Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 13001-33-31-000-2014-00348-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 13001-33-31-000-2014-00348-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 13001-33-31-000-2014-00348-01
Consejero ponente: William Hernandez Gomez
3 de marzo de 2022
1
Radicado: 13001-33-31-000-2014-00348-01 (0923-2019)
Demandante: Ruth Esther Salcedo Monsalve
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ
Bogotá D.C., tres (3) de marzo de dos mil veintidós (2022)
Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 13001-33-31-000-2014-00348-01 (0923-2019)
Demandante: RUTH ESTHER SALCEDO MONSALVE
Demandada: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE1
Tema: Reconocimiento relación laboral. Formadora SENA.
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
Ley 1437 de 2011
ASUNTO
La Sección Segunda, Subsección A del Consejo de Estado decide el recurso de
apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia del 20 de
septiembre de 2018 proferida por el Tribunal Administrativo de Bolívar que negó las
pretensiones de la demanda.
ANTECEDENTES
La señora Ruth Esther Salcedo Monsalve, en ejercicio del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho que consagra el artículo 138 de la Ley 1437
del 20112, formuló, en síntesis, las siguientes:
Pretensiones2
1. Declarar la nulidad del acto administrativo contenido en el Oficio 2-2014-003217
del 26 de marzo de 2014, expedido por la Subdirectora del Centro
Agroempresarial y Minero, Regional Bolívar, por medio del cual se negó el
reconocimiento y pago de las prestaciones sociales, así como de la seguridad
social y los salarios que debió devengar la señora Ruth Esther Salcedo
Monsalve.
2. Declarar a la demandante como empleada pública a partir del 21 de octubre de
2004 y hasta noviembre de 2012, como Instructora Tutora SENA, en el área
Agroindustrial.
3. A título de restablecimiento del derecho solicitó ordenar al SENA reconocer,
liquidar y pagar a la demandante prestaciones sociales, seguridad social,
viáticos, salarios y demás acreencias que resulten probadas en el proceso.
4. Ordenar a la entidad demandada, pagar la sanción moratoria de que trata la Ley
244 de 1995, desde el 1.º de enero de 2007; pagar la indemnización por despido
injusto; condenar al SENA a pagar el salario que debió devengar la demandante
como Asesora Tutora Sena y; al pago de costas del proceso.
1 En adelante SENA.
2 Folios 281 a 283.
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Demandante: Ruth Esther Salcedo Monsalve
Fundamentos fácticos relevantes3
1. Entre el 21 de octubre de 2004 y el mes de noviembre de 2012 se suscribieron
contratos de prestación de servicios entre el Centro Agroempresarial y Minero
Regional Bolívar y la señora Ruth Esther Salcedo Monsalve, así: Contratos 1018-
2004, 149-2005, 339-2006, 436-2007, 650-2008, 379-2008, 92-2009, 294-2010,
722-2011, 340-2011, 719-2012 y 194-2012.
2. En la cláusula 4ª de los contratos suscritos por la demandante con el SENA, se
disponían obligaciones que debían ser cumplidas a cabalidad, y las cláusulas 1ª
y 2ª, preveían el objeto de los contratos, que llevaban al cumplimiento explícito
de la misión institucional del SENA, de acuerdo al Plan Estratégico SENA 2011-
2014 con visión 2020 “SENA de clase mundial”.
3. La señora Salcedo Monsalve desarrolló los programas Jóvenes Rurales; así
como los de formación titulada profesional, técnica y complementaria, dirigida a
la Formación Profesional Integral, de acuerdo al manual específico de funciones
como Instructora Tutora SENA.
4. En la contratación suscrita con el Centro Agroempresarial y Minero, Regional
Bolívar, la parte demandante debió cumplir el horario de 8:00 a 12:00 y de 14:00
a 18:00, de lunes a viernes y además tuvo que desplazarse de la ciudad de
Cartagena hacia los municipios del departamento de Bolívar, para cumplir con la
misión institucional, de manera personal, permanente, subordinada, dependiente
y con recursos propios.
5. Refirió que la contratación suscrita con el Centro Agroempresarial y Minero,
Regional Bolívar se tipificó como un hecho cierto que los contratos de prestación
de servicios no se usaron de manera excepcional, pues pasaron a ser contratos
habituales que cumplía funciones públicas.
6. Por medio de petición, la señora Ruth Esther Salcedo Monsalve solicitó al Centro
Agroempresarial y Minero,Regional Bolívar, el reconocimiento, liquidación y pago
de las cesantías, intereses a las cesantías, primas legales y extralegales, afiliación
a un fondo de cesantías y salud, aportes a pensión de jubilación, vacaciones,
vestido y calzado de labor, auxilio de transporte y reembolso de las sumas
descontadas por concepto de retención en la fuente y Ley 4ª, junto con la
indemnización por el retraso en la consignación y la indexación.
7. Dicha petición fue resuelta de manera negativa, mediante el acto administrativo
con número 2-2014-003217 del 26 de marzo de 2014.
DECISIONES RELEVANTES EN LA AUDIENCIA INICIAL
La fijación del litigio es la piedra basal del juicio por audiencias de allí que la relación
entre ella y la sentencia es la de «tuerca y tornillo»4, porque es guía yajuste de esta
última. De esta manera se preserva la congruencia que garantiza el debido proceso,
razón por la cual el juez al proferir la sentencia debe resolver el litigio en forma
concordante con los hechos, las pretensiones y las excepciones; puntos que fueron
condensados y validados por las partesal precisar el «acuerdo sobre el desacuerdo»
en la audiencia inicial. De allí quelos problemas jurídicos adecuadamente formulados
y aceptados por los intervinientes se convierten en una eficiente guía para el decreto
de las pruebas, las alegaciones, la sentencia y sustentación de los recursos
pertinentes. Por lo dicho, la audiencia inicial es el punto de partida más legítimo y
3 Folios 277 a 281.
4 Módulo Audiencia inicial y audiencia de pruebas. EJRLB. (2015).
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preciso para fundamentar adecuadamente la sentencia.
Resumen de las principales decisiones
Excepciones previas (art. 180-6 CPACA)
En el acta se consignó lo siguiente al momento de decidir las excepciones5:
«[…] El Servicio Nacional de Aprendizaje – Sena alega que se debe decretar la
prescripción de todos aquellos derechos que no ha (sic) sido reclamado (sic) por la
actora dentro de la oportunidad legal y en consecuencia se entran extinguidos.
