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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 44001-23-40-000-2022-00150-01

Fecha
21 de febrero de 2025
Consejero ponente
Jose Roberto Sachica Mendez
Citada por
5 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 44001-23-40-000-2022-00150-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: REVOCAR la sentencia proferida el 10 de agosto de 2023, por el Tribunal Administrativo de La Guajira y, en su lugar, se ordena: 1. SEGUIR ADELANTE con la ejecución contra la Nación – Fiscalía General de la Nación, en los términos señalados en esta providencia. 2. CONDENAR en costas a la Nación – Fiscalía General de la Nación, para lo cual se fija como agencias en derecho para la primera instancia el monto de ochocientos sesenta y cuatro mil seiscientos pesos m/cte ($864.600) y para la segunda instancia, la suma equivalente a un (1) salario mínimo legal mensual vigente a la fecha de ejecutoria de esta providencia. SEGUNDO: En firme esta providencia, devolver el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 44001-23-40-000-2022-00150-01

Consejero ponente: Jose Roberto Sachica Mendez

21 de febrero de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A

Consejero ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Bogotá, D.C., veintiuno (21) de febrero de dos mil veinticinco (2025)

Expediente: 440012340000202200150 01 (70.320)
Demandante: Alianza Fiduciaria S.A.
Demandado: Nación - Fiscalía General de la Nación
Medio de control: Ejecutivo
Asunto: Sentencia de segunda instancia

TEMAS: PROCESO EJECUTIVO – originado en una sentencia condenatoria / VIGENCIA
DE LA LEY EN EL TIEMPO - Régimen de transición y vigencia de la ley para el pago de
sentencias judiciales / APLICACIÓN DE LA LEY PROCESAL EN EL TIEMPO –los procesos
iniciados bajo las previsiones del CCA culminan bajo dicho mandato, incluidas las reglas de
cumplimiento de las providencias judiciales / RECONOCIMIENTO DE UNA PROVIDENCIA
JUDICIAL COMO DEUDA PÚBLICA – por regla general, no implica la suspensión de los
intereses ocasionados por la mora en el cumplimiento de la obligación

Surtido el trámite de ley sin que se advierta causal de nulidad que invalide lo
actuado, la Sala procede a resolver el recurso de apelación interpuesto contra la
sentencia que declaró probada la excepción de pago.

Se discute si la ejecutada cumplió con el pago total de la obligación, de cara a la
tasa de interés aplicada a la condena en un proceso judicial iniciado bajo el CCA,
cuya mora se presentó en vigencia del CPACA.

I. LA SENTENCIA IMPUGNADA

1. Corresponde a la decisión adoptada el 10 de agosto de 2023, por medio de
la cual el Tribunal Administrativo de La Guajira declaró probada la excepción de
pago total de la obligación, declaró terminado el proceso, y condenó en costas1.

2. El anterior proveído decidió la demanda instaurada el 6 de diciembre de
20222 por Alianza Fiduciaria S.A.3 (en adelante Alianza Fiduciaria, la sociedad o la

1 El Tribunal fijó el valor de las agencias en derecho en la suma correspondiente al 4% de las pretensiones de

la demanda.
2 Índice 2 de SAMAI –Expediente digital–, archivo “ED_202200150(.pdf) NroActua 2”, pág. 129.
3 El art. 1959 del C.C. determina que la cesión de un crédito a cualquier título solo tendrá efecto entre el cedente

y el cesionario en virtud de la entrega del título que lo contenga o del que se elabore, en caso de no existir. En
estos documentos debe identificarse la persona que fungirá como cesionaria, así como la firma del cedente o
acreedor anterior (art. 761 C.C., sentencia de la Corte Suprema de Justicia, SC-021 del 5 de mayo de 1941).
En el presente asunto, se cumplieron los mencionados requisitos para la tradición de un derecho personal o
crédito entre el acreedor cedente y el tercero cesionario, toda vez que quienes actuaron como demandantes en
el proceso de reparación directa identificado con la radicación 44001233100020060027401 (42.636), a saber,
los señores Martha Inés Ospino Barros, Elsa Pastora Barros, Delio Rosa, Liliana Esther, César Camilo, Dalcia
María y María Isabel Ospino Barros, cedieron, por medio de contrato del 25 de febrero de 2021 (índice 2 de
SAMAI –Expediente digital–, archivo “ED_202200150(.pdf) NroActua 2”, pág. 55 y ss), el crédito derivado de la
sentencia condenatoria proferida en segunda instancia en el marco del mencionado proceso, a favor del Fondo
Abierto con Pacto de Permanencia CxC (cesionario), el cual es administrado por Alianza Fiduciaria S.A. –según
el reglamento de dicho fondo (índice 2 de SAMAI –Expediente digital–, archivo “ED_202200150(.pdf) NroActua
2”, pág. 99)–.

Expediente 440012340000202200150 01 (70.320)
Demandante: Alianza Fiduciaria S.A.
Demandado: Nación – Fiscalía General de la Nación
Referencia: Ejecutivo

ejecutante) contra la Nación – Fiscalía General de la Nación (en adelante la Fiscalía,
la entidad o la ejecutada).

Pretensiones

3. La ejecutante solicitó que se librara mandamiento de pago en los siguientes
términos (transcripción literal incluidos eventuales errores):

“Solicito se libre mandamiento de pago en contra de la Nación – Fiscalía General
de la Nación y a favor de Alianza Fiduciaria S.A. como administradora del Fondo
Abierto con Pacto de Permanencia CxC … por las siguientes sumas de dinero:

1. DOSCIENTOS MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL
CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS CON VEINTICINCO
CENTAVOS ($200.843.453,25) M/Cte., que corresponde al capital dejado de
pagar por la demandada, conforme al citado contrato de cesión de créditos, de
fecha 25 de febrero de 2021 y que consta en la sentencia proferida el 5 de abril
de 2017 por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Tercera, Subsección A, dentro del proceso de reparación directa incoado por
Martha Inés Ospino y otros en contra de la Nación – Fiscalía General de la Nación,
Exp. No. 2006-00274-01, debidamente ejecutoriada el día 27 de abril de 2017.

2. Por la suma de DOSCIENTO (sic) CINCUENTA Y DOS MILLONES
SETECIENTOS DOCE MIL QUINIENTOS VEINTICUATRO PESOS CON
VEINTICUATRO CENTAVOS ($252.712.524,24) M/Cte., valor correspondiente a
los intereses moratorios causados desde el día siguiente a la fecha de ejecutoria
de la sentencia, esto es desde el día 28 de abril de 2017, causados sobre el capital
indicado en el numeral anterior, hasta el 14 de julio de 2022. Con una suspensión
de intereses desde el 27 de octubre de 2017, hasta el 16 de enero de 2018. Así
mismo, solicitamos se liquiden los intereses de mora, liquidados desde el día 15
de julio de 2022 y hasta la fecha de pago de la obligación.

3. Se condene al demandado al pago de las costas, agencias en derecho y demás
gastos que se causen dentro del proceso”4 (negrillas del texto original).

Hechos

4. El 1 de septiembre de 2011, el Tribunal Administrativo de La Guajira profirió
sentencia en el proceso de reparación directa Rad. 44001-23-31-000-2006-00274
en el cual los demandantes5 perseguían la declaratoria de responsabilidad
patrimonial de la Fiscalía por la privación injusta de la libertad de la señora Martha
Inés Ospino Barros. En ese proceso, el a quo negó las pretensiones6.

