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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-36-000-2020-00202-01

Fecha
9 de diciembre de 2025
Consejero ponente
Nicolás Yepes Corrales
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-36-000-2020-00202-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 20 de abril de 2023, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A., por las razones expuestas en esta providencia, SEGUNDO: CONDENAR en costas en segunda instancia al Consorcio BDO AUDIT AGE – Augusto Bahamón, las cuales serán liquidadas de manera concentrada por el Tribunal a quo, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia y tomando en consideración lo dispuesto en los artículos 365.8 y 366 del CGP. Se incluirán por concepto de agencias en derecho a favor del Distrito de Bogotá – Secretaría de Movilidad, la suma correspondiente a 1 salario mínimo legal mensual vigente. TERCERO: En firme esta providencia ENVÍESE el expediente al Tribunal de origen para lo de su cargo.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 25000-23-36-000-2020-00202-01

Consejero ponente: Nicolás Yepes Corrales

9 de diciembre de 2025

Radicado: 25000-23-36-000-2020-00202-01 (70012)
Demandante: Consorcio BDO AUDIT AGE – Augusto
Bahamón

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C

CONSEJERO PONENTE: NICOLÁS YEPES CORRALES

Bogotá D.C., nueve (9) de diciembre de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: EJECUTIVO
Radicación: 25000-23-36-000-2020-00202-01 (70012)
Demandante: CONSORCIO BDO AUDIT AGE – AUGUSTO BAHAMÓN
Demandado: DISTRITO DE BOGOTÁ - SECRETARÍA DE MOVILIDAD

TEMAS: Proceso ejecutivo derivado de condenas impuestas en sentencias de la jurisdicción de lo
contencioso administrativo. Regulación sobre el pago de sentencias y causación de intereses
contenida en los artículos 177 del CCA y 192 y 195 del CPACA. Aplicación del artículo 1653 del
Código Civil sobre imputación de pagos a los procesos ejecutivos derivados de sentencias de la
jurisdicción de lo contencioso administrativo. Intereses moratorios pactados en contratos estatales.
Tasa de Usura.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte ejecutante contra la
sentencia proferida en audiencia del 20 de abril de 2023 mediante la cual el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A declaró probada
la excepción de pago y declaró la terminación del proceso.

I. SÍNTESIS DEL CASO

El 30 de julio de 2015, la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado
modificó la sentencia de primera instancia proferida por la Subsección A de la
Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca y dispuso: i) liquidar
judicialmente el contrato celebrado entre el Fondo de Educación y Seguridad Vial
de la Secretaría de Movilidad de Bogotá y el Consorcio BDO AUDIT AGE – Augusto
Bahamón; y ii) como consecuencia de lo anterior, condenar a la entidad demandada
a pagar a favor del contratista la suma de doscientos sesenta y nueve millones
doscientos dieciséis mil ochocientos treinta pesos ($269.216.830) más los intereses

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Radicado: 25000-23-36-000-2020-00202-01 (70012)
Demandante: Consorcio BDO AUDIT AGE – Augusto
Bahamón

moratorios liquidados a una tasa del 3% mensual hasta la fecha del pago total de la
obligación.

Presentada la solicitud de pago, la entidad ejecutada realizó tres pagos en
instalamentos diferentes entre el 27 de mayo de 2016 y el 21 de marzo de 2017,
por una suma total de mil seiscientos veinticinco millones quinientos treinta y un mil
doscientos veintidós pesos ($1.625.531.222). Sin embargo, la suma pagada solo
cubrió el monto de los intereses causados a mayo de 2016, quedando pendiente el
pago del capital y el saldo de los intereses causados sobre dicho capital con
posterioridad a mayo de 2016.

En la demanda ejecutiva, la parte ejecutante afirma que la entidad ejecutada le
adeuda las siguientes sumas de dinero: i) doscientos sesenta y nueve millones
doscientos dieciséis mil ochocientos treinta pesos ($269.216.830) por concepto de
capital; ii) cuatrocientos veintisiete millones quinientos dieciséis mil trescientos
veinticuatro pesos ($427.516.324) por concepto de los intereses causados sobre el
capital anterior hasta el 15 de julio de 2020; y iii) por los intereses que se causaren
a partir del 16 de julio de 2020.

II. ANTECEDENTES

1. Demanda

1.1. El 16 de julio de 20201, el Consorcio BDO AUDIT AGE – Augusto Bahamón –
en adelante el Consorcio – mediante apoderado judicial, presentó demanda
ejecutiva en contra del Distrito de Bogotá – Secretaría de Movilidad – en adelante
el Distrito o la entidad ejecutada – en la cual formuló las siguientes pretensiones,
que se transcribe incluso con eventuales errores:

“PRIMERA: Solicito al Despacho librar mandamiento de pago contra la
parte demandada antes FONDO DE EDUCACIÓN Y SEGURIDAD VIAL

1 De conformidad con el acta individual de reparto, expediente digitalizado en el hipervínculo https://etbcsj-

my.sharepoint.com/personal/s03des01tadmincdm_notificacionesrj_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2F
personal%2Fs03des01tadmincdm%5Fnotificacionesrj%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FPROCESOS%20OR
DINARIOS%2FPRIMERA%20INSTANCIA%2F2020%2D00202%2D00%20%2D%20Consorcio%20BDO%20A
UDIT%20AGE%20contra%20FONDATT&ga=1 , documento denominado “2. Acta Individual de Reparto.pdf”.

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Radicado: 25000-23-36-000-2020-00202-01 (70012)
Demandante: Consorcio BDO AUDIT AGE – Augusto
Bahamón

“FONDATT” DE LA SECRETARÍA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE DE
BOGOTÁ hoy SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD NIT.
899.999.061-9 representada legalmente por el Dr. Nicolás Estupiñán, o
por quien funja como representante legal del extinto FODATT en
Liquidación, y a favor del CONSORCIO BDO AUDIT AGE - AUGUSTO
BAHAMÓN por las siguientes obligaciones contenidas en los títulos
ejecutivos base del recaudo:

1. Por la suma de DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MILLONES
DOSCIENTOS DEIECISEIS MIL OCHOCIENTOS TREINTA PESOS
($269.216.830.oo), por concepto de capital, de conformidad con lo
ordenado en el numeral SEGUNDO de la sentencia del treinta (30) de julio
de dos mil quince (2.015) proferida por el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección “B”, M.P. Dra.
STELLA CONTO DÍAZ DEL CASTILLO.

2. Por la suma de CUATROCIENTOS VEINTISIETE MILLONES
QUINIENTOS DEIECISEIS MIL TRESCIENTOS VEINTICUATRO
PESOS ($427.516.324.oo), por concepto de intereses causados sobre el
capital adeudado hasta el día quince (15) de julio de 2020, de conformidad
con lo ordenado en el numeral SEGUNDO de la sentencia del treinta (30)
de julio de dos mil quince (2.015) proferida por el Consejo de Estado, Sala
de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección “B”, M.P.
Dra. STELLA CONTO DÍAZ DEL CASTILLO.

3. Por los intereses que se causen sobre el capital adeudado a la tasa
mensual del tres por ciento (3%) desde el día dieciséis (16) de julio de
2020 y hasta que se efectúe el pago total de la obligación, de conformidad
con lo ordenado en el numeral SEGUNDO de la sentencia del treinta (30)
de julio de dos mil quince (2.015) proferida por el Consejo de Estado, Sala
de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección “B”, M.P.
Dra. STELLA CONTO DÍAZ DEL CASTILLO.

SEGUNDA: Solicito se condene a la entidad demandada al pago de las
costas derivadas del ejercicio de la presente acción ejecutiva, incluidas
las agencias en derecho”2.

1.2. Como fundamentos fácticos la parte ejecutante formuló los siguientes hechos
que, a continuación, la Sala sintetiza:

1.2.1. Afirmó que el 30 de julio de 2015, la Subsección B de la Sección Tercera del
Consejo de Estado modificó la sentencia del 23 de noviembre de 2006 proferida por
la Subsección A de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca
dentro de la acción de controversias contractuales iniciada por el Consorcio en
contra del Fondo de Educación y Seguridad Vial de la Secretaría de Movilidad – en
adelante el Fondo – con ocasión del contrato de interventoría No. 003 del 27 de

2 Expediente digitalizado en el hipervínculo del pie de página No.1, documento denominado “1.Demanda.pdf”

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Radicado: 25000-23-36-000-2020-00202-01 (70012)
Demandante: Consorcio BDO AUDIT AGE – Augusto
Bahamón

enero de 1999 celebrado entre las partes. La parte resolutiva de la sentencia de
segunda instancia dispuso textualmente:

“PRIMERO.- LIQUIDAR judicialmente el Contrato de Interventoría n.º
0003 de 27 de enero de 1999, suscrito entre el Fondo de Educación y
Seguridad Vial FONDATT de la secretaría de Tránsito y Transporte de
Bogotá D.C. y el Consorcio BDO AUDIT AGE-AUGUSTO BAHAMÓN.

SEGUNDO.- Como consecuencia de lo anterior, CONDENAR al Fondo
de Educación y Seguridad Vial FONDATT de la Secretaría de Tránsito y
Transporte de Bogotá D.C. pagar a favor del Consorcio BDO AUDIT AGE-
AUGUSTO BAHAMÓN, la suma de DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE
MILLONES DOSCIENTOS DIECISÉIS MIL OCHOCIENTOS TREINTA
PESOS MCTE ($269 216 830).

Sobre dicha suma, la entidad pública deberá reconocer los intereses
moratorios a la tasa del 3% mensual, tal y como fue pactado por los
contratantes, en la cláusula décima octava del contrato de interventoría
n.º 0003 de 27 de enero de 1999”.

1.2.2. Mediante Decreto Distrital 563 del 29 de diciembre de 2006, el Distrito ordenó
la supresión y liquidación del Fondo, trámite que culminó el 31 de diciembre de 2009
de conformidad con lo dispuesto en el Decreto Distrital 244 de 2009. En los términos
del Decreto Distrital 591 de 2009, la “Secretaría Distrital de Movilidad, como
Autoridad de Tránsito y Transporte de Bogotá, recibió para su impulso y culminación
todas las actuaciones administrativas cuyo trámite estaban a cargo del extinto
FONDATT”.

1.2.3. En virtud de lo anterior, la parte ejecutante presentó solicitud de pago ante la
Secretaría Distrital de Movilidad – en adelante la Secretaría – y la entidad ejecutada
realizó los siguientes pagos, los cuales fueron imputados primero a intereses y
después a capital, en los términos del artículo 1653 del Código Civil:

• El 27 de mayo de 2016 realizó un primer abono de doscientos sesenta y
nueve millones doscientos dieciséis mil ochocientos treinta pesos
($269.216.830) que fue imputado a los intereses causados hasta esa fecha
desde el 20 de agosto de 1999, quedando un saldo de intereses de mil
trescientos ochenta millones cinco mil cuatrocientos setenta y un pesos
($1.380.005.471) y el saldo de capital de doscientos sesenta y nueve
millones doscientos dieciséis mil ochocientos treinta pesos ($269.216.830).

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Demandante: Consorcio BDO AUDIT AGE – Augusto
Bahamón

• El 29 de noviembre de 2016 realizó un segundo abono por valor de
setecientos cuarenta millones cuatrocientos cuarenta y un mil ochocientos
catorce pesos ($740.441.814) que fue imputado a los intereses causados
hasta esa fecha, quedando un saldo de intereses de seiscientos ochenta y
nueve millones seiscientos treinta y siete mil novecientos ochenta y siete
pesos ($689.637.987) y el saldo de capital de doscientos sesenta y nueve
millones doscientos dieciséis mil ochocientos treinta pesos ($269.216.830).

• El 21 de marzo de 2017 realizó un tercer abono por valor de seiscientos
quince millones ochocientos setenta y dos mil quinientos setenta y ocho
pesos ($615.872.578) que fue imputado a los intereses causados hasta esa
fecha, quedando un saldo de intereses de ciento tres millones novecientos
diecisiete mil seiscientos noventa y cuatro pesos ($103.917.694) y el saldo
de capital de doscientos sesenta y nueve millones doscientos dieciséis mil
ochocientos treinta pesos ($269.216.830).

1.2.4. Mediante comunicaciones de fecha 30 de noviembre de 2018 y 19 de
noviembre de 2019, el Consorcio puso de presente a la Secretaría que ésta había
cometido un error al asumir que el monto total de la obligación correspondía a la
suma de mil seiscientos veinticinco millones quinientos treinta y un mil doscientos
veintidós pesos ($1.625.531.222), cuando dicho valor correspondía únicamente a
los intereses causados hasta el mes de mayo de 2016 sin incluir el capital y solicitó
que se procediera al pago total de la obligación. La Secretaría respondió a la parte
ejecutante que había dado cumplimiento estricto a lo ordenado en la sentencia.

1.2. Como fundamento jurídico de sus pretensiones, la parte demandante señaló
que las condenas proferidas en una sentencia ejecutoriada constituyen obligaciones
claras, expresas y exigibles. Además, indicó que de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 1653 del Código Civil, los pagos parciales realizados por la entidad
ejecutada se imputaron primero a los intereses y después al capital, por lo cual con
estos no se satisfizo en su totalidad la obligación adeudada.

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Demandante: Consorcio BDO AUDIT AGE – Augusto
Bahamón

2. Mandamiento ejecutivo

Mediante providencia del 4 de agosto de 20223, la subsección A de la Sección
Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca libró mandamiento de pago a
favor del Consorcio, en los siguientes términos:

“PRIMERO: Líbrese mandamiento de pago a favor del CONSORCIO BDO
AUDIT AGE- AGUSTO BAHAMON y en contra de la SECRETARIA
DISTRITAL DE MOVILIDAD (FONDO DE EDUCACION Y SEGURIDAD
VIAL- FONDATT) por las siguientes sumas:

A. Por la suma de DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MILLONES
DOSCIENTOS DIECISÉIS MIL OCHOCIENTOS TREINTA PESOS
($269’216.830.oo) M/CTE, de acuerdo con la liquidación realizada por el
H. Consejo de Estado en la sentencia del día 30 de julio de 2015.

B. Los intereses moratorios se liquidarán conforme a lo señalado en la
parte motiva de esta providencia, y de conformidad con lo establecido en
el artículo 177 del CCA.

SEGUNDO. El pago ordenado en los literales precedentes deberá
efectuarse dentro de los cinco (5) días siguientes a la notificación de la
presente providencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 431
del C.G.P.”

En relación con los intereses, la parte motiva de la providencia referida señaló que:

“Se recuerda que la sentencia proferida el día 30 de julio de 2015 por el
H. Consejo de Estado, MODIFICÓ la sentencia proferida por esta
Corporación el día 23 de noviembre de 2006. En relación con los intereses
moratorios –uno de los aspectos objeto de modificación por el ad quem –
se estableció que:

“SEGUNDO.- Como consecuencia de lo anterior, CONDENAR al Fondo
de Educación y Seguridad Vial FONDATT de la Secretaría de Tránsito y
Transporte de Bogotá D.C., pagar a favor del Consorcio BDO AUDIT
AGE- AUGUSTO BAHAMON, la suma de DOSCIENTOS SESENTA Y
NUEVE MILLONES DOSCIENTOS DIECISEIS MIL OCHOCIENTOS
TREINTA PESOS MCTE ($269 216 830).

Sobre dicha suma, la entidad pública deberá reconocer los intereses
moratorios a la tasa del 3% mensual, tal y como fue pactado por los
contratantes, en la cláusula decima octava del contrato de interventoría nº
0003 de 27 de enero de 1999” (negrillas del Despacho)

3 Expediente digitalizado en el hipervínculo del pie de página 1, documento denominado
“9_250002336000202000202001AUTOQUELIBRA20220804210301_TCDescargaTotalItem133262815824547
546”

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En ese sentido, los intereses moratorios a liquidarse, se harán de
conformidad a lo pactado entre los sujetos contractuales, y tomando en
consideración lo estipulado en la cláusula decima octava del contrato de
interventoría No. 0003 de 1999. Se observa que allí se indicó que “EL
FONDATT pagara al contratista intereses moratorios del tres por ciento
(3%) mensuales, cuando aquel no efectúe los pagos dentro de los plazos
previstos en la cláusula quinta”; teniendo entonces que, la tasa con la cual
se deben liquidar los intereses moratorios, corresponde al 3% mensual”.

3. Excepciones de mérito

Mediante memorial radicado oportunamente el 25 de agosto de 2022, el Distrito se
opuso a las pretensiones y formuló las siguientes excepciones de mérito 4:

3.1. Respecto de la excepción de pago, indicó que la Secretaría, mediante
Resolución No. 070 del 25 de enero de 2016 dio inicio al procedimiento
administrativo de pago de la sentencia a favor del Consorcio. El 10 de mayo de
2016, la Secretaría expidió la Resolución No. 06 de 2016 a través de la cual ordenó
el pago de la suma de doscientos sesenta y nueve millones doscientos dieciséis mil
ochocientos treinta pesos ($269.216.830) por concepto del capital de la obligación
adeudada.

