Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 15001-23-31-000-2011-00365-02
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 15001-23-31-000-2011-00365-02
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 15001-23-31-000-2011-00365-02
Consejero ponente: José Roberto Sáchica Méndez
7 de noviembre de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN A
Consejero ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Bogotá D.C., siete (7) de noviembre de dos mil veinticinco (2025)
Radicación: 15001-23-31-000-2011-00365-02 (72.670)
Ejecutante: Fideicomiso Inversiones Aritmétika Sentencias
Ejecutado: Nación – Fiscalía General de la Nación
Referencia: Ejecutivo
Temas: PROCESO EJECUTIVO – Originado en la aprobación de un acuerdo conciliatorio.
/ RECONOCIMIENTO DE UNA OBLIGACIÓN COMO DEUDA PÚBLICA – No extingue o
suspende la exigibilidad de la obligación, en tanto que dicha declaración no corresponde ni
es equiparable a un modo de hacer cesar o extinguir las obligaciones - Los intereses
derivados de la mora en el cumplimiento de la obligación continúan generándose hasta el
momento en que ésta sea cumplida. / CONDENA EN COSTAS - La Ley 1437 de 2011
consagró un criterio objetivo-valorativo para su imposición. / COSTAS EN PROCESOS
EJECUTIVOS – Tratándose de la acreditación del cumplimiento de la prestación debida, al
ejecutado se le atribuye la calificación de parte vencida, dado que tal escenario corrobora
la existencia de un derecho cierto en cabeza del acreedor que aquel no había satisfecho
para el momento en que el ejecutante impetró la ejecución. - El CGP determina un evento
especial para la condena en costas en este tipo de procesos.
Surtido el trámite de ley sin que se advierta causal de nulidad que invalide lo
actuado, la Sala procede a decidir los recursos de apelación interpuestos por las
partes contra la sentencia que declaró probada la excepción de pago parcial de la
obligación y ordenó seguir adelante con la ejecución.
Se debe determinar si la ejecutada cumplió con el pago total de la obligación debida,
y si es procedente la imposición de la condena en costas en contra de la Fiscalía
General de la Nación.
I. LA SENTENCIA IMPUGNADA
1. Corresponde a la decisión adoptada el 21 de febrero de 2024, por medio de
la cual el Tribunal Administrativo de Boyacá declaró probada la excepción de pago
parcial de la obligación, ordenó seguir adelante con la ejecución, y, presentar la
liquidación del crédito en los términos del artículo 446 del Código General del
Proceso1.
1 Tal decisión se consignó en los siguientes términos:
“PRIMERO: DECLARAR probada la excepción de pago parcial propuesta por la demandada.
SEGUNDO: SEGUIR ADELANTE con la ejecución, a favor del ejecutante y en contra de la Fiscalía General de
la Nación, por la suma de SIETE MILLONES TRECIENTOS VEINTITRÉS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y
SEIS PESOS M/CTE ($7.323.966) y por los intereses que se causen hasta la fecha efectiva del pago.
TERCERO: Las partes deberán presentar la liquidación del crédito según los postulados del artículo 446 del
CGP.
CUARTO: NO CONDENAR en costas en esta instancia”.
Radicación: 15001-23-31-000-2011-00365-02 (72.670)
Ejecutante: Fideicomiso Inversiones Aritmétika Sentencias
Ejecutado: Fiscalía General de la Nación
Referencia: Ejecutivo
2. El anterior proveído resolvió la demanda ejecutiva2 instaurada el 18 de
noviembre de 20213 por el Fideicomiso Inversiones Aritmétika Sentencias contra la
Nación - Fiscalía General de la Nación.