Al respecto observa el Tribunal que, lo que formula la parte demandada como una
excepción, está directamente relacionada con la prosperidad de las pretensiones, toda
vez que, lo que se debate en esta caso es precisamente, si el actor (sic) tiene o no
derecho, a que se le reconozca y pague las pretensiones sociales reclamadas; y solo
en la medida que le sean reconocidas las pretensiones, podrá hablarse de prescripción;
por tanto, este punto se deberá ser resuelto el momento de dictar la sentencia, al igual
que las excepciones de cobro de lo no debido, Buena (si) fe e inexistencia de la
obligación. […]»
Fijación del litigio (art. 180-7 CPACA)
El litigio se fijó en los siguientes términos6:
«[…] ¿Los Contratos de Prestación de Servicios por los cuales fue vinculado el (sic)
demandante se desnaturalizaron y se configuró un (sic) relación laboral; y a consecuencia
de ello, el accionante (sic) tiene derecho a que se le pague a título de indemnización lo
que le correspondería por concepto de prestaciones sociales, así como la indemnización
moratoria por el pago tardío de las prestaciones sociales, tal como lo demanda la actora?
[…]».
SENTENCIA APELADA7
El Tribunal de primera instancia dictó sentencia el 20 de septiembre de 2018, en la
que declaró probada la excepción de inexistencia de la obligación propuesta por la
parte demandada, y negó las pretensiones de la demanda, comoquiera que no se
probó la subordinación, con sustento en lo siguiente:
En primer lugar, hizo relación de los hechos acreditados en el proceso para concluir
que no se probó la configuración de una verdadera relación laboral entre la
demandante y la entidad demandada, pues las obligaciones por ella desarrolladas no
fueron continuas y, por demás, tuvieron objetos contractuales diversos -no se trató
de una relación única y homogénea-, en atención a las necesidades de la entidad en
el tiempo, aspecto que le permitió inferir que la contratación no se produjo con el
ánimo de emplearla de modo permanente. Afirmó además que no se probó siguiera
que la demandante dependiera de un jefe durante los varios períodos que estuvo
vinculada al SENA.
Por tal motivo, señaló que no aparecen desvirtuadas la autonomía e independencia
en la prestación del servicio y la transitoriedad u ocasionalidad propia de los contratos
de prestación de servicios. Tampoco se demostraron los elementos característicos
de la relación laboral.
En tal orden de ideas, dispuso declarar probada la excepción de inexistencia de la
5
Folio 331 vto.
6 Folio 331 vto. y 332.
7 Folio 358 a
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obligación esgrimida por la parte demandada y, en consecuencia, negó las
pretensiones de la demanda y condenó en costas a la parte demandante.
RECURSO DE APELACIÓN
La parte demandante8 presentó recurso de apelación contra la sentencia arriba
referenciada, con fundamento en lo siguiente:
Para la recurrente, y contrario a lo considerado por el tribunal, su vinculación fue de
carácter laboral no contractual pues las funciones que debía cumplir hacían parte de
la misión institucional del SENA y eran las mismas que realizaban los asesores
tutores de planta, por cuanto requería la implementación y ejecución de la plataforma
“Sofia Plus” y, por lo tanto, precisaba seleccionar estrategias de enseñanza,
aprendizaje y evaluación según el programa de formación profesional, el enfoque
metodológico adoptado, el calendario institucional y el Manual de Procedimientos;
seleccionar ambientes de aprendizaje; orientar los procesos de aprendizaje según
las necesidades detectadas; reportar información académica y administrativa; y
evaluar a los aprendices durante el proceso educativo.
Además, debía cumplir un horario determinado y programado por la plataforma de
Sofia Plus, esto es, 7 a.m. hasta las 11:30 a.m. y de 2 p.m. hasta las 6 p.m., de lunes
a viernes, con grupos conformados entre 25 a 30 alumnos; debía seguir las órdenes
dictadas por los supervisores y coordinadores del Centro Agroempresarial y Minero,
Regional Bolívar, y la remuneración de sus prestaciones se soportan en las fichas
de pagos mensuales, los informes del supervisor y las certificaciones de
permanencia.
Con sustento en lo expuesto, solicitó revocar la sentencia recurrida.
ALEGATOS DE CONCLUSIÓN
La parte demandada9 solicitó confirmar la sentencia dado que no se acreditaron
las exigencias de la ley para que se estructure la relación laboral. Precisó que no se
advierte que la demandante recibió órdenes o que prestara sus servicios de forma
subordinada, ni que esto haya ocurrido en forma continua, pues los objetos
contractuales difieren y son por tiempo limitado.
Agregó que el testimonio rendido tampoco aportó claridad o certeza de que la
demandante se encontraba sometida por la entidad demandada y; en cuanto a los
horarios en que la contratista debía cumplir el objeto contractual, señaló que solo por
ello no puede asegurarse automáticamente que haya subordinación, pues es
imperativo que entre las partes coordinen las actividades.
Finamente, precisó que de conformidad con las circunstancias anotadas es evidente
que la libelista no se desempeñó en igualdad de condiciones a un empleado público
o trabajador oficial, y bien podía ser contratada por prestación de servicios, ante la
ausencia de personal de planta o la insuficiencia del personal existente.
La parte demandante10 reiteró los argumentos expuestos en la demandada y el
escrito de apelación y peticionó revocar la sentencia de primera instancia y tener en
cuenta para ello, lo dispuesto en las sentencias 00117 de 2018 -sin número de
radicación- y CE-SUJ2 No. 5 de 2016, proferidas por esta Sección.
8 Folio 368 a 377.
9 Folios 297 a 327.
10 Folios 328 a 330.
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El Ministerio Público guardó silencio en esta etapa procesal, según constancia
secretarial a folio 331 del expediente.
CONSIDERACIONES
Competencia
De conformidad con el artículo 150 del CPACA, el Consejo de Estado es competente
para resolver el recurso de apelación interpuesto. De igual forma,según el artículo
328 del Código General del Proceso, el juez de segunda instancia debe
pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos en elrecurso de alzada.
Problemas jurídicos
De conformidad con los planteamientos derivados de la sentencia apelada y del
recurso de apelación elevado por la parte demandante, los problemas jurídicos a
resolver en esta instancia se circunscriben a:
1. ¿En el caso de la señora Ruth Esther Salcedo Monsalve se configuraron los
elementos de la relación laboral durante el tiempo que estuvo vinculada como
Instructora con el Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA?
En caso afirmativo,
2. ¿Cómo debe restablecerse el derecho de la demandante?
Marco normativo y jurisprudencial
En lo relacionado con el derecho al trabajo, el artículo 53 constitucional consagra los
derechos fundamentales de los trabajadores relacionados con la igualdad de
oportunidades, remuneración mínima vital y móvil proporcional a la cantidad y calidad
de trabajo, irrenunciabilidad a los beneficios mínimos establecidos en normas
laborales, situación más favorable al trabajador en caso de duda en la aplicación e
interpretación de las fuentes formales de derecho y primacía de la realidad sobre
las formalidades establecidas por las partes.