El 20 de mayo de 2016, el Consorcio presentó una cuenta de cobro a la Secretaría
por la suma de mil seiscientos veintitrés millones trescientos setenta y siete mil
pesos ($1.623.377.000) que correspondía a: i) doscientos sesenta y nueve millones
doscientos dieciséis mil ochocientos treinta pesos ($269.216.830) por concepto de
capital y; ii) mil trescientos cincuenta y cuatro millones ciento sesenta mil siento
setenta pesos ($1.354.160.170) por concepto de intereses causados hasta el 20 de
mayo de 2016. El 27 de mayo de la misma anualidad, la Secretaría pagó la suma
de doscientos sesenta y nueve millones doscientos dieciséis mil ochocientos treinta
pesos ($269.216.830) correspondiente al capital.

Mediante comunicación del 21 de septiembre de 2016 remitida por el Consorcio a
la Secretaría, la parte ejecutante aceptó de forma expresa que el pago recibido el

4 Expediente digitalizado en el hipervínculo del pie de página 1, documento denominado
“12_250002336000202000202001RECIBEMEMORIALANEXOS20220825175209_TCDescargaTotalItem1332
62815728102684.pdf”.

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27 de mayo de 2016 correspondía al capital de la obligación, quedando únicamente
pendiente el pago de los intereses causados sobre dicha suma.

En este sentido, el monto restante de la obligación, que correspondía a los intereses
causados sobre la suma de capital referida, fueron pagados al Consorcio en dos
instalamentos así: i) el 22 de noviembre de 2016 se pagó la suma de setecientos
cuarenta millones cuatrocientos cuarenta y un mil ochocientos catorce pesos
($740.441.814); y ii) el 7 de marzo se pagó la suma de seiscientos quince millones
ochocientos veintisiete mil quinientos setenta y ocho ($615.827.578). Por lo tanto,
la obligación ejecutada fue pagada en su totalidad.

3.2. En relación con la excepción que denominó “Inexistencia de la obligación no
aplica artículo 1653 CC” señaló que los artículos 192 y 195 del CPACA establecen
una regulación especial y completa respecto del pago de condenas impuestas en
sentencias de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, regulando incluso los
temas atinentes al reconocimiento y pago de intereses sobre dichas condenas. En
virtud de lo anterior, el artículo 1653 del Código Civil, referido a las reglas de
imputación de los pagos de obligaciones de naturaleza civil, no es aplicable para el
pago de condenas judiciales en esta jurisdicción. Dicha norma solo es aplicable en
los procesos ejecutivos derivados de los contratos estatales por estar estos
sometidos a la normatividad civil y comercial en los términos de la Ley 80 de 1993.

3.3. Finalmente, sobre la excepción de cobro de lo no debido, manifestó que, si bien
la sentencia ejecutada ordenó el reconocimiento y pago de intereses moratorios a
una tasa del 3% mensual a partir de agosto de 1999, debía tenerse en cuenta que
es posible que, a la fecha, dicha tasa de interés superara el límite de usura.

4. Audiencia concentrada y sentencia de primera instancia

4.1. El 20 de abril de 20235, el tribunal realizó la audiencia de que tratan los artículos
372 y 373 del CGP en concordancia con lo dispuesto en el numeral 2 del artículo

5 Grabación de la audiencia obrante en el hipervínculo https://playback.lifesize.com/#/publicvideo/d4981b55-

9c2f-49a5-8352-5155b134ab43?vcpubtoken=cd86efcc-4bb0-4213-82df-83ed80ad9296. Acta de la audiencia

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4436 de la misma codificación, normas aplicables por remisión del artículo 299 del
CPACA7.

4.2. En dicha audiencia, el tribunal prescindió de la etapa de conciliación, al haberse
verificado que las partes no tenían ánimo conciliatorio y no advirtió irregularidad o
causal de nulidad que debiera sanearse. Seguidamente decretó como pruebas las
documentales aportadas en la demanda y el escrito de excepciones, y al evidenciar
que no se habían solicitado pruebas para practicar, corrió traslado a las partes para
que presentaran sus alegatos.

4.2.1. La parte ejecutante solicitó que se ordenara seguir adelante la ejecución en
los términos del mandamiento de pago toda vez que estaba acreditado que solo
existió un pago parcial, pues los pagos realizados por la entidad se imputaron
primero a los intereses en los términos del artículo 1653 del Código Civil, norma que
sí era aplicable al presente asunto.

4.2.2. La parte ejecutada reiteró los argumentos en los que fundamentó sus
excepciones y señaló que: i) estaba probado que la Secretaría realizó el pago total
de la obligación; ii) el artículo 1653 del Código Civil no era aplicable al pago de
condenas impuestas en sentencias de la jurisdicción de lo contencioso
administrativo; ii) en cualquier caso, el Consorcio consintió expresamente a que el
primer pago realizado por la entidad se imputara al capital y no a los intereses.

4.3. Seguidamente, el tribunal profirió sentencia en la que declaró probada la
excepción de pago formulada por la entidad ejecutada y ordenó la terminación del
proceso. En síntesis, el tribunal consideró que:

obrante en el expediente digitalizado en el hipervínculo del pie de página 1, documento denominado
“50_AUDIENCIASENTENCIA_2020002020ACTADE(.pdf)”
6 “Surtido el traslado de las excepciones el juez citará a la audiencia prevista en el artículo 392, cuando se trate

de procesos ejecutivos de mínima cuantía, o para audiencia inicial y, de ser necesario, para la de instrucción y
juzgamiento, como lo disponen los artículos 372 y 373, cuando se trate de procesos ejecutivos de menor y
mayor cuantía.”
7 “Salvo lo establecido en este código para el cobro coactivo a favor de las entidades públicas, en la ejecución

de los títulos derivados de 13s actuaciones relacionadas con contratos celebrados por entidades públicas, se
observarán las reglas establecidas en el Código General del Proceso para el proceso ejecutivo. El juez
competente se determinará de acuerdo con los factores de competencia territorial y de cuantía, establecidos en
este código”.

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4.3.1. Como precisión preliminar, indicó que solo se pronunciaría respecto de la
excepción de pago formulada por la entidad ejecutada, toda vez que los otros dos
medios exceptivos no hacían parte del listado del artículo 442 del CGP, norma que
señala taxativamente las excepciones que se pueden formular en ejecutivos donde
se pretenda el cobro de obligaciones contenidas en providencias judiciales.

4.3.2. Señaló que la aplicación del artículo 1653 del Código Civil al pago de
obligaciones contenidas en sentencias de la jurisdicción de lo contencioso
administrativa se trataba de un asunto respecto del cual no existía una posición
jurisprudencial pacífica y uniforme. Sin embargo, para el tribunal, la posición según
la cual esta regulación de naturaleza civil no es aplicable en estos procesos
ejecutivos debía preferirse sobre la tesis de la aplicación de dicha norma por las
siguientes razones:

• El artículo 177 del CCA y hoy el artículo 195 del CPACA establecen un
procedimiento especial para el pago de las sentencias de la jurisdicción de lo
contencioso administrativo, además de definir el momento a partir del cual
sobre las obligaciones dinerarias contenidas en dichas sentencias se causan
intereses moratorios. De conformidad con la Corte Constitucional, esta
regulación especial cumple un fin legítimo, a saber, la defensa del patrimonio
público y del interés general.

• La regulación especial en esta materia parte, además, del reconocimiento de
que los particulares y las entidades estatales no se encuentran en un mismo
plano de igualdad en cuanto al pago de créditos judiciales, toda vez que las
entidades deben cumplir con las disposiciones constitucionales y legales que
regulan los asuntos presupuestales, normas que no aplican a los particulares.

• Por lo anterior, si el legislador se preocupó por establecer una regulación
completa para el pago de obligaciones contenidas en sentencias de la
jurisdicción de lo contencioso administrativo, no existe un vacío que deba
suplirse aplicando la regla del artículo 1653 del Código Civil. En este sentido,

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los pagos realizados por las entidades públicas debían imputarse primero al
capital y después a los intereses.

4.3.3. En virtud de lo anterior, en el presente asunto estaba probado que el 27 de
mayo de 2016, la Secretaría pagó al Consorcio la suma de doscientos sesenta y
nueve millones doscientos dieciséis mil ochocientos treinta pesos ($269.216.830)
correspondientes al capital de la condena proferida en la sentencia ejecutada,
quedando pendiente el pago de los intereses causados. Posteriormente, el 24 de
noviembre de 2016 y el 17 de marzo de 2017, la entidad realizó los pagos restantes
correspondiente a los intereses por valor de mil trescientos cincuenta y seis millones
trescientos catorce mil trescientos noventa y dos pesos ($1.356.314.392) para un
pago total de mil seiscientos veinticinco millones quinientos treinta y un mil
doscientos veintidós pesos ($1.625.531.222), suma que es superior al monto de la
cuenta de cobro presentada por el Consorcio con corte al 20 de mayo de 2016 por
valor de mil seiscientos veintitrés millones trescientos setenta y siete mil pesos
($1.623.377.000). Por lo anterior, estaba probado que la obligación ejecutada se
había pagado en su totalidad.

4.3.4. Finalmente agregó que “no es de recibo para la Sala, que pese a que la parte
ejecutada ya pagó a la ejecutante un valor que supera en 6 veces el del capital
adeudado ya indexado, ahora pretenda nuevamente cobrar el valor del capital y de
nuevos intereses, dado que dicha situación, en criterio de la Sala, desborda el
concepto de justicia en el presente caso, e inclusive, podría conllevar un
enriquecimiento sin justa causa”.

5. Recurso de apelación

Inconforme con la decisión, la parte ejecutante interpuso y sustentó en audiencia su
recurso de apelación, el cual fue concedido en la misma diligencia 8. A pesar de
haber realizado la sustentación del recurso, el tribunal, al momento de concederlo,
otorgó al Consorcio el término de 10 días para ampliar la sustentación de su recurso,
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 247 del CPACA modificado por el

8 Grabación de la audiencia obrante en el expediente digital del tribunal en el sistema SAMAI, índice No. 47.

11

Radicado: 25000-23-36-000-2020-00202-01 (70012)
Demandante: Consorcio BDO AUDIT AGE – Augusto
Bahamón

artículo 67 de la Ley 2080 de 2021. En su escrito radicado dentro del término
señalado anteriormente9, la parte ejecutante formuló los siguientes reparos10:

5.1. Señaló que la liquidación de la obligación ejecutada (capital más intereses) al
20 de mayo de 2016 ascendía a la suma de mil ochocientos noventa y tres millones
cuatrocientos un mil novecientos sesenta y seis pesos ($1.893.401.966). A pesar
de lo anterior, el Consorcio erróneamente presentó la cuenta de cobro señalando
que el monto de la obligación ascendía a la suma de mil seiscientos veintitrés
millones trescientos setenta y siete mil pesos ($1.623.377.000). Sin embargo, debe
tenerse en cuenta que el título ejecutivo corresponde a la sentencia ejecutada y no
a la cuenta de cobro, por lo cual no le es dable ni a la entidad ni al tribunal tomar
como valor cierto de la obligación adeudada el valor señalado por el Consorcio en
la cuenta de cobro presentada a la entidad en el procedimiento de pago
administrativo.

Es cierto que entre el 27 de mayo de 2016 y el 21 de mayo de 2017, la Secretaría
pagó al Consorcio la suma de mil seiscientos veinticinco millones quinientos treinta
y un mil doscientos veintidós pesos ($1.625.531.222), sin embargo, dicha suma no
alcanzó a cubrir el monto total de la obligación liquidada al 20 de mayo de 2016.

Agregó que si la cuenta de cobro presentada por el acreedor refería un valor mayor
o menor del que realmente debía pagarse conforme lo señalado en el título
ejecutivo, en este caso la sentencia, dicho error no determinaba el valor real de la
obligación ejecutada, ni eximía a la entidad ni al juez de liquidar el crédito conforme
a lo señalado en el título ejecutado.

5.2. De conformidad con la jurisprudencia del Consejo de Estado, el artículo 1653
del Código Civil referido a la imputación de los pagos sí es aplicable al pago de
sentencias de la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Por lo tanto, los pagos

9 Expediente digital en la plataforma SAMAI del tribunal, índice 58.
10 A pesar de haberse sustentado el recurso en audiencia, la Sala estudiará los reparos formulados en el escrito

presentado posteriormente por la parte ejecutante toda vez que: i) su presentación se dio con ocasión de la
nueva oportunidad otorgada por el tribunal al momento de conceder el recurso; y ii) esta actuación es
consistente con las reglas adoptadas en la sentencia de unificación del 12 de septiembre de 2023 de la Sala
Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado en relación con la normatividad aplicable al
trámite de los procesos ejecutivos de conocimiento de esta jurisdicción.

12

Radicado: 25000-23-36-000-2020-00202-01 (70012)
Demandante: Consorcio BDO AUDIT AGE – Augusto
Bahamón

realizados por la Secretaría se imputaron primero a los intereses y después al
capital, con lo cual la obligación no se pagó en su totalidad. Agregó “que la aparente
desproporción entre la obligación original y la que debió ser pagada por la entidad
demandada” correspondía a que se debían reconocer intereses a partir del año
1999 y los primeros pagos se realizaron en el 2016, sin que pudiera considerarse
que el Consorcio estuviere “cobrando una suma injustificada”.

6. Trámite de segunda instancia

Mediante auto del 14 de julio de 2023, se admitió el recurso de apelación11. En los
términos del artículo 247 del CPACA, modificado por el artículo 67 de la Ley 2080
de 2021, la entidad ejecutada se pronunció respecto del recurso de apelación dentro
del término de ejecutoria de la providencia anterior y solicitó que se confirmara la
decisión apelada12. El expediente entró al Despacho para fallo el 16 de agosto de
2023, sin que el Ministerio Público se pronunciara13.

III. CONSIDERACIONES

Para resolver el recurso de apelación, la Sala analizará los siguientes aspectos: (1)
jurisdicción y competencia del Consejo de Estado para conocer el presente asunto;
(2) normatividad aplicable; (3) medio de control procedente; (4) legitimación en la
causa; (5) oportunidad del medio de control, (6) problema jurídico, (7) hechos
probados, (8) solución al problema jurídico, y (9) costas.

1. Jurisdicción y competencia

La Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo está instituida para conocer y decidir
los procesos ejecutivos originados en las condenas impuestas en esta jurisdicción
según lo previsto en el numeral 6 del artículo 10414 del CPACA. En el presente caso,

11 Expediente digital en la plataforma SAMAI, índice No. 4.
12 Expediente digital en la plataforma SAMAI, índice No. 10.
13 Índice 10 del expediente digital en la plataforma SAMAI.
14 “La Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo está instituida para conocer, (…) Los ejecutivos derivados

de las condenas impuestas y las conciliaciones aprobadas por esta jurisdicción, así como los provenientes de
laudos arbitrales en que hubiere sido parte una entidad pública; e, igualmente los originados en los contratos
celebrados por esas entidades”.

13

Radicado: 25000-23-36-000-2020-00202-01 (70012)
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el título ejecutivo corresponde a una sentencia proferida por el Consejo de Estado.

Igualmente, el Consejo de Estado es competente para decidir sobre el recurso de
apelación, de conformidad con el artículo 15015 del CPACA, dada la vocación de
doble instancia del proceso, teniendo en cuenta que el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca era competente para conocer el proceso ejecutivo en primera
instancia en los términos del artículo 156 numeral 9 del CPACA 16; lo anterior,
comoquiera que el proceso del cual deviene la sentencia ejecutada fue conocido en
primera instancia por dicho tribunal.

2. Normativa aplicable

Por tratarse de una demanda promovida con posterioridad al 2 de julio de 2012 17,
al presente asunto le resultan aplicables las disposiciones procesales contenidas en
el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo
(CPACA)18; así como las disposiciones del Código General del Proceso (CGP)19, en
virtud de la integración normativa dispuesta por el artículo 306 del CPACA20.

