RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 05001-23-33-000-2021-00625-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 05001-23-33-000-2021-00625-01

Fecha
23 de febrero de 2026
Consejero ponente
William Edgardo Barrera Muñoz

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 05001-23-33-000-2021-00625-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: MODIFICAR la sentencia proferida el 4 de diciembre de 2023 por el Tribunal Administrativo de Antioquia–Sala Quinta de Decisión, mediante la cual se negó la excepción de pago y se ordenó seguir adelante con la ejecución, la cual quedará así: PRIMERO: DECLARAR parcialmente probada la excepción de pago de la obligación propuesta por la Nación-Fiscalía General de la Nación, conforme a lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN en contra de la NACIÓN – RAMA JUDICIAL con Nit. 800.165.798-9 y la FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN con Nit. 800.152.783, por dos millones novecientos treinta y un mil ochocientos diecinueve pesos ($2.931.819 COP) como capital, más los intereses moratorios desde el 17/8/2022 (inclusive) y hasta el pago total de la obligación. TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, cualquiera de las partes puede presentar la liquidación del crédito, de conformidad con el artículo 446-1 del CGP. CUARTO: Costas a cargo de la ejecutada, conforme al acápite 24 de la parte motiva de esta providencia SEGUNDO: Sin condena en costas en esta instancia. TERCERO: En firme esta providencia, DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 05001-23-33-000-2021-00625-01

Consejero ponente: William Edgardo Barrera Muñoz

23 de febrero de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C
CONSEJERO PONENTE: WILLIAM BARRERA MUÑOZ

Bogotá D.C., veintitrés (23) de febrero de dos mil veintiséis (2026)

Radicación: 05001-23-33-000-2021-00625-01 (71259)
Ejecutante: Jairo Martínez Cortés y otros
Ejecutado: Nación-Rama Judicial y otro
Proceso: Ejecutivo
Asunto: Sentencia de segunda instancia

EJECUTIVO DERIVADO DE UNA CONDENA JUDICIAL-Competencia por conexidad según el artículo 156.9
del CPACA. TÍTULO EJECUTIVO-Fundamento de la acción ejecutiva. TÍTULO EJECUTIVO JUDICIAL-Para su
pago se debe utilizar el régimen aplicable al proceso declarativo. SENTENCIA EN PROCESO EJECUTIVO–No
tiene vocación de liquidar el crédito. CAUSACIÓN DE INTERESES MORATORIOS–Desde la ejecutoria de la
sentencia condenatoria hasta el pago total de la obligación. RECONOCIMIENTO COMO DEUDA PÚBLICA–No
suspende la causación de intereses salvo acuerdo expreso de la entidad condenada y las partes, hasta por
cinco meses. PAGO PARCIAL–Procedencia. OBLIGACIÓN SOLIDARIA-El pago parcial no extingue la
obligación de los deudores solidarios. CONDENA EN COSTAS Y AGENCIAS EN DERECHO-Improcedencia
por falta de comprobación de expensas y falta de actuación de las partes en segunda instancia.

Surtido el trámite de ley, sin que se observe causal de nulidad, la Sala procede a
resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte ejecutada, contra la
sentencia del 4 de diciembre de 2023, proferida por el Tribunal Administrativo de
Antioquia–Sala Quinta de Decisión, mediante la cual se negó la excepción de pago
y se ordenó seguir adelante con la ejecución. La decisión fue la siguiente:

PRIMERO: SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN en contra de la NACIÓN–
RAMA JUDICIAL con Nit. 800.165.798-9 y la FISCALÍA GENERAL DE LA
NACIÓN con Nit. 800.152.783, por siete millones doscientos cuarenta y nueve mil
doscientos seis pesos ($7.249.206 COP) como capital, más los intereses
moratorios desde el 17/8/2022 (inclusive) y hasta el pago total de la obligación.

SEGUNDO: Ejecutoriada esta providencia, cualquiera de las partes puede
presentar la liquidación del crédito, de conformidad con el artículo 446-1 del CGP.

TERCERO: Costas a cargo de la ejecutada, conforme al acápite 24 de la parte
motiva de esta providencia

I. SÍNTESIS DEL CASO

Jairo Martínez Cortés y otros, a través de apoderado judicial, formularon demanda
ejecutiva contra la Nación–Rama Judicial y la Fiscalía General de la Nación, para
que se librara mandamiento de pago por concepto de la condena impuesta a las

Radicación: 05001-23-33-000-2021-00625-01 (71259)
Ejecutante: Jairo Martínez Cortés y otros
Ejecutado: Nación-Rama Judicial y otro
Asunto: Ejecutivo

demandadas en la sentencia de 9 de junio de 2017, proferida en segunda instancia
por el Consejo de Estado–Sección Tercera-Subsección C, dentro de un proceso de
reparación directa.

II. ANTECEDENTES

La demanda

El 7 de abril de 20211, Jairo Martínez Cortés, Sonia Esperanza Ospina Clavijo, Juan
Diego Martínez Ospina, Tatiana Martínez Ospina, Rosalía Cortés de Martínez,
Horacio Martínez Cortés y Ercilia Martínez Cortés solicitaron que se librara
mandamiento de pago en los siguientes términos:

PRIMERO: Se solicita del juez, se sirva librar mandamiento de pago en contra
de la NACIÓN- RAMA JUDICIAL-CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
y la NACION-FISCALÍA GENERAL DE LA NACION, a favor de cada uno de los
ejecutantes mencionados anteriormente por las siguientes sumas y conceptos:

a. A favor de Jairo Martínez Cortés la suma de catorce millones setecientos
cincuenta y cuatro mil trescientos cuarenta pesos ($14.754.340,oo) por
concepto de perjuicios morales; y la suma de un millón cuatrocientos ochenta y
un mil seiscientos veinticinco pesos ($1.481.625,oo), por concepto de perjuicios
materiales en su modalidad de lucro cesante.
Más los intereses moratorios causados desde el día siguiente a la fecha de
ejecutoria de la sentencia, esto es, desde el 8 de diciembre de 2017, y hasta
que se cancele el monto adeudado, en los términos señalados por los artículos
176, 177 y 178 del Código Contencioso Administrativo.

b. A favor de Sonia Esperanza Ospina Clavijo la suma de catorce millones
setecientos cincuenta y cuatro mil trescientos cuarenta pesos ($14.754.340,oo)
por concepto de perjuicios morales.
Más los intereses moratorios causados desde el día siguiente a la fecha de
ejecutoria de la sentencia, esto es, desde el 8 de diciembre de 2017, y hasta
que se cancele el monto adeudado, en los términos señalados por los artículos
176, 177 y 178 del Código Contencioso Administrativo.

c. A favor de Juan Diego Martínez Ospina la suma de catorce millones
setecientos cincuenta y cuatro mil trescientos cuarenta pesos ($14.754.340,oo)
por concepto de perjuicios morales.
Más los intereses moratorios causados desde el día siguiente a la fecha de
ejecutoria de la sentencia, esto es, desde el 08 de diciembre de 2017, y hasta
que se cancele el monto adeudado, en los términos señalados por los artículos
176, 177 y 178 del Código Contencioso Administrativo.

d. A favor de Tatiana Martínez Ospina la suma de catorce millones setecientos
cincuenta y cuatro mil trescientos cuarenta pesos ($14.754.340,oo) por
concepto de perjuicios morales.
Más los intereses moratorios causados desde el día siguiente a la fecha de
ejecutoria de la sentencia, esto es, desde el 08 de diciembre de 2017, y hasta

1 SAMAI, índice 2, archivo 4ED_EXP TRIBUN_001Demandapdf.

2

Radicación: 05001-23-33-000-2021-00625-01 (71259)
Ejecutante: Jairo Martínez Cortés y otros
Ejecutado: Nación-Rama Judicial y otro
Asunto: Ejecutivo

que se cancele el monto adeudado, en los términos señalados por los artículos
176, 177 y 178 del Código Contencioso Administrativo.

e. A favor de Rosalía Cortés de Martínez la suma de siete millones trescientos
setenta y siete mil ciento setenta pesos ($7.377.170,oo) por concepto de
perjuicios morales.
Más los intereses moratorios causados desde el día siguiente a la fecha de
ejecutoria de la sentencia, esto es, desde el 08 de diciembre de 2017, y hasta
que se cancele el monto adeudado, en los términos señalados por los artículos
176, 177 y 178 del Código Contencioso Administrativo.

f. A favor de Horacio Martínez Cortés la suma de siete millones trescientos
setenta y siete mil ciento setenta pesos ($7.377.170,oo) por concepto de
perjuicios morales.
Más los intereses moratorios causados desde el día siguiente a la fecha de
ejecutoria de la sentencia, esto es, desde el 08 de diciembre de 2017, y hasta
que se cancele el monto adeudado, en los términos señalados por los artículos
176, 177 y 178 del Código Contencioso Administrativo.

g. A favor de Ercila Martínez Cortés la suma de siete millones trescientos
setenta y siete mil ciento setenta pesos ($7.377.170,oo) por concepto de
perjuicios morales.
Más los intereses moratorios causados desde el día siguiente a la fecha de
ejecutoria de la sentencia, esto es, desde el 08 de diciembre de 2017, y hasta
que se cancele el monto adeudado, en los términos señalados por los artículos
176, 177 y 178 del Código Contencioso Administrativo.

SEGUNDO. Se condene en costas a la entidad ejecutada

Como fundamento de sus pretensiones, la parte actora manifestó que, mediante
sentencia del 9 de junio de 2017, el Consejo de Estado condenó a las ejecutadas a
pagar al grupo familiar demandante los perjuicios materiales y morales sufridos con
ocasión de la privación injusta de la libertad de Jairo Martínez Cortés. Indicó que la
sentencia quedó ejecutoriada el 7 de diciembre de 2017.

Explicó que presentó cuenta de cobro para el pago de la condena ante la Fiscalía
General de la Nación el 23 de febrero de 2018 y ante la Nación–Rama Judicial el 28
de mayo de 2019. Señaló que, a la fecha de presentación de la demanda, no se
había cancelado el valor reclamado.

