaciones de
víctimas que los habiliten para interponer la presente acción de tutela.
52. No se cumplió con el principio de subsidiariedad y no se acreditó un
perjuicio irremediable, lo cual sustentó en que cuando cobrara firmeza el acto
administrativo que resolvió el recurso de reposición relacionado con la entrega en
extradición de alias Otoniel, este puede ser controvertido ante el juez natural a
través de los medios de control establecidos, para tal fin y aseveró que en la
demanda no se acreditaron los requisitos señalados por la Corte Constitucional
para la procedencia de la acción de tutela.
53. Las pretensiones desbordan el ámbito de competencia del juez de tutela,
porque los accionantes, además de la suspensión de la extradición de alias
“Otoniel”, pidieron que se le ordenara a la JEP su inclusión en esa jurisdicción
especial y, al mismo tiempo, que la Corte Suprema de Justicia y los demás
integrantes de la jurisdicción ordinaria, reanuden las investigaciones en su contra
por la comisión de delitos de lesa humanidad en Colombia. Acceder a estas
solicitudes va más allá de lo permitido por la Constitución y la ley al juez de tutela
y constituye una intromisión indebida en la administración de justicia.
54. Informó que existen acciones de tutela previas que negaron la solicitud de
suspensión de la extradición, indicando que ellas fueron dictadas por la Sala de
Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, la Jurisdicción Especial para la
Paz y el Juzgado Tercero Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías
de Bogotá, que resolvieron desfavorablemente las pretensiones de un grupo de
víctimas y las del sujeto pasivo de la extradición.
55. Advirtió que en el presente caso no se vulneran los derechos invocados por
las víctimas porque la extradición no suspende los procesos judiciales en curso, ni
los que puedan abrirse en contra de una persona entregada en extradición y
constituye un mecanismo de presión para la colaboración con la justicia.
56. Resaltó que los actos administrativos expedidos durante el trámite de la
extradición previeron la reparación integral a las víctimas y su participación a
través de mecanismos de cooperación internacional y el uso de las tecnologías de
la información y las comunicaciones.
1.6.2.2. Ministerio de Justicia y del Derecho
57. Por intermedio del director de Asuntos Internacionales, la entidad informó
sobre el procedimiento para la expedición, así como el contenido de la Resolución
No. 078 del 8 de abril de 2022, por medio de la cual se concedió la extradición del
ciudadano requerido por la justicia norteamericana, advirtiendo que para la fecha
del informe –2 de mayo de 2022– el acto administrativo que concedía la misma no
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había cobrado firmeza, como consecuencia de la interposición del recurso de
reposición, el cual estaba pendiente de definición.
58. Argumentó que en el caso concreto no concurre el requisito de
subsidiariedad, tal como lo han considerado todas las autoridades judiciales a las
que se les ha solicitado la suspensión de la extradición, por cuanto el acto
administrativo que concede la extradición es pasible de control judicial, para lo
cual hizo referencia a las tres sentencias previas que han proferido: i) la Sala Civil
de la Corte Suprema de Justicia; ii) el Tribunal para la Paz de la JEP; y iii) el
Juzgado Tercero Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías de
Bogotá, en acciones de tutela que se han interpuesto con el mismo propósito.
59. Afirmó que la extradición se surte a través de un trámite reglado, el cual
está en la etapa administrativa final en la que no es posible la suspensión,
advirtiendo que se han garantizado todos los derechos tanto del requerido como
de las víctimas.
60. Hizo énfasis en el contenido del concepto favorable de la Corte Suprema de
Justicia, según el cual la extradición no implica la renuncia al procesamiento y
enjuiciamiento por los crímenes cometidos en el territorio nacional y a los
mecanismos para que el solicitado contribuya al esclarecimiento de la verdad.
61. Se refirió al contenido de la Ley 636 de 200115 que tiene como propósito
garantizar los derechos de las víctimas y que ha permitido la realización de más
de 1500 audiencias, con la intervención de ciudadanos colombianos detenidos en
cárceles de los Estados Unidos y que materializaría los derechos de las víctimas,
en la medida en que son escuchadas sus versiones.
62. En escrito posterior, el director de asuntos internacionales del Ministerio de
Justicia y del Derecho solicitó el levantamiento de la medida provisional dictada en
la acción de tutela de la referencia, por cuanto se encontraba pendiente la decisión
del recurso de reposición interpuesto contra la resolución que concedió la
impugnación.
63. Alegó que tampoco se advertía que se configuraran los requisitos de
necesidad y urgencia, como presupuestos para fundamentar la medida provisional
1.6.2.3. Ministerio de Relaciones Exteriores
64. La directora de Asuntos Internacionales de la Cancillería rindió informe en el
que se refirió ampliamente a las funciones que le corresponde cumplir en el
proceso de extradición y que consisten en el traslado de la solicitud al Ministerio
15“Por medio de la cual se aprueban la "Convención Interamericana sobre asistencia mutua en materia
penal", suscrita en Nassau, Bahamas, el 23 de mayo de mil novecientos noventa y dos (1992) y el "Protocolo
Facultativo relativo a la Convención Interamericana sobre Asistencia Mutua en Materia Penal", adoptado en
Managua, Nicaragua, el 11 de junio de mil novecientos noventa y tres (1993).”
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de Justicia y del Derecho con copia a la Fiscalía General de la Nación y a la Sala
Penal de la Corte Suprema de Justicia.
65. Afirmó que los accionantes están legitimados para acudir al medio de
control idóneo16, establecido en la Ley 1437 de 2011, bien sea bajo la figura del
litisconsorcio necesario o alegando la existencia de interés directo en el resultado
del proceso y allí pueden solicitar la suspensión del acto administrativo complejo
de la extradición.
66. Argumentó que ese ministerio no ha vulnerado ni puesto en peligro los
derechos de los accionantes, porque su función se circunscribe a remitir a las
autoridades nacionales competentes los requerimientos efectuados y a conceptuar
si es del caso proceder con sujeción a tratados o usos internacionales o si
corresponde tramitar el requerimiento de extradición con fundamento en la
normatividad nacional aplicable, esto es, la consagrada en el Código de
Procedimiento Penal.
67. Con fundamento en lo anterior, relacionó las actuaciones que adelantó con
fundamento en las cuales solicitó ser desvinculada de la presente actuación
porque no obra acción u omisión que le sea atribuible y, en esa medida, consideró
que no tiene legitimación por pasiva para comparecer a la presente acción.
1.6.2.4. Procuraduría General de la Nación – Procuraduría Tercera Delegada
ante el Consejo de Estado
68. El delegado del Ministerio Público rindió informe sobre las actuaciones que
realizó el ente de control en el trámite adelantado por la Sala Penal de la Corte
Suprema de Justicia en el que, además de solicitar pruebas, rindió concepto
favorable a la extradición, pero con condicionamientos para proteger los derechos
de las víctimas.
69. Concretamente, resaltó la necesidad de que el Gobierno Nacional haga uso
de los instrumentos internacionales de cooperación y asistencia recíproca judicial,
para que solicite la colaboración de los Estados Unidos de América en orden a
que las autoridades colombianas puedan tener contacto con el extraditado para
garantizar tales prerrogativas.
70. Se refirió a todas las actuaciones desplegadas por la Procuraduría
Delegada ante la JEP y señaló que el señor Úsuga David no está amparado por la
garantía de no extradición, porque no hace parte de los destinatarios de la
Jurisdicción Especial para la Paz – JEP, pues no fue integrante de las FARC-EP,
ni se trata de otro de los sujetos que en el sistema especial pueden ser admitidos,
16 El interviniente no indicó el mecanismo judicial de defensa con el cual -a su juicio- contaban los
accionantes.
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para lo cual transcribió las consideraciones expuestas en la resolución por la cual
fue rechazado por esa jurisdicción.
71. Con fundamento en el análisis de las pruebas obrantes en la foliatura y de
las consideraciones expuestas en las decisiones de la JEP y de la Sala Penal de
la Corte Suprema de Justicia, concluyó que “con la extradición del señor DAIRO
ANTONIO ÚSUGA DAVID no se lesionan o ponen en peligro los derechos de las víctimas
a obtener verdad, justicia y reparación integral, pues dicho procedimiento no implica per
se la imposibilidad de continuar con el testimonio de esa persona; por el contrario, existen
los mecanismos para que esos derechos se garanticen y se hagan efectivos.”
1.6.2.5. Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado
72. Por medio del director de Defensa Jurídica solicitó que se revocara la
medida cautelar decretada y que se declarara la improcedencia de la acción de
tutela, por no estar acreditado el requisito de subsidiariedad, en la medida en que
existen mecanismos idóneos de protección de los derechos17, como el proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho que se puede instaurar para obtener
invalidez del acto administrativo que aceptó el requerimiento del gobierno
extranjero.
73. Agregó que las decisiones adoptadas en el trámite de la extradición no
desconocen los derechos de las víctimas, afirmación que sustentó en la valoración
de las diversas pruebas y, en especial, de las decisiones adoptadas por la JEP,
cuyo contenido transcribió.
74. Se refirió a las normas consagradas en la Ley 1922 de 2018, en virtud de la
cual las víctimas son intervinientes especiales en los procesos que se adelanten
en la JEP y que, en aplicación de ello, en el auto del 7 de octubre de 2019 la Sala
de Reconocimiento de Verdad, Responsabilidad y de Determinación de los
Hechos y Conductas de la Jurisdicción Especial para la Paz, dictado en el proceso
20193240308033, aceptó como intervinientes especiales en calidad de víctimas
colectivas del conflicto armado a uno de los intervinientes, lo que los legitima para
el ejercicio de la presente acción.
75. Transcribió los apartes de los conceptos y de las decisiones administrativas
adoptadas en el trámite de la extradición, las que contienen condicionamientos
encaminados a proteger sus derechos.
76. Afirmó que los perjudicados con los hechos delictivos pueden pedir medidas
cautelares en todos los procesos en los que sean reconocidos, en garantía de sus
derechos con fundamento en lo establecido por el artículo 22 ejusdem18.
17 Para sustentar esta tesis citó la sentencia dictada por el Consejo de Estado el 31 de mayo de 2019 con
radicado 25000-23-26-000-2004-00444-01.
18 “ARTÍCULO 22. PROCEDENCIA DE MEDIDAS CAUTELARES. En todos los procesos que se adelanten
ante la JEP, en cualquier estado del proceso, de oficio o por petición debidamente sustentada, podrá la Sala o
Sección de conocimiento decretar, en providencia motivada, las medidas cautelares que considere necesarias
relacionadas con situaciones de gravedad y urgencia, para:
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1.6.2.6. Corte Suprema de Justicia – Sala de Casación Penal
77. El magistrado ponente del concepto indicó que esa Corporación actuó en la
solicitud de extradición elevada por el Gobierno de los Estados Unidos de
América, respecto del ciudadano colombiano Dairo Antonio Úsuga David, quien
está privado de la libertad por cuenta del Fiscal General de la Nación.