5. Al resolver el recurso de apelación contra dicha providencia, esta
Subsección, en sentencia del 5 de abril de 2017, la revocó7 y emitió sentencia
condenatoria en los siguientes términos:

Asimismo, se verificó que tal cesión produjo efectos frente al deudor (Fiscalía), toda vez que fue aceptada por
éste –en los términos del art. 1960 C.C. –, como consta en oficio DAJ-10400 del 16 de abril de 2021, a través
del cual la entidad aceptó la referida cesión de los derechos económicos derivados del proceso de reparación
directa antes citado (índice 2 de SAMAI –Expediente digital–, archivo “ED_202200150(.pdf) NroActua 2”, pág.
70 y ss). De modo que, al constatar que tal transferencia del crédito sí es vinculante frente a la entidad, es claro
que ésta conoce que le corresponde solventar la deuda a favor de quien realmente la ostenta la calidad de
acreedor en virtud de la cesión efectuada, esto es, el Fondo Abierto con pacto de permanencia CxC
administrado exclusivamente por Alianza Fiduciaria.
4 Índice 2 de SAMAI –Expediente digital–, archivo “ED_202200150(.pdf) NroActua 2”, pág. 7 y 8.
5 El extremo actor del proceso de reparación directa fue integrado por los señores: Martha Inés Ospino Barros,

Elsa Pastora Barros, Delio Rosa, Liliana Esther, César Camilo, Dalcia María y María Isabel Ospino Barros.
6 La demanda de reparación directa fue formulada el 21 de abril de 2006.
7 Número interno: 42.636, visible en índice 2 de SAMAI –Expediente digital–, archivo “ED_202200150(.pdf)

NroActua 2”, pág. 23 a 49.

2

Expediente 440012340000202200150 01 (70.320)
Demandante: Alianza Fiduciaria S.A.
Demandado: Nación – Fiscalía General de la Nación
Referencia: Ejecutivo

6. El 28 de agosto de 2017, los beneficiarios de la condena antes indicada
presentaron solicitud de pago adjuntando la cuenta de cobro respectiva.

7. El 25 de febrero de 2021, los referidos beneficiarios suscribieron con Alianza
Fiduciaria S.A. –en calidad de Administradora del Fondo Abierto con pacto de
Permanencia CxC–, un contrato de cesión de crédito por valor de $200’843.453,25,
correspondiente a los derechos económicos reconocidos en el expediente 44001-
23-31-000-2006-00274. Mediante oficio 20211500023651 del 16 de abril de 2021,
la Fiscalía General de la Nación, como deudora, aceptó la referida cesión del
crédito.

8. Indicó la demandante que a la fecha de presentación de la demanda –6 de
diciembre de 2022– la Fiscalía no había cumplido con la obligación a su cargo.

Mandamiento de pago8

9. En proveído del 29 de marzo de 20239, el a quo libró el mandamiento de pago
en los siguientes términos (transcripción literal):

“PRIMERO: MANDAMIENTO DE PAGO: ORDÉNASE a la nación – fiscalía general
de la nación, por conducto de su representante legal, cumplir a favor de alianza
fiduciaria S.A. –en calidad de administradora del fondo abierto con pacto de
permanencia C*C-, las obligaciones que de manera clara y expresa se impartieron en
la sentencia de fecha cinco (5) de abril de 2017, proferida por la sección tercera –
subsección A del Consejo de Estado, consejero ponente Carlos Alberto Zambrano
Barrera, dentro de la demanda de reparación directa promovida por Martha Inés
Ospino Barros y otros contra la nación – fiscalía general de la nación, dentro del
expediente radicado 44-001-23-31-002-2006-00274-01 (Fl. 21-47), en cuya parte
resolutiva, en lo pertinente, se resolvió:

‘PRIMERO: REVÓCASE la sentencia del 1 de septiembre de 2011, proferida
por el Tribunal Administrativo de La Guajira y, en su lugar, se dispone:

a) DECLÁRASE patrimonialmente responsable a la Fiscalía General de la
Nación, por la privación injusta de la libertad, tanto física como jurídica, de
Martha Inés Ospino Barros.

b) CONDÉNASE a la Fiscalía General de la Nación a pagar a las personas
que a continuación se relacionan, las siguientes sumas de dinero, por
concepto de perjuicios morales:
• Para Martha Inés Ospino Barros, afectada, 60,5 SMLMV.
• Para Elsa Pastora Barros, madre, 60,5 SMLMV.
• Para Delio Rosa Ospino Barros, hermano, 30,25 SMLMV.

8 En auto del 2 de marzo de 2023, el a quo inadmitió la demanda, porque no era posible establecer que el poder

de la ejecutante se hubiere conferido debidamente y la actora no aportó constancia del envío simultaneo de la
demanda y sus anexos a la ejecutada, según el artículo 6 de la Ley 2213 de 2022 (índice 2 de SAMAI –
Expediente digital–, archivo: “ED_202200150(.pdf) NroActua 2”, pág. 134 y 138). En escrito del 10 de marzo
siguiente, la sociedad subsanó la demanda (índice 2 de SAMAI –Expediente digital–, archivo:
“ED_202200150(.pdf) NroActua 2”, pág. 143 a 149).
9 Índice 2 de SAMAI –Expediente digital–, archivo: “ED_202200150(.pdf) NroActua 2”, págs. 151 a 159.

3

Expediente 440012340000202200150 01 (70.320)
Demandante: Alianza Fiduciaria S.A.
Demandado: Nación – Fiscalía General de la Nación
Referencia: Ejecutivo

• Para Liliana Esther Ospino Barros, hermana, 30,25 SMLMV.
• Para César Camilo Ospino Barros, hermano, 30,25 SMLMV.
• Para Dalcia María Ospino Barros, hermana, 30,25 SMLMV.
• Para María Isabel Ospino Barros, hermana, 30,25 SMLMV.

SEGUNDO: Sin condena en costas.

TERCERO: DESE cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 176 y 177 del
Código Contencioso Administrativo, para lo cual se expedirá copia de la
sentencia de segunda instancia, conforme a lo dispuesto en el artículo 115
del Código de Procedimiento Civil; para tal efecto, el Tribunal de instancia
cumplirá los dictados del artículo 362 del C.P.C. (…)’.

SEGUNDO. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE esta providencia a la nación –
fiscalía general de la nación, por conducto de su representante legal o de quien este
(a) haya delegado para recibir notificaciones, enviándole copia de la presente
providencia al buzón de correo electrónico conforme el artículo 199 del CPACA –
modificado por el artículo 48 de la ley 2080 de 2021-. Al (a) notificado (a) se le
recordará i)que tiene un término de diez (10) días para proponer las excepciones
legalmente procedentes con sujeción a lo indicado en el artículo 442 del CGP, y que
dicho término empezará a contabilizarse al día hábil siguiente de trascurridos los dos
(2) días hábiles al del envío del mensaje de datos, de conformidad con el artículo 199
del CPACA modificado por el artículo 48 de la ley 2080 de 2021 y ii) que en virtud de
los principios de lealtad procesal, responsabilidad y prevalencia de lo sustancial,
deberá allegar al intervenir, todas las pruebas que pretenda hacer valer y que reposen
en su poder, en especial, el expediente administrativo contentivo de la actuación de
cumplimiento de la sentencia que se ha traído como título y las constancias de
abonos, pagos parciales u otras relativas a la extinción parcial o total de la obligación
que se cobra” (resaltado del texto original).

