Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 15001-23-31-000-2003-01387-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 15001-23-31-000-2003-01387-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 15001-23-31-000-2003-01387-01
Consejero ponente: Alberto Montaña Plata
30 de marzo de 2022
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B
Magistrado Ponente: Alberto Montaña Plata
Bogotá D.C., 30 de marzo de 2022
Radicación: 15001-23-31-000-2003-01387-01 (56034)
Actor: María Anita Espitia Calvo y Otro
Demandado: Rama Judicial
Referencia: Acción de reparación directa
Temas: Acción de reparación directa / daño indemnizable / Acción de reparación directa
– Error Judicial – No interposición de recursos
Síntesis del caso: se demanda la responsabilidad del Estado para el reconocimiento y pago
de indexación e intereses sobre el valor pagado por los rematantes, así como para que se
les reintegrara lo que pagaron por impuesto predial y otros conceptos.
Conoce la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte
demandante contra la Sentencia de 9 de diciembre de 2014, por medio de
la cual la Sala 12 de descongestión del Tribunal Administrativo de Boyacá
negó las pretensiones de la demanda.
La Sala es competente para proferir esta decisión en segunda instancia, con
fundamento en la Ley 270 de 1996 (artículo 73)1.
Contenido: 1. Antecedentes; 2. Consideraciones. 3. Decisión.
1. ANTECEDENTES
Contenido: 1.1 Posición de la parte demandante; 1.2. Posición de la parte demandada; 1.3.
Sentencia de primera instancia; 1.4. Recurso de apelación y trámite relevante en segunda
instancia.
1.1. Posición de la parte demandante
1. El 10 de julio de 20032, María Anita Espitia Calvo y Raúl Heriberto Blanco
Hernández, en ejercicio de la acción de reparación directa, presentaron
demanda contra la Nación – Rama Judicial, en la que solicitaron3:
“Primera: se condena a la [demandada] a pagar a título de indemnización por
perjuicios materiales los intereses remuneratorios desde el 29 de octubre de 2001,
fecha en que fue depositado en su totalidad el dinero producto del remate en el
1 Artículo 73 de la Ley 270 y Auto proferido por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo de esta Corporación
el 9 de septiembre de 2008, se determinó que de las acciones de reparación directa relacionados con el ejercicio
de la administración de justicia conocen en primera instancia los Tribunales Administrativos y en segunda instancia
el Consejo de Estado. Expediente No. 2008 00009.
2 Folio 131 del cuaderno 1.
3 Folio 118-119 del cuaderno 1.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 15001-23-31-000-2003-01387-01 (56034)
Actor: María Anita Espitia Calvo y Otro
Demandado: Rama Judicial
Referencia: Acción de reparación directa
Decisión: Confirmar
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Banco Agrario y hasta el 7 de mayo de 2003, fecha en la que se hizo en forma
efectiva y real la entrega del apartamento objeto de remate; aclarando que la
suma depositada fue de (…) ($34’762.500) M/CTE., consignados a ordenes del
Juzgado Tercero Civil del Circuito de la Ciudad de Tunja, lo anterior con el fin de
compensar los perjuicios sufridos por la privación temporal del uso del capital y/o
del inmueble objeto de remate.
Segunda: Se condene a la [demandada] al pago de la indexación a que haya
lugar por la depreciación de las sumas consignadas a la fecha en que se verifique
el pago por la entidad demandada.
Tercera: Se condene a la [demandada] a pagar la suma de $1’659.172,oo por
concepto de impuesto predial correspondiente a los años 2001, 2002 y 2003, Paz y
Salvo de Secretaría de Hacienda, Boleta Fiscal, cancelación de embargo y
registro del remate, así mismo al pago de los correspondientes intereses e
indexación que corresponda a la suma de esta pretensión.
Cuarta: Se condena a la [demandada] a pagar la suma de $951.790,oo por
concepto de deuda telefónica con la Empresa Nacional de Telecomunicaciones
Telecom, cifra que fue necesario cancelar por cuanto dicha empresa sanciona y
persigue el inmueble así mismo no asigna nueva línea o traslada otra a dicho
inmueble, hasta tanto no se encuentre a paz y salvo con la misma (…)”.