15 “El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las

apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos y de las
apelaciones de autos susceptibles de este medio de impugnación, así como de los recursos de queja cuando
no se conceda el de apelación por parte de los tribunales, o se conceda en un efecto distinto al que corresponda,
o no se concedan los extraordinarios de revisión o de unificación de jurisprudencia]”.
16 “En las ejecuciones de las condenas impuestas por la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo o de las

obligaciones contenidas en una conciliación aprobada por esta jurisdicción, será competente el juez que profirió
la providencia respectiva”.
17 Fl. 1 a 16, C. 1. La demanda se presentó el 25 de abril de 2018.
18 “Artículo 308. Régimen de transición y vigencia. El presente Código comenzará a regir el dos (2) de julio del

año 2012.
Este Código sólo se aplicará a los procedimientos y las actuaciones administrativas que se inicien, así como a
las demandas y procesos que se instauren con posterioridad a la entrada en vigencia.
Los procedimientos y las actuaciones administrativas, así como las demandas y procesos en curso a la vigencia
de la presente ley seguirán rigiéndose y culminarán de conformidad con el régimen jurídico anterior”.
19 Lo anterior, teniendo en cuenta que la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado,

mediante auto del veinticinco (25) de junio de dos mil catorce (2014), unificó su jurisprudencia para indicar que
el CGP entró a regir a partir del primero (1º) de enero de dos mil catorce (2014), “salvo las situaciones que se
gobiernen por la norma de transición (…) las cuales se resolverán con la norma vigente al momento en que
inició el respectivo trámite (…)”. Ver: Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, auto de
unificación del 25 de junio de 2014, expediente 49.299.
20 “Artículo 306. Aspectos no regulados. En los aspectos no contemplados en este Código se seguirá el Código

de Procedimiento Civil en lo que sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que
correspondan a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo”.

14

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No obstante, en virtud del régimen de transición adoptado en el artículo 308 del
CPACA21, los procesos iniciados con anterioridad al 2 de julio de 2012 se rigen hasta
su culminación por el “régimen jurídico anterior”, lo que quiere decir que el
cumplimiento de las sentencias judiciales no se supedita al régimen existente en el
momento en que se profieren, sino al vigente para la fecha en la que inicia el
proceso, salvo disposición legal en contrario.

Bajo ese entendido y, en consonancia con lo decantado por la Sección Tercera de
esta Corporación22, para efectos de la exigibilidad, causación y pago de intereses
que se generen como consecuencia de la mora en el cumplimiento de las
obligaciones contenidas en la sentencia ejecutada, estas se rigen por lo establecido
en el CCA en la medida que dicha decisión se dictó dentro de un proceso que se
inició antes de la entrada en vigencia del CPACA.

3. Medio de control procedente

El medio de control ejecutivo es la pretensión idónea cuando se demanda la
ejecución forzosa de obligaciones expresas, claras y exigibles a cargo de entidades
públicas, cuya fuente se encuentra entre otros, en sentencias judiciales de condena
y/o decisiones en firme proferidas en ejercicio de los mecanismos alternativos de
solución de conflictos23.

21 “Artículo 308. Régimen de transición y vigencia. El presente Código comenzará a regir el dos (2) de julio del

año 2012. Los procedimientos y las actuaciones administrativas, así como las demandas y procesos en curso
a la vigencia de la presente ley seguirán rigiéndose y culminarán de conformidad con el régimen jurídico
anterior”.
22 En sentencia del 20 de octubre de 2014, la Sección Tercera de esta Corporación concluyó que: i) las

demandas instauradas antes de la vigencia del CPACA y cuya sentencia también se dictó antes, causan
intereses de mora, en caso de retardo en el pago, conforme al art. 177 del CCA; ii) las demandas instauradas
antes de la vigencia del CPACA y cuya sentencia se dicta después, causan intereses de mora, en caso de
retardo en el pago, conforme al art. 177 del CCA, y la entrada en vigencia del CPACA no altera esta
circunstancia, por disposición expresa del art. 308 de este último estatuto; y iii) Los procesos iniciados en
vigencia del CPACA, y desde luego la sentencia se dicta conforme al mismo, causan intereses de mora
conforme al art. 195 del CPACA. (Radicación No. 52001-23-31-000-2001-01371-02 (AG). Posición que ha sido
reiterada recientemente por auto de 9 de julio de 2021 con radicación No. 66814; auto de 27 de abril de 2020
con radicación No. 65427; auto del 10 de marzo de 2020 con radicación No. 64781 y; sentencia del 10 de
octubre de 2020 con radicación No. 62424.
De conformidad con lo anterior, resulta innecesario buscar la solución en las reglas generales (como lo hizo la
Sala de Consulta y Servicio Civil en el Concepto No. 2184 del 29 de abril de 2014), dado que existe una regla
especial de transición procesal consagrada en el artículo 308 del CPACA, que es clara en establecer un régimen
de transición y su vigencia.
23 Corte Constitucional. Sentencia C-918 de 2001.

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En este caso el medio de control procedente es el ejecutivo, porque se pretende la
ejecución de una obligación consistente en cancelar las sumas de dinero contenidas
en una sentencia condenatoria proferida dentro de un proceso de controversias
contractuales adelantado en contra de la entidad ejecutada.

4. Legitimación en la causa

El Consorcio está legitimado en la causa por activa para pretender el cobro ejecutivo
de la obligación contenida en la sentencia ejecutada por ser la parte demandante
dentro del proceso de controversias contractuales donde esta se profirió.

En relación con la legitimación en la causa por pasiva, se tiene que en el proceso
de controversias contractuales del cual deriva la sentencia ejecutada fungió como
entidad demandada el Fondo, y fue a dicha entidad a quien se le impuso la condena
de la que deriva este proceso de ejecución. De conformidad con lo dispuesto en el
Acuerdo 9 de 1989 del Concejo de Bogotá, el Fondo era un establecimiento público
descentralizado del orden distrital con personería jurídica, autonomía administrativa
y patrimonio independiente. Sin embargo, mediante Decreto Distrital 563 del 29 de
diciembre de 2006, en concordancia con los Decretos 393 de 2008 y 244 de 200924,
el Distrito de Bogotá ordenó la supresión y liquidación del Fondo.

Teniendo en cuenta lo anterior, y comoquiera que el Fondo fue suprimido y liquidado
y en el acto que así lo dispuso no se ordenó nada en cuanto a su sucesión procesal,
se estima que en el presente caso quien se encuentra legitimado en la causa por
pasiva es el Distrito de Bogotá – Secretaría de Movilidad25. Lo anterior sin perjuicio
de las facultades de representación judicial de los procesos iniciados en contra del

24 Que ampliaron la liquidación hasta el 30 de junio de 2009 y posteriormente hasta el 31 de diciembre de 2009.
25 Recuérdese que de conformidad con el artículo 23 del Acuerdo 257 del 30 de noviembre de 2006 del Concejo

de Bogotá dispone que: “ Las secretarías de despacho son organismos del Distrito Capital, con autonomía
administrativa y financiera, que bajo la dirección de la respectiva secretaria o secretario, tienen como objetivo
primordial la formulación y adopción de las políticas, planes generales, programas y proyectos distritales del
Sector Administrativo de Coordinación al que pertenecen, así como la coordinación y supervisión de su
ejecución”.

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Fondo, la cual se asignó en cabeza de la Secretaría Distrital de Movilidad en los
términos del artículo 10 del Decreto Distrital 445 del 9 de noviembre de 201526.

5. Oportunidad del medio de control

El literal k) del numeral 2 del artículo 164 del CPACA, señala que el término para
presentar la demanda ejecutiva es de cinco (5) años contados a partir de la fecha
en que se hizo exigible la obligación.

En el caso sub examine, se pretende la ejecución de una condena impuesta en contra
del Fondo en sentencia del 30 de julio de 2015 proferida por la Subsección B de la
Sección Tercera del Consejo de Estado. Dicha decisión quedó ejecutoriada el 29 de
octubre de 201527. Por lo tanto, la obligación se hizo exigible a partir del día siguiente
a la fecha en que ésta quedo ejecutoriada, esto es, el 30 de octubre de 2015. Bajo
este contexto, teniendo en cuenta que la demanda se radicó el 16 de julio de 2020,
es evidente que el medio de control se ejerció dentro de la oportunidad legal.

6. Problemas jurídicos

6.1. El marco fundamental para la competencia del juez de segunda instancia lo
constituyen los cargos planteados en contra de la decisión recurrida, a menos que
las partes hayan apelado toda la sentencia, caso en el cual el juez resolverá sin
limitaciones. Es así como, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 328 del
CGP28, el superior no puede enmendar la providencia del a quo en la parte que no
fue objeto del recurso de apelación, “salvo que en razón de la reforma fuere
indispensable hacer modificaciones sobre puntos íntimamente relacionados con

26 “De la misma forma, asumirá a partir del 1 de enero de 2012, la representación judicial de los procesos activos

contra FONDATT en liquidación. Lo anterior sin perjuicio de las facultades especiales previstas en el numeral
9.2 del artículo 9° de este Decreto. Para el efecto la Secretaría Distrital de Hacienda, remitirá oportuna y
debidamente inventariado el archivo documental de procesos que entregarán a la Secretaría de Movilidad”.
27 Expediente digitalizado obrante en el hipervínculo señalado en el pie de página No. 1, documento denominado

“2001-2044 Cuaderno 1.pdf”. folio 525.
28 “Artículo 328. Competencia del Superior. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre

los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los
casos previstos por la ley. Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no
apeló hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones”.

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aquélla”29. En el mismo sentido, y atendiendo al principio de congruencia “a las
partes les está vedado modificar o adicionar en el recurso de apelación la causa
petendi de la demanda, pues esto implicaría un desconocimiento flagrante del
principio al debido proceso”30.

6.2. En este sentido, de conformidad con los cargos expuestos en el recurso de
apelación, le corresponde a la Sala determinar; i) en primer lugar, si el artículo 1653
del Código Civil referido a la imputación de pagos es aplicable al pago de
obligaciones derivadas de sentencias proferidas en la jurisdicción de lo contencioso
administrativo; y ii) teniendo en cuenta la respuesta al problema jurídico anterior, si
en el presente asunto está probado que la entidad realizó el pago total de la
obligación ejecutada al Consorcio.

7. Hechos probados

En el marco de lo expuesto, se establecerá cuáles son los hechos probados que
resultan relevantes para decidir la controversia sometida a juicio en esta instancia.
Para tal efecto, la Sala analizará los documentos aportados al proceso de
conformidad con lo previsto en el artículo 24631 del CGP.

7.1. El 23 de noviembre de 2006 la Subsección A de la Sección Tercera del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca profirió sentencia dentro de la acción de

29 Sobre la competencia del ad quem con ocasión del recurso de apelación, cabe resaltar que la Sala Plena de

la Sección Tercera de esta Corporación, mediante sentencia del 6 de abril de 2018 (expediente No. 46005),
unificó su jurisprudencia en los siguientes términos: “19. Este entendimiento del principio de congruencia y de
los límites competenciales del ad quem frente el recurso de apelación es el que la Sala acoge y reitera, de
manera que si se apela un aspecto global de la sentencia, el juez adquiere competencia para revisar todos los
asuntos que hacen parte de ese aspecto más general, aunque de manera expresa no se haya referido a ellos
el apelante único. Lo anterior, desde luego, sin perjuicio de la potestad que tiene el juzgador de pronunciarse
oficiosamente sobre todas aquellas cuestiones que sean necesarias para proferir una decisión de mérito, tales
como la caducidad, la falta de legitimación en la causa y la indebida escogencia de la acción, aunque no
hubieran sido propuestos por el apelante como fundamentos de su inconformidad con la providencia
censurada”.
30 Ibid.
31 “Artículo 246. Valor probatorio de las copias. Las copias tendrán el mismo valor probatorio del original, salvo

cuando por disposición legal sea necesaria la presentación del original o de una determinada copia […] Sin
perjuicio de la presunción de autenticidad, la parte contra quien se aduzca copia de un documento podrá solicitar
su cotejo con el original, o a falta de este con una copia expedida con anterioridad a aquella. El cotejo se
efectuará mediante exhibición dentro de la audiencia correspondiente”.

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controversias contractuales interpuesta por el Consorcio contra el Fondo32. La
sentencia dispuso textualmente:

“PRIMERO. Liquídese judicialmente el contrato de interventoría No. 003
del 27 de enero de 1999, celebrado entre el Fondo de Educación y
Seguridad Vial FONDATT de la Secretaría de Tránsito y Transporte de
Bogotá D.C. y el Consorcio CDO AUDIT AGE – AUGUSTO BAHAMÓN.

SEGUNDO: Cómo consecuencia de la anterior declaración ordénese al
Fondatt cancelar a favor del Consorcio CDO AUDI AGE – AUGUSTO
BAHAMÓN la suma de $193.775.253 (CIENTO NOVENTA Y TRES
MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS
CINCUENTA Y TRES PESOS).

TERCERO: Condenar al FONDATT a reconocer la suma de $68.056.990
sesenta y ocho millones cincuenta y seis mil novecientos noventa pesos,
correspondientes a los intereses moratorios, respecto de los informes 3 y
4”.

En relación con los intereses reconocidos sobre el monto señalado en el numeral
segundo de la parte resolutiva de la sentencia, la parte motiva de dicha providencia
señaló que: “sobre los valores correspondientes a los informes 3 y 4 se reconocerán
intereses moratorios correspondientes al doble del valor histórico conforme con lo
indicado en el numeral 4 del artículo 8 de la Ley 80 de 1993, esto es del 12% anual
sobre el valor histórico actualizado” y seguidamente presentó una tabla de
liquidación de intereses a partir del 18 de agosto de 1999.

7.2. El 30 de julio de 2015, la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de
Estado profirió sentencia en la que resolvió el recurso de apelación interpuesto por
las partes en contra de la decisión referida anteriormente33. La providencia dispuso
textualmente:

“PRIMERO.- LIQUIDAR judicialmente el Contrato de Interventoría n.º
0003 de 27 de enero de 1999, suscrito entre el Fondo de Educación y
Seguridad Vial FONDATT de la secretaría de Tránsito y Transporte de
Bogotá D.C. y el Consorcio BDO AUDIT AGE-AUGUSTO BAHAMÓN.

SEGUNDO.- Como consecuencia de lo anterior, CONDENAR al Fondo
de Educación y Seguridad Vial FONDATT de la Secretaría de Tránsito y
Transporte de Bogotá D.C. pagar a favor del Consorcio BDO AUDIT AGE-

32 Expediente digitalizado obrante en el hipervínculo señalado en el pie de página No. 1, documento denominado

“2001-2044 Cuaderno 1.pdf”, folios a 52
33 Ibid., folios 455 a 511.

19

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Demandante: Consorcio BDO AUDIT AGE – Augusto
Bahamón

AUGUSTO BAHAMÓN, la suma de DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE
MILLONES DOSCIENTOS DIECISÉIS MIL OCHOCIENTOS TREINTA
PESOS MCTE ($269 216 830).

Sobre dicha suma, la entidad pública deberá reconocer los intereses
moratorios a la tasa del 3% mensual, tal y como fue pactado por los
contratantes, en la cláusula décima octava del contrato de interventoría
n.º 0003 de 27 de enero de 1999”.

En relación con la forma en que se debían liquidar los intereses a reconocer sobre
la suma de doscientos sesenta y nueve millones doscientos dieciséis mil
ochocientos treinta pesos ($269.216.830), la parte motiva de la providencia señaló
que:

“De conformidad con lo anterior, la Sala encuentra acertada la decisión
del Tribunal en lo que tiene que ver con el reconocimiento del valor de los
informes 3 y 4, así como la ejecución de labores durante el término de
suspensión del contrato de consultoría n.º 0001 de 1999, por solicitud de
la entidad contratante.

No ocurre lo mismo respecto de los intereses moratorios, pues, como se
verá más adelante, la liquidación debió realizarse conforme lo pactado por
los contratantes en la cláusula décima octava del contrato de interventoría
n.º 00001 de 1999, esto es a la tasa del 3% mensual y no el 12% anual –
núm. 8 art. 4 Ley 80 de 1993-. Esto, comoquiera que la ley solo suple el
vacío cuando las partes no lo han acordado. (…)

Sobre dicha suma, la entidad pública deberá reconocer los intereses
moratorios a la tasa del 3% mensual, tal y como fue pactado por los
contratantes, en la cláusula décima octava del contrato de interventoría
n.º 00003 de 27 de enero de 1999. De ahí que en este punto la Sala
modifique la sentencia”.

7.3. La Secretaría expidió la Resolución No. 070 del 25 de enero de 2016 “Por la
cual se ordena el cumplimiento de una sentencia judicial”34. En el artículo primero
de dicha resolución dispuso:

“Ordenar el cumplimiento del fallo proferido por el Consejo de estado, Sala
de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera – Subsección B,
mediante sentencia del 30 de julio de 2015 dentro de la acción de
controversias contractuales Consorcio BDO AUDIT AGE – AUGUSTO
BAHAMON, correspondiente a DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE
MILLONES DOSCIENTOS DIECISÉIS MIL OCHOCIENTOS TREINTA
PESOS ($269.216.830)”.

