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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 44001-23-31-000-2006-00274-01

Caducidad de la acción: reparación directa

Fecha
5 de abril de 2017
Consejero ponente
Carlos Alberto Zambrano Barrera
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 44001-23-31-000-2006-00274-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: REVÓCASE la sentencia del 1 de septiembre de 2011, proferida por el Tribunal Administrativo de La Guajira y, en su lugar, se dispone: a) DECLÁRASE patrimonialmente responsable a la Fiscalía General de la Nación, por la privación injusta de la libertad, tanto física como jurídica, de Martha Inés Ospino Barros. b) CONDÉNASE a la Fiscalía General de la Nación a pagar a las personas que a continuación se relacionan, las siguientes sumas de dinero, por concepto de perjuicios morales: Para Martha Inés Ospino Barros, afectada, 60,5 SMLMV. Para Elsa Pastora Barros, madre, 60,5 SMLMV. Para Delio Rosa Ospino Barros, hermano, 30,25 SMLMV. Para Liliana Esther Ospino Barros, hermana, 30,25 SMLMV. Para César Camilo Ospino Barros, hermano, 30,25 SMLMV. Para Dalcia María Ospino Barros, hermana, 30,25 SMLMV. Para María Isabel Ospino Barros, hermana, 30,25 SMLMV. SEGUNDO: Sin condena en costas. TERCERO: DESE cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 176 y 177 del Código Contencioso Administrativo, para lo cual se expedirá copia de la sentencia de segunda instancia, conforme a lo dispuesto en el artículo 115 del Código de Procedimiento Civil; para tal efecto, el Tribunal de instancia cumplirá los dictados del artículo 362 del C.P.C. CUARTO: Ejecutoriada esta providencia, DEVUÉLVASE el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 44001-23-31-000-2006-00274-01

Consejero ponente: Carlos Alberto Zambrano Barrera

5 de abril de 2017

ACCION DE REPARACION DIRECTA Condena

SÍSNTESIS DEL CASO: Con ocasión a la denuncia de un miembro del comité interno disciplinario de la Contraloría Departamental de la Guajira, se vinculó a la señora Martha Inés Ospino Barros a una investigación penal, de esa vinculación, se le impuso medida de aseguramiento de detención preventiva, sustituida por detención disciplinaria, por los delitos de prevaricato por omisión y destrucción, supresión u ocultamiento de documentos públicos, la Fiscalía General de la Nación posteriormente precluyó la investigación en su contra al no tener el material probatorio suficiente para realizar una acusación en su contra.

CADUCIDAD DE LA ACCION - Reparación directa / ACCION DE REPARACION DIRECTA - Para declarar la responsabilidad del Estado por privación injusta de la libertad / ACCION DE REPARACION DIRECTA - Presentada oportunamente. Término. Cómputo

De conformidad con el artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, aplicable para la época de los hechos, la acción de reparación directa caduca al cabo de dos (2) años, contados a partir del día siguiente al acaecimiento del hecho, omisión u operación administrativa o de ocurrida la ocupación temporal o permanente del inmueble de propiedad ajena, por causa de trabajo público o por cualquier otra causa. En los eventos en los que se alega la privación injusta de la libertad como fuente del daño indemnizable, esta Corporación ha sostenido de manera reiterada que el cómputo de la caducidad de la acción de reparación directa inicia desde el momento en el cual el sindicado recupera la libertad y/o la providencia absolutoria queda ejecutoriada -lo último que ocurra (…) dentro del plenario no obra prueba que demuestre que la resolución por medio de la cual se precluyó la investigación penal haya sido recurrida. Ahora, suponiendo que la sindicada se haya notificado de la providencia el 22 de abril de 2004 (día en que se le envió el oficio para que se presentara ante la Secretaría Administrativa de las Unidades de Fiscalías Delegadas ante los Jueces Penales del Circuito con sede en Riohacha, a efectos de surtir la notificación personal de la Resolución), se tendría que ésta quedó ejecutoriada el 27 de abril de 2004 -contabilizando los tres días siguientes al de la notificación-.Como la demanda se presentó el 21 de abril de 2006, es claro que para ese momento la acción no había caducado.

FUENTE FORMAL: CODIGO CONTENCIOSO ADMISNISTRATIVO - ARTICULO 136

PRELACIÓN DE FALLO - Privación injusta de la libertad / PRELACIÓN DE FALLO - Casos que entrañen solo la reiteración de jurisprudencia / PRELACIÓN DE FALLO - Procedencia

la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado tiene a su conocimiento procesos que entraron para proferir fallo definitivo con anterioridad al presente asunto, situación que, en los términos del artículo 18 de la Ley 446 de 1998, exigiría su decisión en el orden cronológico en que pasaron los expedientes al Despacho. No obstante, la Ley 1285 de 2009, en el artículo 16, permite decidir, sin sujeción al orden cronológico de turno, los procesos en relación con los cuales su decisión definitiva “entrañe sólo la reiteración de la jurisprudencia”. En el presente caso, el objeto de debate se refiere a la privación injusta de la libertad de Martha Inés Ospino Barros, tema respecto del cual la Sección Tercera del Consejo de Estado ha tenido la oportunidad de pronunciarse en muchas ocasiones, en las cuales ha fijado una jurisprudencia consolidada y reiterada, motivo por el cual, con fundamento en el artículo 16 de la Ley 1285, la Subsección se encuentra habilitada para resolver el presente asunto de manera anticipada.

FUENTE FORMAL: LEY 446 DE 1998 - ARTICULO 18 / LEY 1285 DE 2009 - ARTICULO 16

RESPONSABILIDAD DEL ESTADO POR PRIVACION INJUSTA DE LA LIBERTAD - Posición jurisprudencial. Líneas jurisprudenciales / CODIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL - Supuestos previstos en el artículo 414 / CODIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL ARTICULO 414 - Criterios de interpretación y aplicación / PRIMERA LINEA JURISPRUDENCIAL - Restrictiva y absoluta / PRIVACION INJUSTA DE LA LIBERTAD - Por error judicial / ERROR JUDICIAL - Error del juez / INVESTIGACION DEL DELITO - Indicios serios / ABSOLUCION FINAL - Indebida detención

[A] pesar de la entrada en vigencia de la Ley 270 de 1996, cuando una persona privada de la libertad es absuelta por alguna de las circunstancias previstas en el artículo 414 del Decreto 2700 de 1991, se configura un evento de detención injusta y, por lo tanto, procede la declaratoria de la responsabilidad extracontractual del Estado, en virtud del artículo 90 de la Constitución Política. (…) las hipótesis establecidas en el artículo 414 antes citado, al margen de su derogatoria, continúan siendo aplicables a hechos ocurridos con posterioridad a su vigencia, sin que ello implique una aplicación ultractiva del citado precepto legal, sino de los supuestos que se regulaban de manera específica en el mismo, pues, en virtud del principio iura novit curia, el juez puede acoger criterios de responsabilidad objetiva o subjetiva para respaldar su decisión (…) En torno a la privación injusta de la libertad varias han sido las líneas jurisprudenciales de la Sección Tercera de esta Corporación: una primera, que podría calificarse de restrictiva, parte del entendido de que la responsabilidad del Estado por la privación injusta de la libertad de las personas se fundamenta en el error judicial, que se produce como consecuencia de la violación del deber que tiene todo juez de proferir sus resoluciones conforme a derecho, previa valoración, seria y razonada, de las distintas circunstancias del caso. En ese sentido, la responsabilidad del Estado subyace como consecuencia de un error ostensible del juez, que causa perjuicios a sus coasociados. Posteriormente, se dice que la investigación de un delito, cuando medien indicios serios contra una persona sindicada de haberlo cometido, es una carga que todas las personas deben soportar por igual, de manera que la absolución final no es indicativa de que hubo algo indebido en la detención.

FUENTE FORMAL: LEY 270 DE 1996 / DECRETO 2700 DE 1991 – ARTICULO 414

CODIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL - Supuestos previstos en el artículo 414 / CODIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL ARTICULO 414 - Criterios de interpretación y aplicación / CODIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL ARTICULO 414 - Preceptos / CODIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL ARTICULO 414 - Absolución. Acreditación. Supuestos / CRITERIOS DE INTERPRETACION Y APLICACION - Segunda línea jurisprudencial / SEGUNDA LINEA JURISPRUDENCIAL - Responsabilidad objetiva / PRIVACION INJUSTA DE LA LIBERTAD - Presunción / ERROR JURISDICCIONAL - No se debe demostrar / ILEGALIDAD EN LA ADOPCION DE LA MEDIDA PRIVATIVA DE LA LIBERTAD - No se debe demostrar para que proceda la responsabilidad

Una segunda línea entiende que, en los tres eventos previstos en el artículo 414 del C.P.P. -absolución cuando el hecho no existió, el sindicado no lo cometió o la conducta no estaba tipificada como punible-, la responsabilidad es objetiva, por lo que resulta irrelevante el estudio de la conducta del juez para tratar de definir si éste incurrió en dolo o culpa. Se consideró que, en tales eventos, la ley presume que se presenta una privación injusta de la libertad y que, en aquellos casos no subsumibles en tales hipótesis normativas, se debe exigir al demandante acreditar el error jurisdiccional derivado no sólo del carácter “injusto” sino “injustificado” de la detención. En el marco de esta segunda línea, el artículo 414 del derogado Código de Procedimiento Penal contenía dos preceptos: el primero, previsto en su parte inicial, señalaba que “quien haya sido privado injustamente de la libertad podrá demandar al Estado indemnización de perjuicios”, disposición que vendría a constituir una suerte de cláusula general de responsabilidad del Estado por el hecho de la privación injusta de la libertad, la cual requiere su demostración bien por error o bien por ilegalidad de la detención; el segundo, en cambio, tipificaba los tres precitados supuestos -absolución cuando el hecho no existió, el sindicado no lo cometió o la conducta no estaba tipificada como punible –, los cuales, una vez acreditados, dan lugar a la aplicación de un régimen de responsabilidad objetiva, evento en el que no es menester demostrar la ocurrencia de error judicial o de ilegalidad en la adopción de la medida privativa de la libertad. NOTA DE RELATORIA: Sobre la irrelevancia de estudiar la conducta del juez para tratar de definir si éste incurrió en dolo o culpa, consultar sentencia de 15 de septiembre de 1994, exp. 9391. En relación con la acreditación del error jurisdiccional derivado no sólo del carácter “injusto” sino “injustificado” de la detención, ver sentencia de 17 de noviembre de 1995, exp. 10056.

