Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 85001-23-33-000-2022-00137-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Obligación: cálculo de intereses desde que cobró firmeza la providencia que liquidó la
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 85001-23-33-000-2022-00137-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 85001-23-33-000-2022-00137-01
Consejero ponente: José Roberto Sáchica Méndez
13 de marzo de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN A
Consejero ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Bogotá D.C., trece (13) de marzo de dos mil veintiséis (2026)
Radicación: 85001-23-33-000-2022-00137-01 (73.114)
Ejecutante: Alianza Fiduciaria S.A., administradora del Fondo Abierto con
Pacto de Permanencia CxC
Ejecutado: Nación - Ministerio de Defensa – Ejército Nacional y otro
Referencia: Ejecutivo
Temas: PROCESO EJECUTIVO - originado en una decisión judicial / PAGO DE LA
OBLIGACIÓN - cálculo de intereses desde que cobró firmeza la providencia que liquidó la
condena hasta la fecha efectiva del pago total de la obligación / RECONOCIMIENTO DE
UNA OBLIGACIÓN COMO DEUDA PÚBLICA - los intereses derivados de la mora en el
cumplimiento de la obligación continúan generándose hasta el momento en que ésta sea
cumplida / RATIFICACIÓN DEL PAGO DE LA OBLIGACIÓN - De acuerdo con el artículo
1635 del Código Civil, el pago efectuado a un tercero es válido si el acreedor lo ratifica de
modo expreso o tácito / PROCESO EJECUTIVO DERIVADO DE CONDENAS IMPUESTAS
EN SENTENCIAS DE LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO -
Regulación sobre el pago de sentencias y causación de intereses contenida en los artículos
177 del CCA y 192 y 195 del CPACA - Aplicación del artículo 1653 del Código Civil sobre
imputación de pagos a los procesos ejecutivos derivados de sentencias de la jurisdicción
de lo contencioso administrativo.
Surtido el trámite de ley, sin que se advierta causal de nulidad que invalide lo
actuado, la Sala procede a decidir los recursos de apelación interpuestos por las
partes contra la sentencia que declaró probada de oficio la excepción de pago
parcial de la obligación y ordenó seguir adelante con la ejecución.
Se debe determinar si las entidades ejecutadas cumplieron con el pago total de la
obligación debida, de cara a los intereses generados con posterioridad a la
expedición del acto administrativo de reconocimiento y liquidación de la deuda y el
momento en que se hizo efectivo el pago de la condena objeto de la ejecución, y
hasta el momento en que la ejecutante recibió la devolución de los recursos que
habían sido consignados al apoderado de los demandantes en el proceso de
reparación directa y no al cesionario del crédito. Además, si al asunto debe darse
aplicación al artículo 1563 del Código Civil.
I. SENTENCIA IMPUGNADA
1. Corresponde a la decisión adoptada el 25 de marzo de 2025, por medio de
la cual el Tribunal Administrativo de Casanare declaró probada de oficio la
excepción de pago parcial de la obligación, ordenó seguir adelante con la ejecución
y se abstuvo de condenar en costas1.
1 Tal decisión se adoptó y se consignó en el acta de la audiencia inicial en los siguientes términos:
“PRIMERO: DECLARAR probada de oficio la excepción de pago parcial de la obligación, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDA: ORDENAR seguir adelante la ejecución a favor de la sociedad ALIANZA FIDUCIARIA S.A. en
calidad de administradora del FONDO ABIERTO CON PACTO DE PERMANENCIA CxC contra el EJÉRCITO
NACIONAL y la POLICÍA NACIONAL, por las siguientes sumas de dinero:
a. Por concepto del capital: SETENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL
NOVECIENTOS NUEVE PESOS ($72.359.909).
Radicación: 85001-23-33-000-2022-00137-01 (73.114)
Ejecutante Alianza Fiduciaria S.A.
Ejecutado: Nación - Ministerio de Defensa - Ejército Nacional y otro
Referencia: Ejecutivo
2. El anterior proveído decidió la demanda ejecutiva instaurada el 15 de
diciembre de 2022 por la sociedad Alianza Fiduciaria S.A., como administradora del
Fondo Abierto con Pacto de Permanencia CxC contra la Nación - Ministerio de
Defensa - Ejército Nacional - Policía Nacional.
Pretensiones
3. La ejecutante solicitó que se librara mandamiento de pago en los siguientes
términos (transcripción literal incluidos eventuales errores)2:
“1. QUINIENTOS TRES MILLONES TRESCIENTOS VEINTIÚN MIL SEISCIENTOS
SIETE PESOS CON CINCO CENNTAVOS ($503.321.607,5) M/Cte. que
corresponde al capital dejado de pagar por la demandada, conforme al citado
contrato de cesión de créditos, de fecha 12 de octubre de 2017 y que consta en
incidente de liquidación proferido por el Consejo de Estado – Sala de lo Contencioso
Administrativo, sección Tercera, dentro del proceso de reparación directa incoado
por AVIOCOL LTDA y otros en contra de la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército
Nacional Exp. No. 2006-00350, debidamente ejecutoriada el día 9 de junio de 2017.
2. Por la suma de SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS MILLONES NOVENTA Y UN
MIIL NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS CON SESENTA CENTAVOS
($646.091.983,60) M/Cte., valor correspondiente a los intereses moratorios
causados desde el día siguiente a la fecha de ejecutoria de la sentencia, esto es
desde el día 10 de junio de 2016, causados sobre el capital indicado en el numeral
anterior (1°.), hasta el 20 de octubre de 2021, con una suspensión de intereses entre
el 9 de diciembre de 2017 hasta el 27 de marzo de 2018. Así mismo, solicitamos se
liquiden los intereses de mora, liquidados desde el día 21 de octubre de 2022 y hasta
la fecha de pago de la obligación.