34 Expediente digitalizado en el hipervínculo del pie de página 1, documento denominado
“12_250002336000202000202001RECIBEMEMORIALANEXOS20220825175209_TCDescargaTotalItem1332
62815728102684.pdf”, folios 53 a 57.

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Radicado: 25000-23-36-000-2020-00202-01 (70012)
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7.4. La Secretaría expidió la Resolución No. 06 del 10 de mayo de 2016 “Por la cual
se reconoce y ordena pago en cumplimiento al fallo del Consejo de Estado, Sala de
lo Contencioso Administrativo – Sección Tercera – Subsección B”35. La parte
resolutiva de este acto dispuso textualmente:

“ARTICULO PRIMERO. Reconocer y ordenar el pago de la suma de
DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS
DIECISÉIS MIL OCHOCIENTOS TREINTA PESOS MCTE
($269.216.830.), a favor del Consorcio BDO AUDIT AGE — AUGUSTO
BAHAMÓN, en cumplimiento de la Resolución 070 de 25 de enero de
2016, modificada por Resolución 193 del 4 de mayo de 2016, expedida
por la Secretaría Distrital de Movilidad.

ARTÍCULO SEGUNDO. El pago ordenado en el artículo anterior se
realizará en la cuenta bancaria que informe el representante legal o quien
haga sus veces, del Consorcio BDO AUDIT AGE — AUGUSTO
BAHAMÓN, una vez notificado el presente acto administrativo.

ARTÍCULO TERCERO. El gasto que ocasione el cumplimiento de la
presente Resolución, se imputará con cargo al rubro presupuestal 3-3-1-
14-02-19-0339-189, "Implementación del Plan Maestro de Movilidad para
Bogotá", así como, los intereses que se ocasionen con el pago de la suma
adeudada, los cuales serán liquidados de conformidad con lo establecido
en el Contrato de interventoría N° 003 de 27 de enero de 1999.”

7.5. El 20 de mayo de 2016 el Consorcio presentó a la Secretaría una cuenta de
cobro en la que señaló36:

“Para dar cumplimiento a la Resolución No. 193 del 4 de mayo de 2016
por la cual se ordena el cumplimiento de una sentencia judicial, la cual se
adjunta, por concepto de capital:

Suma adeudada $269.216.830
Intereses causados al 3% durante 201 meses
Desde el 20 de agosto de 1999 al 20 de mayo de 2016 $1.354.160.170
TOTAL $1.623.377.000”

7.6. El 27 de mayo de 2016, mediante orden de pago No. 234, la Secretaría realizó
al Consorcio un pago por la suma de doscientos sesenta y nueve millones
doscientos dieciséis mil ochocientos treinta pesos ($269.216.830) por el siguiente
concepto “pago de la sentencia emitida por el Consejo de Estado, Sala de lo

35 Ibid., folios 59 a 62.
36 Ibid., folio 83.

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Demandante: Consorcio BDO AUDIT AGE – Augusto
Bahamón

Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B (Consorcio BDO
AUDIT AGE AUGUSTO BAHAMÓN contra FONDO DE EDUCACIÓN Y
SEGURIDAD VIAL FONDATT DE LA SECRETARÍA DE TRÁNSITO Y
TRANSPORTE DE BOGOTÁ D.C.) del 30 de julio de 2015”37.

7.7. El 21 de septiembre de 2016, el representante del Consorcio envío la
comunicación No. 901-5557-16 en la que solicitó a la Secretaría realizar el pago
completo de la sentencia ejecutada, en los siguientes términos38:

“Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 23 de la Constitución
Política, en armonía con el Decreto Ley 01 de 1984; Ley 1437 de 2011;
Ley 1755 de 2015; Decreto 1166 de 2016 y demás normas concordantes,
con todo respeto, me permito solicitarle se nos responda cual es la razón
por la cual no se ha dado cumplimiento a su resolución No.070 del 25 de
enero de 2016, relacionada con la sentencia del Consejo de Estado del
30 de julio de 2015, suscrito por usted (…)

De la lectura del fallo puede concluirse que la demandada, hoy Secretaría
de Movilidad, debe darle cumplimiento estricto a lo resuelto por la máxima
autoridad de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, puesto que está
agotada procesalmente cualquier posibilidad de controversia.

El Consejo de Estado modifica la Sentencia dictada en Primera Instancia
por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, liquida nuevamente el
contrato y condena a la demandada a pagar la suma de Doscientos
Sesenta y Nueve Millones Doscientos Dieciséis Mil Ochocientos Treinta
Pesos Moneda Legal ($269.216.830°' Mil.), y "... sobre dicha suma, la
entidad pública deberá reconocer los intereses moratorios a la tasa del
3% mensual, tal y como fue pactado por los contratantes, en la cláusula
décima octava del contrato de interventoría N° 0003 de 27 de enero de
1999".

Los intereses moratorios se causan a partir de la expiración del Contrato
de Interventoría N° 0003 de 27 de Enero de 1999, más el término
establecido por la Ley para la liquidación unilateral por parte de la
demandada (…)

Ruego al señor Secretario, tener en cuenta estas consideraciones para
que a su vez, se impartan las instrucciones del caso, a fin de que se dé
cumplimiento a la Resolución 070 de 25 de Enero de 2016, dictada por su
Despacho, pues no obstante haber pagado el capital ya señalado el 27 de
Mayo del presente año, se adeudan aun los intereses moratorios a que se
refiere el acápite 2° del artículo segundo del fallo”.

37 Ibid., folio 58.
38 Ibid., folios 84 a 85

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Demandante: Consorcio BDO AUDIT AGE – Augusto
Bahamón

7.8. La Secretaría expidió la Resolución No. 046 del 22 de noviembre de 2016 “Por
la cual se reconoce y ordena el pago de intereses moratorios en cumplimiento del
fallo del Consejo de Estado – Sala de lo Contencioso Administrativo – Sección
Tercera – Subsección B”39. En la parte motiva de dicho acto administrativo, la
entidad manifestó:

“Que el 27 de mayo de 2016, se realizó el pago de los DOSCIENTOS
SESENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS DIECISÉIS MIL
OCHOCIENTOS TREINTA PESOS M/CTE ($269.216.830), según lo
ordenado en resolución No. 06 de 10 de mayo del 2016, la cual fue
modificada por la resolución 023 de 7 de octubre de 2016, por parte del
área financiera, a la cuenta bancaria que informó el representante legal
del Consorcio BDO AUDIT AGE — AUGUSTO BAHAMÓN.

Que el representante legal del Consorcio BDO AUDIT AGE — AUGUSTO
BAHAMÓN mediante oficio SDM- 61400 del 20 de mayo del 2016, radicó
la siguiente cuenta de cobro (…)

Que por lo anterior, se concluye que la cuenta de cobro presentada por el
Representante Legal del Consorcio BDO AUDIT AGE - AUGUSTO
BAHAMÓN, presenta inconsistencias frente al cálculo de los intereses,
teniendo en cuenta lo ordenado por la primera instancia y ratificado por la
segunda instancia.

Que en concordancia con el fallo proferido por el Consejo de Estado, Sala
de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera — Subsección '13",
mediante Sentencia del 30 de julio de 2015 dentro del proceso de
Controversias Contractuales, mediante memorando SDM-DAL-71387 del
2 de junio del 2016, se envió solicitud a la Subdirección Financiera de la
Entidad, para que realizara la respectiva liquidación de intereses
moratorios.

Que la Subdirección Financiera. mediante memorando SDM-SF-152854
del 18 de noviembre del 2016, realizó el cálculo correspondiente,
determinando que los intereses moratorios adeudados a la parte actora
ascienden a la suma de SETECIENTOS CUARENTA MILLONES
CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS CATORCE
PESOS M/cte ($740.441.814)”.

En la parte resolutiva, la Secretaría resolvió:

“ARTÍCULO PRIMERO. Reconocer y ordenar el pago de la suma de
SETECIENTOS CUARENTA MILLONES CUATROCIENTOS
CUARENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS CATORCE PESOS M/cte
($740.441.814), a favor del Consorcio BDO AUDIT AGE — AUGUSTO
BAHAMÓN, a título de intereses moratorios de acuerdo a la parte
considerativa y en cumplimiento del fallo proferido por el Consejo de

39 Ibid., folios 63 a 68.

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Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera —
Subsección B", mediante Sentencia de 30 de julio de 2015, dentro del
proceso de Controversias Contractuales 250002326000200102044-02
(33925)”.

7.9. El 24 de noviembre de 2016, mediante orden de pago No. 1685, la Secretaría
realizó al Consorcio un pago por la suma de setecientos cuarenta millones
cuatrocientos cuarenta y un mil ochocientos catorce pesos ($740.441.814) por el
siguiente concepto “RESOLUCION NO. 046 DE NOV 22 DE 2016 PAGO DE
INTERESES MORATORIOS, CUMPLIMIENTO DE FALLO PROFERIDO POR EL
CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO,
SECCIÓN TERCERA-SUBSECCIÓN B. DENTRO DEL EXPEDIENTE JUDICIAL
2500023260000200102044-02 (33925), MEDIANTE SENTENCIA DE 30 DE JULIO
DE 2015 DENTRO DEL PROCESO DE CONTRAVERSIAS CONTRACTUALES.
INSTAURADA POR EL CONSORCIO BDO AUDIT AGE- AUGUSTO BAHAMÓM”40.

7.10. El 5 de diciembre de 2016 el representante del Consorcio envió la
comunicación No. 500-7032-16 a la Secretaría en la cual manifestó lo siguiente41:

Por medio de la presente deseo dar alcance a nuestra comunicación
No.500-3179-16, del 11 de mayo de 2016, (Anexa), en la cual
presentábamos nuestra cuenta de cobro por la suma de $269.216.830.
que con los intereses al 20 de mayo ascendían a $1.623.377.000, que
tiene una pequeña diferencia de $7.076.998, con la liquidación realizada
por la entidad al 30 de junio de 2016, por la suma de $1.631.453.998,
según oficio SDM-SF-89291-2016, del 5 de julio, del Dr. Juan Camilo
Rojas, Subdirector Financiero.

Esta diferencia ha sido originada en la fecha de corte de la liquidación de
intereses. A la fecha hemos recibido dos transferencias de acuerdo con
los extractos del Bancolombia, realizadas por ustedes así:

Mayo 27, 2016 $269.216.830 (Anexo 2)
Noviembre 24, 2016 $ 740.441.814 (Anexo 3)
$1.009.658.644

De acuerdo con lo anterior, aún existe una suma pendiente por valor de
$621.795.354, la cual le agradezco nos informe cuando será cancelada.

40 Ibid., folio 69.
41 Ibid., folio 86.

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7.11. El 6 de diciembre de 2015, el Consorcio presentó recurso de reposición contra
la Resolución No. 046 del 22 de noviembre de 2016, y solicitó a la Secretaría que le
reconociera y pagara la totalidad de los intereses, de conformidad con la liquidación
realizada en la cuenta de cobro del 20 de mayo de 201642.

7.12. Mediante Resolución No. 003 del 7 de marzo de 2017, la Secretaría resolvió
el recurso de reposición interpuesto por el Consorcio contra la Resolución No. 046
del 22 de noviembre de 201643, y dispuso en su parte resolutiva:

“ARTÍCULO PRIMERO. Adicionar el artículo primero de la Resolución No
046 de 22 de noviembre de 2016, proferida por la Subsecretaría de
Política Sectorial de la Secretaría Distrital de Movilidad, de acuerdo a los
argumentos expuestos en la parte considerativa de la presente
providencia a, ordenando el pago adicional de SEISCIENTOS QUINCE
MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS MIL QUINIENTOS
SETENTA Y OCHO PESOS M/cte ($615.872.578), a título de intereses
moratorios en cumplimiento del fallo proferido por el Consejo de Estado,
Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera — Subsección
"B" mediante sentencia de 30 de julio de 2015, dentro del proceso de
controversias Contractuales 250002326000200102044-02 (33925), a los
cuales se les harán los respectivos descuentos de ley”.

En la parte motiva de dicho acto administrativo, la Secretaría presentó las siguientes
consideraciones:

“En cumplimiento de la decisión del Consejo de Estado de; 30 de julio de
2015, la Secretaria Distrital de Movilidad profirió la Resolución No. 06 de
10 de mayo de 2016 en la que procedió a ordenar el pago por capital, de
la suma de DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MILLONES
DOSCIENTOS DIECISÉIS MIL OCHOCIENTOS TREINTA PESOS
IN/Vote ($269.216.830) y a efectuar la liquidación de los intereses al 3%
sobre el monto ordenado una vez liquidado el contrato de interventoría
No. 0003 de 27 de enero de 1999 por esa alta corporación. Para tal efecto
tomó como punto de partida la ejecutoria de la sentencia de segunda
instancia, ocurrida el 29 de octubre de 2015:y, en consecuencia. el 29 de
noviembre de 2016 se realizó el pago por concepto de intereses
moratorios por la suma de SETECIENTOS CUARENTA MILLONES
CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS CATORCE
PESOS M/cte ($740.441.814). Al revisar la anterior situación y teniendo
como génesis la finalidad del pacto de intereses moratorios dentro de un
contrato, esta Subsecretaría procede a ordenar la liquidación del período
faltante a fin de dar cumplimiento integral a la decisión judicial proferida
por el Consejo de Estado.

42 Ibid., folios 87 a 92.
43 Ibid., folio2 72 a 78.

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Por lo anterior la Subdirección Financiera de la Secretaría Distrital de
Movilidad efectuó la reliquidación de los intereses moratorios conforme a
la decisión judicial proferida por el Consejo de Estado, y emitió el
Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 142 de 14 de febrero de
2017.

Como consecuencia, esta Subsecretaría dispone adicionar el artículo
primero de la Resolución No. 046 de 22 de noviembre de 2016, en el
sentido de ordenar el pago adicional de SEISCIENTOS QUINCE
MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS MIL QUINIENTOS
SETENTA Y OCHO PESOS M/cte 615.872.578), que corresponden a la
diferencia del pago realizado el 29 de noviembre de 2016 por la Secretaría
Distrital de Movilidad a favor del consorcio BDO AUDIT AGE- Augusto
Bahamón y el monto ordenado por el Máximo Tribunal de lo Contencioso
Administrativo, en sentencia de 30 de julio de 2015. de los cuales se
efectuarán los respectivos descuentos (…)".

7.13. Mediante orden de pago No. 85 del 17 de marzo de 2017, la Secretaría pagó
al Consorcio la suma de seiscientos quince millones ochocientos setenta y dos mil
quinientos setenta y ocho pesos ($615.872.578)44.

7.14. El 29 de noviembre de 2018, el Consorcio envió a la Secretaría la
comunicación No. 100-5679-18 mediante la cual solicitó a la entidad el pago
completo de la obligación ejecutada. En dicha comunicación manifestó lo siguiente:

Por medio de la presente y de la manera más respetuosa, solicito su
amable intervención con el fin de que esa Entidad cumpla a cabalidad con
pago de lo ordenado por el Consejo de Estado mediante sentencia del 30
de julio de 2015, al consorcio que represento, pues como podrá verificarlo
en los hechos que relaciono a continuación la Secretaría de Movilidad
continua en mora de atender lo ordenador por la máxima instancia de lo
contencioso administrativo (…)

En este orden de ideas, atendiendo lo dispuesto por el Consejo de Estado,
se tiene como capital la suma de $269.216.830 sobre la cual corren
intereses de mora a la tasa contractualmente pactada (3%) desde el 18
de agosto de 1999, fecha en la cual debían pagarse los informes de
interventoría, hasta la fecha en la que se realiza el primer abono por parte
de la Secretaría Distrital de Movilidad (27 de mayo de 2016).

Así las cosas, entre el 18 de agosto de 1999 y el 27 de mayo de 2016 hay
204,23 meses que al aplicar el interés de mora del 3% sobre el capital de
$269.216.830 arroja un resultada de $1.649.491.517 de intereses, para
un total de capital más intereses de mora de $1.918.708.347 al 27 de
mayo de 2016.

44 Ibid., folio 79.

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El 27 de mayo de 2016 y el 29 de noviembre de 2016, fecha en la que se
realizó el segundo abono por parte de la Secretaría Distrital de Movilidad,
transcurrieron 6,20 meses que al aplicar intereses de mora del 3% sobre
el capital de $269.216.830, arroja un resultado de $50.074.330, para un
total de capital más intereses de mora de $1.699'565.848 al 29 de
noviembre de 2016.

El 29 de noviembre de 2016 la Secretaría Distrital de Movilidad consignó
en la cuenta bancaria del Consorcio la suma de $740”441.814, que de
conformidad con lo dispuesto por el artículo 1653 del Código Civil, se
aplica primero a intereses y luego a capital. De tal suerte que con dicho
pago quedó un saldo de $689*907.204 de intereses de mora y un saldo
de capital de $269'216.830.