FUENTE FORMAL: CODIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL. DECRETO 2700 DE 1991 - ARTICULO 414

CODIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL ARTICULO 414 - Criterios de interpretación y aplicación / CRITERIOS DE INTERPRETACION Y APLICACION - Tercera línea jurisprudencial / TERCERA LINEA JURISPRUDENCIAL - Moderó la primera línea jurisprudencial / CODIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL ARTICULO 414 - Ampliación de los tres supuestos / PRINCIPIO DEL IN DUBIO PRO REO - Aplicación

Una tercera tendencia jurisprudencial morigera el criterio absoluto conforme al cual la privación de la libertad es una carga que todas las personas deben soportar por igual, pues ello implica imponer a los ciudadanos una carga desproporcionada; además, amplía, en casos concretos, el espectro de responsabilidad por privación injusta de la libertad, fuera de los tres supuestos de la segunda parte del artículo 414 del citado código y, concretamente, a los eventos en que el sindicado sea exonerado de responsabilidad en aplicación del principio universal del in dubio pro reo. NOTA DE RELATORIA: Sobre el tema consultar sentencia de 18 de septiembre de 1997, exp. 11754

FUENTE FORMAL: CODIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL. DECRETO 2700 DE 1991 - ARTICULO 414

PRIVACION INJUSTA DE LA LIBERTAD - Código de Procedimiento Penal artículo 414 / PRIVACION INJUSTA DE LA LIBERTAD - Aplicación del régimen objetivo / PRIVACION INJUSTA DE LA LIBERTAD - Exoneración por causales distintas a las previstas en el artículo 114 del Código de Procedimiento Penal / PRIVACION INJUSTA DE LA LIBERTAD - Configuración del daño / RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL POR PRIVACION INJUSTA DE LA LIBERTAD - Causales exonerativas de responsabilidad

En la actualidad, y para aquellos asuntos en los cuales resulta aplicable el artículo 414 del Decreto 2700 de 1991, por haberse configurado la privación de la libertad de una persona durante su vigencia, la Sala ha venido acogiendo el criterio objetivo, con fundamento en que la responsabilidad del Estado se configura cuando se ha causado un daño antijurídico por la privación de la libertad de una persona a quien se le precluye la investigación o es absuelta porque nada tuvo que ver con el delito investigado, sin que resulte relevante, generalmente, cualificar la conducta o las providencias de las autoridades encargadas de administrar justicia. Igualmente, la Sala ha precisado que el daño también puede llegar a configurarse en aquellos eventos en los que la persona privada de la libertad es exonerada por razones distintas a las causales previstas por el artículo 414 del Código de Procedimiento Penal. Así ocurrió, por ejemplo, en la sentencia de 20 de febrero de 2008, donde se declaró la responsabilidad de la Administración por la privación injusta de una persona que fue exonerada en el proceso penal por haberse configurado una causal de justificación de estado de necesidad. (…) Debe precisarse, en todo caso, que si las razones para la absolución o preclusión de la investigación obedecen a alguna de las tres (3) causales previstas en la parte final del artículo 414 del Código de Procedimiento Penal o –en la opinión mayoritaria de la Sala- a la aplicación de la figura del in dubio pro reo, se está frente a un daño imputable al Estado, por privación injusta de la libertad, el cual debe ser indemnizado con fundamento en lo dispuesto por el artículo 90 de la Constitución Política; no obstante, si se presenta un evento diferente a éstos, deberá analizarse si la medida que afectó la libertad fue impartida “injustamente” (C-037/96), caso en el cual el ciudadano debe ser indemnizado por no estar en el deber jurídico de soportarla. Lo anterior, sin perjuicio de que el daño haya sido causado por el obrar doloso o gravemente culposo de la propia víctima, o en el evento de que ésta no haya interpuesto los recursos de ley, pues en esos casos el Estado quedará exonerado de responsabilidad. NOTA DE RELATORIA: Sobre la causal de justificación de estado de necesidad, consultar sentencia de 20 de febrero de 2008, exp. 15980

FUENTE FORMAL: CODIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL - DECRETO 2700 DE 1991 - ARTICULO 414

RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL DEL ESTADO - Privación injusta de la libertad / PRIVACION INJUSTA DE LA LIBERTAD - Vinculación a proceso penal por los delitos de prevaricato por omisión, falsedad por destrucción y ocultamiento de documento público / MEDIDA DE ASEGURAMIENTO - Detención domiciliaria / PRIVACION INJUSTA DE LA LIBERTAD - Preclusión de la investigación

El 24 de noviembre de 2000, la Fiscalía 002 de la Unidad Seccional de Delitos contra la Administración Pública de Riohacha impuso a Martha Inés Ospino Barros medida de aseguramiento de detención domiciliaria, por los delitos de prevaricato por omisión y falsedad por destrucción y ocultamiento de documento público. (…) El 9 de octubre de 2002, la Fiscalía 004 de la Unidad de Delitos contra el Patrimonio Económico, la Administración Pública y de Justicia Delegada ante los Jueces Penales del Circuito de Riohacha ordenó librar orden de captura contra la señora Ospino Barros, “con el solo propósito de recaudar las muestras manuscriturales que se requieren en esta investigación…”, orden que se canceló cuando se precluyó la investigación. En resolución del 19 de abril de 2004, la Fiscalía Cuarta Delegada ante los Juzgados Penales del Circuito de Riohacha precluyó la investigación a favor de Martha Inés Ospino Barros y otros, por los delitos de prevaricato por omisión y destrucción, supresión u ocultamiento de documento público (…) es claro que se configura una de las circunstancias en que, conforme a la jurisprudencia reiterada de la Sala, quien ha sido privado de la libertad tiene derecho a ser indemnizado, pues, según la administración de justicia, no se probó la responsabilidad penal de Martha Inés Ospino Barros, lo cual equivale a que ésta no cometió los delitos por los que fue vinculada a un proceso penal. Desde esa perspectiva, resulta por completo desproporcionado pretender que se le exija a la citada señora que asuma, como si se tratase de una carga pública que todos los administrados deben asumir en condiciones de igualdad, la privación de su libertad.

RESPONSABILIDAD DEL ESTADO POR PRIVACION INJUSTA DE LA LIBERTAD - Daño antijurídico / PRIVACION INJUSTA DE LA LIBERTAD - Acreditación del daño

Por consiguiente y teniendo en cuenta las circunstancias fácticas descritas, se impone concluir que la señora Ospino Barros no estaba en la obligación de soportar el daño que el Estado le irrogó y que éste debe calificarse como antijurídico, lo cual determina la consecuente obligación, a cargo de la Fiscalía General de la Nación, de indemnizar o resarcir los perjuicios causados, teniendo en cuenta que su actuación constituyó la causa eficiente de la injusta detención. (…) en casos como este, no corresponde a la parte actora acreditar nada más allá de los conocidos elementos que configuran la responsabilidad: actuación del Estado, daño antijurídico e imputación, extremos que se encuentran suficientemente acreditados en el expediente. En cambio, a la parte accionada le corresponde demostrar, mediante pruebas legales y regularmente traídas al proceso, si se ha dado algún supuesto de hecho en virtud del cual pudiere entenderse configurada una causal de exoneración, a saber: fuerza mayor, hecho exclusivo de un tercero o culpa exclusiva y determinante de la víctima, causales que no fueron acreditadas en el plenario.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN A

Consejero ponente: CARLOS ALBERTO ZAMBRANO BARRERA

Bogotá D.C., cinco (5) de abril de dos mil diecisiete (2017)

Radicación número: 44001-23-31-000-2006-00274-01(42636)

Actor: MARTHA INÉS OSPINO BARROS Y OTROS

Demandado: FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN

Referencia: ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia del 1 de septiembre de 2011, proferida por el Tribunal Administrativo de La Guajira, en la que se negaron las pretensiones de la demanda.

ANTECEDENTES

1. El 21 de abril de 2006, Martha Inés Ospino Barros y otros, a través de apoderado judicial y en ejercicio de la acción de reparación directa, presentaron demanda contra la Fiscalía General de la Nación, con el fin de que se le declarara patrimonialmente responsable por los perjuicios que, afirman, les fueron irrogados con ocasión de la “investigación penal, privación injusta de la libertad por más de tres años (sic) desde el día 24 de noviembre de 2000 hasta el 19 de abril del 2004 (sic) de que fue objeto la señora MARTHA INES OSPINO BARROS”.

Solicitaron que, en consecuencia, se condenara a la demandada a pagar, por perjuicios morales, 100 SMLMV para cada uno de los demandantes.

Como fundamento fáctico de la demanda se señaló que, con base en la denuncia formulada por Rafael Aarón Morales, miembro del Comité Interno Disciplinario de la Contraloría Departamental de la Guajira, se vinculó a Martha Inés Ospino Barros a una investigación penal.