2. Como hechos relevantes que fundamentaron esas pretensiones4,
adujo:
3. 1) En octubre de 2001, los demandantes participaron en el remate de
un bien dentro de un proceso ejecutivo. En el auto que aprobó el remate,
proferido el 7 de noviembre de ese año, el Juzgado “cometió el error de
expresar que la diligencia de remate se había adelantado (…) el día 14 de
septiembre del año 2001, cuando realmente (…) se llevó a cabo el día 26
de octubre del mismo año”.
4. 2) El 14 de noviembre de 2001, con fundamento en ese error, el
apoderado de los ejecutados promovió el incidente de nulidad contra el
Auto de 7 de noviembre. Además, alegó que se había incurrido en otra
nulidad porque, en la primera fecha fijada para la diligencia de remate, no
se indicó en qué periódicos debían realizarse las publicaciones, por lo que
estaba afectado de nulidad el auto que señaló segunda fecha para la
subasta.
5. 3) Por Auto de 28 de noviembre de 2001, el Juzgado declaró sin valor
y efecto el Auto de 7 de noviembre (aprobatorio de la diligencia de
remate), pues se había incurrido en un error al citar la fecha en la que tuvo
lugar esa diligencia. En ese momento corrió traslado de la nulidad
planteada.
6. 4) Por Auto de 16 de enero de 2002, el Juzgado rechazó la solicitud de
4 Folio 119-122 del cuaderno 1.
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nulidad. Al mismo tiempo, aprobó la diligencia de remate. El 5 de febrero de
2002, el apoderado de los ejecutados interpuso recurso de reposición y, en
subsidio, apeló dicho auto.
7. 5) El 10 de octubre de 2002, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Tunja, modificó el auto recurrido y denegó la solicitud de nulidad. Al
respecto, consideró que el Juzgado se había equivocado al rechazarla de
plano, pues no solo se encontraba expresamente prevista en el artículo 141
del CPC, sino que, como el Juzgado le alcanzó a dar trámite a la solicitud
de nulidad, entonces debía resolverla de fondo, “lo cual (…) es el principal
error judicial que aquí se presenta y por ende la dilación que tuvo el juzgado
para hacer la entrega del bien”.
8. 6) El 28 de enero de 2003 el Juzgado expidió los oficios que debían
registrase, los cuales contenían información equivocada que se corrigió el
30 de enero de ese mismo año (lo que configuraba un defectuoso
funcionamiento de la administración de justicia).
9. 7) Se agregó que los demandantes tuvieron que incurrir en gastos
como el pago del “impuesto predial, el paz y salvo, boleta fiscal, el registro
del embargo etc.”, así como los gastos de la línea telefónica, dineros que el
Juez de la ejecución se negó a reintegrar a los rematantes, bajo el
argumento de que los recursos no alcanzaban. Finalmente, la entrega
material del bien rematado se realizó el 7 de mayo de 2003.
10. En los fundamentos de derecho, los demandantes sostuvieron que el
Juzgado cometió “algunos errores judiciales” que, a pesar de “no ser
sustanciales”, se convirtieron en tales cuando el abogado de la parte
ejecutada los aprovechó para dilatar la entrega del inmueble por 19 meses.
Aseguraron que esa demora les causó perjuicios económicos porque no
pudieron retirar los valores consignados para participar en el remate “para
ponerlos a producir” ni se podía habitar el apartamento.
1.2. Posición de la parte demandada
11. Por Auto de 24 de noviembre de 2010, el Tribunal Administrativo de
Boyacá tuvo por extemporánea la contestación de la demanda.
1.3. Sentencia de primera instancia
12. Negó las pretensiones porque no encontró prueba de que la demora
en la entrega material del bien rematado fuera injustificada, ya que
obedeció al “ejercicio del derecho de contradicción de las demás partes
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del proceso ejecutivo que no estuvieron conformes con el remate del bien
y que trataron de hacer valer sus derechos”, lo que configuraba culpa de
un tercero sobre la cual no tuvo injerencia la administración de justicia.
13. El Tribunal tampoco accedió a las pretensiones de pago del impuesto
predial (2001-2003), la boleta fiscal, los gastos de cancelación del embargo,
paz y salvo y registro del remate, así como lo pagado por deuda telefónica,
pues argumentó que el Juzgado de conocimiento, por Auto de 26 de
febrero de 2003, resolvió no acceder a ordenar esos pagos, providencia que
no fue impugnada.
14. Por último, destacó que, a pesar de que el Juzgado incurrió en ciertas
imprecisiones durante el trámite del proceso, las mismas no tenían la
trascendencia que les atribuyó la parte actora, quien tampoco habría
experimentado un perjuicio, ya que “remataron el inmueble por el 50% de
su valor y durante el tiempo que duró la entrega del mismo el valor de este
inmueble se valorizó”.