78. Señaló que en uso de su potestad dictó el concepto CP049-2002 del 6 de
abril de 2022, radicado 6068, el que fue: “i) Desfavorable: por la violación 45 de los Cargos Uno
y Tres, contenidos en la cuarta Acusación de Reemplazo en el Caso No. 14-cr-00625 (DLI)(VMS); y ii)
Favorable: por los cargos Uno y Dos establecidos en la Acusación Sustitutiva en el Caso No. 15-CR-20403-
DMITROULEAS(s), dictada el 2 de noviembre de 2021, en la Corte Distrital de los Estados Unidos para el
Distrito Sur de Florida; por el cargo Dos fijado en la Acusación de Reemplazo en el Caso No. 1:04-cr-00962-
LAP, dictada el 16 de junio de 2009, en la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva
York; y por el Cargo Uno –violaciones 1 a 44- y el Cargo Dos de la cuarta Acusación de Reemplazo en el
Caso No. 14-cr-00625(DLI)(VMS), y Caso 1:14-cr-00625-DLI), dictada el 4 de noviembre de 2021, en la Corte
Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Este de Nueva York.”
79. Indicó que, se resguardó el derecho de las víctimas a conocer la verdad,
pues cada vez que Dairo Antonio Úsuga David sea requerido por alguna autoridad
colombiana, los Estados Unidos de América están obligados, en el marco de la
cooperación internacional y del principio pacta sunt servanda, a facilitar la
comunicación entre él y los servidores públicos de nuestro país, con el fin de
materializar la garantía de quienes se consideran lesionados.
80. En relación con el derecho a la justicia, dijo que, desde la captura del
implicado (23 de octubre de 2021), se ha efectivizado dicha prerrogativa y que,
como consecuencia del adelantamiento de los procesos penales que se adelantan
en Colombia, el ciudadano Dairo Antonio Úsuga ha sido declarado penalmente
responsable, está privado de la libertad, se han dictado 7 sentencias
condenatorias. Agregó que se le exigió a Estados Unidos de América que cuando
finalicen los procesos –por los que fue pedido en extradición– sea deportado a
Colombia para que asuma la responsabilidad por los delitos cometidos en territorio
nacional sin que sea necesario solicitar la extradición para tal fin.
81. Frente al punto de la reparación integral, señaló que los interesados pueden
iniciar el trámite incidental dentro de las causas en las que fue condenado (Ley
1. Evitar daños irreparables a personas y colectivos.
2. Proteger y garantizar el acceso a la información que se encuentra en riesgo inminente de daño, destrucción
y/o alteración.
3. Garantizar la efectividad de las decisiones.
4. La protección de las víctimas y el real restablecimiento de sus derechos.
5. Las medidas judiciales necesarias para la asistencia de las víctimas, su protección y el restablecimiento de
sus derechos.
Estas medidas solo recaerán sobre los sujetos procesales de competencia de la JEP, sin perjuicio de los
derechos de las víctimas, quienes tendrán prelación sobre los demás actores.
La decisión sobre la medida cautelar no implica prejuzgamiento.
Las solicitudes de medidas cautelares formuladas por la víctima o su representante serán atendidas de forma
prioritaria y prevalente.”
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906 de 2004) o constituirse como parte civil, aunque no exista fallo condenatorio
(adelantadas bajo la Ley 600 de 2000), sin que para dichos propósitos genere
afectación alguna el país en que se encuentre recluido.
82. En cuanto a la garantía de no repetición, indicó que los actores no han
manifestado ni acreditado que el trámite de la extradición constituya una medida
para evitar que las violaciones de los Derechos Humanos e infracciones al DIH
vuelvan a ocurrir por parte del implicado, en especial porque los libelistas no
ofrecen argumentos racionales y ponderados para solicitar la suspensión del
trámite de extradición, sino que la tutela se basa en suposiciones que buscan
convertir este mecanismo en una tercera instancia, sin que se perciba un actuar
caprichoso en lo decidido.
83. Finalmente, advirtió que el trámite de la extradición se surtió de acuerdo con
las formas propias del mecanismo de cooperación internacional, siendo así que el
concepto favorable no implica la renuncia al procesamiento y enjuiciamiento de los
crímenes cometidos en el territorio nacional, pues las autoridades domésticas
tienen la obligación legal y constitucional de continuar tramitando las
investigaciones y causas adelantadas contra Dairo Antonio Úsuga David.
1.6.2.7. Intervención del ciudadano Dairo Antonio Úsuga David
84. Por intermedio de apoderado, indicó que ha sido vinculado como autor y
determinador en diferentes procesos judiciales, en algunos de los cuales fue
condenado por jueces de la República de Colombia, con penas privativas de la
libertad que deben cumplirse en el territorio nacional.
85. Señaló que ha venido participando en diferentes diligencias judiciales ante
la JEP, con el fin de relatar los hechos que le constan y de señalar a quienes
actuaron a su lado como colaboradores, dentro de los cuales se encuentran
servidores públicos y miembros de sectores sociales que se beneficiaron con su
actuar. Sin embargo, afirmó que se encuentra en una condición jurídica que no le
permitirá seguir realizando aportes a la verdad, a la justicia, a la reparación y a la
garantía de no repetición a favor de las víctimas, debido a su inminente extradición
a los Estados Unidos de América.
86. Afirmó que tiene el deseo de contribuir para restablecer sus derechos
fundamentales de manera real y efectiva, para lo cual “considera oportuno que se le
conceda un plazo razonable de permanecer en Colombia mientras se materializa la
decisión del presidente de entregarlo para que responda por los delitos de narcotráfico
ante los jueces de Estado[s] Unidos de América”.
1.6.2.8. Fiscalía General de la Nación – Dirección de Asuntos Internacionales
87. Por intermedio de la directora de Asuntos Internacionales, la Fiscalía se
refirió a los antecedentes que dieron lugar a la extradición del señor Úsuga David
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y precisó el marco normativo de esta institución jurídica, a partir del artículo 35 de
la Constitución Política y los artículos 491, 501, 509 y 511 de la Ley 906 de 2004.
88. Advirtió que, de conformidad con las normas referidas, la Fiscalía General
de la Nación no es competente para tomar determinaciones de fondo en cuanto a
la entrega de la persona en extradición o el diferimiento de esta, teniendo en
cuenta que es una atribución exclusiva del Gobierno Nacional (presidente de la
República y el ministro de Justicia y del Derecho), previo concepto favorable de la
Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia.
89. Argumentó que los derechos de las víctimas no se vulneran por el hecho de
que sea entregado en extradición, porque el ordenamiento procesal penal en los
artículos 484, 485 y 486 de la Ley 906 de 2004, prevé mecanismos de
cooperación internacional para la obtención de pruebas, evidencias o elementos
materiales probatorios y el traslado de fiscales y jueces al territorio extranjero para
la práctica de diligencias judiciales.
90. Recalcó que la presencia del extraditable no contribuye por sí sola a
garantizar los derechos de las víctimas, debido a que no existe seguridad de que
acepte su responsabilidad ni colabore con la justicia para que se esclarezcan
plenamente sus conductas punibles.
91. Certificó que al momento de rendir el informe no se encuentra pendiente de
realizar ninguna diligencia requerida por la Jurisdicción Especial para la Paz,
frente al señor Dairo Antonio Úsuga David, porque las que se solicitaron se
autorizaron.
92. Finalmente, informó que ante la Corte Suprema de Justicia, Sala de
Casación Civil se presentó una acción de tutela con hechos similares a los que
aquí se debaten (STC931 -2022 -Radicación N.° 11001-02-03-000-2022- 00230-
00, con ponencia del magistrado Álvaro Femando García Restrepo)19 en la que se
consideró que no se cumplía el requisito de subsidiariedad, por cuanto el acto
administrativo complejo por medio del cual se concedió la extradición puede ser
demandado en sede de nulidad y restablecimiento del derecho, sin que se pueda
acudir al juez de tutela para cuestionar las decisiones que se dicten al interior del
mismo, solicitando que en esta oportunidad se decida en igual forma.
19 Allegó con su escrito el fallo dictado el 2 de febrero de 2022 por la Sala Civil de la Corte Suprema de
Justicia en la acción de tutela instaurada por Viviana Barrera Cruz y Marina Sanmiguel Duarte, quienes, en su
condición de víctimas del conflicto armado, solicitaron que se suspendiera el trámite de la extradición de alias
Otoniel. En la acción de tutela se consideró que no se superaba el requisito de subsidiariedad por cuanto el
trámite de extradición no se había definido cuando se presentó la acción de tutela y no obraba prueba de que
las gestoras del amparo hubieran solicitado ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia lo que ahora
cuestionaban en sede constitucional.
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1.6.2.9. Defensoría del Pueblo
93. El defensor del Pueblo se pronunció sobre la improcedencia de la medida
cautelar de suspensión de la orden de extradición y pidió que se negara la petición
de amparo constitucional, por considerar que el trámite se agotó con plenas
garantías y que no constituye un riesgo o amenaza para los derechos de las
víctimas.
94. Indicó que en el plenario no existe prueba que permita inferir que la
extradición del señor Dairo Antonio Úsuga David pueda constituir un perjuicio
irremediable para aquellas, al punto de desconocer los derechos a la verdad,
justicia, reparación y garantía de no repetición, pues la remisión del implicado en
los ilícitos a territorio extranjero no implica que se anule la posibilidad de continuar
con las indagaciones sobre los hechos de violencia de los que es acusado, a
través de los instrumentos tecnológicos que han demostrado estar al servicio de la
Rama Judicial y han apoyado la garantía de las audiencias virtuales.
95. Agregó que las condiciones de seguridad en las que se encuentran las
prisiones norteamericanas permiten que no haya intervenciones o presiones
externas que puedan interferir en la narración de los hechos, lo cual fue un
aspecto que tuvo en cuenta la Corte Suprema de Justicia al dictar concepto
favorable, para proteger los derechos e intereses de las víctimas.
96. Indicó que el hecho de purgar penas en los Estados Unidos de América,
por delitos transnacionales no exime al señor Úsuga David de acudir a los órganos
judiciales colombianos para asumir la responsabilidad que le corresponde por los
punibles cometidos en el territorio nacional, por lo que cuando termine su condena
en el extranjero deberá volver para cumplir sus condenas en Colombia.
97. Afirmó que la acción de tutela tampoco es el mecanismo para lograr que se
revoque la decisión de la JEP de no incluir al señor Dairo Antonio Úsuga David en
el proceso de justicia transicional.
