Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 20001-23-31-000-2005-02540-02
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 20001-23-31-000-2005-02540-02
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 20001-23-31-000-2005-02540-02
Consejero ponente: Fredy Hernando Ibarra Martínez
18 de julio de 2025
REPÚBLICA DE COLOMBIA
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN B
Bogotá DC, dieciocho (18) de julio de dos mil veinticinco (2025).
Magistrado Ponente (E): FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Expediente: 20001-23-31-000-2005-02540-02 (72.149)
Ejecutante: CARLOS ALBERTO JÁCOME FARELO Y
OTROS
Ejecutado: NACIÓN – FISCALÍA GENERAL DE LA
NACIÓN Y OTRO
Medio de control: EJECUTIVO - APELACIÓN DE SENTENCIA
Asunto: PAGO TOTAL DE LA OBLIGACIÓN – FALTA DE
PRUEBA DEL PAGO DE LOS INTERESES
MORATORIOS
Síntesis del caso: la parte ejecutada pretende que se declare la excepción de pago total de
la obligación, sin embargo, no probó el pago íntegro de los intereses moratorios causados
entre la ejecutoria de la sentencia y la fecha efectiva de pago, por lo cual no está
demostrado que se pagó el saldo pendiente.
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte ejecutada en contra
de la sentencia dictada en audiencia del 4 de septiembre de 2024 por el Tribunal
Administrativo del Cesar (índice 78 SAMAI) mediante la cual se dispuso lo siguiente:
“PRIMERO: Declarar probada la excepción de pago parcial de la
obligación, en atención a las razones expuestas, y en consecuencia se
dispone:
SEGUNDO: Ordénase seguir adelante con la ejecución por la cantidad
totalizada de $8.407.995,12, que corresponde al saldo de capital pendiente
de pago, en favor de los demandantes WILSON JÁCOME FARELO,
ROBINSON JÁCOME FARELO, MILADYS JÁCOME FARELO, JOSÉ DE
JESÚS JÁCOME FARELO, FERNANDO JÁCOME FARELO, HUBER
JÁCOME FARELO, MARTHA LUCÍA JÁCOME FARELO, CARLOS
ALBERTO JÁCOME FARELO y EDITH HIMERA JÁCOME FARELO, en
las proporciones indicadas en el siguiente cuadro:
VALOR DEL CAPITAL
PENDIENTE DE CANCELAR
BENEFICIARIO
DESPUÉS DE LOS PAGOS Y/O
ABONOS
WILSON JÁCOME
$ 934.221,68
FARELO Hermano
ROBINSON JÁCOME
$ 934.221,68
FARELO Hermano
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Expediente: 20001-23-31-000-2005-02540-02 (72.149)
Ejecutante: Carlos Alberto Jácome Farelo y otros
Ejecutivo
Apelación de sentencia
VALOR DEL CAPITAL
PENDIENTE DE CANCELAR
BENEFICIARIO
DESPUÉS DE LOS PAGOS Y/O
ABONOS
MILADYS JÁCOME
$ 934.221,68
FARELO Hermano
JOSÉ DE JESÚS
JÁCOME FARELO $ 934.221,68
Hermano
FERNANDO JÁCOME
$ 934.221,68
FARELO Hermano
HUBER JÁCOME
$ 934.221,68
FARELO Hermano
MARTHA LUCÍA
JÁCOME FARELO $ 934.221,68
Hermano
CARLOS ALBERTO
JÁCOME FARELO $ 934.221,68
Hermano
EDITH JÁCOME
$ 934.221,68
FARELO Hermana
TOTAL $ 8.407.995,12
TERCERO: Practíquese la liquidación del crédito, de conformidad con lo
establecido en el artículo 446 del Código General del Proceso, la cual podrá
ser presentada por cualquiera de las partes.
CUARTO: Sin condena en costas según lo previsto en el artículo 365
numeral 5 del Código General del Proceso.
Esta providencia queda notificada en estrados de acuerdo con lo previsto en
el artículo 294 del C.G.P.” (índice 78 SAMAI – mayúsculas y negrillas
sostenidas del original).
I. ANTECEDENTES
1. La demanda
1) Mediante escrito radicado el 23 de agosto de 2021 (índice 18 SAMAI primera
instancia), el señor Wilson Jácome Farelo y su grupo familiar presentaron demanda
ejecutiva en contra de la Nación – Rama Judicial con las siguientes súplicas:
“ADEL TOLOZA PALOMINO, abogado conocido en el asunto de la
referencia como apoderado judicial de los demandantes, ante usted con
mi acostumbrado respeto, por medio del presente escrito le solicito librar
mandamiento ejecutivo en contra de LA NACIÓN - RAMA JUDICIAL y la
FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, entidades de derecho público del
orden nacional, con personería jurídica, patrimonio propio y autonomía
administrativa y presupuestal, representadas legalmente por el Director
Ejecutivo de Administración Judicial, el doctor JOSÉ MAURICIO
CUESTAS GÓMEZ, y el Fiscal General de la Nación, el doctor
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Expediente: 20001-23-31-000-2005-02540-02 (72.149)
Ejecutante: Carlos Alberto Jácome Farelo y otros
Ejecutivo
Apelación de sentencia
FRANCISCO ROBERTO BARBOSA DELGADO, respectivamente,
ambos mayores de edad, vecinos y domiciliados en la ciudad de Bogotá
D.C., o por quien hagan sus veces, a continuación de la sentencia
proferida en este proceso; para el cumplimiento de las obligaciones
dinerarias contenidas en los fallos judiciales que sirven de título.