Oposición de la ejecutada10

10. La Fiscalía propuso la excepción de “pago total de la obligación”, fundado en
que: (i) mediante la Resolución 3002 del 24 de junio de 2022, se estableció como
obligación a cargo de la entidad el pago de $463’384.874 (capital e intereses
moratorios) a favor de Alianza Fiduciaria; (ii) dicho crédito fue reconocido como
deuda pública y ordenado pagar a través de Resolución 2290 del 31 de agosto de
2022, proferida por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público; (iii) el Departamento
de Tesorería de la ejecutada, por medio de la Dirección del Tesoro Nacional, realizó
el respectivo desembolso, como consta en la orden de pago No. 416511422 del 19
de diciembre de 2022.

11. Dado que la ejecutante no adeuda suma alguna a la ejecutada, solicitó se
nieguen las pretensiones incoadas y se condene en costas a Alianza Fiduciaria.

Pronunciamiento de los ejecutantes frente a la excepción formulada11
12. La ejecutante indicó que la Fiscalía cumplió parcialmente la obligación,
faltando pagar la suma de $28’820.003,79, de conformidad con la liquidación del
crédito que aportó para ese momento12.
Fundamentos de la sentencia impugnada13
13. El a quo señaló que la entidad satisfizo integralmente la obligación. Precisó
que la cifra pagada por la ejecutada fue mayor aun que la debida, ya que con el

10 Índice 2 de SAMAI –Expediente digital–, archivo: “ED_202200150(.pdf) NroActua 2”, págs. 169 a 172.
11 Índice 2 de SAMAI –Expediente digital–, archivo: “ED_202200150(.pdf) NroActua 2”, págs. 201 a 202.
12 Índice 2 de SAMAI –Expediente digital–, archivo: “ED_202200150(.pdf) NroActua 2”, págs. 203.
13 La sentencia se dictó en la audiencia celebrada el 10 de agosto de 2023, índice 2 de SAMAI –Expediente

digital–, archivo: “ED_400002022001500(.mp4) NroActua 2”, a partir del min. 1:13:00.

4

Expediente 440012340000202200150 01 (70.320)
Demandante: Alianza Fiduciaria S.A.
Demandado: Nación – Fiscalía General de la Nación
Referencia: Ejecutivo

cálculo de los intereses devengados hasta el 18 de diciembre de 2022 existía un
saldo a favor de la Fiscalía. Indicó que el contador que apoya las funciones de esa
Corporación14 concluyó que el crédito ascendió a $454’506.243,67 y, al utilizar la
herramienta de SAMAI15, la deuda final es de $454’506.239,73, mientras que el
pago desembolsado fue por valor de $463’384.874. En consecuencia, encontró
probada la excepción de pago total de la obligación.

14. Aclaró que el cálculo de los intereses se fundamentó en las previsiones del
CPACA, pues haciendo una aplicación analógica del art. 38 de la Ley 153 de 1887,
los intereses deben asimilarse a las penas, cuya infracción, en los términos de esta
norma, “será castigada con arreglo en la ley bajo la cual se hubiere cometido”. Por
lo anterior, señaló que la ley aplicable es la 1437 de 2011, por cuanto la sentencia
judicial que sirve de título base de recaudo cobró ejecutoria en vigencia de ésta -
2017-.

II. EL RECURSO DE APELACIÓN

15. La ejecutante pide revocar la sentencia de primer grado y que se efectúe el
pago total de la obligación, pues existe una diferencia en los intereses calculados
en la resolución y el momento efectivo de su pago que asciende a la suma de
$28’820.003,79. Explicó que esta diferencia corresponde al monto al que
ascendieron los intereses moratorios generados del 1 de julio al 18 de diciembre de
2022 y la entidad sólo calculó y pagó dichos réditos hasta el 30 de junio de ese año.

16. Indicó que en providencia del 20 de octubre de 2014 –radicación 52001-23-
31-000-2001-01371-02(AG)– la Sección Tercera del Consejo de Estado señaló que
el pago de las condenas de procesos que se hubieren iniciado antes del CPACA,
aun cuando la sentencia se hubiese proferido con posterioridad a la entrada en
vigencia de esta última normativa, debe hacerse conforme a los prescrito en el art.
177 del CCA, lo que incluye la forma de calcular sus intereses; por tanto, la
liquidación de los mismos debe realizarse conforme a este último estatuto y no bajo
los lineamientos de la Ley 1437 de 2011, como lo hizo el a quo.

III.CONSIDERACIONES

Objeto de la apelación

14 En la audiencia del 10 de agosto de 2023, el a quo trajo de presente la siguiente relación (min 1:23:42):

15 En el minuto 1:25:00 de la audiencia del 10 de agosto de 2023, el Tribunal compartió la liquidación efectuada

en el aplicativo SAMAI, en los siguientes términos:

5

Expediente 440012340000202200150 01 (70.320)
Demandante: Alianza Fiduciaria S.A.
Demandado: Nación – Fiscalía General de la Nación
Referencia: Ejecutivo

17. Corresponde a la Sala establecer si se efectuó el pago total de la obligación
de cara a la normatividad procesal aplicable al sub lite y conforme al tratamiento
legal en materia de intereses.

Problema jurídico

18. La discrepancia frente a la sentencia de primer grado está enfocada en el
cálculo de los intereses generados con posterioridad a la expedición del acto
administrativo de reconocimiento de la deuda pública y el momento en que se hizo
efectivo el pago de la condena objeto de la ejecución.

19. De acuerdo con los cargos de la impugnación, la Sala deberá determinar si
la norma aplicable para la liquidación de la obligación es el CPACA o si corresponde
al CCA como reclama el apelante; asimismo, comoquiera que el pago de intereses
reclamado corresponde al momento posterior al reconocimiento del crédito como
deuda pública, se examinará si esta categorización de la obligación (deuda pública)
afecta o no la causación de los réditos pedidos; y, finalmente, se determinarán los
efectos de estos tópicos en la configuración de la excepción de pago reconocida en
la sentencia de primer grado.

Tesis de la decisión

20. La Sala anticipa que corresponde seguir adelante con la ejecución, como lo
manifestó la apelante, conforme a las siguientes premisas:

(i) Los procesos judiciales tramitados bajo el CCA continúan rigiéndose por
las disposiciones de dicha normativa. Así lo dispuso la regla especial de
tránsito de legislación prevista en el art. 308 del CPACA.
(ii) En los procesos ejecutivos que tengan como título de recaudo una
sentencia judicial tramitada en vigencia del CCA, los intereses que se
deriven de su condena están regidos por ese mismo estatuto.
(iii) La anterior premisa se mantiene incólume, a pesar de que la mora en el
pago hubiere ocurrido en vigencia el CPACA.
(iv) El reconocimiento de una providencia judicial en firme como deuda
pública no lleva a extinguir la obligación a cargo de la Administración; por
tanto, se continúan causando intereses por mora en su cumplimiento
hasta su observancia o extinción, a menos que exista una estipulación o
pacto expreso relativo a la suspensión de intereses.

