Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2021-06979-00
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2021-06979-00
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 11001-03-15-000-2021-06979-00
Consejero ponente: Rocio Araujo Oñate
3 de febrero de 2022
Demandantes: Olga Lucía Echeverry y otros
Demandados: Tribunal Administrativo de Antioquia y otros
Radicado: 11001-03-15-000-2021-06979-00
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrada Ponente: ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Bogotá, D. C., tres (3) de febrero de dos mil veintidós (2022)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2021-06979-00
Demandantes: OLGA LUCÍA ECHEVERRY Y OTROS
Demandados: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA Y OTROS
Temas: Tutela de fondo – petición de cumplimiento de órdenes
impartidas en el medio de control de protección de intereses
colectivos – Derecho fundamental a la vivienda digna.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
OBJETO DE LA DECISIÓN
La Sala resuelve la solicitud de amparo constitucional presentada por Olga Lucía
Echeverry y otros, en ejercicio de la acción de tutela consagrada en el artículo 86
de la Constitución Política y desarrollada por los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de
26 de mayo de 2015, modificado por los Decretos 1983 de 2017 y 333 de 2021.
I. ANTECEDENTES
1.1. Solicitud de amparo
1. Con escrito enviado el 11 de octubre de 2021 al buzón web del Juzgado Octavo
Penal Municipal de Función de Control de Garantías de Antioquia, remitido por
competencia el día siguiente al Consejo de Estado, los señores Olga Lucía
Echeverry, Félix Antonio García, en calidad de presidente y vicepresidente,
respectivamente, de la Veeduría Comunitaria Microcuenca Quebrada La Picacha;
Alejandra María Rojas Penagos, Santiago Blandón Rojas (hijo); Óscar de Jesús
Rojas Gil, María Leonor Penagos Montoya; Froilán de Jesús Pinillos Muñoz, Yuli
Duran Zúñiga, María Fabiola Muñoz Pino; Flor Mireya Caro; Sebastián Monsalve,
Ckeisy Jhen Ramos Castrillón, en representación de sus hijas menores María
José Monsalve y María Antonia Monsalve Ramos; Tania Shirley Espinosa Osorio,
en representación de su hija María Betancur Espinosa, ejercieron acción de tutela
contra el Municipio de Medellín y el Instituto Social de Vivienda y Hábitat de
Medellín (ISVIMED), con el fin de que les sean amparados sus “derechos
fundamentales a la vida, integridad personal, vivienda digna, participación y a la tutela
judicial efectiva.”
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2. Los accionantes consideraron vulneradas las referidas garantías
constitucionales con ocasión del incumplimiento por parte de las autoridades
administrativas accionadas de las órdenes impartidas en las providencias dictadas
el 2 de agosto de 2013 por el Tribunal Administrativo de Antioquia y el 16 de
octubre de 2014 por el Consejo de Estado – Sección Primera, en el medio de
control de protección de los derechos e intereses colectivos que se tramitó bajo el
radicado 05001-23-33-000-2013-01310-00.
3. También alegaron la vulneración de sus derechos con ocasión de las decisiones
adoptadas por las autoridades administrativas en relación con la asignación de los
subsidios de vivienda a los cuales consideran tener derecho.
1.2. Pretensiones
4. A título de amparo constitucional, la parte actora solicitó:
“PRIMERA. - Con fundamento en los hechos relacionados, solicitamos el
amparo por vía de tutela de los Derechos Constitucionales Fundamentales a
la VIVIENDA DIGNA entendiendo que la realización de este derecho
fundamental en el caso concreto de TODAS las familias accionantes está
estrechamente ligado al proceso de participación en la adopción de
decisiones sobre las condiciones especiales sobre las cuales se diseñó el
proceso de reasentamiento en el proyecto de La Playita, Plan Parcial Belén
Rincón. Este derecho está así indispensablemente vinculado al derecho
fundamental a la PARTICIPACIÓN, por lo que solicitamos el amparo expreso
de este derecho.
SEGUNDA. - Con fundamento en los hechos relacionados, solicitamos el
amparo por vía de tutela de los Derechos Constitucionales Fundamentales a
la VIVIENDA DIGNA, la VIDA INTEGRIDAD PERSONAL y LA SEGURIDAD
de las personas, sujetos de especial protección constitucional, por
encontrarse en condiciones de vulnerabilidad y actualmente habitantes en el
sector La Playita, vereda Aguas Frías del Corregimiento de Altavista de
Medellín. Estas personas serían: FLOR MIREYA CARO (mujer cabeza de
familia); SEBASTIAN MONSALVE CARO y CKEISY JHEN RAMOS (mujer)
sus hijas las niñas MARÍA JOSÉ MONSALVE RAMOS y MARÍA ANTONIA
MONSALVE RAMOS; TANIA SHIRLEY ESPINOSA OSORIO (mujer cabeza
de familia); y su hija la niña MARIANA BETANCUR ESPINOSA.
TERCERA. Vinculada a la PRETENSIÓN PRIMERA, solicitamos el amparo
por vía de tutela del derecho CONSTITUCIONAL FUNDAMENTAL A LA
PARTICIPACIÓN de la Veeduría Comunitaria Microcuenca Quebrada La
Picacha, con fundamento en los hechos relacionados.
CUARTA.- Conforme a la PRETENSIÓN PRIMERA y SEGUNDA, se
ORDENE al Municipio de Medellín y al Instituto Social de Vivienda y Hábitat
de Medellín - ISVIMED, MANTENER y GARANTIZAR las condiciones de
reasentamiento acordadas en el proceso de participación para el
reasentamiento de los núcleos familiares de La Playita, aquí accionantes
((i)ALEJANDRA MARÍA ROJAS PENAGOS Y SANTIAGO BLANDÓN ROJAS;
(ii) OSCAR DE JESÚS ROJAS GIL Y MARIA LEONOR PENAGOS
MONTOYA; (iii) FROILÁN DE JESÚS PINILLOS MUÑOZ, YULY DURÁN
ZUÑIGA Y MARÍA FABIOLA MUÑOZ PINO; (iv) SEBASTIÁN MONSALVE
CARO, CKEISY JHEN RAMOS CASTRILLON, FLOR MIREYA CARO, MARIA
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JOSE MONSALVE RAMOS Y MARIA ANTONIA MONSALVE RAMOS; (v)
TANIA SHIRLEY ESPINOSA OSORIO Y MARIANA BETANCUR ESPINOSA),
conforme con el compromiso de entregar los subsidios de vivienda en el
proyecto constructivo “La Playita” en el Plan Parcial de Belén Rincón en
cumplimiento de la medida cautelar proferida el 2 de agosto de 2013 por el
Juzgado 24 Administrativo de Medellín y adicionada el 16 de abril de 2014 por
el Consejo de Estado.
QUINTA.- Para el caso particular de SEBASTIÁN MONSALVE CARO, que se
RECONOZCA al Sr. SEBASTIÁN MONSALVE CARO como jefe de hogar y
su núcleo familiar autónomo conformado por CKEISY JHEN RAMOS
CASTRILLON, compañera permanente y a sus hijas MARIA JOSE
MONSALVE RAMOS y MARIA ANTONIA MONSALVE RAMOS en la línea
base del censo de las familias a ser reasentadas en el Proyecto La Playita y
sean reasentados en el Proyecto La Playita del Plan Parcial Belén Rincón,
otorgando el respectivo subsidio de vivienda en este proyecto.
SEXTA. - Para el caso particular de TANIA SHIRLEY ESPINOSA OSORIO,
que se GARANTICE el cumplimiento de la Resolución 0642 del 2014 de
ISVIMED respetando el reconocimiento otorgado a TANIA SHIRLEY
ESPINOSA OSORIO como jefe de hogar, junto con su hija Mariana Betancur
Espinosa dentro del grupo familiar y sean reasentadas en el Proyecto La
Playita del Plan Parcial Belén Rincón, otorgando el respectivo subsidio de
vivienda en este proyecto.
SEPTIMA. - Como consecuencia de la PRETENSIÓN PRIMERA, SEGUNDA
y TERCERA anterior, que se ORDENE al Instituto Social de Vivienda y
Hábitat de Medellín -ISVIMED- y al Municipio de Medellín que en las
actuaciones administrativas que en adelante deban realizarse dentro del
proceso de reasentamiento se propenda por otorgar a las familias la mayor
seguridad jurídica, se actúe de buena fe y se honre la «palabra dada» por la
Administración en cumplimiento del principio de confianza legítima:
Lo anterior mediante la adopción de medidas como:
i) comunicación escrita de las decisiones, propuestas y demás información
que deba ponerse en conocimiento de los accionantes y que dicha
comunicación se informe por medio legal idóneo;
ii) reuniones conjuntas de socialización (no individuales) con las familias, las
organizaciones sociales como la Veeduría Comunitaria La Picacha, y actas de
dichas reuniones con copia a cada uno de los participantes;
iii) que se respeten las condiciones de los procesos participativos creados
dentro del proceso de reasentamiento y se tomen debidamente en cuenta sus
aportes;
iv) las demás que el Despacho considere pertinentes.
Y se mantengan las condiciones de reasentamiento para las familias en el
Proyecto La Playita del Plan Parcial Belén Rincón tal y como fueron
acordados en el proceso de concertación del reasentamiento con ISVIMED”.
1.3. Hechos probados y/o admitidos
La Sala encontró demostrados los siguientes supuestos fácticos relevantes para la
decisión que se adoptará en la sentencia:
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1.3.1. Hechos relacionados con el medio de control de protección de
derechos e intereses colectivos
1.3.1.1. Demanda
5. Los ciudadanos Félix Antonio García, John Freddy Ortiz Montoya, Luisa
Fernanda Vélez Pineda e Irene Stella Ospina Castrillón, actuando como
representantes legales de las Juntas de Acción Comunal de los barrios Ciprés Las
Mercedes, Belén Las Violetas, San Pablo Belén - Vereda Aguas Frías (Altavista
Comuna 70), Vereda Aguas Frías Parte Alta (Comuna 70), presentaron demanda
en ejercicio del medio de control de protección de derechos e intereses colectivos
en contra del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, el municipio de Medellín y la
Corporación Autónoma Regional de Antioquia (CORANTIOQUIA), por la presunta
vulneración de los derechos colectivos al goce de un ambiente sano, al equilibrio
ecológico, al manejo y aprovechamiento racional de los recursos naturales, a la
seguridad y a la prevención de desastres técnicamente previsibles.
6. En la demanda expusieron que la microcuenca de la quebrada “La Picacha”
presenta problemas erosivos y movimientos de masa que causan agrietamiento en
las viviendas, hundimientos de piso e inundaciones que han ocasionado pérdidas
humanas y económicas a los habitantes de la Comuna 16.
7. Con fundamento en lo anterior, solicitaron que se declarara que las entidades
demandadas vulneraron los derechos colectivos invocados, para que, en
consecuencia, se les ordenara, entre otras, la ejecución inmediata de las obras
pertinentes para recuperar, adecuar y mejorar las características del cauce de la
quebrada “La Picacha”, así como las áreas con amenaza por movimientos en masa
o inundaciones y avenidas torrenciales; reforestar la zona e implementar el
sistema de alcantarillado y tratamiento de aguas residuales, y realizar las demás
obras que resultaran necesarias para prevenir, compensar, corregir, mitigar y
restaurar los riesgos y desastres.
1.3.1.2. Trámite impartido al proceso
8. El conocimiento de la demanda le correspondió al Juzgado Veinticuatro
Administrativo Oral del Circuito Judicial de Medellín, el cual el cual, en auto del 2
de agosto de 2013, decretó de oficio medidas cautelares, con fundamento en la
declaración rendida por el ingeniero geólogo Jorge Enrique Delgado Vélez,
funcionario de CORANTIOQUIA.
9. En la citada providencia, dispuso:
“1. DECRETAR DE OFICIO LA PRÁCTICA DE LAS SIGUIENTES MEDIDAS
CAUTELARES:
1.1. Se ORDENA al MUNICIPIO DE MEDELLÍN, que de manera INMEDIATA,
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inicie todos los trámites administrativos necesarios que conlleven a frenar el
crecimiento desmedido de viviendas construidas irregularmente en las franjas
de retiro de protección de la quebrada La Picacha.
1.2. Se ORDENA al MUNICIPIO DE MEDELLÍN, que de manera INMEDIATA,
inicie todos los trámites administrativos para la implementación inmediata de
los programas y proyectos que tienen formulados o que se tienen formulados
en el componente de gestión del riesgo del acuerdo 046 (Plan de
Ordenamiento Territorial del Municipio de Medellín), especialmente en las
áreas catalogadas como de riesgo no mitigable.
1.3. Se ORDENA al MUNICIPIO DE MEDELLÍN, disponer y adelantar la
evacuación de las viviendas e infraestructura en general en situación de alto
riesgo y su correspondiente reubicación, así como todas medidas que
considere indispensables en coordinación con el Departamento Administrativo
de Gestión del Riesgo del ente territorial, a fin de conjurar de manera efectiva
el inminente peligro que amenaza los moradores de las zonas catalogadas en
alto y mediano riesgo. Esta actividad deberá ser desarrollada en un término no
superior a un (1) mes, contado a partir de la notificación de la presente
providencia. Ello, de conformidad con lo dispuesto en el parágrafo 2º del
artículo 25 de la Ley 472 de 1998.
