Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 54001-23-33-000-2020-00502-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 54001-23-33-000-2020-00502-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 54001-23-33-000-2020-00502-01
Consejero ponente: Fredy Hernando Ibarra Martínez
2 de agosto de 2024
REPÚBLICA DE COLOMBIA
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN B
Bogotá DC, dos (2) de agosto de dos mil veinticuatro (2024).
Magistrado ponente: FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Expediente: 54001-23-33-000-2020-00502-01 (70.996)
Ejecutante: LISAYDA PÁEZ CABALLERO Y OTROS
Ejecutado: NACIÓN - FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN
Medio de control: EJECUTIVO - APELACIÓN DE SENTENCIA
Asunto: CAUSACIÓN DE INTERESES MORATORIOS DE
MONTOS RECONOCIDOS COMO DEUDA PÚBLICA
Síntesis del caso: la parte ejecutante pretende el pago de la deuda contenida en un
acuerdo conciliatorio y aunque la entidad ejecutada pagó no incluyó todos los intereses
moratorios causados, pues, en su entender, los montos reconocidos como deuda pública
no están sujetos a esa penalidad.
Decide la Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte ejecutada
en contra de la sentencia proferida en audiencia del 27 de febrero de 2024 por el
Tribunal Administrativo de Norte de Santander (índice 38 SAMAI de la primera
instancia) mediante la cual se dispuso lo siguiente:
“PRIMERO: DECLÁRASE de oficio probada parcialmente la excepción
de pago de la obligación, conforme con lo expuesto en la parte motiva
de esta providencia.
SEGUNDO: Seguir adelante con la ejecución en contra de la Nación -
Fiscalía General de la Nación por la suma de VEINTICINCO MILLONES
CIENTO CUARENTA Y UN MIL QUINIENTOS UN PESOS MCTE.
($25.141.501), de conformidad con la liquidación del crédito realizada
por la Corporación, advirtiendo que deberán realizarse los descuentos
de ley, retención en la fuente, de acuerdo a lo dispuesto en los artículos
45, 368, 368-1 y 368-2 del Estatuto Tributario.
TERCERO: REQUERIR a las partes para que alleguen la liquidación del
crédito de conformidad con lo previsto en el artículo 446 del Código
General del Proceso. Se advierte que para los intereses moratorios se
deberá tener en cuenta lo indicado en la parte motiva de la presente
decisión, liquidándose estos por los siguientes períodos:
a) Desde la ejecutoria de la sentencia (03 de noviembre del 2015) hasta
el vencimiento de los seis meses siguientes (03 de mayo de 2016).
b) Desde la fecha de radicación de la solicitud de pago de la sentencia
(13 de mayo de 2016) hasta que se realice el pago total de la obligación.
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Expediente: 54001-23-33-000-2020-00502-01 (70.996)
Ejecutante: Lisayda Páez Caballero y otros
Ejecutivo
Apelación de sentencia
CUARTO: CONDENAR en costas a la Nación - Fiscalía General de la
Nación a y a favor de la parte accionante, conforme a lo expuesto en la
parte motiva.
En consecuencia, en aplicación del numeral 2 del artículo 365 de la Ley
1437 de 2011 y del Acuerdo no. PSAA16-10554 del 05 de agosto de
2016, expedido por el Consejo Superior de la Judicatura, fijar como
agencias en derecho el valor equivalente al 1% del valor del pago que
resulte luego de realizada la liquidación del crédito.” (índice 38 SAMAI
de la primera instancia - negrillas y mayúsculas sostenidas del original).
