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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 76001-23-31-000-2011-01146-01

Fecha
10 de junio de 2022
Consejero ponente
Alberto Montaña Plata

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 76001-23-31-000-2011-01146-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

RESUELVE: PRIMERO: REVOCAR la Sentencia de 29 de julio de 2014, proferida por el Tribunal Administrativo de Valle del Cauca. SEGUNDO: NEGAR, por las razones expuestas en la parte considerativa, las pretensiones de la parte actora. TERCERO: Sin costas en ambas instancias. CUARTO: Con cargo a los interesados, y sin necesidad de auto que las ordene, expídanse copias de la presente decisión. QUINTO: En firme esta sentencia, devuélvase el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 76001-23-31-000-2011-01146-01

Consejero ponente: Alberto Montaña Plata

10 de junio de 2022

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B

Magistrado Ponente: Alberto Montaña Plata

Bogotá D.C., 10 de junio de 2022

Radicación: 76001-23-31-000-2011-01146-01(52660)
Actor: Solanyel Nieto Zarate
Demandado: Rama Judicial
Referencia: Acción de reparación directa

Temas: Acción de reparación directa / defectuoso funcionamiento de la administración de
justicia / falta de prueba del daño

Síntesis del caso: se demanda la responsabilidad del Estado porque, a pesar de que se
anunció la venta en subasta de la “propiedad” sobre un terreno, se adjudicaron unos
“derechos de cuota” sobre el mismo

Conoce la Sala el recurso de apelación interpuesto por las partes contra la
Sentencia de 29 de julio de 2014, por medio de la cual el Tribunal
Administrativo de Valle del Cauca accedió parcialmente a las pretensiones
de la demanda.

La Sala es competente para proferir esta decisión en segunda instancia, con
fundamento en la Ley 270 de 1996 (artículo 73)1.

Contenido: 1. Antecedentes; 2. Consideraciones. 3. Decisión.

1. ANTECEDENTES

Contenido: 1.1 Posición de la parte demandante; 1.2. Posición de la parte demandada; 1.3.
Sentencia de primera instancia; 1.4. Recurso de apelación.

1.1. Posición de la parte demandante

1. El 1 de agosto de 20112, Solanyel Nieto Zarate, en ejercicio de la
acción de reparación directa, presentó demanda contra la Nación – Rama
Judicial, en la que solicitó3:

“Que se declare a [la demandada] (…) administrativamente responsable por los
graves perjuicios morales, materiales ocasionados [a la demandante] con motivo
del Defectuoso Funcionamiento de la Administración de Justicia dentro del
proceso civil radicado bajo el número 1998-00273 que se adelantó en el Juzgado

1 Artículo 73 de la Ley 270 y Auto proferido por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo de esta Corporación

el 9 de septiembre de 2008, se determinó que de las acciones de reparación directa relacionados con el ejercicio
de la administración de justicia conocen en primera instancia los Tribunales Administrativos y en segunda instancia
el Consejo de Estado. Expediente No. 2008 00009.
2 Folio 21 y 22 del cuaderno 1.
3 Folio 7-9 del cuaderno 1.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 76001-23-31-000-2011-01146-01(52660)
Actor: Solanyel Nieto Zarate
Demandado: Rama Judicial
Referencia: Acción de reparación directa
Decisión: Revocar
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Octavo Municipal de Cali, en una evidente Falla del Servicio con carácter de
responsabilidad objetiva”.

2. Síntesis de los perjuicios reclamados:

Perjuicios morales Perjuicios materiales
100 S.M.L.M.V. “pues como es bien Lucro cesante consolidado: los intereses más corrección
sabido que esta clase de procesos monetaria sobre la suma de $41’200.000 [que corresponde
causa angustia, zozobra, tristeza” al precio pagado en la diligencia de remate]
Daño emergente: $5’000.000 “por concepto de limpieza y
estudios topográficos que se le hicieron al bien inmueble”