Entre el 30 de noviembre de 2016 y el 21 de marzo de 2017, fecha en la
que se realizó el tercer abono por parte de la Secretaría Distrital de
Movilidad, transcurrieron 3,73 meses, que al aplicar intereses de mora del
3% sobre el capital de $269.216.830, arroja un resultado de $30°152.285,
para un total de capital más intereses de mora de $ 989.276.319 al 21 de
marzo de 2017.

El 21 de marzo de 2017 la Secretaría Distrital de Movilidad consignó en la
cuenta bancaria del Consorcio la suma de $615’872.578, que de
conformidad con lo dispuesto por el artículo 1653 del Código Civil, se
aplica primero a intereses y luego a capital. De tal suerte que con dicho
pago quedó un saldo de $104'186.911 de intereses de mora y un saldo
de capital de $269'216.830, quedando entonces pendientes de pago, para
ese momento, $373'403.741 de capital más intereses.

Al día de hoy (30 de octubre de 2018) han transcurrido 18,60 meses desde
el último abono (21 de marzo de 2017) causándose intereses de mora
sobre el capital ($269'216.830) que a una tasa del 3% mensual asciende
al $150'222,991, de tal suerte que a la fecha se adeuda al consorcio un
total de intereses de mora por $254’409.902, que sumados al capital
($269'216.830) arroja un resultado total de capital más intereses de mora
de $523'626.732 al 30 de octubre de 2018.

8. Solución de los problemas jurídicos

A efectos de resolver la controversia, la Sala se referirá a: i) algunos aspectos
generales del proceso ejecutivo; y ii) la regla de imputación de pagos del artículo
1653 del Código Civil y su aplicación a los procesos ejecutivos de sentencias de la
jurisdicción de lo contencioso administrativo. Posteriormente, se estudiarán de
fondo los cargos de apelación y se resolverán los problemas jurídicos planteados.

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8.1. Aspectos generales del proceso ejecutivo

El fin del proceso de ejecución es lograr que el titular de una relación jurídica que
crea obligaciones45 contenidas en un título ejecutivo, pueda obtener, a través de la
intervención coercitiva del Estado, la plena satisfacción de estas, compeliendo al
deudor a ejecutar la prestación a su cargo46, si ello es posible, o a la
correspondiente indemnización de perjuicios47. En ese sentido, en esta clase de
diligencias, no se busca el reconocimiento de derecho alguno, sino la efectividad
de uno declarado o contenido en un título, pues “el Juez parte de la base que le
produce el título ejecutivo y no del conocimiento que respecto del derecho del
demandante pudiera adquirir posteriormente en el curso del proceso”48. El título
ejecutivo es pues la base del proceso de ejecución y su condición indispensable.

El objeto del proceso ejecutivo es, entonces, lograr el cumplimiento de las
obligaciones en los casos en los que, pese a la certeza y exigibilidad de estas, el
obligado no se ha allanado a cumplirlas. Se trata de la satisfacción coercitiva de la
prestación insatisfecha. En esa medida el proceso ejecutivo no es el escenario
idóneo para cuestionar la validez de los actos que estructuran el título ejecutivo,
pues la legalidad de las decisiones de la administración no puede desvirtuarse sino
por los medios legalmente establecidos49.

Con relación al concepto de título ejecutivo, este puede entenderse como el
documento o conjunto de documentos complementarios50 emitidos en favor de una
o de varias personas, en los que por mandato legal o judicial, o por acuerdo de
quienes lo suscriben51, consta una obligación, clara, expresa y exigible, que al
ofrecer certeza de su contenido y alcance, judicialmente puede exigirse la

45 López Blanco, Hernán Fabio. Código General del Proceso, Parte Especial. Bogotá D.C.: Dupre Editores Ltda.
46 Corte Constitucional. Sentencia C-918 de 2001.
47 Op. cit. 15.
48 Velásquez Gómez, Juan Guillermo. Los procesos ejecutivos. Medellín: Editora Jurídica de Colombia.
49 Consejo de Estado, Sala Plena de la Sección Tercera de lo Contencioso Administrativo: sentencia del 30 de

julio de 2008, radicación 13001-23-31-000-2001-00447-02(28346) y auto de 7 de septiembre de 2010,
radicación 08001-23-31-000-2009-00019-02(IJ); Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera:
sentencia del 9 de marzo de 2020, radicación 85001-23-31-000-2009-00139-01(44458) y sentencia del 2 de
julio de 2021, radicación 25000-23-26-000-2002-00954-02(37759), entre otros.
50 Cfr. Velásquez Gómez, Juan Guillermo. Los procesos ejecutivos. Medellín: Editora Jurídica de Colombia.
51 Velásquez Gómez, Juan Guillermo. Los procesos ejecutivos y medidas cautelares. Medellín: Editorial Librería

Jurídica Sánchez R Ltda. Citado por Rodríguez Tamayo, Mauricio Fernando. La acción ejecutiva ante la
jurisdicción administrativa. Medellín: Editorial Jurídica Sánchez.

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satisfacción de las obligaciones en él contenidas, de manera que el obligado-
deudor pueda verse compelido a cumplir mediante la denominada acción ejecutiva.

Al tenor de lo dispuesto en el artículo 422 del CGP52 y en consonancia con la
jurisprudencia de esta Corporación53, para que un documento pueda revestir el
carácter de título ejecutivo, debe reunir unas condiciones de forma y otras de fondo.
Las primeras exigen que el título, el documento o conjunto de documentos que
integran el título sean auténticos y, en condiciones normales, provengan del deudor
o sus causantes y constituyan plena prueba contra él.

En ese sentido, el título ejecutivo puede ser singular, es decir, estar contenido o
constituido por un solo documento, como sería el caso de un título valor. De igual
manera el título puede ser complejo, esto es, que se encuentra integrado por un
conjunto de documentos, como ocurre por ejemplo con un contrato y las
constancias de incumplimiento, el cobro de las garantías, etc., contenidas en
documentos diferentes. En todo caso, los documentos que se alleguen con la
demanda para constituir un título ejecutivo de esta naturaleza deben valorarse en
su conjunto, con miras a establecer si, conjuntamente, constituyen prueba idónea
de la existencia de una obligación clara, expresa y exigible a favor del ejecutante.

A este respecto, el artículo 297 del CPACA estableció un listado de los documentos
que pueden constituir un título ejecutivo en materia contencioso administrativa,
entre estos: i) las sentencias ejecutoriadas proferidas por esta jurisdicción, en
donde se condene a una entidad al pago de sumas dinerarias; ii) las decisiones en
firme proferidas en ejercicio de los mecanismos alternativos de solución de
conflictos, en las que se establezcan obligaciones claras, expresas y exigibles; iii)
los contratos y sus garantías, junto con los actos expedidos en ejercicio de la
actividad contractual, de los cuales emane una obligación clara, expresa y exigible

52 “Artículo 422. Título ejecutivo. Pueden demandarse ejecutivamente las obligaciones expresas, claras y
exigibles que consten en documentos que provengan del deudor o de su causante, y constituyan plena prueba
contra él, o las que emanen de una sentencia de condena proferida por juez o tribunal de cualquier jurisdicción,
o de otra providencia judicial, o de las providencias que en procesos de policía aprueben liquidación de costas
o señalen honorarios de auxiliares de la justicia, y los demás documentos que señale la ley. La confesión hecha
en el curso de un proceso no constituye título ejecutivo, pero sí la que conste en el interrogatorio previsto en el
artículo 184”.
53 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 31 de enero de 2008, rad. 34.201.

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a cargo de alguna de las partes, como las actas de liquidación de los contratos y;
iv) los actos administrativos, con constancia de ejecutoria, en donde se reconozca
un derecho o una obligación clara, expresa y exigible en cabeza de una autoridad
administrativa, los cuales deben ser allegados en copia auténtica con la anotación
de que corresponden al primer ejemplar.

Por otra parte, las condiciones de fondo de los títulos ejecutivos atañen a la
exigencia de que en estos documentos aparezca, a favor del ejecutante o de su
causante, y a cargo del ejecutado o del causante, una “obligación clara, expresa y
exigible y además líquida o liquidable por simple operación aritmética si se trata de
pagar una suma de dinero”54.

Se trata, entonces, de que el título permita establecer con claridad que al obligado le
corresponde cumplir a favor de su acreedor una prestación de dar, de hacer o de no
hacer y que la obligación de la cual deriva dicha prestación además sea clara, expresa
y exigible.

En tal sentido, la jurisprudencia de esta Corporación ha sostenido que la obligación
debe entenderse expresa cuando aparece manifiesta en la redacción del título, es
decir, que en el documento que la contiene debe estar declarada expresamente de
forma nítida y sin que para tal efecto se deba acudir a interpretaciones o
elucubraciones. La obligación es clara cuando aparece determinada en el título, de
modo que resulta fácilmente inteligible y se entiende en un solo sentido. Finalmente,
la obligación es exigible cuando puede demandarse su cumplimiento al no estar
pendiente de un plazo o una condición. En otras palabras, la exigibilidad se debe a
que la obligación debía cumplirse dentro de cierto término ya vencido, o cuando
ocurriera una condición ya acontecida, o para la cual no se señaló término, pero
cuyo cumplimiento sólo podía hacerse dentro de cierto tiempo que ya transcurrió, y
la que es pura y simple por no haberse sometido a plazo ni condición, previo
requerimiento55.

54 Autos del 4 de mayo de 2002, rad. 15.679; y del 30 de marzo de 2006, rad. 30.086, entre otros.
55 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, auto del 5 de octubre de 2000,

rad. CE-SEC3-EXP2000-N16868.

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8.2. La regla de imputación de pagos del artículo 1653 del Código Civil y su
aplicación a los procesos ejecutivos derivados de sentencias de la
jurisdicción de lo contencioso administrativo

El artículo 1653 del Código Civil dispone:

“ARTICULO 1653. IMPUTACION DEL PAGO A INTERESES. Si se deben
capital e intereses, el pago se imputará primeramente a los intereses,
salvo que el acreedor consienta expresamente que se impute al capital.

Si el acreedor otorga carta de pago del capital sin mencionar los intereses,
se presumen éstos pagados”.

Sobre la naturaleza de esta norma, la doctrina ha especificado que:

“Imputar significa ‘atribuir, cargar, aplicar’, y la imputación de pagos trata,
en últimas, de establecer con certeza qué destino se da a un pago parcial
realizado por el deudor, conforme a la voluntad de las partes, y a falta de
ella, conforme a unas reglas legales las cuales tienen cabida
especialmente en las obligaciones pecuniarias, aunque no se excluyen
otras de género, porque las reglas de imputación se aplican cuando las
obligaciones son fungibles entre sí (…)

Si respecto de la misma deuda se deben capital e intereses, el pago se
imputa primeramente a intereses —abarcando tanto los remuneratorios
como los moratorios— salvo que el acreedor acepte expresamente que
se aplique al capital, regla del todo razonable, pues procura preservar el
principal para que pueda generar futuros rendimientos, aunque se trata
de un derecho al que el acreedor puede válidamente renunciar, porque
atiende exclusivamente a su interés patrimonial”56.

Ahora bien, el artículo 177 del CCA (hoy artículos 192 y 195 del CPACA) contiene
unas reglas específicas referidas al pago de las condenas impuestas en sentencias
de la jurisdicción de lo contencioso administrativo y los intereses que se causen con
ocasión de estas obligaciones. Dicha norma57 dispone textualmente:

“Cuando se condene a la Nación, a una entidad territorial o
descentralizada al pago o devolución de una cantidad líquida de dinero,
se enviará inmediatamente copia de la sentencia a quien sea competente
para ejercer las funciones del ministerio público frente a la entidad
condenada.

56 Castro de Cifuentes, Marcela. (coord.) Derecho de las Obligaciones, con propuestas de modernización, Tomo

IV. Bogotá: Temis – Universidad de los Andes (2022). Págs. 287 -289.
57 Con la modificación introducida por el artículo 60 de la Ley 446 de 1998, vigente para la fecha de presentación

de la demanda dentro del proceso ordinario del cual deriva la presente ejecución (17 de septiembre de 2001).

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El agente del ministerio público deberá tener una lista actual de tales
sentencias, y dirigirse a los funcionarios competentes cuando preparen
proyectos de presupuestos básicos o los adicionales, para exigirles que
incluyan partidas que permitan cumplir en forma completa las condenas,
todo conforme a las normas de la ley orgánica del presupuesto.

El Congreso, las Asambleas, los Concejos, el Contralor General de la
República, los Contralores Departamentales, Municipales y Distritales, el
Consejo de Estado y los tribunales contencioso administrativos y las
demás autoridades del caso deberán abstenerse de aprobar o ejecutar
presupuestos en los que no se hayan incluido partidas o apropiaciones
suficientes para atender al pago de todas las condenas que haya
relacionado el Ministerio Público.

Será causal de mala conducta de los funcionarios encargados de ejecutar
los presupuestos públicos, pagar las apropiaciones para cumplimiento de
condenas más lentamente que el resto. Tales condenas, además, serán
ejecutables ante la justicia ordinaria dieciocho (18) meses después de su
ejecutoria.

Las cantidades líquidas reconocidas en tales sentencias devengarán
intereses comerciales y moratorias.

Cumplidos seis (6) meses desde la ejecutoria de la providencia que
imponga o liquide una condena o de la que apruebe una conciliación, sin
que los beneficiarios hayan acudido ante la entidad responsable para
hacerla efectiva, acompañando la documentación exigida para el efecto,
cesará la causación de intereses de todo tipo desde entonces hasta
cuando se presentare la solicitud en legal forma”.

Si bien esta norma regula algunos aspectos específicos del procedimiento de pago
de condenas y la causación de intereses sobre dichas condenas, de ninguna forma
puede entenderse como una regulación integral y completa sobre todos los
aspectos relacionados con el pago, como modo de extinción de las obligaciones. En
el mismo sentido, es evidente que la norma referida impone una regla especial de
causación de intereses, pero no establece una regulación especial en relación con
la imputación de los pagos, razón por la cual, no existe ninguna justificación para
que la regla del artículo 1653 del Código Civil no sea aplicable al pago de las
obligaciones derivadas de sentencias de la jurisdicción de lo contencioso
administrativo.

Sobre este asunto, la jurisprudencia de esta Sección ha señalado que:

“Igualmente, conviene señalar que la afirmación del Tribunal según la cual
“[c]uando la[s] entidad[es] pagan la[s] sentencia[s] se encuentran

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pagando el capital insoluto de la[s] obligaci[ones]” no es correcta. Si bien
los artículos 192 y siguientes del CPACA58 desarrollan varios aspectos
relacionados con la efectividad de condenas contra entidades públicas,
en materia de la imputación de los pagos realizados guardan silencio. En
ese sentido, la Sala recuerda, como ya tuvo la oportunidad de precisarlo
esta Subsección, que al pago de condenas contra entidades públicas
resulta aplicable la regla de imputación del pago consagrada en el inciso
primero del artículo 1653 del Código Civil, en virtud de la cual, cuando una
obligación consiste en pagar un capital e intereses, “el pago se imputa
primeramente a los intereses, salvo que el acreedor consienta
expresamente que se impute al capital”59.

En relación con el mismo punto, en un caso en el cual el tribunal de primera instancia
inaplicó el artículo 1653 del Código Civil en un proceso ejecutivo derivado de una
sentencia, esta Sección consideró que:

“En este sentido, el tribunal se equivocó al afirmar que no hay lugar a
aplicar la norma de imputación de pagos del Código Civil pues los
artículos 192 y 195 del CPACA constituyen una norma especial que regula
de forma completa el pago de condenas judiciales. Más aún, su afirmación
según la cual «a la entidad estatal siempre le corresponderá pagar el valor
de la sentencia primero al capital de la obligación y luego a los intereses
pagados» carece de sustento normativo (…)

Por lo demás, la protección del interés general y el patrimonio público no
justifica la inaplicación de los artículos 192 y 195 del CPACA ni exime a
las entidades estatales de su deber de pagar las condenas oportunamente
con los respectivos intereses moratorios causados.

Así las cosas, el tribunal erró al señalar que la obligación ejecutada se
había pagado pues los pagos parciales realizados por la entidad
ejecutada sumaban el capital de la condena impuesta en el laudo. El
tribunal no tuvo en cuenta los intereses causados en los periodos
transcurridos entre los diferentes pagos ni la regla de imputación de pagos
del artículo 1653 del Código Civil. Por lo tanto, se revocará la providencia
y se ordenará seguir adelante la ejecución”60.