I. ANTECEDENTES
1. La demanda
Mediante escrito radicado el 23 de julio de 20201, la señora Lisayda Páez
Caballero y otros presentaron demanda ejecutiva2 a continuación del proceso de
reparación directa con radicación número 2008-00505 en contra de la Nación -
Fiscalía General de la Nación, con las siguientes súplicas:
“1. Se libre MANDAMIENTO EJECUTIVO a favor de LISAYDA PÁEZ
CABALLERO, JENNIFER CAMILA CAROLAY GALVIS PÁEZ, EDGAR
CULMAN STHIK GALVIS PÁEZ, MAIKOL STIVEN GALVIS MENDOZA,
LUIS ANTONIO GALVIS PEDROZA, MARÍA DEL ROSARIO BAUTISTA
PEÑALOZA hoy DE GALVIS, LUIS ORLANDO GALVIS BAUTISTA,
NELSON GALVIS BAUTISTA, ALEISER GALVIS BAUTISTA,
ALEXANDER GALVIS BAUTISTA, MARIA ISABEL GALVIS BAUTISTA,
MARÍA EVA GALVIS PEDRAZA, TELESFORO GALVIS PEDROZA,
HERNANDO GALVIS PEDROZA, TOMAS ARTURO GALVIS
PEDROZA, JOSE JOVANNY GALVIS PEDROZA, MARÍA ISABEL
GALVIS PEDROZA, DORIS AMINTA GALVIS PEDROZA, en contra de
la FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, por la suma total de
DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS
DIECINUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS CON
CATORCE CENTAVOS ($257.519.757,14), que se discrimina para cada
uno de los ejecutantes, así: [sigue tabla con discriminación de los
valores solicitados para cada uno de los demandantes].
2. Por INTERESES MORATORIOS según el art. 177 del CCA, desde el
3 de noviembre del 2015 hasta que se cancele la totalidad de la
obligación.
3. Se condene a la parte demandada a pagar las costas, gastos del
proceso y las agencias en derecho.” (índice 4 SAMAI de la primera
instancia - mayúsculas sostenidas del original).
1 2_ED_001CARATULA20200 en índice 23 SAMAI de la primera instancia.
2 3_ED_002DEMANDA202000 en índice 23 SAMAI de la primera instancia.
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Ejecutante: Lisayda Páez Caballero y otros
Ejecutivo
Apelación de sentencia
2. Hechos
Como fundamento fáctico de las pretensiones la parte demandante expuso, en
síntesis, lo siguiente:
1) Mediante sentencia proferida el 18 de julio de 2014 por el Tribunal
Administrativo de Norte de Santander en el proceso de reparación directa con
radicación número 2008-00505, se condenó a la Nación -a Fiscalía General de la
Nación por la privación injusta de la libertad del señor Édgar Galvis Bautista a
pagar 560 salarios mínimos legales mensuales por perjuicios morales y
$8.101.700 por perjuicios materiales.
2) El 30 de abril de 2015, el tribunal aprobó el acuerdo conciliatorio logrado entre
las partes, decisión que quedó ejecutoriada el 3 de noviembre de 2015.
3) El 14 de abril de 2016, la parte actora del proceso de reparación directa solicitó
el pago de la condena entidad ahora ejecutada.
3. El mandamiento de pago
El 15 de febrero de 20213, el Tribunal Administrativo de Norte de Santander libró
mandamiento de pago, aclarado por auto del 1 de marzo del mismo año4, en los
siguientes términos:
“PRIMERO: LIBRAR MANDAMIENTO DE PAGO a favor de la parte
demandante, y en contra de la Nación - Fiscalía General de la Nación,
por las siguientes sumas de dinero:
• Doscientos cincuenta y siete millones quinientos diecinueve mil
setecientos cincuenta y siete pesos, con catorce centavos
($257.519.757,14) por concepto de capital, de la siguiente manera:
[sigue tabla con discriminación de los valores librados en favor de cada
uno de los demandantes].
• Por los intereses moratorios para el 3 de noviembre de 2015, cuando
quedó ejecutoriada la sentencia hasta que se haga efectivo el pago.
Las anteriores sumas, deberán ser canceladas dentro del término de
cinco (5) días a partir de la notificación personal del presente proveído,
de conformidad con lo establecido en el artículo 431 del CGP.” (índice
3 13_ED_012AUTOLIBRAMAND en índice 23 SAMAI de la primera instancia.
4 18_ED_017AUTODETERMINA en índice 23 SAMAI de la primera instancia.
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Ejecutante: Lisayda Páez Caballero y otros
Ejecutivo
Apelación de sentencia
23 SAMAI de la primera instancia - negrillas y mayúsculas sostenidas
del original).
4. Las excepciones propuestas
La Nación - Fiscalía General de la Nación5, en el término para proponer
excepciones y con fundamento en el artículo 425 del Código General del Proceso
(CGP) solicitó la regulación de los intereses moratorios porque la solicitud de pago
presentada el 14 de abril de 2016 por la parte actora estaba incompleta, situación
que solo se corrigió hasta el 13 de mayo siguiente, en consecuencia, como los
actores tenían hasta el 3 de mayo de 2016 –vencimiento del plazo de seis (6)
meses previsto en el artículo 177 del Código Contencioso Administrativo (CCA)–
para requerir el pago ante la entidad demandada, cesó la causación de intereses
entre el 4 de mayo de 2016 y el 12 de mayo siguiente.