3. Como hechos relevantes que fundamentaron esas pretensiones4,
adujo:

4. 1) Dentro de un proceso ejecutivo se decretó y registró el embargo de
los derechos que, en común y proindiviso, tenía el ejecutado sobre el
inmueble identificado con matrícula inmobiliaria 370-263867 de la Oficina de
Registro de Instrumentos Públicos de Cali. En ese proceso se ordenó el
remate de los bienes embargados y secuestrados y en el aviso, que con tal
fin se preparó (ordenado en auto de 29 de octubre de 2007), se indicó que
la diligencia recaía sobre ‘Un (1) lote de terreno ubicado en la vereda Las
Colonias del Corregimiento de Pavitas, jurisdicción del municipio de La
Cumbre, posee un área de 18.200 Mts2, incluyendo una franja de terreno de
150 mts, de largo por 5 mts de ancho que se utiliza como servidumbre, el
cual se encuentra totalmente delimitado por cercas de alambre de púas y
piñuelo en parte…’”.

5. 2) Llegado el día de la diligencia (4 de diciembre de 2007), el juzgado
le adjudicó el terreno a la demandante por $40’000.000, los cuales pagó,
junto con la suma de $1’200.000, correspondientes al 3% del valor ofertado.
Por auto de 25 de febrero de 2008, el Juzgado aprobó el remate y, para su
entrega, comisionó a la autoridad competente del municipio de La Cumbre.

6. 3) El 3 de abril de 2008 se intentó realizar la entrega del bien “hecho
que no se pudo llevar a cabo”, pues, según lo hizo constar el comisionado,
en el acta de remate, se habían consignado los linderos de un predio de
3000 metros cuadrados y una servidumbre, información que no coincidía
con el predio rematado. Se dejó constancia de que “la señora Solangel
Nieto ha insistido que la entrega se haga con la servidumbre, toda vez que
así apareció en el aviso de remate y en el acta de remate”.

7. 4) El 22 de agosto de 2008, la rematante solicitó “nuevamente la
entrega del inmueble rematado”. Por auto de 6 de agosto de 2009, el

4 Folio 9-14 del cuaderno 1.

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Actor: Solanyel Nieto Zarate
Demandado: Rama Judicial
Referencia: Acción de reparación directa
Decisión: Revocar
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juzgado indicó que, “como ·nadie puede transmitir más allá de lo que tiene”
y dado que lo que había sido objeto de embargo y secuestro fueron los
derechos en común y proindiviso que tenía el ejecutado sobre el inmueble,
“la entrega debe concretarse a tales derechos, correspondiéndole a la
rematante adelantar las acciones pertinentes para su deslinde o división
material”. Alegó que el juzgado indicó que no era procedente la entrega
real y material, “porque el objeto del remate fueron derechos en común y
proindiviso”.

8. 5) A juicio de la parte actora, si lo rematado fueron unos derechos en
común, así debió haberse indicado cuando se publicó el aviso del remate.
El error, que se detectó casi 2 años después de la adjudicación, denota la
existencia de un defectuoso funcionamiento de la administración de justicia,
“la cual se ve reflejada en la situación de [la demandante], causándole
tristeza e inseguridad”.

1.2. Posición de la parte demandada

9. La Rama Judicial, sobre la base de que las actuaciones dentro del
proceso ejecutivo estuvieron soportadas en las normas sustantivas y
procesales vigentes, propuso la excepción de culpa exclusiva de la víctima,
con fundamento en que “dentro de un proceso de remate, proceden
recursos que podía alegar dentro del proceso y aún antes de su
adjudicación, de los cuales no se avisora que haya hecho uso”.

1.3. Sentencia de primera instancia

10. Concluyó que a la actora se le causó un daño, pues se ofreció en
remate un bien “sin limitación alguna” pero, finalmente, se le adjudicó un
bien “de características y anexidades diferentes” ya que, según indicó el
Juzgado al responder una solicitud de la rematante5, lo embargado en este
caso habían sido unos derechos de cuota, de manera que la entrega
estaba referida a ellos y a la actora le correspondía tramitar el deslinde o la
división material.

11. Por lo anterior, condenó a la Rama Judicial a pagar a la demandante
20 S.M.L.M.V. a título de perjuicio moral, pues “sufrió una frustración de sus
expectativas” ya que tendría que ejercer su derecho de dominio en
comunidad. Negó el reconocimiento del lucro cesante porque el dinero de
la demandante se utilizó para una compra que fue efectiva, a tal punto que
el acto de remate se registró en el folio de matrícula inmobiliaria y “…sin que

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Realizada luego de la adjudicación

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Demandado: Rama Judicial
Referencia: Acción de reparación directa
Decisión: Revocar
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haya probado que el valor finalmente pagado no corresponde con el real
de la porción de predio que le fue entregado, máxime cuando el remate se
hizo sobre el 70% del valor real del inmueble”. Sobre el daño emergente (por
limpieza del lote y estudios topográficos), indicó que, si se asumiera que la
actora asumió esos gastos, los mismos corresponderían a actos de señor y
dueño.