98. Finalmente, describió el proceso de extradición a la luz de la Constitución y
la Ley 906 de 2004, para concluir que se trata de un procedimiento complejo de
carácter mixto en el que participan distintas autoridades, por lo que se torna
excepcional la intervención del juez de tutela.
1.6.2.10. Jurisdicción Especial para la Paz
99. El presidente de la JEP informó sobre todas las actuaciones que se
surtieron ante esa jurisdicción con ocasión de las solicitudes presentadas por el
requerido. Pidió que no se accediera a las pretensiones de la demandada por
considerar que obedecen a decisiones del resorte exclusivo de esa jurisdicción
que se adoptan en el marco de un procedimiento previamente establecido.
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100. Realizó un pronunciamiento expreso sobre las pretensiones contenidas en
los numerales 3º y 4º del libelo introductorio, que son las que guardan relación con
las competencias de esa jurisdicción.
101. Con respecto a la incluida en el numeral 3º, que se refiere a que el
ciudadano requerido “pueda ser escuchado en calidad de compareciente ante la
Jurisdicción Especial para la Paz”, aspecto sobre el cual indicó que el artículo 5º de la
Ley 1922 de 201820 prevé que solo adquiere la calidad de “compareciente” ante la
JEP aquel sujeto respecto de quien la Jurisdicción “asume competencia”.
102. Agregó que para ello deben concurrir al menos tres factores: el personal, el
material y el temporal. Pero es la JEP la que tiene la reserva judicial exclusiva
para definir, de forma autónoma, si aquellos concurren sin que pueda existir
injerencia de otras jurisdicciones.
103. Resaltó que, hasta el momento, la JEP no ha resuelto que estos factores
concurran simultáneamente en alguna de las conductas atribuidas al señor Úsuga
David. Advirtió que hay unos procesos en curso, en los que se está realizando la
respectiva verificación y que no es posible que estas decisiones se adopten
mediante fallos de tutela que remplacen los procedimientos transicionales
ordinarios.
104. Precisó que todas las omisiones y acciones de la JEP son susceptibles de
tutela, pero solo ante ella misma, como lo prescribe el artículo transitorio 8º del
Acto Legislativo 1º de 2017.
105. Expresó que los tutelantes también pretenden (petición número 4 del escrito
de tutela) “que se continúe vinculando” al señor Úsuga David “a las diferentes
diligencias ante la Jurisdicción Especial para la Paz en el Caso 04 siempre y cuando
otorgue elementos suficientes para el esclarecimiento de los hechos ocurridos en la
región de Urabá, Bajo Atrato y Darién, en los departamentos de Antioquia y Chocó,
presuntamente cometidos por miembros de las Farc-EP, fuerza pública, agentes del
Estado no integrantes de la fuerza pública y terceros civiles; desde el 1 de enero de 1986
y con anterioridad al 1 de diciembre de 2016”.
106. Al respecto, dijo que esta petición no debe prosperar, por cuanto se refiere
a un asunto del resorte exclusivo de la JEP. Es la Sala de Reconocimiento de la
Verdad la que debe decidir si vincula o no a una persona como compareciente en
un macrocaso, y las decisiones que adopte al respecto solo pueden ser
cuestionadas mediante los mecanismos transicionales ordinarios o si procede
mediante acción de tutela que se tramite exclusivamente ante el Tribunal para la
Paz.
20 “ARTÍCULO 5o. PERSONA COMPARECIENTE A LA JEP. La persona que se acogió o fue puesta a
disposición de la JEP adquiere la calidad de compareciente, cuando esta asume competencia, de conformidad
con la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia en la JEP. A partir de la presentación del escrito de
acusación se considerará acusado.”
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107. Por ende, no es procedente efectuar, en la acción de tutela objeto de
pronunciamiento, solicitudes relacionadas con la vinculación del señor Úsuga
David a alguno de los macrocasos o trámite ante la JEP. Solicitó que se declare la
falta de competencia del Consejo de Estado para resolver en esta acción de tutela
las pretensiones que guardan relación con las potestades exclusivas de esa
jurisdicción (3ª y 4ª), por ser potestad exclusiva y excluyente de esa jurisdicción
especial.
1.6.3. Otras intervenciones
1.6.3.1. Intervención de la Comisión Colombiana de Juristas
108. Mediante escrito remitido el 3 de mayo de la presente anualidad, la
directora de litigio de la Comisión Colombiana de Juristas solicitó que se
acumulara la acción de tutela que radicó en la Secretaría General del Consejo de
Estado y que aparece registrada con el número “3754 en el SAMAI”, porque en los
mismos términos de la del vocativo de la referencia se dirigen a evidenciar la
vulneración de los derechos fundamentales de los damnificados, a partir de la
decisión de extradición de Dairo Antonio Úsuga David.
1.6.3.2. Fundación de Equidad y Reconstrucción Integral del Tejido Social –
FUERTES
109. Por medio de escrito radicado el 2 de mayo de la presente anualidad, los
señores Víctor Manuel Muñoz Mendivelso y Carlos Manuel Vásquez,
manifestando que actúan en calidad de representantes legales de la Fundación de
Equidad y Reconstrucción Integral del Tejido Social21. Invocaron su condición de
garantes de los derechos humanos en Colombia, solicitaron que se amparen las
prerrogativas de las víctimas a conocer la verdad y a ser reparados directamente
por el “titular de la acción”.
1.6.4. Auto interlocutorio que levanta medida cautelar
110. Por medio de providencia dictada el 4 de mayo de 2022 el a quo
constitucional levantó la medida de suspensión provisional decretada en el auto
admisorio de la demanda, por considerar que esta se había dictado con
fundamento en lo manifestado por los accionantes, en el sentido de que el proceso
de extradición se había agotado en su totalidad.
111. Sin embargo, las pruebas recaudadas en el proceso indicaban que la
Resolución No. 078 del 8 de abril de 2022, dictada por el Gobierno Nacional “que
dispuso la extradición del mencionado señor, no se encuentra en firme; es claro que no ha
21 Los firmantes de la solicitud no acreditaron la condición de representantes legales de la fundación ni la
calidad de víctimas.
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producido efectos en el mundo jurídico, razón por la cual las circunstancias fácticas y
jurídicas que motivaron la adopción de la medida, han desaparecido.” En otras palabras,
“los efectos de la protección que se pretendía se encuentran desvirtuados con la
documental aportada al proceso.”
1.5.3. Sentencia de primera instancia
112. El Consejo de Estado, Sección Segunda – Subsección “A” dictó sentencia
el 4 de mayo de 2022, en la que i) negó el amparo con respecto al Concepto del 6
de abril de 2022, rendido por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de
Justicia; ii) declaró improcedente la acción en relación con la actuación realizada
por el Gobierno Nacional, en cabeza del señor presidente de la República y sus
ministros, materializada en la Resolución N.° 078 de 8 de abril de 2022; y iii) negó
la solicitud de traslado del libelo demandatorio, al señor Dairo Antonio Úsuga
David.
113. El a quo constitucional se refirió in extenso a las consideraciones y
decisiones adoptadas por la JEP y la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia,
en aras de salvaguardar los derechos que les asisten a las víctimas. A
continuación, se refirió a la figura jurídico-procesal de la extradición en Colombia
para, finalmente, realizar unas consideraciones sobre la subsidiariedad en la
acción de tutela y la improcedencia de este mecanismo para controvertir la
legalidad de los actos administrativos.
114. En ese orden, se refirió a la Resolución N.o 1008 del 25 de marzo de 2022
de la Sala de Definición de Competencias Jurídicas – Subsala B Especial de
Conocimiento de la JEP (1500217-89.2022.0.00.0001), que negó la solicitud de
sometimiento y se refirió ampliamente a los argumentos expuestos por el
apoderado del señor Úsuga David y a las consideraciones expuestas para
rechazarlo.
115. A continuación, precisó el contenido del auto del 7 de abril de 2022,
proferido por el despacho sustanciador de la Sección de Revisión del Tribunal
para la Paz de la JEP (expediente no. 1500271-55.2022.0.00.001), por medio del
cual se inadmitió por incompetencia la solicitud del requerido de aplicar la garantía
de no extradición y la solicitud de suspensión del trámite, por no haberse
acreditado que hubiera pertenecido a las FARC-EP.
116. Relacionó las consideraciones y la decisión adoptada en la sentencia de
tutela SRT-ST-075 del 28 de abril de 2022, proferida en primera instancia por la
Subsección Segunda de Tutelas, Sección de Revisión del Tribunal para la Paz de
la JEP, que declaró improcedente la acción que ejerció el señor Úsuga David, en
aras de obtener la protección de los derechos de las víctimas y la suspensión del
trámite de la extradición.
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117. Examinó el concepto de extradición rendido por la Sala Penal de la Corte
Suprema de Justicia y los condicionamientos contenidos en el mismo, los que
reseñó ampliamente, destacando los argumentos expuestos para negar la solicitud
de diferir la entrega del ciudadano.
118. Al resolver el caso concreto, argumentó que se debía negar el amparo con
respecto a la actuación de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, porque
“al emitir el Concepto de 6 de abril de 2022, no vulneró derechos fundamentales de los accionantes, toda vez
que analizaron (sic) los presupuestos constitucionales y legales de procedibilidad de la solicitud de
extradición, para señalar que no había impedimento para acceder a la petición de extradición, también se
detuvo a valorar la posible afectación de los derechos de la víctimas con el traslado del señor Dairo Antonio
Úsuga David a los Estados Unidos de América; en virtud de lo cual concluyó que su remisión a la nación
extranjera, no implicaba la renuncia al procesamiento y enjuiciamiento de los crímenes cometidos por el
requerido en el territorio nacional, dado que era un deber de las autoridades nacionales continuar con las
respectivas actuaciones y acudir a los mecanismos de cooperación judicial entre los estados (sic) para lograr
la comparecencia del señor Úsuga David a los procesos en los que es requerido y de esta manera ofrecer una
expectativa cierta para la satisfacción de los derechos de las víctimas.”
119. Consideró que la cooperación judicial internacional y los instrumentos para
combatir el crimen transnacional son idóneos para procurar la ayuda o asistencia
recíproca, lo que permite satisfacer la necesidad de las autoridades colombianas
de adelantar las diligencias en el territorio extranjero, en desarrollo de un proceso
o procedimiento judicial, para lo cual explicó el trámite que se debe adelantar.
120. Finalmente, se refirió a que la ausencia de compromiso del señor Dairo
Antonio Úsuga David para con las víctimas y la paz en los territorios, fue uno de
los factores que determinó la favorabilidad del concepto, pues era evidente que
desde que se desmovilizó en el año 2005 fue renuente a garantizar tales derechos
dedicándose a continuar con su actuar delictivo, al punto que fue retirado de la Ley
de Justicia y Paz.