Asimismo, el artículo 53 ejusdem establece que los convenios internacionales sobre
el derecho al trabajo, debidamente ratificados por el Estado colombiano, forman
parte de la legislación interna (bloque de constitucionalidad laboral). Por esta razón,
desde el ámbito del derecho internacional, el principio de «salario igual por un trabajo
de igual valor», desarrollado por el artículo 2 del Convenio 111 de la OIT, 11
constituye, junto con otros principios convencionales,12 un axioma laboral de
aplicación directa en el ordenamiento jurídico interno.
Ahora bien, al margen de lo previsto para el derecho al trabajo, en lo que respecta al
contrato estatal de prestación de servicios (uno de los instrumentos de gestión
pública y de ejecución presupuestal más importantes de la Administración para
satisfacer sus necesidades y asegurar el cumplimiento de los fines del Estado), el
numeral 3.º del artículo 32 de la Ley 80 de 1993 lo recoge como un tipo de negocio
jurídico o contrato típico, en los siguientes términos:
11 Aprobado en Colombia mediante la Ley 22 de 1967 y ratificado en 1969.
12 Como Estado parte de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José́ de Costa Rica),
Colombia ratificó el «Protocolo de San Salvador: Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en
materia de derechos económicos, sociales y culturales», adoptado en San Salvador, el 17 de noviembre de 1988, el cual
en sus artículos 6 y 7 consagra el derecho al trabajo como «(...) la oportunidad de obtener los medios para llevar una
vida digna y decorosa a través del desempeño de una actividad lícita libremente escogida o aceptada».
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«3. Son contratos de prestación de servicios los que celebren las entidades estatales para
desarrollar actividades relacionadas con la administración o funcionamiento de la entidad.
Estos contratos sólo podrán celebrarse con personas naturales cuando dichas
actividades no puedan realizarse con personal de planta o requieran conocimientos
especializados.
En ningún caso estos contratos generan relación laboral ni prestaciones sociales y se
celebrarán por el término estrictamente indispensable.»
Como se ve, el anterior precepto establece, de manera expresa, que los contratos
de prestación de servicios no son fuente de una relación laboral ni generan la
obligación de reconocer y pagar prestaciones sociales; sin embargo, la
jurisprudencia de esta corporación y de la Corte Constitucional ha admitido que tal
disposición no es aplicable cuando se demuestran los elementos configurativos de
una relación laboral, a saber: la subordinación continuada, la prestación personal del
servicio y la remuneración (artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo).
En esa lógica, en la sentencia de unificación SUJ-025-CE-S2-2021, la Sección
Segunda del Consejo de Estado expuso la necesidad de generar una interpretación
vinculante respecto del entendimiento del contrato estatal de prestación de servicios
contemplado en el mencionado artículo 32 de la Ley 80 de 1993, y la forma en que
este queda desvirtuado para dar lugar a la declaratoria de una relación laboral
encubierta o subyacente.
Lo anterior, teniendo en cuenta que toda relación jurídica que implique conductas o
actividades laborales, incluidas, claro está, aquellas en las que el Estado es el
empleador, deberá ser analizada en consideración de los derechos fundamentales
de los trabajadores previstos en el señalado artículo 53 de la Constitución y en los
convenios internacionales sobre el trabajo, debidamente ratificados por el Estado.
En tal sentido, en el citado fallo de unificación, al analizarse los elementos del
contrato de trabajo (subordinación, prestación personal del servicio y remuneración),
se reiteraron ciertos criterios elaborados por la jurisprudencia para identificar, en el
marco de contratos estatales de prestación de servicios, el elemento de la
subordinación, en cuanto condición sine qua non para declarar la existencia de una
relación laboral encubierta o subyacente, a saber:
i) el lugar de trabajo, en el que precisó que en la actualidad se puede matizar ante el
surgimiento de una «nueva realidad laboral, fruto de las innovaciones tecnológicas»;
ii) el horario de las labores, resaltando que el establecimiento o imposición de jornadas
laborales o turnos deberá ser valorado en función del objeto contractual convenido;
iii) la dirección y control efectivo de las actividades a ejecutar, que se materializa, por
ejemplo, con el ius variandi o con la inserción del prestador del servicio en el círculo
rector, organizativo o disciplinario de la entidad; y
iv) que las actividades o tareas a desarrollar correspondan de manera idéntica, semejante
o equivalente a las que tienen asignadas los servidores de planta, siempre y cuando se
reúnan los elementos configurativos de la relación laboral.
No obstante lo anterior, la Sección precisó que aún cuando se acrediten los
mencionados elementos del contrato de trabajo, lo que emerge entre el contratista y
la entidad es una relación laboral, gracias a la aplicación del principio de la primacía
de la realidad sobre las formas; pero, de ninguna manera, una vinculación legal y
reglamentaria, por lo que no es posible darle la categoría de empleado público a
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quien prestó sus servicios sin satisfacer las exigencias del articulo 122 de la Carta
Política.13
Finalmente, sobre este punto, determinó que incumbe al actor demostrar, además
de la prestación personal de sus servicios a cambio de una remuneración, la
existencia de unas condiciones de subordinación o dependencia continuada, en las
que el representante de la entidad contratante o la persona que él designe, ostentó
la facultad de exigirle el cumplimiento de órdenes perentorias y de obligatoria
observancia.
Expuestos los anteriores fundamentos, la Sección Segunda determinó las siguientes
reglas de unificación:
(i) La primera regla define que el concepto de «término estrictamente indispensable», al
que alude el numeral 3.º del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, es el señalado en los
estudios previos y en el objeto del contrato, el cual, de acuerdo con el principio de
planeación, tiene que estar justificado en la necesidad de la prestación del servicio a favor
de la Administración, de forma esencialmente temporal y, de ninguna manera, con ánimo
de permanencia.
(ii) La segunda regla establece un periodo de treinta (30) días hábiles, entre la finalización
de un contrato y la ejecución del siguiente, como término de la no solución de continuidad,
el cual, en los casos que se exceda, podrá flexibilizarse en atención a las especiales
circunstancias que el juez encuentre probadas dentro del expediente.
(iii) La tercera regla determina que frente a la no afiliación al sistema de la Seguridad
Social en salud, por parte de la Administración, es improcedente la devolución de los
valores que el contratista hubiese asumido de más, en tanto se recaudaron como recursos
de naturaleza parafiscal.
En la primera regla, la sentencia fue enfática en destacar la importancia de dar cabal
cumplimiento al principio de planeación, el cual exige a las entidades estatales, so
pena incluso de nulidad, la utilización de sus recursos de la manera más eficiente;
por esta razón, el «término estrictamente indispensable» puede advertirse en la fase
precontractual, pues es allí donde la entidad justifica, en función del objeto a contratar
y de los recursos disponibles, el tiempo máximo que estima imprescindible para la
ejecución de un contrato futuro. De ahí que los contratos de prestación de servicios
no puedan concatenarse indefinidamente en el tiempo, cuando se suscriben con
personas naturales.