2. Una vez adoptadas las órdenes impartidas en la presente providencia, el
ente territorial deberá dar cuenta de las mismas a esta Instancia judicial.
3. Notifíquese esta decisión por el medio más expedito a los sujetos
procesales.
4. Exhórtese a la Personería del Municipio de Medellín a fin de que informe al
Despacho las actuaciones desplegadas por dicha autoridad respecto a la
orden impartida por esta instancia judicial en la audiencia de pacto de
cumplimiento llevada a cabo el día 21 de junio de la presente anualidad, en la
cual se indicó de manera concreta, que desplegara “toda la actividad que le
compete tendiente a que las autoridades que se encuentren involucradas a la
presente acción ejerzan sus competencias”. En el evento de no haber
procedido de conformidad, SE SIRVA PROCEDER DE LA FORMA INDICADA
POR EL DESPACHO.
5. Las anteriores órdenes, sin perjuicio de que el Juzgado se reserve la
facultad de decretar nuevas medidas de evidenciar su necesidad.””
10. El 6 de agosto de 2013, el referido despacho judicial consideró que carecía de
competencia para continuar el trámite de la acción, porque se encontraba
vinculada CORANTIOQUIA como parte pasiva, que es una entidad pública del
orden nacional, por lo que dispuso la remisión del expediente al Tribunal
Administrativo de Antioquia.
11. El Tribunal Administrativo de Antioquia asumió el conocimiento, absteniéndose
de declarar la nulidad de lo actuado, por considerar que no se vulneró el debido
proceso de las partes, mantuvo las medidas cautelares decretadas y concedió los
recursos de apelación que en contra de las mismas interpusieron en su
oportunidad el municipio de Medellín y las Universidades Pontificia Bolivariana y
de Medellín.
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12. Los recursos de apelación fueron resueltos por el Consejo de Estado, Sección
Primera, en auto interlocutorio dictado el 16 de octubre de 2014, en el que se
resolvió:
“PRIMERO. CONFÍRMASE el auto de 2 de agosto de 2013, proferido por el
Juzgado Veinticuatro Administrativo Oral de Medellín.
SEGUNDO. ADICIÓNASE el auto de 2 de agosto de 2013, como sigue:
1.4. ORDÉNASE al Municipio de Medellín, que de forma previa a la realización
de la evacuación de las viviendas e infraestructura en situación de riesgo, así
como la correspondiente reubicación, en aras de asegurar la garantía de los
derechos fundamentales de las familias que se encuentran asentadas en las
zonas de alto riesgo de la quebrada La “Picacha”, a más tardar dentro del mes
siguiente a la ejecutoria de la presente providencia, (i) realice una
caracterización de dichas familias; (ii) identifique de manera concreta las
soluciones habitacionales para estas; (iii) socialice con ellas las medidas a
adoptar; y (iv) convoque a la Defensoría del Pueblo para que en el marco de
sus funciones acompañe el proceso de evacuación y reubicación. Esta etapa
previa deberá desarrollarse a más tardar dentro de los tres (3) meses
siguientes a la ejecutoria de la presente providencia.”
13. Lo anterior, al aplicar al caso concreto el principio de precaución y encontrar
acreditada la posible amenaza que enfrentan las familias que habitan en las
inmediaciones de la quebrada La Picacha.
14. Al respecto, la Sección Primera del Consejo de Estado, tuvo en cuenta los
principios de apariencia de buen derecho y peligro por la posible demora, que se
traduce en el riesgo que representa para el objeto del proceso el paso del tiempo,
por la posible consumación del daño.
15. El expediente regresó al tribunal de origen el 23 de abril de 2015, el cual dictó
auto de obedecimiento a lo dispuesto por el superior el 27 de abril siguiente.
16. El 25 de junio de 2015, la parte actora del referido medio de control solicitó que
se iniciara incidente de desacato por el incumplimiento de las órdenes impartidas
en el auto que decretó las medidas cautelares, en relación con el cual, previa
vinculación del Instituto Social de Vivienda de Medellín - ISVIMED, se decretó la
formal apertura, según auto del 16 de octubre de 2015.
17. El incidente de desacato se resolvió en auto dictado el 6 de abril de 2016, en el
que se declaró que el municipio de Medellín desacató las órdenes dictadas por el
Juzgado Veinticuatro Administrativo del Circuito de Medellín el 2 de agosto de
2013, adicionadas por el Consejo de Estado – Sección Primera, en proveído del
14 de octubre de 2014.
18. Como consecuencia de lo anterior, se sancionó al exalcalde Aníbal Gaviria
Correa, en contra de quien se abrió el incidente de desacato, de conformidad con
el artículo 41 de la Ley 472 de 1998, con multa equivalente a cinco (5) salarios
mínimos legales mensuales vigentes, a favor del Fondo para la Defensa de
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Derechos e Intereses Colectivos. Igualmente se requirió a quien lo reemplazó en
el cargo para que cumpliera las órdenes impartidas, esto es, a Federico Andrés
Gutiérrez Zuluaga.
19. La decisión sancionatoria se remitió al Consejo de Estado para que se surtiera
el grado jurisdiccional de consulta, Corporación que, mediante auto del 15 de
diciembre de 2017, revocó la sanción impuesta, por considerar que “como quiera
que el señor Aníbal Gaviria Correa se desempeñó como Alcalde del Municipio de Medellín
en el periodo de 2012 – 2015, no resulta procedente imponerle sanción pecuniaria alguna
en tanto no funge en la actualidad como representante legal de la entidad territorial que
incumplió las órdenes impartidas en las providencias de 2 de agosto de 2013 y 16 de
octubre de 2014, proferidas respectivamente por el Juzgado Veinticuatro Administrativo
del Circuito de Medellín y la Sección Primera del Consejo de Estado.”
20. En la misma providencia, le ordenó al a quo que, de manera inmediata, iniciara
un nuevo incidente de desacato en contra de Federico Andrés Gutiérrez Zuluaga,
quien es la persona que ostentaba el cargo de alcalde de Medellín, decidiendo el
tribunal requerir un informe previo a la apertura del incidente.
21. La actuación principal siguió igualmente el trámite y en ella se corrió traslado
para alegatos de conclusión y para concepto del Ministerio Público, según auto
expedido el 18 de noviembre de 2016 y se dictó sentencia el 28 de junio de 2017,
en la que se resolvió, entre otros aspectos, lo siguiente:
“[…] QUINTO: Se ordena proteger los derechos colectivos al goce de un
medio ambiente sano, la seguridad y salubridad públicas, el acceso a una
infraestructura de servicios que garantice la salubridad pública, el derecho a la
seguridad y prevención de desastres previsibles técnicamente y la realización
de las construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos respetando las
disposiciones jurídicas, de manera ordenada, y dando prevalencia al beneficio
de la calidad de vida de los habitantes.
[…]
SÉPTIMO: En consecuencia, se ordena al Municipio de Medellín, realizar, de
manera urgente, el censo poblacional, a fin de determinar con exactitud
alrededor de toda la Quebrada y no únicamente en un sector de ella, cuáles
familias se encuentran en zonas de riesgo mitigables y zonas de riesgo no
mitigables, para ello es necesaria la intervención del DAGRD. Para ello, se le
concede al Municipio el término de quince (15) días contados a partir de la
ejecutoria de esta sentencia, para que acredite el cumplimiento del mismo.
Este censo, por supuesto, no se limita al sector de la Playita, como lo ha
pretendido mostrar el Municipio, ya que, también está probado en el
expediente, que se encuentran en riesgo las familias que habitan en forma
aledaña a los barrios Ciprés, Las Mercedes, Belén, Las Violetas, San pablo
Belén – Vereda Aguas Frías (Altavista Comuna 70), Vereda Aguas Frías Parte
Alta (Comuna 70), por lo cual, es necesario censarlas así como a toda la
población aledaña que se encuentre en situación de riesgo. Adicionalmente,
debe realizarse un censo con enfoque diferencial, teniendo en cuenta qué
familias deben evacuar de manera temporal y cuáles de manera definitiva, por
lo cual, en su actividad, el ISVIMED, no puede imponer trabas de tipo
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administrativo que impida el acceso al subsidio de vivienda a las personas que
requieran ser evacuadas, es decir, que, en tanto y en cuanto el DAGRD
determine que la vivienda debe ser evacuada de manera definitiva, el
Municipio debe ofrecerle una solución habitacional definitiva. De la misma
manera, deben ofrecerse soluciones habitacionales temporales a quienes se
encuentren en situación de riesgo temporal o mitigable. Una vez se sepa
cuáles familias, por su situación de riesgo, deben ser desalojadas, el Municipio
de Medellín debe tomar las siguientes medidas, con el acompañamiento de la
Secretaría de Mujeres del Municipio, así como de la Personería de Medellín y
la Secretaría de Gobierno Municipal:
i) Notificar a los interesados debidamente del plan que se llevará a cabo (1
mes después del censo).
ii) Difundir información previa relevante para el proceso, que incluya una
propuesta de restablecimiento de viviendas (1 semana después del punto i)
iii) Proveer un tiempo razonable para la revisión del Plan (15 días después del
punto ii).
iv) Proveer asesoramiento técnico y jurídico a las personas afectadas por el
desalojo (1 mes después del punto iii).
v) Celebrar audiencias populares para ofrecer a los particulares afectados, “la
oportunidad de criticar la decisión de desalojo forzado y/o de presentar
propuestas alternativas de desalojo forzado” (1 semana después del punto iv).
vi) Ofrecer soluciones habitacionales definitivas en caso de desalojo
(únicamente a quienes tengan recomendación por parte del DAGRD de
evaluación definitiva) (A lo anterior, no podrá oponer situaciones técnicas o
actos administrativos que den al traste con la garantía de los derechos
fundamentales de quienes serán desalojados) (2 meses después del punto
anterior).
vii) Cualquier desalojo, que debe estar justificado en que los moradores de
esas viviendas se encuentren en situación inminente de riesgo, debe cumplir
con los trámites anteriores y contar con la presencia de la Defensoría del
Pueblo, además de que el Municipio tiene el deber de habilitar servicios
esenciales de salud, seguridad, confort, alimentación, vivienda a precios
asequibles; alojamientos seguros y habitables; un espacio adecuado para
para la protección contra el frío y la lluvia y una ubicación que permita acceder
a establecimientos educativos, de salud, centros de cuidado para niños y
oportunidades laborales.
Se advierte al Municipio que, en cualquiera de estas acciones debe actuar con
sumo cuidado, a fin de evitar que estas personas se conviertan en indigentes
y sin hogar, expuestos a otras violaciones de derechos humanos. Todas estas
medidas deben ser llevadas a cabo teniendo en cuenta la participación de las
mujeres, en especial, de las madres cabeza de familia que residan en el
sector.
OCTAVO: Se ORDENA al ISVIMED, previo censo por parte del DAGRD,
otorgar SOLUCIÓN habitacional permanente, a las personas que se
encuentren en situación de riesgo inminente y evacuación definitiva, que se
encuentre en la PICACHA y que requieran ser desalojadas de manera
perentoria, porque su vida se encuentra en peligro, sin oponerles como
negativa el contenido del Decreto 2339 de 2013, o cualquier otras
disposiciones (sic) cuyo contenido contrarie el alcance de los derechos
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constitucionales fundamentales.
NOVENO: Se ORDENA al Municipio de Medellín, contar con sistemas de
alertas tempranas con el fin de evitar o mitigar los desastres naturales, que,
teniendo en cuenta el nivel de vulnerabilidad de la comunidad que residen en
el territorio, deben informar oportunamente sobre la posibilidad de ocurrencia
de un evento que pueda causar daño a la comunidad.”
22. El Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín interpuso recurso de
apelación contra la sentencia referida, el cual fue concedido mediante auto dictado
el 9 de junio de 2021, en el efecto suspensivo. En el proceso igualmente se solicitó
la aclaración y la adición de la sentencia.
23. El a quo de la acción popular, en autos proferidos el 23 de febrero de 2021,
decidió: i) negar las solicitudes de aclaración y adición de la sentencia,
presentadas por el municipio de Medellín; ii) negar la petición de aclaración de la
sentencia presentada por el ISVIDED; y iii) adicionar la parte resolutiva de la
sentencia, en el sentido de modificar el numeral décimo tercero del fallo, el cual
quedó así: “Conformar el Comité de Verificación del cumplimiento de la sentencia con el
magistrado ponente de la presente providencia, un delegado de los coadyuvantes, un
delegado de la Defensoría del Pueblo, un Delegado del Municipio de Medellín, un
delegado de CORANTIOQUIA, un delegado del Área Metropolitana del Valle del Aburrá y
un delegado del ISVIMED.”
24. El 9 de junio de 2021, el referido despacho judicial: i) requirió al alcalde de
Medellín para que informara sobre el cumplimiento de la medida cautelar; y ii)
concedió en efecto suspensivo el recurso de apelación.
25. El 3 de diciembre de 2021, el Consejo de Estado – Sección Primera ajustó al
efecto devolutivo el recurso de apelación interpuesto y dispuso comunicar la
decisión al Tribunal Administrativo de Antioquia.
26. El 11 de agosto de 2021, la Defensoría del Pueblo solicitó que se diera
apertura al incidente de desacato en contra del actual alcalde de Medellín Daniel
Quintero. Posteriormente, el 6 de octubre de la citada anualidad el ente de control
pidió que se citara al Comité de Verificación del cumplimiento del fallo.