3. QUINIENTOS TRES MILLONES TRESCIENTOS VEINTIÚN MIL SEISCIENTOS
SIETE PESOS CON CINCO CENNTAVOS ($503.321.607,5) M/Cte. que
corresponde al capital dejado de pagar por la demandada, conforme al citado
contrato de cesión de créditos, de fecha 12 de octubre de 2017 y que consta en la
sentencia de primera instancia fechada el 26 de junio de 2008, proferida el Tribunal
Administrativo de Casanare y la cual tuvo segunda instancia proferida el 15 de
diciembre de 2016 por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Tercera, Subsección A, dentro del proceso de reparación directa incoado
por AVIOCOL LTDA y otros en contra de la Nación – Ministerio de Defensa – Policía
Nacional Exp. No. 2006-00350, debidamente ejecutoriada el día 9 de junio de 2016.
4. Por la suma de SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS MILLONES NOVENTA Y UN
MIIL NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS CON SESENTA CENTAVOS
($646.091.983,60) M/Cte., valor correspondiente a los intereses moratorios
causados desde el día siguiente a la fecha de ejecutoria de la sentencia, esto es
desde el día 10 de junio de 2016, causados sobre el capital indicado en el numeral
anterior (3°.), hasta el 20 de octubre de 2021, con una suspensión de intereses entre
el 9 de diciembre de 2017 hasta el 27 de marzo de 2018. Así mismo, solicitamos se
liquiden los intereses de mora, liquidados desde el día 21 de octubre de 2022 y hasta
la fecha de pago de la obligación.
5. Se condene al demandado al pago de las costas, agencias en derecho y demás
gastos que se causen dentro del proceso”. (negrillas del texto original).
b. Por concepto de los intereses moratorios causados entre el 10 de junio de 2017 y el 28 de febrero de
2025: CINCUENTA Y CUATRO MILLONES CINCUENTA Y OCHO MIL CIENTO ONCE PESOS ($54.058.111).
c. Por los intereses moratorios que se generen sobre el capital adeudado desde el 1° de marzo de 2025 y hasta
el momento en que se verifique el pago total de la obligación.
TERCERA: Sin costas en esta instancia”.
2 Se precisa que lo pretendido por concepto de capital e intereses corresponde a las sumas de dinero que tanto
el Ejército como la Policía Nacional debían pagar a favor de la ejecutante.
2
Radicación: 85001-23-33-000-2022-00137-01 (73.114)
Ejecutante Alianza Fiduciaria S.A.
Ejecutado: Nación - Ministerio de Defensa - Ejército Nacional y otro
Referencia: Ejecutivo
Hechos
4. El 26 de junio de 2008, el Tribunal Administrativo de Casanare profirió
sentencia en el proceso de reparación directa con radicado 85001-23-31-002-2006-
00350-00, en la que declaró administrativamente responsable a la Nación -
Ministerio de Defensa - Ejército Nacional - Policía Nacional, por la incineración de
tres aeronaves; como consecuencia, condenó en abstracto a las demandadas a
pagar los perjuicios materiales causados en la modalidad de daño emergente.
5. El 29 de abril de 2015, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera - Subsección A confirmó la decisión de primera
instancia.
6. Mediante auto del 24 de mayo de 20173, la Sección Tercera - Subsección A
del Consejo de Estado resolvió en segunda instancia el incidente de liquidación de
perjuicios y condenó a las entidades demandadas a pagar los siguientes valores: (i)
$674’399.466 a favor de Aviocol Ltda. y (ii) 332’243.749 para el señor Víctor Hugo
Torres Zambrano4.
7. El 4 de agosto de 2017 los beneficiarios de la condena radicaron la solicitud
de cumplimiento de la providencia judicial ante la Nación - Ministerio de Defensa -
Policía Nacional - Ejército Nacional.
8. El 12 de octubre de 2017, el apoderado de los demandantes (Víctor Hugo
Torres Zambrano y Aviocol Ltda.) y la sociedad Alianza Fiduciaria S.A., como
administradora del Fondo Abierto con Pacto de Permanencia CxC, suscribieron
contratos de cesión de los derechos económicos5 derivados de las providencias
judiciales que aquí son objeto de ejecución6.
Mandamiento de pago
9. En providencia del 8 de junio de 20237, el a quo libró mandamiento de pago
en contra de la Nación - Ministerio de Defensa - Ejército Nacional - Policía Nacional,
en los siguientes términos (transcripción literal):
“1.- LIBRAR MANDAMIENTO DE PAGO a favor de los señores ALIANZA
FIDUCIARIA S. A. en calidad de administradora del FONDO ABIERTO CON PACTO
DE PERMANENCIA CXC … contra LA NACIÓN-MINISTERIO DE DEFENSA
EJÉRCITO NACIONAL y POLICÍA NACIONAL, por:
a. MIL SEIS MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS
QUINCE PESOS ($1.006.643.215), por concepto del capital adeudado, reconocido
en la sentencia proferida por ésta Corporación el 26 de junio de 2008, modificada
por el H. Consejo de Estado mediante providencia del 29 de abril de 2015 dentro del
3 A través del cual se decidió el recurso de apelación interpuesto por la parte ejecutante contra el auto del 31
de marzo de 2016, proferido por el Tribunal Administrativo de Casanare, que resolvió el incidente de liquidación
de condena.
4 Se indicó en la demanda que la sentencia de primera instancia cobró ejecutoria el 9 de junio de 2017.
5 Conviene resaltar que se suscribieron dos contratos de cesión de derechos, en los que se cedió a favor de
Alianza Fiduciaria S.A., como Administradora del Fondo Abierto con Pacto de Permanencia CxC, de una parte,
el 50% de los derechos económicos cuyo pago estaba a cargo del Ejército Nacional, y de otra, el 50% de los
derechos económicos a cargo de la Policía Nacional.
6 Se precisó en el libelo que el 8 de noviembre de 2017 comunicaron a la Nación - Ministerio de Defensa -
Policía Nacional - Ejército Nacional sobre los referidos contratos de cesión de derechos, y solicitaron se
registraran como una cuenta a pagar a favor de Alianza Fiduciaria S.A.
La Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional - Ejército Nacional, en oficios S-2018-029036-SEGEN-
ARDEJ-GUDEJ-1.10 del 21 de mayo de 2018 y OFI18-88947-MDN–DSGDAL- GROLJC del 16 de septiembre
de ese mismo año, aceptó sin condición alguna las cesiones del crédito.
7 Visible en el aplicativo Samai del Tribunal – índice 22.
3
Radicación: 85001-23-33-000-2022-00137-01 (73.114)
Ejecutante Alianza Fiduciaria S.A.
Ejecutado: Nación - Ministerio de Defensa - Ejército Nacional y otro
Referencia: Ejecutivo
proceso de Reparación Directa radicado bajo el número 850012331002-200600350-
00.
b. MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS
CINCUENTA Y OCHO MIL DOCE PESOS (1.498.958.012), correspondientes a los
intereses moratorios causados sobre la suma de dinero antes referida, causados
desde el día siguiente al cobró de ejecutoria del auto de 24 de mayo de 2017, que
modificó el proveído de 31 de marzo de 2016, por medio del que se liquidó la
condena, hasta el 16 de mayo de 2023, y por los intereses moratorios causados
entre esta ultima fecha y el momento en que se verifique el pago total de la
obligación”.
Oposición de las ejecutadas
10. La Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional y Ejército Nacional se
opusieron a las pretensiones y propusieron la excepción de “pago de la obligación”8,
con fundamento en que el 29 de septiembre de 2022 se canceló la suma de
$2.288’335.155,10, por concepto de capital e intereses, a favor de la sociedad
Alianza Fiduciaria S.A., como Administradora del Fondo Abierto con Pacto de
Permanencia CxC, conforme a lo dispuesto en la Resolución 1823 del 15 de julio de
20229.
Pronunciamiento del ejecutante frente a la excepción propuesta
11. La ejecutante manifestó que el 29 de septiembre de 2022, las entidades
ejecutadas consignaron en una cuenta de ahorros del Banco Citibank Colombia, la
suma de $1.144’167.577.55.
12. Sin perjuicio de ello, afirmó que existía un saldo insoluto de
$1.179’976.272.46, discriminado así: i) $35’808.695.46, pues las entidades
ejecutadas liquidaron la condena con corte a 30 de junio de 2022, pero el dinero
ingresó a su cuenta el 29 de septiembre de 2022, y ii) $1.144’167.577, debido a que
la suma que debía asumir la Policía Nacional como entidad condenada
solidariamente con el Ejército Nacional no fue liquidada y cancelada a favor de la
ejecutante10.
13. En memorial del 27 de noviembre de 2024, el apoderado de la parte
ejecutante manifestó que, de manera equivocada, se ordenó y autorizó el pago a
cargo de la Policía Nacional, equivalente a la suma de $1.144’167.577,55 a favor
del señor Ernesto Villegas Duque -quien fue el apoderado de los demandantes en
el proceso de reparación directa-, cuando lo procedente era haberlo ordenado para
el Fondo Abierto con Pacto de Permanencia CxC, administrado por Alianza
Fiduciaria S.A. como cesionario del crédito.
14. Señaló que dicha equivocación fue superada el 21 de septiembre de 2023,
cuando la sociedad ejecutante y el señor Ernesto Villegas Duque suscribieron un
acuerdo de transacción, en el que se pactó que el mencionado señor devolvería a
Alianza Fiduciaria S.A. la suma de $708’072.00011.
8 El 14 de marzo de 2024, el Tribunal rechazó por improcedente la excepción denominada indebida
representación - ineptitud de la demanda propuesta por la Policía Nacional, decretó pruebas y fijó fecha para la
celebración de la audiencia inicial (índice 52 del aplicativo Samai del Tribunal).
9 Visible en el aplicativo Samai del Tribunal, índices 29 y 30.
10 Visible en el aplicativo Samai del Tribunal, índice 39.
11 En el acuerdo de transacción se estipuló: “SEGUNDA. - En consecuencia, EL CEDENTE procederá a
transferir a EL FONDO CxC a la cuenta de ahorros Bancolombia No. 040-600059-45 a nombre del Fondo
Abierto con Pacto de Permanencia CxC Alianza con Nit. 900.058.687-4., la suma de SETECIENTOS OCHO
MILLONES SETENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS ($708.071.855) MCTE,
4
Radicación: 85001-23-33-000-2022-00137-01 (73.114)
Ejecutante Alianza Fiduciaria S.A.
Ejecutado: Nación - Ministerio de Defensa - Ejército Nacional y otro
Referencia: Ejecutivo
15. Adujo que como el acuerdo de transacción fue suscrito con posterioridad a la
presentación de la demanda y del mandamiento de pago, lo aportaba al proceso
para que “se le imprima su valor probatorio correspondiente”12.
Fundamentos de la sentencia impugnada13
16. El a quo sostuvo que el 29 de septiembre de 2022 el Tesoro Nacional
consignó al Fondo Abierto con Pacto de Permanencia CxC la suma de
$1.144’167.577,55, fecha en la cual se giró la misma suma al apoderado del señor
Víctor Hugo Torres Zambrano y de la sociedad Aviocol Ltda., a pesar de que ello
debió hacerse al citado Fondo, como cesionario del crédito.
17. Sin embargo, el 21 de septiembre de 2023 la parte ejecutante y el abogado
de los demandantes del proceso de reparación directa suscribieron un acuerdo de
transacción, en el que acordaron que el pago recibido por estos últimos
correspondía al fondo cesionario, ratificando esa consignación en los términos del
artículo 1635 del Código Civil14.
18. Expuso que como el Tesoro Nacional pagó al Fondo Abierto con Pacto de
Permanencia CxC la suma de $2.288’335.155, “de los que la totalidad se abonó a
capital, quedó un saldo insoluto por este concepto” de $72’359.909, sobre el cual,
entre el 10 de junio de 2017 y el 28 de febrero de 2025, se causaron intereses
moratorios por la suma de $54.058.111.
19. Afirmó que como existía un saldo a favor de la ejecutante, por concepto de
capital y saldo insoluto de intereses moratorios, la excepción formulada no estaba
llamada a prosperar.