Contestación de la demanda

El 2 de febrero de 2022 2, la Nación–Rama Judicial presentó escrito de oposición,
1F

fundado en la excepción de pago. Precisó que los ejecutantes radicaron cuentas de
cobro de forma independiente ante las dos entidades condenadas por la totalidad
del valor adeudado. Señaló que, conforme al artículo 8 del Decreto 642 de 2020 y

2 SAMAI, índice 2, archivo 15ED_EXP TRIBUN_012Contestacionpdf.

3

Radicación: 05001-23-33-000-2021-00625-01 (71259)
Ejecutante: Jairo Martínez Cortés y otros
Ejecutado: Nación-Rama Judicial y otro
Asunto: Ejecutivo

al Decreto 960 de 2021, el pago debía tramitarse por la entidad en la cual el
beneficiario hubiera radicado en primer lugar el respectivo cobro. Dado que los
demandantes radicaron primero la solicitud de pago ante la Fiscalía General de la
Nación, el trámite correspondería a esa entidad. Afirmó que, de continuarse el
proceso ejecutivo, se causaría un pago doble y un evidente detrimento patrimonial
al presupuesto de la Nación, lo que podría activar acciones fiscales por parte de la
Contraloría General de la República. Por ello, solicitó decretar la suspensión del
proceso o requerir a las partes que suscribieran un documento de suspensión,
conforme al Decreto 960 de 2021, hasta verificar el cumplimiento de los pagos.

Por su parte, el 3 de febrero de 2022 3, la Fiscalía General de la Nación contestó la
2F

demanda y se opuso a las pretensiones, alegando que se asignó turno para el pago
el 26 de febrero de 2018, de conformidad con los requisitos del Decreto 2469 de
2015. Explicó que, en aplicación del Decreto 642 de 2020, se convocó a los
beneficiarios de las condenas por sentencias judiciales y conciliaciones para
celebrar acuerdos de pago y que se había asignado un turno a los ejecutantes.

Sostuvo que se vulneró el derecho al debido proceso administrativo con la demanda
ejecutiva, dado que, aunque se asignó el turno para efectuar el pago en los términos
del artículo 15 de la Ley 962 de 2005, para realizar el depósito la entidad debe contar
con el certificado de disponibilidad presupuestal correspondiente en el rubro de
sentencias y conciliaciones judiciales, como expresión del postulado de legalidad
del gasto público previsto en la Constitución Política y desarrollado por la
jurisprudencia de la Corte Constitucional. En esa línea, afirmó que la satisfacción de
la obligación no constituye una decisión autónoma de la entidad, sino un acto
administrativo complejo que impide señalar con exactitud la fecha del pago efectivo.
Añadió que, por disposición del Plan Nacional de Desarrollo —Ley 1955 de 2019—
y por la reglamentación del Decreto 642 de 2020, la Fiscalía General de la Nación
adquirió el compromiso de pagar las obligaciones pendientes hasta el 25 de mayo
de 2019 con cargo a la deuda pública. Indicó que la interposición de la demanda en
el proceso ejecutivo resulta innecesaria por existir el procedimiento administrativo
previsto para el pago en el artículo 177 del CCA, pues ello atenta contra el derecho
a la igualdad de los demás acreedores de la entidad y constituye un acto de
deslealtad frente a la administración de justicia.

3 SAMAI, índice 2, archivo 16ED_EXP TRIBUN_013Contestacionpdf.

4

Radicación: 05001-23-33-000-2021-00625-01 (71259)
Ejecutante: Jairo Martínez Cortés y otros
Ejecutado: Nación-Rama Judicial y otro
Asunto: Ejecutivo

Adujo que no ocurre causal alguna que autorice alterar el turno de pago, ya que no
se trata de sujetos de «especial protección constitucional en situación de
vulnerabilidad extrema», no se afecta el mínimo vital ni la seguridad social de los
acreedores. Tampoco es una materia que podría llegar a tener afectación sobre el
acceso a la administración de justicia.

Trámite de primera instancia

El 25 de junio de 2021 4, el Tribunal Administrativo de Antioquia–Sala Quinta de
3F

Decisión libró mandamiento de pago por el capital adeudado a cada demandante,
más los intereses que se causaran desde el día siguiente a la ejecutoria de la
sentencia condenatoria hasta la cancelación total de la obligación.

El 21 de noviembre de 2022 5, la parte ejecutante informó que, mediante oficio del 1
4F

de noviembre de 2022, notificado el 18 del mismo mes, la Fiscalía General de la
Nación comunicó la liquidación de la obligación por $176.336.749, efectuada
mediante Resolución 3063 del 30 de junio de 2022, suma que fue consignada a
órdenes del despacho el 16 de agosto de ese año. En consecuencia, solicitó la
entrega del título judicial al apoderado de los beneficiarios y que se estudiara la
liquidación para verificar si el pago fue total o parcial. En memorial posterior 6, reiteró 5F

la solicitud y precisó que la consignación se realizó después de que la Nación–
Ministerio de Hacienda y Crédito Público reconociera la obligación como deuda
pública mediante Resolución 1986 del 22 de julio de 2022.

Mediante auto del 1 de agosto de 2023 7, el Tribunal Administrativo de Antioquia
6F

consideró procedente dictar sentencia anticipada, para lo cual fijó el litigio, decretó
pruebas y ordenó correr traslado a las partes para presentar alegatos de conclusión.
El 8 de agosto de 2023 8, la Fiscalía General de la Nación solicitó la terminación del
7F

proceso por pago total de la obligación, petición que reiteró en sus alegatos 9, 8F

argumento también sostenido por la Rama Judicial 10. Por su parte, los ejecutantes
9F

manifestaron que el valor consignado no cubrió la totalidad de la obligación, pues
omitió incluir los intereses causados desde la fecha de liquidación efectuada por la

4 SAMAI, índice 2, archivo 19ED_EXP TRIBUN_016SolicitudEntregaT.
5 SAMAI, índice 2, archivo 12ED_EXP TRIBUN_009AutoLibraMandamie.
6SAMAI, índice 2, archivos 20ED_EXPTRIBUN_017AllegaLiquidacion y
25ED_EXPTRIBUN_022ReiteracionEntreg.
7 SAMAI, índice 2, archivo 38ED_EXP TRIBUN_035AutoTrasladopdf.
8 SAMAI, índice 2, archivo 40ED_EXP TRIBUN_037MemorialTerminaci.
9 SAMAI, índice 2, archivo 41ED_EXP TRIBUN_038AlegatosFiscaliap.
10 SAMAI, índice 2, archivo 43ED_EXP TRIBUN_040AlegatosRamapdf.

5

Radicación: 05001-23-33-000-2021-00625-01 (71259)
Ejecutante: Jairo Martínez Cortés y otros
Ejecutado: Nación-Rama Judicial y otro
Asunto: Ejecutivo

entidad ejecutada y el depósito correspondiente 11. 10F

Sentencia de primera instancia 12 11F

En la sentencia del 4 de diciembre de 2023, el Tribunal Administrativo de Antioquia–
Sala Quinta de Decisión accedió a las pretensiones de la demanda y ordenó
continuar la ejecución contra las entidades demandadas por siete millones
doscientos cuarenta y nueve mil doscientos seis pesos ($7.249.206), más los
intereses moratorios causados desde el 17 de agosto de 2022 hasta la satisfacción
total de la obligación, pues no se acreditó el pago total de la condena.

Consideró que, conforme al artículo 422 del CGP, se puede demandar el
cumplimiento de obligaciones claras, expresas y exigibles, así como las que
emanen de una sentencia de condena o de cualquier otra providencia con fuerza
ejecutiva. Indicó que el Consejo de Estado ha entendido que las providencias
judiciales constituyen un «título ejecutivo complejo», integrado por la sentencia y el
acto administrativo expedido para su cumplimiento, los cuales, en conjunto, deben
probar el cumplimiento de la obligación por parte de la entidad.

En su análisis, el Tribunal concluyó que el título ejecutivo lo constituyen la sentencia
del 9 de junio de 2017, proferida por el Consejo de Estado–Sección Tercera,
Subsección C, que quedó ejecutoriada el 7 de diciembre de 2017, y la Resolución
3036 del 30 de junio de 2022, la cual dio cumplimiento a la condena y fijó los montos
a liquidar por ese concepto, por un total de $176.336.749. Señaló que dicha suma
fue consignada mediante depósito judicial a órdenes del Despacho el 16 de agosto
de 2022. No obstante, determinó que esa suma no correspondía al capital e
intereses adeudados.

Explicó que los intereses moratorios debían liquidarse mensualmente desde la
fecha en que la obligación se hizo exigible, con base en la tasa de interés nominal
mensual vigente según lo dispuesto por el Banco de la República y la certificación
de la Superintendencia Financiera, de modo que se evitara la capitalización de
intereses. Sobre esa base, expuso la liquidación correspondiente desde el 7 de
diciembre de 2017 hasta el 16 de agosto de 2022, aplicados al capital de
$82.630.495 y un total acumulado de intereses por $100.955.459,88. Como el

11 SAMAI, índice 2, archivo 42ED_EXP TRIBUN_039AlegatosDemandant.
12 SAMAI, índice 2, archivo 44ED_EXP TRIBUN_041Sentenciapdf.

6

Radicación: 05001-23-33-000-2021-00625-01 (71259)
Ejecutante: Jairo Martínez Cortés y otros
Ejecutado: Nación-Rama Judicial y otro
Asunto: Ejecutivo

monto consignado fue de $176.336.749 menos la retención en la fuente
correspondiente, se cubrieron en primer lugar los intereses y luego se abonó a
capital la suma de $75.381.289, por lo cual permanecía un saldo pendiente de
$7.249.206.

