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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 13001-23-33-000-2024-00527-01

Fecha
20 de febrero de 2025
Consejero ponente
Pedro Pablo Vanegas Gil

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 13001-23-33-000-2024-00527-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 16 de diciembre de 2024 proferida por el Tribunal Administrativo de Bolívar, Sala de Decisión No. 004 que declaró la improcedencia del amparo solicitado. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. TERCERO: Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 13001-23-33-000-2024-00527-01

Consejero ponente: Pedro Pablo Vanegas Gil

20 de febrero de 2025

Demandantes: Leyla del Rocío Carretero Diaz y otro
Demandado: Juzgado Décimo Administrativo del Circuito Judicial de Cartagena
Radicado: 13001-23-33-000-2024-00527-01

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado Ponente: PEDRO PABLO VANEGAS GIL

Bogotá D.C, veinte (20) de febrero de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 13001-23-33-000-2024-00527-01
Demandantes: LEYLA DEL ROCÍO CARRETERO DIAZ Y OTRO
Demandado: JUZGADO DÉCIMO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO
JUDICIAL DE CARTAGENA

Temas: Tutela contra providencia judicial. Confirma la improcedencia
de la acción por no superar el requisito de la relevancia
constitucional.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala resuelve la impugnación presentada por la parte actora contra la
sentencia proferida en primera instancia el 16 de diciembre de 2024 por el
Tribunal Administrativo de Bolívar, Sala de Decisión No. 004. En esa providencia
se declaró la improcedencia de la acción.

I. ANTECEDENTES

1.1. La tutela

1. Los señores Leyla del Rocío Carretero Díaz y Joaquín Torres Nieves1,
actuando a nombre propio, presentaron acción de tutela en contra del Juzgado
Décimo Administrativo de Cartagena. Con la solicitud de amparo pretenden la
protección de sus derechos fundamentales al debido proceso, a la defensa y
contradicción, a la igualdad procesal, a la buena fe, a la seguridad jurídica y al
trabajo.

2. Las anteriores garantías constitucionales las estimaron vulneradas con
ocasión del auto de 18 de junio de 2024 proferido por el Juzgado Décimo
Administrativo de Cartagena. Mediante la referida decisión, el juzgado accionado
ordenó nuevamente la remisión de las providencias que decretaron un embargo2.

1.2. Pretensiones

1 Quien actuó como apoderado judicial de la señora Leyla del Rocío Carretero Díaz dentro del

proceso ejecutivo 13001-33-31-010-2002-00347-00.
2 Esto, dentro del proceso ejecutivo 13001-33-31-010-2002-00347-00.

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Demandantes: Leyla del Rocío Carretero Diaz y otro
Demandado: Juzgado Décimo Administrativo del Circuito Judicial de Cartagena
Radicado: 13001-23-33-000-2024-00527-01

3. La parte actora solicitó lo siguiente:

1. Los accionantes pedimos que se deje sin efectos el auto de 18 de junio de 2024,
proferido por el JUZGADO DÉCIMO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO
CARTAGENA en el proceso radicado No. 13001233300020020034700, por
incurrir en violación directa de la Constitución y defecto procedimental absoluto,
con violación de los derechos fundamentales antes relacionados.

2. Que como consecuencia de esta decisión, se ordene al JUEZ DÉCIMO
ADMINISTRATIVO DE CARTAGENA que resuelva el recurso presentado por los
accionantes contra el auto de 18 de junio de 2024, aplicando los preceptos
constitucionales y el debido proceso administrativo y en consecuencia acceda a
lo solicitado por la parte demandante y por la NUEVA EPS, disponiendo
comunicar a la EPS NUEVA EPS:

• Que el alcance de la medida cautelar decretada en el proceso ejecutivo
radicado No. 13001233300020020034700 son los recursos provenientes del
SGSSS, SGP.

• Que debe aplicar la medida embargando el 30 por ciento de los recursos
provenientes del SGSSS, SGP, RÉGIMEN SUBSIDIADO que paga a la
E.S.E. HOSPITAL LOCAL SAN SEBASTIÁN DE MORALES por servicios de
salud prestados, absteniéndose de embargar recursos del régimen
contributivo ((los que provienen de cotizaciones de los afiliados y los
beneficiarios del sistema) y que, en todo caso por haberle sido ratificada la
orden de embargo no puede excusarse de cumplirla.