20. No obstante, sostuvo que a las sumas de dinero determinadas en el
mandamiento de pago debía restarse lo cancelado por las entidades ejecutadas el
29 de septiembre de 2022, lo cual conllevaba a declarar probada de oficio la
excepción de pago parcial de la obligación y, por ende, a seguir adelante la
ejecución en los términos de la liquidación practicada por el contador adscrito a esa
Corporación, visible en el índice 72 del aplicativo Samai15.
II. RECURSOS DE APELACIÓN
21. La ejecutante indicó que la suma reconocida por parte del Ejército Nacional
($1.144’167.577,55) corresponde a un pago parcial, toda vez que no incluyó el valor
de la diferencia entre la fecha en que la entidad liquidó la condena -30 de junio de
2022- y la fecha en que el dinero ingresó a su cuenta bancaria -29 de septiembre
de 2022-, esto es, $35’808.695,46. Destacó que los intereses moratorios continúan
atendiendo a que de la suma indicada en la cláusula que antecede le fueron descontados dineros que como
consecuencia de las condiciones del negocio pactadas entre las partes eran de titularidad de EL CEDENTE”.
12 Visible en el aplicativo Samai del Tribunal, índice 75.
13 Visible en el aplicativo Samai del Tribunal, índice 101. Con fundamento en lo previsto en el numeral 2 del
artículo 443 del CGP, el Tribunal Administrativo de Casanare llevó a cabo la audiencia inicial. El 29 de
noviembre de 2024, la referida audiencia fue suspendida, con el argumento de que “debe estudiarse la legalidad
del contrato allegado por la parte ejecutante junto a los efectos de este frente al proceso cuya ejecución nos
convoca” (índice 80 del aplicativo Samai del Tribunal).
14 Citó la siguiente cláusula del acuerdo de transacción: “CLAUSULA PRIMERA. - (…) EL CEDENTE reconoce
y acepta que la suma de MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO MILLONES CIENTO SESENTA Y SIETE MIL
QUINIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS CON CINCUENTA Y CINCO CENTAVOS ($1.144.167.577,55)
MCTE girada por la Entidad Pagadora a favor de éste le corresponde a EL FONDO CxC toda vez que los
derechos pagados por esta suma le fueron cedidos al FONDO CxC (…)”.
15 Se evidencia que la liquidación a que se hace referencia es la que obra en el índice 88 del aplicativo Samai
del Tribunal.
5
Radicación: 85001-23-33-000-2022-00137-01 (73.114)
Ejecutante Alianza Fiduciaria S.A.
Ejecutado: Nación - Ministerio de Defensa - Ejército Nacional y otro
Referencia: Ejecutivo
acumulándose hasta la fecha en que se realice el pago completo de la obligación,
conforme lo dispone el artículo 431 del CGP.
22. Señaló que la devolución al Fondo Abierto con Pacto de Permanencia CxC
de la suma que16 por error se giró al abogado de los demandantes en el proceso de
reparación directa, se realizó el 27 de septiembre de 202317. Advirtió que con el
acuerdo de transacción no se hizo ratificación del pago realizado por la entidad
ejecutada en forma indebida, “tan es así, que justamente por el pago mal hecho, se
realizó un acuerdo de transacción para recibir los dineros mal girados y por lo mismo
se debe continuar con el cobro ejecutivo por los saldos pendientes”18.
23. En ese sentido, arguyó que, a pesar de la devolución de dichos recursos, la
Policía Nacional todavía adeuda un saldo total equivalente a $215’301.870,09, valor
resultante de la diferencia entre la fecha en que la entidad liquidó la condena -30 de
junio de 2022- y la fecha en que efectivamente el dinero ingresó a su cuenta
bancaria -27 de septiembre de 2023-19.
24. La Policía Nacional indicó que, aunque se generaron unos intereses desde
el momento en que se expidió la “resolución del pago” hasta cuando se hizo efectivo
el desembolso por parte del Tesoro Nacional por intermedio del Fondo de
Contingencias de las Entidades Estatales -“creado mediante Decreto 1266/2020”-,
ese periodo no se debe “enmarcar como incumplimiento del pago”, dado que dicho
Fondo está supeditado al rubro presupuestal del Estado, “y no se debe pasar por
alto la actualidad presupuestal del estado, por ende no fue un capricho el no pago
de la sentencia, por el contrario dicho trámite se realizó de la forma más expedita”.
25. Reiteró que, de acuerdo con lo dispuesto en la Resolución 1823 de 2023, se
realizó un pago por la suma de $2.288’335.155,10 el 29 de septiembre de 2022, a
favor de la ejecutante20.
26. El Ejército Nacional21 señaló que con el pago ordenado en la Resolución
1823 del 15 de julio de 2022, por la suma de $2.288’335.155,10, se cubrió la
obligación contenida en las providencias que constituyen el título ejecutivo.
27. Arguyó que, de existir alguna obligación económica a favor de la ejecutante,
la misma debía concretarse exclusivamente sobre el período en que no se liquidaron
los intereses -1 de julio al 28 de septiembre de 2022-, dado que la Resolución 1823
de 2022 reconoció el capital impuesto en las decisiones judiciales y los intereses
desde el 10 de junio de 2017 al 30 de junio de 2022.
28. Adujo que el hecho de no haberse liquidado los intereses entre el 1 de julio y
el 28 de septiembre de 2022 obedeció a los trámites regulados para la actuación
administrativa para ordenar y efectuar el pago de los dineros públicos, a saber: i) la
16 En virtud del acuerdo de transacción suscrito el 21 de septiembre de 2023.
17 Por la suma de setecientos ocho millones setenta y dos mil pesos ($708’072.000).
18 Indicó: “Por otra parte, se debe entender que la ratificación de la que habla el artículo 1635 del Código Civil,
es una ratificación que se hace de cara del deudor. Y el acuerdo de transacción se celebró con el cedente dentro
de una relación comercial, adicional a ello no se puede entender ratificado y bien hecho el pago cuando del
mismo se está derivando el cobro de saldos pendientes. En consecuencia, ratificar el pago no es realizar un
acuerdo de transacción con el fin de hacer entrega del dinero al legitimo titular del crédito. Ratificar implica
aceptar que el pago que se realizó, aunque se haya hecho a quien no corresponde se hizo bien, y ello en ningún
momento a la fecha se ha hecho por parte del Fondo Abierto con Pacto de Permanencia CxC administrado por
Alianza Fiduciaria S.A., ni de forma expresa ni tácita”.