Por lo anterior, ordenó continuar con la ejecución y condenó a la parte ejecutada al
pago de las costas por el 3% de la suma determinada en la providencia. La decisión
fue notificada por estado electrónico el 5 de diciembre de 2023 13. 12F

Solicitud de adición

Mediante escrito presentado el 7 de diciembre de 2023 14, la parte ejecutante solicitó
13F

adicionar la sentencia de primera instancia para que se autorizara la entrega del
monto consignado por depósito judicial a favor de los demandantes. Alegó que no
existía inconveniente procesal para permitir la entrega de esos recursos, aun
cuando fueran inferiores al total de la obligación, y pidió que se autorizara el retiro
mediante abono en cuenta.

Mediante auto del 22 de febrero de 2024 15, el Tribunal Administrativo de Antioquia–
14F

Sala Quinta de Decisión negó la solicitud de adición. Consideró que ese mecanismo
procesal procede únicamente cuando existan omisiones sobre cualquiera de los
extremos de la litis o sobre cualquier otro punto que deba ser objeto de
pronunciamiento. Por tanto, la autorización para entregar los valores consignados
por las entidades ejecutadas a órdenes del Despacho no constituía una pretensión
planteada en la demanda, tampoco un punto que deba resolverse en la sentencia
por disposición legal. Señaló que, conforme al artículo 447 del CGP, el juez
ordenará la entrega al acreedor de los depósitos judiciales hasta la concurrencia del
valor liquidado, una vez ejecutoriado el auto que apruebe cada liquidación del
crédito o de las costas y no en la sentencia. La decisión fue notificada por estado
electrónico el 23 de febrero de 2024 16. 15F

Recurso de apelación

13 SAMAI, índice 2, archivo 45ED_EXP TRIBUN_042ComunicacionEstad.
14 SAMAI, índice 2, archivo 46ED_EXP TRIBUN_043SolicitudAdicionS.
15 SAMAI, índice 2, archivo 50ED_EXP TRIBUN_047AutoNiegaAdicionS.
16 SAMAI, índice 49 de primera instancia.

7

Radicación: 05001-23-33-000-2021-00625-01 (71259)
Ejecutante: Jairo Martínez Cortés y otros
Ejecutado: Nación-Rama Judicial y otro
Asunto: Ejecutivo

El 11 de diciembre de 2023 17, la Fiscalía General de la Nación presentó recurso de
16F

apelación contra la sentencia de primera instancia. Argumentó que el Tribunal erró
al practicar la liquidación de intereses moratorios hasta el 16 de agosto de 2022.

Explicó que la obligación se catalogó como «deuda pública», conforme al artículo
53 de la Ley 1955 de 2019 y a los Decretos 642 de 2020, 960 de 2021, 1435 de
2022 y 2442 de 2022; normas que también establecieron el procedimiento para el
pago correspondiente. Sostuvo que la obligación ejecutada se incluyó en la
Resolución 3063 del 30 de junio de 2022, en la cual se discriminaron los montos y
los beneficiarios finales de las sentencias o conciliaciones judiciales sobre las cuales
no se suscribieron acuerdos de pago, conforme a la liquidación del crédito elaborada
por la Subdirección Financiera de la entidad, con corte al 30 de junio de 2022.
Declaró que dicha resolución fue remitida a la Nación–Ministerio de Hacienda y
Crédito Público para que fuera reconocida como «deuda pública» a cargo de la
Fiscalía General de la Nación. Afirmó que los actos mencionados y el trámite
practicado obran en el expediente del proceso ejecutivo.

Indicó que, agotado el procedimiento anterior, la Subdirección Financiera de la
Fiscalía General de la Nación materializó el desembolso conforme a los plazos
establecidos por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y al artículo 1 del
Decreto 1435 de 2022, esto es, a más tardar el 30 de septiembre de ese año.
Precisó que ese plazo no implicaba un término adicional para efectuar
reconocimientos distintos. Por esa razón, manifestó que la entidad efectuó el pago
total de la obligación ejecutada.

Como consecuencia, solicitó revocar la sentencia de primera instancia y declarar la
terminación del proceso por el pago total de la condena judicial, de conformidad con
el artículo 461 del CGP.

Mediante memorial del 12 de diciembre de 2023 18, la Nación–Rama Judicial
17F

presentó recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia, que radicó
como «adición» al presentado el día anterior por la Fiscalía General de la Nación.
Solicitó revocar la decisión impugnada por el pago total de la deuda realizada a
través de la Resolución 3063 del 30 de junio de 2022.

17 SAMAI, índice 2, archivo 51ED_EXP TRIBUN_048ApelacionFiscalia.
18 SAMAI, índice 2, archivo 52ED_EXP TRIBUN_049AdicionApelacionD.

8

Radicación: 05001-23-33-000-2021-00625-01 (71259)
Ejecutante: Jairo Martínez Cortés y otros
Ejecutado: Nación-Rama Judicial y otro
Asunto: Ejecutivo

Argumentó que, en el auto que libró mandamiento de pago el 25 de junio de 2021,
se discriminaron las sumas a pagar a los ejecutantes. Explicó que, conforme al
artículo 8 del Decreto 960 de 2021, estos adquirieron la condición de acogidos al
pago establecido como deuda pública de la Nación. Señaló que, dado que los
demandantes presentaron cuentas de cobro independientes ante cada entidad
condenada por el total de la condena, en aplicación de la normativa citada, la
Fiscalía General de la Nación asumió el cumplimiento de la obligación.

Aseguró que no procedía reliquidar los intereses de mora sobre el capital ordenado
en la sentencia impugnada, pues la totalidad de la obligación fue atendida mediante
la Resolución 3063 del 30 de junio de 2022, modificada por las Resoluciones 3125
del 5 de julio de 2022, 3409 del 18 de julio de 2022, 3511 del 22 de julio de 2022 y
3531 del 25 de julio de 2022, y con fundamento en la Resolución 1470 del 15 de
junio de 2022, por medio de la cual el Ministerio de Hacienda y Crédito Público
reconoció la condena como deuda pública de la Nación, de conformidad con el
artículo 53 de la Ley 1955 de 2019. Por ello, afirmó que el pago se realizó en los
plazos fijados por el Ministerio y que, en caso de existir pago de intereses de mora
por retraso en la transferencia bancaria, dichos intereses no son responsabilidad de
la Nación–Rama Judicial.

Arguyó que, de continuar el trámite del proceso ejecutivo, existiría un riesgo elevado
de causar un detrimento patrimonial al presupuesto de la Nación por la eventual
configuración de un «doble pago».

En ese contexto, citó pronunciamientos del Consejo de Estado que permiten variar
el monto de las sumas adeudadas para reflejar la realidad procesal, conforme a los
artículos 207 del CPACA y 42 del CGP.

También impugnó la liquidación practicada por el Tribunal, sosteniendo que en la
Resolución 3063 de 2022 la Fiscalía General de la Nación discriminó los montos a
pagar a cada beneficiario y que, en esos términos, el Ministerio de Hacienda y
Crédito Público reconoció la totalidad de la deuda pública mediante la Resolución
1986 del 28 de julio de 2022.

Afirmó que el reconocimiento y el pago de las sumas se efectuaron en el marco del
Plan Nacional de Desarrollo, en cumplimiento de una disposición de rango especial,

9

Radicación: 05001-23-33-000-2021-00625-01 (71259)
Ejecutante: Jairo Martínez Cortés y otros
Ejecutado: Nación-Rama Judicial y otro
Asunto: Ejecutivo

lo que impide que las entidades realicen reconocimientos adicionales distintos de
los avalados por el Ministerio de Hacienda.

El 15 de abril de 2024 19, el Tribunal concedió los recursos de apelación.
18F

Trámite de segunda instancia

El 19 de junio de 2024 20, el Despacho admitió los recursos y ordenó ingresar el
19F

expediente para fallo, a menos que alguna de las partes solicitara pruebas durante
la ejecutoria de esa providencia, de conformidad con el artículo 247 del CPACA,
modificado por el artículo 67 de la Ley 2080 de 2021. Como eso no ocurrió, el
expediente ingresó para fallo el 24 de julio de 2024 21. 20F

III. CONSIDERACIONES

I. Presupuestos procesales

Régimen procesal

1. Dado que la demanda se presentó el 7 de abril de 2021 22, el régimen aplicable
21F

es el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo
(CPACA), con las modificaciones introducidas por la Ley 2080 del 25 de enero de
2021. Conforme al artículo 308 del CPACA, este empezó a regir el 2 de julio de 2012
y solo se aplica a los procedimientos y actuaciones administrativas que se inicien,
así como a las demandas y procesos que se instauren con posterioridad a su
entrada en vigencia. Además, conforme al artículo 306 de este Código, en los
aspectos no regulados se seguirá el Código General del Proceso (CGP), en lo que
sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan
a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.

Jurisdicción y competencia

2. La jurisdicción administrativa conoce de los procesos ejecutivos derivados de las
condenas impuestas y las conciliaciones aprobadas por esta jurisdicción, según el

19 SAMAI, índice 2, archivo 55ED_EXP TRIBUN_052AutoConcedeApelac.
20 SAMAI, índice 5.
21 SAMAI, índice 12.
22 SAMAI, índice 2, archivo 4ED_EXP TRIBUN_001Demandapdf.

10

Radicación: 05001-23-33-000-2021-00625-01 (71259)
Ejecutante: Jairo Martínez Cortés y otros
Ejecutado: Nación-Rama Judicial y otro
Asunto: Ejecutivo

artículo 104.6 del CPACA.

3. El Consejo de Estado es competente para conocer de este asunto, en segunda
instancia, por mandato del artículo 150 CPACA, en su redacción original. Esto, en
la medida en que, conforme al artículo 86 de la Ley 2080 de 2021, los cambios de
esa norma en punto de la asignación de competencias en los diferentes niveles de
la jurisdicción sólo entró en vigor un año después de la publicación de la ley, esto
es, el 25 de enero de 2022. Dado que la demanda se presentó el 7 de abril de 2021,
se aplica el CPACA, sin las modificaciones posteriores.