1.3. Hechos

4. La Sala resume los supuestos fácticos relevantes de la tutela de la
referencia de la siguiente manera:

5. La señora Leyla del Rocío Carretero Díaz presentó demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho ante el Juzgado Décimo Administrativo de
Cartagena, bajo el radicado 13001-23-31-000-2002-00347-00. En el desarrollo
de este proceso, la autoridad accionada ordenó a la E.S.E. Hospital Local San
Sebastián de Morales – Bolívar reintegrar a la tutelante al cargo que
desempeñaba antes de su desvinculación, así como realizar el pago de los
salarios y prestaciones sociales causados desde su retiro hasta su efectivo
reintegro.

6. En consecuencia, la actora promovió un proceso ejecutivo contra la
mencionada E.S.E. El conocimiento de dicho asunto correspondió al Juzgado
Décimo Administrativo de Cartagena, el cual expidió un mandamiento de pago y
ordenó el embargo y secuestro de ciertas cuentas de la entidad hospitalaria3.

3 Con auto de septiembre 25 de 2023, el Juzgado 10° Administrativo de Cartagena decretó el

embargo y secuestro del 30% de los recursos provenientes del SGSSS (Sistema General de
Seguridad Social en Salud) y SGP (régimen subsidiado) que adeuda la Nueva EPS S.A. a la
E.S.E Hospital Local San Sebastián de Morales, por concepto de prestación de servicios de salud.

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7. No obstante, la accionante señaló que la orden judicial no ha sido acatada,
ya que la Nueva EPS elude su obligación, con el argumento de que sus fondos
son inembargables por hacer parte del régimen contributivo.

8. Así mismo, señaló que radicó diferentes memoriales ante el juzgado
accionado, en los que solicitó que se requiera a la Nueva EPS para cumplir lo
ordenado previamente4. En respuesta, la autoridad accionada, por medio de auto
de 18 de junio de 2024, dispuso nuevamente el envío de las providencias que
decretaban el embargo.

9. Frente a esta decisión, la parte demandante interpuso recurso de
reposición. En el recurso, la actora indicó que el juzgado no atendió sus
solicitudes para aclarar a la Nueva EPS que los fondos objeto de la medida
cautelar correspondían al SGSS-S, al SGP y al régimen subsidiado, y no al
régimen contributivo.

10. Mediante auto del 3 de julio de 2024, el Juzgado Décimo Administrativo de
Cartagena decidió no reponer la providencia.

11. Para sustentar su decisión, el despacho indicó que lo solicitado por la
actora ya había sido resuelto en el auto que decretó la medida cautelar y en aquel
que la ratificó, los cuales no fueron objeto de recurso ni de solicitudes de
aclaración o adición en su oportunidad procesal.

1.4. Sustento de la vulneración

12. Los tutelantes indicaron que el Juzgado Décimo Administrativo de
Cartagena incurrió en una violación directa de la constitución y en un defecto
procedimental absoluto al proferir el auto del 18 de junio de 2024, que ordenó
remitir nuevamente las providencias que decretaron el embargo. Para los
accionantes, ello resultó en la vulneración de sus derechos fundamentales al
«debido proceso, al acceso a la administración de justicia, defensa y
contradicción, igualdad procesal, buena fe, seguridad jurídica y trabajo».

13. Asimismo, los actores sostuvieron que la Nueva EPS incumplía
intencionalmente la orden de embargo dictada por el Juzgado Décimo
Administrativo de Cartagena, pese a tener pleno conocimiento de su obligación
de acatarla.

1.5. Trámite de la tutela

14. Por medio del auto del 9 de diciembre de 2024, el Tribunal Administrativo

4 La actora indicó en su escrito de tutela que, a pesar de haber presentado en ocasiones
anteriores la misma solicitud ante el juzgado, este no respondió, lo que la obligó a iniciar un trámite
de vigilancia administrativa. Sin embargo, en este procedimiento le informaron que no era posible
hacer efectiva la medida cautelar debido a la naturaleza inembargable de los recursos, lo que
resultó en el archivo de la diligencia.

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de Bolívar, Sala de Decisión No. 004, admitió la tutela. En consecuencia, ordenó
notificar en calidad de accionado al Juzgado Décimo Administrativo de Cartagena
y vinculó como terceros con interés a la E.S.E. Hospital Local San Sebastián de
Morales y a la Nueva EPS.