Fundamento de la tesis

Régimen de transición y vigencia de la ley en el pago de sentencias judiciales

21. Las normas procesales en materia de lo contencioso administrativo,
establecen que entre los documentos que prestan mérito ejecutivo se encuentran
las sentencias ejecutoriadas proferidas por esta jurisdicción mediante las cuales se

6

Expediente 440012340000202200150 01 (70.320)
Demandante: Alianza Fiduciaria S.A.
Demandado: Nación – Fiscalía General de la Nación
Referencia: Ejecutivo

condene a una entidad pública al pago de sumas de dinero16 ; calidad que comparte
el título ejecutivo objeto del sub judice.

22. En lo que se refiere al pago de las conciliaciones o condenas impuestas por
la jurisdicción de lo contencioso administrativo, la determinación de la tasa del
interés moratorio que se genere como consecuencia del retardo y de la cesación en
la causación de intereses dependerá, en principio17, de la norma aplicable, según el
tránsito de legislación de que trata el artículo 308 del CPACA18.

23. Si la condena o el proceso que dio origen a la misma inició en vigencia del
Decreto 01 de 1984, deberá tenerse en cuenta lo previsto en el artículo 177 de ese
estatuto; en cambio, si la demanda que originó dicha condena se instauró estando
vigente el CPACA, se deberá aplicar lo dispuesto en esta obra procesal.

24. La precisión en torno a la normativa aplicable para el cumplimiento de las
providencias judiciales no resulta un asunto menor pues, como se pasa a indicar,
evidencia marcadas distinciones respecto del momento en que aplica la cesación
de intereses y la tasa a la cual se devengarán estos últimos, con resultados que se
proyectan directamente en el monto de la indemnización.

25. Bajo el Decreto 01 de 1984, el artículo 177 dispuso lo siguiente:

“EFECTIVIDAD DE CONDENAS CONTRA ENTIDADES PÚBLICAS. Cuando se
condene a la Nación, a una entidad territorial o descentralizada al pago o devolución de
una cantidad líquida de dinero, se enviará inmediatamente copia de la sentencia a quien
sea competente para ejercer las funciones del ministerio público frente a la entidad
condenada (…)

(…) Tales condenas, además, serán ejecutables ante la justicia ordinaria dieciocho (18)
meses después de su ejecutoria.

“Las cantidades líquidas reconocidas en tales sentencias devengarán intereses
comerciales y moratorios19.

“Cumplidos seis (6) meses desde la ejecutoria de la providencia que imponga o
liquide una condena o de la que apruebe una conciliación, sin que los beneficiarios

16 El art. 297.1 del CPACA dispuso que constituyen título ejecutivo, entre otros, los siguientes documentos: “1.

Las sentencias debidamente ejecutoriadas proferidas por la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo,
mediante las cuales se condene a una entidad pública al pago de sumas dinerarias”.
17 Salvo que la sentencia judicial establezca una forma específica de cumplimiento, o en los casos en que se

llegue a una conciliación, la voluntad de los sujetos determine una forma distinta de cumplimiento y pago.
18 “Artículo 308. Régimen de transición y vigencia. El presente Código comenzará a regir el dos (2) de julio del

año 2012.
“Este Código sólo se aplicará a los procedimientos y las actuaciones administrativas que se inicien, así como a
las demandas y procesos que se instauren con posterioridad a la entrada en vigencia.
“Los procedimientos y las actuaciones administrativas, así como las demandas y procesos en curso a la vigencia
de la presente ley seguirán rigiéndose y culminarán de conformidad con el régimen jurídico anterior.”
19 Este inciso en su redacción original disponía que "Las cantidades líquidas reconocidas en tales sentencias

devengarán intereses comerciales durante los seis (6) meses siguientes a su ejecutoria y moratorios después
de este término". Empero, las expresiones “durante los seis (6) meses siguientes a su ejecutoria" y "después
de este término", fueron declaradas inexequibles por la Corte Constitucional en la sentencia C-188 de 1999, al
considerar que trasgredían el derecho a la igualdad, pues carece de fundamento el tratamiento distinto entre
particulares y Estado en relación con el cobro de intereses moratorios. No existe justificación a que mientras el
Estado cobra a los contribuyentes intereses moratorios cuando ellos no pagan a tiempo los impuestos, las
obligaciones en mora a cargo del Estado deban forzosamente permanecer libres de la obligación de cancelar
dichos réditos durante seis meses, con notorio perjuicio para los particulares que han debido recibir
oportunamente los recursos pactados, sin que exista razón válida para que el particular deba soportar durante
ese lapso la pérdida del poder adquisitivo de la suma a su favor, ante la falta de reconocimiento de los réditos
de ésta; además, la demora administrativa no puede ser fuente de enriquecimiento sin causa para las arcas
estatales ni de injustificado perjuicio para los particulares con quienes él mantiene pasivos.

7

Expediente 440012340000202200150 01 (70.320)
Demandante: Alianza Fiduciaria S.A.
Demandado: Nación – Fiscalía General de la Nación
Referencia: Ejecutivo

hayan acudido ante la entidad responsable para hacerla efectiva, acompañando la
documentación exigida para el efecto, cesará la causación de intereses de todo tipo
desde entonces hasta cuando se presentare la solicitud en legal forma (…)” (se
resalta).

26. Por su parte, la Ley 1437 de 2011, en sus arts. 192 y 195, dispone:

“ARTÍCULO 192. CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS O CONCILIACIONES POR
PARTE DE ENTIDADES PÚBLICAS. Cuando la sentencia imponga una condena que
no implique el pago o devolución de una cantidad líquida de dinero, la autoridad a quien
corresponda su ejecución dentro del término de treinta (30) días contados desde su
comunicación, adoptará las medidas necesarias para su cumplimiento.

“Las condenas impuestas a entidades públicas consistentes en el pago o devolución de
una suma de dinero serán cumplidas en un plazo máximo de diez (10) meses, contados
a partir de la fecha de ejecutoria de la sentencia, para tal efecto, el beneficiario deberá
presentar la solicitud de pago correspondiente a la entidad obligada.

“(…)

“Cumplidos tres (3) meses desde la ejecutoria de la providencia que imponga o liquide
una condena o de la que apruebe una conciliación, sin que los beneficiarios hayan
acudido ante la entidad responsable para hacerla efectiva, cesará la causación de
intereses desde entonces hasta cuando se presente la solicitud ...”

“ARTÍCULO 195. TRÁMITE PARA EL PAGO DE CONDENAS O CONCILIACIONES. El
trámite de pago de condenas y conciliaciones se sujetará a las siguientes reglas: (…)

“3. La entidad obligada deberá realizar el pago efectivo de la condena al beneficiario,
dentro de los cinco (5) días siguientes a la recepción de los recursos.

“4. Las sumas de dinero reconocidas en providencias que impongan o liquiden una
condena o que aprueben una conciliación, devengarán intereses moratorios a una
tasa equivalente al DTF desde su ejecutoria. No obstante, una vez vencido el término
de los diez (10) meses de que trata el inciso segundo del artículo 192 de este
Código20 o el de los cinco (5) días establecidos en el numeral anterior, lo que ocurra
primero, sin que la entidad obligada hubiese realizado el pago efectivo del crédito
judicialmente reconocido, las cantidades líquidas adeudadas causarán un interés
moratorio a la tasa comercial21”. (se resalta).

27. La diferencia entre ambas normativas, en términos sustanciales, radica en
que el artículo 177 del CCA establece que la mora en el pago de una condena de
una suma líquida de dinero causa intereses moratorios, los cuales, conforme a lo
señalado por la jurisprudencia de esta Corporación, son equivalentes a la tasa
comercial y se generan a partir del primer día de retardo. Por su parte, el artículo
195.4 del CPACA establece dos tasas de mora: dentro de los 10 primeros meses
de retardo se paga el DTF, después de este término o de los cinco días siguientes
a la recepción de los recursos -lo que suceda primero- el interés corresponde a la
tasa comercial.