Acción control procedente

4. De conformidad con el artículo 297.1 del CPACA, la acción ejecutiva es el medio
de control idóneo cuando se demanda el cumplimiento del deudor de obligaciones
expresas, claras y exigibles cuya fuente es una sentencia, debidamente
ejecutoriada, mediante la cual se condene a una entidad pública al pago de sumas
dinerarias. En concordancia, el artículo 422 del CGP prevé que pueden demandarse
ejecutivamente las obligaciones expresas, claras y exigibles que emanen de una
sentencia de condena proferida por juez o tribunal de cualquier jurisdicción.

Demanda en tiempo

5. Cuando se pretenda la ejecución de títulos derivados del contrato, de decisiones
judiciales proferidas por la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo en
cualquier materia y de laudos arbitrales contractuales estatales, el término para
solicitar su ejecución será de cinco (5) años, contados a partir de la exigibilidad de
la obligación en ellos contenida, de conformidad con los artículos 136 CCA o 164,
numeral 2, literal k, del CPACA, conforme pasa a explicarse a continuación.

6. Al respecto, el momento en que las providencias se tornan exigibles para efectos
de su ejecución ante la jurisdicción varía en atención al régimen procesal bajo el
cual fueron proferidas, pues: (i) si se trata de sentencias dictadas en el marco de las
previsiones del Decreto 01 de 1984, las condenas serán ejecutables ante la justicia
dieciocho meses después de su ejecutoria —artículo 177 del CCA—, mientras que
ii) si son providencias regidas por la Ley 1437 de 2011, que ordenan el pago o
devolución de una suma de dinero, estas son ejecutables a los diez meses

11

Radicación: 05001-23-33-000-2021-00625-01 (71259)
Ejecutante: Jairo Martínez Cortés y otros
Ejecutado: Nación-Rama Judicial y otro
Asunto: Ejecutivo

siguientes a su ejecutoria — artículo 192 del CPACA—.

7. La obligación que se persigue se encuentra contenida en la sentencia del 9 de
junio de 2017 23, en firme el 7 de diciembre de 2017, según se desprende de la
22F

certificación emitida por la Secretaría de la Sección Tercera del Consejo de
Estado 24. El proceso se tramitó bajo el régimen del CCA 25, por lo que se hizo
23F 24F

ejecutable dieciocho meses después, es decir, a partir del 10 de junio de 2019 26. 25F

De esta forma, el término de caducidad, previsto en el artículo 164 del CPACA,
aplicable porque durante su vigencia empezó el término para demandar —artículo
40 de la Ley 153 de 1887—, corrió del 11 de junio de 2019 al 11 de junio de 2024.
Dado que la demanda se interpuso el 7 de abril de 2021 27, se concluye que su 26F

ejercicio fue oportuno.

Legitimación en la causa

8. Jairo Martínez Cortés, Sonia Esperanza Ospina Clavijo, Juan Diego Martínez
Ospina, Tatiana Martínez Ospina, Rosalía Cortés de Martínez, Horacio Martínez
Cortés y Ercilia Martínez Cortés son las personas sobre las que recae el interés
jurídico que se debate en este proceso, en su condición de beneficiarios de la
condena impuesta por la Sección Tercera del Consejo de Estado en la sentencia
del 9 de junio de 2017 28, allegada como base de ejecución. La Nación–Rama
27F

Judicial y la Fiscalía General de la Nación están legitimadas en la causa por pasiva,
pues fueron las entidades condenadas a pagar la suma de dinero cuyo cobro se
persigue por vía ejecutiva.

Requisito de procedibilidad

9. El artículo 161.1 del CPACA establece la conciliación extrajudicial como requisito
de procedibilidad para los medios de control de nulidad y restablecimiento del
derecho, controversias contractuales y reparación directa; sin embargo, no aplica a
los demás asuntos. En consecuencia, no se requiere agotar esa etapa para
presentar la demanda ejecutiva.

23 SAMAI, índice 2, archivo 6ED_EXP TRIBUN_003Anexo001pdf, pp.92-113.
24 SAMAI, índice 2, archivo 6ED_EXP TRIBUN_003Anexo001pdf, pp.11.
25 El CPACA se aplica a las demandas y procesos que se instauraron con posterioridad a su vigencia, esto es,

a partir del 2 de julio de 2012 -artículo 308 CPACA-.
26 Como el 8 de junio de 2019 era sábado, el siguiente día hábil era el lunes 10 de junio.
27 SAMAI, índice 2, archivo 4ED_EXP TRIBUN_001Demandapdf.
28 SAMAI, índice 2, archivo 6ED_EXP TRIBUN_003Anexo001pdf, pp.92-113.

12

Radicación: 05001-23-33-000-2021-00625-01 (71259)
Ejecutante: Jairo Martínez Cortés y otros
Ejecutado: Nación-Rama Judicial y otro
Asunto: Ejecutivo

II. Problema jurídico

10. En los términos del recurso de apelación, corresponde a la Sala establecer si la
deuda reclamada por vía ejecutiva ya se satisfizo en su totalidad. Asimismo, si la
causación de intereses derivados de una condena judicial se interrumpe desde
cuando el monto del crédito lo liquida la entidad deudora y se reconoce como
«deuda pública» por la Nación–Ministerio de Hacienda y Crédito Público, tal como
se alega por las demandadas.

III. Análisis de la Sala

11. Como la sentencia de primera instancia fue recurrida únicamente por la parte
demandada, la Sala estudiará el asunto de conformidad con el artículo 328 del CGP,
aplicable por remisión del artículo 306 del CPACA, es decir, solo respecto a las
razones de inconformidad con la sentencia de primera instancia.

El proceso ejecutivo

12. De conformidad con el artículo 297.1 del CPACA, constituyen título ejecutivo las
sentencias ejecutoriadas proferidas por la Jurisdicción de lo Contencioso
Administrativo mediante las cuales se condena a una entidad pública al pago de
sumas dinerarias. A su vez, el segundo inciso del artículo 298 del CPACA,
modificado por el artículo 80 de la Ley 2080 de 2021, prevé que el proceso ejecutivo
que se tramita ante esta jurisdicción se rige por las reglas establecidas en el CGP.

Según el artículo 297 del CPACA, en concordancia con el artículo 422 del CGP, se
puede demandar el cumplimiento de obligaciones expresas, claras y exigibles que
consten en títulos ejecutivos. Estos pueden ser singulares o complejos. En el primer
caso, la obligación está contenida en un solo documento; en el segundo, está
configurada por varios documentos que, en su conjunto, deben reunir los requisitos
exigidos.

Para efectos del proceso contencioso-administrativo, se constituyen como títulos: (i)
las sentencias ejecutoriadas en que se condene a una entidad pública al pago de
sumas de dinero; (ii) decisiones en firme proferidas en desarrollo de mecanismos
alternativos de solución de conflictos en que se obligue a las entidades públicas a

13

Radicación: 05001-23-33-000-2021-00625-01 (71259)
Ejecutante: Jairo Martínez Cortés y otros
Ejecutado: Nación-Rama Judicial y otro
Asunto: Ejecutivo

pagos monetarios; (iii) los contratos, documentos en que consten sus garantías y el
acto administrativo a través del cual se declare su incumplimiento, el acta de
liquidación o cualquier acto proferido con ocasión de la actividad contractual; y (iv)
las copias auténticas de los actos administrativos con constancia de ejecutoria, en
los cuales conste el reconocimiento de un derecho o la existencia de una obligación
clara, expresa y exigible a cargo de la respectiva autoridad administrativa.

En atención a lo dispuesto en el artículo 424 del CGP, si la obligación consiste en
pagar una cantidad líquida de dinero e intereses, la demanda podrá versar sobre
aquella [capital] y estos [intereses], desde que se hicieron exigibles hasta que el
pago se efectúe. Por tanto, no se discute la existencia de la obligación, sino que se
exige su cumplimiento por vía judicial y, en caso de que no sea posible, se busca la
indemnización de los perjuicios patrimoniales causados al acreedor 29. 28F

13. Ahora bien, para definir el valor exacto a pagar en el marco del proceso
ejecutivo, el legislador estableció la etapa de liquidación del crédito. Esta ocurre con
posterioridad a la ejecutoria del auto que ordena seguir adelante con la ejecución o
la sentencia que niega las excepciones propuestas por el demandado. Por tal
motivo, la liquidación debe ajustarse a las disposiciones fijadas en el mandamiento
de pago y en las mencionadas providencias. Al respecto, el artículo 446 del CGP
dispone que los intereses deben calcularse hasta la fecha de presentación de la
liquidación. De forma posterior al traslado, el juez tiene la facultad de aprobar o
modificar la liquidación y actualizar el valor a pagar, cuando sea necesario.

No obstante, el artículo 461 del mismo código permite al juez declarar terminado el
proceso si el ejecutado acredita el pago total de la obligación y de las costas
mediante la correspondiente consignación. Incluso, en los casos en que existan
liquidaciones en firme, el ejecutado podrá presentar la liquidación adicional que
corresponda junto con el título de consignación y, una vez aprobada, se dará por
concluida la ejecución. De igual manera, cuando no existan liquidaciones previas,
el demandado tiene la posibilidad de presentarlas con el fin de extinguir la
obligación, siempre que se ajusten a la ley y se acompañen del pago respectivo.

Obligaciones reconocidas como deuda pública

29 López Blanco, Hernán Fabio. Código General del Proceso. Parte Especial. Dupre Editores Ltda., 2017, p.

487.