1.4. Recurso de apelación y trámite relevante en segunda instancia
15. La parte demandante alegó que la sentencia de primera instancia no
se pronunció sobre la pretensión principal, la cual también estaba
encaminada al “reconocimiento y pago de intereses a título de
indemnización”, reclamación que tenía su origen en “los errores cometidos
por el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Tunja y el defectuoso
funcionamiento de la administración de justicia, principalmente en la
providencia de que declaró aprobada la diligencia de remate y
adjudicación (…), pues [en] la misma se aprobó una diligencia de remate
celebrada el 14 de septiembre de 2001 cuando realmente la diligencia se
realizó el 26 de octubre de 2001; error éste que evidentemente
desencadenó el perjuicio ocasionado a mis poderdantes como
rematantes”. En general, el recurrente destacó que, como los rematantes
no tenían la condición de parte o interviniente dentro del proceso ejecutivo,
no podía exigírseles que interpusieran recursos contra esa providencia, o
contra las demás que profiriera el Juzgado, pues no estaban legitimados.
16. Alegó que, cuando el Tribunal Superior de Tunja determinó que el
Juzgado “se equivoc[ó]” al rechazar de plano un incidente de nulidad
promovido por los ejecutados, de esa forma reconoció que “existió un error
judicial, o un defectuoso funcionamiento de la administración de justicia,
providencia ésta que generó una de tantas dilaciones injustificadas en la
entrega del bien rematado”.
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17. Indicó que el Tribunal omitió “efectuar un análisis de cada uno de los
hechos, omisiones y/o acciones planteados en la demanda como
constitutivos del error judicial o defectuoso funcionamiento de la
adminitración de justicia”, pues se limitó a considerar que no hubo mora en
las actuaciones judiciales “cuando en los argumentos de acción
adelantada, nunca los accionantes señalaron (…) y menos aún se reprochó
mora en en el pronunciamiento de las decisiones”, porque el fundamento
de la acción se encontraba en los errores judiciales cometidos por el Juez,
que dieron lugar a la interposición de recursos y nulidades procesales, “que
dilataron injustificadamente la entrega del bien rematado”.
18. Por último, manifestó que el salvamento de voto contra la sentencia
apelada puso en evidencia que a los demandantes se les causó un daño
“…concretado en la dilación en el perfeccionamiento de la tradición del
bien adquirido”.
19. En su concepto, el Ministerio Público solicitó que se confirmara la
sentencia apelada, pues “el trámite de los recursos dentro del proceso
ejecutivo, que demoró la entrega del bien rematado a los aquí
accionantes, obedeció a un álea propio del procedimiento civil, y en esa
medida constituyó una carga que estos estaban en la obligación legal de
soportar, pues a pesar del excesivo garantismo del juez del proceso
ejecutivo, las partes en dicho proceso tenían a la mano los recursos
legalmente contemplados contra los autos del juez, a los que se dio
resolución en términos razonables”5.
2. CONSIDERACIONES
Contenido: 2.1. Presupuestos procesales y decisión a adoptar; 2.2. Análisis sustantivo 2.3.
Sobre la condena en costas.
2.1. Presupuestos procesales y decisión a adoptar
20. La Sala se pronunciará sobre el fondo del asunto, toda vez que se
cumplen los presupuestos procesales para dictar sentencia, al ser la de
reparación directa la acción procedente para buscar la declaratoria de
responsabilidad por los daños causados por el error judicial y el defectuoso
funcionamiento de la administración de justicia.
21. Adicionalmente porque la acción se ejerció de manera oportuna.
Con la demanda se pretendió la indemnización de perjuicios derivada de
la “privación temporal del uso del capital y/o del inmueble objeto de
5 Folio 431-443 del cuaderno principal.
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remate”, así como el reconocimiento y pago de impuestos y otros
conceptos que tuvieron que asumir los demandantes. Como el inmueble
fue entregado a los rematantes el 7 de mayo de 20036, y la solicitud del
reembolso fue negada por Auto de 26 de febrero de 2003, es evidente que
la demanda de reparación directa, presentada el 10 de julio de ese mismo
año 20037, se promovió en forma oportuna.