S.M.L.M. P. P. VALOR
BENEFICIARIO
(2017) MORALES MATERIALES TOTAL
MILTON JÁCOME
70 51.640.190 184.762.568,49 236.402.758,49
FARELO
NYDIAN
RODRÍGUEZ 35 25.820.095 — 25.820.095
CORONEL
MILTON R.
JÁCOME 35 25.820.095 — 25.820.095
RODRÍGUEZ
EDITH HIMERA
20 14.754.340 — 14.754.340
JÁCOME FARELO
WILSON JÁCOME
20 14.754.340 — 14.754.340
FARELO
ROBINSON
20 14.754.340 — 14.754.340
JÁCOME FARELO
MILADYS
20 14.754.340 — 14.754.340
JÁCOME FARELO
JOSÉ DE JESÚS
20 14.754.340 — 14.754.340
JÁCOME FARELO
FERNANDO
20 14.754.340 — 14.754.340
JÁCOME FARELO
HUBER JÁCOME
20 14.754.340 — 14.754.340
FARELO
MARTHA LUCÍA
20 14.754.340 — 14.754.340
JÁCOME FARELO
CARLOS
ALBERTO 20 14.754.340 — 14.754.340
JÁCOME FARELO
MYRIAM JÁCOME
20 14.754.340 — 14.754.340
FARELO
TOTAL
340 250.823.780 184.762.568,49 435.586.348,49
PERJUICIOS
2. Por la suma de QUINIENTOS VEINTINUEVE MILLONES
NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA
Y DOS PESOS MONEDA LEGAL ($529.934.352), por concepto de
intereses de mora que devengan las anteriores sumas de dinero, desde
cuando la obligación se hizo exigible, es decir, a partir de la ejecutoria de
la sentencia que sirve de título ejecutivo, esto es, desde el día 10 de marzo
de 2017 hasta la fecha de presentación de esta demanda (día 30 de mayo
de 2021), conforme a la liquidación que se adjunta.
3. Por los intereses moratorios que se sigan causando en el trámite de este
proceso a partir de la presentación de esta demanda.
4. Por las costas, incluidas las agencias en derecho a que haya lugar.”
(índice 62 SAMAI - negrillas y mayúsculas fijas del original).
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Expediente: 20001-23-31-000-2005-02540-02 (72.149)
Ejecutante: Carlos Alberto Jácome Farelo y otros
Ejecutivo
Apelación de sentencia
2. Hechos
Como fundamento fáctico de las pretensiones la parte actora expuso, en síntesis, lo
siguiente:
1) El señor Milton Jácome Farelo y su grupo familiar iniciaron una acción de
reparación directa contra la Fiscalía General de la Nación y la Rama Judicial, en la
cual solicitaron la indemnización por los perjuicios materiales y morales derivados
de la privación injusta de la libertad que sufrió el señor Milton Jácome Farelo, quien
estuvo en detención domiciliaria por orden de la Fiscalía y del Juzgado Penal del
Circuito de Aguachica.
2) Al momento de la privación de la libertad, el demandante Milton Jácome Farelo
se desempeñaba como personero municipal y no pudo seguir ejerciendo el cargo
debido a la medida de aseguramiento.
2) En sentencia del 22 de julio de 2010, el Tribunal Administrativo del Cesar declaró
patrimonialmente responsable a las demandadas por los perjuicios ocasionados a
los actores y ordenó el pago de (i) perjuicios morales, cuantificados en la suma de
setenta salarios mínimos legales mensuales vigentes (70 SMLMV) en favor de
Milton Jácome Farelo; (ii) treinta y cinco salarios mínimos legales mensuales
vigentes (35 SMLMV) en favor de Nydian Rodríguez Coronel y Milton Ramón
Jácome Rodríguez, en sus condiciones de esposa e hijo, y veinte salarios mínimos
legales mensuales vigentes (20 SMLMV) en favor de Edith Himera, Wilson,
Róbinson, Miladys, José de Jesús, Fernando, Húber, Martha Lucía, Carlos Alberto
y Myriam Jácome Farelo, en su condición de hermanos, y (iii) perjuicios materiales,
en la modalidad de lucro cesante por valor de ciento cuarenta y cinco millones
doscientos noventa y dos mil setecientos setenta y siete pesos con ochenta
centavos ($145.292.777,80) en favor de Milton Jácome Farelo.
3) El Consejo de Estado, por medio de sentencia del 5 de diciembre de 2016, con
ocasión de resolver el recurso de apelación interpuesto por la Fiscalía General de
la Nación, modificó el ordinal tercero de la parte resolutiva del fallo de primera
instancia y actualizó la condena por perjuicios materiales, pero mantuvo la
declaración de responsabilidad patrimonial del Estado; en esa decisión ordenó el
pago de (i) los mismos montos y beneficiarios establecidos en primera instancia por
perjuicios morales y, (ii) en favor de Milton Jácome Farelo la suma de ciento ochenta
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Expediente: 20001-23-31-000-2005-02540-02 (72.149)
Ejecutante: Carlos Alberto Jácome Farelo y otros
Ejecutivo
Apelación de sentencia
y cuatro millones setecientos sesenta y dos mil quinientos sesenta y ocho pesos
con cuarenta y nueve centavos ($184.762.568,49) por lucro cesante, en los
siguientes términos:
“PRIMERO.- NIÉGASE las excepciones propuestas por las entidades
demandadas.