14

Radicación: 05001-23-33-000-2021-00625-01 (71259)
Ejecutante: Jairo Martínez Cortés y otros
Ejecutado: Nación-Rama Judicial y otro
Asunto: Ejecutivo

14. La deuda pública fue concebida como un mecanismo de financiación del Estado
y sus entidades, destinado a cubrir el gasto público, conforme a lo previsto en los
artículos 339, 346, 351 y 373 de la Constitución Política. En particular, se trata de
ingresos de capital del Estado 30. De acuerdo con el artículo 3 del Decreto 2681 de
29F

1993, actualizado y complementado en el Decreto Único Reglamentario 1068 de
2015, las operaciones de crédito público se materializan mediante actos unilaterales
de la Administración —como la denominada inversión forzosa, entendida como la
imposición de una obligación por parte del Estado 31—, o a través de contratos que
30F

permiten a las entidades estatales acceder a recursos, bienes o servicios sujetos a
un plazo para su pago, o mediante aquellos en los que la entidad actúa como
deudora solidaria o garante de obligaciones de pago. Dentro de estas operaciones
se incluyen, entre otras, la contratación de empréstitos 32, la emisión, suscripción y
31F

colocación de títulos de deuda pública, los créditos de proveedores y el
otorgamiento de garantías para obligaciones de pago a cargo de entidades
estatales.

Asimismo, el decreto mencionado distingue entre deuda interna y externa: la
primera corresponde a aquellas operaciones celebradas exclusivamente entre
residentes del territorio colombiano y pagaderas en moneda legal nacional, mientras
que la segunda modalidad comprende las obligaciones contraídas con no residentes
o aquellas pagaderas en moneda extranjera.

Así pues, la norma indicada explica que la deuda pública tiene su origen en el
presupuesto de la Nación, previa autorización legislativa y, en algunos casos,
concepto favorable del CONPES. Para ello, debe estar en armonía con los objetivos
de gasto público definidos por el Gobierno Nacional y cuando se requiere
financiación adicional a las rentas o ingresos ordinarios. El Ministerio de Hacienda
y Crédito Público fue designado para su administración. En contraste, las
obligaciones derivadas de condenas judiciales o conciliaciones, aunque implican
una deuda de naturaleza pecuniaria, no provienen de un acto o acuerdo crediticio,
sino de una imposición jurisdiccional sobre las entidades como consecuencia de su
responsabilidad contractual o extracontractual. Por consiguiente, estas últimas se
consideran pasivos contingentes o cuentas por pagar originadas en un pasivo

30 Plazas Vega, Mauricio Alfredo. Derecho de la Hacienda Pública y Derecho Tributario. Tomo I. Editorial Temis,

2016, p. 121. ISBN 9789583510939.
31 Consejo de Estado-Sala de Consulta y Servicio Civil, Concepto del 6 de octubre de 2005, radicado 11001-

03-06-000-2005-01684-00(1684). C.P. Luis Fernando Álvarez Jaramillo.
32 Artículo 41 de la Ley 80 de 1993.

15

Radicación: 05001-23-33-000-2021-00625-01 (71259)
Ejecutante: Jairo Martínez Cortés y otros
Ejecutado: Nación-Rama Judicial y otro
Asunto: Ejecutivo

litigioso y no propiamente deuda pública.

15. Con base en lo anterior, el artículo 53 del Plan Nacional de Desarrollo 2018-
2022 —Ley 1955 de 2019— permitió a las entidades que integran el Presupuesto
General de la Nación reconocer como «deuda pública» las obligaciones de pago
originadas en sentencias o conciliaciones ejecutoriadas, así como los intereses
derivados de estas, que se encontraban en mora al 25 de mayo de 2019. Esta
reclasificación, de carácter único y temporal, trasladó las obligaciones de los pasivos
litigiosos a la categoría de deuda pública, con el fin de reunir los recursos necesarios
para su desembolso, ya fuera con cargo al servicio de la deuda de la Nación o
mediante la emisión de Títulos de Tesorería TES Clase B. Para tal efecto, el
Ministerio de Hacienda y Crédito Público fue designado como administrador del
cupo de emisión de dichos bonos, a través de una cuenta independiente de la
cartera nacional.

Sin perjuicio de lo anterior, se aclaró que las entidades condenadas eran
responsables de garantizar la veracidad y oportunidad de la información; verificar
los requisitos y cumplir la obligación; solicitar a la DIAN la inspección
correspondiente al beneficiario de la condena para determinar si procede la
compensación de obligaciones —artículo 262 de la Ley 1819 de 2016—, celebrar
acuerdos de pago o conciliaciones extrajudiciales y efectuar la cancelación
conforme a los lineamientos fijados por el Gobierno Nacional.

16. Para este efecto, el Gobierno Nacional expidió el Decreto 642 de 2020,
mediante el cual reguló el procedimiento para reconocer como «deuda pública» las
obligaciones derivadas de condenas judiciales o conciliaciones que imponían a las
entidades estatales [cuyos recursos tuvieran origen en el presupuesto de la Nación]
el pago de sumas dinerarias. Para ello, se precisó que la responsabilidad de
adelantar este trámite recaía en la entidad ante la cual el acreedor hubiera radicado
primero la cuenta de cobro, incluso en los casos de condenas solidarias o conjuntas.

Inicialmente, se indicó que la entidad debía contactar al beneficiario para suscribir
un acuerdo en el que se consignara el valor del capital y los intereses causados
hasta la fecha de firma. La celebración de este acuerdo suspendería la causación
de intereses durante los cinco meses siguientes, plazo en el que la entidad
adelantaría los trámites administrativos ante el Ministerio de Hacienda y Crédito

16

Radicación: 05001-23-33-000-2021-00625-01 (71259)
Ejecutante: Jairo Martínez Cortés y otros
Ejecutado: Nación-Rama Judicial y otro
Asunto: Ejecutivo

Público, para lograr el reconocimiento de la obligación como «deuda pública» y
proceder a su cancelación. Si ya existía un proceso ejecutivo en curso, el acuerdo
podía celebrarse siempre que las partes solicitaran de común acuerdo la suspensión
del trámite jurisdiccional y aportaran la constancia respectiva.

Posteriormente, la entidad debía expedir un acto administrativo que compilara todas
las obligaciones en mora a fecha del 25 de mayo de 2019. Este acto podía incluir
tanto las obligaciones objeto de acuerdo como aquellas que no lo fueron, pues el
reconocimiento como «deuda pública» no dependía de la existencia de una
convención. Por consiguiente, en los casos en que no se hubiera suscrito acuerdo,
no aplicaría la suspensión de intereses prevista para quienes sí lo hicieron. Dicho
acto administrativo debía anexarse a la solicitud que el representante legal de la
entidad presentara ante el Ministerio de Hacienda y Crédito Público para el
reconocimiento de las obligaciones como «deuda pública».

Finalmente, una vez surtido el trámite interno y reconocidas las obligaciones en
mora, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público expediría una resolución que
reconociera y ordenara el pago de las deudas incluidas en el acto administrativo
allegado. Además, el Gobierno Nacional dispuso que las obligaciones en mora al
25 de mayo de 2019, que fueran reconocidas como deuda pública a fecha del 31 de
agosto de 2022, debían ser canceladas, a más tardar, el 30 de septiembre de ese
mismo año 33. 32F

Caso concreto

17. Según la demanda, Jairo Martínez Cortés y su grupo familiar fueron reconocidos
como beneficiarios de la condena impuesta a la Nación–Rama Judicial y a la
Fiscalía General de la Nación mediante sentencia del 9 de junio de 2017, proferida
por el Consejo de Estado–Sección Tercera-Subsección C y ejecutoriada el 7 de
diciembre de 2017, dentro de un proceso de reparación directa por privación injusta
de la libertad. Presentaron cuenta de cobro ante la Fiscalía en 2018 y ante la Rama
Judicial en 2019, sin que ninguna efectuara el desembolso al momento de radicar
la demanda.

En el trámite de la primera instancia, las partes informaron sobre la liquidación y

33 De conformidad con las modificaciones introducidas al Decreto 642 de 2020 por el Decreto 1435 de 2022.

17

Radicación: 05001-23-33-000-2021-00625-01 (71259)
Ejecutante: Jairo Martínez Cortés y otros
Ejecutado: Nación-Rama Judicial y otro
Asunto: Ejecutivo

consignación de la obligación por la Fiscalía General de la Nación, tras su
reconocimiento como «deuda pública» por el Ministerio de Hacienda y Crédito
Público. Sin embargo, se controvierte si el pago cubrió la totalidad del monto
adeudado, en especial los intereses posteriores a la liquidación. En sentencia
anticipada de primera instancia, el Tribunal resolvió la controversia y ordenó seguir
adelante con la ejecución, pues no se hizo el pago de los intereses causados desde
la liquidación hasta la fecha de consignación del crédito a órdenes del despacho.

En el recurso de apelación, las entidades ejecutadas solicitaron revocar la sentencia
de primera instancia. La Fiscalía General de la Nación argumentó que el Tribunal
erró al liquidar intereses moratorios hasta el 16 de agosto de 2022, porque la
obligación había sido reconocida como «deuda pública» conforme al artículo 53 de
la Ley 1955 de 2019 y los decretos reglamentarios que establecieron el
procedimiento de pago. Por tal motivo, arguyó que la obligación se incluyó en la
Resolución 3063 del 30 de junio de 2022, remitida al Ministerio de Hacienda y
Crédito Público para su reconocimiento, y el desembolso se realizó dentro del plazo
fijado por el Gobierno Nacional, sin que procediera la causación de sumas de dinero
adicionales. La Nación–Rama Judicial también presentó dicho argumento y,
adicionalmente, sostuvo que de continuarse el proceso contra las dos entidades
podría llevar a un eventual doble pago y el consecuente detrimento patrimonial.

Con base en lo anterior, la Sala estudiará el caso considerando cada uno de los
argumentos planteados en los recursos de apelación.

18. En primer lugar, las partes ejecutadas alegaron que, al reconocerse la
obligación derivada de la condena judicial como «deuda pública», esta hizo
transición a un régimen especial y, por tal motivo, no procedía el reconocimiento de
intereses adicionales.