27. Estas últimas solicitudes se encuentran al despacho del magistrado Ponente
del Tribunal Administrativo de Antioquia para resolver.
1.4. Sustento de la vulneración
28. Los accionantes informaron que, en los meses de junio y septiembre de 2021,
las familias que se encuentran pendientes de ser reasentadas fueron citadas por
el ISVIMED para informales que no podían acceder al proyecto La Playita; que el
valor de las soluciones ya no correspondía a vivienda de interés prioritario (VIP),
sino a vivienda de interés social (VIS) y que las normas que regulan la materia no
les permiten asignarles subsidios.
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29. En virtud de lo anterior, les ofrecieron otros proyectos o acogerse a vivienda
usada, de tal manera que continúan esperando una solución.
30. Citaron el caso de los señores Alejandra María Rojas Penagos y Óscar de
Jesús Rojas Gil, a quienes el ISVIMED, mediante oficio del 21 de junio de 2021,
les informó que no pueden optar por la solución de vivienda en el proyecto “La
Playita”, sin completar el valor restante, en aplicación del Decreto 1053 de 2020,
expedido por el municipio de Medellín, por el cual se reglamenta el Acuerdo 05 de
2020, sobre la administración del subsidio municipal de vivienda, el cual establece
la cuantía destinada a la población sujeta a reasentamiento, por habitar zona de
alto riesgo no mitigable, que, en el caso particular, sería el precepto aplicable,
cuyo contenido normativo cuestionaron en esta sede.
31. Agregaron que, al accionante Sebastián Monsalve Caro pretenden incluirlo en
el grupo familiar en el cual fue censado cuando era menor de edad, no obstante
que el mismo conformó un nuevo núcleo con su compañera permanente Ckeisy
Jhen Ramos Castrillón, unión de la cual tienen dos hijas María José Monsalve
Ramos y María Antonia Monsalve Ramos, por lo que consideran que se le debe
brindar una solución de vivienda en forma independiente.
32. Se refirieron a la situación de Tania Shirley Espinoza Osorio, indicando que,
no obstante que en el año 2014 se le censó como jefe de hogar junto con su hija
Mariana Betancur Espinosa, se le está negando el subsidio, con fundamento en la
norma jurídica que regula actualmente la materia, y, adicionalmente, porque
aparece como hija de Flor del Socorro Obando Moncada, admitiéndose que se
postule como parte de ese grupo familiar, al cual no pertenece.
33. Sin embargo, con respecto a esta accionante indicaron que presentó una
acción de tutela, entre los meses de agosto y septiembre de 2017, la cual le fue
negada en primera instancia y confirmada en sede de impugnación por haber
considerado el despacho judicial que no era este el mecanismo para controvertir
actos administrativos y que se podía unir al grupo familiar en el que se encontraba
registrada que corresponde a su vecino, con quien no comparte baño ni cocina.
34. En el escrito por medio del cual subsanaron la demanda, los accionantes
precisaron que la presente acción de tutela se dirige contra las actuaciones y
omisiones del Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín (ISVIMED) y del
municipio de Medellín, con ocasión del proceso de reasentamiento de La Playita.
35. Argumentaron que, desde el año 2016, las entidades administrativas referidas
fueron declaradas en desacato en el proceso que cursa en el Tribunal
Administrativo de Antioquia y continúan incumpliendo “las órdenes confirmadas y
adicionadas por el Consejo de Estado”.
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36. Afirmaron que el 28 de junio de 2017, se dictó sentencia en la acción popular,
en la cual se ampararon los derechos colectivos invocados y, en consecuencia, se
dispuso que el Municipio de Medellín debía realizar el censo poblacional alrededor
de La Picacha, con el objetivo de determinar cuáles familias se encontraban en
zonas de riesgo mitigable y no mitigable.
37. La orden en cuestión se debía cumplir dentro de los quince (15) días
siguientes a la ejecución de la sentencia, con la ayuda del Departamento
Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres – DAGRD, para que realizaran
un enfoque diferencial y de esa manera se determinara qué familias debían
evacuar temporalmente y cuáles debían hacerlo definitivamente.
38. Indicaron que, pese a que el Tribunal Administrativo de Antioquia profirió
sentencia favorable el 28 de junio de 2017 ello no se ha hecho efectivo, además
de que se desconocen, entre otros factores, el enfoque de género y la condición
de familias desplazadas por el conflicto armado.
39. Consideraron que no se les debía aplicar el artículo 34 del Decreto 1053 de
2020 expedido por el municipio de Medellín, por afectar el derecho a la
participación1, porque con la expedición de esta norma cambiaron las condiciones
para acceder a la vivienda, con lo cual se afectó el principio de confianza legítima
y se han desconocido las diferentes reuniones y acompañamiento que ha
efectuado la Veeduría ciudadana con respecto al cumplimiento estricto del fallo
dictado en la acción popular.
40. Aclararon que, el cambio en las condiciones para el reasentamiento de las
familias modifica las órdenes impartidas en los autos por medio de los cuales se
decretaron las medidas cautelares y que ello se realizó sin la aquiescencia del
magistrado del Tribunal Administrativo de Antioquia que tiene a su cargo la
dirección del proceso.
41. Reconocieron que el mecanismo idóneo para el trámite de estas solicitudes es
el incidente de desacato, pero consideran que, dada la calidad de los derechos
involucrados y el posible perjuicio que podrían sufrir las familias con ocasión de la
aplicación del Decreto 1053 de 2020 que no les garantiza acceder al subsidio de
vivienda en las condiciones concertadas, el tema se debe abordar a través de la
acción de tutela.
42. Advirtieron que el informe presentado por la Defensoría del Pueblo el 11 de
agosto de 2021 al Tribunal Administrativo de Antioquia acredita que la actuación
del ISVIMED contraría abiertamente las providencias judiciales que dispusieron las
medidas cautelares, sin que a las solicitudes presentadas por el ente de control se
1 Sobre este aspecto, los actores señalaron que “el artículo 34 del Decreto 1053 de 2020 afecta
directamente la protección del derecho fundamental a la participación por cuanto como quedó
suficientemente explicado y probado, esta norma ha sido fundamental para desconocer los
acuerdos y el proceso de participación”.
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le haya dado trámite por parte del Tribunal, el cual ha tardado más de tres años
para resolver las peticiones de los intervinientes.
43. Finalizaron su escrito afirmando que hasta el 8 de noviembre de 2021 el
ISVIMED no ha asignado las viviendas a las familias que presentan la acción de
tutela ni a las que se les ofreció una solución distinta al proyecto de La Playita en
el Plan Parcial de Belén Rincón.
44. Informaron que, actualmente el referido instituto de vivienda tiene una
convocatoria abierta para entregar el proyecto La Playita a organizaciones
populares de vivienda o a juntas de vivienda comunitaria, “con lo cual se comprueba
que el proyecto que una vez fue asignado al cumplimiento de la medida cautelar de la
acción popular se destinó a un objeto distinto.”
1.5. Actuaciones procesales relevantes
1.5.1. Auto inadmisorio de la demanda
45. Mediante auto de ponente, dictado el 2 de noviembre de 2021, se inadmitió la
demanda de tutela. Lo anterior por considerarse que no se explicaron, en forma
clara y precisa, el interés de cada uno de los accionantes en la actuación ni las
razones por las cuales la autoridad judicial y las entidades administrativas
vulneraron los derechos fundamentales y qué medida lo realizaron cada una de
ellas.
46. Se señaló que se advertía confusión respecto de si la acción de tutela se dirige
contra las decisiones judiciales adoptadas por el Tribunal Administrativo de
Antioquia o por la omisión en el cumplimiento por parte de las autoridades
accionadas.
1.5.2. Auto admisorio
47. Con fundamento en el escrito por el cual se subsanó la demanda, esta se
admitió por auto dictado el 29 de noviembre de 2021, en el cual se dispuso la
notificación a los accionantes, a los magistrados del Tribunal Administrativo de
Antioquia, al municipio de Medellín y al Instituto Social de Vivienda y Hábitat de
Medellín (ISVIMED) como autoridades judiciales y administrativas accionadas.
48. En la misma providencia se dispuso vincular en calidad de terceros con interés
jurídico legítimo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 13 del Decreto Ley
2591 de 1991, al Juzgado 24 Administrativo del Circuito Judicial de Medellín y a
los magistrados del Consejo de Estado - Sección Primera, autoridades judiciales
que conocieron la acción popular con radicación 05001-23-33-000-2013-01310-00.
Así mismo se ordenó notificar a CORANTIOQUIA, al Área Metropolitana del Valle
de Aburrá, a la Secretaría de Hacienda del Municipio de Medellín, al Concejo de
Medellín, a la Defensoría del Pueblo, a la Alianza Fiduciaria, a la Unión Temporal
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H.I: “Construcción del Proyecto habitacional de Interés Prioritario denominado La
Playita, al Comité Ciudadano de Obra del proyecto constructivo “La Playita” en el
Plan Parcial de Belén Rincón, a la Clínica Jurídica de la Universidad de Medellín, a
la Defensora Regional de Antioquia, a la Personería municipal de Medellín y los
funcionarios que conforman el Comité de Verificación del Cumplimiento del fallo.
49. También se ordenó vincular a la presente acción y notificar efectivamente a los
demás sujetos procesales que fungieron en calidad de demandantes,
demandados, terceros con interés y coadyuvantes en la acción popular con
radicado 05001-23-33-000-2013-01310-00.
1.5.2. Intervenciones de las autoridades accionadas y de los terceros
vinculados
En su orden, se recibieron las siguientes intervenciones:
1.5.2.1. Defensoría del Pueblo
50. La Defensora del Pueblo de la Regional de Antioquia informó que conoció
sobre la difícil situación de los habitantes del sector La Playita y demás viviendas
localizadas en la rivera de la quebrada La Picacha con ocasión de la solicitud de
intervención que realizó el 3 de junio de 2021 la Clínica Jurídica de la Universidad
de Medellín.
51. Con fundamento en esa solicitud llevó a cabo una reunión a la que únicamente
comparecieron beneficiarios de la acción popular y, posteriormente, realizó una
visita en la zona de influencia, de la cual concluyó que “se venía presentando un
incumplimiento a las órdenes expedidas como MEDIDA CAUTELAR proferida por el
Juzgado 24 Administrativo Oral del y adicionada por el Consejo de Estado el 16 de
octubre de 2014.”
52. Agregó que, con fundamento en lo anterior, el 9 de agosto de 2021 le solicitó
al Tribunal Administrativo de Antioquia que iniciara incidente de desacato y que
convocara al Comité de Verificación del Cumplimiento de la sentencia, peticiones
que a la fecha no han sido resueltas, por lo que entiende la inquietud de la
comunidad que no ha recibido un tratamiento adecuado de las autoridades
administrativas encargadas de dar alcance al fallo.
53. Allegó al proceso el registro fotográfico, copia del convenio celebrado por el
municipio y las solicitudes que presentó ante el Tribunal Administrativo de
Antioquia.
1.5.2.2. Solicitud de coadyuvancia presentada por Juliana Vélez Echeverry,
asociada al Reading Centre for Climate and Justice adscrito a la Universidad
de Reading – Reino Unido
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54. La ciudadana Juliana Vélez Echeverry, quien manifestó tener la calidad de
asociada del Reading Centre for Climate and Justice adscrito a la Universidad de
Reading – Reino Unido, condición en la que coadyuva la pretensión de tutela.
55. Informó que el centro al cual se encuentra adscrita es una plataforma de
trabajo que investiga problemas sociales causados por los impactos del cambio
climático desde un enfoque de justicia, con el objetivo de proveer herramientas a
agentes de cambio para la búsqueda de soluciones que protejan y beneficien a las
poblaciones más vulnerables a los efectos del cambio climático.
56. Solicitó que se protegieran los derechos a la vivienda digna de los accionantes
que –en su sentir– se encuentran “vulnerados por el incumplimiento de la ejecución de
un proceso de reasentamiento con un enfoque de derechos, materializado en los
numerosos retrasos en la construcción del proyecto habitacional La Playita y la posterior
exclusión de los accionantes de ese plan de vivienda. Ello ha generado una situación de
desarraigo y rompimiento de las redes de apoyo comunitarias que son indispensables
para la supervivencia y bienestar de los accionantes.”
57. Advirtió que el incumplimiento de las órdenes lleva más de siete (7) años,
contados desde el mes de julio de 2014, oportunidad en la que se resolvió por
parte de la Sección Primera del Consejo de Estado el recurso de apelación. Se
refirió ampliamente a los riesgos que conlleva un reasentamiento realizado como
lo están efectuando las entidades administrativas, sin tener en cuenta que el
riesgo de inundación puede ser menor al que implica el desarraigo y el abandono
de las familias.
1.5.2.3. Alianza Fiduciaria
58. La entidad, por intermedio de la apoderada general para asuntos judiciales,
presentó informe en el que señaló que, el 23 de diciembre de 2015, se celebró
contrato de fiducia en la modalidad de administración y pagos (SIGED M459121),
por medio del cual se creó el Fideicomiso La Playita.
59. Solicitó que se niegue la petición de amparo y precisó que solo actuó como
vocera y administradora del fideicomiso pero que no administra los subsidios de
vivienda, por lo que no es la entidad que vulneró los derechos fundamentales de
los accionantes.