Se indicó que, después de que la señora Ospino Barros rindió indagatoria, la Fiscalía Cuarta Delegada ante los Juzgado Penales del Circuito de Riohacha le impuso medida de aseguramiento de detención preventiva, sustituida por detención domiciliaria, por los delitos de prevaricato por omisión y destrucción, supresión u ocultamiento de documentos públicos.

Se dijo en la demanda que la decisión anterior fue recurrida en apelación y que “al desatarse la misma se dispuso nulitar la actuación ordenando (sic) la libertad de la sumariada OSPINO BARROS, disponiendo (sic) la practica (sic) de un estudio grafológico con el concurso de esta (sic)”.

El 19 de abril de 2004, la Fiscalía Cuarta Delegada ante los Juzgados Penales del Circuito de Riohacha precluyó la investigación a favor de Martha Inés Ospino Barros, al considerar que el material probatorio no era suficiente para endilgarle responsabilidad.

2. La demanda fue admitida por el Tribunal Administrativo de La Guajira mediante auto del 28 de abril de 2006, providencia que se notificó en debida forma al Ministerio Público.

Con ocasión de la entrada en funcionamiento de los juzgados administrativos, el Tribunal ordenó remitir el proceso a los Juzgados Administrativos del Circuito de Riohacha (reparto).

El 22 de agosto de 2006, el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito Judicial de Riohacha avocó el conocimiento del asunto. Posteriormente, notificó a la parte demandada del auto admisorio de la demanda y fijó en lista el proceso.

La Fiscalía General de la Nación se opuso a las pretensiones de la demanda, con el argumento de que no podía atribuírsele responsabilidad por el hecho de que se vinculara a Martha Inés Ospino Barros a la investigación penal y posteriormente se profiriera resolución de preclusión a su favor.

Señaló que, para dictar la medida de aseguramiento y la resolución acusatoria, no era necesario que existieran pruebas que demostraran con certeza la responsabilidad penal del sindicado, dado que ese grado de convicción solo es necesario para proferir sentencia condenatoria.

Indicó que la privación de la libertad de que fue objeto la señora Ospino Barros no podía tildarse de ilegal, pues dicha medida estaba fundada en pruebas serias y legalmente aportadas a la investigación -sin que se vulnerara ningún derecho fundamental- que comprometían su responsabilidad. Agregó que se precluyó la investigación, debido a las pruebas sobrevinientes que desarticularon los serios indicios que se tuvieron en cuenta para imponer aquella medida.

Adujo que tenía la obligación constitucional de asegurar la comparecencia de los presuntos infractores de la ley penal, para lo cual debía desplegar la actividad conducente, apegándose en todo momento a lo dispuesto en las normas en materia de derecho de defensa, debido proceso y demás garantías de los procesados.

Manifestó que las investigaciones que adelanta para esclarecer la comisión de un hecho punible y la responsabilidad del sindicado no necesariamente tienen que culminar con la demostración de la culpabilidad de éste, pues, en la búsqueda de la verdad, puede encontrarse frente a varias situaciones, dependiendo del acervo probatorio allegado y su posterior valoración; así, puede suceder que una persona que inicialmente no es vinculada a la investigación resulte siéndolo con posterioridad y que quien estuvo vinculado como presunto infractor de la ley penal luego sea absuelto, dependiendo de si, en uno u otro caso, aparecen pruebas que comprometan su responsabilidad penal o la desvirtúen.

3. El 16 de agosto de 2007, el Juzgado abrió el período probatorio y decretó las pruebas solicitadas por las partes.

El 23 de octubre de 2008, el Juzgado, con fundamento en la providencia del 9 de septiembre de 2008 del Consejo de Estado, según la cual el conocimiento de los procesos de reparación directa que se promuevan por la privación injusta de la libertad corresponde a los Tribunales Administrativos en primera instancia, remitió el expediente al Tribunal Administrativo de La Guajira.

4. El 17 de marzo de 2010, el Tribunal Administrativo de La Guajira corrió traslado a las partes, para alegar de conclusión y al Ministerio Público, para que rindiera concepto.

4.1 La Fiscalía General de la Nación señaló que “la privación injusta de la libertad es una de las tantas eventualidades de la falla del servicio y es en torno a esta teoría que debe apreciarse el concepto de ‘injusticia’. No siempre que una persona haya sido privada de la libertad, como consecuencia de una orden de captura, una medida de aseguramiento o una sentencia condenatoria y posteriormente la recupere, se configura la falla del servicio como fuente de responsabilidad administrativa”.

Dijo que la medida de aseguramiento impuesta a Martha Inés Ospino obedeció a razones jurídicamente atendibles en ese momento, a una decisión que, para la época en que se expidió, se ajustaba a todas las exigencias sustanciales y formales de ley, más no a una actuación indebida “por una desfasada valoración de la realidad fáctica y probatoria o a una grosera utilización de la normatividad jurídica”.

Agregó que se cumplía el requisito sustancial establecido en el artículo 388 del C. de P. P. vigente para la época de los hechos para dictar la medida de aseguramiento, esto es, la existencia de un indicio grave en contra de la sindicada y añadió que, como no se cumplían los requisitos para acusar, lo justo era que se precluyera la investigación.

Indicó que la suma solicitada a favor de cada uno de los demandantes (100 SMLMV), por concepto de perjuicios morales, era excesiva, toda vez que la señora Ospino Barros estuvo privada de la libertad durante un mes y con detención domiciliaria.

4.2 La parte demandante sostuvo que, como estaba demostrada la falla del servicio, debía accederse a la indemnización de los perjuicios solicitados.

4.3 El Ministerio Público pidió que se accediera a las pretensiones de la demanda, manifestando que, cuando se investiga y se priva de la libertad a una persona y luego se exonera, el Estado debe indemnizar los perjuicios causados.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

Mediante sentencia del 1 de septiembre de 2011, el Tribunal Administrativo de La Guajira negó las pretensiones de la demanda. Como fundamento de esa decisión, sostuvo (se transcribe textualmente):

“… las únicas pruebas que existen en este proceso enderezadas a probar los hechos sustento de las pretensiones, son tres testimonios que tratan del daño moral y la providencia de abril 19 de 2004 que decretó la preclusión a favor de la actora dentro del proceso penal que adelantó la Fiscalía, y en esta última no se sabe cuáles fueron los indicios u otras pruebas que sirvieron de basamento a la Fiscalía para fulminar medida de aseguramiento en contra de la actora, de donde resulta imposible al tribunal hacer cualquier análisis que le permita concluir sobre la existencia o no de responsabilidad del estado por daño causado a la demandante.

(…)

“Con tal carencia probatoria resulta imposible a la Judicatura hacer el condigno análisis que le permita concluir sin lugar a hesitación alguna que efectivamente la medida de detención en contra de la demandante desbordó los linderos de la legalidad objetiva. Ello era una carga que correspondía a la actora y no lo hizo, por lo que habrá de darse aplicación al artículo 177 del C. de P.C. para denegar las pretensiones de la demanda.

“En el anterior orden de ideas, al problema jurídico se resuelve diciendo que, no está demostrado que la privación de la libertad de que fue objeto la demandante MARTHA INES OSPINO BARROS entre los días 24 de noviembre y 24 de diciembre de 2000 en centro carcelario y hasta el día 19 de abril de 2004 en detención domiciliaria, por decisión de la Fiscalía General de la Nación alcance el calificativo de injusta y por ende si le causó daños a los actores, por lo que no procede declarar la responsabilidad extracontractual del Estado”.

RECURSO DE APELACIÓN

Inconforme con la decisión anterior y dentro del término legal, la parte demandante interpuso recurso de apelación, en el cual señaló que, en la demanda, se solicitó que se oficiara a la Fiscalía para que remitiera el proceso penal adelantado contra la señora Ospino Barros; no obstante, dicho organismo no lo allegó, a pesar del interés que había para el recaudo de esta prueba.

Advirtió que se aportó la providencia del 19 de abril de 2004, proferida por la Fiscalía Cuarta Delegada ante los Juzgados Penales del Circuito de Riohacha, en la que quedó demostrado que a la procesada se le dictó medida de aseguramiento el 24 de noviembre de 2000 -sustituida por detención domiciliaria-, decisión que fue declarada nula por la Fiscalía Delegada ante el Tribunal Superior de Riohacha, porque no se daban los presupuestos legales para su imposición.

Dijo que el ente acusador no logró recaudar prueba alguna para determinar la existencia o no del delito de falsedad en documento público, circunstancia que llevó a precluir la investigación.

Adujo que “está plenamente probado en la providencia calificatoria que (sic) muy a pesar (sic) que se decretó la nulidad procesal por la superioridad al momento de resolver la apelación contra la providencia que definió la situación jurídica de la señora OSPINO BARROS, se mantuvo una orden de captura en el tiempo, hasta que se precluyó la investigación (sic) afectando la libertad de la investigada de marras en ese momento”.

Manifestó que, en lo probatorio, el expediente penal se aporta al proceso de reparación directa “para que sea indicativo al Juez (sic) administrativo del proferimiento de la medida de aseguramiento por parte del organismo acusador y la preclusión de la investigación (sic) como extremo para determinar la falla en el servicio judicial” y que no le está permitido al juez determinar si la medida de aseguramiento impuesta era legal o no.

Señaló que está probado que la señora Ospino Barros estuvo injustamente privada de su libertad por más de 3 años -desde el 24 de noviembre de 2000 hasta el 19 de abril de 2004-, por los delitos de prevaricato por omisión y destrucción, supresión u ocultamiento de documento público.

Sostuvo que la privación de la libertad de la señora Ospino Barros y la omisión de la Fiscalía consistente en no cancelar la orden de captura no se debió a dolo o culpa grave imputable a dicha señora.

TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA

El 5 de octubre de 2011, el Tribunal concedió el recurso de apelación y, mediante auto del 20 de enero de 2012, se admitió en esta Corporación.

En el término del traslado común para presentar alegatos de conclusión, la Fiscalía General de la Nación manifestó que no podía atribuírsele responsabilidad, pues cumplió cabalmente las funciones que le atribuyó la Constitución Política y aplicó la normatividad vigente para la época de los hechos.

Señaló que su actuación se ajustó a los presupuestos constitucionales y legales y, por ello, no incurrió en falla alguna. Añadió que el elemento probatorio que tuvo en cuenta para definir la situación jurídica de la sindicada no resultó suficiente para acusarla.

Indicó que, como la señora Ospino Barros no fue exonerada por alguna de las causales consagradas en el artículo 414 del C. de P.P. vigente al momento de los hechos, su detención no fue injusta y, por tanto, el daño que pudo haber sufrido no era antijurídico.

El Ministerio Público solicitó la confirmación de la sentencia de primera instancia, con el argumento de que “no es posible calificar la medida de aseguramiento consistente en detención preventiva …, para entender si fue legal o ilegal, (sic) como no fue posible ello, tampoco es posible determinar la responsabilidad de la entidad demandada, entendiendo que el caso se torno (sic) carente de materia (sic) probatorio impidiendo (sic) acoger las pretensiones de la demanda …”.

Mediante auto del 8 de noviembre de 2016, la Sala ordenó requerir a la Fiscalía Cuarta Delegada ante los Juzgados Penales del Circuito de Riohacha, para que allegara copia del proceso penal adelantado contra Martha Inés Ospino Barros, por los delitos de prevaricato por omisión y destrucción, supresión u ocultamiento de documento público (folio 258 del cuaderno principal).

La prueba solicitada fue aportada por la Fiscalía Sexta Seccional Delegada de Riohacha. El 24 de febrero de 2017 se ordenó correr traslado a las partes, para que ejercieran el derecho de contradicción sobre los documentos que fueron incorporados como prueba de oficio al proceso. Las partes guardaron silencio.

CONSIDERACIONES

Competencia

La Sala es competente para conocer del recurso de apelación, toda vez que, de conformidad con el artículo 73 de la Ley 270 de 1996 (Estatutaria de la Administración de Justicia) y con el auto proferido por la Sala Plena Contenciosa de esta Corporación el 9 de septiembre de 2008, de las acciones de reparación directa relacionadas con el ejercicio de la administración de justicia conocen, en primera instancia, los Tribunales Administrativos y, en segunda instancia, el Consejo de Estado, sin tener en cuenta la cuantía del proceso.

Oportunidad de la acción

De conformidad con el artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, aplicable para la época de los hechos, la acción de reparación directa caduca al cabo de dos (2) años, contados a partir del día siguiente al acaecimiento del hecho, omisión u operación administrativa o de ocurrida la ocupación temporal o permanente del inmueble de propiedad ajena, por causa de trabajo público o por cualquier otra causa.

En los eventos en los que se alega la privación injusta de la libertad como fuente del daño indemnizable, esta Corporación ha sostenido de manera reiterada que el cómputo de la caducidad de la acción de reparación directa inicia desde el momento en el cual el sindicado recupera la libertad y/o la providencia absolutoria queda ejecutoriada -lo último que ocurra-.

En este caso, no obra la constancia de notificación y ejecutoria de la providencia del 19 de abril de 2004, por medio de la cual se precluyó la investigación a favor de Martha Inés Ospino Barros.

Por lo tanto, para establecer la fecha posible de ejecutoria de aquella providencia, debe tenerse en cuenta que el artículo 178 de la Ley 600 de 2000, prescribe que las notificaciones al sindicado que no esté detenido se harán personalmente si se presenta en la Secretaría dentro de los tres días siguientes al de la fecha de la providencia. Por su parte, el artículo 187 ibídem dispone que las providencias quedan ejecutoriadas tres días después de notificadas, si contra ellas no se interponen los recursos procedentes.

Pues bien, dentro del plenario no obra prueba que demuestre que la resolución por medio de la cual se precluyó la investigación penal haya sido recurrida. Ahora, suponiendo que la sindicada se haya notificado de la providencia el 22 de abril de 2004 (día en que se le envió el oficio para que se presentara ante la Secretaría Administrativa de las Unidades de Fiscalías Delegadas ante los Jueces Penales del Circuito con sede en Riohacha, a efectos de surtir la notificación personal de la Resolución), se tendría que ésta quedó ejecutoriada el 27 de abril de 2004 -contabilizando los tres días siguientes al de la notificación-.

Como la demanda se presentó el 21 de abril de 2006, es claro que para ese momento la acción no había caducado.

Prelación de fallo

En la actualidad, la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado tiene a su conocimiento procesos que entraron para proferir fallo definitivo con anterioridad al presente asunto, situación que, en los términos del artículo 18 de la Ley 446 de 1998, exigiría su decisión en el orden cronológico en que pasaron los expedientes al Despacho.

No obstante, la Ley 1285 de 2009, en el artículo 16, permite decidir, sin sujeción al orden cronológico de turno, los procesos en relación con los cuales su decisión definitiva “entrañe sólo la reiteración de la jurisprudencia”.

En el presente caso, el objeto de debate se refiere a la privación injusta de la libertad de Martha Inés Ospino Barros, tema respecto del cual la Sección Tercera del Consejo de Estado ha tenido la oportunidad de pronunciarse en muchas ocasiones, en las cuales ha fijado una jurisprudencia consolidada y reiterada, motivo por el cual, con fundamento en el artículo 16 de la Ley 1285, la Subsección se encuentra habilitada para resolver el presente asunto de manera anticipada.

El régimen de responsabilidad aplicable al caso concreto

Previo a analizar los supuestos de responsabilidad aplicables al caso concreto, es necesario precisar que la demanda de la referencia tiene por objeto la declaratoria de responsabilidad extracontractual del Estado, por razón de la privación de la libertad a la cual fue sometida Martha Inés Ospino Barros, lo cual ocurrió en vigencia de la Ley 270 de 1996, que establece:

“ARTÍCULO 65. DE LA RESPONSABILIDAD DEL ESTADO. El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de sus agentes judiciales.

“En los términos del inciso anterior el Estado responderá por el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, por el error jurisdiccional y por la privación injusta de la libertad.

“(…)

“ARTÍCULO 68. PRIVACION INJUSTA DE LA LIBERTAD. Quien haya sido privado injustamente de la libertad podrá demandar al Estado reparación de perjuicios”.
Respecto de las normas transcritas, la Sala ha considerado en varias oportunidades que, a pesar de la entrada en vigencia de la Ley 270 de 1996, cuando una persona privada de la libertad es absuelta por alguna de las circunstancias previstas en el artículo 414 del Decreto 2700 de 1991, se configura un evento de detención injusta y, por lo tanto, procede la declaratoria de la responsabilidad extracontractual del Estado, en virtud del artículo 90 de la Constitución Política.

Al respecto, en sentencia de 2 de mayo de 2007, precisó:

“Como corolario de lo anterior, ha de entenderse que la hipótesis precisada por el artículo 68 de la Ley 270 de 1996, en la cual procede la declaratoria de la responsabilidad extracontractual del Estado por detención injusta, en los términos en que dicho carácter injusto ha sido también concretado por la Corte Constitucional en el aparte de la sentencia C-036 (sic) de 1996 en el que se analiza la exequibilidad del proyecto del aludido artículo 68 -y que se traduce en una de las diversas modalidades o eventualidades que pueden generar responsabilidad del Estado por falla del servicio de Administración de Justicia-, esa hipótesis así precisada no excluye la posibilidad de que tenga lugar el reconocimiento de otros casos en los que el Estado deba ser declarado responsable por el hecho de haber dispuesto la privación de la libertad de un individuo dentro del curso de una investigación penal, siempre que en ellos se haya producido un daño antijurídico en los términos del artículo 90 de la Constitución Política.

“Tal es la interpretación a la que conducen no sólo las incuestionables superioridad y preeminencia que le corresponden al citado canon constitucional, sino también una hermenéutica armónica y sistemática de los comentados preceptos de la misma Ley 270 de 1996, así como los razonamientos plasmados por la propia Corte Constitucional en la sentencia C-036 (sic) de 1997 (sic), mediante la cual los encontró ajustados a la Carta Fundamental. En consecuencia, los demás supuestos en los cuales el juez de lo contencioso administrativo ha encontrado que la privación de la libertad ordenada por autoridad competente ha conducido a la producción de daños antijurídicos, con arraigo directamente en el artículo 90 de la Carta, tienen igualmente asidero tanto en la regulación que de este ámbito de la responsabilidad estatal efectúa la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia, como en la jurisprudencia de la Corte Constitucional relacionada con este asunto. De manera que aquellas hipótesis en las cuales la evolución de la jurisprudencia del Consejo de Estado -a la que se hizo referencia en apartado precedente- [responsabilidad del Estado por la privación de la libertad de las personas al amparo de la vigencia del artículo 414 del derogado Código de Procedimiento Penal] ha determinado que concurren las exigencias del artículo 90 de la Constitución para declarar la responsabilidad estatal por el hecho de la Administración de Justicia al proferir medidas de aseguramiento privativas de la libertad, mantienen su aplicabilidad tras la entrada en vigor de la Ley 270 de 1996..” (Se resalta).
Asimismo, la jurisprudencia ha señalado que las hipótesis establecidas en el artículo 414 antes citado, al margen de su derogatoria, continúan siendo aplicables a hechos ocurridos con posterioridad a su vigencia, sin que ello implique una aplicación ultractiva del citado precepto legal, sino de los supuestos que se regulaban de manera específica en el mismo, pues, en virtud del principio iura novit curia, el juez puede acoger criterios de responsabilidad objetiva o subjetiva para respaldar su decisión.