Para comenzar, se debe aclarar la diferenciación entre la deuda pública y la
obligación ejecutada, pues son conceptos independientes. Como se indicó
anteriormente, la «deuda pública» es un mecanismo de financiación del Estado que
permite obtener recursos para atender el gasto público. Por tanto, no constituye un
régimen especial para la terminación de obligaciones ni un tipo distinto de estas. Es
un mecanismo otorgado a las entidades –pertenecientes al presupuesto nacional–
para financiar el pago de las condenas judiciales mediante operaciones de crédito

18

Radicación: 05001-23-33-000-2021-00625-01 (71259)
Ejecutante: Jairo Martínez Cortés y otros
Ejecutado: Nación-Rama Judicial y otro
Asunto: Ejecutivo

por intermedio del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. A diferencia de ello, la
obligación que se pretende satisfacer por ese medio ejecutivo mantiene la
naturaleza que surge de una condena judicial, comprende el pago de una suma
dineraria y los intereses causados. Por tanto, el reconocimiento de la obligación
como «deuda pública» implica que el pago se realizaría mediante la captación de
recursos por el Estado, sin alterar su naturaleza, exigibilidad ni las condiciones
fijadas en la sentencia.

En ese sentido, el artículo 53 de la Ley 1955 de 2019 no creó un régimen especial
que modificara la naturaleza de las obligaciones derivadas de condenas judiciales,
sino que habilitó a las entidades para financiar su pago mediante «deuda pública»
y estableció un procedimiento interno, a cargo del Gobierno Nacional, para la
obtención de los recursos correspondientes. En desarrollo de ese precepto, el
artículo 5 del Decreto 642 de 2020 previó la posibilidad de suspender la causación
de intereses únicamente cuando existiera un acuerdo expreso entre acreedor y
deudor, y por un plazo máximo de cinco meses para que la entidad efectuara la
consignación. Por tanto, en ausencia de dicho acuerdo, o una vez vencido el término
de suspensión, los intereses seguirían causándose normalmente, pues ello
constituye un efecto inherente al pago retardado de una obligación dineraria
conforme a los artículos 1615 a 1617 del Código Civil. De manera que el
reconocimiento interno como deuda pública no configura un régimen especial que
excluya la causación de intereses moratorios.

En el caso particular, no hubo acuerdo de pago entre los ejecutantes y la Fiscalía
General de la Nación que permitiera suspender la causación de intereses durante
cinco meses. En el artículo 1 de la Resolución 3063 del 30 de junio de 2022,
mediante la cual la entidad liquidó el valor de la deuda a favor de los demandantes,
se indicó expresamente que eran «beneficiarios finales de las providencias sobre
las cuales no se suscribió acuerdo de pago». Por lo tanto, la obligación derivada de
la condena judicial siguió causando los intereses moratorios correspondientes
mientras se realizaba el depósito. Así pues, la Sala desestima el reproche de las
ejecutadas, al considerar que el reconocimiento de la obligación como deuda
pública no impide la liquidación de intereses adicionales, pues la condena judicial
conserva su exigibilidad conforme a la sentencia, mantiene su naturaleza de
obligación dineraria y, por tanto, los intereses se generan hasta el pago total.

19

Radicación: 05001-23-33-000-2021-00625-01 (71259)
Ejecutante: Jairo Martínez Cortés y otros
Ejecutado: Nación-Rama Judicial y otro
Asunto: Ejecutivo

19. En segundo lugar, y en línea con el anterior argumento, las entidades
demandadas cuestionaron la sentencia de primera instancia al sostener que se hizo
el pago total de la obligación.

Sobre el particular, resulta necesario precisar que, en principio, la sentencia
proferida en el proceso ejecutivo no tiene como finalidad fijar el valor de la obligación
cuyo cumplimiento se exige —lo cual corresponde a la etapa posterior de liquidación
del crédito—, sino resolver las excepciones de mérito propuestas por las partes. Sin
embargo, en este caso, se debe de establecer si existió un pago por parte de la
Fiscalía General de la Nación que permitiera declarar la terminación del proceso.
Para eso, es indispensable contrastar el valor consignado con el capital adeudado
y los intereses causados hasta la fecha de pago, a fin de verificar el cumplimiento
total de la obligación. Por ello, se analizará si el Tribunal Administrativo de Antioquia
incurrió en error al liquidar el valor total debido y la imputación a capital e intereses.

En la sentencia proferida por el Consejo de Estado-Sección Tercera-Subsección C,
el 9 de junio de 2017, se condenó a las entidades ejecutadas a pagar, de forma
solidaria, 20 SMLMV a Jairo Martínez Cortés, Sonia Esperanza Ospina Clavijo, Juan
Diego Martínez Ospina y Tatiana Martínez Ospina, y 10 SMLMV a Rosalía Cortés
de Martínez, Horacio Martínez Cortés y Ercilia Martínez Cortés, por concepto de
daños morales para cada uno. Además, se ordenó pagar a Jairo Martínez Cortés
$1.481.625 por concepto de lucro cesante. La obligación se hizo exigible desde la
ejecutoria de la providencia, el 7 de diciembre de 2017 34. Como las partes radicaron
33F

la cuenta de cobro para hacer efectiva la condena ante la Fiscalía General de la
Nación el 26 de febrero de 2018 35, se realizó dentro de los seis meses siguientes,
34F

por lo cual no cesó la causación de intereses definida en el inciso 6 del artículo 177
del CCA, adicionado por el artículo 60 de la Ley 446 de 1998. Además, la obligación
se hizo ejecutable a partir del 10 de junio de 2019 36. 5F

El inciso 5 del artículo 177 del CCA establece que las condenas judiciales
devengarán intereses comerciales y moratorios. Al respecto, mediante sentencia C-
188 de 1999, la Corte Constitucional precisó que es procedente la causación de
intereses por el retardo en el pago, pues «cuando se trata de asuntos de contenido
pecuniario, es el cabal y exacto cumplimiento de los obligados en virtud del mismo»

34 SAMAI, índice 2, archivo 6ED_EXP TRIBUN_003Anexo001pdf, pp.11.
35 SAMAI, índice 2, archivo 6ED_EXP TRIBUN_003Anexo001pdf, pp.150 y 166.
36 Como el 8 de junio de 2019 era sábado, el siguiente día hábil era el lunes 10 de junio.

20

Radicación: 05001-23-33-000-2021-00625-01 (71259)
Ejecutante: Jairo Martínez Cortés y otros
Ejecutado: Nación-Rama Judicial y otro
Asunto: Ejecutivo

y los particulares «sufren perjuicio por la mora en que la Administración pueda
incurrir. Tales perjuicios se tasan anticipadamente mediante la fijación por la propia
ley de intereses moratorios». Por lo tanto, el cálculo de los intereses se debe
contabilizar desde que la obligación se hizo exigible hasta la fecha del pago efectivo,
que es cuando cesa la indemnización de perjuicios derivados del retardo en el pago
para el deudor 37. Solo se entenderá que el pago extingue la obligación cuando es
36F

completo, es decir, cuando comprende los intereses e indemnizaciones que se
deban 38.37F

Con base en lo anterior, en el mandamiento de pago, el Tribunal Administrativo de
Antioquia–Sala Quinta de Decisión liquidó el capital definido por el Consejo de
Estado, en $14.754.340 a favor de Jairo Martínez Cortés, Sonia Esperanza Ospina
Clavijo, Juan Diego Martínez Ospina y Tatiana Martínez Ospina, y $7.377.170 para
Rosalía Cortés de Martínez, Horacio Martínez Cortés y Ercilia Martínez Cortés, por
concepto de daños morales para cada uno; además del valor asignado a Jairo
Martínez Cortés por concepto de lucro cesante en la suma de $1.481.625. Sumado
a eso, determinó de forma expresa en todos los casos que también se debía «los
intereses moratorios causados sobre esta suma desde el día siguiente a la fecha de
ejecutoria de la sentencia, esto es, desde el 8/12/2017 y hasta que se realice el
pago» 39.38F

En cumplimiento de ello, la Fiscalía General de la Nación liquidó la deuda de la
siguiente manera, mediante la Resolución 3063 del 30 de junio de 2022 40: 39F

Fecha Fecha Beneficiario Capital Intereses Arancel Total Total
sentencia Ejecutoria Final /compensación condena Sentencia
y otros más
intereses
9/6/2017 7/12/217 Jairo $16.235.965 $18.412.227 $0 $34.648.192 $176.336.749
Martínez
Cortés
Sonia $14.754.340 $16.732.006 $0 $31.486.346
Esperanza
Ospina
Clavijo
Juan Diego $14.754.340 $16.732.006 $0 $31.486.346
Martínez
Ospina

37 Artículos 1615 y 1617 del Código Civil
38 Inciso Segundo del artículo 1649 del Código Civil.
39 SAMAI; índice 2, archivo 1ED_EXP TRIBUN_016SolicitudEntregaT
40 SAMAI; índice 2, archivo 23ED_EXP TRIBUN_020Anexo03pdf, pp.122.

21

Radicación: 05001-23-33-000-2021-00625-01 (71259)
Ejecutante: Jairo Martínez Cortés y otros
Ejecutado: Nación-Rama Judicial y otro
Asunto: Ejecutivo

Tatiana $14.754.340 $16.732.006 $0 $31.486.346
Martínez
Ospina
Rosalía $7.377.170 $8.366.003 $0 $15.743.173
Cortés de
Martínez
Horacio $7.377.170 $8.366.003 $0 $15.743.173
Martínez
Cortés
Ercilia $7.377.170 $8.366.003 $0 $15.743.173
Martínez
Cortés

Exactamente en los mismos términos, la Nación–Ministerio de Hacienda y Crédito
Público reconoció como «deuda pública» la obligación correspondiente y ordenó
proceder a su pago, con cargo al rubro de servicio de la deuda del Presupuesto
General de la Nación de la vigencia 2022, mediante Resolución 1986 del 28 de julio
de ese año 41. 0F

Mediante Oficio DAJ-10400 del 1 de noviembre de 2022, la Fiscalía General de la
Nación aclaró que el pago allí definido se realizó mediante depósito judicial a la
cuenta del Tribunal Administrativo de Antioquia, el 16 de agosto de 2022, por un
total de $169.752.254, pues «la cifra que no fue consignada corresponde a la
retención en la fuente practicada sobre el valor de los intereses liquidados,
considerados como rendimientos financieros de conformidad con el artículo 365 del
Estatuto Tributario y el porcentaje aplicado es del 7 %» 42. 41F

Según se observa, la liquidación de intereses realizada por la Fiscalía General de
la Nación y reconocida como «deuda pública» por el Ministerio de Hacienda y
Crédito Público se calculó desde la fecha de ejecutoria de la sentencia hasta el 30
de junio de 2022. Sin embargo, como la misma entidad ejecutada lo reconoció, el
pago se realizó el 16 de agosto de 2022, lo que implica que se dejaron de liquidar
los intereses correspondientes a 47 días adicionales de retardo en el pago 43. En 42F

aplicación del artículo 1653 del Código Civil, el valor parcial pagado debe imputarse
primeramente a los intereses, salvo que el acreedor consienta expresamente que
se impute al capital, lo cual no ocurrió en este caso. Por consiguiente, permanece
un saldo de capital adeudado, el cual continúa generando intereses moratorios
hasta que se salde de forma total.