121. Destacó que el requerido tampoco reunía las calidades para hacer parte de
la Jurisdicción Especial de Paz, por lo que no es desproporcionado que la Corte
Suprema de Justicia haya emitido concepto favorable a su extradición.
122. Para resolver sobre los cuestionamientos elevados contra la Resolución
078 del 8 de abril de 2022, dictada por el Gobierno Nacional afirmó que la misma
no había cobrado firmeza22 para la fecha en que se dictó la sentencia de primera
instancia, por cuanto el apoderado del requerido interpuso recurso de reposición,
que se encontraba pendiente de decisión, por lo que no tenía la capacidad de
producir efectos jurídicos.
123. Agregó que cuando se decidiera en forma definitiva la actuación
administrativa el acto constituirá una decisión respecto de la cual proceden los
medios de control contencioso administrativos, particularmente la acción de
nulidad y restablecimiento del derecho, prevista en el artículo 138 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
22 Para la fecha en que se dictó la sentencia de primera instancia 4 de mayo de 2022.
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124. De lo expuesto, concluyó que la acción de tutela no es el mecanismo para
cuestionar la decisión y que tampoco se configura un perjuicio irremediable que
torne posible conceder el amparo como mecanismo transitorio porque la
extradición no impide que las autoridades colombianas continúen con el
procesamiento y enjuiciamiento del señor Úsuga David, por los ilícitos cometidos
en territorio nacional.
125. Destacó los instrumentos internacionales de cooperación judicial que
permiten garantizar los derechos de las víctimas por lo que consideró que no
existía urgencia ni necesidad de proteger los derechos invocados en la presente
solicitud.
126. Por otra parte, señaló que “el señor Dairo Antonio Úsuga David, solicitó a través de su
apoderado, el traslado del libelo constitutivo de este amparo constitucional, lo cual no resulta ser procedente,
dado que no es parte en este asunto. No obstante, con el propósito de garantizar su derecho a la
comparecencia en el proceso, si a bien lo tiene, se le reconocerá personería para actuar a su abogado, doctor
Camilo Alfredo Santacoloma Patiño, en los términos y para efectos del poder otorgado.”
127. El fallo se notificó por medios electrónicos a las partes e intervinientes el 4
de mayo de la presente anualidad, según constancias visibles en el aplicativo
SAMAI.
1.5.4. Impugnación
128. Mediante escrito remitido por correo electrónico el 9 de mayo de 2022 a la
Secretaría General del Consejo de Estado, la parte accionante impugnó el fallo de
primera instancia, con el fin de que se revocara y se accediera a la petición de
amparo.
129. Para sustentar el recurso los tutelantes relataron nuevamente los hechos
relacionados con el conflicto armado que han padecido durante décadas en los
mismos términos del escrito inicial y reiteraron los supuestos fácticos allí
consignados.
130. Se refirieron, igualmente, a la solicitud previa que radicaron ante la Sala
Penal de la Corte Suprema de Justicia encaminada a que se suspendiera el
trámite de extradición, la cual les fue negada en decisión dictada el 1º de abril de
la presente anualidad.
131. Agregaron que el 4 de mayo de 2022 se enteraron por los medios de
comunicación del traslado hacía el Comando Aéreo de Transporte Militar - CATAM
del requerido con fines de extradición sin que se les hubiera notificado el auto que
levantó la medida provisional ni el fallo de tutela, toda vez que el mensaje de datos
lo recibieron a las 17.54 de ese día.
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132. Como argumentos encaminados a lograr la revocatoria de la decisión
expusieron la naturaleza de los crímenes de lesa humanidad que le atribuyen al
solicitado, insistiendo en que debe continuarse con la investigación de esos delitos
y lograr el esclarecimiento de lo acaecido para proteger sus derechos.
133. Se refirieron a las consideraciones expuestas por la Sala Penal de la Corte
Suprema de Justicia que había conceptuado desfavorablemente a la extradición
de otros paramilitares, con el fin de garantizar en la mayor medida posible los
derechos de las víctimas, precisando que la investigación de los “delitos atroces,”
cometidos en Colombia estaba por encima del ilícito de narcotráfico.
134. Afirmaron que no pretendieron desconocer los procedimientos y
mecanismos ordinarios de defensa judicial, por lo cual en sede de tutela solicitaron
“la suspensión de la extradición” como un mecanismo transitorio de protección pero
que, en todo caso, esta se llevó a cabo. Manifestaron su inconformidad con la
consideración expuesta en la sentencia de primer grado, según la cual la
Resolución 078 del 8 de abril de 2022 no estaba llamada a producir efectos, por
no haberse resuelto el recurso de reposición, pues en la misma fecha de la
sentencia se entregó al inculpado al gobierno norteamericano.
135. Al advertir la posibilidad de que esta acción se resuelva en segunda
instancia aplicando la figura jurídica de la carencia actual de objeto, solicitaron que
esta se configurara por la existencia del daño consumado, por haberse
consolidado la afectación de los derechos cuya protección se pretendía con la
tutela.
136. En razón a lo anterior, solicitaron que “por la importancia que genera el fallo de
tutela impugnado sea fallado con el fin de que, en futuros casos, esta situación no se
vuelva a repetir (Sic) y que se consolide un precedente para proteger los derechos de las
víctimas. Así mismo, es necesario indicar que tanto la acción constitucional como la
medida provisional representaron un instrumento para evitar el daño que se materializó
posteriormente, debido a que una vez de levantó -la medida- se concretó el daño que se
quería evitar, por lo que el juez constitucional con su decisión contribuyó a la
configuración del daño.” (Sic para toda la cita).
137. A continuación, se refirieron in extenso al contenido de cada uno de los
derechos de las víctimas con fundamento en las normas jurídicas que los
consagran y en la jurisprudencia de las Altas Cortes.
138. Insistieron en las pretensiones contenidas en el escrito inicial, las cuales
transcribieron.
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II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
2.1. Competencia
139. Esta Sala es competente para resolver la impugnación interpuesta por la
parte actora en contra de la sentencia del 4 de mayo de 2022, dictada por el
Consejo de Estado, Sección Segunda – Subsección “B”, de conformidad con lo
establecido en el artículo 86 de la Constitución Política, en el artículo 37 del
Decreto Ley 2591 de 1991, en el Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto
333 de 2021, así como en el artículo 13 del Acuerdo 80 de 2019 de la Sala Plena
de esta Corporación.
140. Lo anterior por cuanto una de las autoridades accionadas es la Presidencia
de la República, por lo que es aplicable el numeral 12 del artículo 2.2.3.1.2.1. del
Decreto 1069 de 2015.
2.2. Cuestiones previas
141. La Sala evidencia que se presentaron en la primera instancia del proceso
algunas solicitudes que no fueron objeto de decisión en el fallo impugnado, por lo
que se pronunciará sobre ellas en esta sede, con el fin de que todos los extremos
de la litis sean debidamente resueltos.
2.2.1. Solicitud de acumulación presentada por la Comisión Colombiana de
Juristas
142. Mediante escrito remitido el 3 de mayo de la presente anualidad, la
directora de litigio de la Comisión Colombiana de Juristas solicitó que se
acumulara la acción de tutela que presentó ante el Consejo de Estado que
aparece registrada con el número “3754 en el SAMAI”, por la identidad de
autoridades accionadas y supuestos fácticos y jurídicos.
143. En efecto, al revisar el Sistema de Gestión Judicial – SAMAI se encuentra
radicada la acción de tutela, ejercida por la Comisión Colombiana de Juristas en
contra de la Corte Suprema de Justicia – Sala Penal, la Presidencia de la
República y otros, la cual fue presentada en la ventanilla virtual para la recepción
de tutelas el 2 de mayo de la presente anualidad, correspondiéndole el radicado
número 1100103150002022025000 y el interno 3826.
144. En esta demanda se incluyeron las siguientes pretensiones:
“PRIMERO: Que se declare que, el concepto proferido el 6 de abril de 2022 por la Corte
Suprema de Justicia a favor de la extradición de Dairo Antonio Úsuga David alias “Otoniel”,
vulnera los derechos fundamentales al debido proceso y el acceso a la justicia.
SEGUNDO: Que se declare que, la resolución de extradición proferida el 8 de abril de 2022
por la presidencia de la república, vulnera los derechos fundamentales al debido proceso y el
acceso a la justicia. En consecuencia, se ordene el condicionamiento de la extradición o la
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valoración por parte del gobierno de otras alternativas, como diferir la extradición hasta tanto
se investigue y juzgue al señor Úsuga por las violaciones cometidas en el país y hasta tanto
culmine sus declaraciones ante el SVJRNR o juzgar en el país los crímenes por los que está
siendo investigado en Estados Unidos.”
145. En auto dictado el 3 de mayo de la presente anualidad se dispuso “REMITIR
el expediente de acción de tutela de radicado N.º 11001-03-15-000-2022-02450-00 al
proceso No. 11001-03-15-000-2022-02267-00 que cursa en la Sección Segunda,
Subsección B de esta Corporación, para que se estudie la figura de la acumulación.”
146. Lo anterior, por considerar que coinciden las autoridades accionadas y el
objeto de la pretensión de amparo constitucional, al tiempo que se evidenciaba
que dentro del expediente N.° 11001-03-15-000-2022-02267-00, la Comisión Colombiana
de Juristas incorporó un escrito en el que solicitó: “Acumular las tutelas con radicado
11001-03-15-000-2022-02267-00 y la radicada con número en el Samai 3754 presentada
por la suscrita, toda vez que ambas se dan en contra de la decisión de extradición de alias
Otoniel”.
147. Con fundamento en la remisión dispuesta, el despacho del magistrado
César Palomino Cortés, en el expediente radicado N.º 11001-03-15-000-2022-02450-
00, el 4 de mayo de 2022 dispuso que, previo a resolver sobre la acumulación de
las acciones de tutela la Secretaría General de esta Corporación debía expedir
constancia en la que informara si se habían presentado otras demandas contra la
Presidencia de la República por los mismos hechos y con las mismas
pretensiones de la referida en ese radicado.
148. Igualmente, ordenó oficiar a los despachos de los integrantes de la Sala
Contencioso Administrativa del Consejo de Estado para que remitieran con destino
a ese expediente las acciones de tutela que tuvieran identidad fáctica con la que
allí se tramitaba.
149. En cumplimiento de las órdenes dispuestas por el magistrado ponente en el
radicado 11001-03-15-000-2022-02450-00, la Secretaría General certificó que
únicamente tenía identidad de sujetos accionados y pretensiones la acción de
tutela de la referencia.