Pretensiones
3. El ejecutante solicitó que se librara mandamiento de pago en los siguientes
términos (transcripción literal incluidos eventuales errores):
“1. Librar mandamiento ejecutivo de pago en contra de la NACIÓN - FISCALÍA
GENERAL DE LA NACIÓN y a favor de FIDEICOMISO INVERSIONES
ARITMÉTIKA SENTENCIAS, identificado con NIT.800.256.769-6, del cual es
vocera y administradora la sociedad FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A.,
identificada con NIT. 800.140.887-8, por concepto de capital, la suma de CIENTO
SETENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS NUEVE MIL NOVENTA Y DOS
PESOS M/CTE ($179.509.092)
“2. Librar mandamiento de pago por los intereses moratorios de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 177 del Código Contencioso Administrativo a la tasa
máxima legal permitida - 1,5 veces del Bancario Corriente IBC, liquidados desde el
21 de mayo de 2015, hasta el momento en que se verifique el pago de la obligación
y que de acuerdo con la liquidación aquí aportada no es inferior a la suma de
DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS NUEVE MIL
TREINTA Y DOS PESOS M/CTE ($294.409.032)
“Por la suma que resulte de la liquidación de las costas del presente proceso
incluyendo agencias en derecho” (negrillas del texto original).
Hechos
4. El 3 de febrero de 2015, el Tribunal Administrativo de Boyacá profirió
sentencia en el proceso de reparación directa con radicado 15001-23-31-005-2011-
00365-004, en la que declaró administrativamente responsable a la Fiscalía General
de la Nación por la privación injusta de la libertad de que fue objeto el señor Lorenzo
Merchán Fuentes; como consecuencia, condenó a la demandada a pagar: i) por
concepto de perjuicios morales, 100 SMLMV a favor de cada uno de los señores
Lorenzo Merchán Fuentes, Ana Polonia Monsocua Marín y María Ramos Merchán
Monsocua, y 50 SMLMV para Yeimy Paola Merchán Alarcón; y ii) por perjuicios
materiales, en la modalidad de lucro cesante, la suma de treinta y ocho millones
seiscientos cincuenta y dos mil ciento veintinueve pesos ($38’652.129), a favor de
Lorenzo Merchán Fuentes.
5. El 6 de mayo de 2015, en curso de la audiencia de conciliación judicial, las
partes llegaron a un acuerdo, en el que la Fiscalía General de la Nación se
comprometió a pagar el 70% del valor de la condena impuesta, excluyendo del
reconocimiento de los perjuicios materiales -lucro cesante- el 25% por concepto de
prestaciones sociales. Este acuerdo fue aprobado por el Tribunal Administrativo de
Boyacá en auto del 13 de mayo de 20155.
2 Proceso ejecutivo a continuación (artículos 306 y 307 del CGP).
3 Visible en el aplicativo Samai del Tribunal – Sección Gestión de Documentos – Actuación 111.
4 Dicho proceso se rigió por las normas del Código Contencioso Administrativo.
5 Se indicó en la demanda que esa decisión cobró ejecutoria el 21 de mayo de 2015.
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Radicación: 15001-23-31-000-2011-00365-02 (72.670)
Ejecutante: Fideicomiso Inversiones Aritmétika Sentencias
Ejecutado: Fiscalía General de la Nación
Referencia: Ejecutivo
6. El 6 de octubre de 20156 los beneficiarios de la condena radicaron la solicitud
de cumplimiento de la providencia que aprobó el acuerdo conciliatorio ante la
Fiscalía General de la Nación.
7. El 30 de noviembre de 2018, la sociedad Avance Sentencias País S.A.S. 7 y
el Fideicomiso Inversiones Aritmétika Sentencias -cesionario-, del cual es vocera y
administradora la sociedad Fiduciaria Corficolombiana S.A., suscribieron contrato
de cesión de derechos económicos derivados de la providencia que aprobó el
acuerdo conciliatorio objeto de ejecución8.
Mandamiento de pago
8. En providencia del 10 de abril de 20229, el a quo libró mandamiento de pago
en contra de la Fiscalía General de la Nación, en los siguientes términos
(transcripción literal):
“PRIMERO. LIBRAR mandamiento de pago a favor de Fideicomiso Inversiones
Aritmétika Sentencias y en contra de la Nación – Fiscalía General, por los siguientes
conceptos y valores:
→ Por la suma de ciento setenta y nueve millones quinientos nueve mil noventa y
dos pesos ($ 179.509.092) por concepto de capital a favor de la parte actora.