19 Visible en el aplicativo Samai, índice 108.
20 Visible en el aplicativo Samai del Tribunal, índice 106.
21 Visible en el aplicativo Samai del Tribunal, índice 107.
6
Radicación: 85001-23-33-000-2022-00137-01 (73.114)
Ejecutante Alianza Fiduciaria S.A.
Ejecutado: Nación - Ministerio de Defensa - Ejército Nacional y otro
Referencia: Ejecutivo
elaboración del acto administrativo que corresponde al Grupo de Obligaciones
Litigiosas; ii) la aprobación y firma del director de asuntos legales; iii) la remisión al
grupo de contabilidad, a la dirección de finanzas, al grupo de presupuesto y a la
dirección administrativa del MDN, iv) “la remisión a Hacienda para su aprobación y
asignación de recursos por deuda pública”, y v) la ejecución o pago de la resolución
por parte de Tesorería del MDN.
29. Manifestó que ese procedimiento se acompasa con las reglas establecidas
en el Decreto 642 de 2020, en lo relacionado con las gestiones que deben adelantar
las entidades que hagan parte del Presupuesto General de la Nación para el
reconocimiento como deuda pública y pago de las sentencias o conciliaciones que
se encuentren en mora22.
30. Aseveró que al revisar la liquidación que tuvo en cuenta el Tribunal para
seguir con la ejecución, se extraía que se dio aplicación al artículo 1563 del Código
Civil, lo cual ocasiona un detrimento al patrimonio público23, “pues el acto
administrativo de ejecución demuestra que la entidad ordenó el pago de capital,
seguidamente se procede a reconocer los intereses por no pago oportuno”. Agregó
que el Consejo de Estado ha establecido que la mencionada norma no es aplicable
en asuntos que versen sobre ejecutivos en contra de entidades públicas 24.
III. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Objeto de las apelaciones
31. El análisis que corresponde realizar en esta instancia se circunscribe a
determinar: (i) si las entidades efectuaron el pago total de la obligación, de cara a
los intereses generados con posterioridad a la expedición del acto administrativo de
reconocimiento y liquidación de la deuda y el momento en que se hizo efectivo el
pago de la condena objeto de la ejecución, (ii) y hasta el momento en que la
ejecutante recibió la devolución de los recursos que habían sido consignados al
apoderado de los demandantes en el proceso de reparación directa y no al
cesionario del crédito, y (iii) si al asunto debe darse aplicación al artículo 1563 del
Código Civil.
Análisis del caso
32. El Código Civil, en el artículo 1626, define el pago como un modo extintivo
de las obligaciones, que consiste en la prestación de lo que se debe; en el caso
concreto, como el concepto de lo debido corresponde al pago de sumas de dinero,
el mismo comprende los intereses e indemnizaciones que se deban25, tal como lo
prevé el artículo 1649 del mismo estatuto.
22 Destacó que es procedimiento es “producto del reconocimiento de deuda pública del pago de sentencias en
mora de pago, pues fue una medida especial del Gobierno Nacional en el plan Nacional de Desarrollo para
mitigar la crisis económica que presenta el país en la vigencia 2018-2022”.
23 Sostuvo que: “frente a la planeación, aprobación y ejecución de los recursos económicos acudimos a una
interpretación que proteja el dinero público, y se evite un enriquecimiento sin justa causa, en razón a que
siempre quedaría un remanente de capital que sigue causando intereses, aun cuando la entidad pretendió dar
cumplimiento al objeto principal de la condena: reconocer y pagar un capital. Esto, además, conllevaría a que,
por los trámites presupuestales y administrativos, la deuda se extendiera indefinidamente en el tiempo, en
perjuicio del patrimonio público y el interés general”.
24 Aludió a la sentencia del 30 de mayo de 2024, con número de radicación: 25000-23-42-000-2016-02688-01
(0230-2022).
25 “La indivisibilidad del pago, a términos del inciso 2º del citado artículo 1649, cobija los intereses e
indemnizaciones debidas. El acreedor o los acreedores no pueden ser obligados a recibir separadamente el
principal de la deuda y los intereses insolutos de ella, sino que el pago de aquel y de estos debe ser total, regla
que se aplica igualmente a las indemnizaciones accesorias (…)”, “(…) si hay varios deudores solidarios, cada
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33. Por su parte, el artículo 431 del CGP establece que si la obligación versa
sobre una cantidad líquida de dinero se ordenará su pago en el término de cinco (5)
días, con los intereses desde que se hicieron exigibles hasta la cancelación de la
deuda.
34. En cuanto a las excepciones procedentes cuando el título ejecutivo lo sea
una providencia judicial, el artículo 442 del CGP señala, entre otras, la de pago 26,
que fue precisamente la que se propuso en este asunto por las ejecutadas y se
analizó por el tribunal a quo en la providencia materia de apelación.
35. En el sub examine, el a quo declaró probada de oficio la excepción de pago
parcial de la obligación y ordenó seguir adelante la ejecución en los siguientes
términos:
“ORDENAR seguir adelante la ejecución a favor de la sociedad ALIANZA
FIDUCIARIA S.A. en calidad de administradora del FONDO ABIERTO CON PACTO
DE PERMANENCIA CxC contra el EJÉRCITO NACIONAL y la POLICÍA
NACIONAL, por las siguientes sumas de dinero:
a. Por concepto del capital: SETENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS
CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NUEVE PESOS ($72.359.909).
b. Por concepto de los intereses moratorios causados entre el 10 de junio de
2017 y el 28 de febrero de 2025: CINCUENTA Y CUATRO MILLONES
CINCUENTA Y OCHO MIL CIENTO ONCE PESOS ($54.058.111). c. Por los
intereses moratorios que se generen sobre el capital adeudado desde el 1° de marzo
de 2025 y hasta el momento en que se verifique el pago total de la obligación”.