SEGUNDO.- DECLÁRASE a la Nación (Fiscalía General de la Nación-
Rama Judicial), administrativa y patrimonialmente responsable por los
perjuicios ocasionados a los actores como resultado de la privación
injusta de la libertad de que fue obeto el señor MILTON JÁCOME
FARELO.
TERCERO: Como consecuencia de la anterior declaración,
CONDÉNASE solidariamente a la Nación (Fiscalía General de la Nación-
Rama Judicial), a pagar las siguientes sumas de dinero:
POR CONCEPTO DE PERJUICIOS MORALES:
A MILTON JÁCOME FARELO (víctima), el equivalente a setenta (70)
salarios mínimos legales mensuales vigentes a la fecha de ejecutoria de
esta providencia.
A NYDIAN RODRÍGUEZ CORONEL y MILTON RAMÓN JÁCOME
RODRÍGUEZ, en su condición de esposa e hijo de la víctima,
respectivamente, el equivalente a treinta y cinco (35) salarios mínimos
legales mensuales vigentes a la fecha de esa providencia, para cada uno.
A EDITH HIMERA, WILSON, ROBINSON, MILADYS, JOSÉ DE JESÚS,
FERNANDO, HUBER, MARTHA LUCÍA, CARLOS ALBERTO Y MYRIAM
JÁCOME FARELO, en su condición de hermanos de la víctima, el
equivalente a vente (20) salarios mínimos legales mensuales vigentes a
la fecha de ejecutoria de esta providencia, para cada uno.
POR CONCEPTO DE PERJUICIOS MATERIALES, en la modalidad de
lucro cesante, la suma de ciento ochenta y cuatro millones setecientos
sesenta y dos mil quinientos sesenta y ocho pesos con cuarenta y nueve
centavos ($184.762.568,49), a favor de MILTON JÁCOME FARELO
(víctima).
CUARTO: NIÉGANSE las demás pretensiones de la demanda.
QUINTO: Sin costas.
SEXTO: Para el cumplimiento de la sentencia se observarán los artículos
176, 177 y 178 del C.C.A.”. (índice 70 SAMAI – mayúsculas y fijas del
original).
4) La sentencia quedó ejecutoriada el 9 de marzo de 2017, según consta en la
certificación anexa a la solicitud de ejecución (índice 70 SAMAI); sin embargo, a la
fecha de presentación de la demanda ejecutiva ni la Fiscalía General de la Nación
ni la Rama Judicial han dado cumplimiento a las referidas órdenes judiciales.
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Expediente: 20001-23-31-000-2005-02540-02 (72.149)
Ejecutante: Carlos Alberto Jácome Farelo y otros
Ejecutivo
Apelación de sentencia
3. El mandamiento de pago
El 7 de marzo de 2024, el Tribunal Administrativo del Cesar libró mandamiento de
pago en favor de Milton Jácome Farelo y su grupo familiar (índice 01 SAMAI), para
ello, ordenó a la Nación – Rama Judicial – Consejo Superior de la Judicatura –
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y a la Fiscalía General de la Nación
pagarles las sumas reconocidas en la sentencia de segunda instancia, incluidas las
correspondientes a perjuicios morales y materiales, y en particular, dispuso el
reconocimiento de intereses moratorios calculados con base en el artículo 177 del
Código Contencioso Administrativo, desde la fecha de ejecutoria de la sentencia,
esto es, el 9 de marzo de 2017, y hasta el momento en que se efectúe el pago total
de la obligación, con el siguiente fundamento:
a) La sentencia proferida por el Consejo de Estado el 5 de diciembre de 2016 impuso
a la Rama Judicial y a la Fiscalía General de la Nación la obligación de pagar
perjuicios morales y materiales derivados de la privación injusta de la libertad del
señor Milton Jácome Farelo.
b) Dicha providencia, que quedó debidamente ejecutoriada el 9 de marzo de 2017,
constituye título ejecutivo conforme a lo dispuesto en el artículo 297 del CPACA en
tanto contiene una condena clara, expresa y exigible, impuesta por una autoridad
judicial competente.
c) Se cumplen los requisitos del artículo 306 del Código General del Proceso, norma
que permite al juez que profirió la sentencia adelantar su ejecución dentro del mismo
expediente sin necesidad de la presentación de una nueva demanda.
d) La condena es exigible, pues, para la fecha de presentación de la demanda, había
transcurrido el plazo legal de dieciocho meses establecido por el artículo 177 del
CCA.
e) Verificado que las entidades obligadas no han cumplido voluntariamente la
condena dineraria, procede ordenar el pago de las sumas liquidadas junto con los
intereses moratorios desde la fecha de exigibilidad hasta el pago efectivo.