→ Por la suma de doscientos noventa y dos ochocientos cincuenta y ocho mil
ochocientos ochenta y ocho pesos ($292.858.888) por concepto de intereses
moratorios, causados desde el 22 de mayo al 21 de noviembre de 2015 y del 27 de
enero de 2016 al 19 de noviembre de 2021.
→ Por los intereses moratorios que se sigan causando desde el 20 de noviembre de
2021 hasta la fecha del pago”10.
6 Adicionada o complementada el 4 y 30 de noviembre de 2015 y el 26 de enero de 2016.
7 La que previamente adquirió los derechos económicos mediante contrato de cesión del 9 de noviembre de
2018 suscrito con el apoderado de los beneficiarios de la condena.
8 Se indicó en el libelo que el 13 de diciembre de 2018 se le notificó a la Fiscalía General de la Nación el contrato
de cesión (en los términos del artículo 1960 del Código Civil), y se le solicitó se registrara como una cuenta a
pagar a favor del Fideicomiso Inversiones Aritmétika Sentencias.
La entidad, mediante acto administrativo 20191500001061 del 16 de enero de 2019 se dio por notificada y
aceptó condicionadamente la cesión de créditos derivados de la conciliación judicial aprobada por el Tribunal
Administrativo de Boyacá el 13 de mayo de 2015.
En oficio con radicado 20196110079602 del 01 de febrero de 2019, se dio cumplimiento a la condición
relacionada en el acto mencionado de manera precedente, en el que se aportó paz y salvo por todo concepto
en favor del cesionario, así como los respectivos soportes de pago de la contraprestación del contrato de cesión.
La Fiscalía General de la Nación, en acto administrativo 20191500007121 del 06 de febrero de 2019, se dio por
notificada y aceptó sin condición alguna la cesión del crédito.
9 Visible en el aplicativo Samai del Tribunal – Sección Gestión de Documentos – Actuación 123.
10 A través de la providencia referida el Tribunal decidió reponer de manera parcial el numeral 1° del auto del
11 de febrero de 2022 (visible en el aplicativo Samai del Tribunal – Sección Gestión de Documentos – Actuación
117), en el que había dispuesto librar de mandamiento de pago así: i) por la suma de ciento setenta y ocho
millones ciento cincuenta y ocho mil ciento diecisiete pesos ($178’158.117), por concepto de capital, ii) por la
suma de doscientos ochenta y nueve millones quinientos treinta y nueve mil quinientos ochenta y un pesos
($289’539.581), correspondientes a los intereses moratorios causados del 22 de mayo al 21 de noviembre de
2015 y del 27 de enero de 2016 al 19 de noviembre de 2021, y iii) por los intereses moratorios que se sigan
causando desde el 20 de noviembre de 2021 hasta la fecha del pago. Se concedió un plazo de cinco (5) días
para cancelar los anteriores valores.
Lo anterior, debido a que el ejecutante refirió que el capital debía ser fijado en $179’509.092, debido a que la
exclusión del 25% debió realizarse desde el inicio de la ecuación y no sobre el total del lucro cesante.
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Ejecutante: Fideicomiso Inversiones Aritmétika Sentencias
Ejecutado: Fiscalía General de la Nación
Referencia: Ejecutivo
Oposición de la ejecutada
9. La Fiscalía General de la Nación se opuso a las pretensiones y propuso la
excepción de “pago total de la obligación”, con fundamento en que había cancelado
la suma de cuatrocientos noventa y nueve millones setecientos trece mil setecientos
veinte pesos ($499’713.720) a la Fiduciaria Corficolombiana S.A. - Fideicomiso
Inversiones Aritmétika (sin precisar en qué fecha), conforme a lo dispuesto en la
Resolución 2955 del 24 de junio de 202211 y en el título ejecutivo base de
ejecución12.