1.5.2.4. Consejo de Estado – Sección Primera
60. El magistrado que tiene a su cargo la segunda instancia del medio de control
de protección de derechos e intereses colectivos informó el trámite que se le ha
impartido al proceso en primera y segunda instancia y las actuaciones que se
llevaron a cabo en el incidente de desacato por parte del Tribunal Administrativo
de Antioquia y por esa corporación en grado jurisdiccional de consulta.
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61. Se refirió a las pretensiones de la demanda y consideró que no involucraban a
la Sección Primera del Consejo de Estado, por lo que solicitó que se declarara la
falta de legitimación en la causa y, en su defecto, se negaran las pretensiones de
la demanda.
62. Con respecto a la primera solicitud, señaló que la tutela no tiene por objeto el
desconocimiento o la amenaza de un derecho fundamental como consecuencia de
las decisiones proferidas por esa Sección. Agregó que, no le corresponde tramitar
ni decidir si las autoridades competentes han cumplido la medida cautelar
decretada ni imponer una sanción.
1.5.2.5. Instituto Social de Vivienda y Habitad de Medellín - ISVIMED
63. La subdirectora jurídica de la entidad rindió informe, según escrito radicado el
9 de diciembre de 2021, en el que señaló las órdenes impartidas en la sentencia
de primera instancia dictada por el Tribunal Administrativo de Antioquia que
amparó los derechos colectivos de las familias que residen en las inmediaciones
de la quebrada La Picacha.
64. Señaló que, para dar cumplimiento a las medidas cautelares decretadas y,
posteriormente, al fallo dictado en la acción popular, la entidad diseñó e inició la
ejecución del proyecto habitacional La Playita, siendo el ISVIMED, el competente
para asignar los subsidios municipales de vivienda a la población afectada, de
acuerdo con lo establecido en el Decreto 2339 de 2013, el cual fue derogado por
el Decreto 1053 de 2020, actualmente vigente.
65. Precisó que, desde el año 2018 el instituto ha venido realizando la calificación
de las familias a quienes se les deben asignar unidades habitacionales en el
proyecto La Playita. Afirmó que, sin embargo, al revisar los condicionamientos de
atención de la población afectada por la quebrada La Picacha, “inicialmente
pensada para reubicar en el proyecto indicado, la entidad encontró que la misma se
enmarca como afectados por desastre natural, antropogénico o por calamidad y su
atención debe ser en su integridad o hasta completar el 100% de la solución habitacional
con subsidio de vivienda según lo descrito en el artículo 34 del Decreto Municipal 1053 de
2020, es decir, se entrega subsidio para adquirir una vivienda sin superar el tope VIP de
90 SMLMV.”
66. Argumentó que, al examinar nuevamente los estudios y diseños del proyecto
habitacional, encontró que las unidades de vivienda superan los 90 SMLMV, por lo
que solo pueden ser asignadas a la población “de demanda libre”, descartando a
los beneficiarios de la sentencia dictada en la acción popular, pues -según la
entidad- se requiere hacer cierre financiero, incluyendo aporte familiar u otros
subsidios de vivienda para, con ello, hacer viable el proyecto y disminuir los
riesgos que impidan su ejecución.
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67. Señaló que, en el mes de junio de 2021 citó a los hogares para brindarles
información frente al proyecto y les notificó que solo se les podían entregar
unidades en este si pagaban la suma de $54.511.560 pesos, como diferencia
entre el subsidio al cual tenían derecho y el valor de los apartamentos en el
conjunto residencial La Playita.
68. En ese orden, los hogares pueden esperar a que se termine la construcción de
ese proyecto, pagando la diferencia entre el subsidio y el valor real de las
unidades u optar por vivienda nueva en el proyecto Tierra Paraíso en el sector de
San Javier, en el que se les entregaría una unidad por 90 SMLMV, con un aporte
de $0 o, en su defecto, pueden acceder a vivienda usada en igual cuantía.
69. Aclaró que, lo anterior en aplicación de la nueva normatividad contenida en el
Decreto 1053 de 2020, que establece las condiciones para el otorgamiento de los
subsidios.
70. Sobre las soluciones de vivienda efectivamente ofrecidas, certificó que “De los
ciento seis (106) hogares registrados en la resolución 462 de 2014 “Por la cual el Instituto
Social de Vivienda y Hábitat de Medellín - Isvimed, adopta la línea base que identifica la
población del área de influencia del reasentamiento por desastre del sector la Playita,
Quebrada la Picacha del Corregimiento Belén AltaVista, sector Aguas Frías, de la ciudad
de Medellín”, se han brindado treinta y dos (32) soluciones definitivas de vivienda y
estarían pendientes de recibir solución definitiva un total de cincuenta y cuatro (54)
hogares, esto toda vez que nueve (9) hogares registran como meros tenedores y once
(11) hogares no cumplen con los requisitos exigidos por la norma que regula la
administración del subsidio de vivienda.”
71. Se refirió a los hechos de la demanda de tutela, aceptando algunos y
aclarando otros e informó la situación particular de los actores de la presente
acción.
72. Aceptó como cierto que Sebastián Monsalve Caro es beneficiario junto con su
madre Flor Mireya Caro del programa de reasentamiento, sin embargo, “por dicha
razón no puede reconocerse como hogar independiente al que conforma junto con su
compañera permanente CKEISY JHEN RAMOS CASTRILLON identificada con número
de cedula 1.152.467.254, y sus hijas MARIA JOSE MONSALVE RAMOS y MARIA
ANTONIA MONSALVE RAMOS, pues ya tiene un beneficio adquirido.”
73. Transcribió la respuesta entregada por la entidad frente a la petición
presentada por el accionante, encaminada a obtener el reconocimiento de un
derecho independiente del grupo familiar en el que fue censado.
74. Señaló que la accionante Tania Shirley Espinoza Osorio no cumple con los
requisitos establecidos para ser beneficiaria del subsidio de vivienda, dado que fue
remitida como integrante de otros grupos familiares, no habitaba el territorio al
momento de la evacuación y tiene la vivienda arrendada.
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75. Indicó que la referida accionante presentó una acción de tutela previa por los
mismos hechos, la cual fue negada en primera instancia y en sede de
impugnación, por cuanto se estaban cuestionando actos administrativos que se
ajustaban a la legalidad, lo cual tornaba improcedente la acción. Indicó que el
proceso cursó en el Juzgado Catorce Penal Municipal con Funciones de Control
de Garantías – Rad. 2017-170.
76. La referida acción de tutela fue declarada improcedente en fallo dictado el 4 de
septiembre de 2017, confirmado el 9 de octubre de 2017 por el Juzgado Décimo
Penal del Circuito Judicial de Medellín, autoridad que estudió el fondo del asunto
para advertir que no existió vulneración de los derechos alegados porque la
accionante formaba parte de un grupo familiar diferente y así quedó consignado
en las fichas técnicas que levantó el DADRD.
77. Aclaró que Olga Lucía Echeverry, no hace parte de la acción popular, ni de la
Resolución 642 de 2014, es una líder del sector. Por su parte, el señor Félix
Antonio García, tiene la calidad de accionante en el medio de control de protección
de derechos e intereses colectivos, pero no hace parte de la Resolución N.o
000642 de 2014, siendo igualmente un líder comunitario, argumentos con ocasión
de los cuales consideró que no les asiste legitimación en la causa en esta acción
de tutela en la que se pretende la garantía de derechos fundamentales de los
cuales no son titulares.
78. Certificó que los señores Alejandra María Rojas Penagos y Santiago Blandón
Rojas, madre e hijo han recibido asesoría de la entidad sobre el estado de su
postulación, lo cual ha quedado consignado en la ficha técnica elaborada por los
funcionarios de la institución. Expuso las razones por las cuales la beneficiaria no
solo no aceptó la oferta habitacional, sino que tampoco compareció a las
convocatorias realizadas por la entidad a diligenciar los formularios de postulación
al subsidio, los cuales eran necesarios como parte del trámite administrativo.
79. Precisó que el señor Óscar de Jesús Rojas Gil es el cónyuge de María Leonor
Penagos Montoya, núcleo familiar con respecto al cual acreditó la asesoría
brindada y la falta de diligenciamiento de los formularios exigidos para la
postulación al subsidio. Acreditó las ofertas de vivienda realizadas, las cuales se
encuentran pendientes de aceptación.
80. Con respecto a la accionante Olga Lucía Pinillos Muñoz, quien figura como
jefe de hogar, se indicó que en el SIFI aparece la siguiente información:
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81. No obstante, no explicó si se le había efectuado entrega o no del subsidio o de
la solución de vivienda para completar el reasentamiento.
82. En relación con María Fabiola Muñoz Pino, madre de Olga Lucía Pinillos
Muñoz, certificó que recibieron una vivienda usada, lo cual acreditaron con los
reportes del sistema:
83. Con respecto a “FROILAN DE JESÚS PINILLOS MUÑOZ, se informa que su madre
es MARIA FABIOLA MUÑOZ PINO. Sin embargo, no cumple diferentes requisitos para
acceder al subsidio, dado que fue remitido como integrantes de otros grupos familiares,
no habitaban el territorio al momento de la evacuación y tiene la vivienda arrendada, no
acreditó tenencia o adquirieron el inmueble luego del evento que recomendó la
evacuación. A continuación, se muestra que en la ficha social que reposa en SIFI se
indicó que la vivienda que ocupaba al momento de los hechos que dieron origen a la
acción popular estaba arrendada.” (Sic para lo transcrito)
84. Para acreditar lo anterior, incluyó la siguiente ficha técnica:
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85. Indicó que, por las mismas razones Yuli Durán Zúñiga, esposa de Froilán de
Jesús Pinillos Muñoz, puede ser atendida por el ISVIMED.
1.5.2.6. Tribunal Administrativo de Antioquia
86. El magistrado sustanciador de la acción popular informó el trámite que le ha
dado al proceso y señaló que los cuestionamientos se dirigen contra las
actuaciones y omisiones de las autoridades administrativas y no de ese Tribunal.
87. Indicó que ha venido recaudando numerosas pruebas y que el expediente es
muy voluminoso, tiene más de diez cuadernos y tuvo que ser digitalizado con
recursos propios del magistrado.
88. Advirtió que si el proceso ha presentado alguna demora ello obedece a que
tiene una significativa carga laboral y cuenta con cuatro empleados para un
volumen de 1083 procesos activos sin hacer mención a más de 1500 procesos
correspondientes a controles inmediatos de legalidad que fueron radicados en el
tribunal con ocasión de las declaratorias de los estados de excepción.
1.5.2.7. Corporación Jurídica Libertad
89. La Corporación Jurídica Libertad, por intermedio de su representante legal
solicitó ser reconocido como coadyuvante de la parte accionante. Afirmó que es
una organización defensora de derechos humanos que acompaña a víctimas del
conflicto armado y a personas en condiciones de vulnerabilidad.
90. Hizo referencia al derecho a la vivienda digna con fundamento en
pronunciamientos de la Corte Constitucional de los que señaló los requisitos de
procedencia de la acción de tutela para su protección efectiva.
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91. Argumentó que la falta de solución definitiva de vivienda por la mora en la
entrega del proyecto constructivo “La Playita” en el Plan Parcial de Belén Rincón
vulnera los derechos fundamentales a los sujetos de especial y reforzada
protección constitucional accionantes en la presente acción.
92. Agregó que, la falta de cumplimiento de la medida cautelar que ordena el
reasentamiento de las familias ubicadas en la microcuenca de la quebrada La
Picacha genera una violación al derecho a la participación en su concepción
política y democrática, “entendida como la posibilidad real y efectiva de decidir y en la
cual se incluyan de manera directa las formas de ser, sentir y habitar de las comunidades,
sino también a los derechos fundamentales aparejados en el proceso de reasentamiento y
que se encuentran conculcados.”
93. Se refirió a la vulneración del principio de confianza legítima toda vez que
siempre se le informó a la comunidad que tendría derecho al proyecto La Playita y
finalmente decidieron no adjudicarles viviendas en el mismo con fundamento en
una reglamentación proferida en el año 2020.
1.5.2.8. Área Metropolitana del Valle de Aburrá
94. Por intermedio de apoderado judicial debidamente constituido, contestó la
demanda de tutela afirmando que supone que fue vinculado por haber participado
en la acción popular. Sin embargo, advirtió que, en virtud de la forma como
aparecen redactados los hechos de la tutela, resulta evidente que lo solicitado por
los actores escapa a la órbita de competencia de la entidad, que no tiene a su
cargo la adjudicación de subsidios de vivienda ni la reubicación de los actores.
95. Hizo referencia a las normas de creación de la entidad y a las funciones que le
corresponde cumplir en el marco del artículo 319 de la Constitución Política y de la
Ley 1725 de 2013 orgánica de áreas metropolitanas.
96. Al margen de lo anterior señaló que la acción de tutela de la referencia es
improcedente por no concurrir el requisito de subsidiariedad. Lo anterior, por
considerar que “el no acceso a un subsidio de vivienda per se, no representa un perjuicio
irremediable; por lo que se debe probar por los accionantes -en cada caso en concreto-, la
afectación de los derechos fundamentales conculcados para cada familia con la negación
de dicho subsidio. Además, todos ellos cuentan con el desacato de la acción popular para
garantizar los derechos.”