1.6. Intervenciones

1.6.1. Juzgado Décimo Administrativo de Cartagena

15. El magistrado ponente afirmó que no se vulneraron los derechos
fundamentales de los demandantes, ya que se cumplieron todas las actuaciones
previstas en la ley.

16. Asimismo, destacó que en el despacho judicial se adelanta un proceso
ejecutivo promovido por la tutelante contra la E.S.E. Hospital Local San Sebastián
de Morales, con el propósito de hacer efectiva una sentencia dictada en 2014.

17. Indicó que, en 2019, expidió mandamiento de pago y, en 2023, se decretó
una medida cautelar que ordenó el embargo del 30% de los créditos adeudados
por la Nueva EPS, excluyendo aquellos considerados inembargables.

18. Precisó que, aunque la medida fue ratificada en noviembre de 2023, la
parte ejecutante presentó múltiples solicitudes, promovió acciones de tutela e
interpuso una queja disciplinaria contra el juez con el fin de garantizar su
cumplimiento.

1.6.2. E.S.E. Hospital Local San Sebastián de Morales

19. La entidad informó que la accionante ha recurrido a los mecanismos
judiciales pertinentes para el cobro de las acreencias, por lo que la acción
constitucional debe ser desestimada.

20. Señaló que la actora ha presentado múltiples acciones de tutela sobre los
mismos hechos y contra las mismas partes, obteniendo fallos desfavorables en
distintas instancias.

21. Asimismo, consideró que la nueva tutela debía ser rechazada por
configurarse la cosa juzgada, calificó la acción como temeraria debido a la
reiteración de los mismos hechos y objetó la actuación del abogado Joaquín
Torres Nieves como accionante, al carecer de legitimación para ello.

1.6.3. Nueva EPS

22. La entidad afirmó que ha sido vinculada a varias acciones de tutela

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presentadas por la parte actora sobre los mismos hechos5.

23. Afirmó que con la presente acción se busca amparar asuntos económicos
y sustituir las decisiones que debe tomar el juez en el proceso ordinario. Además,
destacó que no se ha demostrado la vulneración de derechos por parte de la
Nueva EPS, ya que las alegaciones presentadas son genéricas.

1.7. Sentencia de primera instancia

24. Mediante sentencia del 16 de diciembre de 2024, el Tribunal Administrativo
de Bolívar, Sala de Decisión No. 004, declaró improcedente la solicitud de
amparo al considerar que la accionante formuló una controversia de naturaleza
exclusivamente económica, relacionada con la interpretación de una medida
cautelar dentro de un proceso ejecutivo, sin plantear un verdadero debate de
orden constitucional.

25. Finalmente, declaró la falta de legitimación en la causa por activa del señor
Joaquín Torres Nieves, al no ser titular de los derechos en controversia. En este
caso, el debate gira en torno al cumplimiento o ejecución de la providencia del 27
de junio de 2014, cuya beneficiaria es la señora Leyla del Rocío Carretero Díaz.

1.8. Impugnación

26. La accionante reiteró los argumentos presentados en el escrito de tutela e
insistió en que el auto de 18 de junio de 2024 emitido por el Juzgado Décimo
Administrativo de Cartagena incurrió en una violación directa de la constitución y
al debido proceso.

27. Asimismo, presentó un nuevo argumento al afirmar que la providencia
cuestionada desconoció el precedente judicial, ya que el tribunal no analizó el
caso en detalle conforme al marco establecido en la sentencia T-515 de 2024.

28. En consecuencia, solicitó la revocatoria de la providencia impugnada y, en
su lugar, el acogimiento de las pretensiones planteadas en la acción
constitucional.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia

29. Esta Sala es competente para resolver la impugnación presentada por la
parte actora contra sentencia proferida en primera instancia el 16 de diciembre

5 Tutela ante el juzgado primero laboral del circuito de Aguachica, con radicado No.
200113105001 2024 00013 00 y la tutela ante el Juzgado 51 civil municipal de Bogotá radicado
No. 13001-33-31-010-2002-00347-00.

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de 2024, el Tribunal Administrativo de Bolívar, Sala de Decisión No. 004. Lo
anterior, de conformidad con lo establecido en los Decretos 2591 de 1991 y 1069
de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021, así como en el Acuerdo 080 de
2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado.