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Expediente: 20001-23-31-000-2005-02540-02 (72.149)
Ejecutante: Carlos Alberto Jácome Farelo y otros
Ejecutivo
Apelación de sentencia
4. La excepción propuesta
La Fiscalía General de la Nación se opuso a las pretensiones de la demanda y
propuso la excepción de pago total de la obligación (índice 43 SAMAI primera
instancia), con los siguientes argumentos:
1) La Nación – Rama Judicial ya efectuó el pago total de la obligación derivada de
la sentencia de reparación directa, como se acreditó con las Resoluciones números
0238 del 16 de febrero de 2022 y 0757 del 18 de mayo de 2022; ambas fueron
expedidas por la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y se sustentan en el
hecho de que la Rama Judicial fue la primera en recibir la radicación de la sentencia
solidaria, y asumió por tanto el ciento por ciento (100%) del pago de la condena;
esta actuación se formalizó mediante acuerdos de pago con los beneficiarios; al
respecto, manifestó expresamente lo siguiente:
“Mediante Resolución No. 02,38 del 16 de febrero de 2022 y Resolución
No. 0757 del 18 de mayo de 2022, la DIRECCIÓN EJECUTIVA DE
ADMINISTRACIÓN JUDICIAL reconoció y ordenó el pago de la suma de
TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS
SESENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS
($382.767.686) y TRESCIENTOS DOS MILLONES TRESCIENTOS
TREINTA Y SIETE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS
($302.337.783), a favor de MILTON JÁCOME FARELO Y OTROS, en
cumplimiento de la sentencia del 22 de julio de 2010 proferida por el
Tribunal Administrativo del Cesar y modificada mediante fallo del 5 de
diciembre de 2016 del H. Consejo de Estado, ejecutoriada el 9 de marzo
de 2017; suma pagada mediante abono en cuenta bancaria, por la División
de Tesorería de la Subdirección Financiera de la Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial, previo los descuentos de ley (retención en la
fuente), conforme a lo dispuesto en el Artículo Segundo de la mencionada
resolución”. (fl. 2 del texto de la contestación de la demanda – negrillas y
mayúsculas del original).
2) Por el hecho de haberse realizado el pago íntegro de la obligación, antes de que
se profiriera el mandamiento ejecutivo y sin que mediara orden de apremio, se
produjo el fenómeno jurídico del pago total de la obligación, pues, “de acuerdo con
lo preceptuado en el artículo 1626 del Código Civil: "El pago efectivo es la prestación
de lo que se debe", es decir, se realizó el pago efectivo de lo que se debía; ya como
se había indicado antes, la suma de dinero ordenada pagar en la Resolución No.
0238 de 16 de febrero de 2022 y Resolución No. 0757 del 18 de mayo de 2022 se
ejecutó a través de abonos en cuenta a cada uno de los beneficiarios, estando
pagadas; en segundo lugar, de acuerdo con el artículo 1627 del Código Civil, el
pago se hizo incluyendo todos los aspectos de conformidad y al tenor de la
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Expediente: 20001-23-31-000-2005-02540-02 (72.149)
Ejecutante: Carlos Alberto Jácome Farelo y otros
Ejecutivo
Apelación de sentencia
obligación, es decir, por concepto de capital (perjuicios de carácter moral y perjuicios
materiales de lucro cesante) e intereses moratorios, de conformidad a lo ordenado
en la sentencia del 22 de julio de 2010 proferida por el Tribunal Administrativo de
Cesar y modificada mediante fallo del 5 de diciembre de 2016 del H. Consejo de
Estado, ejecutoriada el 9 de marzo de 2017; en tercer lugar, tal como lo ordena el
artículo 1634 del Código Civil: "Para que el pago sea válido, debe hacerse o al
acreedor mismo (bajo cuyo nombre se entienden todos los que le hayan sucedido
en el crédito, aún a título singular), o a la persona que la ley o el juez autoricen a
recibir por él, o a la persona diputada por el acreedor para el cobro (...)". (índice 43
SAMAI primera instancia).
5. Sentencia de primera instancia
El Tribunal Administrativo del Cesar, en fallo dictado en audiencia del 4 de
septiembre de 2024, declaró probada la excepción de pago parcial de la obligación
y ordenó seguir adelante con la ejecución (índice 78 SAMAI) con el siguiente
razonamiento:
1) La apoderada de la Fiscalía General de la Nación propuso la excepción de mérito
de pago total, para ello argumentó que (i) la obligación derivada de la condena
impuesta en el proceso ordinario de reparación directa fue cancelada
completamente mediante las Resoluciones números 0238 del 16 de febrero de 2022
y 0757 del 18 de mayo de 2022 expedidas por la Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial, y (ii) las resoluciones mencionadas fueron efectivamente
expedidas para dar cumplimiento a la sentencia del 22 de julio de 2010, modificada
por la providencia del Consejo de Estado del 5 de diciembre de 2016, mediante la
cual se condenó a la Rama Judicial y a la Fiscalía General de la Nación al pago de
perjuicios morales y materiales en favor de Milton Jácome Farelo y otros.