1.4. Recursos de apelación

12. La parte demandante alegó que, la aseveración del Tribunal según la
cual a la actora se le entregó una porción del terreno adquirido no era
cierta, pues en el acta de entrega se dejó constancia de que los linderos
del remate correspondían a los de otro inmueble y que el bien a entregar
no tenía la servidumbre que se anunció.

13. Agregó que su situación se agravó cuando el Juzgado rematante le
indicó que lo adquirido habían sido derechos en común y pro indiviso, por
lo que la entrega material solicitada era improcedente. En ese contexto,
indicó que las condiciones en las que fue puesta por la administración de
justicia, permanecerían hasta que adelantara las diligencias de división o
deslinde indicadas por el juzgado, lo cual era inaceptable y, en su caso, se
agravaba por el hecho de que sus derechos se encontraban amenazados
por terceros, por lo que, además de esas diligencias, tendría que tramitar un
proceso posesorio, “situación gravosa y complicada” que, agregó, no se
cubría con los 20 S.M.L.M.V. reconocidos por perjuicio moral, por lo que
solicitó el aumento de esa suma.

14. Y sobre la falta de reconocimiento del daño emergente, indicó que
“el origen de la limpieza [del predio] se dio como consecuencia de la
creencia de la [demandante] en cuanto a la futura entrega del bien
inmueble”. En síntesis, solicitó “el incremento en la suma concedida en la
modalidad de perjuicios morales y el reconocimiento de lo solicitado en la
suma de %5’000.000,oo”.

15. La Rama Judicial solicitó que se revocara la sentencia apelada, pues
en este caso había culpa exclusiva de la víctima. Al respeco, indicó que
estaba demostrado que la rematante “se hizo presente al proceso
debidamente representada por abogado, adicionalmente el proceso de
orígen así como las demás actuaciones que integran el trámite ejecutivo y
su posterior remate son de acceso público. Teniendo permanente, plena y
total consulta del antecedente procesal”. Así, prosiguió, “el oferente debe
estar atento no solo de su beneficio e interés económico, sino también de
la idoneidad y fundamento jurídico del trámite de remate, el cual implica

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Actor: Solanyel Nieto Zarate
Demandado: Rama Judicial
Referencia: Acción de reparación directa
Decisión: Revocar
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que cuando menos se dé coincidencia entre las partes procesales y los
bienes sobre los cuales se va a realizar la postulación”.

16. Agregó que las expectativas netamente comerciales, no constituían
“prueba suficiente de perjuicio moral (…) razón por la cual se solicita
igualmente no otorgar indemnización en este aspecto”.

2. CONSIDERACIONES

Contenido: 2.1. Presupuestos procesales y decisión a adoptar; 2.2. Análisis sustantivo 2.3.
Sobre la condena en costas.

2.1. Presupuestos procesales y decisión a adoptar

17. La Sala se pronunciará sobre el fondo del asunto, toda vez que se
cumplen los presupuestos procesales para dictar sentencia, al ser la de
reparación directa la acción procedente para buscar la declaratoria de
responsabilidad por los daños causados por el defectuoso funcionamiento
de la administración de justicia. Adicionalmente, porque la demanda se
presentó de manera oportuna6.

18. Verificados los presupuestos procesales, la Sala revocará la sentencia
apelada y, en su lugar, negará las pretensiones. Con tal fin, pondrá en
evidencia que la demandante no acreditó, de manera fehaciente, la
existencia del daño alegado, ni de los perjuicios materiales e inmateriales
cuya indemnización demandó, valoraciones que son viables en esta
instancia, en la medida en que la Rama Judicial planteó en su recurso que
debió declararse probada una causa eximente de responsabilidad,
posición que, necesariamente, conlleva un análisis de todos los elementos
de la responsabilidad.