1.5.2.9. Clínica Jurídica de la Universidad de Medellín
97. Por intermedio de su directora, como coadyuvante de la acción popular que dio
origen a las medidas cautelares, previo recuento sobre el contexto de vulneración
de los derechos colectivos que fueron amparados por el Tribunal Administrativo de
Antioquia señaló que “las actuaciones administrativas se identifican por una serie de
actuaciones informales, que carecen de un procedimiento claro y regulado sobre el
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manejo del acceso a la información y a la participación por parte de la población víctima, y
las garantías de sus derechos fundamentales durante todo el proceso de gestión del
desastre.”
98. Señaló que los procesos de reasentamiento no se limitan a la postulación para
subsidios de vivienda de población de escasos recursos y en el caso de La Playita
se trata de un proyecto asociado al cumplimiento de una medida cautelar proferida
por el Consejo de Estado en el marco de una acción popular que busca la
protección de los derechos de población vulnerable.
99. Advirtió que “se trata de medidas de protección de derechos que no están sometidas
al parecer o intereses de los funcionarios de turno que cambian las condiciones de los
procesos participativos, que irrespetan las decisiones judiciales y que no integran todos
los compromisos internacionales asumidos por el Estado colombiano tanto a partir la
Convención Marco de Cambio Climático, el Acuerdo de Paris y los marcos de adaptación,
y desde la Estrategia Internacional para la Reducción de Desastres (UN) en el Marco de
Acción de Sendai.”
1.5.2.10. El Juzgado 24 Administrativo del Circuito Judicial de Medellín,
CORANTIOQUIA, el municipio de Medellín, el Concejo de Medellín, el Comité
Ciudadano de Obra del proyecto constructivo “La Playita” en el Plan Parcial de
Belén Rincón, la Personería municipal de Medellín, los funcionarios que
conforman el Comité de Verificación del Cumplimiento del fallo y los demás
sujetos procesales que fungieron en calidad de demandantes, demandados,
terceros con interés y coadyuvantes en la acción popular con radicado 05001-23-
33-000-2013-01310-00 no presentaron intervenciones en el presente proceso, no
obstante estar debidamente vinculados y notificados.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
2.1. Competencia
100. Esta Sala es competente para conocer de la acción de tutela presentada por
Olga Lucía Echeverry y otros, con fundamento en los artículos 86 de la
Constitución Política, 37 del Decreto Ley 2591 de 1991, en el Decreto 1069 de
2015, modificado por el Decreto 333 de 2021, así como en el Acuerdo 080 de
2019 de la Sala Plena de esta Corporación.
101. Lo anterior, por cuanto a la acción de tutela se encuentran vinculados, entre
otros, el Tribunal Administrativo de Antioquia y el Consejo de Estado – Sección
Primera y, por ende, le corresponde el conocimiento a otra Sección de la misma
Corporación, en virtud de lo consagrado en el numeral 5º del artículo 2.2.3.1.2.1.
del Decreto 1069 de 2015.
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2.2. Cuestiones previas
2.2.1. Referida a las solicitudes de coadyuvancia presentadas por Juliana
Vélez Echeverry y por la Corporación Jurídica Libertad
2.2.1.1. Procedencia de la coadyuvancia en acciones de tutela
102. La figura jurídica de la coadyuvancia en la acción de tutela está
expresamente consagrada en el inciso 2º del artículo 13 del Decreto Ley 2591 de
1991, el cual señala que “Quien tuviere un interés legítimo en el resultado del proceso
podrá intervenir en él como coadyuvante del actor o de la persona o autoridad pública
contra quien se hubiere hecho la solicitud”.
103. Sobre este punto, la Corte Constitucional ha destacado que “(…) la
coadyuvancia surge en los procesos de tutela, como la participación de un tercero con
interés en el resultado del proceso que manifiesta compartir reclamaciones y argumentos
expuestos por el demandante de la tutela, sin que ello suponga que éste pueda realizar
planteamientos distintos o reclamaciones propias que difieran de las hechas por el
demandante (…)”2
104. También ha precisado que el coadyuvante es un tercero que tiene con una de
las partes una relación sustancial y que, por ello, indirectamente, puede verse
afectada si la parte a la que coadyuva obtiene un fallo desfavorable.3
105. En consecuencia, en la acción de tutela los terceros que solicitan la
vinculación al proceso deben acreditar un interés legítimo que depende de si el
resultado de la actuación puede afectarlos por la existencia de una relación
sustancial con las partes del proceso o porque también son titulares de los
derechos fundamentales que subyacen a la petición de amparo constitucional.
106. Esta Corporación ha considerado igualmente que la vinculación de terceros a
la acción de tutela, incluidos aquellos que se presentan como coadyuvantes exige
un único requisito “demostrar un interés legítimo en el resultado del proceso.” 4
2.2.1.2. Examen del interés legítimo de quienes solicitan ser reconocidos
como coadyuvantes
107. Al aplicar el contexto normativo y teórico referido en el acápite anterior, la
Sala advierte que la ciudadana Juliana Vélez Echeverry adujo tener la calidad de
asociada al Reading Centre for Climate and Justice adscrito a la Universidad de
Reading – Reino Unido5, señalando que se trata de una plataforma de trabajo que
2 Corte Constitucional, Sentencia T-070 del 1.03.2018, M.P. Alejandro Linares Cantillo
3 Corte Constitucional, Sentencia T-1062 del 16.12.2010, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
Reitera posición contenida en la sentencia T-304 de 1996
4 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera – Subsección “B”,
M.P. Gerardo Arenas Monsalve, Rad. : 25000-23-41-000-2014-01380-01(AC)
5 https://research.reading.ac.uk/centre-for-climate-and-justice/
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investiga problemas sociales causados por los impactos del cambio climático
desde un enfoque de justicia, con el objetivo de proveer herramientas a agentes
de cambio para la búsqueda de soluciones que protejan y beneficien a las
poblaciones más vulnerables a los efectos del cambio climático.
108. Cabe destacar que, si bien es cierto que el objeto de investigación de la
peticionaria y de la institución a la cual se encuentra adscrita guarda relación con
la problemática que se debatió ampliamente en el medio de control de protección
de derechos e intereses colectivos y con la fijación del contenido
constitucionalmente vinculante de estos derechos que se encontraron afectados,
también lo es que entre la interviniente y los accionantes no existe una relación de
carácter sustancial ni la misma es titular de los derechos fundamentales a la vida,
la integridad personal y la vivienda cuya protección solicitaron los accionantes.
109. Lo anterior, en consideración a que no hizo parte en la acción popular y
tampoco está incluida en el censo que dio lugar a la expedición de la Resolución
462 de 2014 “Por la cual el Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín - Isvimed,
adopta la línea base que identifica la población del área de influencia del reasentamiento
por desastre del sector la Playita, Quebrada la Picacha del Corregimiento Belén AltaVista,
sector Aguas Frías, de la ciudad de Medellín” actuaciones judicial y administrativa de
las que surgieron los derechos fundamentales que son objeto de la presente
acción.
110. En consecuencia, no se evidencia el interés jurídico claro, preciso y concreto
que se requiere para aceptar la intervención de un tercero a título de coadyuvante
en sede de tutela, lo que torna imperativo negar la solicitud, no sin antes advertir
que sus argumentos y las consideraciones y lineamientos contenidos en su
intervención serán valorados como conceptos por este juez constitucional para
adoptar las decisiones correspondientes.
111. Igual situación acaece con respecto a la Corporación Jurídica Libertad,
organización encargada de la defensa de los derechos humanos de víctimas del
conflicto armado y de desastres naturales, en quienes no se encuentra radicado
un derecho individual ni tienen un vínculo jurídico particular y concreto con los
accionantes de la presente tutela.
112. En consecuencia, al igual que en el caso anterior se negará la coadyuvancia
pero su intervención se tendrá como garantía del derecho a la participación y por
los significativos aportes teóricos para la solución del caso concreto, pues se
advierte la concreción del principio de solidaridad en su intervención en este
proceso.
2.2.2. Relacionada con la excepción de falta de legitimación en la causa
propuesta por el Consejo de Estado – Sección Primera, Alianza Fiduciaria y
el Área Metropolitana del Valle de Aburrá
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113. El Consejo de Estado – Sección Primera, Alianza Fiduciaria y el Área
Metropolitana del Valle de Aburrá presentaron como excepción la falta de
legitimación en la causa y solicitaron ser desvinculados de la presente acción de
tutela por considerar que los supuestos fácticos en los que se fundamenta la
solicitud no guardan relación con acciones u omisiones que les resulten
imputables.
114. Precisaron que no están llamados a proteger los derechos fundamentales
que los accionantes consideraron vulnerados y, en esa medida, no les asiste
responsabilidad alguna.
115. Al respecto la Sala aclara que los peticionarios fueron vinculados a la
presente acción de tutela por el interés jurídico que les pudiera asistir en el
resultado de la misma y, con la única finalidad de proteger el derecho fundamental
al debido proceso del que son titulares.
116. En el caso del Consejo de Estado – Sección Primera la vinculación obedeció
a que es la autoridad judicial que en sede de apelación confirmó y adicionó las
medidas cautelares dictadas en la acción popular cuyo incumplimiento alega la
parte accionante y adicionalmente tiene a su cargo la decisión del recurso de
apelación interpuesto contra la sentencia que amparó los derechos colectivos de
los accionantes.
117. La Alianza Fiduciaria fue vinculada a este proceso por cuanto la misma se
encuentra relacionada con las actuaciones que ha desplegado la administración
para el cumplimiento de la orden judicial impartida en la acción popular y así se le
informó al Tribunal Administrativo de Antioquia en los tramites de los incidentes de
desacato que se han dispuesto para garantizar que las órdenes sean acatadas.
118. En efecto, con ocasión de la medida encaminada al reasentamiento de la
población víctima del desastre natural, el municipio de Medellín adquirió un lote de
terreno para ejecutar el proyecto de vivienda denominado La Playita que ofreció
como solución de vivienda para las víctimas.
119. Para la administración de los recursos destinados a la ejecución del citado
proyecto se constituyó un fideicomiso entre ISVIMED y Alianza Fiduciaria, por lo
que si bien es cierto no es la entidad llamada a garantizar los derechos de los
accionantes, si tiene un interés en el resultado de este proceso y se reitera, lo que
pretende el juez constitucional es garantizarle el derecho a la defensa.
120. Finalmente, el Área Metropolitana del Valle de Aburrá se vinculó a este
proceso por haber tenido la condición de interviniente en la acción popular cuyo
incumplimiento se predica en esta oportunidad.
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121. En virtud de lo expuesto, la Sala declarará no probada la excepción de falta
de legitimación en la causa y negará la desvinculación de las autoridades
referidas.
2.2.3. Referida a la existencia de cosa juzgada constitucional en relación con
la petición de amparo constitucional formulada por Tania Shirley Espinosa
Osorio y su hija Mariana Betancur Espinosa
122. Tanto la parte actora como el ISVIMED afirmaron que las mismas
pretensiones de amparo constitucional, relacionadas con la asignación de un
subsidio de vivienda independiente a para el núcleo familiar conformado por Tania
Shirley Espinosa Osorio y su hija, fueron previamente resueltas en sede de tutela6,
en primera instancia por Juzgado Catorce Penal Municipal con Funciones de
Control de Garantías de Medellín, en sentencia del 4 de septiembre de 2017 y, en
segunda instancia, por el Juzgado Décimo Penal del Circuito con Funciones de
Conocimiento de Medellín, en fallo proferido el 9 de octubre de 2017.
123. La sentencia de primera instancia declaró improcedente la acción de tutela y
la de segunda instancia confirmó la decisión, no obstante el análisis de fondo
realizado, del cual las autoridades concluyeron, previa valoración de las pruebas
allegadas a la actuación, entre ellas, el censo realizado, la categorización de la
accionante y las decisiones de la administración, que no existió vulneración de los
derechos fundamentales. Está conclusión quedó consignada en los siguientes
términos:
124. El expediente contentivo de la acción de tutela fue remitido a la Corte
Constitucional para eventual revisión del fallo, habiendo sido excluido de revisión
6 La acción de tutela primigenia se tramitó bajo el radicado No. 2017-00170.
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mediante auto dictado el 12 de marzo de 2018, notificado por estado el 3 de abril
de 2018, con lo cual hizo tránsito a cosa juzgada constitucional.
125. No existe discusión entre las partes ni le asiste duda alguna a este juez
constitucional sobre la triple identidad –de supuestos fácticos, causal petendi y
partes– entre las dos acciones de tutela que se han ejercido en contra del Instituto
Social de Vivienda y Habitad de Medellín - ISVIMED, la primigenia que se resolvió
en el año 2017 e hizo tránsito a cosa juzgada constitucional en el 2018 y la
presente acción que, igualmente, se encuentra encaminada a la obtención de un
subsidio de vivienda para el núcleo familiar, independiente de aquel al cual tiene
derecho el hogar del señor José Alban Grisales Obando en el cual se incluyó a la
actora.
126. La Sala encuentra igualmente acreditado que el análisis se realizó en forma
detallada, teniendo en cuenta la calidad de sujeto de especial protección de la
actora y las condiciones de debilidad por las particulares circunstancias
socioeconómicas, sin que se advierta la existencia de un hecho nuevo o una
circunstancia especial que permita desconocer el carácter inmutable e
inmodificable de las decisiones adoptadas por los jueces de tutela y que la Corte
expresamente excluye de su revisión.