2) Con base en esas pruebas y en cumplimiento del deber de verificación, la Sala
(i) ordenó al profesional de contaduría del Tribunal Administrativo del Cesar calcular
el valor del capital e intereses ordenados en la sentencia, así también como el valor
efectivamente abonado por las entidades condenadas con el fin de establecer si
existía o no un saldo pendiente; (ii) la liquidación practicada demostró que las sumas
desembolsadas mediante las Resoluciones números 0238 y 0757 no cubrieron la
totalidad de la condena ya que, subsiste un saldo en favor de los demandantes por
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Expediente: 20001-23-31-000-2005-02540-02 (72.149)
Ejecutante: Carlos Alberto Jácome Farelo y otros
Ejecutivo
Apelación de sentencia
valor de ocho millones cuatrocientos siete mil novecientos noventa y cinco pesos
con doce centavos ($8.407.995,12) por concepto de capital, el cual no fue satisfecho
por las entidades ejecutadas; en consecuencia, (iii) no se configuró el pago total de
la obligación, sino únicamente un pago parcial, por lo cual solo debía entenderse
por probada dicha excepción en forma parcial y era necesario continuar la ejecución
únicamente respecto del saldo pendiente; en la sentencia de primera instancia el
tribunal presentó el siguiente argumento:
“Con miras a establecer si el pago realizado a los demandantes con
ocasión a las mencionadas resoluciones cubrió totalmente la
obligación generada por la condena impuesta en el proceso ordinario,
la Sala, con apoyo del profesional de la contaduría adscrito a este
Tribunal, hizo tal verificación y realizó la liquidación de los perjuicios
morales y materiales contenidos en el documento base de la orden de
compulsiva, partiendo de la fecha de su ejecutoria. Se determina en
primera medida el capital adeudado; seguidamente se calculan los
intereses y también procede a descontar los pagos realizados por la
parte demandada, habida cuenta de que dichos pagos quedan
plenamente demostrados en el proceso. De allí se concluye que, con
las sumas acreditadas, no se canceló la totalidad de lo adeudado (…).
Así las cosas, como los pagos efectuados por la Nación - Rama
Judicial - Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, como
consecuencia de la Resolución Nº 0757 de 18 de mayo de 2022, no
cubrieron totalmente la obligación generada por la condena
impuesta en el aludido proceso ordinario, se declarará probada la
excepción de pago parcial de la obligación, para continuar la
ejecución por el saldo de capital pendiente de pago en favor de
cada uno de los ejecutantes, según el cuadro acabado de
relacionar en esta sentencia, suma que se totaliza en la cantidad
de $8.407.995,12.
En este sentido, se ordenará seguir adelante con la ejecución respecto
de los demandantes WILSON JÁCOME FARELO, RÓBINSON
JÁCOME FARELO, MILADYS JÁCOME FARELO, JOSÉ DE JESÚS
JÁCOME FARELO, FERNANDO JÁCOME FARELO, HUBER JÁCOME
FARELO, MARTHA LUCÍA JÁCOME FARELO, CARLOS ALBERTO
JÁCOME FARELO y EDITH HIMERA JÁCOME FARELO, por la suma
de $8.407.995,12, en las proporciones indicadas en el cuadro
anteriormente aludido” (fls. 7 y 8 del texto de la sentencia – mayúsculas
del texto original y resaltado de la Sala).
6. Recurso de apelación
La Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial presenta recurso de
apelación contra el fallo de primera instancia (índice 02 SAMAI segunda instancia)
y pide que se revoque la decisión que declaró probada la excepción de pago parcial,
y que se reconozca que la obligación quedó saldada en su totalidad con los pagos
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Expediente: 20001-23-31-000-2005-02540-02 (72.149)
Ejecutante: Carlos Alberto Jácome Farelo y otros
Ejecutivo
Apelación de sentencia
realizados en el año 2022, sin dar lugar al cobro de intereses adicionales posteriores
a esa fecha, por cuanto desconocer esos pagos afecta gravemente la gestión
presupuestal de la entidad y vulnera principios de eficiencia y responsabilidad fiscal;
al respecto, argumenta lo siguiente:
1) No es cierto que la obligación derivada de la condena judicial no se encuentra
completamente saldada, pues, el pago efectuado mediante la Resolución no. 0757
del 18 de mayo de 2022, por parte de la Rama Judicial sí corresponde al
cumplimiento integral de la obligación de acuerdo con los términos presupuestales
y administrativos establecidos por la ley.
2) La diferencia entre la liquidación practicada por la demandada y la realizada por
el tribunal radica únicamente en la fecha de corte utilizada para calcular los
intereses, pues, el tribunal (i) liquidó la deuda hasta el 28 de febrero de 2022 y (ii)
continuó calculando intereses hasta agosto de 2024, operación que generó el
supuesto saldo pendiente; (iii) no obstante, el término de aproximadamente cuatro
(4) meses entre la fecha de corte de liquidación y la consignación efectiva (junio de
2022) es razonable y está justificado por los trámites presupuestales y
administrativos que debe seguir una entidad pública para efectuar cualquier
desembolso, los cuales incluyen validaciones ante la DIAN, autorizaciones internas,
revisiones presupuestales, y verificación de cuentas de los beneficiarios, y (iv) la
jurisprudencia de la Corte Constitucional ha establecido que las restricciones
administrativas y presupuestales de las entidades públicas no pueden entenderse
como incumplimiento injustificado; esto dijo la parte demandada:
“De conformidad con el trabajo de liquidación que acompaña el final de la decisión
recurrida, se puede observar que, entre la liquidación efectuada por la Nación –
Rama Judicial, plasmada en la Resolución de orden de pago No. 0757 de 18 de
mayo de 2022, y la efectuada por el despacho, el único punto de discrepancia que
existe es la fecha en que se entiende abonado el pago, ya que se liquidan intereses
hasta el 01 de febrero de 2022 y, en dicha fecha, se hace un corte para la aplicación
del pago y luego se continúa con la liquidación de intereses posteriores hasta el 01
de agosto de 2024, surgiendo de esta manera el saldo al cual hace referencia el
despacho.