2.2. Cuestión Previa

30. Por su parte , por cuestión metodológica, y con el fin de establecer el
problema jurídico a resolver, esta Sala advierte desde ya que con la impugnación
se trajeron a colación nuevos yerros que no fueron puestos de presente en el
escrito inicial de tutela, por lo cual, esta Colegiatura se abstendrá de
pronunciarse al respecto, con el fin de garantizar el derecho de defensa y de
contradicción de la parte pasiva, comoquiera que esta no tuvo la oportunidad de
ejercer la contradicción frente al particular y el juez a quo, por la misma razón,
no pudo pronunciarse sobre su contenido y alcance.

2.2. Legitimación en la causa

31. La legitimación en la causa consiste, de una parte, en que quien promueve
la acción sea el titular del derecho o del interés que se invoca como fundamento
de las pretensiones que se aducen (activa), y, de otra, en que el accionado sea
el sujeto frente a quien deben reclamarse y controvertirse estas (pasiva).

32. La Sala advierte que la señora la señora Leyla del Rocío Carretero Díaz
está legitimada en la causa por activa, porque es la parte actora en el proceso
ejecutivo en el que se profirió la providencia aquí cuestionada. Por tanto, es la
titular de los derechos fundamentales que estima vulnerados con la decisión del
Juzgado Décimo Administrativo de Cartagena de remitir a la Nueva EPS las
providencias que decretaron un embargo.

33. Por su parte, esta Colegiatura advierte que el Juzgado Décimo
Administrativo de Cartagena, se encuentra legitimado en la causa por pasiva, al
ser la autoridad judicial que profirió la decisión reprochada en esta oportunidad.

2.3. Problema jurídico

14. Teniendo en cuenta la situación fáctica expuesta por la parte actora, el
material probatorio recaudado y los informes presentados; el problema jurídico a
resolver en el caso concreto es el siguiente:

• ¿Se encuentran superados los requisitos generales de la acción de tutela
contra providencias judiciales?

15. De resultar afirmativa la respuesta de la pregunta anterior, se procederá a
dar respuesta al siguiente interrogante:

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• ¿El Juzgado Décimo Administrativo de Cartagena, vulneró los derechos
fundamentales invocados por la accionante, con ocasión del auto proferido
el 18 de junio de 20246?

Para resolver los interrogantes planteados, se analizarán los siguientes temas:
(i) el criterio de la Sala sobre procedencia de la acción de tutela contra
providencia judicial; (ii) los requisitos de procedibilidad, en especial, el de la
relevancia constitucional y, en caso de encontrase superados; (iii) estudio del
caso en concreto.

2.4. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial

34. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo unificó la diversidad de
criterios que esta Corporación tenía sobre la acción de tutela contra providencias
judiciales, en fallo de 31 de julio de 20127. Lo anterior, porque, hasta ese
momento, las distintas Secciones y la misma Sala Plena tenían diferentes
posturas sobre este tema8. En la referida sentencia, se estableció que la tutela
contra providencias judiciales sí es procedente si se cumplen ciertos requisitos
especiales y excepcionales9.

35. A su vez, los requisitos especiales y excepcionales para que proceda una
acción de tutela contra providencia judicial fueron unificados por la Sala Plena de
esta Corporación en la sentencia del 5 de agosto del 2014. En esta sentencia se
establecieron seis requisitos generales de procedencia y ocho defectos
especiales en los que puede incurrir una providencia judicial.

36. Por tanto, previo a estudiar de fondo el asunto y establecer si se configura
los defectos especiales, la Sala determinará si se superan los siguientes
requisitos generales de procedencia:

i) que la tutela no se dirija contra un fallo de tutela,
ii) inmediatez,
iii) subsidiariedad,
iv) relevancia constitucional,
v) identificación razonable de los hechos vulneradores del derecho,
vi) Efecto decisivo de la irregularidad procesal.

37. De modo que, de no observarse el cumplimiento de uno de estos
presupuestos, se declarará improcedente la acción de amparo, sin que se analice

6 En dicha providencia el Juzgado Décimo Administrativo de Cartagena ordenó nuevamente la

remisión de las providencias que disponen el embargo.
7 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de 31 de julio de

2012, M.P. María Elizabeth García González, Rad. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01.
8 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes

reseñado.
9 Se dijo en la mencionada sentencia “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra

providencias judiciales, de conformidad con lo expresado a folios 2 a 50 de esta providencia”.