En la segunda regla, la sentencia de unificación estableció en 30 días hábiles, en
principio y como marco de referencia, el término de solución de continuidad para
aquellos contratos de prestación de servicios que presenten interrupciones, cuya
consecuencia jurídica es la de establecer la prescripción de derechos una vez
declarada la relación laboral subyacente. En consecuencia, de no superarse dicho
lapso, se puede concluir «la existencia de una unidad de vínculo contractual»
siempre y cuando «se constate que los objetos contractuales y las obligaciones
emanadas de ellos son iguales o similares y apuntan a la satisfacción de las mismas
necesidades».
A este respecto, en la sentencia de unificación SUJ-025-CE-S2-2021 se reiteró que
la Sección Segunda del Consejo de Estado, en punto a la prescripción de derechos
prestacionales derivados de la relación laboral encubierta o subyacente, ha venido
13 Al respecto, ver entre otras la sentencia de esta Sección de 13 de mayo de 2010; radicado 76001-23-31-000-2001-
05650-01(0924-09); C.P. Bertha Lucia Ramírez de Páez
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aplicando la postura de la sentencia de unificación del 25 de agosto de 2016,14 según
la cual, en caso de encontrarse acreditada la relación laboral, quien pretenda su
reconocimiento debe reclamarlo dentro de los tres años siguientes contados a partir
de la finalización del vínculo contractual, y, en aquellos casos donde se presente
solución de continuidad entre contratos, debe analizarse la prescripción frente a cada
uno de ellos, a partir de sus fechas de finalización,15 por lo que de no presentarse la
reclamación en ese periodo, operará el fenómeno prescriptivo, salvo en lo
relacionado con los aportes a pensión que no están sometidos a dicho término.16
En igual sentido, mediante Auto del 11 de noviembre de 2021, la Sección Segunda
aclaró que el término de la solución de continuidad unificado solo cobra relevancia si
se configuran los elementos establecidos en el artículo 23 del Código Sustantivo del
Trabajo, pues, de no estarlo, no existe una relación laboral cuya duración deba ser
examinada.
Finalmente, en la tercera regla, la Sección Segunda consideró improcedente la
devolución de los aportes a la Seguridad Social en salud efectuados por el contratista
en exceso, por «constituir estos aportes obligatorios de naturaleza parafiscal».
Las reglas de unificación en cita constituyen precedente vinculante en los términos
de los artículos 10 y 102 de la Ley 1437 de 2011, en armonía con los artículos 270
y 271 ejusdem, para todos los casos que se encuentren en estudio en la vía judicial
y administrativa. En tal virtud, se procede a resolver el caso concreto a la luz de
dichos parámetros.
Primer problema jurídico
¿En el caso de la señora Ruth Esther Salcedo Monsalve se configuraron los
elementos de la relación laboral durante el tiempo que estuvo vinculada como
Instructora con el Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA?
Al respecto, la Subsección sostendrá la siguiente tesis: en el caso de la señora Ruth
Esther Salcedo Monsalve no se demostró de manera fehaciente la configuración de
los tres elementos de la relación laboral, específicamente de la subordinación y la
dependencia continuada. Lo anterior, con base en los argumentos que proceden a
explicarse:
Sobre el asunto sometido a discusión
En primer lugar, la Sala advierte que en el presente asunto la demandante pretende
el reconocimiento de la existencia de una relación laboral entre ella y el Servicio
Nacional de Aprendizaje, desde el 21 de octubre de 2004 hasta el al mes de
noviembre de 2012, sin solución de continuidad.
Por su parte, el tribunal de primera instancia no encontró acreditado el elemento de
la subordinación y, en consecuencia, declaró probada la excepción de inexistencia
14 sentencia de unificación jurisprudencial CE-SUJ2-005
15 En los precisos términos de la sentencia de unificación, se indicó: «[…] Pero en aquellos contratos de prestación
de servicios, pactados por un interregno determinado y que la ejecución entre uno y otro tiene un lapso de
interrupción, frente a cada uno de ellos habrá de analizarse la prescripción a partir de sus fechas de finalización,
puesto que uno de los fundamentos de la existencia del contrato realidad es precisamente la vocación de permanencia
en el servicio. Por consiguiente, le corresponderá al juez verificar si existió o no la citada interrupción contractual, que
será excluida de reconocimiento y examinada en detalle en cada caso particular, en aras de proteger los derechos de
los trabajadores, que han sido burlados por las autoridades administrativas al encubrir una relación laboral bajo contratos
de prestación de servicios. […]» (Negrita fuera del texto)
16
Siendo deber del juez administrativo pronunciarse en todos los casos, aun si no se hubiesen deprecado de forma
expresa, en el sentido de ordenar que se realicen los aportes sobre las diferencias que se demuestren causadas, mes a
mes, respecto de la parte que le correspondía a la entidad contratante como empleadora.
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Radicado: 13001-33-31-000-2014-00348-01 (0923-2019)
Demandante: Ruth Esther Salcedo Monsalve
de la obligación propuesta por la parte demandada y negó las prestaciones de la
demanda.
De conformidad con lo que se desprende del recurso de alzada de la parte
demandante, considera que en el presente asunto se encuentran demostrados los
elementos propios del contrato realidad y en especial el de la subordinación y
dependencia, y en esa medida hay lugar a declarar la relación laboral entre ella y la
entidad demandada.
De acuerdo con lo anterior, precisa esta Subsección que quien pretende la
declaratoria de existencia de una relación laboral escondida bajo la modalidad de
contratación por prestación de servicios, tiene el deber de demostrar, a través de los
medios probatorios a su disposición, la configuración de los elementos esenciales
del contrato de trabajo.
Así las cosas, y de acuerdo a la documentación obrante en el expediente, se observa
que la señora Ruth Esther Salcedo Monsalve estuvo vinculada con el SENA mediante
contratos de prestación de servicios, de la siguiente forma:
PERIÓDO Y
OPS/CPS PLAZO17 VALOR18 OBJETO FOLIOS TÉRMINO DE
INTERRUPCIÓN
OPS 149/05 Del 20 de $5.928.960 Capacitación asesoría y 35
junio al 31 de asistencia técnica como docente
octubre de del Centro CAISAM a los alumnos
2005 del curso de procesamiento,
control de calidad y conservación
de leche, derivados y cárnicos en
el municipio de Santa Rosa.
OPS 339/06 Del 20 de $6.259.200 Capacitación asesoría y 40 Entre el 1.° De
febrero al 31 asistencia técnica como docente noviembre de
de julio de del Centro CAISAM a los alumnos 2005 y el 19 de
febrero de 2006
2006 del curso de procesamiento,
(3 meses y 18
control de calidad y conservación días)
de leche, derivados y cárnicos en
el municipio de Santa Catalina.