28. A su turno, en relación con la cesación de intereses, el artículo 177 del CCA
determina que esto acontece una vez se cumplan seis (6) meses desde la ejecutoria
de la providencia que imponga o liquide una condena sin que los beneficiarios

20 Término para cumplir con la condena impuesta.
21 Numeral declarado exequible por la Corte Constitucional, mediante Sentencia C-604-12. En dicha providencia

la Corte afirmó que la norma demandada no vulnera el derecho a la igualdad, pues sí consagra un interés
moratorio en contra de la administración pública, por cuanto la DTF no solamente tiene un componente
inflacionario, sino también un valor adicional indemnizatorio. El pago de intereses moratorios por parte del
Estado a una tasa especial justificada en virtud del procedimiento para el pago que deben cumplir las entidades
públicas según la propia ley 1437 de 2011 no desconoce los principios presupuestales y los trámites
administrativos al interior de las entidades públicas.

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Expediente 440012340000202200150 01 (70.320)
Demandante: Alianza Fiduciaria S.A.
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Referencia: Ejecutivo

hubieren acudido a la Administración para hacerla efectiva, mientras que el artículo
192 del CPACA consagra que dicha cesación opera cumplidos tres (3) meses desde
que cobró firmeza la providencia sin que los beneficiarios hayan presentado a la
entidad su solicitud de pago.

29. El Tribunal fundamentó su decisión sobre este aspecto en el concepto del 29
de abril de 2014, radicación 11001-03-06-000-2013-00517-00 (2184) de la Sala de
Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, en el cual se indicó que (i) las reglas
para resolver los conflictos en el tránsito de legislación que se utilizan en materia de
obligaciones derivadas de contratos, son aplicables analógicamente (art. 8 de la Ley
153 de 1887) para el caso de la mora en el pago de obligaciones dinerarias
contenidas en providencias judiciales en firme; (ii) lo anterior, pues los intereses de
mora tienen un carácter punitivo y resarcitorio; y, (iii) en virtud de la naturaleza
sancionatoria de los intereses de mora, estos deben calcularse de conformidad con
la normativa vigente al tiempo del retraso que los ocasionó, comoquiera que el art.
38 de la Ley 153 de 1883 determina que, tratándose de créditos emanados de
contratos, las infracciones a lo estipulado serán castigadas según las penas
concebidas bajo la ley en que se hubieren cometido.

30. Por consiguiente, para el a quo, y de forma analógica, en el caso de
cumplimiento de una sentencia proferida con posterioridad a la entrada en vigencia
del CPACA, pero cuya demanda fue interpuesta con anterioridad a ésta, la
liquidación de los intereses moratorios debe hacerse según las disposiciones de la
Ley 1437 de 2011 al ser la norma vigente al momento en que la administración
incurrió en mora.

31. La Sala dista del anterior criterio. Esta Sección, en sentencia del 20 de
octubre de 201422, estableció la improcedencia de combinar los regímenes sobre
cumplimiento de sentencias o conciliaciones de ambos estatutos –lo que sucedería
cuando el pago de una sentencia dictada en un proceso regido por el CCA termina
cubierta por la norma de intereses del CPACA–, porque esta mixtura no hace parte
de la filosofía con que el artículo 308 ibidem separó las dos codificaciones,
independientemente de los efectos, positivos o negativos, que ello genere para el
deudor23.

32. En relación con la ley procesal y sus efectos, es regla de principio que sus
normas rijan hacia el futuro, de modo que aplican de forma general e inmediata a
los procesos que se promuevan a partir de su entrada en vigor, como también a
aquellos que se encuentran en trámite; por lo que la ley que “debe aplicarse es la
vigente en el momento en que el respectivo derecho se ejercita … se tiene en cuenta
no el momento en que nace el derecho, sino el momento en que se le pone en

22 Consejo de Estado, Sección Tercera sentencia del 20 de octubre de 2014, expediente: 52001-23-31-000-

2001-01371-02 (AG). En esta providencia, la Sala concluyó que: i) las demandas instauradas antes de la
vigencia del CPACA y cuya sentencia también se dictó antes, causan intereses de mora, en caso de retardo en
el pago, conforme al art. 177 del CCA; ii) las demandas instauradas antes de la vigencia del CPACA y cuya
sentencia se dicta después, causan intereses de mora, en caso de retardo en el pago, conforme al art. 177 del
CCA, y la entrada en vigencia del CPACA no altera esta circunstancia, por disposición expresa del art. 308 de
este último estatuto; y iii) Los procesos iniciados en vigencia del CPACA, y desde luego la sentencia se dicta
conforme al mismo, causan intereses de mora conforme al art. 195 del CPACA.
23 Destaca la Sala que es impreciso buscar la solución en las reglas generales (como lo hizo la Sala de Consulta

y Servicio Civil en el Concepto No. 2184 del 29 de abril de 2014), dado que existe una regla especial de
transición procesal consagrada en el artículo 308 del CPACA, que es clara en establecer un régimen de
transición y su vigencia.

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Expediente 440012340000202200150 01 (70.320)
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Referencia: Ejecutivo

acción”24. Lo anterior, con excepción de algunas actuaciones iniciadas con
antelación a su expedición –según prescribe el art. 40 de la Ley 153 de 1887–, y sin
desconocer que bajo el principio de libertad de configuración el legislador puede
definir los efectos derivados del cambio normativo y establecer un régimen especial
de transición.

33. Por esta vía, la Ley 1437 de 2011 estableció en el art. 308 25 una regla de
tránsito de legislación especial, conforme a la cual los procedimientos y las
actuaciones administrativas que se iniciaran, y las demandas y procesos que se
instauraran a partir del 2 de julio de 2012 quedaban sometidas a este estatuto; a su
turno, conservó la aplicación de la ley procesal precedente para las actuaciones,
procedimientos y procesos iniciados con anterioridad a esa fecha, precisando que
estos “seguirán rigiéndose y culminarán de conformidad con el régimen jurídico
anterior”.

34. En estos términos, las previsiones del CPACA son aplicables a los procesos
instaurados con posterioridad a su entrada en vigencia, mientras que el CCA y las
normas que lo modifican o adicionan conservan su obligatoriedad para las
actuaciones ya en curso, independientemente del momento en que culminen; este
panorama incluye las reglas de cumplimiento de las providencias judiciales
proferidas en el marco del CCA, dado que hacen parte de los pasos establecidos
por el legislador para obtener la efectividad de las pretensiones promovidas en
juicio, como fase final del proceso establecido bajo la égida del Decreto 01 de 1984.

35. Esta Subsección26, al decidir procesos ejecutivos derivados del cobro de
sentencias judiciales o acuerdos conciliatorios aprobados por esta jurisdicción, ha
manifestado el criterio acá esbozado, al negar la mezcla en la aplicación de
regímenes para el acatamiento de tales providencias, debido al tránsito de
legislación; esto es, cuando el cumplimiento de una providencia regida por el CCA
se presenta después de que entró en vigor el CPACA.