41 SAMAI, índice 2, archivo 22ED_EXP TRIBUN_019Anexo02pdf.
42 SAMAI, índice 2, archivo 21ED_EXP TRIBUN_018Anexo01pdf, pp. 2.
43 Durante julio transcurrieron 31 días y del 1 al 16 de agosto se contabilizaron 16 días adicionales.

22

Radicación: 05001-23-33-000-2021-00625-01 (71259)
Ejecutante: Jairo Martínez Cortés y otros
Ejecutado: Nación-Rama Judicial y otro
Asunto: Ejecutivo

Ahora bien, la Sala considera pertinente constatar el monto que permanece
pendiente de pago, para verificar si se configuró la excepción de pago alegada por
las entidades ejecutadas. Según el Tribunal Administrativo de Antioquia, el cálculo
del interés moratorio acumulado dio como resultado $100.955.459,88 a la fecha del
depósito judicial, sobre el capital de $82.630.495. Una vez imputado el pago
realizado a los intereses, se obtuvo un saldo insoluto de $7.249.206. Sin embargo,
la Sala considera que el cálculo se debe realizar de la siguiente manera:

Tasa
Días Tasa
Interés Interés Interés Total
Periodo Capital de Interés
moratorio causado acumulado obligación
mora diario
(EA)

8-31 de
diciembre $82.630.495 24 31,155% 0,074% $1.474.094 $1.474.094 $84.104.589
de 2017

Enero 2018 $82.630.495 31 31,035% 0,074% $1.897.610 $3.371.704 $86.002.199

Febrero
$82.630.495 28 31,515% 0,075% $1.737.165 $5.108.868 $87.739.363
2018
Marzo
$82.630.495 31 31,020% 0,074% $1.896.806 $7.005.674 $89.636.169
2018

Abril 2018 $82.630.495 30 30,720% 0,073% $1.820.038 $8.825.712 $91.456.207

Mayo 2018 $82.630.495 31 30,660% 0,073% $1.877.482 $10.703.194 $93.333.689

Junio 2018 $82.630.495 30 30,420% 0,073% $1.804.422 $12.507.616 $95.138.111

Julio 2018 $82.630.495 31 30,045% 0,072% $1.844.347 $14.351.963 $96.982.458

Agosto
$82.630.495 31 29,910% 0,072% $1.837.053 $16.189.016 $98.819.511
2018
Septiembre
$82.630.495 30 29,715% 0,071% $1.767.584 $17.956.600 $100.587.095
2018
Octubre
$82.630.495 31 29,445% 0,071% $1.811.870 $19.768.470 $102.398.965
2018
Noviembre
$82.630.495 30 29,235% 0,070% $1.742.388 $21.510.857 $104.141.352
2018
Diciembre
$82.630.495 31 29,100% 0,070% $1.793.127 $23.303.985 $105.934.480
2018

Enero 2019 $82.630.495 31 28,740% 0,069% $1.773.517 $25.077.501 $107.707.996

Febrero
$82.630.495 28 29,550% 0,071% $1.641.671 $26.719.172 $109.349.667
2019
Marzo
$82.630.495 31 29,055% 0,070% $1.790.679 $28.509.851 $111.140.346
2019

Abril 2019 $82.630.495 30 28,980% 0,070% $1.728.964 $30.238.816 $112.869.311

Mayo 2019 $82.630.495 31 29,010% 0,070% $1.788.230 $32.027.045 $114.657.540

Junio 2019 $82.630.495 30 28,950% 0,070% $1.727.383 $33.754.429 $116.384.924

Julio 2019 $82.630.495 31 28,920% 0,070% $1.783.329 $35.537.758 $118.168.253

23

Radicación: 05001-23-33-000-2021-00625-01 (71259)
Ejecutante: Jairo Martínez Cortés y otros
Ejecutado: Nación-Rama Judicial y otro
Asunto: Ejecutivo

Agosto
$82.630.495 31 28,980% 0,070% $1.786.597 $37.324.354 $119.954.849
2019
Septiembre
$82.630.495 30 28,980% 0,070% $1.728.964 $39.053.319 $121.683.814
2019
Octubre
$82.630.495 31 28,650% 0,069% $1.768.605 $40.821.924 $123.452.419
2019
Noviembre
$82.630.495 30 28,545% 0,069% $1.706.004 $42.527.928 $125.158.423
2019
Diciembre
$82.630.495 31 28,365% 0,068% $1.753.031 $44.280.959 $126.911.454
2019

Enero 2020 $82.630.495 31 28,155% 0,068% $1.736.772 $46.017.731 $128.648.226

Febrero
$82.630.495 29 28,590% 0,069% $1.646.923 $47.664.655 $130.295.150
2020
Marzo
$82.630.495 31 28,425% 0,068% $1.751.512 $49.416.167 $132.046.662
2020

Abril 2020 $82.630.495 30 28,035% 0,068% $1.674.398 $51.090.565 $133.721.060

Mayo 2020 $82.630.495 31 27,285% 0,066% $1.689.066 $52.779.631 $135.410.126

Junio 2020 $82.630.495 30 27,180% 0,066% $1.628.987 $54.408.618 $137.039.113

Julio 2020 $82.630.495 31 27,180% 0,066% $1.683.287 $56.091.905 $138.722.400

Agosto
$82.630.495 31 27,435% 0,066% $1.697.315 $57.789.220 $140.419.715
2020
Septiembre
$82.630.495 30 27,525% 0,066% $1.647.347 $59.436.567 $142.067.062
2020
Octubre
$82.630.495 31 27,135% 0,066% $1.680.808 $61.117.375 $143.747.870
2020
Noviembre
$82.630.495 30 26,760% 0,065% $1.606.568 $62.723.944 $145.354.439
2020
Diciembre
$82.630.495 31 26,190% 0,064% $1.628.558 $64.352.502 $146.982.997
2020

Enero 2021 $82.630.495 31 25,980% 0,063% $1.621.325 $65.973.827 $148.604.322

Febrero
$82.630.495 28 26,310% 0,064% $1.481.016 $67.454.843 $150.085.338
2021
Marzo
$82.630.495 31 26,115% 0,064% $1.628.846 $69.083.689 $151.714.184
2021

Abril 2021 $82.630.495 30 25,965% 0,063% $1.568.215 $70.651.905 $153.282.400

Mayo 2021 $82.630.495 31 25,830% 0,063% $1.612.959 $72.264.864 $154.895.359

Junio 2021 $82.630.495 30 25,815% 0,063% $1.560.118 $73.824.982 $156.455.477

Julio 2021 $82.630.495 31 25,770% 0,063% $1.609.610 $75.434.591 $158.065.086

Agosto
$82.630.495 31 25,860% 0,063% $1.614.633 $77.049.224 $159.679.719
2021
Septiembre
$82.630.495 30 25,785% 0,063% $1.558.497 $78.607.722 $161.238.217
2021
Octubre
$82.630.495 31 25,620% 0,063% $1.601.230 $80.208.951 $162.839.446
2021
Noviembre
$82.630.495 30 25,905% 0,063% $1.564.977 $81.773.929 $164.404.424
2021
Diciembre
$82.630.495 31 26,190% 0,064% $1.633.021 $83.406.950 $166.037.445
2021

24

Radicación: 05001-23-33-000-2021-00625-01 (71259)
Ejecutante: Jairo Martínez Cortés y otros
Ejecutado: Nación-Rama Judicial y otro
Asunto: Ejecutivo

Enero 2022 $82.630.495 31 26,490% 0,064% $1.649.696 $85.056.647 $167.687.142

Febrero
$82.630.495 28 27,450% 0,066% $1.538.007 $86.594.653 $169.225.148
2022
Marzo
$82.630.495 31 27,705% 0,067% $1.716.830 $88.311.483 $170.941.978
2022

Abril 2022 $82.630.495 30 28,575% 0,069% $1.707.590 $90.019.073 $172.649.568

Mayo 2022 $82.630.495 31 29,565% 0,071% $1.818.377 $91.837.450 $174.467.945

Junio 2022 $82.630.495 30 30,600% 0,073% $1.813.796 $93.651.247 $176.281.742

Julio 2022 $82.630.495 31 31,920% 0,076% $1.944.884 $95.596.131 $178.226.626

1-16 de
Agosto de $82.630.495 16 33,315% 0,079% $1.041.942 $96.638.073 $179.268.568
2022

Según esta liquidación, el pago efectuado por la Fiscalía General de la Nación
cubrió la totalidad de los intereses ($96.638.073) y redujo el capital en $79.698.676.
No obstante, permaneció un saldo pendiente de pago al capital por $2.931.819, que
continúa causando intereses moratorios desde el 17 de agosto de 2022 hasta la
fecha en que se realice el pago total de la obligación.