Si bien el valor considerado como capital a favor de cada uno de los beneficiarios
coincide entre una liquidación y otra —es decir, la suma de $14.754.340,00—, lo
que genera el saldo pendiente, según el despacho, son las sumas de intereses
liquidadas posteriores al 28 de febrero de 2022.
Tal como se observa en la Resolución No. 0757 de 18 de mayo de 2022, la suma
ordenada para el pago obedece a la liquidación de la obligación desde la ejecutoria
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Expediente: 20001-23-31-000-2005-02540-02 (72.149)
Ejecutante: Carlos Alberto Jácome Farelo y otros
Ejecutivo
Apelación de sentencia
de la sentencia con corte al 28 de febrero de 2022. Al respecto, resulta necesario
que el despacho considere que la Nación – Rama Judicial es una entidad del orden
público cuyas actuaciones presupuestales y de pago de cualquier servicio adquirido
u obligación están sujetas al cumplimiento de una serie de actuaciones previamente
descritas por normas y directrices tanto externas como internas, con la finalidad de
garantizar el cuidado y respeto del erario público.
Tal como lo manifestó la Corte Constitucional al desatar un estudio de
constitucionalidad, específicamente por el plazo conferido para el pago de una
obligación plasmada en una sentencia judicial, contemplado en el artículo 192 del
CPACA, textualmente indicó frente a este punto lo siguiente:
“[...] la norma demandada contiene una medida razonable y proporcionada, en tanto
contribuye al logro de una finalidad importante para el ordenamiento constitucional,
esto es, la garantía de la legalidad del gasto público y la materialización de los
principios de planeación y anualidad presupuestal. Es efectivamente conducente
para el logro de ese fin, y no es evidentemente desproporcionada respecto de la
garantía de los derechos a la seguridad social, al mínimo vital y a la dignidad humana
de los beneficiarios de las condenas.”
Sentencia C-208 de 2023 del 7 de junio de 2023, M.P. Jorge Enrique Ibáñez Najar.
Quiero solicitar al despacho considerar que el término de los cuatro meses,
transcurrido desde la fecha de corte de la liquidación del crédito (28 de febrero de
2022) para el pago y el 1 de junio de 2022, fecha en que efectivamente se
consignaron los dineros en las cuentas de los beneficiarios (ver formulario SIIF), es
un término más que razonable para que la entidad pueda depositar los dineros en
las cuentas de los beneficiarios sin desconocer toda la cadena presupuestal y
actuaciones administrativas que deben acompañarlo.
Reconocer que las entidades públicas del corte y naturaleza como la Rama Judicial
necesitan un término para materializar sus pagos no es desconocer la eficacia de la
seguridad jurídica que conlleva el cumplimiento de una sentencia, ya que el respeto
por las disposiciones presupuestales contribuye a un fin igualmente importante para
el ordenamiento constitucional como es la legalidad del gasto público.
Es precisamente este término el que la Rama Judicial propone en sus acuerdos de
pago procesales y extraprocesales y en conciliaciones, radicados en varios de los
despachos de esta jurisdicción, porque precisamente es el término mínimo que la
entidad necesita para materializar un pago con el respeto de las disposiciones
presupuestales establecidas previamente para ello. Situación que se materializa en
la medida en que la entidad, como es lógico, para cumplir con la obligación contenida
en la sentencia, una vez se autoriza elaborar el acto administrativo para el pago, se
le asigna un liquidador, quien debe oficiar a la DIAN para que esta informe si existen
deudas tributarias de los beneficiarios que estos deban pagar y que nos obligue a
realizar alguna retención. La DIAN cuenta con 15 días hábiles para dar respuesta.
Una vez la DIAN remite el respectivo oficio, se procede a la redacción del acto
administrativo y se remite a la Unidad de Presupuesto, donde se realizan las
respectivas verificaciones, quienes emiten un visto bueno del respectivo acto
administrativo con sus soportes documentales, para luego ser remitido al despacho
de la Dirección Ejecutiva, quien con apoyo de sus asesores verifica que lo aprobado
por el Grupo de Pago de Sentencias y la Unidad de Presupuesto coincide, para
proceder a su firma. Con lo anterior, se tendría un acto administrativo que
posteriormente será devuelto a la Unidad de Presupuesto, en donde entra en una
especie de fila de los pagos que se encuentran en cola para hacerse, verificándose
además que la cuenta de los beneficiarios se encuentre creada y activa y que la
información en general de los beneficiarios coincida, y termina finalmente con el
desembolso.
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Expediente: 20001-23-31-000-2005-02540-02 (72.149)
Ejecutante: Carlos Alberto Jácome Farelo y otros
Ejecutivo
Apelación de sentencia
Lo anteriormente descrito, muy a grosso modo, no puede materializarse de un día
para otro, y desconocer esa realidad se traduce en obligar a mi representada a
mantener obligaciones eternamente insolutas, con la única posibilidad de saldarlas
mediante la afectación de sus cuentas, para que por medio del recaudo por títulos
judiciales dentro del proceso, algún día se constituya un título cuya fecha de creación
sea suficiente para pagar intereses y capital. Lo anterior va en contra de la
protección del erario público.