7
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el fondo del asunto. Cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala
estudiar si se configura uno o más de los defectos materiales o especiales de
procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial. En este mismo
sentido, la sala ha establecido que, para la prosperidad o negación del amparo
impetrado, se requerirá: i) que la causa, motivo o razón a la que se atribuya la
transgresión sea de tal entidad que incida directamente en el sentido de la
decisión y ii) que con la acción no se intente reabrir el debate de instancia.

38. Es importante recalcar que la acción de tutela no puede ser considerada
como una «tercera instancia» que se emplee, por ejemplo, para revivir términos,
interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez natural.

39. Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar si en el caso concreto
concurren los requisitos de procedibilidad, en especial el de relevancia
constitucional y, solo en el caso de encontrarlos superados, se resolverá si la
sentencia censurada incurrió en los defectos aludidos.

2.5. Análisis sobre los requisitos generales de procedibilidad

40. En la sentencia del 29 de septiembre de 2022, la Sección Quinta del
Consejo de Estado modificó la postura que venía manejando sobre el estudio del
requisito de relevancia constitucional, en especial, en aquellos casos en los
cuales se hace evidente que los temas se limitan a aspectos de índole legal o
económico, sin que se pueda advertir la necesidad de desarrollar un estudio de
fondo sobre una posible vulneración de una garantía constitucional10.

41. De esta manera, esta Sala de Decisión se planteó que el estudio de la
relevancia constitucional debía estar acompasado con los criterios establecidos
por la Corte Constitucional11 en la sentencia SU-215 de 2022, los cuales fueron
acogidos por esta corporación. En concreto, estos presupuestos se refieren a:

i) que el actor cumpla su carga argumentativa, en donde justifique
suficientemente la relevancia constitucional por vulneración de derechos
fundamentales, ya que no basta que se aduzca la vulneración de
aquellos;

ii) que la acción de tutela no se erija en una instancia adicional al proceso
ordinario en el cual fue proferida la providencia acusada, puesto que
este mecanismo sólo está instituido para proteger derechos
fundamentales y no para discutir la discrepancia que el actor tenga
frente a la decisión judicial. Por ende, no debe ser un debate
exclusivamente legal; y

iii) que no se trate de asuntos puramente económicos en los que no se
advierta la tensión entre las decisiones que se enjuician y una
vulneración ostensible de un derecho fundamental. Lo anterior porque

10 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta. Sentencia del 29

de septiembre de 2022. Rad. 11001-03-15-000-2022-03365-01, M.P. Pedro Pablo Vanegas Gil.
11 Ver entre otras sentencias de la Corte Constitucional la SU-573 de 2019.

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estas controversias corresponde definirlas a los jueces ordinarios y la
tutela no puede convertirse en una tercera instancia.

42. Adicionalmente, en el fallo de unificación referenciado la Corte explicó que,
dado que las providencias judiciales hacen tránsito a cosa juzgada, cuando se
interponga un mecanismo de amparo constitucional contra una decisión judicial
«el juez de tutela debe limitarse a analizar los yerros puntuales de la providencia
cuestionada señalados por el accionante, pues tiene vedado adelantar un control
oficioso y exhaustivo de la providencia reprochada».

43. Asimismo, enfatizó que, cuando se cuestiona una providencia de una alta
corte, el análisis de procedencia debe ser más restrictivo teniendo en cuenta que
la decisión fue proferida por un órgano de cierre y «no solo tienen relevancia en
términos de seguridad jurídica, sino que también son fundamentales en la
búsqueda de uniformidad de las decisiones de los jueces de menor jerarquía y,
por esta vía, en la materialización del principio de igualdad».

44. Al abordar el caso concreto, el alto tribunal constitucional precisó que la
acción de tutela contra providencias judiciales implica un juicio de validez y no
una corrección del fallo cuestionado. En ese sentido, no se puede utilizar este
instrumento como una instancia adicional para discutir cuestiones probatorias o
formas de interpretación de las normas que se zanjaron por el juez natural. Lo
anterior como un eje fundamental para «lograr un correcto entendimiento de los
hechos y del problema jurídico, pues así se previene la irrupción del juez de tutela
en asuntos que no son de su competencia y se garantiza que la cuestión sea
analizada a la luz de la Constitución».

45. Conforme a lo decidido en anteriores oportunidades, la Sala entrará a
decidir si en el presente caso el asunto reviste o no de relevancia constitucional,
de conformidad con los criterios antes planteados y atendiendo a los fines
acogidos por la Corte Constitucional y esta Corporación.