El Consejo de Estado, de forma uniforme 44, ha resuelto asuntos similares al
43F

presente, en el sentido de continuar con la ejecución de las condenas judiciales
cuando se alega que la aplicación del artículo 53 de la Ley 1955 de 2019 impide la
causación de intereses adicionales desde la fecha en que la entidad condenada
realizó la liquidación para solicitar el reconocimiento como deuda pública. Al
respecto, la Corporación ha sostenido que dicho reconocimiento no implica la
extinción ni la suspensión de la obligación; tampoco constituye causal para
interrumpir la causación de intereses moratorios. Por lo tanto, los intereses
derivados del retardo en el cumplimiento se deben liquidar desde el día siguiente a
la ejecutoria de la sentencia condenatoria hasta el día del depósito judicial y, en

44 Ver, entre otras: Consejo de Estado-Sala de lo Contencioso Administrativo-Sección Tercera-Subsección B,

Sentencia del 12 de abril de 2024, Expediente 81001-23-39-000-2023-00003-01 (69937). C.P. Alberto Montaña
Plata; Consejo de Estado-Sala de lo Contencioso Administrativo-Sección Tercera-Subsección B, Sentencia del
2 de agosto de 2024, Expediente 54001-23-33-000-2020-00502-01 (70996). C.P. Fredy Ibarra Martínez;
Consejo de Estado-Sala de lo Contencioso Administrativo-Sección Tercera-Subsección B, Sentencia del 15 de
agosto de 2024, Expediente 05001-23-33-000-2021-00732-02 (71288). C.P. Fredy Ibarra Martínez; Consejo de
Estado-Sala de lo Contencioso Administrativo-Sección Tercera-Subsección A, Auto del 3 de septiembre de
2024, Radicación 05001233300020210153401 (70541). C.P. María Adriana Marín; Consejo de Estado-Sala de
lo Contencioso Administrativo-Sección Tercera-Subsección A, Sentencia del 21 de febrero de 2025, Expediente
440012340000202200150 01 (70320). C.P. José Roberto Sáchica Méndez; Consejo de Estado-Sala de lo
Contencioso Administrativo-Sección Tercera-Subsección B, Sentencia del 18 de julio de 2025, Expediente
20001-23-31-000-2005-02540-02 (72149). C.P. Fredy Ibarra Martínez (E); Consejo de Estado-Sala de lo
Contencioso Administrativo-Sección Tercera-Subsección A, Auto del 29 de agosto de 2025, Radicado 05001-
23-33-000-2018-02211-01 (71174). C.P. María Adriana Marín; Consejo de Estado-Sala de lo Contencioso
Administrativo-Sección Tercera-Subsección C, Sentencia del 17 de septiembre de 2025, Radicado 41001-23-
31-000-2008-00352-01 (71280). C.P. Nicolás Yepes Corrales.

25

Radicación: 05001-23-33-000-2021-00625-01 (71259)
Ejecutante: Jairo Martínez Cortés y otros
Ejecutado: Nación-Rama Judicial y otro
Asunto: Ejecutivo

caso de existir un saldo pendiente, hasta la fecha del pago total. Es decir, el uso del
trámite especial de reconocimiento como «deuda pública» no exime a la entidad de
cancelar el total de lo adeudado, incluido el saldo que se genera entre la fecha de
la liquidación y la del pago efectivo.

En consecuencia, la Sala concluye que se dejó de liquidar la suma correspondiente
a los intereses generados durante los 47 días adicionales de retardo en el pago,
contados entre el 30 de junio y el 16 de agosto de 2022. Como ya se explicó, la
obligación solo se extingue cuando el pago es completo, lo que incluye los intereses
moratorios hasta ese momento. En este caso, el pago no comprendió los intereses
generados entre la liquidación efectuada por la Fiscalía General de la Nación y el
depósito judicial, por lo que era procedente liquidarlos hasta esta última fecha. En
todo caso, se demostró el pago parcial de la obligación. Por lo anterior, corresponde
modificar la decisión de primera instancia para declarar parcialmente probada la
excepción de pago y confirmar la orden de seguir adelante con la ejecución por el
saldo insoluto, según la liquidación expuesta, y los intereses moratorios que se
causen hasta el pago total correspondiente.

20. En tercer y último lugar, la Nación–Rama Judicial alegó que no era viable seguir
adelante con la ejecución contra ambas entidades ejecutadas, pues ello implicaría
un detrimento patrimonial al presupuesto de la Nación por la eventualidad de un
«doble pago». Al respecto, se debe recordar que la condena impuesta en la
sentencia del 9 de junio de 2017 constituye una obligación solidaria, pues se
atribuyó el daño reclamado a las dos entidades demandadas. Es decir, ambas
autoridades fueron condenadas por la totalidad de la deuda.

Sobre el particular, el artículo 1572 del Código Civil establece que la demanda
intentada por el acreedor contra algunos de los deudores solidarios no extingue la
obligación solidaria de ninguno de ellos, sino únicamente en la parte que hubiere
sido satisfecha por el demandado. Por consiguiente, aunque la Fiscalía General de
la Nación realizó un abono a la deuda [pago parcial], ello no implica que la obligación
se haya extinguido ni que haya cesado su carácter solidario en los términos
definidos en la sentencia judicial que la originó. En consecuencia, la Nación–Rama
Judicial también puede ser objeto de ejecución por el saldo insoluto y los intereses
causados hasta el pago total de la obligación. Lo anterior, sin perjuicio de los
procedimientos internos de compensación o reembolso que sean procedentes entre

26

Radicación: 05001-23-33-000-2021-00625-01 (71259)
Ejecutante: Jairo Martínez Cortés y otros
Ejecutado: Nación-Rama Judicial y otro
Asunto: Ejecutivo

las entidades, conforme a lo previsto en el Decreto 1068 de 2015. Por lo tanto, la
Sala desestima este argumento.

Conclusión

21. Con base en lo anterior, la Sala modificará la decisión del Tribunal para declarar
parcialmente probada la excepción de pago, en cuanto se acreditó el pago parcial
de la obligación, imputado principalmente a los intereses, lo que dejó un saldo
pendiente por concepto de capital. En lo demás, se confirmará la providencia
respecto de la orden de seguir adelante con la ejecución por el saldo insoluto de
capital, más los intereses moratorios que se causen hasta el pago total
correspondiente, contra las entidades ejecutadas.

Costas

22. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011, en
la sentencia se dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución
se regirá por el CGP.

El artículo 365 del CGP señala que hay lugar a condenar en costas a la parte
vencida en un proceso o a quien se resuelve desfavorablemente el recurso. A su
vez, el artículo 361 establece que las costas «están integradas por la totalidad de
las expensas y gastos sufragados durante el curso del proceso y por las agencias
en derecho». Estas últimas, vale aclarar, serán determinadas por las tarifas que,
para el efecto, establezca el Consejo Superior de la Judicatura.

El artículo 365.8 del CGP dispone que «solo habrá lugar a costas cuando en el
expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación». En
relación con las agencias en derecho correspondientes a esta instancia, el numeral
3 del mismo artículo establece que «en la providencia del superior que confirme en
todas sus partes la de primera instancia se condenará al recurrente en las costas
de la segunda». Asimismo, de conformidad con lo previsto en el numeral 4 del
artículo 366 del mismo estatuto, se tiene en cuenta la naturaleza, calidad y duración
de la gestión realizada, la cuantía del proceso y otras circunstancias especiales, si
las hubiere.

27

Radicación: 05001-23-33-000-2021-00625-01 (71259)
Ejecutante: Jairo Martínez Cortés y otros
Ejecutado: Nación-Rama Judicial y otro
Asunto: Ejecutivo

Puesto que no se comprobó la causación de expensas y las partes no actuaron en
esta instancia 45, en atención a lo dispuesto en el artículo 247 del CPACA,
44F

modificado por el artículo 67 de la Ley 2080 de 2021, la Sala se abstendrá de
condenar en costas y agencias en derecho.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C,
administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la
ley,

FALLA:

PRIMERO: MODIFICAR la sentencia proferida el 4 de diciembre de 2023 por el
Tribunal Administrativo de Antioquia–Sala Quinta de Decisión, mediante la cual se
negó la excepción de pago y se ordenó seguir adelante con la ejecución, la cual
quedará así:

PRIMERO: DECLARAR parcialmente probada la excepción de pago de la
obligación propuesta por la Nación-Fiscalía General de la Nación,
conforme a lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN en contra de la
NACIÓN – RAMA JUDICIAL con Nit. 800.165.798-9 y la FISCALÍA GENERAL
DE LA NACIÓN con Nit. 800.152.783, por dos millones novecientos treinta y
un mil ochocientos diecinueve pesos ($2.931.819 COP) como capital, más
los intereses moratorios desde el 17/8/2022 (inclusive) y hasta el pago total de
la obligación.

TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, cualquiera de las partes puede
presentar la liquidación del crédito, de conformidad con el artículo 446-1 del
CGP.

CUARTO: Costas a cargo de la ejecutada, conforme al acápite 24 de la parte
motiva de esta providencia

SEGUNDO: Sin condena en costas en esta instancia.

TERCERO: En firme esta providencia, DEVOLVER el expediente al Tribunal de
origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
WILLIAM BARRERA MUÑOZ
PRESIDENTE DE LA SALA
(continúa hoja de firmas)

45 Las únicas actuaciones presentadas fueron solicitudes de impulso procesal por la parte ejecutante.

28

Radicación: 05001-23-33-000-2021-00625-01 (71259)
Ejecutante: Jairo Martínez Cortés y otros
Ejecutado: Nación-Rama Judicial y otro
Asunto: Ejecutivo

(hoja de firmas sentencia 71259)

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
ADRIANA POLIDURA CASTILLO

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
NICOLÁS YEPES CORRALES
FGC/MAR/VF

Nota: se deja constancia de que esta providencia se suscribe de forma electrónica mediante el
aplicativo SAMAI, de manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad
y autenticidad del presente documento en el enlace
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente puede
acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que aparece a la
derecha. Se recuerda que, con la finalidad de tener acceso al expediente, los abogados tienen
la responsabilidad de registrarse en el sistema Samai.

29

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.