Por todo lo anterior, solicito que se revoque la decisión del despacho de no tener
por saldada la obligación que se ejecuta y de aplicar lo pagado como un abono a la
obligación a corte de la fecha en que los dineros entraron a la cuenta de sus
beneficiarios, para en su lugar considerar que el término de menos de cuatro meses
que le tomó a la entidad materializar el pago de los montos liquidados hasta el 28
de febrero de 2022 resulta más que razonable para entender saldada la obligación
y cumplido el pago, sin dar paso a la liquidación de más intereses a favor de los
accionantes, quienes recibieron un pago desde el año 2022 directamente a sus
cuentas, porque así lo evidencian los comprobantes de pago y deciden ejecutar a
mi representada sin develar y reconocer el pago.” (índice 02 SAMAI segunda
instancia).
7. Actuación surtida en segunda instancia
Por auto del 19 de marzo de 2025 (índice 3 SAMAI segunda instancia) se admitió el
recurso de apelación promovido por la ejecutada; el agente del Ministerio Público
(índice 7 SAMAI segunda instancia) solicita confirmar la decisión apelada, porque
la excepción de pago total propuesta no está probada ya que, si bien la entidad
expidió las resoluciones de pago y realizó desembolsos, los documentos allegados
no permiten acreditar con certeza que se haya saldado por completo la deuda
derivada de la condena judicial, particularmente respecto del saldo de ocho millones
cuatrocientos siete mil novecientos noventa y cinco pesos con doce centavos
($8.407.995,12), por cuanto, (i) dicho saldo deriva correctamente de una liquidación
realizada con base en el título ejecutivo, en la que se aplicaron abonos realizados,
se calculó el monto adeudado e intereses causados, y se concluyó que subsistía
una obligación parcial, y (ii) conforme al artículo 446 del CGP, cualquier pago
posterior a la sentencia y al mandamiento debe considerarse abono y no justifica la
prosperidad de la excepción de pago total.
II. CONSIDERACIONES
Cumplidos los trámites propios del proceso, sin que exista causal alguna de nulidad
que invalide lo actuado, la Sala procede a resolver el asunto sometido a
consideración con el siguiente derrotero: 1) objeto de la controversia y anuncio de
la decisión, 2) el caso concreto y, 3) condena en costas.
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Expediente: 20001-23-31-000-2005-02540-02 (72.149)
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Ejecutivo
Apelación de sentencia
1. Objeto de la controversia y anuncio de la decisión
Presentada la demanda oportunamente1, corresponde a la Sala determinar,
conforme a la apelación de la parte ejecutada, si se debe revocar la decisión de
primera instancia porque, a juicio de la parte impugnante, está probada la excepción
de pago total de la obligación.
La Sala confirmará el fallo impugnado, porque las razones de la impugnación no
permiten concluir algo distinto a lo expuesto y decidido por el tribunal de primer
grado.
2. El caso concreto
1) No está en discusión que el tribunal aceptó que las entidades condenadas
realizaron pagos en favor de los beneficiarios del fallo judicial, y tampoco se
controvierte que estos pagos se realizaron con fundamento en actos administrativos
ejecutivos expedidos por la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial; no
obstante, en el recurso de apelación se cuestiona si esos pagos cubrieron la
totalidad de la deuda derivada de la sentencia, lo que incluye tanto el capital como
los intereses moratorios generados desde la ejecutoria del fallo de segunda
instancia hasta el momento de la consignación.
2) De la revisión de las pruebas obrantes en el expediente se deduce que (i)
mediante la Resolución no. 0757 del 18 de mayo de 2022, la Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial ordenó el pago de trescientos dos millones trescientos
treinta y siete mil setecientos ochenta y tres pesos ($302.337.783) para los nueve
(9) beneficiarios del proceso de reparación directa y reconoció catorce millones
setecientos cincuenta y cuatro mil trescientos cuarenta pesos ($14.754.340) por
concepto de capital a cada uno de ellos; adicionalmente, aplicó intereses hasta el
28 de febrero de 2022; (ii) sin embargo, la liquidación practicada por el Tribunal
Administrativo del Cesar concluyó que, para el momento del pago efectivo (que,
según las órdenes de pago obrantes en el expediente son del 16 de junio de 2022),
1 Las pretensiones son oportunas porque la sentencia condenatoria quedó ejecutoriada el 9 de marzo
de 2017, y las demandadas tenían diez (10) meses para cumplir con el pago de la condena;
adicionalmente, la demanda ejecutiva se radicó el 23 de agosto de 2021 (índice 70 SAMAI), esto es,
dentro del término de cinco (5) años previsto para la presentación de la demanda: al respecto, véase:
Consejo de Estado, Sección Tercera, auto del 12 de noviembre de 1998, exp. 15.299, CP Ricardo
Hoyos Duque.
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subsistía un saldo por concepto de capital de $8.407.995,12 (ocho millones
cuatrocientos siete mil novecientos noventa y cinco pesos con doce centavos), el
cual no fue cubierto con los pagos ya efectuados; (iii) de acuerdo con lo expresado
por la misma parte demandada en el recurso de alzada, la diferencia entre la
liquidación de la ejecutada y la del Tribunal Administrativo del Cesar obedece
exclusivamente a la fecha de corte utilizada para calcular los intereses, porque la
entidad demandada hizo corte al 28 de febrero de 2022 y el tribunal extendió los
intereses la fecha del pago efectivo según las órdenes de pago aportadas al
expediente, en ejercicio de sus funciones y conforme al artículo 177 del Código
Contencioso Administrativo.
3) La Sala advierte que la excepción de pago total solo prospera cuando el obligado
acredita, sin lugar a dudas, que ha cumplido completamente con la prestación
contenida en el título ejecutivo, es decir, que ha pagado todo lo debido, lo que
implica la cancelación integral y efectiva del capital y los intereses causados hasta
la fecha del pago.