OPS 436/07 Del 5 de $5.134.500 Impartir los módulos gestión 21- 24, Entre el 1.° de
octubre al 15 básica de agronegocios en el 51-54 agosto de 2006
de diciembre curso de jóvenes rurales, al 4 de octubre
de 2007
de 2007 procesamiento de lácteos, para
(1 año, 2 meses
un total de 300 horas, en el y 4 días)
municipio de San Estanislao
(Bolívar)
CPS 379/08 2 meses y 8 $8.985.000 Se compromete a prestar los 28-31, Entre el 16 de
días servicios como asesor tutor para 58-61 diciembre de
Del 26 de el programa de jóvenes rurales en 2007 y el 25 de
agosto de 2008
agosto al 2 el curso de procesamiento de
(8 meses y 9
de noviembre cárnicos con énfasis en gestión días)
de 2008 comercial en el municipio de
Zambrano (Cabecera) (250
horas) y en el municipio de
Clemencia (Cabecera) (250
horas) para un total de 500 horas.
Asesorar y acompañar la
formulación de al menos un
proyecto que conduzca al montaje
de una unidad productiva
originada en el desarrollo del
proceso, de conformidad con el
plan específico de contratación y
la oferta presentada por el
contratista
17 Tal y como se desprende del certificado de fecha 30 de julio de 2015 suscrito por la Subdirectora del Centro
Agroempresarial y Minero del SENA, Regional Bolívar (folios 20 a 24).
18
De conformidad con los valores relacionados en las órdenes de servicio y en los contratos de prestación de
servicios.
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CPS 092/09 4 meses y 13 $11.656.244 Prestar servicios profesionales de 40-43, Entre el 3 de
Y OTRO SÍ día carácter temporal como asesor 70-73 noviembre de
Del 5 de tutor impartiendo formación y 75 2008 al 4 de
marzo de 2009
marzo de profesional en el área en los
(4 meses y 1
2009 al 17 de programas de formación titulada día)
julio de 2009
CPS 294/10 10.5 meses $26.250.000 Contratar la prestación de un 61-65, Entre el 18 de
Del 28 de instructor en la especialidad de 94-98 julio de 2009 al
enero al 2 de Ingeniero de Alimentos Ing. 27 de enero de
2010
diciembre de Agroindustrial, para desarrollar el
(6 meses y 9
2010 programa de formación técnica en días)
los módulos de formación
profesional área agroindustrial
que imparte el Centro
Agroempresarial y Minero del
SENA, Regional Bolívar, las
demás funciones asignadas por la
autoridad competente de acuerdo
con el nivel, la naturaleza y el área
de desempeño del cargo
CPS 340/10 3 meses y 8 $9.421.067 Prestar los servicios de carácter 61-64, Entre el 3 de
días temporal como instructor en los 143- diciembre de
Del 25 de programas de formación titulada 147 2010 al 24 de
marzo de 2011
marzo al 2 de complemento 1er trimestre año
(3 meses y 21
julio de 2011 2011, en el área de Agroindustria días)
para ejecutar acciones de
Formación profesional que
imparte el Centro
Agroempresarial y Minero del
SENA, así como brindar apoyo
cuando el SENA lo requiera en la
elaboración y/o actualización de
diseños curriculares, en el
desarrollo curricular, a asesoría
en la formulación de planes de
negocios, la evaluación y
auditoria de normas de
competencia laboral, asesoría,
seguimiento de las empresas
creadas por los centros de
formación, en la prestación de
servicios tecnológicos, en
ejercicios de investigación
aplicada, y en las demás
actividades requeridas por la
entidad para dar cumplimiento a
la misión institucional en el marco
de la formación por competencias
y el aprendizaje por proyectos.
PARÁGAFO: El SENA podrá
requerir en cualquier momento al
contratista previa programación
de formación profesional para
impartir formación profesional o
desarrollar actividades en el área
o especialidades diferentes a las
mencionadas en el objeto
contractual, siempre y cuando
estén acorde con su formación
académica, conocimientos,
experiencia o perfil profesional.
CPS 722/11 4 meses y 6 $9.430.680 Prestar servicios profesionales de 55-59, Entre el 3 de
días carácter temporal como instructor 166- julio de 2011 al
Del 11 de para desarrollar acciones de 169 10 de agosto de
2011
agosto al 16 formación profesional en el
(1 mes y 7 días)
de diciembre programa de atención población
de 2011 desplazada en el (los)
programa(s) producción de
agroindustria en el área de
agroindustria que desarrollo el
Centro Agroempresarial y Minero
del SENA, aso como brindar
apoyo cuando el SNEA lo
requiera en la elaboración y/o
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actualización de diseños
curriculares, en el desarrollo
curricular y todas las acciones
relacionadas por la FPI.
CPS 194/12 5 meses y 4 $13.346.667 Prestar los servicios personales 158- Entre el 17 de
días de carácter temporal, para 160, diciembre de
Del 6 de desarrollar competencias en los 191- 2011 y el 5 de
febrero de 2012
febrero al 9 programas de formación 194
(1 mes y 19
de julio de profesional integral en el área de días)
2012 agroindustria en los diferentes
municipios del departamento de
Bolívar de acuerdo al anexo que
hace parte integral del presente
contrato y a las necesidades de
formación del Centro.
CPS 719/12 3 meses y 11 $10.073.067 Prestar los servicios personales 198- Entre el 10 de
días de carácter temporal para 200, julio al 4 de
Del 5 de desarrollar acciones de 231- septiembre de
2012
septiembre al formulación profesional en 234
(1 mes y 25
15 de proyectos del programa jóvenes días)
diciembre de rurales emprendedores para el IV
2012 trimestre de 2012, en el área de
Agroindustrial, en los diferentes
municipios del departamento de
Bolívar de acuerdo al anexo que
hace parte integral del presente
contrato y a las necesidades de
formación del Centro.
De la anterior relación probatoria, es posible colegir que se encuentra debidamente
acreditado que la señora Ruth Esther Salcedo Monsalve prestó sus servicios
directamente al SENA.
Igualmente, si bien en el expediente no obran actas de inició y terminación de los
contratos, de folios 20 a 24 obra certificación expedida el 30 de julio de 2015, por la
subdirectora del Centro Agroempresarial y Minero del SENA, Regional Bolívar,
documento del cual se pueden inferir los extremos temporales de la relación, sin que
pueda concluirse la continuidad de la prestación de servicios conforme a lo indicado
en el libelo introductorio, esto es, entre el 21 de octubre de 2004 al mes de noviembre
de 2012, comoquiera que no se acreditó que entre las fechas de terminación e inicio
entre uno y otro contrato estuviera vinculada a dicha entidad, motivo por el cual esos
interregnos no pueden tenerse en cuenta en el sub lite para analizar la existencia de
la relación laboral o el reconocimiento de las prestaciones reclamadas.