Pronunciamiento del ejecutante frente a la excepción propuesta
10. El ejecutante se opuso a la excepción formulada13. Consideró que al día
anterior a la fecha del pago realizado por la entidad por valor de $499’713.720 14, la
obligación ascendía a $506’833.254,01 ($179’509.092 por concepto de capital, y
$327’324.162,01 correspondiente a intereses). Por tanto, luego de imputar el valor
pagado según lo estipulado en el artículo 1653 del Código Civil, la Fiscalía General
de la Nación adeuda $7’119.534,01, más intereses15.
Fundamentos de la sentencia impugnada16
11. El a quo sostuvo que como en el auto del 10 de abril de 2022 se calculó la
deuda al 19 de noviembre de 2021 (fecha de radicación de la demanda), era
necesario liquidar los intereses causados desde el 20 de noviembre de ese mismo
año hasta la fecha del pago realizado por la Fiscalía General de la Nación (24 de
agosto de 2022).
12. De esa manera, sostuvo que el valor de la obligación al 24 de agosto de 2022
era de $507’037.686, que corresponden al valor del capital y los intereses
determinados en el auto de 10 de abril de 2021, y los causados del 20 de noviembre
a la fecha del pago.
13. Expuso que como el pago realizado por la ejecutada por la suma de
$499’713.720 es menor al total de la deuda, aquél debía imputarse primero a los
intereses en aplicación de lo previsto en el artículo 1653 del Código Civil, lo que
determina un saldo pendiente por pagar de $7’323.966, por concepto de capital. En
ese sentido, declaró próspera la excepción de pago parcial de la obligación.
11 Según la contestación: “por medio de la cual se ordenó adelantar a través de la Dirección de Asuntos Jurídicos
y la Subdirección Financiera de la Fiscalía General de la Nación ante el Ministerio de Hacienda y Crédito Público,
los trámites administrativos que correspondan para el reconocimiento como deuda pública y el giro a la cuenta
de ahorros N° 001997758 del Banco de Occidente a favor de FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A
INVERSIONES ARITMETIKA, por concepto de pago de la obligación por valor de CUATROCIENTOS
NOVENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS TRECE MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS M/CTE
($499.713.720,00)”.
12 Visible en el aplicativo Samai del Tribunal – Sección Gestión de Documentos – Actuación 134.
13 Destacó que ninguno de los anexos enunciados en la contestación de la demanda obra en el proceso.
14 Afirma la ejecutante que el pago ingresó a su cuenta el 24 de agosto de 2022.
15 Visible en el aplicativo Samai del Tribunal – Sección Gestión de Documentos – Actuación 136.
16 Con fundamento en lo previsto en el artículo 278 del Código General del Proceso, el Tribunal profirió sentencia
anticipada, dado que las partes no solicitaron la práctica de pruebas.
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14. Finalmente, decidió no condenar en costas, al considerar que no se
comprobó que se causaran (numeral 8 del artículo 365 del CGP)17.
II. RECURSOS DE APELACIÓN18
15. El ejecutante solicitó condenar en costas a la Fiscalía General de la Nación,
en tanto el numeral 1° del artículo 365 del Código General del Proceso dispone que
se “condenará en costas a la parte vencida en el proceso” y, en este caso, se
continúa el proceso por un saldo pendiente.
16. Afirmó que ante la renuencia de la entidad ejecutada de realizar el pago de
lo adeudado, se radicó la demanda ejecutiva, lo cual generó al beneficiario del título
un gasto para su representación judicial19.
17. La Fiscalía General de la Nación indicó que efectuó el pago total de la
obligación. Expuso que ésta se incluyó en la Resolución 2955 del 24 de junio de
2022, en la cual se discriminaron los montos y beneficiarios finales de las
providencias sobre las cuales no se suscribieron acuerdos de pago en aplicación de
lo dispuesto en el artículo 53 de la Ley 1955 de 2019, conforme a la liquidación del
crédito elaborada por la Subdirección Financiera de la entidad con corte al 30 de
junio de 2022.