150. En providencia del 23 de mayo de 2022, en ese mismo radicado, el
despacho del magistrado César Palomino Cortés negó la solicitud de acumulación
del expediente al presente radicado, no obstante lo cual avocó el conocimiento de
la acción interpuesta por la Comisión Nacional de Juristas, por considerar que “la
acción constitucional con radicado número 11001-03-15-000-2022-0267-00, se decidió
mediante sentencia de 4 de mayo de 2022” pero “en virtud de lo dispuesto en el inciso
segundo del Artículo 2.2.3.1.3.1 del Decreto 1834 de 2015, corresponde al Despacho
conocer de las tutelas que con similares supuestos fácticos y jurídicos que se presenten
con posterioridad al fallo de instancia.”
151. En consecuencia, aun cuando en este expediente no se adoptó decisión
alguna en torno a la procedencia de la acumulación, según solicitud presentada el
27
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3 de mayo de 2022, lo cierto es que con las decisiones adoptadas en el
expediente al cual se pretendía acumular se garantizan el acceso efectivo a la
administración de justicia de la Comisión Nacional de Juristas y la uniformidad de
las decisiones que se adopten en las dos acciones que efectivamente guardan
identidad fáctica, de autoridades accionadas y de causa petendi.
152. Corresponde, en consecuencia, estarse a lo decidido por el despacho del
magistrado Cesar Palomino Cortés en auto dictado el 23 de mayo de la presente
anualidad en Rad. 11001-03-15-000-2022-02450-00.
2.2.2. Solicitud de amparo presentada por la Fundación de Equidad y
Reconstrucción Integral del Tejido Social – FUERTES - Coadyuvancia
153. Los señores Víctor Manuel Muñoz Mendivelso y Carlos Manuel Vásquez,
manifestando que actúan en calidad de representantes legales de la Fundación de
Equidad y Reconstrucción Integral del Tejido Social -FUERTE y su condición de
garantes de los derechos humanos en Colombia, solicitaron que se amparen los
derechos de los perjudicados a conocer la verdad y a ser reparados directamente
por el “titular de la acción”.
154. Aun cuando los intervinientes no manifestaron expresamente que
coadyuvan la solicitud de amparo presentada por las víctimas que suscribieron el
libelo introductorio, lo cierto es que solicitaron que se les amparen sus derechos
fundamentales que consideran conculcados con ocasión de la concesión de la
extradición del señor Dairo Antonio Úsuga David, contenido material que impone
analizar la pretensión desde la figura jurídica de la coadyuvancia.
2.2.2.1. Procedencia de la coadyuvancia en acciones de tutela
155. Esta institución está expresamente consagrada en el inciso 2º del artículo
13 del Decreto Ley 2591 de 1991, el cual señala que “Quien tuviere un interés legítimo en el
resultado del proceso podrá intervenir en él como coadyuvante del actor o de la persona o autoridad pública
contra quien se hubiere hecho la solicitud”.
156. Sobre este punto, la Corte Constitucional ha destacado que “(…) la coadyuvancia
surge en los procesos de tutela, como la participación de un tercero con interés en el resultado del proceso
que manifiesta compartir reclamaciones y argumentos expuestos por el demandante de la tutela, sin que ello
suponga que éste pueda realizar planteamientos distintos o reclamaciones propias que difieran de las hechas
por el demandante (…)”23
157. La Corte también ha precisado que el coadyuvante es un tercero que tiene
con una de las partes una relación sustancial y que, por ello, indirectamente,
puede verse afectado si la parte a la que coadyuva obtiene un fallo desfavorable.24
23 Corte Constitucional, Sentencia T-070 del 1.03.2018, M.P. Alejandro Linares Cantillo; Sentencia T-1062 del
16,12.2010. M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo; T-629 del 20.03.2012, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
24 Corte Constitucional, Sentencia T-1062 del 16.12.2010, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo. Reitera
posición contenida en la sentencia T-304 del 11.07.1996, M.P. Jorge Arango Mejía.
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158. En consecuencia, en la acción de tutela los terceros que solicitan la
vinculación al proceso deben acreditar un interés legítimo que depende de si el
resultado de la actuación puede afectarlos por la existencia de una relación
sustancial con las partes del proceso o porque también son titulares de los
derechos fundamentales que subyacen a la petición de amparo constitucional.
159. El Consejo de Estado también ha considerado que la vinculación de
terceros a la acción de tutela, incluidos aquellos que se presentan como
coadyuvantes, exige un único requisito “demostrar un interés legítimo en el resultado
del proceso.”25
2.2.2.2. Examen del interés legítimo de quienes solicitan ser reconocidos
como coadyuvantes
160. Al aplicar el contexto normativo y teórico referido en el acápite anterior a la
petición objeto de análisis, la Sala advierte que:
i) Los ciudadanos Víctor Manuel Muñoz Mendivelso y Carlos Manuel Vásquez
no acreditaron la calidad de representantes legales de la Fundación de
Equidad y Reconstrucción Integral del Tejido Social – FUERTE.
Lo anterior, por cuanto no aportaron el certificado de existencia y
representación legal y este juez constitucional no lo pudo obtener, en
cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 85 del Código General del
Proceso, aplicable al sub examine por principios de integración normativa,
por no haberse indicado la entidad en la cual reposa26.
ii) Los intervinientes tampoco acreditaron la calidad de víctimas del conflicto
armado y, concretamente, de los ilícitos por los cuales se investiga al
requerido en extradición, ni tampoco la existencia de una relación sustancial
subyacente con los perjudicados por tales delitos.
161. Tales circunstancias, que resultarían suficientes para negar la coadyuvancia
frente a derechos fundamentales de carácter individual y subjetivo no lo son en el
presente caso, toda vez que la protección que se solicita recae sobre las garantías
25 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda – Subsección “B”, M.P.
Gerardo Arenas Monsalve, Rad. 25000-23-41-000-2014-01380-01(AC); Sección Tercera, Subsección “A”,
Sentencia del 20.02.2020, M.P. María Adriana Marín, Rad. 11001-03-15-000-2019-05095-00(AC); Sección
Cuarta, Sentencia del 9.09.2021, M.P. Myriam Stella Gutiérrez Argüello, 11001-03-15-000-2021-05997-00;
Sección Quinta, Sentencia del 3.02.2022, M.P. Rocío Araújo Oñate, Rad. 11001-03-15-000-2021-06979-00.
26 “ARTÍCULO 85. PRUEBA DE LA EXISTENCIA, REPRESENTACIÓN LEGAL O CALIDAD EN QUE
ACTÚAN LAS PARTES. La prueba de la existencia y representación de las personas jurídicas de derecho
privado solo podrá exigirse cuando dicha información no conste en las bases de datos de las entidades
públicas y privadas que tengan a su cargo el deber de certificarla. Cuando la información esté disponible por
este medio, no será necesario certificado alguno.
En los demás casos, con la demanda se deberá aportar la prueba de la existencia y representación legal del
demandante y del demandado, de su constitución y administración, cuando se trate de patrimonios
autónomos, o de la calidad de heredero, cónyuge, compañero permanente, curador de bienes, albacea o
administrador de comunidad o de patrimonio autónomo en la que intervendrán dentro del proceso.”
29
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de “acceso a la administración de justicia (tutela judicial efectiva, investigación e imposición de una sanción),
verdad, justicia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado”.
162. Lo anterior porque estas prerrogativas –que forman parte de lo que se ha
denominado el régimen constitucional de protección a las víctimas– tienen no
solamente una dimensión individual, sino también una colectiva, en la medida en
que gozan de características particulares que la Corte Constitucional ha
sintetizado, así: “(i) se apoyan en normas constitucionales y en disposiciones que integran el derecho
internacional de los derechos humanos, el derecho internacional humanitario y el derecho penal internacional;
(ii) responden a una paulatina definición de los derechos en función de los contextos en los que se tornan
relevantes; y (iii) reflejan un interés ascendente por concretar los contenidos, titulares y destinatarios de cada
uno de los derechos.”27
163. Estos derechos se encuentran consagrados en los artículos 1º, 2º, 15, 21,
229 y 250 de la Constitución, así como en normas integradas al bloque de
constitucionalidad, como los artículos 2º del Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos,
tratándose de un “un subconjunto dentro de los derechos fundamentales”28 de los
que son titulares tanto las víctimas directas como la sociedad en general y que se
encuentran inescindiblemente ligados al principio de la dignidad humana, siendo
de carácter indivisible.
164. Sobre el núcleo esencial de los derechos de las víctimas y su condición no
solo de derechos de carácter individual sino igualmente colectivo, se ha
pronunciado la Corte Constitucional, para señalar que:
i) El derecho a la verdad contempla la facultad de exigir que se conozca lo
sucedido y exista coincidencia entre los supuestos fácticos que obran en el
proceso y lo efectivamente acaecido (verdad material)29. La Corte aclaró
que este derecho tiene manifestaciones individuales y colectivas, según se
analice desde la perspectiva del interés de los afectados por el hecho
victimizante o de la sociedad a conocer lo que ha pasado.
La dimensión colectiva del derecho se analiza desde la perspectiva de la
finalidad que es “preservar del olvido a la memoria colectiva”.30
27 Corte Constitucional, Sentencia C-588 del 5.12.2019, M.P. José Fernando Reyes Castro
28 Corte Constitucional, Sentencia C-007 del 1.03.2018, M.P. Diana Fajardo Rivera. Al respecto, la Corte
precisó: “Los derechos de las víctimas son un subconjunto dentro de los derechos fundamentales y presentan,
por ese motivo, sus mismas características. Así, (i) comportan obligaciones para el Estado y los particulares;
(ii) tienen un contenido complejo, cuyo conocimiento es esencial, con miras al diseño de las garantías
necesarias para su eficacia; (iii) pueden entrar en colisión con otros principios, y en tal caso, su aplicación
pasa por ejercicios de ponderación; y (iv) presentan relaciones de interdependencia entre sí (y con otros
derechos) y son indivisibles, pues su materialización es una exigencia de la dignidad humana, una condición
de su vigencia.”
29 Así fue caracterizado por la sentencia C-228 de 2002. En esa oportunidad la Corte indicó que dicho derecho
tenía una especial importancia en el caso de las graves violaciones de los derechos humanos. Reiterada en la
Sentencia C-588 del 5.12.2019, M.P. José Fernando Reyes Castro
30 Ibidem.
30
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ii) El derecho a la justicia31, equivale a que no exista impunidad, supone la
facultad para acceder a un recurso judicial efectivo, con el objeto de que
el agresor sea juzgado32. En esa dirección tiene como correlativo el deber
del Estado de investigar y juzgar a los autores del delito, garantizando las
reglas del debido proceso33, lo que igualmente le confiere una dimensión
colectiva.
iii) El derecho a la reparación integral implica la posibilidad de solicitar
medidas de restitución, compensación, rehabilitación, satisfacción y no
repetición.