2.2. Análisis sustantivo

19. Como el daño es el primer elemento de análisis dentro del estudio de
la responsabilidad civil, la Sala identifica que la afectación alegada en la
demanda, habría consistido en la frustración de los derechos de Solanyel
Nieto en su condición de rematante, en concreto, por la falta de identidad
del objeto que fue materia de subasta pues, alegó, el Juzgado 8 Civil

6 Como en este caso la demanda busca la indemnización de perjuicios derivada de diferencias entre el inmueble

que fue anunciado en subasta y el que pretendió entregarse a la demandante, la caducidad de la acción estaría
llamada a contarse una vez que quedó en firme la providencia del juzgado que, por solicitud de la parte
demandante, se pronunció sobre ese específico aspecto, lo que sucedió con el Auto de 6 de agosto de 2009,
providencia que se notificó por estado el 13 de agosto de ese mismo año. Como la demanda se presentó el 11
de agosto de 2011, es claro que lo fue antes de que se completaran los 2 años a los que la legislación condiciona
el ejercicio de la acción de reparación directa.

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Municipal de Cali anunció públicamente la venta de la propiedad de un
lote rural de determinadas características7, pero luego, ese mismo Juzgado,
determinó que lo que había sido materia de subasta fueron apenas unos
derechos de cuota sobre ese bien.

20. Aunque es cierto que, en el Auto de 6 de agosto de 20098, el Juzgado
concluyó que lo embargado habían sido unos derechos de cuota y que,
como tal, el objeto sobre el que recayó la venta estaba referido a esos
derechos, lo que implicaba que la demandante tendría que promover las
acciones para conseguir el deslinde o la división material del predio, observa
la Sala que, en este caso, no existe prueba de que hubiera adquirido un
título diferente a aquel por el que hizo postura dentro de la diligencia de
remate, como pasa a explicarse.

21. En este caso se demostró que Jorge Humberto Patiño (demandado
dentro del proceso ejecutivo), con anterioridad a la iniciación de dicho
proceso, realizó en 1992 una “venta parcial” sobre el terreno que era de su
propiedad; ese lote, según se desprende del folio de matrícula inmobiliaria
370-263867, tenía una superficie inicial de 2 hectáreas más 1200 metros
cuadrados (esto es: 21200 metros cuadrados). La venta, que tuvo lugar en
1992, se concretó expresamente en una porción de terreno de 3000 metros
cuadrados, y así se hizo constar en dicho folio de matrícula inmobiliaria9.

22. Al momento de realizar la diligencia de secuestro dentro del proceso
ejecutivo, se indicó que el terreno secuestrado tenía una superficie
aproximada de “18.200 metros cuadrados”10. A partir de allí, es posible
inferir, sin mayores esfuerzos, que de los 21200 metros que originariamente
tenía el predio, con ocasión de la venta parcial de los 3000 metros, el
terreno, materialmente, pasó a tener los 18200 que fueron materia de
embargo, secuestro y posterior remate.

23. En esas condiciones, contrario a lo que aseveró en su momento el
Juzgado 8 Civil Municipal de Cali (en pronunciamiento que la parte actora
no cuestionó por equivocado, sino que utilizó para poner en evidencia la
existencia de defectos en el trámite del proceso de remate), el principio de
realidad sobre la forma impone que, en este asunto, se embargó, secuestró

7 En el acta de remate se consignó que el objeto de la diligencia era: “Un lote de terreno ubicado en la Vereda

Las Colonias del Corregimiento de Pavitas, jurisdicción del municipio de La Cumbre, posee un área de 18.2000 Mts2
…” (fl. 171 del cuaderno 2). En el auto por medio del cual se aprobó la diligencia de remate, se indicó que se
había rematado un inmueble de las siguientes características: “Un lote de terreno ubicado en la Vereda Las
Colonias del Corregimiento de Pavitas, jurisdicción del municipio de La Cumbre, posee un área de 18.2000 Mts2
…” (fl. 180 del cuaderno 2).
8 Folio 226-230 del cuaderno 2.
9 Folio 217 del cuaderno 2. En la anotación 2, de 29 de julio de 1992, se registró que, por escritura 44 del 3 de febrero

de 1992, se realizó una “venta parcial lote área: 3000 M2”. Y en la anotación 5, de 21 de abril de 2008, se registró
lo siguiente: “Adjudicación en remate área restante 18.200 M2…”.
10 Folio 115 del cuaderno 2.