36. Para tal efecto, tuvo en consideración la liquidación del crédito efectuada por
el contador adscrito a la Corporación27, en la que se señaló:
Liquidación de intereses desde el 10/06/2017, día siguiente de la ejecutoria de la sentencia
hasta el 29/09/2022 día en que se realizó el abono en cuenta:
uno de estos debe pagarle in solidum los mil pesos al acreedor único o cualquiera de los acreedores solidarios,
o las cuotas correspondientes a los acreedores no solidarios. Y si se ha estipulado la indivisibilidad de la
obligación, pese a que el objeto de esta naturalmente admita división entre los varios deudores o los varios
acreedores, este pacto obsta el pago parcial por virtud de la ley contractual que transforma en indivisible la
prestación que no lo es (art. 1584)” (OSPINA FERNÁNDEZ, Guillermo, Régimen General de las Obligaciones,
Editorial Temis, Octava Edición, pág. 344).
26 “ARTÍCULO 442. EXCEPCIONES. La formulación de excepciones se someterá a las siguientes reglas:
(…)
2. Cuando se trate del cobro de obligaciones contenidas en una providencia, conciliación o transacción aprobada
por quien ejerza función jurisdiccional, sólo podrán alegarse las excepciones de pago, compensación, confusión,
novación, remisión, prescripción o transacción, siempre que se basen en hechos posteriores a la respectiva
providencia, la de nulidad por indebida representación o falta de notificación o emplazamiento y la de pérdida
de la cosa debida.(…)”.
27 Visible en el índice 88 del aplicativo Samai del Tribunal.
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Liquidación de intereses desde el 30/09/2022 día siguiente al abono en cuenta hasta el
28/02/2025:
37. Como se observa, sobre el capital adeudado -$1.006’643.215- se liquidaron
los intereses a partir del día siguiente al de la ejecutoria del proveído que decidió el
incidente de liquidación de condena (10 de junio de 2017) y hasta el día en que las
entidades ejecutadas efectuaron un pago (29 de septiembre de 2022), lo cual arrojó
una suma de $2.360’695.064, a la que se le descontó lo que había sido cancelado
a la ejecutante, operación que dio un saldo restante de la deuda por pagar de
$72’359.909, respecto del cual se calcularon los respectivos intereses del 30 de
septiembre de 2022 al 28 de febrero de 202528.
38. Manifiesta la sociedad Alianza Fiduciaria S.A. que las entidades ejecutadas
adeudan un saldo de $251’110.565,49, discriminados, así: i) $35’808.695,46, en lo
que atañe al pago del Ejército Nacional, por los intereses moratorios generados
entre la fecha en que la entidad liquidó la condena (30 de junio de 2022) y el día en
que se efectuó un pago (29 de septiembre de 2022), y ii) $215’301.870,09 por los
intereses moratorios causados entre el 30 de junio de 2022 y la fecha en que el
dinero devuelto por parte del apoderado de los demandantes en el proceso de
reparación directa ingresó a su cuenta bancaria, esto es, el 27 de septiembre de
2023, en lo que atañe a los derechos económicos a cargo de la Policía Nacional.
39. Considera la Sala que dicho argumento no está llamado a prosperar, pues la
liquidación del crédito que sirvió de fundamento para seguir adelante la ejecución
tuvo en cuenta los periodos que echa de menos la ejecutante, en tanto los intereses
de la deuda se calcularon desde el día siguiente al de la ejecutoria de la providencia
que decidió el incidente de liquidación de condena (10 de junio de 2017) hasta el 29
de septiembre de 2022.
40. De otra parte, el artículo 1634 del Código Civil29 prevé que el pago debe
hacerse al acreedor, a quien la ley o el juez autoricen a recibir por él, o a la persona
“diputada” para el cobro. En aquellos eventos en que se paga a alguien distinto a
28 El Tribunal realizó la liquidación de los intereses con corte a 28 de febrero de 2025. Sin perjuicio de ello, se
precisa que estos siguen causándose hasta el día en que se efectúe el pago total de la obligación.
29 “Artículo 1634. Para que el pago sea válido, debe hacerse o al acreedor mismo (bajo cuyo nombre se
entienden todos los que le hayan sucedido en el crédito aún a título singular), o a la persona que la ley o el juez
autoricen a recibir por él, o a la persona diputada por el acreedor para el cobro (…)”.
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aquéllos, el artículo 1635 ibidem30 establece que será válido si el acreedor lo ratifica
de modo expreso o tácito, si quien recibe el pago lo sucede en el crédito, o bajo otro
título cualquiera.
41. En el acuerdo de transacción celebrado el 21 de septiembre de 202331, entre
el señor Ernesto Villegas Duque -a quien se denominó el cedente-, como apoderado
de Aviocol Ltda. y del señor Víctor Hugo Torres Zambrano, y la apoderada del Fondo
Abierto con Pacto de Permanencia CxC, se estipuló que:
“PRIMERA. - EL CEDENTE reconoce y acepta que la suma de MIL CIENTO
CUARENTA Y CUATRO MILLONES CIENTO SESENTA Y SIETE MIL
QUINIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS CON CINCUENTA Y CINCO
CENTAVOS ($1.144.167.577,55) MCTE girada por la Entidad Pagadora a favor de
éste le corresponde a EL FONDO CxC toda vez que los derechos pagados por esta
suma le fueron cedidos al FONDO CxC mediante el contrato de cesión referido en
la CONSIDERACIÓN TERCERA. SEGUNDA. - En consecuencia, EL CEDENTE
procederá a transferir a EL FONDO CxC a la cuenta de ahorros Bancolombia … a
nombre del Fondo Abierto con Pacto de Permanencia CxC Alianza …, la suma de
SETECIENTOS OCHO MILLONES SETENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS
CINCUENTA Y CINCO PESOS ($708.071.855) MCTE, atendiendo a que de la
suma indicada en la cláusula que antecede le fueron descontados dineros que como
consecuencia de las condiciones del negocio pactadas entre las partes eran de
titularidad de EL CEDENTE”32.