Reconocimiento de una obligación como deuda pública y sus efectos frente a
la excepción de pago

36. Por ser aplicable al presente caso, este análisis debe partir de las previsiones
contenidas en la Ley 1955 de 201927, cuyo artículo 53 dispuso que las entidades
comprendidas dentro del presupuesto nacional28 podrán reconocer como deuda

24 DEVIS ECHANDÍA, Hernando: “Teoría General del Proceso”, Editorial Temis, Quinta reimpresión, Bogotá

D.C., 2022, pág.58.
25 ARTÍCULO 308. RÉGIMEN DE TRANSICIÓN Y VIGENCIA. El presente Código comenzará a regir el dos (2)

de julio del año 2012.
Este Código sólo se aplicará a los procedimientos y las actuaciones administrativas que se inicien, así como a
las demandas y procesos que se instauren con posterioridad a la entrada en vigencia.
Los procedimientos y las actuaciones administrativas, así como las demandas y procesos en curso a la vigencia
de la presente ley seguirán rigiéndose y culminarán de conformidad con el régimen jurídico anterior.
26 Al respecto, ver las sentencias de esta Subsección del 31 de agosto de 2021, radicación 17001-23-33-000-

2019-00516-01(66.262) y del 22 de abril de 2022, radicación 76001233300020170165701 (65.021) y el auto
del 9 de julio de 2021, radicación 05001-23-33-000-2019-01705-01 (66.814).
27 “Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 Pacto por Colombia, pacto por la equidad”.
28 En los términos del art. 3 del Decreto 111 de 1996 son las siguientes:

“ARTÍCULO 3. Cobertura del estatuto orgánico de presupuesto. Consta de dos (2) niveles: un primer nivel
corresponde al presupuesto general de la Nación, compuesto por los presupuestos de los establecimientos
públicos del orden nacional y el presupuesto nacional.
El presupuesto nacional comprende las ramas legislativa y judicial, el Ministerio Público, la Contraloría General
de la República, la organización electoral, y la rama ejecutiva del nivel nacional, con excepción de los

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pública las obligaciones de pago provenientes de sentencias o conciliaciones en
firme, así como los intereses derivados de éstas, siempre que las mismas se
encontraran en mora a la fecha de expedición de dicha ley29.

37. Estableció como carga de las entidades la constatación de la veracidad y
exigibilidad de las obligaciones que se reconocerían como deuda pública, con la
expresa facultad de celebrar acuerdos de pago o conciliaciones con los acreedores
(beneficiarios) de la deuda, para que previo a su reconocimiento se conviniera sobre
la disminución de los montos adeudados.

38. Mediante el Decreto 642 de 2020, el Gobierno Nacional reglamentó el
mencionado art. 53 de la Ley 1955 de 2019, con el fin de desarrollar las gestiones
para el reconocimiento como deuda pública previsto en dicha normativa, y distinguió
su tratamiento según si a éste se llegaba por un acuerdo de pago, o si se hacía
directamente respecto de la providencia condenatoria.

39. El trámite relacionado con los acuerdos de pago (art. 5) impone: (i) la
identificación de la providencia30 y su ejecutoria, (ii) la determinación del beneficiario
final de la misma, (iii) la fijación del valor de capital e intereses generados, con la
precisión referente a la reducción de los intereses causados hasta la fecha de
suscripción del mismo, (iv) la “mención explícita relativa a la suspensión de intereses
durante los cinco (5) meses siguientes a la fecha de suscripción del acuerdo de
pago”, para que en ese lapso la entidad adelantara los trámites respectivos ante el
Ministerio de Hacienda, y (v) la declaración bajo juramento del beneficiario final de
la providencia de no haber recibido ningún pago por parte de una o varias entidades
por el monto reconocido como deuda pública, ni haber instaurado proceso ejecutivo
por la misma; en caso de que si lo hubiere hecho, debía allegar la constancia de
radicación de la suspensión del proceso por mutuo acuerdo, y cumplido el pago el
beneficiario debía solicitar la terminación de la ejecución.

40. También se contemplaron las condiciones para el reconocimiento como
deuda pública de las providencias que no fueran objeto de acuerdo de pago, para
lo cual se consagró como fase antecedente, que la entidad condenada debía
detallar el pasivo adeudado, con la indicación de la providencia (expediente y fecha
de ejecutoria), liquidación de las sumas adeudadas (capital e intereses),
identificación completa de los beneficiarios finales y los datos de la cuenta bancaria
suministrada por estos últimos para la realización del pago. Los valores a reconocer
debían estar registrados como pasivo de la entidad.

41. En ambos escenarios se estableció la obligación a cargo de la entidad de
compilar en un acto administrativo las providencias que serían objeto de
reconocimiento como deuda pública, es decir, respecto de las cuales se hubieren

establecimientos públicos, las empresas industriales y comerciales del Estado y las sociedades de economía
mixta.
Un segundo nivel, que incluye la fijación de metas financieras a todo el sector público y la distribución de los
excedentes financieros de las empresas industriales y comerciales del Estado, y de las sociedades de economía
mixta con el régimen de aquéllas, sin perjuicio de la autonomía que la Constitución y la ley les otorga.
A las empresas industriales y comerciales del Estado y las sociedades de economía mixta con el régimen de
aquéllas, se les aplicarán las normas que expresamente las mencione (L. 38/89, art. 2; L. 179/94, art. 1)”.
29 Ocurrido el 25 de mayo de 2019.
30 Concebida, en su art. 1, como “la sentencia o conciliación debidamente ejecutoriada que se encuentre en

mora en su pago al 25 de mayo de 2019”.

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celebrado acuerdos de pago, así como aquellas respecto de las cuales no hubo
convenio31.

42. Cumplida la anterior fase, a la entidad le corresponde aportar la solicitud
escrita de reconocimiento de deuda ante el Ministerio de Hacienda y Crédito
Público, acompañada del acto administrativo que discrimina las providencias cuyo
pago está pendiente32, a efectos de que el mencionado Ministerio profiera la
resolución de reconocimiento como deuda pública de las obligaciones de pago
originadas en las providencias a cargo de las entidades estatales (actuación que le
corresponde efectuar a este último dentro de los 30 días calendario siguientes a la
recepción de la solicitud por parte de la entidad)33.

43. El anterior marco normativo exhibe el interés del Legislador en que los
presupuestos de las entidades públicas identifiquen las sentencias y conciliaciones
en firme que integran el pasivo estatal, no como una simple indicación de las
obligaciones a su cargo, sino de cara a la correspondencia que debe existir entre el
plan económico y el presupuesto estatal, puesto que el sistema nacional de
planeación previsto en la Carta Política encuentra buen suceso en la coherencia y
correspondencia que debe existir entre el plan nacional y los planes territoriales,
como también en la sujeción de éstos y el presupuesto nacional –arts. 34234 y 34635
de la Constitución Política–.

44. Ello es concordante con la noción doctrinaria relativa al gasto público, a cuya
clasificación pertenecen los gastos de funcionamiento, de inversión y de servicio a
la deuda36; en este último se inscriben los desembolsos que realiza el Estado para
cumplir las obligaciones propias de la deuda pública interna y externa, y se refiere
al capital que las integra y los intereses, comisiones y demás erogaciones
adicionales que conlleven su solución o pago.