22. Verificados los presupuestos procesales, la Sala confirmará la
sentencia apelada por las siguientes razones: 1) Los demandantes no tenían
derecho a reclamar intereses o indexación sobre el valor consignado para
participar en la diligencia de remate, pues la subasta nunca fue declarada
inválida o ineficaz, además de que no acreditaron perjuicios derivados de
la alegada demora en la entrega del inmueble. 2) Y en relación con las
demás pretensiones, encaminadas al recobro de las sumas que, al parecer,
pagaron los demandantes para conseguir que el bien quedara registrado a
su nombre (impuestos y gastos de registro, así como el pago de una deuda
telefónica), esa indemnización no podía correr por cuenta de la Rama
Judicial, en la medida en que la decisión del Juzgado que negó su pago no
fue recurrida por los acá demandantes.
2.2. Análisis sustantivo
2.2.1. Sobre la pretensión relacionada con la imposibilidad de usar el dinero
del remate y habitar el inmueble rematado
23. Los demandantes alegaron que, como consecuencia de los errores
judiciales y los defectos en el funcionamiento del juzgado que tramitó el
proceso ejecutivo, la entrega del bien rematado se demoró 19 meses, lapso
en el cual, 1) no pudieron poner a producir el dinero que habían entregado
para participar en el remate, 2) ni pudieron habitar el apartamento.
24. Con independencia de si en el trámite del proceso ejecutivo el Juez 3
Civil del Circuito de Tunja cometió la serie de errores judiciales y falencias
que le atribuyó la parte actora, considera la Sala que los demandantes no
podían elevar a la categoría de daño indemnizable, ni la indexación de la
suma que consignaron para hacer postura en el remate que allí tuvo lugar,
ni los intereses que ese dinero podría producir. Tampoco tenían derecho a
la indemnización por la alegada privación de la posibilidad de habitar el
inmueble entre el tiempo que transcurrió entre la diligencia de remate y la
entrega material, pues no acreditaron que esa circunstancia les hubiera
6 Según constancia que el acá demandante elevó al Juzgado Civil que tramitaba la ejecución (folio 350 del
cuaderno 2).
7 Folio 131 del cuaderno 1.
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acarreado un perjuicio patrimonial o extrapatrimonial.
25. Frente a que no pudieron explotar la suma pagada por concepto de
remate. Es pertinente indicar que, en este caso, la diligencia de remate
realizada el 26 de octubre de 2001 fue aprobada por Auto de 16 de enero
de 2002, decisión que quedó ejecutoriada en octubre de ese mismo año.
Con ocasión de ese acto jurídico, los demandantes se hicieron,
formalmente, al derecho de dominio sobre el inmueble rematado, del cual,
además, existe prueba de que se les hizo entrega material el 7 de mayo de
20038.
26. En ese orden de ideas, la Sala considera que a los actores no se les
privó de la posibilidad de utilizar el dinero y obtener los rendimientos que
estaría llamado a producir el capital que era de su propiedad, ni vieron
afectado su patrimonio por la depreciación de esa suma. Lo anterior porque
está probado que los demandantes, de manera libre y voluntaria,
decidieron destinar un capital de su propiedad para hacer una inversión: la
adquisición de un inmueble por el 50% de su valor comercial. Está probado
asimismo que, en términos jurídicos, la operación realizada consiguió los
efectos buscados por ellos: fue eficaz, pues el inmueble rematado pasó a
engrosar formalmente el patrimonio de aquellos, además de que consta
que adquirieron la posesión.
27. Así las cosas, comoquiera que el capital de los demandantes se
destinó de manera efectiva al pago de la inversión por ellos proyectada, no
podrían pretender, so pena de enriquecerse, conservar para sí el producto
de su inversión (la propiedad sobre el inmueble rematado) y, al mismo
tiempo, reclamar los frutos que ese capital estaría llamado a producir,
mucho menos cuando la imposibilidad de usarlo habría sido consecuencia
de vicisitudes consustanciales al trámite de una diligencia de remate.
28. Cosa distinta, pero que no es el supuesto que acá se presentó, sería el
caso en el que la diligencia de remate y sus actos posteriores hubieran sido
declarados sin efectos y que, por ende, el dominio del inmueble no les
hubiera llegado a los demandantes por alguna razón. En tal escenario, a
condición de que la ineficacia del remate fuera atribuible a la Rama
Judicial, los rematantes tendrían derecho a la restitución de su capital y,
siempre que lo probaran, a reclamar a título de indemnización los réditos
que estaba llamado a producir de haber permanecido en su poder.