Con fundamento en lo anterior, y de conformidad con las condiciones en que fueron
ejecutados los contratos referenciados, procede la Subsección a verificar si la señora
Ruth Esther Salcedo Monsalve acreditó la prestación personal del servicio,
remunerada y bajo continua subordinación y dependencia.
a) La prestación personal del servicio.
Una vez definido lo anterior, se tiene que la demandante se desempeñó como
instructora del SENA, específicamente en el área y programas de agroindustria, según
se desprende de los objetos contractuales citados, de lo cual, se infiere que la
prestación de servicios fue personal, pues, de acuerdo con las reglas de la
experiencia, dicha actividad debe ser prestada por sujetos cualificados y, dadas las
condiciones para su ejecución, se trata de una labor que no puede ser delegada o
encomendada a un tercero por parte de quien la ejecuta.
Lo anterior encuentra directa relación con algunos de los anexos de los contratos de
prestación de servicios adjuntos al plenario, de donde se extrae el siguiente
requerimiento para el personal que iba a desarrollar o ejecutar el servicio contratado:
ingeniero de alimentos, ingeniero agroindustrial, tecnólogo en alimentos, microbiólogo
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de alimentos, profesional en producción agroindustrial.
b) Remuneración por el servicio prestado.
Frente al elemento de la remuneración, encuentra la Sala que a la señora Ruth Esther
Salcedo Monsalve se le cancelaban periódicamente las sumas reconocidas a título
de honorarios en los diferentes contratos de prestación de servicios. Ello se advierte,
principalmente, de la cláusula relacionada con el valor y forma de pago en la cual se
estipulaba el valor total del contrato y los montos que recibiría la demandante.
De otro lado, si bien no constan la totalidad de las órdenes de pago o comprobantes
de egreso conforme a las previsiones contractuales, lo cierto es que sí se evidenció
la regularidad de los mismos en tanto la cancelación del valor total de los contratos
se estableció en pagos parciales mensuales o mensualidades vencidas, que
corresponden en su mayoría con el número de comprobantes de egreso y los meses
de ejecución contractual.
c) Subordinación y dependencia continuada
Este elemento esencial del contrato de trabajo, según el artículo 23 del CST19,es
considerado por la doctrina como el determinante para distinguir la relaciónlaboral
de las demás prestaciones de servicios, y que faculta al empleador para exigir el
cumplimiento de órdenes, en cualquier momento, en cuanto al tiempo, modo o
cantidad de labores, así como para imponerle reglamentos y el poder disciplinario,
teniendo en cuenta para ello, los límites constitucionalesque imponen el respeto a
la dignidad humana del trabajador y sus derechos mínimos, es decir, bajo criterios
de razonabilidad y sin arbitrariedad. Deacuerdo con lo anterior, la subordinación
parte del poder de dirección respectoa las actividades de trabajo y como potestad
disciplinaria del empleador para conservar el orden en la empresa, pero únicamente
en lo atinente al ámbito laboral.
Sobre el particular, la Corte Constitucional en sentencia C-386 de 2000 indicó:
«[…] La subordinación del trabajador al empleador como elemento distintivo y definidor
del contrato de trabajo ha sido entendida, según la concepción más aceptable por la
doctrina y la jurisprudencia, como un poder jurídico permanente de que es titular el
empleador para dirigir la actividad laboral del trabajador, a través de la expedición de
órdenes e instrucciones y la imposición de reglamentos, en lo relativo a la manera como
éste debe realizar las funciones y cumplir con las obligaciones que le son propias, con
miras al cumplimiento de los objetivos de la empresa, los cuales son generalmente
económicos.
Se destaca dentro del elemento subordinación, no solamente el poder de dirección, que
condiciona la actividad laboral del trabajador, sino el poder disciplinario que el empleador
ejerce sobre éste para asegurar un comportamiento y una disciplina acordes con los
propósitos de la organización empresarial y el respeto por la dignidad y los derechos de
aquél. […]»19
Colofón de lo expuesto, como subordinación y dependencia continuada se debe
entender el elemento esencial y configurativo de la relación laboral, según el cual el
empleador, en ejercicio de su potestad de dirección, puede exigir a sus empleados el
acatamiento de órdenes e instrucciones sobre el modo y la cantidad de trabajo, el
cumplimiento de horarios para el desarrollo de este, y la imposición de los
reglamentos internos, en cualquier momento, respetando la dignidad del trabajador y
sus derechos mínimos constitucionalesy laborales.
19 Magistrado ponente Antonio Barrera Carbonell.
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Bajo tal entendimiento se tiene que la recurrente sustentó su recurso de apelación
sobre la base de que su vinculación fue carácter laboral no contractual pues las
funciones que debía cumplir hacían parte de la misión institucional de SENA y eran
las mismas que realizaban los asesores tutores de planta, en tanto que requería la
implementación y ejecución de la plataforma “Sofia Plus”. Refirió además que el
elemento de la subordinación se encuentra debidamente acreditado con el material
probatorio allegado al dossier, pues debía cumplir horario y seguir instrucciones del
personal del SENA.
En cuanto a la naturaleza de las funciones desempeñadas con la libelista debe
señalarse que el SENA fue creado mediante Decreto ley 118 de 1957 y sus funciones
iniciales consistían en brindar formación profesional a los trabajadores de la industria,
el comercio, la agricultura, la minería y la ganadería, según el Decreto 164 de 6 de
agosto de 1957.
Posteriormente, la Ley 119 de 199420 dispone que el Sena es un establecimiento
público del orden nacional, con personería jurídica, patrimonio propio e independiente
y autonomía administrativa, adscrito al Ministerio del Trabajo, cuya misión, según su
artículo 2.°, consiste en formar y capacitar de manera integral a los trabajadores en
actividades productivas que contribuyan al desarrollo social, económico y tecnológico
del país, de lo que se colige que las labores desempeñadas por la señora Ruth Esther
como instructora hacían parte de la misión institucional de entidad demandada. No
obstante, dicha situación, que por sí sola, no evidencia una relación de sujeción
directa frente a la prestación del servicio, pues simplemente se trataba de cumplir con
el objeto del contrato relacionado con la prestación del servicio personal como
instructora.
Ahora bien, del estudio de las pruebas documentales adosadas al plenario se
advierten algunas de las certificaciones expedidas por las autoridades administrativas
de la entidad municipal en donde se encontraba prestando sus servicios como
instructora del SENA y que dan cuenta de los cursos de formación por ella prestados,
sin que de todas ellas se pueda determinar de manera exacta los tiempos y horarios
en que los objetos contractuales fueron ejecutados21.