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y remató, en efecto, un terreno específico y no unos derechos de cuota
sobre el mismo11.

24. En otras palabras, independientemente de que el juez que tramitó la
ejecución hubiera sostenido que lo que se adjudicó fueron unos derechos
en común, ello no pasó de ser una equivocación que si bien podía llevar a
confusión acerca del objeto materia de remate, no afectó el derecho de
propiedad que adquirió la actora sobre 18.200 metros cuadrados, lo cual se
puede concluir a partir del título de adjudicación, el certificado de
tradición, el avalúo de la propiedad y la diligencia de secuestro.

25. Nótese que, de un lado, la venta parcial que se realizó en 1992 no se
refirió a una cuota o porcentaje ideal sobre el derecho de dominio, sino que
recayó sobre un área específica de terreno, tal y como como se registró en
la matrícula inmobiliaria; además, puede inferirse que esa parte vendida fue
desagregada del predio de mayor extensión, habida cuenta que,
posteriormente, dentro del proceso ejecutivo, específicamente en
desarrollo de la diligencia de secuestro, se manifestó que el lote tenía una
extensión aproximada ya no de 21200 sino de 18200 metros cuadrados, área
en la que, es pertinente indicarlo, también coincidió el perito que realizó el
avalúo del terreno para efectos de su remate12. Lo anterior, a su vez, pone
en evidencia que, contrario a lo que alegó la demandnante, en su caso no
sería necesario adelantar un proceso divisorio con el fin de desagregar
materialmente el área que adquirió en la diligencia de remate.

26. En ese orden de ideas, la Sala echa de menos la existencia del daño
invocado, que en la demanda se concretó en la afectación patrimonial
que, para la demandante, representó el hecho de que, supuestamente, se
le adjudicaron unos derechos de cuota y no la propiedad sobre 18200
metros cuadrados de terreno. Cabe precisar que, el pronunciamiento del
Juzgado de 6 de agosto de 2009, no cambió ni modificó la diligencia de
remate, ni el auto por medio del cual se adjudicaba una propiedad a la
demandante.

27. Por no haber sido solicitado desde la demanda, la Sala no hará ningún
pronunciamiento acerca de uno de los argumentos del recurso, según el
cual, la situación de la demandante en relación con el predio rematado se
encuentra amenazada por terceros.

28. Ahora, si en gracia de discusión hubiera lugar a tenerlo por acreditado

11 Dicho principio, para el caso, encontraría respaldo en el numeral 4 del artículo 144 del Código de Procedimiento

Civil, conforme al cual, no hay lugar a declarar una nulidad en el evento en el que, a pesar de comprobarse un
vicio en el procedimiento, “el acto procesal cumplió su finalidad y no se violó el derecho de defensa”.
12 En el Avalúo se indicó: “El terreno objeto de peritación posee un área de: 18.200 mts 2…”.

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el daño alegado por la demandante (esto es, que se le adjudicaron unos
derechos de cuota y no la propiedad sin limitaciones de ese tipo), lo cierto
es que la actora no tenía derecho a la indemnización de los perjuicios en la
forma en que fueron reclamados en la demanda. En este punto, la Sala en
primer lugar, se referirá al perjuicio moral que fue el único reconocido en
primera instancia y, posteriormente, se referirá al lucro cesante y al daño
emergente.

29. La parte actora no allegó ningún elemento de juicio del que pudiera
desprenderse la existencia del perjuicio moral que alegó haber
experimentado, perjuicio que, en estos casos, no había lugar a presumir,
como terminó por hacerlo la Sentencia recurrida. A esta actuación, se
insiste, solo se allegó copia del proceso ejecutivo, dentro del cual no hay
elementos de juicio que, directa o indirectamente, permitan tener prueba
de la existencia e intensidad de un perjuicio inmaterial con ocasión del
trámite del remate.