127. En virtud de lo expuesto, con respecto a las pretensiones que la actora dirige
contra ISVIMED por considerar que esa entidad le está vulnerando sus derechos
fundamentales, la Sala declarará la existencia de cosa juzgada constitucional,
advirtiendo que no se acudirá a la figura jurídica de la temeridad, consagrada en el
artículo 38 del Decreto Ley 2591 de 1991, por cuanto la tutelante expresamente
puso en conocimiento de este juez constitucional la existencia de un
pronunciamiento previo y, adicionalmente, no se advierte mala fe.
128. Contrario a ello, se evidencia el deseo de las accionantes de poder acceder a
un subsidio de vivienda que les permita incrementar su calidad de vida, superar la
situación de pobreza extrema, evitar el riesgo de desastres naturales y estar
protegidas de las inclemencias del tiempo, pues al parecer su vivienda se
encuentra ubicada en una terraza contigua a la del señor José Albán Grisales
Obando, con respecto a la cual afirma que no comparte ni cocina de baño.
129. Esta circunstancia descarta la existencia de mala fe en la actuación de la
accionante, al tiempo que demuestra la necesidad que tiene la actora de acceder
a una solución de vivienda (independiente de la de sus progenitores) sin que
concurran en su caso los requisitos para que sea tenida en cuenta como
beneficiaria de los que se dispusieron en cumplimiento de la sentencia dictada en
la acción popular reseñada en los antecedentes, por encontrarse acreditado que
fue censada como integrante de otro grupo familiar y por cuanto no demostró la
posesión o tenencia de un inmueble al momento de la evacuación.
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130. Pese a lo anterior, la Sala, con fundamento en los distintos informes y
pruebas allegadas al proceso, entre las cuales se encuentra el registro fotográfico
que allegó la Defensoría del Pueblo – Regional Antioquia, están probadas las
condiciones en las que actualmente habitan las familias que en su momento
fueron víctimas del desastre natural y cuyos derechos colectivos se ampararon,
advirtiendo que sus circunstancias y pertenencia a grupos familiares pudieron
haber cambiado desde el año 2014 en el que se expidió la Resolución N.o 462 con
base en el censo realizado.
131. Estas particulares condiciones socioeconómicas en las que se encuentran,
entre otros, la tutelante Tania Shirley Espinosa Osorio y su hija Mariana Betancur
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Espinosa, le imponen a la Sala el deber de adoptar una medida alternativa de
protección de sus derechos a la vida, la integridad personal y la vivienda en
condiciones dignas, esto es, diferente a que solicitó en esta acción en contra de
ISVIDED, en torno a la cual se declaró la existencia de cosa juzgada
constitucional.
132. La medida consistirá en ordenarle a la Defensoría del Pueblo que, previa
verificación en el sitio (visita a la vivienda en la que actualmente residen las
actoras) realice un acompañamiento especial y les brinde una asesoría integral,
para que puedan postularse y acceder a un subsidio de vivienda nacional,
departamental y/o municipal, teniendo en cuenta las condiciones de priorización
decretadas por el Ministerio de Vivienda en la Resolución No. 765 del de junio de
20197 y las normas jurídicas que regulan la materia.8
133. La anterior medida se adopta ante la ausencia de elementos probatorios que
permitan establecer el cumplimiento de los requisitos exigidos por las normas y
por no encontrarse vinculados a otras entidades que tienen la función de asignar
subsidios de vivienda como Fonvivienda. El defensor asignado deberá revisar el
cumplimiento de las exigencias para la asignación de los subsidios a los cuales le
sea dable postularse como un núcleo familiar independiente y como madre cabeza
de familia.
2.3. Problemas jurídicos
134. Con fundamento en la situación fáctica expuesta por la parte actora, el
material probatorio recaudado, las peticiones de amparo constitucional, las
intervenciones realizadas en el proceso, el primer problema jurídico que subyace
al caso concreto consiste en establecer si todos los accionantes están legitimados
en la causa para presentar pretensiones individuales en sede de tutela.
135. De ser afirmativa la respuesta, se examinará si concurre el requisito de
subsidiariedad que torne procedente examinar el fondo del asunto planteado.
136. En el evento de encontrar superado este presupuesto, se establecerá si
ISVIMED, que es la entidad que tiene a su cargo el otorgamiento de los subsidios
de vivienda a las familias que fueron caracterizadas como beneficiaras de los
mismos, en virtud de la protección que se concedió a sus derechos colectivos en
la sentencia dictada el 28 de junio de 2017, está vulnerando los derechos
fundamentales invocados por los accionantes.
7 Por la cual se establecen los órdenes de priorización de los hogares potenciales beneficiarios y
órdenes de selección de los hogares beneficiarios del Subsidio Familiar de Vivienda 100% en
Especie de que trata el Libro 2, Parte 1, Capítulo 2, Sección 1 del Decreto 1077 de 2015.
8 Esto es, las leyes 1537 de 2012, y 1785 de 2016, esta última establece la Red para la Superación
de la Pobreza Extrema – Red Unidos y los decretos reglamentarios del sector vivienda.
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137. Concretamente, se resolverá si la modificación en las condiciones de entrega
del proyecto denominado La Playita, inicialmente ofrecido como solución a las
familias beneficiarias vulnera los derechos de éstas, al aplicarles una normatividad
que no estaba vigente cuando se inició el procedimiento administrativo de
asignación de subsidios de vivienda para la población sujeta a reasentamiento, por
habitar zona de alto riesgo no mitigable.
138. Por razones de orden metodológico, se analizarán los siguientes temas i)
legitimación en la causa, como presupuesto procesal de la acción; ii) cumplimiento
del requisito de subsidiariedad; iii) núcleo esencial del derecho a la vivienda, y iv)
análisis del caso de cada uno de los accionantes, con fundamento en los
argumentos expuestos en el libelo introductorio y en las intervenciones de la
autoridades accionadas y de los terceros vinculados.
2.4. Razones jurídicas de la decisión
2.4.1. Legitimación en la causa por activa
139. Según lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política, la acción de
tutela es un mecanismo de defensa judicial preferente y sumario, al que puede
acudir cualquier persona, cuando sus derechos fundamentales resulten
vulnerados o amenazados por la acción u omisión en que incurra cualquier
autoridad o un particular -en los casos específicamente previstos por el Legislador-
y no exista otro mecanismo de defensa judicial que permita su protección efectiva.
140. Según el artículo 10º del Decreto Ley 2591 de 1991, la legitimación en la
causa por activa para presentar la tutela se acredita: (i) en ejercicio directo de la
acción por quien es titular de los derechos fundamentales; (ii) por medio de los
representantes legales (caso de los menores de edad, los incapaces absolutos,
los interdictos y las personas jurídicas); (iii) a través de apoderado judicial o
defensor público; (iv) planteando la existencia de una agencia oficiosa y (v) a
través de personero municipal.
141. Desde el proferimiento, por parte de la Corte Constitucional, de la sentencia
T-416 de 1997 se estableció que la legitimación en la causa por activa constituye
un presupuesto de la sentencia de fondo, en la medida en que se analiza la
calidad subjetiva de las partes respecto del interés sustancial que se discute en
el proceso de tutela.
142. En la sentencia T-086 de 2010, la Corte reiteró que “Esta exigencia significa
que el derecho para cuya protección se interpone la acción sea un derecho fundamental
propio del demandante y no de otra persona”.
143. Con posterioridad, en la sentencia T-176 de 2011, indicó que la legitimación
en la causa por activa constituye una garantía de que la persona que presenta la
acción de tutela tenga un interés directo y particular respecto del amparo que se
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solicita al juez constitucional, “de tal forma que fácilmente el fallador pueda establecer
que el derecho fundamental reclamado es propio del demandante”.
144. En la sentencia T-435 de 2016, la Corte estableció las condiciones que
deben concurrir para superar este presupuesto procesal. Hizo especial énfasis en
la titularidad de los derechos fundamentales reclamados, lo cual quedó reiterado
en la SU-454 de 2016, en la que, adicionalmente, señaló que el estudio de la
legitimación en la causa de las partes es un deber de los jueces constitucionales y
constituye un presupuesto procesal de la demanda.9
145. Teniendo en cuenta el marco normativo y jurisprudencial expuesto en el
presente acápite y la excepción de falta de legitimación en la causa que propuso
ISVIMED, con respecto a los accionantes Olga Lucía Echeverry y Félix Antonio
García, la Sala analizará si los mismos son titulares de derechos fundamentales
frente a la solicitud de protección constitucional en sede de tutela.
146. Al respecto, se advierte que la señora Olga Lucía Echeverry, quien tiene la
calidad de Presidente de la Veeduría Comunitaria Microcuenca Quebrada La
Picacha, que ha venido acompañando a los beneficiarios del amparo brindado en
la acción popular, no tiene la calidad de interviniente en la misma ni fue incluida la
Resolución N.o 642 de 2014, que se expidió con ocasión de las medidas
cautelares decretadas y que corresponde al censo y caracterización de las
víctimas del riesgo de desastre natural.
147. En esa medida, es cierto que es titular del derecho a la participación, como lo
alega en esta oportunidad, pero no así de las garantías fundamentales a la vida, la
integridad personal, la vivienda digna y la tutela judicial efectiva, sobre los cuales
se pronunciará este juez constitucional, por ser aquellos cuyos núcleos esenciales
se encuentran comprometidos y sus titulares están individualizados en el vocativo
de la referencia.
148. En relación con Féliz Antonio García, Vicepresidente de la Veeduría
Comunitaria Microcuenca Quebrada La Picacha, tiene la calidad de accionante en
la acción popular y, en esa medida, le asiste un claro interés en el cumplimiento de
las órdenes impartidas en la sentencia dictada en la misma, por lo que es titular de
los derechos de participación y de acceso a la administración de justicia, en punto
del cumplimiento de fallos judiciales, pero no lo es de los derechos a la vida, a la
integridad personal y a la vivienda, por cuanto no fue reconocido en la Resolución
642 de 2014 como beneficiario de los subsidios de vivienda por no estar incluido
en la población afectada.
149. En consecuencia, al abordar el caso concreto, la Sala tendrá en
consideración los derechos fundamentales de los cada uno de los tutelantes es
9Sobre el mismo tema, ver sentencia T-511/17 de la Corte Constitucional, con ponencia de la
Magistrada Gloria Stella Ortiz Delgado.
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titular para determinar el grado de protección que se brindará y el contenido de las
órdenes que es dable impartir.
2.4.2. Legitimación en la causa por pasiva
150. La legitimación pasiva en sede de tutela se refiere a la aptitud legal que tiene
la persona contra la que se dirige la acción y quien está llamada a responder por
la vulneración o amenaza del derecho fundamental, cuando esta resulte
demostrada.
151. En este caso, la acción se ejerció en contra del municipio de Medellín y de
ISVIMED por presuntamente estar desconociendo -entre otros- los derechos a la
vida, a la integridad personal y a la vivienda digna de los accionantes, entidades
de las que efectivamente se predican las acciones y omisiones presuntamente
vulneradoras de los derechos fundamentales a quienes les correspondía el estricto
cumplimiento tanto de las órdenes que se impartieron como medidas cautelares,
como de las decisiones definitivas adoptadas en la sentencia que resolvió en
primera instancia la acción popular.
152. Adicionalmente el ISVIMED es una institución pública descentralizada del
municipio de Medellín, que tiene por objeto garantizar la construcción de
soluciones de vivienda, a través de la gestión del Plan Estratégico Habitacional de
Medellín, mediante la política pública de vivienda y hábitat y en correspondencia
con los Planes de Desarrollo Municipal, Plan de Ordenamiento Territorial, actores
públicos, privados y comunitarios.10
153. Las demás autoridades administrativas y judiciales vinculadas al presente
trámite igualmente tienen legitimidad las primeras por haber estado vinculadas a la
acción popular y las segundas por haber intervenido en el trámite de la misma,
asistiéndoles interés legítimo en el resultado del proceso, según se dejó
igualmente consignado al resolver la excepción previa.
2.4.3. Análisis del cumplimiento del requisito de subsidiariedad en el caso
concreto – idoneidad del mecanismo judicial consagrado por el legislador –
examen sobre la dilación del proceso en sede de la acción popular
154. De la lectura de los supuestos fácticos y de las pretensiones incluidas en la
demanda de tutela, se advierte que los accionantes alegan el incumplimiento de
las órdenes impartidas por el Tribunal Administrativo de Antioquia, en primera
instancia, y, por el Consejo de Estado, en segunda, que decretaron medidas
cautelares, así como del fallo dictado en sede de la acción popular el 28 de junio
de 2017.
10 https://isvimed.gov.co/quienes-
somos/#:~:text=Nuestro%20prop%C3%B3sito%20es%20brindarles%20soluciones,a%20nivel%20l
ocal%20y%20regional.
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155. Al respecto, la Sala advierte que para hacer efectivas las órdenes judiciales
dictadas por las autoridades competentes en acciones populares, el ordenamiento
jurídico consagra, como mecanismo judicial idóneo, el incidente de desacato. Así
se encuentra dispuesto en el artículo 41 de la Ley 472 de 1998, norma que es del
siguiente tenor:
“ARTICULO 41. DESACATO. La persona que incumpliere una orden judicial
proferida por la autoridad competente en los procesos que se adelanten por
acciones populares, incurrirá en multa hasta de cincuenta (50) salarios
mínimos mensuales con destino al Fondo para la Defensa de los Derechos e
Intereses Colectivos, conmutables en arresto hasta de seis (6) meses, sin
perjuicio de las sanciones penales a que hubiere lugar.