Sobre este punto, si bien los reportes de ejecución mensual refieren una relación de
horas ejecutadas en los programas para los cuales la señora Salcedo Monsalve fue
contratada, los mismos no son consistentes, en tanto varían de conformidad con la
comunidad a la cual iba dirigido el curso, el área de formación y la duración del
mismo22.
De otro lado, encuentra la Sala que a folio 256 de la actuación obra circular 2000-
3975 del 18 de diciembre de 1997, en la que la Secretaría Regional solicitó a todo el
personal del SENA, empleado de planta y contratista, el ingreso a sus labores a las
8:00 a.m., y el desempeño de sus actividades dentro del horario normal de trabajo
previsto para la institución. Al respecto, se tiene que dicha directriz se impartió tiempo
antes de que la señora Ruth Esther Salcedo Monsalve ingresara como contratista al
servicio de la entidad demandada y, en todo caso, los elementos probatorios
arrimados al proceso, demuestran que la demandante no estuvo sujeta al
cumplimiento del horario allí impartido, pues en el ejercicio de sus actividades, el
20 «Por la cual se reestructura el Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA, se deroga el Decreto 2149 de 1992 y
se dictan otras disposiciones».
21 Ver entre otras, certificaciones de cumplimiento y las actas de permanencia visibles a folios 44, 78, 80, 82, 84,
87, 101, 114, 118, 121, 124, 127, 150, 153, 156, 160, 173, 181, 185, 2000.
22
Ver entre otros, los Reportes de Ejecución Mensual visibles a folios 41-43, 77, 79, 81, 83, 86, 103, 105, 106,
109, 112., 116, 117, 120, 123, 126.
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mismo era concertado con la comunidad o población.
Frente al tema, esta Subsección ha señalado que el elemento de la subordinación
requiere, para su configuración, que las funciones se ejecuten de manera continua e
ininterrumpida durante el desarrollo del contrato, esto es, que exista una sujeción o
dependencia constante de quien presta el servicio respecto de su contratante.
En tal sentido, y de acuerdo con lo anterior, no es posible afirmar que, de la sola
lectura de los contratos de prestación de servicios, de las actas de permanencia y de
los reportes de ejecución mensual, que la señora Salcedo Monsalve hubiese
prestado sus servicios a la institución demandada en forma continua e ininterrumpida,
que demuestre la permanencia en el servicio. Nótese que los instructores del Sena
con vinculación legal y reglamentaria tienen permanencia y continuidad de tiempo
completo, mientras los instructores vinculados por contratos de servicios solo tienen
asignada una cantidad determinada de horas de formación y sus servicios son de
duración limitada al objeto mismo del contrato.
Tampoco se desprende de la precitada documentación, como así lo pretende hacer
ver la recurrente, que hubiese actuado en acatamiento de horarios y tiempos definidos
por la entidad, ni mucho menos que las funciones desarrolladas se hayan efectuado
en cumplimiento a órdenes e instrucciones impartidas por los supervisores y
coordinadores del Centro Agroempresarial y Minero, siendo estos elementos
característicos para inferir la existencia una relación laboral encubierta y que permitan
verificar sin lugar a equívocos la dependencia con la entidad demandada. En efecto,
en el proceso no obra prueba que dé cuenta que la libelista estuviera sujeta a prestar
el servicio en atención a las directrices impartidas por parte de funcionarios del SENA
o llamados de atención, oficios o memorandos por el incumplimiento de un horario
laboral, entre otros.
Tal determinación no puede desprenderse de la obligación legal que existe de tener
un supervisor que valide las actividades ejecutadas en el marco de un contrato de
prestación de servicios, y quien, en cumplimiento de sus funciones de control y
vigilancia sobre la ejecución contractual, está facultado para solicitar informes,
aclaraciones y explicaciones sobre el desarrollo del objeto, así como para verificar
el cumplimiento de las condiciones pactadas.
Lo anterior, es corroborado del análisis del testimonio del señor Luis Alberto Ávila
Jiméne, quién manifestó laborar para el SENA desde el año 2004 y que en la época
de la declaración se desempeñaba como instructor en carrera administrativa (a partir
del año 2012).
En efecto, el señor Ávila Jiménez trabajó junto con la ingeniera de alimentos Ruth
Esther Salcedo Monsalve en el Centro Agroempresarial y Minero y por tal motivo, dio
fe que la demandante se desempeñó allí como instructora contratista en los procesos
de formación complementaria, jóvenes rurales y titulada, aunque manifestó
desconocer sobre los cursos que dictó.
En cuanto al cumplimiento de horario, indicó que ella debía atender horarios y que
el supervisor del contrato estaba pendiente de que este se cumpliera. Sin embargo,
al preguntarle de manera precisa sobre el mismo, señaló que cuando coincidían en
los municipios era de 8 horas diarias, afirmación a partir de la cual no se puede
concluir razonablemente que la libelista cumplía ese horario permanentemente,
pues solo puede dar fe de este cuando coincidían trabajando en el mismo municipio,
sin precisar con cuanta frecuencia podían convenir en sus labores; adicionalmente,
pese a que señaló que el supervisor vigilaba que se respetara el horario, no hizo
precisión de la forma como ejercía dicho control.
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De igual forma, al preguntarle sobre la autonomía en el desarrollo de sus obligaciones
contractuales, expuso que no tenían libertad para cambiar el pensum de las
actividades que debía impartir; empero, no existe una prueba que pueda inferir que
la demandante no tenía la posibilidad de actuar con independencia en la forma en
que dictaba los cursos.
Finalmente, precisó que el instructor contratista cumple las mismas funciones que el
instructor de planta, sin embargo para la Sala no por ello tiene que considerarse como
una actividad sujeta a subordinación o dependencia, ya que en el expediente no se
cuentan con elementos probatorios que permitan confirmar que la demandante
prestaba el servicio en iguales condiciones de tiempo, modo y lugar que los
empleados de la planta de personal, en tanto únicamente se cuenta con sus dichos.
En ese sentido, el testimonio no ofrece un alto grado de certeza sobre el deber de
someterse a un horario definido por la entidad demandada, ni las circunstancias de
tiempo, modo y lugar en que recibía las órdenes, lo que impide concluir de manera
fehaciente que se encontrase bajo una relación de subordinación y dependencia
continuada que con dicha prueba se pretendió acreditar.
Nótese además que las órdenes y contratos de prestación de servicios antes
identificados, las certificaciones de cumplimiento y las actas de permanencia, se hace
alusión al cumplimiento de los programas educativos de conformidad con los plazos
u horas contratadas sin que de ellas se pueda inferir el desarrollo de actividades de
forma permanente e ininterrumpida en los periodos reclamados.