Ahora bien, la Sala, en relación con la responsabilidad del Estado derivada de la privación de la libertad de las personas, dispuesta como medida de aseguramiento dentro de un proceso penal, no ha sostenido un criterio uniforme cuando se ha ocupado de interpretar y aplicar el citado artículo 414 del Código de Procedimiento Penal. En efecto, la jurisprudencia se ha desarrollado en distintas direcciones, como en anteriores oportunidades se ha puesto de presente.

En torno a la privación injusta de la libertad varias han sido las líneas jurisprudenciales de la Sección Tercera de esta Corporación: una primera, que podría calificarse de restrictiva, parte del entendido de que la responsabilidad del Estado por la privación injusta de la libertad de las personas se fundamenta en el error judicial, que se produce como consecuencia de la violación del deber que tiene todo juez de proferir sus resoluciones conforme a derecho, previa valoración, seria y razonada, de las distintas circunstancias del caso. En ese sentido, la responsabilidad del Estado subyace como consecuencia de un error ostensible del juez, que causa perjuicios a sus coasociados. Posteriormente, se dice que la investigación de un delito, cuando medien indicios serios contra una persona sindicada de haberlo cometido, es una carga que todas las personas deben soportar por igual, de manera que la absolución final no es indicativa de que hubo algo indebido en la detención.

Una segunda línea entiende que, en los tres eventos previstos en el artículo 414 del C.P.P. -absolución cuando el hecho no existió, el sindicado no lo cometió o la conducta no estaba tipificada como punible-, la responsabilidad es objetiva, por lo que resulta irrelevante el estudio de la conducta del juez para tratar de definir si éste incurrió en dolo o culpa. Se consideró que, en tales eventos, la ley presume que se presenta una privación injusta de la libertad y que, en aquellos casos no subsumibles en tales hipótesis normativas, se debe exigir al demandante acreditar el error jurisdiccional derivado no sólo del carácter “injusto” sino “injustificado” de la detención.

En el marco de esta segunda línea, el artículo 414 del derogado Código de Procedimiento Penal contenía dos preceptos: el primero, previsto en su parte inicial, señalaba que “quien haya sido privado injustamente de la libertad podrá demandar al Estado indemnización de perjuicios”, disposición que vendría a constituir una suerte de cláusula general de responsabilidad del Estado por el hecho de la privación injusta de la libertad, la cual requiere su demostración bien por error o bien por ilegalidad de la detención; el segundo, en cambio, tipificaba los tres precitados supuestos -absolución cuando el hecho no existió, el sindicado no lo cometió o la conducta no estaba tipificada como punible-, los cuales, una vez acreditados, dan lugar a la aplicación de un régimen de responsabilidad objetiva, evento en el que no es menester demostrar la ocurrencia de error judicial o de ilegalidad en la adopción de la medida privativa de la libertad.

Una tercera tendencia jurisprudencial morigera el criterio absoluto conforme al cual la privación de la libertad es una carga que todas las personas deben soportar por igual, pues ello implica imponer a los ciudadanos una carga desproporcionada; además, amplía, en casos concretos, el espectro de responsabilidad por privación injusta de la libertad, fuera de los tres supuestos de la segunda parte del artículo 414 del citado código y, concretamente, a los eventos en que el sindicado sea exonerado de responsabilidad en aplicación del principio universal del in dubio pro reo.

En la actualidad y para aquellos casos en los cuales resulta aplicable el artículo 414 del Decreto 2700 de 1991, por haberse configurado la libertad de una persona bajo los supuestos previstos en dicha norma, la Sala ha venido acogiendo el criterio objetivo, con fundamento en que la responsabilidad del Estado se configura cuando se ha causado un daño antijurídico por la privación de la libertad de una persona a quien se le precluye la investigación o es absuelta porque nada tuvo que ver con el delito investigado, sin que resulte relevante, generalmente, cualificar la conducta o las providencias de las autoridades encargadas de administrar justicia.

Igualmente, la Sala ha precisado que el daño también puede llegar a configurarse en aquellos eventos en los que la persona privada de la libertad es exonerada por razones distintas a las causales previstas por el derogado artículo 414 del anterior Código de Procedimiento Penal. Así ocurrió, por ejemplo, en sentencia de 20 de febrero de 2008, donde se declaró la responsabilidad de la Administración por la privación injusta de la libertad de una persona que fue exonerada en el proceso penal por haberse configurado una causal de justificación de estado de necesidad. Sobre el particular, la providencia aludida señaló:

“(…) Encuentra igualmente acreditado la Sala que dicha detención fue injusta, en consideración a que, como se explicó, al señor Higuita le fue precluida la investigación adelantada en su contra, mediante providencias del 11 de mayo y del 26 de diciembre de 1994. En efecto, (…) respecto de los delitos de omisión de informe y favorecimiento, se afirmó que el acusado actuó bajo una causal eximente de responsabilidad como es el estado de necesidad, que excluye la culpabilidad del acusado, lo que permite concluir que la privación fue injusta y que la víctima debe ser indemnizada con fundamento en lo dispuesto en el artículo 90 de la Constitución Política”.

Debe precisarse, en todo caso, que si las razones para la absolución o preclusión de la investigación obedecen a alguna de las tres (3) causales previstas en la parte final del citado artículo 414 del anterior Código de Procedimiento Penal o -en la opinión mayoritaria de la Sala- a la aplicación de la figura del indubio pro reo, se está frente a un daño imputable al Estado, por privación injusta de la libertad, el cual debe ser indemnizado con fundamento en lo dispuesto por el artículo 90 de la Constitución Política; no obstante, si se presenta un evento diferente a éstos, deberá analizarse si la medida que afectó la libertad fue impartida “injustamente” (C-037/96), caso en el cual el ciudadano debe ser indemnizado por no estar en el deber jurídico de soportarla.

La Sala ha estimado conveniente hacer las anteriores precisiones con miras a establecer si en el presente proceso está demostrada la responsabilidad de la demandada por los hechos que se le imputan.

Es conveniente resaltar que, desde la propia preceptiva constitucional, es claro que la libertad personal, como valor superior y pilar de nuestro ordenamiento, es un auténtico derecho fundamental que sólo admite limitación “en virtud de mandamiento escrito de autoridad judicial competente, con las formalidades legales y por motivo previamente definido en la ley” (artículo 28 C.P.) y, como certeramente lo anota la doctrina:

“No basta, sin embargo, cualquier norma: es preciso que la norma jurídica que determina los supuestos en que procede la privación de libertad sea una ley. Esta exigencia tiene un fundamento evidente: desde el momento en que la libertad individual es asumida por la sociedad como un principio básico de la organización de su convivencia social, es solo la propia sociedad la que puede determinar los casos que dan lugar a la quiebra de ese principio básico, y esa expresión de la voluntad general de la sociedad tiene lugar a través de la ley. Constitucionalmente, esta exigencia se plasma en otra: la de que sean los representantes del pueblo, libremente elegidos, los que determinen las causas de privación de libertad.

“La determinación previa de las causas de privación de libertad tiene, además, otra razón material, la de otorgar seguridad jurídica a los ciudadanos, esto es, que los ciudadanos sepan de antemano qué conductas pueden suponer la privación de un bien básico como la libertad. Se trata, con ello, de desterrar la arbitrariedad…”.

Por lo demás, aunque la detención preventiva emerge como un instrumento válido para el desarrollo del cometido estatal de perseguir los delitos, desde una perspectiva democrática no puede olvidarse que nuestro Estado de derecho reconoce –sin discriminación alguna- la primacía de los derechos inalienables de la persona (artículo 5 C.P.) y, por lo mismo, la Constitución, sin ambages, señala, dentro de los fines del Estado, el de garantizar la efectividad de los derechos, entre ellos el de la libertad, como ámbito de autodeterminación de los individuos (artículo 2 C.P.), en el marco de aplicación del principio universal de presunción de inocencia (artículo 29 eiusdem).

Así mismo, sobre el derecho a la libertad, el artículo 28 de la Constitución Política de 1991 señala que:

"Toda persona es libre. Nadie puede ser molestado en su persona o familia, ni reducido a prisión o arresto, ni detenido, ni su domicilio registrado sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad judicial competente, con las formalidades legales y por motivo previamente definido en la ley.

“La persona detenida preventivamente será puesta a disposición del juez competente dentro de las treinta y seis (36) horas siguientes, para que éste adopte la decisión correspondiente en el término que establezca la ley.

“En ningún caso podrá haber detención, prisión ni arresto por deudas, ni penas y medidas de seguridad imprescriptibles”.

Ese mismo derecho está regulado en otras normas jurídicas, así:

• En el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ratificado mediante la Ley 74 de 1968, se expresa que "Nadie podrá ser sometido a detención o prisión arbitrarias. Nadie podrá ser privado de su libertad, salvo por las causas fijadas por la ley y con arreglo al procedimiento establecido en ésta...".

• En la Convención Americana de Derechos Humanos, ratificada por la Ley 16 de 1972, se dice que: "1.Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad personal. 2. Nadie puede ser privado de su libertad física, salvo por las causas y en las condiciones fijadas de antemano por las constituciones políticas de los Estados o por las leyes dictadas conforme a ellas".