Sobre esta prerrogativa también se ha considerado su dimensión colectiva,
en cuanto a que “involucra medidas de satisfacción de alcance general como la
adopción de medidas encaminadas a restaurar, indemnizar o readaptar los
derechos de las colectividades o comunidades directamente afectadas por las
violaciones ocurridas.”34
La Corte Constitucional señaló en la Sentencia C-370 de 2006 que, dentro
de este contexto, la reparación: i) incluye todas las acciones necesarias y
conducentes a hacer desaparecer, en la medida en que ello sea posible, los
efectos del delito; ii) al igual que el concepto de víctima, tiene una
dimensión tanto individual como colectiva; iii) no se agota en su perspectiva
económica, sino que tiene diversas manifestaciones materiales y
simbólicas; iv) es una responsabilidad que atañe principalmente a los
perpetradores de los delitos que dan lugar a ella, pero también al Estado,
particularmente en lo relacionado con algunos de sus componentes.
La dimensión colectiva se obtiene a través de medidas de satisfacción y
carácter simbólico que se proyectan a la comunidad, también incluye el
reconocimiento público del delito y la adopción de políticas encaminadas a
restaurar, indemnizar o readaptar los derechos de las colectividades y de la
sociedad.
31 La Corte Constitucional, en la Sentencia T-418 del 3-07.215, estableció las siguientes reglas para
salvaguardar el derecho a la justicia: (i) prevenir las graves violaciones de DD.HH., (ii) luchar contra la
impunidad, (iii) establecer mecanismos de acceso ágil, oportuno, pronto y eficaz a la justicia, (iv) investigar,
procesar y sancionar judicialmente a los responsables de graves violaciones de Derechos
Humanos, (v) respetar el debido proceso, (vi) establecer plazos razonables para los procesos
judiciales, (vii) iniciar ex officio las investigaciones en casos de graves violaciones contra los
DD.HH., (viii) velar porque los mecanismos judiciales internos no conduzcan a la impunidad y al ocultamiento
de la verdad, (ix) establecer limitantes frente a figuras como el non bis in ídem y la prescriptibilidad de la
acción penal y de las penas, (x) determinación de límites frente a figuras de exclusión de responsabilidad
penal o de disminución de las penas en procesos de transición, (xi) la legitimidad de la víctima y de la
sociedad, en casos de graves violaciones de los DD.HH. y del D.I.H. para hacerse parte civil dentro de los
procesos penales, (xii) La participación de las víctimas dentro del proceso penal, (xiii) la garantía del derecho
a la justicia garantiza así mismo los derechos a la verdad y a la reparación de las víctimas.
32 Corte Constitucional, Sentencia T-418 del 3.07-2015, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chalbub
33 Ibidem.
34 Corte Constitucional, Sentencia T-418 del 3.07-2015, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chalbub. Cita original de la
Corte “Sentencias de la Corte Constitucional, C-370 de 2006, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa; Jaime
Córdoba Triviño; Rodrigo Escobar Gil; Marco Gerardo Monroy Cabra; Álvaro Tafur Galvis y Clara Inés Vargas
Hernández”
31
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165. Se encuentra en consecuencia acreditado el interés legítimo de los señores
Víctor Manuel Muñoz Mendivelso y Carlos Manuel Vásquez, quienes comparecen
a la presente acción de tutela para coadyuvar la petición de amparo constitucional
de los actores, por lo que se reconocerán como tales para los efectos de esta
acción, en su condición de personas naturales y no como representantes de la
fundación “Fuerte”. También frente a la dimensión colectiva del derecho.
2.2.3. Excepción de falta de legitimación en la causa por activa propuesta por
la Presidencia de la República, en relación con algunos de los tutelantes
166. El apoderado judicial de la Presidencia de la República formuló la
excepción de falta de legitimación en la causa por activa, para lo cual señaló que,
salvo el señor Bernardo Vivas Mosquera, los demás accionantes no demostraron
de forma siquiera sumaria su condición de víctimas o de voceros de
organizaciones de víctimas, que los habiliten para interponer la presente acción de
tutela.
167. Al revisar las pruebas obrantes en la foliatura se evidencia que los
accionantes únicamente aportaron copia del auto SRVNH-04/03-02/19 del 7 de
octubre de 2019, dictado por la Sala de Reconocimiento de Verdad,
Responsabilidad y Determinación de los Hechos y Conductas de la Jurisdicción
Especial para la Paz, en el cual se reconocieron algunas víctimas como colectivos
de comunidades étnicas y campesinas y se admitió que fueran representadas en
el proceso de justicia transicional que allí se adelanta por los voceros elegidos
mediante asambleas realizadas en sus territorios.
168. Entre los aquí accionantes fue reconocida la Comunidad de
Autodeterminación Vida y Dignidad – CAVIDA, representada por Bernardo Vivas
Mosquera y la comunidad de la Zona Humanitaria Camelias, pero con respecto a
esta se aseveró que el vocero es el señor Rubén Darío Santo, quien no figura
entre los peticionarios del presente amparo. Allí se reconocieron otras 22
comunidades indígenas y afrodescendientes, localizadas en la zona del Urabá
169. En consecuencia, la Sala precisa que si bien le asiste razón a la
Presidencia de la República cuando afirma que la condición de víctimas
reconocidas por la JEP solo aparece acreditada plenamente frente al señor
Bernardo Vivas, como vocero de CAVIDA, con el auto de reconocimiento dictado,
lo cierto es que en el mismo se precisó que las comunidades étnicas y
campesinas de la zona se reconocían como “colectivos”, porque compartían unas
prácticas y proyecto de vida alrededor de un territorio y fue allí donde fueron
afectadas por las conductas delictivas.
170. Lo anterior, aunado al componente o dimensión colectiva del conjunto de
derechos que subyacen al régimen constitucional de protección a las víctimas, que
fue ampliamente analizado por esta Sala en los numerales 162 a 164 de la
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presente providencia, permiten tener como legitimados por activa a los actores de
la presente tutela como presupuesto procesal de esta acción, aclarando que el
reconocimiento de los demás intervinientes se realiza únicamente frente a la
dimensión colectiva de la que son titulares para los efectos de la presente acción
de tutela.
171. En ese orden de ideas y con la precisión expuesta, se declarará no probada
la excepción de falta de legitimación en la causa por activa, formulada por la
Presidencia de la República.
2.2.4. Falta de legitimación en la causa por pasiva propuesta por el Ministerio
de Relaciones Exteriores
172. La Sala destaca que la legitimación en la causa por pasiva en el trámite de la
acción de tutela hace referencia a la capacidad legal de quien es el destinatario de
la acción de tutela para ser demandado, por cuanto está llamado a responder por
la vulneración o amenaza del derecho fundamental, en el evento de que se
acredite la misma en el proceso35, bien sea en forma autónoma o en concurrencia
con otras autoridades, según el contenido obligacional.
173. En el sub examine el Ministerio de Relaciones Exteriores afirmó que no
había realizado alguna acción o incurrido en omisión generadora de la presunta
vulneración de los derechos fundamentales de los accionantes, precisando su
intervención en el trámite de la extradición del señor Dairo Antonio Úsuga David,
en la cual recibió el requerimiento del gobierno extranjero, rindió concepto sobre el
régimen jurídico aplicable y remitió el expediente al Ministerio de Justicia y del
Derecho.
174. Al respecto la Sala aclara que la entidad fue incluida por los actores como
autoridad accionada y su vinculación obedeció a que participa en el trámite de
extradición, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 496 de la Ley 906 de
2004, en virtud del cual “Recibida la documentación, el Ministerio de Relaciones
Exteriores ordenará que pasen las diligencias al Ministerio del Interior y de Justicia junto
con el concepto que exprese si es del caso proceder con sujeción a convenciones o usos
internacionales o si se debe obrar de acuerdo con las normas de este código.”
175. En consecuencia, es claro que a la entidad le asiste interés legítimo en el
resultado del proceso, por cuanto cualquier decisión que se tome en torno al
procedimiento reglado y a la expedición del acto administrativo complejo que
concedió la extradición puede afectarla, en la medida en que intervino en los actos
preparatorios con ocasión de las funciones que al respecto le asignan las normas
jurídicas.
35 Corte Constitucional, Sentencia T-278 del 17.07.2018, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado. Sentencias T-1015
de 2006, M.P. Álvaro Tafur Galvis, T-780 de 2011, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub, T-373 de 2015 y T-098
de 2016 M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado, entre otras; Consejo de Estado, Sección Quinta, Sentencia del
3.02.2022, M.P. Rocío Araújo Oñate, Rad. 11001-03-15-000-2021-06979-00.
33
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176. Lo anterior cobra mayor relevancia si se tiene en cuenta que a la entidad le
corresponde realizar las gestiones diplomáticas correspondientes frente al Estado
requirente y la valoración de las actuaciones de las que se predica la vulneración
de los derechos no se puede efectuar sin la participación de todas las autoridades
que intervienen en la actuación, lo cual realiza el juez constitucional de acuerdo
con las precisas competencias funcionales, sin exceder el marco que regula las
potestades administrativas en cuestión.
177. Se destaca que la finalidad de la integración del contradictorio con la entidad
es la de proteger el derecho fundamental al debido proceso del que es titular.
178. En virtud de lo expuesto, la Sala declarará no probada la excepción de falta
de legitimación en la causa y negará la desvinculación de la autoridad referida.
2.2.4. Excepción de falta de competencia del Consejo de Estado para
resolver sobre las pretensiones contenidas en los numerales 3º y 4º del
libelo introductorio
179. El presidente de la JEP se pronunció ampliamente sobre las pretensiones
incluidas en los numerales 3º y 4º del escrito inicial manifestando que, como las
mismas se refieren a competencias propias de esa jurisdicción, el Consejo de
Estado no tiene competencia para realizar pronunciamiento alguno en sede de
tutela.
180. Lo anterior, lo sustentó en el contenido normativo del artículo 8º transitorio
del Decreto Legislativo 01 de 201736, que en su inciso 3º señala que el Tribunal
para la Paz de la JEP es el único competente para conocer las acciones de tutela
que se dirijan contra actuaciones y omisiones de esa jurisdicción.
181. Esta regla especial de competencia fue reproducida en el artículo 147 de la
Ley 1957 de 2019, “Estatutaria de la Administración de Justicia en la Jurisdicción
Especial para la Paz”.
182. Sobre esta potestad exclusiva ha tenido oportunidad de pronunciarse la
Corte, entre otros, en el Auto 234 de 202037 en el que señaló:
36 “Artículo transitorio. Acciones de tutela contra acciones u omisiones de la JEP. La acción de tutela
procederá contra las acciones u omisiones de los órganos de la Jurisdicción Especial para la Paz, que hayan
violado, violen o amenacen los derechos fundamentales.