En efecto, la vinculación temporal de la libelista y por algunos meses, sugiere que la
ella cumplía un objeto especifico, limitado al término que razonablemente lo requirió
la entidad pública y en razón al conocimiento especializado en la materia que iba a
orientar, aspectos que permiten diferenciar su situación de la de los demás
instructores del Sena.
Finalmente, en lo que atañe al uso del aplicativo “Sofía Plus”, el cual es usado por
los instructores o tutores de planta del SENA, ello no reviste necesariamente un
aspecto que equipare la relación laboral de aquellos con la contractual de la señora
Salcedo Monsalve, por cuanto, como así lo indicó la recurrente, el uso de dicho
aplicativo deviene de la necesidad no solo de seleccionar estrategias de enseñanza
y aprendizaje del programa de formación profesional a dictar, sino también a efectos
de evaluar los aprendices en los cursos dictados por el SENA, por lo que ello no
comprende un elemento que permita verificar la subordinación.
También, debe ponerse de presente que esta Subsección ha sido consistente en
señalar que, en el caso de los formadores del SENA vinculados a través de contratos
de prestación de servicios, los mismos tienen la carga probatoria de demostrar que
se encontraban bajo una continua subordinación y dependencia respecto de los
funcionarios de la entidad23.
Bajo ese entendido, y acorde con los razonamientos expuestos, para esta Sala no se
puede presumir que su objeto contractual se asimila en idénticos términos al de
los docentes contratados en instituciones educativas oficiales, quienes sí están
regidos en su función por distintos estamentos que imponen las condiciones de
tiempo, modo y lugar en la prestación del servicio.
23
Sobre el particular, se pueden revisar las sentencias del 10 de mayo de 2018 en proceso con radicación
47001-23-33-000-2014-00123-01 (3257-2016); 10 de octubre de 2018 en el expediente 47001-23-33-000-2013-
00287-01 (4430-2015); y 4 de julio de 2019, en proceso 47001-23-33-000-2013-90117-01 (1647-2015).
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Las anteriores consideraciones probatorias, conllevan a que esta Corporación deba
concluir que no se configuró el elemento de subordinación, en tanto no se demostró
de manera fehaciente que la demandante no tenía la posibilidad de actuar con
independencia y autonomía, es decir, que la señora Ruth Esther Salcedo Monsalve
laboraba en forma subordinada al tener que cumplir con un horario riguroso al igual
que los demás funcionarios de planta, así como acatar órdenes o instrucciones por
parte de los funcionarios del SENA.
En consecuencia, y siendo menester reiterar que, como en esta clase de asuntos la
carga de la prueba corresponde a quien pretende demostrar la existencia de la
relación laboral, y en el presente caso, la parte demandante no logró demostrar de
forma contundente el elemento de subordinación y dependencia continuada del
contrato realidad, considera esta Subsección que los argumentos del recurso de
apelación no tienen vocación de prosperidad y, por consiguiente, se confirmará la
sentencia de primer instancia.
Decisión de segunda instancia
Por las razones que anteceden la Subsección confirmará la sentencia recurrida, que
negó las pretensiones de la demanda por no haberse demostrado el elemento de la
subordinación y dependencia continuada, constitutivo de la relación laboral.
De la condena en costas
Esta Subsección en providencias del 7 de abril de 201624 sentó posición sobre la
condena en costas en vigencia del CPACA, en aquella oportunidad se determinó el
criterio objetivo-valorativo para la imposición de condena en costas por lo siguiente:
a) El legislador introdujo un cambio sustancial respecto de la condena en costas, al
pasar de un criterio «subjetivo» –CCA- a uno «objetivo valorativo» –CPACA-.
b) Se concluye que es «objetivo» porque en toda sentencia se «dispondrá» sobre
costas, es decir, se decidirá, bien sea para condenar total o parcialmente, o bien para
abstenerse, según las precisas reglas del CGP.
c) Sin embargo, se le califica de «valorativo» porque se requiere que en el
expediente el juez revise si las mismas se causaron y en la medida de su
comprobación. Tal y como lo ordena el CGP, esto es, con el pago de gastos
ordinarios del proceso y con la actividad del abogado efectivamenterealizada dentro
del proceso. Se recalca, en esa valoración no se incluye la mala fe o temeridad de
las partes.
d) La cuantía de la condena en agencias en derecho, en materia laboral, se fijará
atendiendo la posición de los sujetos procesales, pues varía según sea la parte
vencida el empleador, el trabajador o el jubilado, estos últimos más vulnerables y
generalmente de escasos recursos, así como la complejidad e intensidad de la
participación procesal (Acuerdo núm. 1887 de 2003 Sala Administrativa del Consejo
Superior de la Judicatura).
e) Las estipulaciones de las partes en materia de costas se tendrán por no escritas,
por lo que el juez en su liquidación no estará atado a lo así pactadopor éstas.
f) La liquidación de las costas (incluidas las agencias en derecho), la hará el
despacho de primera o única instancia, tal y como lo indica el CGP25, previa
24
Al respecto ver sentencias de 7 de abril de 2016, Expedientes: 4492-2013, Actor: María del Rosario Mendoza
Parra y 1291-2014, Actor: José Francisco Guerrero Bardi.
25 «Artículo 366. Liquidación. Las costas y agencias en derecho serán liquidadas de manera concentrada en
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elaboración del secretario y aprobación del respectivo funcionario judicial.
g) Procede condena en costas tanto en primera como en segunda instancia.
De conformidad con lo señalado, estima la Subsección que en el presente caso hay
lugar a condenar en costas de segunda instancia a la señora Salcedo Monsalve, toda
vez que el recurso de apelación que interpuso fue resuelto desfavorablemente y la
entidad demandada actuó ante esta sede judicial, al presentar los alegatos de
conclusión por lo que se encuentra demostrada su causación. La liquidación deberá
efectuarse por el a quo.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
Primero: Confirmar la sentencia del 20 de septiembre de 2018 proferida por el
Tribunal Administrativo de Bolívar, que negó las pretensiones de la demanda que, en
ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, interpuso
la señora Ruth Esther Salcedo Monsalve contra el Servicio Nacional de Aprendizaje,
SENA.
Segundo: Condenar en costas de segunda instancia la señora Salcedo Monsalve
por lo brevemente expuesto, las cuales deberán ser liquidadas por el a quo.
Tercero: Ejecutoriada esta providencia devolver el expediente al Tribunal deorigen,
previas las anotaciones correspondientes en la aplicación “SAMAI”.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Subsección en lasesión
de la fecha.
Firmado electrónicamente
WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ
Firmado electrónicamente
RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado electrónicamente
GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
el juzgado que haya conocido del proceso en primera o única instancia, inmediatamentequede ejecutoriada la
providencia que le ponga fin al proceso o notificado el auto de obedecimiento a lodispuesto por el superior, con
sujeción a las siguientes reglas: […]»
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
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