En virtud de lo anterior, para esta Sala, el artículo 1653 del Código Civil, a cuyo
tenor, los pagos deben ser imputados primero a los intereses y después al capital
salvo consentimiento expreso del acreedor para que se impute primero al capital,
encuentra plena aplicación para el pago de obligaciones ejecutadas con base en
condenas proferidas en sentencias de esta jurisdicción. Además de lo anterior,

58 Según la misma sentencia citada, eesta consideración es extensible a los artículos 176 y siguientes del CCA.
59 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B. Sentencia del 8

de septiembre de 2021. Radicado: 25000-23-36-000-2015-00386-01 (59.004)
60 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B. Sentencia del 17

de junio de 2024. Radicado: 25000-23-36-000-2022-00508-01 (70736).

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también es claro que la regulación especial del CCA y el CPACA en punto del
procedimiento de pago de condenas judiciales y la causación de intereses no
excluye la aplicación del 1653 del Código Civil por tratarse esta norma de una regla
sobre la imputación de pagos, asunto no regulado en la normatividad procesal de la
jurisdicción de lo contencioso administrativo.

8.3. Análisis de la Sala

En el caso concreto, la parte ejecutante solicitó que se librara mandamiento de pago
en contra del Fondo por las siguientes sumas derivadas de una condena impuesta
por esta jurisdicción en la sentencia ejecutada: i) doscientos sesenta y nueve
millones doscientos dieciséis mil ochocientos treinta pesos ($269.216.830) por
concepto del capital de la obligación ejecutada; ii) cuatrocientos veintisiete millones
quinientos dieciséis mil trescientos veinticuatro pesos ($427.516.324) por concepto
de los intereses causados sobre dicho capital hasta el 15 de julio de 2020 a una
tasa del 3% mensual de conformidad con lo ordenado en la sentencia ejecutada; y
iii) por los intereses que se causaren a partir del 16 de julio de 2020 a una tasa del
3% mensual de conformidad con lo ordenado en la sentencia ejecutada. Afirmó en
su demanda que, si bien la entidad ejecutada realizó unos pagos entre el 27 de
mayo de 2016 y el 21 de marzo de 2017, por una suma total de mil seiscientos
veinticinco millones quinientos treinta y un mil doscientos veintidós pesos
($1.625.531.222), estos solo cubrieron el monto de los intereses causados desde
el 18 de agosto de 1999 hasta mayo de 2016, quedando pendiente el pago del
capital y el saldo de los intereses causados sobre dicho capital con posterioridad a
mayo de 2016.

Por su parte, la entidad ejecutada formuló, entre otras, la excepción de pago. Afirmó
en su escrito de excepciones que, mediante comunicación del 21 de septiembre de
2016 remitida por el Consorcio a la Secretaría, la parte ejecutante aceptó de forma
expresa que el pago recibido el 27 de mayo de 2016 por valor de doscientos sesenta
y nueve millones doscientos dieciséis mil ochocientos treinta pesos ($269.216.830)
se imputara al capital de la obligación, quedando únicamente pendiente el pago de
los intereses causados sobre dicha suma hasta la fecha del pago; monto que fue

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pagada en dos instalamentos el 24 de noviembre de 2016 y el 17 de marzo de 2017.
Agregó que, en cualquier caso, el artículo 1653 del Código Civil no era aplicable a
los ejecutivos derivadas de sentencias proferidas por esta jurisdicción.

En la sentencia apelada, el tribunal declaró probada la excepción de pago y ordenó
la terminación del proceso. Señaló el juez de primera instancia que: i) el artículo 177
del CCA establece una regulación especial e integral respecto del pago de
condenas judiciales, regulación que protege fines constitucionalmente legítimos; ii)
si el legislador se ocupó de establecer esta regulación especial e integral, no existe
un vacío normativo que deba suplirse aplicando la regla del artículo 1653 del Código
Civil referida a la imputación de los pagos; iii) por lo anterior ésta normatividad no
es aplicable a los procesos ejecutivos derivados de sentencias de esta jurisdicción
y, en consecuencia, debe entenderse que los pagos realizados por entidades
públicas en relación con condenas judiciales deben imputarse primero al capital y
después a los intereses; y iv) en el expediente está acreditado que el 27 de mayo
de 2016 la entidad pagó el capital de la obligación y posteriormente el 24 de
noviembre y el 17 de marzo de 2016 pagó la suma correspondiente a los intereses,
de conformidad con la misma liquidación realizada por la parte ejecutante, por lo
cual estaba acreditado el pago total de la obligación.

Inconforme con esta decisión, la parte ejecutante interpuso recurso de apelación y
formuló los siguientes reparos: i) la liquidación de los intereses debía realizarse a
partir de lo ordenado en el título ejecutivo, a saber la sentencia ejecutada, y no
teniendo en cuenta la cuenta de cobro presentada por el Consorcio para el cobro
administrativo; ii) si se hubiera tenido en cuenta lo anterior, el tribunal debió haber
advertido que la suma pagada por la entidad no cubrió la totalidad del capital y los
intereses causados; y iii) de conformidad con la jurisprudencia del Consejo de
Estado, el artículo 1653 del Código Civil referido a la imputación de los pagos sí es
aplicable a los ejecutivos derivados de sentencias de la jurisdicción de lo
contencioso administrativo, por lo tanto, los pagos realizados por la Secretaría se
imputaron primero a los intereses y después al capital, con lo cual la obligación no
se pagó en su totalidad.

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De forma preliminar, la Sala estima pertinente pronunciarse respecto de la
afirmación del tribunal según la cual “no es de recibo para la Sala, que pese a que
la parte ejecutada ya pagó a la ejecutante un valor que supera en 6 veces el del
capital adeudado ya indexado, ahora pretenda nuevamente cobrar el valor del
capital y de nuevos intereses, dado que dicha situación, en criterio de la Sala,
desborda el concepto de justicia en el presente caso, e inclusive, podría conllevar
un enriquecimiento sin justa causa”.

Al respecto debe ponerse de presente que la cantidad de veces que los intereses
pagados superen el capital de una obligación es absolutamente irrelevante para
determinar si la obligación ejecutada fue pagada o no. Las entidades públicas tienen
el deber de honrar el pago de sus obligaciones derivadas de condenas judiciales de
forma completa y oportuna, en los precisos términos señalados en el título
ejecutado, sin que puedan invocarse razones de “justicia” u otras justificaciones
diferentes a las señaladas en el artículo 442 del CGP, para abstenerse del
cumplimiento de dicho deber.

Ahora bien, en relación con los reparos formulados por el Consorcio, y atendiendo
a las consideraciones presentadas en el acápite 8.2 anterior, la Sala pone de
presente que el tribunal de primera instancia erró al considerar que el artículo 1653
del Código Civil no era aplicable al caso concreto a la hora de determinar la forma
en que se imputaron los pagos realizados por la Secretaría al Consorcio. Por lo
anterior, y en aplicación de esta disposición normativa, se pasará a determinar si
está o no está probada la excepción de pago formulada por la entidad ejecutada.

En efecto, aunque la norma invocada dispone que “cuando se adeuden capital e
intereses, el pago se imputará en primer término a los intereses”, también contempla
una excepción al indicar “salvo que el acreedor consienta expresamente que se
impute al capital”. En los términos de la norma citada, debe entenderse como
consentimiento expreso, una manifestación clara y patente por parte del acreedor,
mediante la cual autorice y/o consienta, sin lugar a dudas, que los pagos realizados
o que vaya a realizar el deudor para cumplir con su obligación, sean imputados en
primer lugar al capital. Al respecto, la Sala resalta que la norma no exige ninguna

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formalidad para efectos de acreditar el consentimiento expreso que el acreedor
otorgue en dicho sentido.

En el presente caso, quedó acreditado (hecho probado 7.4) que mediante
Resolución No. 06 del 10 de mayo de 2016 la Secretaría dispuso “Reconocer y
ordenar el pago de la suma de DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MILLONES
DOSCIENTOS DIECISÉIS MIL OCHOCIENTOS TREINTA PESOS MCTE
($269.216.830.), a favor del Consorcio BDO AUDIT AGE — AUGUSTO
BAHAMÓN”.

También se acreditó que fue el entendimiento del Consorcio que la suma referida,
correspondía al capital de la obligación adeudada por la entidad ejecutada, toda vez
que en la cuenta de cobro del 20 de mayo de 2016 radicada ante la Secretaría
(hecho probado 7.5) afirmó que el monto de doscientos sesenta y nueve millones
doscientos dieciséis mil ochocientos treinta pesos ($269.216.830.) correspondía a
la suma adeudada “por concepto de capital”. Esta misma suma fue pagada por la
Secretaría al Consorcio el 27 de mayo de 2016 (hecho probado 7.6).

Una vez recibido el pago por valor de doscientos sesenta y nueve millones
doscientos dieciséis mil ochocientos treinta pesos ($269.216.830), el Consorcio
consintió expresamente que éste se imputara al capital adeudado. Mediante
comunicación del 21 de septiembre de 2016 enviada a la Secretaría, la parte
ejecutante afirmó que (hecho probado 7.7):

Ruego al señor Secretario, tener en cuenta estas consideraciones para
que a su vez, se impartan las instrucciones del caso, a fin de que se dé
cumplimiento a la Resolución 070 de 25 de Enero de 2016, dictada por su
Despacho, pues no obstante haber pagado el capital ya señalado el
27 de Mayo del presente año, se adeudan aun los intereses moratorios
a que se refiere el acápite 2° del artículo segundo del fallo.

Este consentimiento expresado por el Consorcio se mantuvo, incluso, después de
recibir el primer pago de los intereses el 24 de noviembre de 2016 por valor de
setecientos cuarenta millones cuatrocientos cuarenta y un mil ochocientos catorce
pesos ($740.441.814) (hechos probados 7.8 y 7.9). Lo anterior en la medida en que
mediante comunicación del 5 de diciembre de 2016 la parte ejecutante manifestó

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nuevamente que, a la fecha, la suma restante que se adeudaba correspondía
únicamente al saldo de los intereses (hecho probado 7.10):

“(…) presentábamos nuestra cuenta de cobro por la suma de
$269.216.830. que con los intereses al 20 de mayo ascendían a
$1.623.377.000, (…) A la fecha hemos recibido dos transferencias de
acuerdo con los extractos del Bancolombia, realizadas por ustedes así:

Mayo 27, 2016 $269.216.830 (Anexo 2)
Noviembre 24, 2016 $ 740.441.814 (Anexo 3)
$1.009.658.644

De acuerdo con lo anterior, aún existe una suma pendiente por valor de
$621.795.354, la cual le agradezco nos informe cuando será cancelada.

Solo hasta el 29 de noviembre de 2018 (hecho probado 7.14), más de año y medio
después de que la entidad realizara el último pago de intereses el 17 de marzo de
2017 (hecho probado 7.13), el Consorcio manifestó a la Secretaría que los pagos
realizados se habían entendido imputados primero a los intereses causados sobre
la suma de doscientos sesenta y nueve millones doscientos dieciséis mil
ochocientos treinta pesos ($269.216.830). Sin embargo, esta situación no tiene la
virtualidad de alterar el consentimiento expreso y anterior que la parte ejecutante
otorgó para que el primer pagó realizado por la entidad se imputara al capital de la
obligación.

Teniendo en cuenta lo anterior, en el presente caso, debe entenderse que los pagos
realizados por la entidad ejecutada fueron imputados primero al capital y luego a los
intereses, no por la inaplicación del artículo 1653 del Código Civil como consideró
el tribunal de primera instancia, sino porque, en aplicación de dicha norma, se
acreditó que la parte ejecutante consintió expresamente que el pago realizado por
la Secretaría el 27 de mayo de 2016, se imputara a capital.

Ahora bien, en la medida en que la parte ejecutante alegó que el pago efectuado
por la Secretaría no cubrió la totalidad del capital y los intereses causados, es
necesario verificar, a la luz del mandamiento ejecutivo, si los pagos realizados por
la ejecutada cubrieron o no el monto total de la obligación. En el presente caso, el
mandamiento de pago se libró en los siguientes términos:

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PRIMERO: Líbrese mandamiento de pago a favor del CONSORCIO BDO
AUDIT AGE- AGUSTO BAHAMON y en contra de la SECRETARIA
DISTRITAL DE MOVILIDAD (FONDO DE EDUCACION Y SEGURIDAD
VIAL- FONDATT) por las siguientes sumas:

A. Por la suma de DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MILLONES
DOSCIENTOS DIECISÉIS MIL OCHOCIENTOS TREINTA PESOS
($269’216.830.oo) M/CTE, de acuerdo con la liquidación realizada por el
H. Consejo de Estado en la sentencia del día 30 de julio de 2015.

B. Los intereses moratorios se liquidarán conforme a lo señalado en la
parte motiva de esta providencia, y de conformidad con lo establecido en
el artículo 177 del CCA.

En punto del capital, tal y como quedó visto en precedencia, en el proceso se
encuentra acreditado que por medio de la Resolución No. 06 del 10 de mayo de
2016 (hecho probado 7.4.), la Secretaría reconoció y ordenó el pago de
$269.216.830 a favor del Consorcio, suma que fue efectivamente pagada al
ejecutante el 27 de mayo de 2016 (hecho probado 7.6).

Ahora bien, en lo que guarda relación con la liquidación de los intereses, se
evidencia que el tribunal no liquidó una suma determinada de los intereses respecto
de los cuales libró mandamiento de pago, sino que señaló que estos serían
determinables a partir de los criterios contenidos en la misma providencia. Sin
embargo, en la parte motiva de la providencia el tribunal no determinó la fecha a
partir de la cual se causaban intereses, simplemente se limitó a señalar que sobre
la suma indicada en el literal A del primer resuelve “la entidad pública deberá
reconocer los intereses moratorios a la tasa del 3% mensual”. Por lo anterior, la Sala
deberá remitirse a lo decidido en la sentencia ejecutada, para determinar la fecha a
partir de la cual deben liquidarse los intereses.

En la parte resolutiva de la sentencia del 30 de julio de 2015 proferida por la
Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado, la corporación dispuso:

PRIMERO.- LIQUIDAR judicialmente el Contrato de Interventoría n.º 0003
de 27 de enero de 1999, suscrito entre el Fondo de Educación y Seguridad
Vial FONDATT de la secretaría de Tránsito y Transporte de Bogotá D.C.
y el Consorcio BDO AUDIT AGE-AUGUSTO BAHAMÓN.

SEGUNDO.- Como consecuencia de lo anterior, CONDENAR al Fondo
de Educación y Seguridad Vial FONDATT de la Secretaría de Tránsito y

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Transporte de Bogotá D.C. pagar a favor del Consorcio BDO AUDIT AGE-
AUGUSTO BAHAMÓN, la suma de DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE
MILLONES DOSCIENTOS DIECISÉIS MIL OCHOCIENTOS TREINTA
PESOS MCTE ($269 216 830).

Sobre dicha suma, la entidad pública deberá reconocer los intereses
moratorios a la tasa del 3% mensual, tal y como fue pactado por los
contratantes, en la cláusula décima octava del contrato de interventoría
n.º 0003 de 27 de enero de 1999.

En lo referido a los intereses a reconocer sobre la suma de doscientos sesenta y
nueve millones doscientos dieciséis mil ochocientos treinta pesos ($269.216.830),
esta providencia modificó la decisión de primera instancia que ordenó reconocer
intereses a la tasa del 12% anual para aplicar la tasa de intereses del 3% mensual
pactada contractualmente (hecho probado 7.2). Sin embargo, ni la parte motiva ni
la parte resolutiva refirieron la fecha a partir de la cual debían liquidarse dichos
intereses. Para lo anterior, y en la medida en que este asunto no fue objeto de
modificación por parte de la sentencia del 30 de julio de 2015 proferida por el
Consejo de Estado, se tomará la fecha a partir de la cual la sentencia del 23 de
noviembre de 2006, proferida por la Subsección A de la Sección Tercera del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, dispuso que debían liquidarse los
intereses, esto es, el 18 de agosto de 2019 (hecho probado 7.1).

En este punto, la Sala resalta que el ejercicio que se realizará se limitará a una
liquidación de los intereses en los términos del mandamiento de pago y el título
ejecutivo a partir del cual este se libró, sin que esto de ninguna forma pueda
considerarse como una modificación o adición oficiosa del mandamiento de pago
dentro del presente proceso. Además, se reitera, este ejercicio de liquidación resulta
necesario en esa instancia para verificar si prosperan los reparos formulados por la
parte ejecutante o si, por el contrario, le asiste razón a la parte ejecutada en lo que
respecta a la excepción de pago.