29. Como la venta en el caso bajo estudio, se insiste, fue efectiva, la
reclamación de los demandantes no podía recaer sobre los frutos civiles del
8 Folio 91 del cuaderno 1.
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capital, sino, eventualmente, sobre los frutos que el inmueble adquirido con
ese capital pudo producirles, escenario en el cual tenían la carga de
acreditar que ese bien, en verdad, estaba llamado a reportarles un
determinado beneficio patrimonial y, adicionalmente, que la privación de
esa ventaja resultaba imputable a la Rama Judicial.
30. Frente a que no pudieron habitar el bien. Los demandantes no
demostraron qué afectaciones concretas se derivaron para ellos de no
haber podido ejercer las prerrogativas de uso, goce y/o disposición del
inmueble en el periodo comprendido entre la diligencia de remate y la
entrega efectiva.
31. En efecto, solo aportaron las piezas del proceso ejecutivo
relacionadas con la etapa del remate, pero no solicitaron ni allegaron
elementos de juicio para demostrar afectaciones patrimoniales o
inmateriales que, de manera concreta, sufrieron como consecuencia del
tiempo que pasó entre la diligencia de remate y la entrega efectiva del
inmueble rematado.
32. Al examinar con detalle la demanda y sus pretensiones, la Sala
advierte que los actores no identificaron ningún tipo de perjuicio patrimonial
o extrapatrimonial asociado a la imposibilidad temporal de ejercer la
posesión del inmueble rematado (por ejemplo, que se hubieran visto
forzados a pagar un arriendo para vivienda familiar, o que hubieran perdido
posibilidades reales de realizar operaciones con terceros sobre el inmueble:
contratos de arrendamiento; compraventas), pues la reclamación allí
contenida se limitó al reconocimiento de “intereses” (primera pretensión) e
“indexación” (segunda pretensión) sobre el capital que invirtieron en el
remate reclamaciones que, como ya se estudió, resultaban improcedentes.
2.2.2. Sobre la pretensión relacionada con el reembolso de ciertos pagos
asumidos por los rematantes
33. Los demandantes también reclamaron que se les debían reintegrar
los valores que pagaron por concepto de impuesto predial, así como los
gastos de registro y el de una deuda telefónica que, presuntamente, tenía
la línea asignada al inmueble rematado.
34. Al respecto, el Tribunal consideró que los rematantes no interpusieron
recursos contra la decisión que les negó el reembolso de esos pagos con
cargo al producto del remate, de manera que no se cumplía uno de los
presupuestos para demandar la responsabilidad del Estado por error judicial.
35. Tal postura será confirmada en esta instancia, en la medida en que,
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en este caso, cuando quedó ejecutoriado el auto que aprobó la diligencia
de remate, los demandantes dejaron de tener una mera expectativa y un
interés etéreo en relación con el proceso ejecutivo y, de manera más
concreta, con toda la actuación que concernía al remate, circunstancia
que los legitimaba para cuestionar las decisiones que, directamente, los
afectaran.
36. Aunque es cierto que, como lo afirmaron los recurrentes con respaldo
en “pronunciamientos jurisprudenciales” (que no identificaron), los sujetos
que participan en una diligencia de remate no tienen la condición de
partes o terceros dentro del proceso ejecutivo, tal y como lo ha destacado
la Corte Constitucional, también es cierto que, en línea con decisiones de
esa esa misma Corporación, una vez que queda en firme el auto que
aprueba esa diligencia, su situación cambia sustancialmente.
37. Al respecto, esa Corporación ha considerado que, “…antes de que el
remate sea aprobado y el auto respectivo quede en firme, el rematante
tampoco puede ser considerado como titular de un interés sustancial que
resulte protegible dentro del proceso ejecutivo. Sólo cuando el remate se
decreta, se realiza, es aprobado y dicho auto aprobatorio queda en firme,
puede hablarse propiamente de la adquisición del derecho de dominio por
el rematante. En este momento aparece un interés jurídico protegible. No
antes, cuando solo puede hablarse de expectativa de derecho. //
Adicionalmente, dado que antes de la firmeza del auto que aprueba el
remate no puede hablarse de ningún derecho consolidado en cabeza del
rematante, la circunstancia de que el remate finalmente sea invalidado,
bien sea de oficio o a petición de parte, no es susceptible de generarle
perjuicio alguno, menos aun si, como lo dispone el artículo 530 del Código
de Procedimiento Civil, cuando el juez invalida la subasta, debe ordenar la
devolución del precio al rematante”9.