42. En las consideraciones del mencionado acuerdo, se precisó que, al momento
de proferir la resolución de pago, la entidad obligada liquidó y giró la suma de
$1.144’167.577,55 a favor de Aviocol Ltda. y de Víctor Hugo Torres Zambrano,
correspondiendo dicha suma al Fondo con Pacto de Permanencia CxC, de
conformidad con la cesión de créditos celebrada entre el señor Ernesto Villegas
Duque -apoderado de Aviocol Lyda. y del señor Torres Zambrano- y la apoderada
de la sociedad Alianza Fiduciaria S.A., como administradora del referido Fondo.
43. En memorial dirigido al a quo, la ejecutante puso en conocimiento que el pago
efectuado al abogado y no al cesionario, fue superado con la celebración del
acuerdo de transacción, en el que se pactó que el señor Villegas Duque le
devolvería la suma que le fue depositada por la entidad encargada de hacer el pago
de la condena.
44. Con la suscripción del citado acuerdo de transacción, la sociedad ejecutante
ratificó sin ninguna salvedad el pago que efectuó la Policía Nacional a un tercero y,
por ende, resulta válido. Ello es así, en la medida en que en ese documento se dejó
claro quién era el verdadero destinatario del valor girado, el origen del mismo y se
adoptó el acuerdo para que fuera trasladado al acreedor correcto. Se destaca que
fue Alianza Fiduciaria S.A. quien allegó al proceso el referido acuerdo para que “se
le imprima su valor probatorio correspondiente”33, aceptando de esa manera que el
pago que realizó la Policía Nacional fue a su favor, sobre todo cuando en su
impugnación reconoce que la suma de dinero en mención si le fue consignada por
el tercero.
30 “Artículo 1635. El pago hecho a una persona diversa de las expresadas en el artículo precedente es válido,
si el acreedor lo ratifica de un modo expreso o tácito, pudiendo legítimamente hacerlo; o si el que ha recibido el
pago sucede en el crédito, como heredero del acreedor, o bajo otro título cualquiera (…)”.
31 Visible en el aplicativo Samai del Tribunal, índice 75.
32 Según orden de pago de conceptos de pago no presupuestal diferente de deducciones se canceló la referida
suma el 29 de septiembre de 2022 (Visible en el aplicativo Samai del tribunal, índice 59).
33 Afirmó que como dicho contrato fue suscrito con posterioridad a la presentación de la demanda y del
mandamiento de pago, procedía a aportarlo.
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45. De modo que en la liquidación del crédito deba tenerse en cuenta como fecha
del pago el 29 de septiembre de 2022, época en la que se predica que el deudor se
liberó de la obligación, sin que pueda considerarse aquella en la que los recursos
fueron devueltos por parte del señor Villegas Duque, específicamente para lo
relacionado con el reconocimiento de intereses que se piden (27 de septiembre de
2023), máxime cuando de ello no se aportó prueba alguna.
46. La Sala llama la atención frente al hecho de que el valor que se giró a favor
del señor Ernesto Villegas Duque el 22 de septiembre de 2022 sólo se haya devuelto
hasta el año 2023, con ocasión de la suscripción del acuerdo de transacción, pues
aquél tenía conocimiento sobre a quién pertenecía esa suma de dinero, en la
medida en que celebró con la sociedad Alianza Fiduciaria S.A. el contrato de cesión
de derechos económicos derivados de las providencias que constituyen en este
caso el título ejecutivo. Ante tal circunstancia, surge de manera diáfana que la
entidad ejecutada no está obligada a asumir ninguna clase de intereses después de
la fecha en que efectivamente hizo el pago, menos aun cuando de por medio se
reconoció que a favor del apoderado mediaba una deuda por sus servicios
profesionales.
47. En la sustentación de su alzada, la Policía y el Ejército Nacional aseveraron
que aunque se generaron unos intereses desde el momento en que se expidió la
“resolución del pago” hasta cuando se hizo efectivo el desembolso por parte del
Tesoro Nacional: (i) ese periodo no se debe “enmarcar como incumplimiento del
pago”, dado que el Fondo de Contingencias de las Entidades Estatales está
supeditado al rubro presupuestal del Estado, y (ii) ello obedeció a los trámites
regulados para ordenar y efectuar el pago de los dineros públicos, que se
acompasan con las reglas establecidas en el Decreto 642 de 2020, en lo relacionado
con las gestiones que deben adelantar las entidades que hagan parte del
Presupuesto General de la Nación para el reconocimiento como deuda pública y
pago de las sentencias o conciliaciones que se encuentren en mora.
48. Al respecto, la Sala precisa que, con independencia de la “disponibilidad
presupuestal” o del “trámite para el reconocimiento y pago de deudas”, el pago de
la obligación debe ser completo, es decir, debe incluir el capital adeudado y los
intereses moratorios correspondientes, los cuales, se recuerda, operan por
disposición de la ley y se causan desde que se hace exigible la obligación hasta que
esta se satisface totalmente. En otras palabras, circunstancias administrativas como
las que alegaron las entidades ejecutadas en la apelación no la excusan de realizar
el pago completo de la obligación.
49. Conviene destacar que el reconocimiento de las providencias en firme como
deuda pública no extingue o suspende la exigibilidad de las obligaciones allí
contenidas, en tanto que dicha declaración no corresponde ni es equiparable a un
modo de hacer cesar o extinguir las obligaciones, por lo que los intereses derivados
de la mora en el cumplimiento de la obligación continúan generándose hasta el
momento en que ésta sea cumplida34.
50. Sobre la aplicación del artículo 1653 del Código Civil, esta Corporación 35 ha
indicado que, si bien el artículo 177 del CCA (ahora artículos 192 y 195 del CPACA)
34 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 21 de febrero de 2025, radicación
440012340000202200150 01 (70.320), Consejero Ponente: José Roberto Sáchica Méndez.