Previo a realizar la liquidación de los intereses causados sobre la suma de
doscientos sesenta y nueve millones doscientos dieciséis mil ochocientos treinta
pesos ($269.216.830) a partir del 18 de agosto de 1999 a una tasa del 3% mensual,
debe ponerse de presente que la tasa de interés aplicable al presente caso fue
pactada entre el Consorcio y el Fondo en el contrato estatal objeto del proceso de

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controversias contractuales que terminó con la sentencia ejecutada en el sub lite.
Sobre la posibilidad de pactar intereses moratorios en los contratos estatales, la
jurisprudencia de esta Sección ha considerado que:

“En cuanto a la tasa de los intereses por mora que deben ser reconocidos
al contratista, debe señalarse que a partir de la Ley 80 de 1993 en la
contratación estatal, si ellos no se pactan se aplicará la tasa establecida
en el numeral 8° del artículo 4 de la Ley 80 de 1993, con independencia
de que la actividad ejercida sea o no de carácter civil o comercial, sin
perjuicio de que ellas puedan estipular otro tipo de tasa incluso la civil o
comercial sin incurrir en interés de usura”

Sobre el límite de los intereses moratorios, el artículo 884 del Código de Comercio,
modificado por la Ley 510 de 199961, dispone:

“Cuando en los negocios mercantiles haya de pagarse réditos de un
capital, sin que se especifique por convenio el interés, éste será el
bancario corriente; si las partes no han estipulado el interés moratorio,
será equivalente a una y media veces del bancario corriente y en cuanto
sobrepase cualquiera de estos montos el acreedor perderá todos los
intereses, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 72 de la Ley 45 de
1990.

Se probará el interés bancario corriente con certificado expedido por la
Superintendencia Bancaria”.

Atendiendo a lo anterior, y en la medida en que la tasa de interés moratorio pactada
contractualmente fue expresada en una tasa mensual, y el interés bancario corriente
(IBC) corresponde a una tasa efectiva anual, deberá hacerse la conversión de la
tasa para verificar si esta se encuentra dentro de los límites establecidos en la
normatividad referida. Para el particular se utilizará la siguiente fórmula, 𝑇𝐸𝐴 = (1 +
𝑇𝑀)1 2 − 1, donde TEA es la tasa efectiva anual y TM es la tasa de interés mensual,
a saber, 3%. A partir de esta conversión, se comparará para todos los periodos
comprendidos entre el 18 de agosto de 1999 (fecha a partir de la cual se deben
liquidar los intereses) hasta el 27 de mayo de 2016 (fecha en que se realizó el pago
del capital), la tasa pactada contractualmente con la tasa de usura, así:

61 La Ley 510 de 1999

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Desde Hasta Tasa mensual Tasa convertida (EA) Tasa de Usura (EA)62
1-ago-99 31-ago-99 3,00% 42.58% 39,38%
1-sep-99 30-sep-99 3,00% 42.58% 39,02%
1-oct-99 31-oct-99 3,00% 42.58% 40,44%
1-nov-99 30-nov-99 3,00% 42.58% 38,55%
1-dic-99 31-dic-99 3,00% 42.58% 36,33%
1-ene-00 31-ene-00 3,00% 42.58% 33,60%
1-feb-00 29-feb-00 3,00% 42.58% 29,19%
1-mar-00 31-mar-00 3,00% 42.58% 26,18%
1-abr-00 30-abr-00 3,00% 42.58% 26,81%
1-may-00 31-may-00 3,00% 42.58% 26,85%
1-jun-00 30-jun-00 3,00% 42.58% 29,66%
1-jul-00 31-jul-00 3,00% 42.58% 29,16%
1-ago-00 31-ago-00 3,00% 42.58% 29,88%
1-sep-00 30-sep-00 3,00% 42.58% 34,40%
1-oct-00 31-oct-00 3,00% 42.58% 34,62%
1-nov-00 30-nov-00 3,00% 42.58% 35,70%
1-dic-00 31-dic-00 3,00% 42.58% 35,54%
1-ene-01 31-ene-01 3,00% 42.58% 36,24%
1-feb-01 28-feb-01 3,00% 42.58% 39,05%
1-mar-01 31-mar-01 3,00% 42.58% 37,67%
1-abr-01 30-abr-01 3,00% 42.58% 37,25%
1-may-01 31-may-01 3,00% 42.58% 36,36%
1-jun-01 30-jun-01 3,00% 42.58% 37,76%
1-jul-01 31-jul-01 3,00% 42.58% 39,12%
1-ago-01 31-ago-01 3,00% 42.58% 36,38%
1-sep-01 30-sep-01 3,00% 42.58% 34,59%
1-oct-01 31-oct-01 3,00% 42.58% 34,83%
1-nov-01 30-nov-01 3,00% 42.58% 34,47%
1-dic-01 31-dic-01 3,00% 42.58% 33,72%
1-ene-02 31-ene-02 3,00% 42.58% 34,22%
1-feb-02 28-feb-02 3,00% 42.58% 33,53%
1-mar-02 31-mar-02 3,00% 42.58% 31,46%
1-abr-02 30-abr-02 3,00% 42.58% 31,55%
1-may-02 31-may-02 3,00% 42.58% 30,00%
1-jun-02 30-jun-02 3,00% 42.58% 29,94%
1-jul-02 31-jul-02 3,00% 42.58% 29,66%
1-ago-02 31-ago-02 3,00% 42.58% 30,02%
1-sep-02 30-sep-02 3,00% 42.58% 30,27%
1-oct-02 31-oct-02 3,00% 42.58% 30,45%
1-nov-02 30-nov-02 3,00% 42.58% 29,64%
1-dic-02 31-dic-02 3,00% 42.58% 29,54%
1-ene-03 31-ene-03 3,00% 42.58% 29,46%

62 Información recuperada de la página web de la Superintendencia Financiera de Colombia, en el siguiente

hipervínculo:https://www.superfinanciera.gov.co/loader.php?lServicio=Tools2&lTipo=descargas&lFuncion=des
cargar&idFile=1069287.

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Demandante: Consorcio BDO AUDIT AGE – Augusto
Bahamón

1-feb-03 28-feb-03 3,00% 42.58% 29,67%
1-mar-03 31-mar-03 3,00% 42.58% 29,24%
1-abr-03 30-abr-03 3,00% 42.58% 29,72%
1-may-03 31-may-03 3,00% 42.58% 29,84%
1-jun-03 30-jun-03 3,00% 42.58% 28,80%
1-jul-03 31-jul-03 3,00% 42.58% 29,16%
1-ago-03 31-ago-03 3,00% 42.58% 29,82%
1-sep-03 30-sep-03 3,00% 42.58% 30,18%
1-oct-03 31-oct-03 3,00% 42.58% 30,06%
1-nov-03 30-nov-03 3,00% 42.58% 29,80%
1-dic-03 31-dic-03 3,00% 42.58% 29,72%
1-ene-04 31-ene-04 3,00% 42.58% 29,50%
1-feb-04 29-feb-04 3,00% 42.58% 29,61%
1-mar-04 31-mar-04 3,00% 42.58% 29,70%
1-abr-04 30-abr-04 3,00% 42.58% 29,67%
1-may-04 31-may-04 3,00% 42.58% 29,56%
1-jun-04 30-jun-04 3,00% 42.58% 29,50%
1-jul-04 31-jul-04 3,00% 42.58% 29,16%
1-ago-04 31-ago-04 3,00% 42.58% 28,92%
1-sep-04 30-sep-04 3,00% 42.58% 29,25%
1-oct-04 31-oct-04 3,00% 42.58% 28,63%
1-nov-04 30-nov-04 3,00% 42.58% 29,39%
1-dic-04 31-dic-04 3,00% 42.58% 29,23%
1-ene-05 31-ene-05 3,00% 42.58% 29,18%
1-feb-05 28-feb-05 3,00% 42.58% 29,10%
1-mar-05 31-mar-05 3,00% 42.58% 28,73%
1-abr-05 30-abr-05 3,00% 42.58% 28,79%
1-may-05 31-may-05 3,00% 42.58% 28,53%
1-jun-05 30-jun-05 3,00% 42.58% 28,28%
1-jul-05 31-jul-05 3,00% 42.58% 27,75%
1-ago-05 31-ago-05 3,00% 42.58% 27,36%
1-sep-05 30-sep-05 3,00% 42.58% 27,33%
1-oct-05 31-oct-05 3,00% 42.58% 26,90%
1-nov-05 30-nov-05 3,00% 42.58% 26,72%
1-dic-05 31-dic-05 3,00% 42.58% 26,24%
1-ene-06 31-ene-06 3,00% 42.58% 26,03%
1-feb-06 28-feb-06 3,00% 42.58% 26,27%
1-mar-06 31-mar-06 3,00% 42.58% 25,88%
1-abr-06 30-abr-06 3,00% 42.58% 25,13%
1-may-06 31-may-06 3,00% 42.58% 24,11%
1-jun-06 30-jun-06 3,00% 42.58% 23,42%
1-jul-06 31-jul-06 3,00% 42.58% 22,62%
1-ago-06 31-ago-06 3,00% 42.58% 22,53%
1-sep-06 30-sep-06 3,00% 42.58% 22,58%
1-oct-06 31-dic-06 3,00% 42.58% 22,61%
1-ene-07 4-ene-07 3,00% 42.58% 16,61%

43

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Demandante: Consorcio BDO AUDIT AGE – Augusto
Bahamón

5-ene-07 31-mar-07 3,00% 42.58% 20,75%
1-abr-07 30-jun-07 3,00% 42.58% 25,12%
1-jul-07 30-sep-07 3,00% 42.58% 28,51%
1-oct-07 31-dic-07 3,00% 42.58% 31,89%
1-ene-08 31-mar-08 3,00% 42.58% 32,75%
1-abr-08 30-jun-08 3,00% 42.58% 32,88%
1-jul-08 30-sep-08 3,00% 42.58% 32,27%
1-oct-08 31-dic-08 3,00% 42.58% 31,53%
1-ene-09 31-mar-09 3,00% 42.58% 30,71%
1-abr-09 30-jun-09 3,00% 42.58% 30,42%
1-jul-09 30-sep-09 3,00% 42.58% 27,98%
1-oct-09 31-dic-09 3,00% 42.58% 25,92%
1-ene-10 31-mar-10 3,00% 42.58% 24,21%
1-abr-10 30-jun-10 3,00% 42.58% 22,97%
1-jul-10 30-sep-10 3,00% 42.58% 22,41%
1-oct-10 31-dic-10 3,00% 42.58% 21,32%
1-ene-11 31-mar-11 3,00% 42.58% 23,42%
1-abr-11 30-jun-11 3,00% 42.58% 26,54%
1-jul-11 30-sep-11 3,00% 42.58% 27,95%
1-oct-11 31-dic-11 3,00% 42.58% 29,09%
1-ene-12 31-mar-12 3,00% 42.58% 29,88%
1-abr-12 30-jun-12 3,00% 42.58% 30,78%
1-jul-12 30-sep-12 3,00% 42.58% 31,29%
1-oct-12 31-dic-12 3,00% 42.58% 31,34%
1-ene-13 31-mar-13 3,00% 42.58% 31,13%
1-abr-13 30-jun-13 3,00% 42.58% 31,25%
1-jul-13 30-sep-13 3,00% 42.58% 30,51%
1-oct-13 31-dic-13 3,00% 42.58% 29,78%
1-ene-14 31-mar-14 3,00% 42.58% 29,48%
1-abr-14 30-jun-14 3,00% 42.58% 29,45%
1-jul-14 30-sep-14 3,00% 42.58% 29,00%
1-oct-14 31-dic-14 3,00% 42.58% 28,76%
1-ene-15 31-mar-15 3,00% 42.58% 28,82%
1-abr-15 30-jun-15 3,00% 42.58% 29,06%
1-jul-15 30-sep-15 3,00% 42.58% 28,89%
1-oct-15 31-dic-15 3,00% 42.58% 29,00%
1-ene-16 31-mar-16 3,00% 42.58% 29,52%
1-abr-16 27-may-16 3,00% 42.58% 30,81%

De lo anterior, se puede evidenciar que para todos los periodos comprendidos entre
el 18 de agosto de 1999 y el 27 de mayo de 2016, la tasa pactada contractualmente
sobrepasaba la tasa usura de cada periodo. Ahora, también debe tenerse en cuenta
que para la fecha en que se celebró el Contrato (27 de enero de 1999) la tasa del
3% mensual pactada, que corresponde a una tasa efectiva anual de 42,58%, no

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sobrepasaba ni siquiera el IBC (que correspondía a 45,49% efectivo anual63) ni la
tasa de usura anual (68,24%64), por lo cual no se trató de un pacto que contravino
una norma imperativa.

En virtud de lo anterior, para efectos de la liquidación de los intereses causados
sobre el capital de la obligación ejecutada, ésta se realizará tomando la tasa máxima
de los intereses moratorios señalada en el cuadro anterior, información que se
presenta en el siguiente cuadro:

INTERESES TOTAL
DESDE HASTA DÍAS TASA CAPITAL MES INTERESES
18/08/1999 31/08/1999 14 39,38% $ 269.216.830 $ 3.430.183 $ 3.430.183
1/09/1999 30/09/1999 30 39,02% $ 269.216.830 $ 7.293.114 $ 10.723.296
1/10/1999 31/10/1999 31 40,44% $ 269.216.830 $ 7.768.797 $ 18.492.093
1/11/1999 30/11/1999 30 38,55% $ 269.216.830 $ 7.218.111 $ 25.710.205
1/12/1999 31/12/1999 31 36,33% $ 269.216.830 $ 7.089.058 $ 32.799.263
1/01/2000 31/01/2000 31 33,60% $ 269.216.830 $ 6.626.161 $ 39.425.424
1/02/2000 29/02/2000 29 29,19% $ 269.216.830 $ 5.480.158 $ 44.905.582
1/03/2000 31/03/2000 31 26,18% $ 269.216.830 $ 5.318.702 $ 50.224.284
1/04/2000 30/04/2000 30 26,81% $ 269.216.830 $ 5.257.407 $ 55.481.691
1/05/2000 31/05/2000 31 26,85% $ 269.216.830 $ 5.439.870 $ 60.921.560
1/06/2000 30/06/2000 30 29,66% $ 269.216.830 $ 5.749.540 $ 66.671.100
1/07/2000 31/07/2000 31 29,16% $ 269.216.830 $ 5.852.785 $ 72.523.886
1/08/2000 31/08/2000 31 29,88% $ 269.216.830 $ 5.979.982 $ 78.503.868
1/09/2000 30/09/2000 30 34,40% $ 269.216.830 $ 6.544.625 $ 85.048.492
1/10/2000 31/10/2000 31 34,62% $ 269.216.830 $ 6.800.206 $ 91.848.699
1/11/2000 30/11/2000 30 35,70% $ 269.216.830 $ 6.757.801 $ 98.606.500
1/12/2000 31/12/2000 31 35,54% $ 269.216.830 $ 6.956.064 $ 105.562.564
1/01/2001 31/01/2001 31 36,24% $ 269.216.830 $ 7.073.946 $ 112.636.509
1/02/2001 28/02/2001 28 39,05% $ 269.216.830 $ 6.811.366 $ 119.447.876
1/03/2001 31/03/2001 31 37,67% $ 269.216.830 $ 7.312.896 $ 126.760.771
1/04/2001 30/04/2001 30 37,25% $ 269.216.830 $ 7.009.328 $ 133.770.099
1/05/2001 31/05/2001 31 36,36% $ 269.216.830 $ 7.094.093 $ 140.864.193
1/06/2001 30/06/2001 30 37,76% $ 269.216.830 $ 7.091.469 $ 147.955.662
1/07/2001 31/07/2001 31 39,12% $ 269.216.830 $ 7.552.674 $ 155.508.336
1/08/2001 31/08/2001 31 36,38% $ 269.216.830 $ 7.097.450 $ 162.605.785
1/09/2001 30/09/2001 30 34,59% $ 269.216.830 $ 6.575.909 $ 169.181.694

63 Ibid.
64 Ibid.

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Radicado: 25000-23-36-000-2020-00202-01 (70012)
Demandante: Consorcio BDO AUDIT AGE – Augusto
Bahamón