4) No obstante, en este caso, la obligación contenida en el fallo del 5 de diciembre
de 2016, emitido por el Consejo de Estado en segunda instancia, por ser de
naturaleza dineraria y haber estado sujeta a intereses moratorios desde su
exigibilidad, es decir, desde la fecha de ejecutoria del 5 de marzo de 2017, impone
a la parte obligada la carga de demostrar que tales intereses fueron cubiertos hasta
el momento en que efectivamente realizó el pago.
5) La entidad ejecutada sostiene que el plazo de cuatro (4) meses transcurrido entre
la fecha de corte de liquidación realizada por esta, es decir, febrero de 2022, y la
fecha de pago, a saber, junio de 2022, debe considerarse razonable por tratarse de
trámites administrativos y presupuestales propios de una entidad estatal y, que por
lo tanto, durante ese lapso no debieron correr intereses; no obstante, esa alegación
no exonera a la entidad del deber de responder por los intereses moratorios
generados durante dicho periodo, pues, no existe una norma jurídica que respalde
la referida alegación propuesta por la parte ejecutada.
5) Las órdenes de pago aportadas por la parte demandada dan cuenta de que el 16
de junio de 2022 se efectuaron dos desembolsos en favor del señor Milton Jácome
Farelo por las sumas netas de doscientos noventa y cuatro millones ochocientos
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noventa y cuatro mil treinta y tres pesos ($294.894.033) y ciento treinta y cuatro
millones noventa y un mil setecientos setenta y cuatro pesos ($134.091.774),
respectivamente, mediante abono en cuentas bancarias a su nombre, en
cumplimiento de sentencias judiciales, y que tales pagos fueron tramitados por la
Dirección del Tesoro Nacional y el Consejo Superior de la Judicatura, y registran
como concepto de afectación el código “2-60-09 PAGOS SENTENCIAS LEY 1955
DEL 2019”, pero estas órdenes de pago no permiten concluir que se haya
configurado la excepción de pago total exigida por el artículo 1625 del Código Civil.
Al respecto, se advierte que (i) los documentos aportados no contienen información
sobre la imputación exacta de las sumas pagadas al capital y a los intereses
moratorios causados desde la ejecutoria de la sentencia, es decir, desde el 9 de
marzo de 2017, hasta la fecha de pago, que, según lo aceptado por la parte
demandada en el proceso, es del 16 de junio de 2022, (ii) adicionalmente, tampoco
consta si los intereses fueron calculados conforme a lo dispuesto en el artículo 177
del Código Contencioso Administrativo; por tanto, en ausencia de una liquidación
detallada que permita verificar que la totalidad del capital y de los intereses
causados fueron satisfechos conforme al marco normativo aplicable, no puede
tenerse por extinguida la obligación, pues, la simple evidencia de abonos no
equivale, por sí misma, la prueba plena del pago total exigido por la ley para que
prospere la excepción correspondiente.
6) Finalmente, se debe resaltar que esta sentencia solo establece los parámetros y
las variables que posteriormente se aplicarán en la fórmula que permita determinar
el valor a cargo de la parte ejecutada, por cuanto ese cálculo es propio de la
liquidación del crédito2.
3. Condena en costas
En los términos del artículo 365 (numeral 3) del CGP, como se desestimó el recurso
de apelación de la parte ejecutada esta asumirá las costas procesales de la segunda
2 En anterior oportunidad la Sala expuso que la sentencia no debe calcular el valor concreto de la
deuda en los siguientes términos: “[S]i bien no [se] accederá a la solicitud de definir el valor específico
[de] los intereses moratorios generados sobre el saldo del capital reconocido (…), dado que ese es
un asunto que corresponde ser abordado en la liquidación del crédito, sí [se] considera pertinente
aclarar que la ejecución seguirá en los siguientes términos: [sigue exposición de los parámetros para
liquidar la deuda sin calcular concretamente el resultado]”. Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección B, sentencia del 12 de abril de 2024, exp. 68.519, CP Alberto Montaña Plata.
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Expediente: 20001-23-31-000-2005-02540-02 (72.149)
Ejecutante: Carlos Alberto Jácome Farelo y otros
Ejecutivo
Apelación de sentencia
instancia, las cuales deberán ser liquidadas en forma concentrada por el tribunal de
primera instancia de conformidad con lo dispuesto en los artículos 365 y 366 del
CGP, incluidas las agencias en derecho.
En mérito de lo expuesto, el CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN B,
administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
FALLA:
1º) Confírmase la sentencia proferida en audiencia del 4 de septiembre de 2024
proferida por el Tribunal Administrativo del Cesar.
2º) Condénase en costas de la segunda instancia a la parte ejecutada y en favor la
parte ejecutante, tásense de manera concentrada por el tribunal de primera
instancia, incluidas las agencias en derecho.
3º) Ejecutoriada la presente sentencia, por la secretaría devuélvase el expediente
al tribunal de origen para lo su cargo, previas las correspondientes constancias
secretariales de rigor.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
ALBERTO MONTAÑA PLATA FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Presidente de la Subsección Magistrado (E)
Magistrado
Aclara voto
Constancia: la presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma SAMAI,
en consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta
de conformidad con el artículo 2 de la Ley 2213 de 2022.
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