5. Sentencia de primera instancia
El Tribunal Administrativo de Norte de Santander, en sentencia dictada en
audiencia del 27 de febrero de 2024 ordenó seguir adelante con la ejecución
(índice 38 SAMAI de la primera instancia) con los siguientes fundamentos:
1) El artículo 442 del CGP solo permite proponer las excepciones de pago,
compensación, confusión, novación, remisión, prescripción o transacción frente a
títulos conformados por providencias que conllevan ejecución y, aunque la entidad
ejecutada no propuso ninguna de esas, lo cierto es que durante el trámite del
proceso se allegaron los soportes de pago parcial de la obligación, lo cual permite
declarar de forma oficiosa dicha excepción.
2) En efecto, el 20 de septiembre de 2022 la autoridad ejecutada pagó
$697.134.537; sin embargo, el cálculo de la deuda se hizo con corte al 30 de junio
de ese mismo año, por lo tanto, la entidad demandada aún debe $25.141.501; no
obstante, no está obligada a reconocer intereses entre el 4 de mayo de 2016 y el
12 de mayo siguiente porque los actores reclamaron el pago por fuera de los seis
(6) meses previstos en el artículo 177 del CCA.
5 37_ED_036CONTESTACIONDEMAN en índice 23 SAMAI de la primera instancia.
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Expediente: 54001-23-33-000-2020-00502-01 (70.996)
Ejecutante: Lisayda Páez Caballero y otros
Ejecutivo
Apelación de sentencia
6. Recurso de apelación
La entidad estatal ejecutada manifestó su inconformidad (minuto 1.29.07 de
audiencia en índice 37 SAMAI de la primera instancia), porque el monto de la
condena fue reconocido como deuda pública según lo dispuesto en el artículo 53
de la Ley 1955 de 2019, a través de la Resolución número 1822 del 15 de julio de
2022 expedida por la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional del
Ministerio de Hacienda y Crédito Público, por lo tanto, la entidad podía pagar sin
reconocimiento de intereses adicionales hasta el 30 de septiembre de 2022 de
conformidad con lo previsto en el artículo 16 del Decreto 1435 de 2022.
7. Actuación surtida en segunda instancia
Por auto del 7 de julio de 2023 (índice 4 SAMAI) se admitió el recurso de
apelación y no se decretaron pruebas en segunda instancia, el agente del
Ministerio Público guardó silencio.
II. CONSIDERACIONES
Cumplidos los trámites propios del proceso, sin que exista causal alguna de
nulidad que invalide lo actuado, la Sala procede a resolver el asunto sometido a
consideración con el siguiente derrotero: 1) objeto de la controversia y anuncio de
la decisión, 2) el caso concreto: la caducidad del medio de control judicial y, 3)
condena en costas.
1. Objeto de la controversia y anuncio de la decisión
Presentada la demanda oportunamente7, le corresponde determinar a la Sala,
conforme a la apelación de la parte demandante, si se debe revocar la decisión de
primera instancia porque, a juicio del impugnante, cubrió el total de la deuda con el
pago hecho a la parte ejecutante, pues, la entidad estatal no estaba obligada a
6 “El pago de las sentencias o conciliaciones debidamente ejecutoriadas que se encontraban en
mora en su pago al 25 de mayo de 2019 y que al 31 de agosto de 2022 hayan sido reconocidas
como deuda pública por la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio
de Hacienda y Crédito Público en los términos del artículo 12 del presente decreto [se refiere al
Decreto 642 de 2020], deberá realizarse a más tardar el 30 de septiembre de 2022.”.
7 Las pretensiones son oportunas, porque la decisión por la cual el tribunal aprobó el acuerdo
conciliatorio quedó ejecutoriada el 3 de noviembre de 2015 y la demanda ejecutiva se radicó el 23
de julio de 2020 (índice 23 SAMAI de la primera instancia).
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Expediente: 54001-23-33-000-2020-00502-01 (70.996)
Ejecutante: Lisayda Páez Caballero y otros
Ejecutivo
Apelación de sentencia
reconocer intereses moratorios luego de que el monto objeto de cobro fue
reconocido como deuda pública.