De lo anterior se infiere que la libertad es un derecho fundamental, restringido en eventos precisos y bajo condiciones de orden constitucional o legal, tema respecto del cual la Corte Constitucional ha señalado:

“(…) esa libertad del legislador, perceptible al momento de crear el derecho legislado, tiene su límite en la propia Constitución que, tratándose de la libertad individual, delimita el campo de su privación no sólo en el artículo 28, sino también por virtud de los contenidos del preámbulo que consagra la libertad como uno de los bienes que se debe asegurar a los integrantes de la nación; del artículo 2º que en la categoría de fin esencial del Estado contempla el de garantizar la efectividad de los principios, y de los derechos consagrados en la Constitución, a la vez que encarga a las autoridades de su protección y del artículo 29, que dispone que toda persona ‘se presume inocente mientras no se la haya declarado judicialmente culpable’ y que quien sea sindicado tiene derecho ‘a un debido proceso público’ sin dilaciones injustificadas”.

La presunción de inocencia también es de categoría constitucional, pues, según el inciso cuarto del artículo 29 de la Carta Política, "Toda persona se presume inocente mientras no se la haya declarado judicialmente culpable" y, por tanto, las autoridades judiciales competentes tienen el deber de obtener las pruebas que acrediten la responsabilidad del implicado.

Según el artículo 90 de la Constitución Política, el Estado es responsable patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables. En ese orden de ideas, es menester señalar que en aquellos eventos en los que una persona es privada de la libertad como consecuencia de una decisión proferida por la autoridad judicial competente y luego es puesta en libertad en consideración a que se dan los supuestos legales que determinan su desvinculación de una investigación penal, bien porque el hecho imputado no existió o porque el sindicado no lo cometió o porque el hecho no es punible o -en la opinión de la mayoría de la Sala- porque se le favoreció con la aplicación del indubio pro reo y si, además, prueba la existencia de un daño causado por esa privación de la libertad, no hay duda que tal daño se torna antijurídico y debe serle reparado por el Estado.

Se precisa, igualmente, que no puede tenerse como exoneración de responsabilidad, en estos casos, el argumento según el cual todo ciudadano debe asumir la carga de la investigación penal y someterse a la detención preventiva, pues ello contradice los principios básicos consagrados en la Convención de Derechos Humanos y en la Constitución Política.

En ese contexto, se concluye que, cuando se produce la exoneración del sindicado, mediante sentencia absolutoria o su equivalente, por alguna de las causales previstas en el citado artículo 414 del anterior C. de P. P., las cuales se aplican a pesar de la derogatoria de la norma, o -en la opinión mayoritaria de la Sala- por virtud del indubio pro reo, el Estado está llamado a indemnizar los perjuicios que hubiere causado por razón de la imposición de una medida de detención preventiva que lo hubiere privado del ejercicio del derecho fundamental a la libertad, pues, de hallarse inmerso en alguna de tales causales, ningún ciudadano está obligado a soportar dicha carga.

De acuerdo con lo anterior, la Sala procederá a estudiar, a la luz del material probatorio válidamente aportado al proceso, si existe responsabilidad por los daños causados a la parte demandante, con ocasión de la privación de la libertad de la cual fue objeto Martha Inés Ospino Barros.

Caso concreto

El 18 de enero de 2000, la Fiscalía Primera - Unidad Única Seccional de Delitos contra la Administración Pública de Riohacha vinculó al proceso penal a Martha Inés Ospino Barros mediante indagatoria, como “responsable de la pérdida de los documentos que componen la auditoría practicada a la Universidad [de la Guajira] vigencia de 1996”.

El 24 de julio de 2000, la Fiscalía 002 de la Unidad Seccional de Delitos contra la Administración Pública de Riohacha dijo: “Escuchada en diligencia de indagatoria la sindicada MARTHA INES OSPINO BARROS se dispone que la misma continúe disfrutando de su libertad hasta tanto se le defina su situación jurídica, para lo cual deberá suscribir diligencia compromisoria de presentarse ante la autoridad que la solicite en razón de la investigación”. Ese mismo día, la señora Ospino Barros suscribió la mencionada diligencia de compromiso (folios 441 y 442 del cuaderno de pruebas 2).

El 24 de noviembre de 2000, la Fiscalía 002 de la Unidad Seccional de Delitos contra la Administración Pública de Riohacha impuso a Martha Inés Ospino Barros medida de aseguramiento de detención domiciliaria, por los delitos de prevaricato por omisión y falsedad por destrucción y ocultamiento de documento público.

El 30 de noviembre de 2000, la señora Ospino Barros suscribió la diligencia de compromiso, para disfrutar del beneficio de detención domiciliaria (folio 571 del cuaderno de pruebas 3).

El 28 de diciembre de 2000, la Fiscalía Segunda Delegada ante el Tribunal Superior de Riohacha declaró la nulidad de lo actuado a partir del “folio 543 del C.0.” y concedió a Martha Inés Ospino Barros la libertad inmediata, previa suscripción de acta de compromiso; para el efecto, señaló (se transcribe textualmente):

“… observándose que en verdad hubo violación al Debido proceso, en la que aflora la irrefragable existencia de irregularidad sustancial y de contera el derecho de Defensa (numerales 2º y 3º del Art. 304 del C.P.P.), vicio de carácter absolutos y que son solo subsanables por vía de anulación, a efecto de que se rehaga lo actuado, por haber incorporado al proceso la prueba pericial a la que nos hemos referido, y sobre la cual se radicó como indicio grave para proferir la medida precautelar …

(…)

“Como consecuencia de lo anterior, se dejara en libertad inmediata a la procesada MARTHA OSPINO BARROS por indebida privación de la misma con el único compromiso de presentarse ante la autoridad correspondiente cuando sea requerida y devolverle la caución prestada”.

En la fecha antes mencionada, Martha Inés Ospino Barros suscribió el acta respectiva para gozar de su libertad, en la que se impusieron las siguientes obligaciones:

“Observar buena conducta individual, familiar y social, no incurrir en delitos, no cambiar de domicilio, ni salir del país sin previa autorización del Despacho que lleva la investigación, (sic) y presentarse ante esta Fiscalía cuantas veces se le solicite en razón del proceso, so pena de que en caso de incumplimiento se le revoque el beneficio y se le haga efectiva su detención”.

El 9 de octubre de 2002, la Fiscalía 004 de la Unidad de Delitos contra el Patrimonio Económico, la Administración Pública y de Justicia Delegada ante los Jueces Penales del Circuito de Riohacha ordenó librar orden de captura contra la señora Ospino Barros, “con el solo propósito de recaudar las muestras manuscriturales que se requieren en esta investigación …” (folio 899 del cuaderno de pruebas 4), orden que se canceló cuando se precluyó la investigación.

En resolución del 19 de abril de 2004, la Fiscalía Cuarta Delegada ante los Juzgados Penales del Circuito de Riohacha precluyó la investigación a favor de Martha Inés Ospino Barros y otros, por los delitos de prevaricato por omisión y destrucción, supresión u ocultamiento de documento público, en los siguientes términos (se transcribe tal como obra en el expediente):

“Traduce lo expuesto en precedencia que el acervo probatorio contenido en el paginario y a esta instancia procesal, resulte insuficiente para colmar las exigencias del artículo 397 de la Ley Instrumental Penal, ya que dicho acervo no es indicativo suficiente para endosar clara responsabilidad contra los encausados … y OSPINO BARROS. Lo anterior si se tiene en cuenta que la prueba requerida para dar aplicación al precepto de comento -art. 397-, es de mucha más envergadura demostrativa sobre los hechos y la responsabilidad, que la demandada para la imposición de medida de aseguramiento. Es innegable que la evidencia necesaria para acusar debe acercarnos mucho más a la verdad de los hechos y a la autoría de los mismos; igual, resulta lógico que la evidencia para condenar no debe dar margen alguno de dubitación sobre los tópicos de comento. De donde, si el caudal probatorio de la actuación no alcanza para imponer medida asegurativa, mucho menos podrá alcanzar para acusar”.

De lo anterior se colige que la razón que llevó a la preclusión se contrae a la insuficiencia de elementos de juicio que permitieran incriminar a la señora Ospino Barros como responsable de los delitos que le fueron imputados; por tanto, la preclusión devino del hecho consistente en que no se logró establecer ni, mucho menos, probar la responsabilidad penal de la mencionada señora.

Así, es claro que se configura una de las circunstancias en que, conforme a la jurisprudencia reiterada de la Sala, quien ha sido privado de la libertad tiene derecho a ser indemnizado, pues, según la administración de justicia, no se probó la responsabilidad penal de Martha Inés Ospino Barros, lo cual equivale a que ésta no cometió los delitos por los que fue vinculada a un proceso penal.

Desde esa perspectiva, resulta por completo desproporcionado pretender que se le exija a la citada señora que asuma, como si se tratase de una carga pública que todos los administrados deben asumir en condiciones de igualdad, la privación de su libertad.

Por consiguiente y teniendo en cuenta las circunstancias fácticas descritas, se impone concluir que la señora Ospino Barros no estaba en la obligación de soportar el daño que el Estado le irrogó y que éste debe calificarse como antijurídico, lo cual determina la consecuente obligación, a cargo de la Fiscalía General de la Nación, de indemnizar o resarcir los perjuicios causados, teniendo en cuenta que su actuación constituyó la causa eficiente de la injusta detención.

La Sala insiste en que, en casos como este, no corresponde a la parte actora acreditar nada más allá de los conocidos elementos que configuran la responsabilidad: actuación del Estado, daño antijurídico e imputación, extremos que se encuentran suficientemente acreditados en el expediente. En cambio, a la parte accionada le corresponde demostrar, mediante pruebas legales y regularmente traídas al proceso, si se ha dado algún supuesto de hecho en virtud del cual pudiere entenderse configurada una causal de exoneración, a saber: fuerza mayor, hecho exclusivo de un tercero o culpa exclusiva y determinante de la víctima, causales que no fueron acreditadas en el plenario.