18. Precisó que la mencionada resolución se remitió al Ministerio de Hacienda y
Crédito Público para ser reconocida como deuda pública. Dicha cartera expidió la
Resolución 1987 del 28 de julio de 2022, “Por la cual se reconoce como deuda
pública de la Nación en virtud de lo establecido en el artículo 53 de la Ley 1955 de
2019 y se ordena el pago de las obligaciones de pago originadas en las providencias
a cargo de la Fiscalía General de la Nación discriminadas mediante la Resolución
2955 del 24 de junio de 2022 (…)”, entre ellas la que acá se ejecuta, que se canceló
por parte de la Subdirección Financiera de la Fiscalía General de la Nación, en los
plazos establecidos en esa decisión.
19. Explicó que el reconocimiento de créditos judiciales efectuados en el marco
del Plan Nacional de Desarrollo correspondió al cumplimiento de una disposición
legal de carácter especial que, junto con sus decretos reglamentarios, previó unos
términos preclusivos para efectuar los pagos, “sin que sea viable para las entidades
que se acogieron a dicha disposición legal efectuar reconocimientos adicionales en
tanto correspondería a reconocimientos por fuera de los términos legales”20.
III. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Objeto de las apelaciones
17 Visible en el aplicativo Samai del Tribunal – Sección Gestión de Documentos – Actuación 147.
18 Mediante auto del 29 de noviembre de 2024, el Tribunal rechazó por improcedente el recurso de reposición
presentado por el ejecutante y concedió los recursos de apelación formulados por las partes. Adicionalmente,
aceptó la cesión del crédito a favor de Proceder SAS (Visible en el aplicativo Samai del Tribunal – Sección
Gestión de Documentos – Actuación 159). El 30 de abril de 2025 se admitieron las impugnaciones (índice 3 del
aplicativo Samai del Consejo de Estado)
19 Visible en el aplicativo Samai del Tribunal – Sección Gestión de Documentos – Actuación 152.
20 Visible en el aplicativo Samai del Tribunal – Sección Gestión de Documentos – Actuación 153.
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Referencia: Ejecutivo
20. El análisis que corresponde realizar en esta instancia se circunscribe a
determinar: (i) si la Fiscalía General efectuó el pago total de la obligación, de cara
a los intereses generados con posterioridad a la expedición del acto administrativo
de reconocimiento de la deuda pública y el momento en que se hizo efectivo el pago
de la condena objeto de la ejecución, y (ii) si había lugar a que el Tribunal
Administrativo de Boyacá impusiera condena en costas a la parte ejecutada.
Reconocimiento de una obligación como deuda pública y sus efectos frente a
la excepción de pago
21. Como esta Subsección lo indicó en reciente oportunidad21, el reconocimiento
de las obligaciones contenidas en providencias en firme como deuda pública no
extingue o suspende la exigibilidad de la obligación derivada de éstas, en tanto que
dicha declaración no corresponde ni es equiparable a un modo de hacer cesar o
extinguir las obligaciones, por lo que los intereses derivados de la mora en el
cumplimiento de la obligación continúan generándose hasta el momento en que ésta
sea cumplida.
22. Con la contestación de la demanda la entidad ejecutada refiere como
pruebas, entre otros, los siguientes documentos: “1. copia de los apartes pertinentes
de la Resolución No. 2455 del 24 de junio de 2022 de la Fiscalía General de la
Nación, 2. anexo (liquidación de crédito respectiva), 4. Copia de la orden de pago
SIIF, No. 254264822 del 19/08/2022, donde se relaciona el valor pagado”; no
obstante, tales anexos no obran en el expediente digital.
23. La carga de los sujetos procesales de probar los hechos que soportan sus
pretensiones o excepciones debe cumplirse en las oportunidades y conforme a los
requisitos propios de cada juicio. La ley impone a cada extremo del litigio “la tarea
de traer al juicio de manera oportuna y conforme a las ritualidades del caso los
elementos probatorios destinados a verificar que los hechos alegados
efectivamente sucedieron, o que son del modo como se presentaron”22. Lo anterior,
en línea con el principio de preclusión, componente del debido proceso conforme al
cual el legislador ha previsto etapas procesales con oportunidades específicas para
la realización de los actos correspondientes por parte de los sujetos procesales.