La sanción será impuesta por la misma autoridad que profirió la orden
judicial, mediante trámite incidental y será consultada al superior jerárquico,
quien decidirá en el término de tres (3) días si debe revocarse o no la
sanción. La consulta se hará en efecto devolutivo.”
156. En el presente caso está acreditado que se tramitó un primer incidente de
desacato, en el que se determinó que las autoridades accionadas incumplieron las
órdenes contenidas en los autos que decretaron las medidas cautelares en la
acción popular proferidos por el Juzgado Veinticuatro Administrativo del Circuito
Judicial de Medellín el 2 de agosto de 2013, adicionado por el Consejo de Estado
– Sección Primera, en proveído del 14 de octubre de 2014.
157. Al surtirse el grado jurisdiccional de consulta, la última autoridad referida
revocó la decisión sancionatoria por no haberse dirigido contra quien en ese
momento ejercía el cargo y le ordenó al a quo que, de manera inmediata, iniciara
un nuevo incidente de desacato en contra de Federico Andrés Gutiérrez Zuluaga,
quien ostentaba el cargo de alcalde de Medellín, orden con respecto a la cual tan
solo se realizó un requerimiento de información, pero no se continuó el trámite
incidental.
158. Cabe destacar que, el 9 de junio de 2021, el Tribunal Administrativo de
Antioquia requirió al alcalde de Medellín para que informara sobre el cumplimiento
de las órdenes impartidas, sin que se adviertan actuaciones adicionales, no
obstante que el 11 de agosto de 2021, la Defensoría del Pueblo solicitó que se
diera apertura al incidente de desacato en contra del actual alcalde de Medellín
Daniel Quintero y que, el 6 de octubre de la citada anualidad, el ente de control
pidió que se citara al Comité de Verificación del cumplimiento del fallo,
convocatoria que no se ha llevado a cabo.
159. Las anteriores consideraciones nos llevan a concluir que existe otro
mecanismo judicial de defensa, consistente en el incidente de desacato, para
disponer que se cumplan las órdenes impartidas, sin embargo, tal mecanismo en
el caso concreto no ha sido suficientemente idóneo para garantizar los derechos
colectivos cuyo amparo se concedió, en la medida en que ha transcurrido un
tiempo significativo desde que se impusieron las medidas cautelares sin que se
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haya determinado si las mismas se han cumplido o no en relación con todos los
beneficiarios.
160. Cabe destacar que, tal situación no puede imputarse a la Corporación judicial
que tiene a su cargo el trámite del proceso, la cual acreditó una significativa carga
laboral, aunada a la complejidad que reviste el presente caso, no sólo por el
volumen del expediente, que tiene más de diez cuadernos y múltiples
intervinientes, por el número de personas y núcleos familiares involucrados, sino
también por la necesidad de decretar e incorporar las pruebas necesarias para
verificar si se dio alcance a la orden, por lo que no puede concluirse que la dilación
es injustificada, esto es que, exista mora judicial.
161. No obstante no ser injustificada la demora en resolver el incidente y en
verificar el cumplimiento efectivo de las órdenes, sí se evidencian las
consecuencias desfavorables para los intervinientes en la acción popular y para
todos los beneficiarios de las órdenes, muchos de los cuales son sujetos de
especial protección constitucional (mujeres, víctimas del conflicto armado, adultos
mayores y personas en estado de vulnerabilidad) y se encuentran sometidos a un
riesgo derivado de las condiciones socioeconómicas y los posibles eventos
naturales.
162. En consecuencia, ante la necesidad de protección inmediata de los derechos
fundamentales de los accionantes, la falta de eficacia que ha demostrado el
mecanismo de defensa judicial, se considera procedente el amparo como
mecanismo transitorio, en los términos establecidos en el numeral 1º del artículo
6º del Decreto Ley 2591 de 1991, para evitar la concreción del perjuicio
irremediable que se cierne sobre los tutelantes.
163. Las anteriores consideraciones llevan a la Sala, por un lado, a amparar el
derecho de los tutelantes (con la única excepción de la señora Olga Lucía
Echeverry, quien no actuó en la acción popular), incluido el del señor Féliz Antonio
García, quien tiene la calidad de accionante en el referido medio de control, al
acceso efectivo a la administración de justicia.
164. En consecuencia, se le ordenará al Tribunal Administrativo de Antioquia que,
en el término imperativo e improrrogable de cinco (5) días hábiles, contados a
partir de la notificación de esta sentencia, le dé trámite a las solicitudes
presentadas por los accionantes y la Defensoría del Pueblo, relacionadas con el
incidente de desacato y la convocatoria del Comité de Cumplimiento del fallo e
informe sobre ello a este juez constitucional.
165. Por otro lado, la Sala tendrá por superado el requisito de subsidiariedad en
relación con los derechos a la vida, la integridad personal y la vivienda digna de
los demás actores de la presente tutela, cuyos casos analizará de fondo y, en el
evento de encontrar alguna vulneración, adoptará las medidas transitorias o
definitivas que se consideren necesarias.
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2.4.4. Examen sobre la situación particular de cada uno de los accionantes
2.4.4.1. Derechos fundamentales de los accionantes susceptibles de ser
examinados en sede de tutela
166. Para abordar el fondo del asunto en relación con la situación concreta de los
accionantes de esta tutela, la Sala advierte que, si bien a través de la acción
popular se garantizaron derechos colectivos, algunas de las órdenes impartidas
trajeron como consecuencia que se radicaran en los accionantes de la presente
tutela derechos individuales de carácter fundamental susceptibles de ser
protegidos a través de la acción de tutela.
167. Sobre la diferenciación entre unos y otros, la Corte Constitucional ha
precisado que “un derecho es fundamental y, por consiguiente, puede ser protegido por
vía de tutela cuando se demuestre la afectación subjetiva o individual del demandante y,
será colectivo, protegido mediante la acción popular, cuando afecte a una comunidad
general que impida dividirlo o materializarlo en una situación particular”.11
168. Sobre el punto la Corte ha considerado que “la existencia de un derecho
colectivo que pueda protegerse por vía de acción popular no excluye la procedencia de la
acción de tutela cuando se prueba, de manera concreta y cierta, la afectación de un
derecho subjetivo, puesto que ‘en el proceso de tutela debe probarse la existencia de un
daño o amenaza concreta de derechos fundamentales, la acción u omisión de una
autoridad pública o de un particular, que afecta tanto los derechos colectivos como los
fundamentales de una persona o grupo de personas, y un nexo causal o vínculo, cierta e
indudablemente establecido, entre uno y otro elemento.”
169. En el presente caso, de la orden contenida en la sentencia dictada en la
acción popular, consistente en “Ofrecer soluciones habitacionales definitivas en caso
de desalojo (únicamente a quienes tengan recomendación por parte del DAGRD de
evaluación definitiva) (A lo anterior, no podrá oponer situaciones técnicas o actos
administrativos que den al traste con la garantía de los derechos fundamentales de
quienes serán desalojados) (2 meses después del punto anterior)” (negrillas de la
Sala) surgieron derechos subjetivos, individuales y fundamentales que deberán
ser analizados por la Sala, como mecanismo transitorio de protección, mientras se
surte el incidente de desacato, con respecto a esta particular disposición.
2.4.4.2. Contenido constitucionalmente vinculante del derecho a la vivienda
digna
170. Según el artículo 51 de la Constitución Política, todas las personas tienen
derecho a vivienda digna, para lo cual el Estado fijará las condiciones necesarias
con el fin de hacerlo efectivo y promoverá planes de vivienda de interés social,
11 Corte Constitucional, Sentencia SU-1116 de 2001, reiterada en la sentencia T-420 del
11.10.2018, M.P. Antonio José Lizarazo
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sistemas adecuados de financiación de largo plazo y formas asociativas de
ejecución de programas en la materia.
171. Por su parte, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales, en adelante PIDESC, y otros instrumentos internacionales, establecen
que toda persona tiene derecho “a un nivel de vida adecuado para sí y su familia,
incluso alimentación, vestido y vivienda adecuados, y a una mejora continua de
las condiciones de existencia” (art. 11, núm. 1º).
172. Sobre este derecho, la Corte Constitucional ha señalado que debe ser
reconocido progresivamente y que se trata de un derecho fundamental autónomo,
cuya protección a través de la tutela se encuentra condicionada a la posibilidad de
que este se traduzca en un derecho subjetivo, que se aplica para todos,
indistintamente de que se trate de personas o familias e independientemente de
su edad, sexo o situación económica, es decir, sin sujeción a cualquier tipo de
discriminación. Implica igualmente, el “derecho a vivir en seguridad, paz y
dignidad en alguna parte”.12
173. Con fundamento en este marco conceptual se analizará la situación de cada
uno de los accionantes, cuya legitimidad con respecto a este derecho se haya
reconocido y su situación no se haya resuelto en acápites previos.
2.4.4.3. Alejandra María Rojas Penagos, Santiago Blandón Rojas (hijo), Óscar
de Jesús Rojas Gil quien es el cónyuge de María Leonor Penagos Montoya
174. Con respecto a este grupo de accionantes no cabe duda que tienen la
calidad de beneficiarios de los subsidios de vivienda que deben ser entregados
con ocasión de la orden impartida en la acción popular, por encontrarse
censados, caracterizados e incluidos en el acto administrativo de reconocimiento
de su condición de beneficiarios.
175. Los mismos radican la vulneración de sus derechos fundamentales en que
ISVIMED, mediante oficio del 21 de junio de 2021, les informó que no pueden
optar por la solución de vivienda en el proyecto “La Playita”, sin completar el valor
restante, en aplicación del Decreto 1053 de 2020, expedido por el Municipio de
Medellín, por el cual se reglamenta el Acuerdo 05 de 2020, sobre la administración
del subsidio municipal de vivienda, el cual establece la cuantía destinada a la
población sujeta a reasentamiento, por habitar zona de alto riesgo no mitigable,
que, en el caso particular, sería el precepto aplicable, cuyo contenido normativo
cuestionaron en esta sede.
176. Al respecto, los actores alegan, y ello se aceptó por las entidades
administrativas accionadas y se acreditó en grado de certeza en esta acción, que
el proyecto “La Playita” se elaboró, diseñó y se encuentra en ejecución para
12 Ob.Cit.
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brindar soluciones de vivienda a los beneficiarios de la condena impuesta en la
acción popular.
177. El lote se adquirió con tal finalidad, la fiducia se constituyó con el fin de
administrar los recursos dispuestos por el municipio de Medellín y el ISVIMED al
cumplimiento del fallo y con destino a los accionantes de esta tutela y todos los
incluidos en el acto administrativo que determinó el censo de adjudicatarios de los
subsidios para solución permanente de vivienda y así se le informó al Tribunal
Administrativo de Antioquia y, adicionalmente, a todos los núcleos familiares
interesados, generando en ellos la seguridad y la confianza legítima consistente
en que obtendrían allí una solución de vivienda.
178. El citado proyecto no solo fue ofrecido a las víctimas, sino que éstas iniciaron
el procedimiento de postulación –en forma específica se les informó cuáles serían
sus unidades– y adelantaron todas las acciones requeridas, hasta que el ISVIMED
les indicó que ya no podían acceder al mismo por cambios en las disposiciones
normativas y que tendrían que pagar una suma superior a $50.000.000, porque
esos inmuebles ya no eran para ellos.
179. En la página web de la entidad aparece el proyecto vinculado al cumplimiento
de la acción popular, en los siguientes términos:
180. A continuación, en la misma página oficial se puede establecer la información
que le ha dado la entidad al juez popular y que entregó en su momento a la
comunidad, a los actores de la referida acción y a los veedores y lideres
comunitarios, así:
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181. Se afirma que, con la población que será reasentada en el proyecto se han
realizado talleres de “imaginarios”, visitas domiciliarias, reuniones mensuales de
socialización para informar los avances y sensibilización para que las familias que
aún se encuentran en el territorio acepten el subsidio municipal de arrendamiento
temporal.13
182. En este proceso la entidad accionada – ISVIMED aceptó no solo las
significativas demoras que ha tenido el proyecto que decidió adjudicar a los
beneficiarios de la condena sino también la decisión unilateral de modificarlo y
adicionarlo, en unidades de vivienda y precio, de tal manera que no resultaría
asequible a los tutelantes.
183. Tal decisión de incrementar el número de unidades y el precio de las
viviendas en un proyecto que se viene ejecutando desde el año 2015, a juicio de
la entidad, torna imposible la entrega de subsidios a los beneficiarios de la acción
popular, entre los que se encuentran los señores María Rojas Penagos, Santiago
Blandón Rojas (hijo), Óscar de Jesús Rojas Gil, cónyuge de María Leonor
Penagos Montoya.
184. Lo anterior, por cuanto decidió aplicar una norma que no se encontraba
vigente para el tiempo de iniciación del procedimiento administrativo, que nació a
la vida jurídica con posterioridad a la sentencia dictada el 28 de junio de 2017 y
13 https://isvimed.gov.co/noticias/asi-se-viene-desarrollando-el-proyecto-habitacional-la-playita/
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que vulnera ostensiblemente los derechos fundamentales de los actores, esto es,
el Decreto 1053 de 2020, expedido por el municipio de Medellín, por el cual se
reglamenta el Acuerdo 05 de 2020.