En consecuencia, se revocará la sentencia apelada y, en su lugar, se declarará la responsabilidad de la Fiscalía General de la Nación, por la privación injusta de la libertad, tanto física como jurídica, de la cual fue objeto Martha Inés Ospino Barros.

Liquidación de perjuicios

Perjuicios morales

Por dicho concepto, en la demanda se solicitaron 100 SMLMV para cada uno de los señores Elsa Pastora Barros, Martha Inés, Delio Rosa, Liliana Esther, César Camilo, Dalcia María y María Isabel Ospino Barros.

En relación con el parentesco de los demandantes con Martha Inés Ospino Barros, obran en el proceso las siguientes pruebas:

1. Copia auténtica del registro civil de nacimiento de Martha Inés Ospino Barros, en el que consta que Elsa Pastora Barros es su madre (folio 20 del cuaderno 1).

2. Copia auténtica de los registros civiles de nacimiento de Delio Rosa, Liliana Esther, César Camilo, Dalcia María y María Isabel Ospino Barros, en los que consta que son hermanos de Martha Inés Ospino Barros (folios 22 a 26 del cuaderno 1).

La jurisprudencia del Consejo de Estado ha considerado que, en los eventos en los cuales una persona es detenida, se presume el dolor moral, la angustia y aflicción de la persona que fue privada injustamente de su libertad; así mismo, dicho dolor se presume respecto de sus seres queridos más cercanos, conforme a las reglas de la experiencia, tal como la Sala lo ha reconocido en diferentes oportunidades.

Además, en sentencia de unificación del 28 de agosto de 2014, esta Sección sugirió una guía para la liquidación de este perjuicio inmaterial, que toma como parámetro el tiempo que duró la detención, así:

Ahora, como lo ha manifestado esta Subsección, si bien es cierto que toda persona sometida a una medida de aseguramiento o que se le haya impuesto una restricción jurídica de su libertad en virtud de un proceso penal tiene derecho a una reparación, cuando resulta absuelta o la investigación precluye a su favor, también es cierto que, con el fin de calcular el monto indemnizatorio por perjuicios morales, se debe tener en cuenta qué tipo de medida la afectó, esto es, si se trató de una privación de su libertad en establecimiento carcelario, detención domiciliaria o si se le impuso una privación jurídica de la libertad, pues la indemnización a reconocer frente a una persona que ha sufrido una privación injusta de su libertad en establecimiento carcelario no será la misma que se le deba reconocer a quien, pese a padecer una restricción de su libertad, no la padece allí.

Así se pronunció la Subsección en aquélla oportunidad (9 de marzo de 2016, ver pie de página 51):

“… cada vez que una persona sindicada de un delito y que ha sido vinculada a un proceso penal, por cuya virtud le ha sido impuesta una medida de aseguramiento y, además, fue (sic) objeto de una restricción jurídica de su libertad (sic) amerita ser indemnizada cuando resulta absuelta o se precluye a su favor la investigación, esta Subsección considera pertinente precisar que tal situación sí estará llamada a incidir en la indemnización del perjuicio moral.

“Dicho de otra manera, el quantum indemnizatorio a reconocer frente a una persona que ha sufrido una privación injusta y física de su libertad, no será siempre el mismo que se le deba reconocer a quien, pese a padecer una restricción de su libertad, no la afronta de manera física en un establecimiento carcelario.

“Al respecto, la Corte Constitucional ha precisado que la finalidad de la medida de aseguramiento no es la de sancionar al sindicado sino la de asegurar su comparecencia al proceso, quien seguirá gozando de la presunción de inocencia, pero debe permanecer a disposición de la Administración de Justicia:

“(…)

“En virtud de esa expresión punitiva del Estado surge una total subordinación del recluso frente a aquel, pues el interno queda sometido a un régimen jurídico especial, con una restricción de sus derechos fundamentales mucho más amplia frente a quienes son objeto de una medida cautelar o preventiva, como lo es la medida de aseguramiento sin detención física, tal como ocurrió en este caso.

“Entre esa amplia gama de derechos fundamentales que resultan afectados se destacan la intimidad, la reunión, el trabajo, la educación, entre otros no menos importantes, al punto que la referida relación de subordinación en la que se ubica, per se, el privado físicamente de su libertad en centro penitenciario, ha sido considerada por la jurisprudencia constitucional y de lo contencioso administrativo como una relación de especial sujeción.

“Así pues, dadas las diferencias evidentes que existen entre una y otra restricción a la libertad, es decir, aquella que comporta la privación física dentro de un centro carcelario y la que surge como consecuencia de una medida de aseguramiento de carácter preventivo o cautelar, la Sala advierte que la indemnización a reconocer por concepto del perjuicio moral frente a los daños antijurídicos producidos a causa de estas últimas no debe ser la misma a la que se accede frente a personas que sí contaron con una limitación de su libertad en la totalidad de su expresión o dimensión.

“Es más, la Sección Tercera de la Corporación ya había considerado y admitido esta postura, tal como lo refleja el siguiente pronunciamiento:

‘Está, pues, demostrado que el daño infligido al demandante, vale decir, su limitación a la libertad de locomoción y residencia reviste el carácter de antijurídico en tanto injusto por cuanto la víctima no estaba en la obligación de soportarlo, dado que … fue objeto de una medida de aseguramiento que entrañaba limitantes a su libertad por motivo de la sindicación del delito de prevaricato por omisión, cuando posteriormente el Tribunal Superior de Ibagué decidió absolverlo en tanto no cometió el hecho endilgado en su contra.

‘En tal virtud, la Sala reconocerá a favor del demandante (sic) a título de indemnización por el daño moral, 20 salarios mínimos legales mensuales, toda vez que las obligaciones aparejadas a la medida cautelar soportada no provocan todas las secuelas de desarraigo de quienes padecen detenciones preventivas de la libertad en un centro carcelario, aunque en todo caso comportó una clara violación del derecho fundamental de la libertad personal’ (se destaca).

“Sin que lo anterior constituya, desde luego, una regla absoluta e inmodificable, pues se precisa que en cada caso el juez deberá analizar la restricción jurídica a la libertad que sufrió el procesado que posteriormente resulta absuelto como consecuencia de una medida de aseguramiento, lo cierto es que la indemnización que se reconozca a los afectados no deberá ser, desde el punto de vista pecuniario, idéntica a la que se le reconoce a quienes sí fueron víctimas de una privación física de tan esencial derecho fundamental y la padecieron, además, en un centro de reclusión o cárcel.

“Con base en lo expuesto, la Subsección reducirá la indemnización por perjuicios morales a favor de los actores en este proceso en un 50%, pues como se indicó anteriormente, en el presente litigio se acreditó que el actor nunca estuvo privado físicamente de su libertad.

“A lo anterior se adiciona que, según la propia parte actora, la detención preventiva ‘en contra del Doctor … no se hizo efectiva, por cuanto se encontraba hospitalizado en la Clínica Fray Bartolomé de las Casas’, amén de señalar que incluso las restricciones que le fueron impuestas a esa persona no fueron absolutas, pues podía cambiar de domicilio mediante una comunicación al funcionario que conocía de su proceso y también podía salir del país con autorización previa”.

En este caso, se encuentra que la señora Ospino Barros estuvo privada de la libertad bajo detención domiciliaria desde el 30 de noviembre hasta el 28 de diciembre de 2000 (29 días) y que, posteriormente, se le concedió la libertad con prohibición de salir del país sin previa autorización y con las obligaciones de presentarse ante funcionario judicial y de no cambiar de domicilio -medida que duró 3 años, 3 meses y 21 días (desde el 29 de diciembre de 2000 hasta el 19 de abril de 2004)-; por tanto, se liquidará este perjuicio, así: se acogerá lo dispuesto por esta Subsección en la citada sentencia del 9 de marzo de 2016 y en la del 1 de agosto de 2016, advirtiendo que el monto a indemnizar a una persona que fue víctima de una privación injusta de la libertad pero que estuvo recluida en su domicilio debe ser disminuido en un 30% y que la suma que deba reconocerse por el tiempo que estuvo sometida a una privación jurídica de la libertad se debe reducir en un 50%, comoquiera que, si bien una y otra, limitan derechos fundamentales, es mayor la afectación cuando se recluye a una persona en un establecimiento carcelario, pues en este último caso se vulneran derechos tales como la intimidad, el trabajo y la educación, entre otros, a lo cual se suman las situaciones de angustia o intranquilidad que se pueden atravesar al convivir con otros reclusos, nada de lo cual ocurre con la detención domiciliaria ni con la privación jurídica de la libertad, pues no es lo mismo, sin duda, permanecer en la casa que en un centro de reclusión.

Teniendo en cuenta que la señora Ospino Barros estuvo privada de su libertad bajo detención domiciliaria 29 días, habrá lugar a reconocer (aplicando a la tabla que aparece en la página 23 de esta sentencia la reducción del 30%) 10,5 SMLMV a favor de cada una de las señoras Martha Inés Ospino Barros y Elsa Pastora Barros y 5,25 SMLMV a favor de cada uno de los señores Delio Rosa, Liliana Esther, César Camilo, Dalcia María y María Isabel Ospino Barros.

Ahora, la tasación de los perjuicios morales por la privación jurídica de la libertad de que fue objeto la señora Ospino Barros durante 3 años, 3 meses y 21 días será la siguiente (aplicando en relación con el monto que correspondería según aquella misma tabla la reducción del 50% del quantum indemnizatorio): 50 SMLMV a favor de cada una de las señoras Martha Inés Ospino Barros y Elsa Pastora Barros y 25 SMLMV a favor de cada uno de los señores Delio Rosa, Liliana Esther, César Camilo, Dalcia María y María Isabel Ospino Barros.