24. En ese orden, la Fiscalía General de la Nación estaba llamada a probar la
excepción que alegó -pago total de la obligación-; sin embargo, no cumplió con esa
carga.
25. Bajo esa consideración, esta Sala se sustrae del análisis relativo a si ocurrió
o no el pago total de la obligación, de cara a los argumentos expresados por el a
quo, en tanto no se aportaron los medios demostrativos que soportaran tal
excepción, máxime cuando la discrepancia del recurrente no se enfoca sobre el
momento a partir del cual se calcularon los intereses frente a la suma dineraria
21 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 21 de febrero de 2025, radicación
440012340000202200150 01 (70.320), Consejero Ponente: José Roberto Sáchica Méndez.
22 C.S.J. Cas. Civil, rad. 23001-31-10-002-1998-00467-01, mayo 25/2010, M.P. Edgardo Villamil [fundamento
jurídico 1].
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Referencia: Ejecutivo
objeto del acuerdo suscrito entre las partes, concretamente en relación con la fecha
de pago.
26. Por consiguiente, se confirmará en este punto la decisión recurrida.
Imposición de la condena en costas en primera instancia
27. Las costas son los gastos en que incurre un sujeto por hacer parte de la
relación jurídico procesal, las cuales están integradas por las expensas y las
agencias en derecho. Las primeras definidas como las erogaciones necesarias para
iniciar y tramitar el proceso23, mientras que las segundas corresponden a una
compensación por los gastos por representación judicial, sin que su determinación
deba equipararse o coincidir necesariamente con los honorarios pactados entre ésta
y su apoderado24.
28. El artículo 365 del CGP25 regula los eventos que dan lugar a la condena en
costas26.
29. Lo anterior evidencia que la mencionada norma fijó un criterio objetivo -
valorativo para la condena en costas, porque para su imposición determinó que
debe examinarse la configuración de alguna de las circunstancias allí previstas27
(órbita objetiva), junto con la verificación de que las costas se “causaron y en la
medida de su comprobación”28 (ámbito valorativo) sin que esa apreciación conlleve
al examen de la mala fe o temeridad de las partes, por cuanto este último supuesto
no fue incluido como requisito para dicha condena29.
30. En este asunto, el Tribunal Administrativo de Boyacá no valoró la causación
de las agencias en derecho, comoquiera que no tuvo en cuenta la actividad
desplegada por el mandatario judicial del ejecutante, quien ha venido actuando en
el trámite del proceso, razón suficiente para considerar probada la causación de las
costas.
23 “Así, las sumas destinadas a obtener la producción de determinada prueba como sería el caso de pago de
honorarios de los peritos, el valor del desplazamiento y el tiempo ocupado por los testigos en su declaración,
las copia necesarias para surtir determinados recursos, los gastos de publicación de los emplazamientos y los
de alimentación y transporte del despacho para efectos de realizar ciertas diligencias o pruebas cuando se
surten fuera de la sede del despacho, constituyen ejemplos de lo que son las expensas, que se van cancelando
por parte de la interesada a medida que se requieran los mismos” (LÓPEZ BLANCO, Hernán Fabio: “Código
General del Proceso, Parte General”, Dupré Editores, Bogotá D.C., 2017, pág. 1047).
24 Sentencia C-082-02 de la Corte Constitucional.
25 Norma aplicable en virtud de la integración normativa del artículo 306 del CPACA.
26 “Condena en costas. En los procesos y en las actuaciones posteriores a aquellos en que haya controversia
la condena en costas se sujetará a las siguientes reglas: 1. Se condenará en costas a la parte vencida en el
proceso, o a quien se le resuelva desfavorablemente el recurso de apelación, casación, queja, súplica, anulación
o revisión que haya propuesto. Además, en los casos especiales previstos en este código. Además se
condenará en costas a quien se le resuelva de manera desfavorable un incidente, la formulación de excepciones
previas, una solicitud de nulidad o de amparo de pobreza, sin perjuicio de lo dispuesto en relación con la
temeridad o mala fe (…) 8. Solo habrá lugar a costas cuando en el expediente aparezca que se causaron y en
la medida de su comprobación”.