30. En relación con el lucro cesante, este perjuicio no fue reconocido en
primera instancia y que tal negativa no fue materia de reparos concretos al
sustentar el recurso de apelación, lo que releva a la Sala de su análisis. En
cualquier caso, existe prueba de que el derecho de dominio quedó inscrito
a favor de la demandante quien, con respaldo en reciente
pronunciamiento de esta Subsección, no tendría derecho al
reconocimiento de frutos civiles sobre la suma que pagó para participar en
la venta forzada, pues el remate no fue declarado ineficaz13, ni se demostró
fehacientemente la existencia de alguna otra circunstancia que ameritara
que, en este caso, la actora tuviera derecho a una restitución, así fuera
fuera parcial, de esa suma (por ejemplo, que el bien rematado tuviera una
extensión sustancialmente inferior a la publicitada, siempre que, desde
luego, ello fuera imputable a la Rama Judicial).

31. A propósito del daño emergente, si la demandante asumió gastos por

13 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, Sentencia de 30 de

marzo de 2022, Rad.: 15001-23-31-000-2003-01387-01 (56034). En este fallo se indicó: “Así las cosas, comoquiera que
el capital de los demandantes se destinó de manera efectiva al pago de la inversión por ellos proyectada, no
podrían pretender, so pena de enriquecerse, conservar para sí el producto de su inversión (la propiedad sobre el
inmueble rematado) y, al mismo tiempo, reclamar los frutos que ese capital estaría llamado a producir, mucho
menos cuando la imposibilidad de usarlo habría sido consecuencia de vicisitudes consustanciales al trámite de
una diligencia de remate.
Cosa distinta, pero que no es el supuesto que acá se presentó, sería el caso en el que la diligencia de remate y
sus actos posteriores hubieran sido declarados sin efectos y que, por ende, el dominio del inmueble no les hubiera
llegado a los demandantes por alguna razón. En tal escenario, a condición de que la ineficacia del remate fuera
atribuible a la Rama Judicial, los rematantes tendrían derecho a la restitución de su capital y, siempre que lo
probaran, a reclamar a título de indemnización los réditos que estaba llamado a producir de haber permanecido
en su poder.
Como la venta en el caso bajo estudio, se insiste, fue efectiva, la reclamación de los demandantes no podía
recaer sobre los frutos civiles del capital, sino, eventualmente, sobre los frutos que el inmueble adquirido con ese
capital pudo producirles, escenario en el cual tenían la carga de acreditar que ese bien, en verdad, estaba
llamado a reportarles un determinado beneficio patrimonial y, adicionalmente, que la privación de esa ventaja
resultaba imputable a la Rama Judicial”.

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la limpieza del terreno, así como el pago de honorarios del levantamiento
topográfico del predio, de esos conceptos no podría responsabilizar a la
Rama Judicial, pues lo primero correspondería a la realización de actos
propios de señorío (sea que la demandante los hizo a título personal o con
cargo a la comunidad propia de la indivisión del derecho real de dominio),
y del segundo, en ausencia de prueba irrefragable de que, en este caso, se
presentaron fallas al momento de identificar el área que sería materia de
remate, habría lugar a concluir que la elaboración de estudios topográficos,
correspondería, también, a una expresión de los atributos del derecho de
dominio.

32. En síntesis, en ausencia de prueba de la existencia de un daño y
subsidiariamente, ante la imposibilidad de reconocer los perjuicios cuya
indemnización se reclamó, la Sala concluye que las pretensiones de la
demanda no podían ser acogidas, razones por las cuales revocará la
sentencia apelada.

2.3. Sobre la condena en costas

33. Como no se evidencia temeridad en la actuación procesal de la
parte actora (artículo 171 del C.C.A), la Sala no la condenará en costas en
ninguna de las instancias.
3. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:
PRIMERO: REVOCAR la Sentencia de 29 de julio de 2014, proferida por el
Tribunal Administrativo de Valle del Cauca.

SEGUNDO: NEGAR, por las razones expuestas en la parte considerativa, las
pretensiones de la parte actora.

TERCERO: Sin costas en ambas instancias.

CUARTO: Con cargo a los interesados, y sin necesidad de auto que las
ordene, expídanse copias de la presente decisión.

QUINTO: En firme esta sentencia, devuélvase el expediente al Tribunal de
origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

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Decisión: Revocar
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Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
Con aclaración de voto Con aclaración de voto
MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ FREDY IBARRA MARTÍNEZ

Firmado electrónicamente
ALBERTO MONTAÑA PLATA

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