Por consiguiente, la Sala reconocerá, como indemnización total, 60,5 SMLMV a favor de cada una de las señoras Martha Inés Ospino Barros y Elsa Pastora Barros y 30,25 SMLMV a favor de cada uno de los señores Delio Rosa, Liliana Esther, César Camilo, Dalcia María y María Isabel Ospino Barros.

Costas

En consideración a que no se evidenció temeridad, ni mala fe en la actuación procesal de las partes, la Sala se abstendrá de condenarlas en costas, de conformidad con lo establecido en el artículo 171 del C.C.A., modificado por el artículo 55 de la ley 446 de 1998.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

PRIMERO: REVÓCASE la sentencia del 1 de septiembre de 2011, proferida por el Tribunal Administrativo de La Guajira y, en su lugar, se dispone:

a) DECLÁRASE patrimonialmente responsable a la Fiscalía General de la Nación, por la privación injusta de la libertad, tanto física como jurídica, de Martha Inés Ospino Barros.

b) CONDÉNASE a la Fiscalía General de la Nación a pagar a las personas que a continuación se relacionan, las siguientes sumas de dinero, por concepto de perjuicios morales:

Para Martha Inés Ospino Barros, afectada, 60,5 SMLMV.
Para Elsa Pastora Barros, madre, 60,5 SMLMV.
Para Delio Rosa Ospino Barros, hermano, 30,25 SMLMV.
Para Liliana Esther Ospino Barros, hermana, 30,25 SMLMV.
Para César Camilo Ospino Barros, hermano, 30,25 SMLMV.
Para Dalcia María Ospino Barros, hermana, 30,25 SMLMV.
Para María Isabel Ospino Barros, hermana, 30,25 SMLMV.

SEGUNDO: Sin condena en costas.

TERCERO: DESE cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 176 y 177 del Código Contencioso Administrativo, para lo cual se expedirá copia de la sentencia de segunda instancia, conforme a lo dispuesto en el artículo 115 del Código de Procedimiento Civil; para tal efecto, el Tribunal de instancia cumplirá los dictados del artículo 362 del C.P.C.

CUARTO: Ejecutoriada esta providencia, DEVUÉLVASE el expediente al Tribunal de origen.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

HERNÁN ANDRADE RINCÓN MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO

CARLOS ALBERTO ZAMBRANO BARRERA

Los demandantes son: Martha Inés Ospino Barros, Elsa Pastora Barros, Delio Rosa, Liliana Esther, César Camilo, Dalcia María y María Isabel Ospino Barros. Folio 1 del cuaderno 1. Folio 3 del cuaderno 1. Folio 29 del cuaderno 1. Folio 31 del cuaderno 1. Folios 125 y 126 del cuaderno 1. Folio 141 del cuaderno 1. Folios 144 y 145 del cuaderno 1. Folio 145 del cuaderno 1. Folios 204 a 209 del cuaderno principal. Folio 209 del cuaderno principal. Folio 212 del cuaderno principal. Ibídem. Folio 251 del cuaderno principal. Expediente 2008-00009. Ley 446 de 1998 del 7 de julio de 1998. Entre otras, sentencias del 14 de febrero de 2002 (expediente 13.622) y del 11 de agosto de 2011 (expediente 21.801).
“Las notificaciones al sindicado que se encuentre privado de la libertad, al Fiscal General de la Nación o su delegado cuando actúen como sujetos procesales y al Ministerio Público se harán en forma personal.
“Las notificaciones al sindicado que no estuviere detenido y a los demás sujetos procesales se harán personalmente si se presentaren en la secretaría dentro de los tres (3) días siguientes al de la fecha de la providencia, pasado ese término se notificará por estado a los sujetos procesales que no fueron enterados en forma personal.
“La notificación personal se hará por secretaría leyendo íntegramente la providencia a la persona a quien se notifique, o permitiendo que ésta lo haga”.
“Las providencias quedan ejecutoriadas tres (3) días después de notificadas si no se han interpuesto los recursos legalmente procedentes”. Folio 997 del cuaderno de pruebas 4. Los días 24 y 25 de abril de 2004 eran días feriados. La Ley 270 de 1996 entró en vigencia el 7 marzo de 1996.
“Artículo 414. Indemnización por privación injusta de la libertad. Quien haya sido privado injustamente de la libertad podrá demandar al Estado indemnización de perjuicios. Quien haya sido exonerado por sentencia absolutoria definitiva o su equivalente porque el hecho no existió, el sindicado no lo cometió, o la conducta no constituía hecho punible, tendrá derecho a ser indemnizado por la detención preventiva que le hubiere sido impuesta siempre que no haya causado la misma por dolo o culpa grave”. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 2 de mayo de 2007, expediente 15.463, actor: Adiela Molina Torres y otros. En este sentido, la Sección Tercera, Subsección C en Sentencia de 19 de octubre 2011, expediente 19.151, precisó: “…no se avala una aplicación ultractiva del citado precepto legal (art. 414) que se encuentra derogado, sino de los supuestos que se regulaban de manera específica en el mismo. No quiere ello significar, entonces, que se estén modificando los efectos en el tiempo de una norma que se encuentra claramente abrogada. Sin embargo, en materia de responsabilidad patrimonial del Estado, por ser una institución donde rige el principio iura novit curia, es posible que el juez adopte o acoja supuestos de responsabilidad objetiva o subjetiva, lo cual dependerá del fundamento en que se soporte la misma …”. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 4 de diciembre de 2006, expediente: 13.168; Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 2 de mayo de 2007, expediente No. 15.463. Sección Tercera, Sentencia de 1 de octubre de 1.992, expediente 7058. Sección Tercera, Sentencia de 25 de julio de 1.994, expediente 8666. Sección Tercera, Sentencia de 15 de septiembre de 1994, expediente 9391. Sección Tercera, Sentencia de 17 de noviembre de 1.995, expediente 10056. RODRÍGUEZ VILLAMIZAR, Germán: “Responsabilidad del Estado por privación injusta de la libertad”, Memorias del décimo encuentro de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, Consejo de Estado, Riohacha, junio de 2003, pág. 107. Sección Tercera, Sentencia de 18 de septiembre de 1997, expediente 11.754. No obstante, el ponente de la presente sentencia advierte que no comparte la extensión de la responsabilidad del Estado a los casos en que se haya aplicado el principio del in dubio pro reo.

Sentencia de 20 de febrero de 2008, expediente: 15.980. GARCÍA MORILLO, Joaquín. Los derechos de libertad (I) la libertad personal, en LÓPEZ GUERRA, Luis et al. Derecho Constitucional, Volumen I, 6ª edición, Ed. Tirant lo Blanch, Valencia, 2003, Pág. 258. El Tribunal Constitucional Español en la Sentencia STC 341 de 1993 (BOE 295 de 10 de diciembre) que resolvió unos recursos de inconstitucionalidad contra la ley orgánica sobre protección de la seguridad ciudadana, en sus fundamentos 4, 5 y 6 hizo uno de los más interesantes estudios sobre la libertad personal como derecho fundamental y su relación con la detención preventiva: “debe exigirse una proporcionalidad entre el derecho a la libertad y la restricción de esta libertad, de modo que se excluyan –aun previstas en la Ley- privaciones de libertad que, no siendo razonables, rompan el equilibrio entre el derecho y su limitación”. Igualmente, el mismo Tribunal, en sentencia de 29 de diciembre de 1997 (RTC 156, F.D. 4), indicó: “...por tratarse de una institución cuyo contenido material coincide con el de penas privativas de la libertad, pero que recae sobre ciudadanos que gozan de la presunción de inocencia, su configuración y aplicación como medida cautelar ha de partir de la existencia de indicios racionales de la comisión de una acción delictiva, ha de perseguir un fin constitucionalmente legítimo que responda a la necesidad de conjurar ciertos riesgos relevantes para el proceso que parten del imputado, y en su adopción y mantenimiento ha de ser concebida como una medida excepcional, subsidiaria, necesaria y proporcionada a la consecución de dichos fines” (STC 128/1995, fundamento jurídico 3, reiterada en la STC 62/1996). Sentencia C - 397 de 1997, de 10 de julio de 1997. Al efecto puede consultarse la sentencia C-774 de 25 de julio de 2.001 de la Corte Constitucional. Folio 132 del cuaderno de pruebas 1. Folios 556 a 571 del cuaderno de pruebas 2. Desde el informe del estudio grafológico realizado por la Fiscalía General de la Nación. Folio 684 del cuaderno de pruebas 3. Folio 687 del cuaderno de pruebas 3. En el plenario no hay prueba de que dicha orden de captura se haya hecho efectiva. Folios 986 a 995 del cuaderno de pruebas 4. Folios 993 y 994 del cuaderno de pruebas 4. Al respecto ver, por ejemplo, Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 8 de julio de 2009 (expediente 17.517), reiterada en sentencia de abril 15 de 2011 (expediente 18.284) y en sentencia del 26 de mayo de 2011 (expediente 20.299).

Entre otras, sentencia del 14 de marzo de 2002, expediente 12.076.
Sentencia del 20 de febrero de 2.008, expediente 15.980.
Expediente 36.149.
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 9 de marzo de 2016, expediente 34.554.
Corte Constitucional, sentencias T-596/92, T-065/95, C-318/95, T-705/96, T-1190/03,T-490/04, T-881/02 y T-134/05, las cuales fueron acogidas y, por ende, citadas por la Sección Tercera del Consejo de Estado, Subsección A, en sentencia de 3 de abril de 2013, expediente 26.581.
Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 6 de marzo de 2008, expediente 16.075.
Folio 79, cuaderno de pruebas.
Folios 571, 684 y 687 del cuaderno de pruebas 3.
Folios 684, 687 del cuaderno 3 y 993 y 994 del cuaderno 4.
Radicación: 39.747.

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