27 Consejo de Estado. Sección Segunda, sentencia del 7 de abril del 2016, radicado 13001-23-33-000-2013-
00022-01, Consejero Ponente: William Hernández Gómez.
28 Numeral 8 del artículo 365 del CGP.
29 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, radicación 13001-23-33-000-
2013-00022-01, providencia del 7 de abril del 2016, Consejero Ponente: William Hernández Gómez y sentencia
SU-241/2024 de la Corte Constitucional.
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Referencia: Ejecutivo
31. Los procesos ejecutivos se fundan en un derecho cierto, por lo cual procuran
la observancia de la obligación que debe ser expresa, clara y exigible contenida en
documento que constituye plena prueba de ella (título ejecutivo), a cargo del deudor.
32. El mandamiento de pago apremia al deudor para que efectúe una prestación
a su cargo. De esta manera, la ley no solo le impone la obligación de cumplimiento
sino, además, la carga de acreditar si media alguna situación que impide exigir la
obligación a su cargo.
33. Tratándose de la acreditación del cumplimiento de la prestación debida en el
curso del proceso, al ejecutado se le atribuye la calificación de parte vencida -en el
evento de que sus excepciones no resulten prósperas-, dado que tal escenario
corrobora la existencia de un derecho cierto e insatisfecho en cabeza del acreedor.
34. Coherente con esta idea, el legislador consagró en el artículo 440 del CGP30
la necesaria condena en costas de quien cumple la obligación insatisfecha con
motivo del mandamiento de pago, pudiendo exonerarse de ésta si acredita que
estuvo dispuesto a cumplir la deuda antes de la radicación de la demanda, pero el
acreedor se abstuvo de recibirle.
35. Constatada así la intención expresa del legislador de imponer al ejecutado
las erogaciones derivadas del trámite procesal, en asuntos como el sub examine,
en los que se efectuó un pago de la obligación después del término otorgado a la
entidad para cumplir la obligación31, es claro que se configura el supuesto fáctico
para la procedencia de la condena en costas32, razón por la cual hay lugar a revocar
la decisión del a quo en este aspecto.
36. De acuerdo con lo anterior, la Sala se remite a lo establecido en el artículo
5, numeral 4, del Acuerdo PSAA16-10554 del 5 de agosto de 2016, expedido por la
Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, que dispone que la tarifa
de agencias en derecho en procesos ejecutivos en primera instancia de mayor
cuantía, corresponde a una suma equivalente entre el 3% y el 7.5% de la suma
determinada en la sentencia que declaró probada la excepción de pago parcial de
la obligación y ordenó seguir adelante con la ejecución.
30 “ARTÍCULO 440. CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN, ORDEN DE EJECUCIÓN Y CONDENA EN
COSTAS. Cumplida la obligación dentro del término señalado en el mandamiento ejecutivo, se condenará en
costas al ejecutado, quien sin embargo, podrá pedir dentro de los tres (3) días siguientes a la notificación del
auto que las imponga, que se le exonere de ellas si prueba que estuvo dispuesto a pagar antes de ser
demandado y que el acreedor no se allanó a recibirle. Esta petición se tramitará como incidente que no impedirá
la entrega al demandante del valor del crédito. Si el ejecutado no propone excepciones oportunamente, el juez
ordenará, por medio de auto que no admite recurso, el remate y el avalúo de los bienes embargados y de los
que posteriormente se embarguen, si fuere el caso, o seguir adelante la ejecución para el cumplimiento de las
obligaciones determinadas en el mandamiento ejecutivo, practicar la liquidación del crédito y condenar en costas
al ejecutado”.
31 En el ordinal 2° del auto del 11 de febrero de 2022, el a quo decidió: “SEGUNDO: La entidad demandada
tiene cinco (5) días para cancelar los anteriores valores y diez (10) para presentar excepciones, los cuales
corren simultáneamente”.