2.6. Estudio del cumplimiento del requisito de la relevancia constitucional
en el caso concreto

46. En este caso, la Sala advierte que la parte actora cuestionó el auto
proferido el 18 de junio de 2024 por el Juzgado Décimo Administrativo de
Cartagena, mediante el cual se ordenó remitir a la Nueva EPS la providencia que
decretaba medidas cautelares.

47. A juicio de la tutelante, la providencia reprochada incurrió en una violación
directa de la constitución y en un defecto procedimental absoluto, debido a que
se desconoció por completo la protección del derecho sustancial de la parte
demandante. A pesar de haberse decretado la medida cautelar, está aún no ha
sido cumplida.

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48. En ese sentido, sostuvo que el Juzgado Décimo Administrativo de
Cartagena no cumplió con el procedimiento adecuado para garantizar la
ejecución de la orden judicial de embargo emitida en septiembre y octubre de
2023, la cual debía ser acatada por la Nueva EPS.

49. No obstante, es importante señalar que la providencia aquí cuestionada
no corresponde a una actuación sustancial. En realidad, tal como lo indicó el
juzgado accionado en el informe remitido, dicha actuación correspondió a un acto
de trámite, mediante el cual se ordenó remitir nuevamente a la Nueva EPS una
copia del auto que decretaba ciertas medidas cautelares, con el propósito de que
dicha entidad comprendiera claramente el contenido y los alcances de esta.

50. De acuerdo con lo expuesto, si bien la accionante manifestó su
inconformidad con lo decidido en la providencia reprochada, lo cierto es que no
cumplió con la carga argumentativa necesaria para evidenciar la configuración
de los defectos que alega y, por contera, la vulneración de sus derechos
fundamentales.

51. Los cuestionamientos de la accionante evidencian su inconformidad con
la decisión adoptada por el Juzgado Décimo Administrativo de Cartagena, al
considerar que esta no estableció el alcance necesario para ejecutar el embargo
del 30% de los recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud, en
virtud de una deuda reconocida por la Nueva EPS a la E.S.E. Hospital Local San
Sebastián de Morales.

52. Al respecto, resulta pertinente reiterar lo señalado por la autoridad
accionada, quien sostuvo que el auto cuestionado no contraviene el
ordenamiento jurídico ni presenta errores. Esto, porque la actora reprocha una
providencia judicial cuyo alcance se limita a remitir los autos que ordenaron y
ratificaron el embargo del 30% de los créditos adeudados por la Nueva EPS a la
E.S.E. Hospital Local San Sebastián de Morales, con excepción de los recursos
inembargables. Contra dichas actuaciones no se interpusieron recursos ni
solicitudes de aclaración.

53. Lo anterior evidencia que el verdadero propósito de la parte accionante al
interponer esta acción constitucional no es la protección de derechos
fundamentales, sino cuestionar o impugnar los fundamentos de una decisión
judicial que resultó adversa a sus intereses. Sus cuestionamientos giran en torno
aspectos de interpretación económica y legal, buscando obtener una decisión
favorable a sus pretensiones, sin plantear un debate con relevancia constitucional
que justifique la intervención del juez de tutela.

54. En otras palabras, la Sala encontró que la accionante no presentó
argumento alguno que demostrara por qué este asunto debía trascender las
instancias ordinarias ya agotadas para ser revisado por el juez de tutela. No
aportó fundamentos con la suficiente entidad para permitir un estudio de fondo
desde una perspectiva constitucional.

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Demandantes: Leyla del Rocío Carretero Diaz y otro
Demandado: Juzgado Décimo Administrativo del Circuito Judicial de Cartagena
Radicado: 13001-23-33-000-2024-00527-01

55. En conclusión, la Sala determina que la presente acción de tutela y los
cargos expuestos por la actora carecen de la carga argumentativa mínima
requerida para superar el requisito de relevancia constitucional. Por ende, la Sala
confirmará el fallo de tutela de primera instancia que declaró la improcedencia de
la acción constitucional por no superar el requisito de relevancia constitucional.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la Ley,

III. FALLA

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 16 de diciembre de 2024 proferida por
el Tribunal Administrativo de Bolívar, Sala de Decisión No. 004 que declaró la
improcedencia del amparo solicitado.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista
en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

TERCERO: Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta
providencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado

Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia
oficial con el número de radicación en
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx

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