38. Para el caso concreto la Sala observa que, una vez que el auto que
aprobó la diligencia de remate quedó en firme, los rematantes solicitaron al
Juzgado mediante escrito de 13 de febrero de 2003, que se ordenara la
entrega del inmueble, así como “…la devolución de los dineros invertidos en
el inmueble objeto de remate para poderlos legalizar, por los siguientes
conceptos: // 1. Impuesto predial correspondiente a los años 2001, 2002 y
2003 $1’138.872.oo 2. Paz y Salvo de la Secretaría Hacienda Municipal por
$6.000.oo 3. Boleta Fiscal por valor de $337.500.oo 4. Cancelación embargo
$8.000.oo [y] 5. Registro de remate $168.800.oo”, para un total de
$1’659.17210.
9 Corte Constitucional, Sentencia de 10 de agosto de 2006, T659/06.
10 Folio 73 del cuaderno 1.
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39. Por auto de 26 de febrero de 200311, el Juzgado fijó fecha para
diligencia de entrega del bien y no accedió “a ordenar el pago de las
sumas de dinero especificadas en el escrito [presentado el 13 de febrero por
los rematantes], en razón a que con el producto de la subasta no se alcanzó
ni a cancelar la obligación demandada”.
40. Al margen de si el fundamento de esa decisión fue, o no, correcto (lo
que correspondería al análisis del presupuesto de fondo o sustantivo propio
del error judicial), en la verificación del cumplimiento de los presupuestos de
forma establecidos en la Ley 270 de 1996, puntualmente en el relacionado
con la interposición de recursos, advierte la Sala que, cuando ese auto fue
proferido, ya había lugar a considerar que los rematantes tenían un interés
jurídico cierto, actual y serio en el desarrollo del proceso ejecutivo,
particularmente en lo que concernía a la fase de remate.
41. Como la decisión bajo análisis, sin lugar a dudas, los afectaba en
forma directa, por supuesto que si no se disponía que los conceptos
reclamados corrieran por cuenta del producto del remate, los mismos,
necesariamente, tendrían que ser asumidos por el patrimonio de los
rematantes, esa circunstancia los legitimaba para cuestionar el Auto de 26
de febrero de 2003, al menos, mediante la interposición del recurso ordinario
de reposición, el cual, por regla general, procede contra todos los autos
dictados por el juez (artículo 348 del CPC).
42. Toda vez que contra dicha determinación no se interpusieron
recursos, de sus implicaciones patrimoniales los demandantes no podían
responsabilizar a la Rama Judicial, pues no se cumple uno de los
presupuestos a los que la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia
condicionó la procedencia del error judicial (Art. 67 Ley 270 de 1996).
43. En conclusión, la Sala confirmará la Sentencia apelada, porque la
pretensión de reconocimiento de intereses e indexación sobre el valor
pagado como precio del remate no configuraba, por las razones indicadas,
un daño indenmizable, además de que los demandantes no acreditaron
perjuicios derivados de la imposibilidad temporal de habitar el inmueble que
adquirieron en subasta (pretensiones 1 y 2); las demás pretensiones (3 y 4)
eran asimismo inviables, en la medida en que estaban invariablemente
relacionadas con los efectos de una providencia contra la cual los
afectados no interpusieron los recursos ordinarios, lo que excluía la
posibilidad de provovar una condena contra el Estado por error judicial.
11 Folio 83 del cuaderno 1.
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Demandado: Rama Judicial
Referencia: Acción de reparación directa
Decisión: Confirmar
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2.3. Sobre la condena en costas
44. Como no se evidencia temeridad en la actuación procesal de la
parte actora (artículo 171 del C.C.A), la Sala no la condenará en costas en
esta instancia.
3. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,
RESUELVE:
PRIMERO: CONFIRMAR la Sentencia de 9 de diciembre de 2014, proferida por
la Sala 12 de descongestión del Tribunal Administrativo de Boyacá.
SEGUNDO: Sin COSTAS en esta instancia.
TERCERO: Con cargo a los interesados, y sin necesidad de auto que las
ordene, expídanse copias de la presente decisión.
CUARTO: En firme esta sentencia, devuélvase el expediente al Tribunal de
origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Firmado electrónicamente
ALBERTO MONTAÑA PLATA
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