La acción de tutela en contra de las providencias judiciales que profiera la JEP procederá solo por una
manifiesta vía de hecho o cuando la afectación del derecho fundamental sea consecuencia directa por
deducirse de su parte resolutiva y se hubieran agotado todos los recursos al interior de la Jurisdicción
Especial para la Paz, no existiendo mecanismo idóneo para reclamar la protección del derecho vulnerado o
amenazado. En el caso de violaciones que se realicen por afectación al debido proceso, deberá interponerse
tras haber agotado el recurso procedente ante los órganos de la JEP.
<Aparte tachado INEXEQUIBLE> Las peticiones de acción de tutela deberán ser presentadas ante el Tribunal
para la Paz, único competente para conocer de ellas. La primera instancia será decidida por la Sección de
Revisión. La segunda por la Sección de Apelaciones. …”
37 Corte Constitucional, Auto 234 del15.07.2020, M.P. Antonio José Lizarazo. En el mismo sentido ver
igualmente los Autos 021, 222 y 246 de 2018, reiterados en el Auto 361 de 2019.
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“Conforme al artículo 8º transitorio del Título Transitorio de la Constitución (reiterado en la Ley
1957 de 2019), el factor subjetivo de competencia en cabeza del Tribunal Especial para la Paz
se configura al promoverse una acción de tutela de manera expresa en contra de (i) algunos
de los órganos que integran la Jurisdicción Especial para la Paz o (ii) las providencias
judiciales que los mismos profieran.
Igualmente, se genera dicho factor cuando la solicitud de amparo a pesar de que no se
encuentre dirigida expresamente contra la Jurisdicción Especial para la Paz, de manera
inequívoca se origina en acciones u omisiones de alguno de los órganos de la JEP o
controvierte una de sus decisiones.”
183. Se trata de una regla de competencia determinada por el factor subjetivo y
no simplemente de reparto, por lo que corresponde revisar el contenido de las dos
pretensiones señaladas por la JEP como no susceptibles de obtener un
pronunciamiento por parte del Consejo de Estado. Con ellas se pretende:
3.- Que se ordene que, a DAÍRO ANTONIO ÚSUGA DAVID, alias “OTONIEL”, pueda ser
escuchado en calidad de compareciente ante la Jurisdicción Especial para la Paz – JEP.
4.- Que se continúe vinculando al señor DAIRO ANTONIO ÚSUGA DAVID, alias “OTONIEL”, a
las diferentes diligencias ante la Jurisdicción Especial para la Paz en el Caso 04 siempre y
cuando otorgue elementos suficientes para el esclarecimiento de los hechos ocurridos en la
región de Urabá, Bajo Atrato y Darién, en los departamentos de Antioquia y Chocó,
presuntamente cometidos por miembros de las FARC – EP, fuerza pública, agentes del Estado
no integrantes de la fuerza pública y terceros civiles; desde el 1 de enero de 1986 y con
anterioridad al 1 de diciembre de 2016.”
184. Se configura en el sub lite el supuesto según el cual las pretensiones
inequívocamente se encuentran dirigidas a la JEP, Corporación que, según los
hechos probados de esta acción, le negó al requerido la condición de
compareciente, calidad que adquiere la persona que se acoge o es puesta a
disposición de esa jurisdicción38, cuyo nuevo reconocimiento pretenden los
actores, así como la vinculación a las investigaciones que se adelantan en el
marco de las competencias a ella asignadas.
185. En virtud de lo expuesto, al no tener esta Corporación competencia para
pronunciarse sobre las pretensiones de los accionantes encaminadas a que la
Jurisdicción Especial de Paz escuche a “Otoniel” como compareciente y lo vincule
a las diligencias que allí se adelantan, no realizará pronunciamiento alguno al
respecto, con el fin de no invadir el ámbito de competencia funcional de la JEP y la
filosofía y motivos que generaron su creación.
186. Para garantizar el efectivo acceso de los accionantes a la administración de
justicia en torno a estas dos pretensiones se dispondrá que por la Secretaría
General se remitan copias del escrito de tutela y de esta providencia al Tribunal
para la Paz de la JEP.
2.3. Problemas jurídicos
38 Artículo 5º de la Ley 1922 de 2018.
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187. Corresponde a la Sala determinar si procede confirmar, modificar o revocar
la providencia del 4 de mayo de 2022, proferida por el Consejo de Estado, Sección
Segunda – Subsección “B”, instaurada por la parte accionante para solicitar la
protección de sus derechos de acceso a la administración de justicia, tutela judicial
efectiva, investigación e imposición de una sanción, verdad, justicia y reparación
integral a las víctimas del conflicto armado.
188. En consecuencia, con fundamento en el examen de la situación fáctica
expuesta por los accionantes, en la valoración del material probatorio recaudado, y
en los argumentos expuestos en la impugnación, el problema jurídico que subyace
al caso concreto consiste en determinar si es procedente ordenar la suspensión de
la orden de extradición de Dairo Antonio Úsuga David, como lo pretenden los
accionantes en el escrito inicial o si se configuró la carencia actual de objeto.
189. Así mismo, la Sala se pronunciará sobre la pretensión encaminada a que se
declare que el procedimiento de extradición que se encontraba en curso para la
fecha de presentación de la demanda de tutela viola los derechos de las víctimas.
190. Lo anterior implica analizar la figura de la carencia actual de objeto y las
modalidades en las que se puede presentar.
2.2.4. Análisis del caso concreto
2.2.4.1. Carencia actual de objeto por sustracción de materia o acaecimiento
de una situación sobreviniente
191. La acción de tutela, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 86
Constitucional y el desarrollo consagrado en el Decreto Legislativo 2051 de 1991
tiene como objetivo la protección efectiva, cierta e inmediata de los derechos
fundamentales, cuando estos resulten vulnerados o amenazados por las
actuaciones u omisiones de las autoridades y de los particulares, en los casos
específicamente previstos por el legislador39.
192. Al considerar la finalidad de la acción, la Corte Constitucional ha señalado
que, frente a una situación de hecho cuya vulneración o amenaza sea superada,
en el sentido de que la pretensión alegada se encuentre satisfecha, o cuando se
ha producido el perjuicio que se pretendía evitar por medio del amparo
constitucional, la acción de tutela resulta inocua o insustancial, es decir, “cae en el
vacío”40. A la primera de las hipótesis planteadas la jurisprudencia constitucional la
ha denominado hecho superado y, a la segunda, daño consumado.
39 Corte Constitucional, ver, entre otras, las sentencias T-082 de 2015 y T-484 de 2016.
40 Consultar, entre otras, las sentencias T-496 de 2003, T-309 de 2006, T-855 de 2007, T-159 de 2014, T-484
de 2016, T-021 de 2017 y T-657 de 2017 y la T-189 del 15.05.2018, M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
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193. Por otra parte, la Corte también ha reconocido, como lo ha hecho
igualmente el Consejo de Estado41, que existen situaciones en las que la carencia
actual de objeto no necesariamente encuadra en las dos figuras jurídicas
referidas, sino que obedece a otras circunstancias asociadas a un evento posterior
a la solicitud de tutela. En esos casos, se ha considerado que la decisión que
pudiere proferir el juez de tutela resultaría igualmente inane por sustracción de
materia o por lo que en sede de unificación denominó: “acaecimiento de una
situación sobreviniente.”
194. Sobre el tema cabe destacar la sentencia de unificación de jurisprudencia –
SU 522 de 201942–, en la que se precisó que si luego de acudir a la autoridad
judicial, la situación ha sido superada o resuelta de alguna forma, no tendría
sentido un pronunciamiento, puesto que “la posible orden que impartiera el juez caería
en el vacío”, siendo esta la “idea central que soporta el concepto de carencia actual de
objeto”.
195. En esa providencia la Corte aclaró que “el juez de tutela no ha sido concebido como un
órgano consultivo que emite conceptos o decisiones inocuas una vez ha dejado de existir el objeto jurídico,
sobre escenarios hipotéticos, consumados o ya superados.”
196. Sin embargo, consideró que ello no obsta para que, en casos particulares,
la Corte Constitucional aproveche un escenario ya resuelto para, más allá del caso
concreto, avanzar en la comprensión de un derecho -como intérprete autorizado
de la Constitución Política- o para tomar medidas frente a protuberantes
violaciones de los derechos fundamentales. Potestad esta que no se confiere a los
demás jueces de tutela, pues el diseño constitucional no les otorga la facultad de
fijar el alcance de los derechos fundamentales que es de su exclusivo resorte.
197. En sede de unificación aclaró que el hecho sobreviniente es una categoría
que por su amplitud cobija casos que no se enmarcan en los conceptos de hecho
superado o daño consumado, en cuanto remite a cualquier “otra circunstancia que
determine que, igualmente, la orden del juez de tutela relativa a lo solicitado en la
demanda de amparo no surta ningún efecto”. Al respecto, ha dado algunos
ejemplos, entre los cuales cabe destacar la imposibilidad de proferir alguna orden.
198. Es importante hacer referencia a las subreglas que en materia de carencia
actual de objeto rigen a partir de la referida sentencia de unificación y que son
obligatorias para los integrantes de la jurisdicción constitucional:
“(i) En los casos de daño consumado: es perentorio un pronunciamiento de fondo del
juez de tutela (incluida la Corte Constitucional) cuando el daño ocurre durante el
trámite de la tutela; precisando si se presentó o no la vulneración que dio origen a la
acción de amparo. Además, el juez de tutela podrá, dadas las particularidades del
expediente, considerar medidas adicionales tales como: a) hacer una advertencia a
la autoridad o particular responsable para que en ningún caso vuelva a incurrir en las
41 Corte Constitucional, Sentencia T-419 del 29.06.2017, M.P. Diana Fajardo Rivera; Consejo de Estado, Sala
de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, Sentencia del 22.03.2018, M.P. Rocío Araújo Oñate, Rad.
500012333201700591-01
42 Corte Constitucional, Sentencia SU-522 del 5.11.2019, M.P. Diana Fajardo Rivera
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acciones u omisiones que dieron mérito para conceder la tutela; b) informar al
actor/a o a sus familiares sobre las acciones jurídicas de toda índole a las que puede
acudir para la reparación del daño; c) compulsar copias del expediente a las
autoridades competentes; o d) proteger la dimensión objetiva de los derechos
fundamentales trasgredidos y tomar medidas para que los hechos vulneradores no
se repitan;
(ii) En los casos de hecho superado o situación sobreviniente: no es perentorio que
el juez de tutela haga un pronunciamiento de fondo. Sin embargo, y especialmente
tratándose de la Corte Constitucional actuando en sede de revisión, podrá emitir un
pronunciamiento de fondo cuando lo considere necesario para, entre otros: a) llamar
la atención sobre la falta de conformidad constitucional de la situación que originó la
tutela y tomar medidas para que los hechos vulneradores no se repitan; b) advertir la
inconveniencia de su repetición, so pena de las sanciones pertinentes; c) corregir las
decisiones judiciales de instancia; o d) avanzar en la comprensión de un derecho
fundamental.”