45. El mandato del PND de reconocimiento de deuda pública respecto de las
providencias que contra el Estado estuvieren en firme, propende por la ejecución
del gasto en un ámbito de eficiencia, eficacia y economía, al facilitar la concreción
de los principios de planificación y programación integral, consagrados en los arts.
13 y 17 del Estatuto Orgánico del Presupuesto37, mediante la armonización de la

31 Artículo 6 del Decreto 642 de 2020.
32 Artículo 10 del Decreto 642 de 2020.
33 Artículo 12 del Decreto 642 de 2020.
34 “ARTICULO 342. La correspondiente ley orgánica reglamentará todo lo relacionado con los procedimientos

de elaboración, aprobación y ejecución de los planes de desarrollo y dispondrá los mecanismos apropiados
para su armonización y para la sujeción a ellos de los presupuestos oficiales.
Determinará, igualmente, la organización y funciones del Consejo Nacional de Planeación y de los consejos
territoriales, así como los procedimientos conforme a los cuales se hará efectiva la participación ciudadana en
la discusión de los planes de desarrollo, y las modificaciones correspondientes, conforme a lo establecido en la
Constitución”.
35 “ARTICULO 346. El Gobierno formulará anualmente el presupuesto de rentas y ley de apropiaciones, que

será presentado al Congreso dentro de los primeros diez días de cada legislatura. El presupuesto de rentas y
ley de apropiaciones deberá elaborarse, presentarse y aprobarse dentro de un marco de sostenibilidad fiscal y
corresponder al Plan Nacional de Desarrollo”.
36 PLAZAS VEGA, Mauricio: “Derecho de la Hacienda Pública y Derecho Tributario”, Tomo I, Editorial Temis,

Segunda Edición, 2006, pág. 385.
37 “ARTÍCULO 13. Planificación. El Presupuesto General de la Nación deberá guardar concordancia con los

contenidos del Plan Nacional de Desarrollo, del Plan Nacional de Inversiones, del Plan Financiero y del Plan
Operativo Anual de Inversiones”.
“ARTÍCULO 17. Programación integral. Todo programa presupuestal deberá contemplar simultáneamente los
gastos de inversión y de funcionamiento que las exigencias técnicas y administrativas demanden como
necesarios para su ejecución y operación, de conformidad con los procedimientos y normas legales vigentes”.

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autorización del gasto por medio de su vinculación a lo previsto en el plan de
desarrollo.

46. Con todo, más allá de la importancia que ostenta el reconocimiento de las
providencias en firme como deuda pública, lo cierto es que esta declaración no
conlleva, per se, a extinguir o suspender la exigibilidad de la obligación que la
Administración tiene a su cargo, en la medida que el reconocimiento de deuda
pública no corresponde ni es equiparable a un modo de hacer cesar o extinguir las
obligaciones38.

47. En esa medida, los intereses derivados de la mora en el cumplimiento de la
obligación continúan generándose hasta el momento en que ésta sea cumplida, con
excepción de los eventos en que la entidad hubiere suscrito un acuerdo de pago
con los beneficiarios finales de la providencia, caso en el cual, como se indicó, la
ley fijó un período de gracia de cinco (5) meses, contados a partir de la suscripción
del referido acuerdo, en el que se suspenden tales réditos.

48. En los demás asuntos se sigue la regla general que prescribe que los
intereses se causan hasta que ocurra el cumplimiento o extinción de la deuda, más
allá del tratamiento relativo al término en que sean ejecutables tales obligaciones
ante la jurisdicción, asunto diverso a la generación de intereses como mecanismo
de corrección monetaria a favor del deudor.

Solución del caso concreto

49. En el asunto de la referencia, las pruebas aportadas al plenario demuestran
que la Fiscalía realizó un pago a Alianza Fiduciaria, restando por verificar en esta
instancia si tal desembolso cubrió la totalidad de la obligación a favor de la
ejecutante.

50. En el expediente obran: (i) el oficio con rad. 20171500059441 del 18 de
septiembre de 2017, en el que la Fiscalía informó a los ejecutantes que el 28 de
agosto de ese año les asignó turno de pago dentro del listado de sentencias 39; (ii)
la Resolución 3002 del 24 de junio de 2022, mediante la cual la Fiscalía detalló los
montos y beneficiarios finales de las providencias sobre las cuales no se suscribió
acuerdo de pago, entre ellas, la atinente al proceso de reparación directa Rad.
44001233100020060027401, la cual liquidó en el monto de $463’384.874, cuyo
beneficiario final es la ejecutante40; (iii) el anexo 1 de la mencionada resolución que

38 “ARTÍCULO 1625 CÓDIGO CIVIL. <MODOS DE EXTINCION>. Toda obligación puede extinguirse por una

convención en que las partes interesadas, siendo capaces de disponer libremente de lo suyo, consientan en
darla por nula.
Las obligaciones se extinguen además en todo o en parte:
1o.) Por la solución o pago efectivo.
2o.) Por la novación.
3o.) Por la transacción.
4o.) Por la remisión.
5o.) Por la compensación.
6o.) Por la confusión.
7o.) Por la pérdida de la cosa que se debe.
8o.) Por la declaración de nulidad o por la rescisión.
9o.) Por el evento de la condición resolutoria.
10.) Por la prescripción”.
39 Índice 2 de SAMAI –Expediente digital–, archivo “ED_202200150(.pdf) NroActua 2”, pág. 187 y 188.
40 Índice 2 de SAMAI –Expediente digital–, archivo “ED_202200150(.pdf) NroActua 2”, pág. 189 a 192.

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discrimina la cifra liquidada, la cual incluye el capital e intereses calculados con corte
al 30 de junio de 202241; (iv) la orden de pago a favor de la ejecutante –identificada
como OP416511422, fecha de registro 15 de diciembre de 2022, emitida por la
Dirección del Tesoro Nacional por valor de $463’384.874, que indicó como fecha
límite de cumplimiento el 19 de diciembre de 202242; y (v) el escrito en el que la
ejecutante reconoció que el 19 de diciembre de 2022 la entidad consignó en su
cuenta de ahorros la suma de $463’384.87443.

51. En línea con lo expuesto, si bien la Fiscalía el 24 de junio de 2022 discriminó
las providencias que con posterioridad el Ministerio de Hacienda reconoció como
deuda pública44, incluyendo el pago de la obligación base del sub examine, lo cierto
es dicho trámite no impide la causación de los intereses que se produjeron hasta
que se realizó el pago efectivo, por cuanto la sentencia cuya ejecución se pretende
no fue objeto de acuerdo de pago entre la entidad y la ejecutante, ni obra algún otro
insumo que acredite que dichos sujetos estipularon, con posterioridad al 24 de junio
de 2022 o en alguna otra fecha, una cesación en la causación de los mismos.

52. Dado que los medios documentales aportados al plenario evidencian que el
pago efectuado por la Fiscalía incluyó los intereses causados hasta el 30 de junio
de 2022, se mantiene un saldo a favor de la ejecutante por el monto de los intereses
generados del 1 de julio al 18 de diciembre de 2022 –pues el 19 de diciembre de
2022 la entidad realizó la transferencia bancaria a la sociedad–.

53. Sí, ante la evidencia de que la deudora no cumplió con la totalidad de la
obligación a su cargo y que Alianza Fiduciaria discutió en su alzada el pago de los
intereses generados del 1 de julio al 18 de diciembre de 2022, no hay lugar a tener
por configurada la excepción de pago propuesta por la ejecutada.