35 Entre otras: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera - Subsección C
sentencia del 9 de diciembre de 2025, expediente 25000-23-36-000-2020-00202-01 (70012), ejecutante:
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regula algunos aspectos específicos del procedimiento de pago de condenas y la
causación de intereses, no puede entenderse como una ordenación integral y
completa sobre todos los aspectos relacionados con el pago, como modo de
extinción de las obligaciones.
51. La referida norma impone una pauta especial de causación de intereses, pero
no establece una regulación específica en relación con la imputación de los pagos,
razón por la que no existe ninguna justificación para que la regla del mencionado
artículo del Código Civil no sea aplicable al pago de las obligaciones derivadas de
sentencias de la jurisdicción de lo contencioso administrativo.
52. En su impugnación, el Ejército Nacional alude a la sentencia del 30 de mayo
de 2024, proferida por la Sección Segunda de esta Corporación en el expediente
con radicado 25000-23-42-000-2016-02688-01 (0230-2022); no obstante, en esa
decisión se anotó de manera puntual que el artículo 1653 del Código Civil no puede
aplicarse en los asuntos de naturaleza laboral en los que se han impuesto condenas
de reconocimiento o reliquidación pensional.
53. Los ejecutados afirmaron que con el desembolso que efectuaron el 29 de
septiembre de 2022 por la suma de $2.288’335.155,10, se cubrió la obligación
contenida en las providencias que constituyen el título ejecutivo; sin embargo, se
evidencia que no comprendió la totalidad de la deuda que tenían hasta ese
momento, como quiera que la liquidación del crédito -conforme lo afirman las partes
y según se observa en el anexo SECON-2017-1405736- se realizó del 10 de junio
de 2017 al 30 de junio de 2022, quedando sin reconocimiento los días que
transcurrieron hasta la fecha en que la ejecutada dio cumplimiento efectivo de la
prestación a su cargo (29 de septiembre de 2022).
54. Tampoco es de recibo el argumento relativo a que de existir alguna obligación
económica a favor de la ejecutante, la misma tiene que concretarse exclusivamente
sobre el período comprendido del 1 de julio al 28 de septiembre de 2022, en la
medida en que los intereses derivados de la mora en el cumplimiento de la
obligación continúan generándose hasta el momento en que ésta sea cumplida en
su totalidad.
55. Todo lo expuesto anteriormente impone la confirmación de la sentencia
recurrida.
Condena en costas
Consorcio Bdo Audit Age – Augusto Bahamón, CP Nicolás Yepes Corrales: “Si bien esta norma regula algunos
aspectos específicos del procedimiento de pago de condenas y la causación de intereses sobre dichas
condenas, de ninguna forma puede entenderse como una regulación integral y completa sobre todos los
aspectos relacionados con el pago, como modo de extinción de las obligaciones. En el mismo sentido, es
evidente que la norma referida impone una regla especial de causación de intereses, pero no establece una
regulación especial en relación con la imputación de los pagos, razón por la cual, no existe ninguna justificación
para que la regla del artículo 1653 del Código Civil no sea aplicable al pago de las obligaciones derivadas de
sentencias de la jurisdicción de lo contencioso administrativo (…) En virtud de lo anterior, para esta Sala, el
artículo 1653 del Código Civil, a cuyo tenor, los pagos deben ser imputados primero a los intereses y después
al capital salvo consentimiento expreso del acreedor para que se impute primero al capital, encuentra plena
aplicación para el pago de obligaciones ejecutadas con base en condenas proferidas en sentencias de esta
jurisdicción. Además de lo anterior, también es claro que la regulación especial del CCA y el CPACA en punto
del procedimiento de pago de condenas judiciales y la causación de intereses no excluye la aplicación del 1653
del Código Civil por tratarse esta norma de una regla sobre la imputación de pagos, asunto no regulado en la
normatividad procesal de la jurisdicción de lo contencioso administrativo”.
36 Visible en el aplicativo Samai, índice 49.
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Radicación: 85001-23-33-000-2022-00137-01 (73.114)
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Ejecutado: Nación - Ministerio de Defensa - Ejército Nacional y otro
Referencia: Ejecutivo
56. El artículo 365 del Código General del Proceso determina que se condenará
en costas a la parte vencida en el proceso o a quien se le resuelva
desfavorablemente el recurso de apelación que haya propuesto. Vistos los
argumentos que sirven de sustento a esta providencia, en principio, procedería la
condena en costas, puesto que a las partes se les resolvió de forma desfavorable
su impugnación.
57. Como, en estricto sentido, ninguno de los cargos expuestos por cada una de
las partes recurrentes tuvo vocación de prosperidad, no habrá lugar a condenar en
costas a favor ni en contra de ninguno de los extremos procesales, comoquiera que,
en realidad, operó una suerte de compensación, dado que a ambas partes les
fueron resueltos de manera desfavorable los argumentos que sustentaron sus
recursos de alzada37.
IV. PARTE RESOLUTIVA
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República y por autoridad de la Ley,
RESUELVE
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 25 de marzo de 2025, proferida por el
Tribunal Administrativo de Casanare
SEGUNDO: Sin condena en costas.
TERCERO: En firme esta providencia, realizar la devolución del expediente al
Tribunal de origen, mediante el aplicativo Samai.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
Nota: se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su
encabezado y que se suscribe de forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de manera que el
certificado digital que arroja el sistema permite validar su integridad y autenticidad en el
enlace https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente
puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que aparece
a la derecha. Se recuerda que, con la finalidad de tener acceso al expediente, los abogados tienen la
responsabilidad de registrarse en el sistema Samai.
VF
37 En igual sentido, consultar las sentencias proferidas por la Subsección A de la Sección Tercera del 21 de
mayo de 2021, radicación 250002336000 201501315 01 (57822), y del 13 de agosto de ese mismo año,
radicación 25000233600020130000901 (56.960).
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