La Sala confirmará el fallo impugnado, porque las razones de apelación no
permiten concluir algo distinto a lo expuesto y decidido por el tribunal.
2. El caso concreto
1) La parte apelante sostiene que no estaba obligado a calcular a reconocer
intereses sobre los montos reconocidos como deuda pública siempre que se
pagara el monto antes del 30 de septiembre de 2022, la entidad estatal en este
caso pagó el 20 de septiembre anterior.
2) Sin embargo, ninguna de las disposiciones citadas en la impugnación prevén
una eximente en ese sentido, por el contrario, el artículo 53 de la Ley 1955 de
2019 establece, claramente, que “la Nación podrá reconocer como deuda pública
las obligaciones de pago originadas en sentencias o conciliaciones debidamente
ejecutoriadas y los intereses derivados de las mismas”, lo cual deja en evidencia
que el reconocimiento de intereses está explícitamente previsto en la norma legal
que regula la materia objeto de la controversia.
3) Adicionalmente, cuando el artículo 1 del Decreto 1435 de 2022 prevé que “el
pago de las sentencias o conciliaciones debidamente ejecutoriadas que (…) hayan
sido reconocidas como deuda pública (…) deberá realizarse a más tardar el 30 de
septiembre de 2022”, no puede interpretarse como una prohibición para el
reconocimiento de intereses, pues, su propósito tan solo fue determinar una fecha
cierta para que las entidades obligadas realizaran los respectivos desembolsos en
orden a garantizar que los pagos se hiciera oportuna y eficientemente.
4) Por lo anterior, aunque la entidad ejecutada efectuó el pago con fundamento en
unas precisas disposiciones presupuestales lo cierto es que ello no la exime de
cubrir el total de la deuda –capital e intereses–, tal como lo indicó la Sala en
anterior oportunidad en los siguientes términos:
“[E]l pago, aun cuando se efectúe mediante el procedimiento
administrativo contenido en la normativa referida en el recurso de
apelación [se refiere a la Ley 1955 de 2019 y los Decretos 642 de 2020,
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Expediente: 54001-23-33-000-2020-00502-01 (70.996)
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Ejecutivo
Apelación de sentencia
960 de 2021, 1435 de 2022 y 2442 de 2022], debe ser completo, es
decir, debe incluir el capital adeudado y los intereses moratorios
correspondientes, los cuales, vale la pena recordar, operan por
disposición de la ley y se causan desde que se hace exigible la
obligación hasta que esta se satisface totalmente.”8 (negrillas
adicionales).
5) Así las cosas, la entidad estatal ejecutada no podía eximirse del reconocimiento
de intereses moratorios aunque los recursos empleados para el pago provinieran
de un reconocimiento como deuda pública del valor del acuerdo conciliatorio
objeto de cobro en el presente asunto.
3. Condena en costas
En los términos del artículo 365 (numeral 3) del CGP, como se desestimó el
recurso de apelación de la parte demandante esta asumirá las costas procesales
de la segunda instancia, las cuales deberán ser liquidadas en forma concentrada
por el tribunal de primera instancia de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 365 y 366 del CGP, incluidas las agencias en derecho.
En mérito de lo expuesto, el CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN B,
administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
FALLA:
1º) Confírmase la sentencia proferida en audiencia del 27 de febrero de 2024
proferida por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander.
2º) Condénase en costas de la segunda instancia a la Nación - Fiscalía General
de la Nación en favor la señora Lisayda Páez Caballero y otros (parte
demandante), tásense de manera concentrada por el tribunal de primera
instancia, incluidas las agencias en derecho.
8Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 12 de abril de 2024, exp.
69.937, CP Alberto Montaña Plata.
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Expediente: 54001-23-33-000-2020-00502-01 (70.996)
Ejecutante: Lisayda Páez Caballero y otros
Ejecutivo
Apelación de sentencia
3º) Ejecutoriada la presente sentencia, por la secretaría devuélvase el expediente
al tribunal de origen para lo su cargo, previas las correspondientes constancias
secretariales de rigor.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
ALBERTO MONTAÑA PLATA
Presidente de la Sala
(Firmado electrónicamente)
FREDY IBARRA MARTÍNEZ MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ
Magistrado Magistrado
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
Constancia: la presente providencia fue firmada electrónicamente por los magistrados en
la plataforma SAMAI, en consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta de conformidad con el artículo 2 de la Ley 2213 de
2022.
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