54. Ahora, conforme a las normas sobre el tránsito de legislación aplicable para
el pago de las providencias judiciales, no se comparte la liquidación del crédito
utilizada por el Tribunal que arrojó un saldo a favor de la Fiscalía, ya que se
fundamentó en las reglas del CPACA sobre el cálculo de intereses, normativa que
no era aplicable para el cumplimiento de la sentencia de reparación directa
44001233100020060027401 (42.636), toda vez que este proceso se instauró el 21
de abril de 2006, lo que conllevó que su trámite y culminación –incluidas las reglas
para el pago de sentencias– debía hacerse según las previsiones del CCA.

55. El cálculo elaborado por el a quo evidenció un saldo a favor de la ejecutada,
en la medida que aplicó erróneamente las disposiciones de la Ley 1437 de 2011
para la liquidación de los intereses. De este modo, aplicó la tasa del DTF para el
cálculo de los intereses de los primeros diez (10) meses de mora, y a partir del
fenecimiento de tal plazo utilizó la tasa comercial de mora; mientras que con el CCA
los intereses se liquidan desde el primer día de retraso conforme a la tasa comercial.

56. En aplicación del primero de los códigos la liquidación de los réditos es
menor, toda vez que el DTF generalmente corresponde a un porcentaje inferior al

41 Índice 2 de SAMAI –Expediente digital–, archivo “ED_202200150(.pdf) NroActua 2”, pág. 195.
42 Índice 2 de SAMAI –Expediente digital–, archivo “ED_202200150(.pdf) NroActua 2”, pág. 196 y 197.
43 Índice 2 de SAMAI –Expediente digital–, archivo “ED_202200150(.pdf) NroActua 2”, pág. 201 y 202.
44 Lo cual aconteció mediante la Resolución 2290 del 31 de agosto de 2022, proferida por el Ministerio de

Hacienda y crédito Público (aspecto no discutido en el sub examine).

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interés moratorio comercial, el cual equivale, en los términos del art. 884 del C.Co.45,
a una y media veces el interés bancario corriente. Observa la Sala que la diferencia
indicada por el Tribunal para abril de 2017 (mes en que la sentencia de reparación
directa cobró ejecutoria) se presentó porque el DTF se reportó para ese momento
en 6.65%46, mientras que el interés bancario para esa misma época ascendió al
22,33%47, cifras que evidencian que la liquidación de los intereses se altera en
atención al régimen que se aplique, y resulta mayor la liquidación de intereses para
los asuntos regidos por el CCA, comoquiera que desde el inicio de la mora le es
aplicable la tasa comercial fijada para el efecto.

57. Conforme a lo anterior, habida cuenta que el pago efectuado por la Fiscalía
solo cubrió los intereses causados al 30 de junio de 2022, pese a que debía
asumirlos hasta el 19 de diciembre de esa anualidad y que la liquidación del Tribunal
no se acompasó al régimen normativo que correspondía aplicar para el cálculo de
los réditos, la Sala revocará la decisión apelada y, en su lugar, ordenará seguir con
la ejecución.

Costas

58. En los términos del artículo 188 del CPACA, resulta aplicable lo previsto en
el Código General del Proceso en relación con la condena en costas, normativa que
consagra, en su artículo 365 -numeral 1-, que se condenará en costas a la parte
vencida en el proceso o a quien se le resuelva desfavorablemente el recurso de
apelación que haya propuesto, por lo que se proferirá decisión en el sentido de
imponer costas por esta instancia a cargo de la Fiscalía y a favor de la ejecutante.

59. Asimismo, el numeral 4 de ese artículo consagra que cuando la sentencia de
segunda instancia revoque totalmente la del inferior, la parte vencida será
condenada a pagar las costas de ambas instancias, razón por la cual también se
condenará a la Fiscalía a pagar las costas ocasionadas en primera instancia.

60. A su vez, el artículo 361 ibidem establece que las costas “están integradas
por la totalidad de las expensas y gastos sufragados durante el curso del proceso y
por las agencias en derecho”. Estas últimas, vale aclarar, serán determinadas por
las tarifas que, para el efecto, establezca el Consejo Superior de la Judicatura.

61. Para establecer las agencias en derecho, la Sala se remite a lo establecido
en el artículo 5, numeral 4 del Acuerdo PSAA16-10554 de 5 de agosto de 2016,
expedido por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, que
dispone que la tarifa de agencias en derecho, tratándose de procesos ejecutivos en
primera instancia, de mayor cuantía, corresponde a una suma equivalente entre el
3% y el 7.5% de la suma determinada, y para dichos procesos, en segunda

45 “ARTÍCULO 884. <LIMITE DE INTERESES Y SANCIÓN POR EXCESO>. Cuando en los negocios
mercantiles haya de pagarse réditos de un capital, sin que se especifique por convenio el interés, éste será el
bancario corriente; si las partes no han estipulado el interés moratorio, será equivalente a una y media veces
del bancario corriente y en cuanto sobrepase cualquiera de estos montos el acreedor perderá todos los
intereses, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 72 de la Ley 45 de 1990.
Se probará el interés bancario corriente con certificado expedido por la Superintendencia Bancaria”.
46 Ver: https://www.banrep.gov.co/economia/pli/semanales_DTF_CDT_180_CDT_360_d%C3%ADas_TCC.xls
47 Consultar en: https://www.superfinanciera.gov.co/publicaciones/10102839/sala-de-prensacomunicados-de-

prensa-interes-bancario-corrientehistorico-comunicado-de-prensa-interes-bancario-corriente-10102839/

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Expediente 440012340000202200150 01 (70.320)
Demandante: Alianza Fiduciaria S.A.
Demandado: Nación – Fiscalía General de la Nación
Referencia: Ejecutivo

instancia, debe oscilar entre uno (1) y seis (6) salarios mínimos legales mensuales
vigentes.

62. En este caso, se tasará a favor de la Alianza Fiduciaria S.A., por concepto
de agencias en derecho, para primera instancia la suma de $864.600 48 y, por
concepto de segunda instancia, la cifra equivalente a un (1) salario mínimo legal
mensual vigente a la fecha de ejecutoria de esta providencia, a cargo de la Fiscalía
General de la Nación.

IV. PARTE RESOLUTIVA

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República y por autoridad de la Ley,

FALLA:

PRIMERO: REVOCAR la sentencia proferida el 10 de agosto de 2023, por el
Tribunal Administrativo de La Guajira y, en su lugar, se ordena:

1. SEGUIR ADELANTE con la ejecución contra la Nación – Fiscalía General de la
Nación, en los términos señalados en esta providencia.

2. CONDENAR en costas a la Nación – Fiscalía General de la Nación, para lo cual
se fija como agencias en derecho para la primera instancia el monto de ochocientos
sesenta y cuatro mil seiscientos pesos m/cte ($864.600) y para la segunda
instancia, la suma equivalente a un (1) salario mínimo legal mensual vigente a la
fecha de ejecutoria de esta providencia.

SEGUNDO: En firme esta providencia, devolver el expediente al Tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Nota: se deja constancia de que esta providencia se suscribe de forma electrónica mediante el
aplicativo SAMAI, de manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad
y autenticidad del presente documento en el
link https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente puede
acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que aparece a la
derecha. Se recuerda que, con la finalidad de tener acceso al expediente, los abogados tienen
la responsabilidad de registrarse en el sistema Samai.

48 Equivalente al 3% de los intereses debidos por la Fiscalía a la ejecutante (que ascienden a $28’820.003),

según la liquidación que esta última aportó, visible en el índice 2 de SAMAI –Expediente digital–, archivo
“ED_202200150(.pdf) NroActua 2”, pág. 203.

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