185. No solamente se trata de una disposición posterior al inicio de la actuación
administrativa que no puede aplicarse a la situación de los accionantes, sino que
contraria abiertamente el numeral octavo de la sentencia dictada en sede de la
acción popular, que textualmente señaló:
“OCTAVO: Se ORDENA al ISVIMED, previo censo por parte del DAGRD,
otorgar SOLUCIÓN habitacional permanente, a las personas que se
encuentren en situación de riesgo inminente y evacuación definitiva, que se
encuentre en la PICACHA y que requieran ser desalojadas de manera
perentoria, porque su vida se encuentra en peligro, sin oponerles como
negativa el contenido del Decreto 2339 de 2013, o cualquier otras
disposiciones (sic) cuyo contenido contrarie el alcance de los derechos
constitucionales fundamentales.” (Negrillas y subrayas fuera de texto)
186. En consecuencia, se amparará el derecho a la vivienda digna de los
accionantes relacionados en el presente acápite por ser los mismos beneficiarios
de la sentencia dictada en la acción popular, estar incluidos en la resolución del
ISVIMED como sujetos de reasentamiento y no haber recibido hasta la fecha una
solución de vivienda de carácter permanente. Por ello, se dispondrá que se les
respete la opción de acceder a una unidad de vivienda en el proyecto La Playita
en las condiciones en las que les fue inicialmente ofertado por la Administración,
sin exigirles suma alguna adicional, pues las condiciones de la oferta no pueden
variar por las decisiones unilaterales de la administración.
187. En todo caso, se inaplicará para este grupo de accionantes el contenido del
Decreto 1053 de 2020, por ser violatorio de sus derechos fundamentales y por
impedirles el acceso a una vivienda digna, en las circunstancias en las que les fue
ofrecida por la entidad a través de un extenso proceso administrativo, cuyas
demoras no les son imputables, como tampoco les son vinculantes las decisiones
que los afectan.
188. Se destaca que la entidad accionada afirmó que los actores podían esperar la
solución de vivienda en La Playita o, eventualmente, pueden aceptar otros
proyectos e incluso vivienda usada, alternativas que deberá mantener a los
actores para que, en todo caso, estos accedan en forma efectiva a la solución de
vivienda que requieren.
2.4.4.4. María Fabiola Muñoz Pino, madre de Olga Lucía Pinillos Muñoz
189. En la demanda de tutela no se realizó un cuestionamiento especial en
relación con las accionantes que señalara que sus derechos están siendo
consultados. Por su parte, el ISVIMED certificó que este grupo de accionantes,
beneficiarias de la condena, recibieron una vivienda usada, lo cual se encuentra
debidamente registrado en el sistema, de tal manera que su derecho a una
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vivienda digna y los derechos a la vida e integridad que surgen como
inescindiblemente ligados a este, se encuentran garantizados.
190. En consecuencia, en relación con estas accionantes se negará la petición de
amparo constitucional.
2.4.4.5. Froilán de Jesús Pinillos Muñoz y Yuli Durán Zúñiga
191. En la demanda de tutela no se plantearon supuestos fácticos específicos
violatorios de los derechos fundamentales de los actores reseñados en el presente
acápite.
192. Sin embargo en el escrito de contestación ISVIMED precisó que, con
respecto a “FROILAN DE JESÚS PINILLOS MUÑOZ, se informa que su madre es
MARIA FABIOLA MUÑOZ PINO. Sin embargo, no cumple diferentes requisitos para
acceder al subsidio, dado que fue remitido como integrantes de otros grupos familiares,
no habitaban el territorio al momento de la evacuación y tiene la vivienda arrendada, no
acreditó tenencia o adquirieron el inmueble luego del evento que recomendó la
evacuación. A continuación, se muestra que en la ficha social que reposa en SIFI se
indicó que la vivienda que ocupaba al momento de los hechos que dieron origen a la
acción popular estaba arrendada.” (Sic para lo transcrito)
193. Al respecto, se allegaron las pruebas que acreditan las circunstancias por las
cuales el actor y su cónyuge no son beneficiarios de los subsidios.
194. Al no encontrarse prueba de la vulneración no se concederá el amparo como
mecanismo transitorio, lo cual no obsta para que los mismos acudan al
mecanismo principal señalado que es el incidente de desacato en la acción
popular en la que podrán debatir la condición de beneficiarios que en esta
oportunidad no está acreditada, sin que le sea dable al juez de tutela -se reitera-
ante la ausencia de carga argumentativa y probatoria, adoptar decisiones
adicionales.
2.4.4.6. Flor Mireya Caro, Sebastián Monsalve Caro, Ckeisy Jhen Ramos
Castrillón, en representación de sus hijas menores María José Monsalve y
María Antonia Monsalve Ramos.
195. Cabe destacar que, con respecto a Flor Mireya Caro, no se planteó ninguna
pretensión en la demanda de tutela ni se señalaron supuestos fácticos que puedan
considerarse vulneratorios de sus derechos que la Sala pueda analizar para
proteger alguna situación particular.
196. De las pruebas allegadas a la actuación se pudo establecer que es la madre
de Sebastián Monsalve Caro, quien para la época de los hechos era menor de
edad, motivo por el cual no fue incluido en forma independiente, en el censo de
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familias afectadas, como tampoco lo fueron su esposa y sus hijas menores que no
se encontraban en el lugar del siniestro.
197. No se advierte, en consecuencia, en principio vulneración de los derechos de
este grupo de actores, pues sobre la primera de las mencionadas no se incluyó
una circunstancia que vulnerara sus derechos y, con relación a Sebastián
Monsalve Caro se demostró que no está incluido –en forma independiente– como
representante del núcleo familiar, por lo que no es posible en esta oportunidad
acceder a la protección constitucional y dictar orden alguna encaminada a dejar
sin efectos las actuaciones administrativas adelantadas en cumplimiento del fallo
condenatorio.
198. Lo anterior no es óbice para ordenarle a la Defensoría del Pueblo que realice
un acompañamiento y le brinde asesoría al accionante para establecer la forma
como puede acceder a algún subsidio, previo estudio de sus condiciones
socioeconómicas.
2.5. Conclusiones
199. En relación con algunos de los accionantes se encontró vulnerado el derecho
fundamental a la vivienda digna cuyo amparo corresponde realizar, como
mecanismo transitorio, para evitar un perjuicio irremediable, por cuanto se aplicó al
trámite de un procedimiento administrativo en curso una normatividad que fue
expedida con posterioridad, la cual afecta significativamente su derecho de acceso
a una solución de vivienda.
200. La protección constitucional se negó en los casos en que no se encontró
carga argumentativa y probatoria suficiente o no se acreditó la vulneración de los
derechos por existir un actuar ajustado al ordenamiento, análisis que se abordó
con respecto a cada uno de los accionantes pero que no es óbice para que el juez
de la acción popular competente se pronuncie de fondo sobre cada uno de los
casos puestos a consideración.
III. DECISIÓN
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,
FALLA:
PRIMERO: NEGAR la coadyuvancia formulada por Juliana Vélez Echeverry,
asociada al Reading Centre for Climate and Justice y por la Corporación Jurídica
Libertad, por no haber acreditado el interés jurídico que le asiste en relación con
los derechos fundamentales cuya protección subyace en la presente acción de
tutela.
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SEGUNDO: DECLARAR NO PROBADA la excepción de falta de legitimación en
la causa propuesta por el Consejo de Estado – Sección Primera, Alianza
Fiduciaria S.A. y el Área Metropolitana del Valle de Aburrá.
TERCERO: DECLARAR LA COSA JUZGADA CONSTITUCIONAL con respecto
a la petición de amparo constitucional formulada por Tania Shirley Espinosa
Osorio y su hija Mariana Betancur Espinosa con respecto al ISVIMED, de
conformidad con las consideraciones expuestas en la parte motiva de esta
providencia.
CUARTO: ORDENAR a la Defensoría del Pueblo – Regional de Antioquia que,
previa verificación en el sitio (visita a la vivienda en la que actualmente residen las
actoras) realice un acompañamiento especial a Tania Shirley Espinosa Osorio y
a su hija Mariana Betancur Espinosa y les brinde una asesoría integral para que
puedan postularse y, eventualmente, acceder un subsidio de vivienda nacional,
departamental y/o municipal, teniendo en cuenta las condiciones de priorización
decretadas por el Ministerio de Vivienda en la Resolución No. 765 del de junio de
2019 y las normas jurídicas que regulan la materia.
QUINTO: DECLARAR LA FALTA DE LEGITIMACIÓN en la causa por activa de
Féliz Antonio García Olga Lucía Echeverry con respecto a los derechos a la vida,
a la integridad personal, la vivienda digna y a la tutela judicial efectiva y reconocer
que este presupuesto le asiste para reclamar el derecho a la participación, de
conformidad con lo expuesto en la parte considerativa.
SEXTO: DECLARAR LA FALTA DE LEGITIMACIÓN en la causa por activa de
Feliz Antonio García con respecto a los derechos a la vida, a la integridad personal
y a la vivienda digna y a la tutela judicial efectiva y reconocer que le asiste el
derecho a reclamar los derechos a la participación y a la tutela judicial efectiva,
según las consideraciones expuestas.
SÉPTIMO: AMPARAR el derecho de los accionantes a la tutela judicial efectiva en
relación con la garantía al debido cumplimiento de las decisiones judiciales y, en
consecuencia le ordenará al Tribunal Administrativo de Antioquia, que, en el
término imperativo e improrrogable de cinco (5) días hábiles, contados a partir de
la notificación de esta sentencia, le dé trámite a las solicitudes presentadas por los
accionantes y la Defensoría del Pueblo, relacionadas con el incidente de desacato
y la convocatoria del Comité de Cumplimiento del fallo e informe sobre ello a este
juez constitucional, en consideración a la naturaleza de los derechos involucrados
y la especial protección que merecen los accionantes, advirtiendo que no se
encontró configurada en el caso concreto una dilación injustificada.
OCTAVO: AMPARAR, como mecanismo transitorio, el derecho a la vivienda
digna de los señores Alejandra María Rojas Penagos, Santiago Blandón Rojas,
Óscar de Jesús Rojas Gil y María Leonor Penagos Montoya.
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NOVENO: ORDENAR al ISVIMED que se les respete la opción de acceder a una
unidad de vivienda en el proyecto “La Playita”, en las condiciones en las que les
fue inicialmente ofertado por la Administración, toda vez que el este proyecto se
diseñó y ejecutó como destino a los beneficiarios de la condena impartida en la
acción popular, sin exigirles suma alguna adicional, pues las condiciones de la
propuesta no pueden variar por las decisiones unilaterales de la administración.
La entidad deberá igualmente mantener la oferta alternativa de entregar a los
actores una solución de vivienda nueva en el proyecto Tierra Paraíso en el sector
de San Javier o un inmueble usado, siempre que cumpla con las condiciones de
habitabilidad, inicialmente ofertadas.
Se dispone inaplicar a los accionantes el contenido del Decreto 1053 de 2020, por
ser violatorio de sus derechos fundamentales e impedirles el acceso a una
vivienda digna.
DÉCIMO: NEGAR la petición de amparo constitucional con respecto a las
tutelantes María Fabiola Muñoz Pino y Olga Lucía Pinillos Muñoz, por haberse
acreditado que recibieron una solución de vivienda usada.
DÉCIMO PRIMERO: ABSTENERSE de amparar los derechos fundamentales de
los señores Froilán de Jesús Pinillos Muñoz y Yuli Durán Zúñiga por no
haberse agotado carga argumentativa y probatoria suficiente. Indicarles a los
actores que pueden acceder al mecanismo principal que en este caso es el
incidente de desacato en la acción popular.
DÉCIMO SEGUNDO: ABSTENERSE de amparar los derechos fundamentales de
los señores Flor Mireya Caro, Sebastián Monsalve, Ckeisy Jhen Ramos
Castrillón, en representación de sus hijas menores María José Monsalve y
María Antonia Monsalve Ramos por no aparece acreditada su vulneración por
las autoridades accionadas.
DÉCIMO TERCERO: ORDENAR a la Defensoría del Pueblo – Regional de
Antioquia que, previa verificación en el sitio (visita a la vivienda en la que
actualmente residen los actores) realice un acompañamiento especial a T
Sebastián Monsalve, Ckeisy Jhen Ramos Castrillón y a sus menores hijas
María José Monsalve y María Antonia Monsalve Ramos y les brinde una
asesoría integral para que puedan postularse y, eventualmente, acceder un
subsidio de vivienda nacional, departamental y/o municipal, teniendo en cuenta las
condiciones de priorización decretadas por el Ministerio de Vivienda en la
Resolución N.o 765 del de junio de 2019 y las normas jurídicas que regulan la
materia.
DÉCIMO CUARTO: NOTIFICAR a las partes y a los terceros intervinientes, en la
forma prevista en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
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Demandantes: Olga Lucía Echeverry y otros
Demandados: Tribunal Administrativo de Antioquia y otros
Radicado: 11001-03-15-000-2021-06979-00
DÉCIMO QUINTO: Si no fuere impugnada, dentro de los diez (10) días siguientes
a la ejecutoria de esta providencia, REMITIR el presente asunto a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada
CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Magistrado
Con salvamento de voto
Este documento fue firmado electrónicamente. Los interesados pueden consultar la providencia
oficial con el número de radicación en http//relatoria.consejodeestado.gov.co.8081
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