32 En efecto, el auto del 10 de abril de 2022, por medio del cual se decidió reponer la providencia del 11 de
febrero de ese mismo año, se notificó el 13 de junio de 2022; por ende, los cinco (5) días concedidos por el
Tribunal para el pago de la obligación transcurrieron del 16 al 23 de junio de 2022 (transcurridos los dos (2) días
hábiles siguientes al del envío del mensaje de datos, de que trata el artículo 199 del CPACA) y el pago se realizó
el 24 de agosto de 2022 (como lo afirma el ejecutante). Además, se trae a colación lo afirmado por la Fiscalía
General de la Nación en la contestación: “PRUEBAS … Copia de la orden de pago SIIF, No. 254264822 del
19/08/2022, donde se relaciona el valor pagado”.
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Radicación: 15001-23-31-000-2011-00365-02 (72.670)
Ejecutante: Fideicomiso Inversiones Aritmétika Sentencias
Ejecutado: Fiscalía General de la Nación
Referencia: Ejecutivo
37. Por tanto, se tasará a favor del Fideicomiso Inversiones Aritmétika
Sentencias, por concepto de agencias en derecho para la primera instancia, la suma
de $219.718,98 -correspondiente al 3% de la suma fijada en la sentencia del
Tribunal como saldo pendiente por pagar de $7’323.966-, a cargo de la Fiscalía
General de la Nación.
Condena en costas en segunda instancia
38. El artículo 365 -numeral 1° del Código General del Proceso determina que
se condenará en costas a la parte vencida en el proceso o a quien se le resuelva
desfavorablemente el recurso de apelación que haya propuesto, por lo que se
proferirá decisión en el sentido de imponer condena en costas a cargo de la Fiscalía
General de la Nación.
39. Para la determinación de las agencias en derecho de esta instancia, se
tendrán en cuenta las tarifas fijadas por el Consejo Superior de la Judicatura en el
artículo 5, numeral 4, del Acuerdo PSAA16-10554 de 5 de agosto de 2016, que
dispone que su valor, tratándose de procesos ejecutivos en segunda instancia, debe
oscilar entre uno (1) y seis (6) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
40. En este caso, se tasará a favor del ejecutante por concepto de agencias para
segunda instancia, la cifra equivalente a un (1) salario mínimo legal mensual vigente
a la fecha de ejecutoria de esta providencia.
41. La liquidación de la condena en costas se realizará de forma concentrada por
el tribunal a quo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 366 del CGP.
IV. PARTE RESOLUTIVA
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República y por autoridad de la Ley,
RESUELVE
PRIMERO: MODIFICAR el ordinal cuarto de la parte resolutiva de la sentencia
proferida el 21 de febrero de 2024, por el Tribunal Administrativo de Boyacá, el cual
quedará así:
CUARTO: CONDENAR en costas a la Fiscalía General de la Nación. Fijar por
agencias en derecho, la suma de doscientos diecinueve mil setecientos dieciocho
mil pesos con noventa y ocho centavos ($219.718.98), a favor de la parte ejecutante,
Fideicomiso Inversiones Aritmétika Sentencias.
SEGUNDO: CONFIRMAR en lo demás la sentencia recurrida.
TERCERO: CONDENAR en costas, por la segunda instancia, a la Fiscalía General
de la Nación, para lo cual se fija como agencias en derecho la suma equivalente a
un (1) salario mínimo legal mensual vigente a la fecha de ejecutoria de esta
providencia. La liquidación de la condena en costas se realizará de forma
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Radicación: 15001-23-31-000-2011-00365-02 (72.670)
Ejecutante: Fideicomiso Inversiones Aritmétika Sentencias
Ejecutado: Fiscalía General de la Nación
Referencia: Ejecutivo
concentrada en el tribunal a quo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 366
del CGP.
CUARTO: En firme esta providencia, realizar la devolución del expediente al
Tribunal de origen, mediante el aplicativo Samai.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Nota: se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su
encabezado y que se suscribe de forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de manera que el
certificado digital que arroja el sistema permite validar su integridad y autenticidad en el
enlace https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente
puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que aparece
a la derecha. Se recuerda que, con la finalidad de tener acceso al expediente, los abogados tienen la
responsabilidad de registrarse en el sistema Samai.
VF
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