2.4.2. Análisis de la configuración de la carencia actual de objeto en el caso
concreto
199. Cabe destacar que la petición de amparo constitucional que incluye la
pretensión de que se suspenda el trámite de la extradición de Dairo Antonio
Úsuga David, fue radicada el 7 de abril de 2022, esto es, un día después de
haberse dictado por parte de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justica el
Concepto CPO49-2022, aprobado en acta 76 del 6 de abril de 2022, favorable
(parcialmente) a la solicitud de extradición.
200. Tal fecha determina igualmente que se radicó un día antes de que el
Gobierno Nacional (integrado por el presidente de la República y el ministro de
Justicia y del Derecho) dictara la Resolución 078 del 8 de abril de 2022, por medio
de la cual se concedió la extradición y de que se resolviera el recurso de
reposición que el apoderado del requerido interpuso contra la misma, por lo que,
contrario a lo afirmado por el juez constitucional de primera instancia, la demanda
de tutela no incluye cuestionamiento alguno contra el acto administrativo definitivo,
pues -se reitera- este no existía al momento en que se ejerció la acción de amparo
y se dirigía exclusivamente a que se suspendiera el trámite.
201. Durante el trámite del proceso, exactamente el mismo día –4 de mayo de
2022– en que se levantó la medida provisional de suspensión de la actuación y se
dictó el fallo de primera instancia en la presente acción, previa firmeza del acto
administrativo complejo que concedió la extradición, el requerido fue enviado a los
Estados Unidos, situación que se tiene probada en el proceso por constituir un
hecho notorio43.
43 Fue dado a conocer a la ciudadanía a través de todos los medios de comunicación:
https://caracol.com.co/radio/2022/05/04/judicial/1651700675_780080.html;
https://www.eltiempo.com/justicia/conflicto-y-narcotrafico/alias-otoniel-imagenes-de-su-extradicion-a-estados-
unidos-669939; ttps://www.semana.com/nacion/articulo/extradicion-de-otoniel-a-ee-uu-no-significa-silencio-
sobre-lo-que-sabe/202216/; https://www.elcolombiano.com/internacional/extradicion-de-otoniel-a-estados-
unidos-estas-son-las-primeras-imagenes-IC17379919
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202. En consecuencia, no es posible acceder a la solicitud de suspender una
actuación que no solo finalizó completamente durante el trámite de la primera
instancia del proceso, sino que produjo plenos efectos jurídicos con la
materialización de la decisión. En palabras de la Corte, cualquier orden en ese
sentido caería en el vacío pues, con posterioridad a la presentación de la
demanda, se presentó el hecho sobreviniente del agotamiento del trámite y el
envío del señor Úsuga David al país requirente.
203. Esta es la línea del tiempo en la presente acción, con respecto a la solicitud
de autorizar la inscripción de la actora:
Concepto de la Corte Suprema de Justica 6 de abril de 2022
Sala de Casación Penal
Radicación demanda de tutela 7 de abril de 2022
Resolución 078 de 2022 que concedió la 8 de abril de 2022
extradición
Auto admisorio de la demanda de tutela 28 de abril de 2022
con medida de suspensión provisional de
la extradición
Levantamiento de la medida provisional y 4 de mayo de 2022
fallo de primera instancia que negó y
declaró improcedente la acción de tutela.
Decisión sobre el recurso de reposición 4 de mayo de 2022
interpuesto por la defensa y cumplimiento
de la decisión administrativa ejecutoriada.
204. Al no resultar procedente disponer la suspensión de la actuación, por
haberse definido con carácter definitivo la situación jurídica del requerido, la Sala
se pronuncia sobre la solicitud de la parte actora –formulada en la impugnación–,
referida a que se declare que existió un daño consumado, en la medida en que se
consolidó el perjuicio que se pretendía reclamar.
205. Contrario a lo alegado por la parte actora, en el presente caso la carencia
actual de objeto se subsume en el acaecimiento de una situación sobreviniente y
no en la del daño consumado, pues se encuentra acreditado en este proceso que
las autoridades accionadas en sus decisiones e intervenciones –realizadas con
fundamento en sus competencias– propendieron por la garantía efectiva, material
y real de los derechos de las víctimas y ello se refleja en las siguientes
actuaciones:
206. La Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, al rendir el
concepto realizó un juicio de proporcionalidad sobre la necesidad y razonabilidad
de la medida y estudió in extenso las razones que imponían condicionar la
concesión de la extradición a que se le exigiera al gobierno requirente facilitar la
comparecencia del requerido para todas las diligencias en las que sea necesario
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escuchar su versión y, adicionalmente, precisó que ningún proceso judicial se
suspende en Colombia y que, por el contrario, ellos continúan su trámite.
207. Tal medida, quedó igualmente consignada en el acto administrativo, por
medio del cual se concedió la extradición, tal como se advierte en los siguientes
artículos de la Resolución No. 078 del 8 de abril de 2022:
“ARTÍCULO SEXTO: Advertir al Estado requirente sobre la necesidad de
prestar en este caso toda la colaboración y ayuda necesaria para que al
señor ÚSUGA DAVID se le brinde la posibilidad de intervenir en las
diligencias o actividades judiciales que disponga la justicia colombiana, a fin
de garantizar a las víctimas sus derechos, a través del uso de las
Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC)”.
(…)
ARTÍCULO NOVENO: Una vez ejecutoriada la presente Resolución, enviar
copia de la misma a la Dirección de Asuntos Jurídicos Internacionales y a la
Dirección de Asuntos Migratorios, Consulares y Servicio al Ciudadano del
Ministerio de Relaciones Exteriores, a las autoridades judiciales que
adelantan procesos en Colombia contra el ciudadano requerido; a los Jueces
de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad que vigilan la ejecución de
las condenas impuestas en Colombia en contra del señor USUGA DAVID, y
a la Fiscalía General de la Nación para lo de sus respectivas competencias.”
208. El ordenamiento jurídico consagra mecanismos de cooperación
internacional en la investigación y juzgamiento de delitos y concretamente, en
materia probatoria se encuentran los previstos en el Libro V, Capítulo I de la Ley
906 de 2004 y se prevé igualmente el uso de las tecnologías de la información y
las comunicaciones que permiten realizar audiencias virtuales.
209. La cooperación internacional en materia penal también se encuentra
consignada en instrumentos multilaterales y bilaterales, entre los cuales cabe
señalar la Convención Interamericana sobre asistencia mutua en materia penal,
cuya idoneidad para lograr la protección de los derechos de las víctimas se ha
confirmado a través de la realización de numerosas audiencias e inclusive con el
desplazamiento de funcionarios judiciales.
210. Obra igualmente prueba en el expediente de que entre la captura del
requerido con fines de extradición y su entrega al gobierno extranjero se llevaron a
cabo varias diligencias judiciales en las cuales se obtuvo plena colaboración de la
Fiscalía General de la Nación.
211. Finalmente, la Sala destaca que en el acto administrativo por medio del cual
se concedió la extradición se dispuso comunicar a todas las autoridades que
adelantan procesos judiciales en Colombia para el conocimiento de la extradición
y para que estos continúen su trámite y se definan las situaciones jurídicas
pendientes en el país cuyas condenas se harán efectivas cuando se cumplan las
penas que llegaren a imponer el país requirente.
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2.5. Conclusión
212. Las anteriores razones son suficientes para concluir que no es posible la
intervención excepcional del juez de tutela para garantizar los derechos de las
víctimas del conflicto armado en su componente constitucional, porque durante el
trámite del proceso se culminó en forma definitiva la actuación cuya suspensión se
pretendía, advirtiéndose la configuración de la carencia actual de objeto por
acaecimiento de una situación sobreviniente.
213. El juez constitucional no encontró acreditada la existencia de un daño
consumado y, por el contrario, se evidenció que las autoridades que intervinieron
en el trámite de la extradición condicionaron la entrega del connacional a permitir
la colaboración con las autoridades judiciales colombianas y dispusieron la
continuidad de los procesos penales que se adelantan en su contra, lo que permite
concluir que los derechos de las víctimas no se encuentran afectados ni se
requiere adoptar medidas de protección hacia el futuro.
III. DECISIÓN
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,
FALLA:
PRIMERO: ESTARSE a lo resuelto en el auto interlocutorio del 23 de mayo de
2022, dictado por el despacho del magistrado César Palomino Cortés en el
radicado N.o 11001-03-15-000-2022-02450-00, con respecto a la solicitud de
acumulación de acciones de tutela formulada en el sub lite por la Comisión
Colombiana de Juristas.
SEGUNDO: ACEPTAR como coadyuvantes en la presente acción de tutela a los
señores Víctor Manuel Muñoz Mendivelso y Carlos Manuel Vásquez, por el
interés legítimo que les asiste en el resultado del proceso, con fundamento en la
dimensión colectiva de los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la
reparación integral y la garantía de no repetición.
TERCERO: DECLARAR NO PROBADA la excepción de falta de legitimación en
la causa por activa de los accionantes distintos a Bernardo Vivas Mosquera,
sustentada en no haber acreditado la calidad de víctimas del conflicto armado, por
las consideraciones expuestas en la parte motiva de esta decisión.
CUARTO: DECLARAR NO PROBADA la excepción de falta de legitimación en la
causa por pasiva del Ministerio de Relaciones Exteriores y, en consecuencia,
negar su desvinculación de la actuación.
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QUINTO: DECLARAR que esta Corporación no tiene competencia funcional para
pronunciarse sobre las pretensiones 3ª y 4º del escrito introductorio por estar
dirigidas contra la Jurisdicción Especial para la Paz, con fundamento en lo
dispuesto por el artículo 8º transitorio del Acto Legislativo 01 de 2017. Para
garantizar el efectivo acceso de los accionantes a la administración de justicia en
torno a estas dos pretensiones se dispondrá que por la Secretaría General se
remitan copias del escrito de tutela y de esta providencia al Tribunal para la Paz
de la JEP.
SEXTO: REVOCAR la sentencia dictada 4 de mayo de 2022 por el Consejo de
Estado, Sección Segunda – Subsección “B” para, en su lugar, DECLARAR LA
CARENCIA ACTUAL DE OBJETO por el acaecimiento de una situación
sobreviniente, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta
providencia.
SÉPTIMO: NOTIFICAR a las partes, en la forma prevista en el artículo 30 del
Decreto Ley 2591 de 1991.
OCTAVO: TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su
eventual revisión, en los términos previstos en el artículo 32 del Decreto Ley 2591
de 1991.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada
CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Magistrado
Este documento fue firmado electrónicamente. Los interesados pueden consultar la providencia
oficial con el número de radicación en http//relatoria.consejodeestado.gov.co.8081
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