1/10/2001 31/10/2001 31 34,83% $ 269.216.830 $ 6.835.876 $ 176.017.570
1/11/2001 30/11/2001 30 34,47% $ 269.216.830 $ 6.556.156 $ 182.573.726
1/12/2001 31/12/2001 31 33,72% $ 269.216.830 $ 6.646.706 $ 189.220.432
1/01/2002 31/01/2002 31 34,22% $ 269.216.830 $ 6.732.111 $ 195.952.542
1/02/2002 28/02/2002 28 33,53% $ 269.216.830 $ 5.974.088 $ 201.926.630
1/03/2002 31/03/2002 31 31,46% $ 269.216.830 $ 6.256.661 $ 208.183.291
1/04/2002 30/04/2002 30 31,55% $ 269.216.830 $ 6.069.988 $ 214.253.279
1/05/2002 31/05/2002 31 30,00% $ 269.216.830 $ 6.001.113 $ 220.254.392
1/06/2002 30/06/2002 30 29,94% $ 269.216.830 $ 5.797.306 $ 226.051.699
1/07/2002 31/07/2002 31 29,66% $ 269.216.830 $ 5.941.191 $ 231.992.890
1/08/2002 31/08/2002 31 30,02% $ 269.216.830 $ 6.004.633 $ 237.997.523
1/09/2002 30/09/2002 30 30,27% $ 269.216.830 $ 5.853.471 $ 243.850.994
1/10/2002 31/10/2002 31 30,45% $ 269.216.830 $ 6.080.182 $ 249.931.176
1/11/2002 30/11/2002 30 29,64% $ 269.216.830 $ 5.746.124 $ 255.677.300
1/12/2002 31/12/2002 31 29,54% $ 269.216.830 $ 5.920.005 $ 261.597.305
1/01/2003 31/01/2003 31 29,46% $ 269.216.830 $ 5.905.870 $ 267.503.174
1/02/2003 28/02/2003 28 29,67% $ 269.216.830 $ 5.367.831 $ 272.871.005
1/03/2003 31/03/2003 31 29,24% $ 269.216.830 $ 5.866.953 $ 278.737.959
1/04/2003 30/04/2003 30 29,72% $ 269.216.830 $ 5.759.784 $ 284.497.743
1/05/2003 31/05/2003 31 29,84% $ 269.216.830 $ 5.972.934 $ 290.470.677
1/06/2003 30/06/2003 30 28,80% $ 269.216.830 $ 5.602.182 $ 296.072.859
1/07/2003 31/07/2003 31 29,16% $ 269.216.830 $ 5.852.785 $ 301.925.645
1/08/2003 31/08/2003 31 29,82% $ 269.216.830 $ 5.969.409 $ 307.895.054
1/09/2003 30/09/2003 30 30,18% $ 269.216.830 $ 5.838.168 $ 313.733.222
1/10/2003 31/10/2003 31 30,06% $ 269.216.830 $ 6.011.671 $ 319.744.893
1/11/2003 30/11/2003 30 29,80% $ 269.216.830 $ 5.773.436 $ 325.518.329
1/12/2003 31/12/2003 31 29,72% $ 269.216.830 $ 5.951.777 $ 331.470.106
1/01/2004 31/01/2004 31 29,50% $ 269.216.830 $ 5.912.938 $ 337.383.044
1/02/2004 29/02/2004 29 29,61% $ 269.216.830 $ 5.549.633 $ 342.932.677
1/03/2004 31/03/2004 31 29,70% $ 269.216.830 $ 5.948.249 $ 348.880.926
1/04/2004 30/04/2004 30 29,67% $ 269.216.830 $ 5.751.248 $ 354.632.174
1/05/2004 31/05/2004 31 29,56% $ 269.216.830 $ 5.923.537 $ 360.555.711
1/06/2004 30/06/2004 30 29,50% $ 269.216.830 $ 5.722.198 $ 366.277.909
1/07/2004 31/07/2004 31 29,16% $ 269.216.830 $ 5.852.785 $ 372.130.695
1/08/2004 31/08/2004 31 28,92% $ 269.216.830 $ 5.810.229 $ 377.940.924
1/09/2004 30/09/2004 30 29,25% $ 269.216.830 $ 5.679.410 $ 383.620.334
1/10/2004 31/10/2004 31 28,63% $ 269.216.830 $ 5.758.702 $ 389.379.036
1/11/2004 30/11/2004 30 29,39% $ 269.216.830 $ 5.703.382 $ 395.082.418
1/12/2004 31/12/2004 31 29,23% $ 269.216.830 $ 5.865.183 $ 400.947.601
1/01/2005 31/01/2005 31 29,18% $ 269.216.830 $ 5.856.328 $ 406.803.929
1/02/2005 28/02/2005 28 29,10% $ 269.216.830 $ 5.276.784 $ 412.080.713
1/03/2005 31/03/2005 31 28,73% $ 269.216.830 $ 5.776.483 $ 417.857.196

46

Radicado: 25000-23-36-000-2020-00202-01 (70012)
Demandante: Consorcio BDO AUDIT AGE – Augusto
Bahamón

1/04/2005 30/04/2005 30 28,79% $ 269.216.830 $ 5.600.463 $ 423.457.659
1/05/2005 31/05/2005 31 28,53% $ 269.216.830 $ 5.740.907 $ 429.198.566
1/06/2005 30/06/2005 30 28,28% $ 269.216.830 $ 5.512.606 $ 434.711.172
1/07/2005 31/07/2005 31 27,75% $ 269.216.830 $ 5.601.631 $ 440.312.802
1/08/2005 31/08/2005 31 27,36% $ 269.216.830 $ 5.531.674 $ 445.844.477
1/09/2005 30/09/2005 30 27,33% $ 269.216.830 $ 5.348.017 $ 451.192.493
1/10/2005 31/10/2005 31 26,90% $ 269.216.830 $ 5.448.886 $ 456.641.380
1/11/2005 30/11/2005 30 26,72% $ 269.216.830 $ 5.241.687 $ 461.883.066
1/12/2005 31/12/2005 31 26,24% $ 269.216.830 $ 5.329.579 $ 467.212.646
1/01/2006 31/01/2006 31 26,03% $ 269.216.830 $ 5.291.488 $ 472.504.133
1/02/2006 28/02/2006 28 26,27% $ 269.216.830 $ 4.818.724 $ 477.322.857
1/03/2006 31/03/2006 31 25,88% $ 269.216.830 $ 5.264.240 $ 482.587.098
1/04/2006 30/04/2006 30 25,13% $ 269.216.830 $ 4.962.113 $ 487.549.211
1/05/2006 31/05/2006 31 24,11% $ 269.216.830 $ 4.940.256 $ 492.489.467
1/06/2006 30/06/2006 30 23,42% $ 269.216.830 $ 4.657.458 $ 497.146.925
1/07/2006 31/07/2006 31 22,62% $ 269.216.830 $ 4.663.931 $ 501.810.856
1/08/2006 31/08/2006 31 22,53% $ 269.216.830 $ 4.647.133 $ 506.457.989
1/09/2006 30/09/2006 30 22,58% $ 269.216.830 $ 4.506.258 $ 510.964.246
1/10/2006 31/10/2006 31 22,61% $ 269.216.830 $ 4.662.065 $ 515.626.311
1/11/2006 30/11/2006 30 22,61% $ 269.216.830 $ 4.511.676 $ 520.137.987
1/12/2006 31/12/2006 31 22,61% $ 269.216.830 $ 4.662.065 $ 524.800.052
1/01/2007 4/01/2007 4 16,61% $ 269.216.830 $ 453.456 $ 525.253.508
5/01/2007 31/01/2007 27 20,75% $ 269.216.830 $ 3.755.923 $ 529.009.431
1/02/2007 28/02/2007 28 20,75% $ 269.216.830 $ 3.895.031 $ 532.904.462
1/03/2007 31/03/2007 31 20,75% $ 269.216.830 $ 4.312.356 $ 537.216.818
1/04/2007 30/04/2007 30 25,12% $ 269.216.830 $ 4.960.344 $ 542.177.162
1/05/2007 31/05/2007 31 25,12% $ 269.216.830 $ 5.125.689 $ 547.302.850
1/06/2007 30/06/2007 30 25,12% $ 269.216.830 $ 4.960.344 $ 552.263.194
1/07/2007 31/07/2007 31 28,51% $ 269.216.830 $ 5.737.346 $ 558.000.541
1/08/2007 31/08/2007 31 28,51% $ 269.216.830 $ 5.737.346 $ 563.737.887
1/09/2007 30/09/2007 30 28,51% $ 269.216.830 $ 5.552.271 $ 569.290.158
1/10/2007 31/10/2007 31 31,89% $ 269.216.830 $ 6.331.385 $ 575.621.543
1/11/2007 30/11/2007 30 31,89% $ 269.216.830 $ 6.127.147 $ 581.748.690
1/12/2007 31/12/2007 31 31,89% $ 269.216.830 $ 6.331.385 $ 588.080.076
1/01/2008 31/01/2008 31 32,75% $ 269.216.830 $ 6.480.109 $ 594.560.184
1/02/2008 29/02/2008 29 32,75% $ 269.216.830 $ 6.062.037 $ 600.622.222
1/03/2008 31/03/2008 31 32,75% $ 269.216.830 $ 6.480.109 $ 607.102.330
1/04/2008 30/04/2008 30 32,88% $ 269.216.830 $ 6.292.748 $ 613.395.078
1/05/2008 31/05/2008 31 32,88% $ 269.216.830 $ 6.502.506 $ 619.897.585
1/06/2008 30/06/2008 30 32,88% $ 269.216.830 $ 6.292.748 $ 626.190.333
1/07/2008 31/07/2008 31 32,27% $ 269.216.830 $ 6.397.219 $ 632.587.552
1/08/2008 31/08/2008 31 32,27% $ 269.216.830 $ 6.397.219 $ 638.984.772

47

Radicado: 25000-23-36-000-2020-00202-01 (70012)
Demandante: Consorcio BDO AUDIT AGE – Augusto
Bahamón

1/09/2008 30/09/2008 30 32,27% $ 269.216.830 $ 6.190.857 $ 645.175.629
1/10/2008 31/10/2008 31 31,53% $ 269.216.830 $ 6.268.842 $ 651.444.471
1/11/2008 30/11/2008 30 31,53% $ 269.216.830 $ 6.066.621 $ 657.511.092
1/12/2008 31/12/2008 31 31,53% $ 269.216.830 $ 6.268.842 $ 663.779.934
1/01/2009 31/01/2009 31 30,71% $ 269.216.830 $ 6.125.742 $ 669.905.676
1/02/2009 28/02/2009 28 30,71% $ 269.216.830 $ 5.532.928 $ 675.438.604
1/03/2009 31/03/2009 31 30,71% $ 269.216.830 $ 6.125.742 $ 681.564.346
1/04/2009 30/04/2009 30 30,42% $ 269.216.830 $ 5.878.954 $ 687.443.299
1/05/2009 31/05/2009 31 30,42% $ 269.216.830 $ 6.074.919 $ 693.518.218
1/06/2009 30/06/2009 30 30,42% $ 269.216.830 $ 5.878.954 $ 699.397.172
1/07/2009 31/07/2009 31 27,98% $ 269.216.830 $ 5.642.787 $ 705.039.959
1/08/2009 31/08/2009 31 27,98% $ 269.216.830 $ 5.642.787 $ 710.682.747
1/09/2009 30/09/2009 30 27,98% $ 269.216.830 $ 5.460.762 $ 716.143.509
1/10/2009 31/10/2009 31 25,92% $ 269.216.830 $ 5.271.510 $ 721.415.018
1/11/2009 30/11/2009 30 25,92% $ 269.216.830 $ 5.101.461 $ 726.516.479
1/12/2009 31/12/2009 31 25,92% $ 269.216.830 $ 5.271.510 $ 731.787.989
1/01/2010 31/01/2010 31 24,21% $ 269.216.830 $ 4.958.683 $ 736.746.671
1/02/2010 28/02/2010 28 24,21% $ 269.216.830 $ 4.478.810 $ 741.225.481
1/03/2010 31/03/2010 31 24,21% $ 269.216.830 $ 4.958.683 $ 746.184.164
1/04/2010 30/04/2010 30 22,97% $ 269.216.830 $ 4.576.586 $ 750.760.750
1/05/2010 31/05/2010 31 22,97% $ 269.216.830 $ 4.729.139 $ 755.489.889
1/06/2010 30/06/2010 30 22,97% $ 269.216.830 $ 4.576.586 $ 760.066.475
1/07/2010 31/07/2010 31 22,41% $ 269.216.830 $ 4.624.717 $ 764.691.191
1/08/2010 31/08/2010 31 22,41% $ 269.216.830 $ 4.624.717 $ 769.315.908
1/09/2010 30/09/2010 30 22,41% $ 269.216.830 $ 4.475.532 $ 773.791.440
1/10/2010 31/10/2010 31 21,32% $ 269.216.830 $ 4.420.092 $ 778.211.533
1/11/2010 30/11/2010 30 21,32% $ 269.216.830 $ 4.277.509 $ 782.489.041
1/12/2010 31/12/2010 31 21,32% $ 269.216.830 $ 4.420.092 $ 786.909.134
1/01/2011 31/01/2011 31 23,42% $ 269.216.830 $ 4.812.707 $ 791.721.841
1/02/2011 28/02/2011 28 23,42% $ 269.216.830 $ 4.346.961 $ 796.068.802
1/03/2011 31/03/2011 31 23,42% $ 269.216.830 $ 4.812.707 $ 800.881.509
1/04/2011 30/04/2011 30 26,54% $ 269.216.830 $ 5.210.213 $ 806.091.722
1/05/2011 31/05/2011 31 26,54% $ 269.216.830 $ 5.383.887 $ 811.475.608
1/06/2011 30/06/2011 30 26,54% $ 269.216.830 $ 5.210.213 $ 816.685.821
1/07/2011 31/07/2011 31 27,95% $ 269.216.830 $ 5.637.423 $ 822.323.244
1/08/2011 31/08/2011 31 27,95% $ 269.216.830 $ 5.637.423 $ 827.960.668
1/09/2011 30/09/2011 30 27,95% $ 269.216.830 $ 5.455.571 $ 833.416.239
1/10/2011 31/10/2011 31 29,09% $ 269.216.830 $ 5.840.381 $ 839.256.620
1/11/2011 30/11/2011 30 29,09% $ 269.216.830 $ 5.651.982 $ 844.908.602
1/12/2011 31/12/2011 31 29,09% $ 269.216.830 $ 5.840.381 $ 850.748.983
1/01/2012 31/01/2012 31 29,88% $ 269.216.830 $ 5.979.982 $ 856.728.965
1/02/2012 29/02/2012 29 29,88% $ 269.216.830 $ 5.594.177 $ 862.323.142

48

Radicado: 25000-23-36-000-2020-00202-01 (70012)
Demandante: Consorcio BDO AUDIT AGE – Augusto
Bahamón

1/03/2012 31/03/2012 31 29,88% $ 269.216.830 $ 5.979.982 $ 868.303.124
1/04/2012 30/04/2012 30 30,78% $ 269.216.830 $ 5.939.993 $ 874.243.117
1/05/2012 31/05/2012 31 30,78% $ 269.216.830 $ 6.137.993 $ 880.381.110
1/06/2012 30/06/2012 30 30,78% $ 269.216.830 $ 5.939.993 $ 886.321.103
1/07/2012 31/07/2012 31 31,29% $ 269.216.830 $ 6.227.051 $ 892.548.154
1/08/2012 31/08/2012 31 31,29% $ 269.216.830 $ 6.227.051 $ 898.775.205
1/09/2012 30/09/2012 30 31,29% $ 269.216.830 $ 6.026.179 $ 904.801.384
1/10/2012 31/10/2012 31 31,34% $ 269.216.830 $ 6.235.764 $ 911.037.148
1/11/2012 30/11/2012 30 31,34% $ 269.216.830 $ 6.034.610 $ 917.071.758
1/12/2012 31/12/2012 31 31,34% $ 269.216.830 $ 6.235.764 $ 923.307.522
1/01/2013 31/01/2013 31 31,13% $ 269.216.830 $ 6.199.148 $ 929.506.670
1/02/2013 28/02/2013 28 31,13% $ 269.216.830 $ 5.599.231 $ 935.105.901
1/03/2013 31/03/2013 31 31,13% $ 269.216.830 $ 6.199.148 $ 941.305.050
1/04/2013 30/04/2013 30 31,25% $ 269.216.830 $ 6.019.431 $ 947.324.481
1/05/2013 31/05/2013 31 31,25% $ 269.216.830 $ 6.220.079 $ 953.544.559
1/06/2013 30/06/2013 30 31,25% $ 269.216.830 $ 6.019.431 $ 959.563.990
1/07/2013 31/07/2013 31 30,51% $ 269.216.830 $ 6.090.704 $ 965.654.694
1/08/2013 31/08/2013 31 30,51% $ 269.216.830 $ 6.090.704 $ 971.745.398
1/09/2013 30/09/2013 30 30,51% $ 269.216.830 $ 5.894.229 $ 977.639.627
1/10/2013 31/10/2013 31 29,78% $ 269.216.830 $ 5.962.358 $ 983.601.985
1/11/2013 30/11/2013 30 29,78% $ 269.216.830 $ 5.770.024 $ 989.372.009
1/12/2013 31/12/2013 31 29,78% $ 269.216.830 $ 5.962.358 $ 995.334.367
1/01/2014 31/01/2014 31 29,48% $ 269.216.830 $ 5.909.404 $ 1.001.243.771
1/02/2014 28/02/2014 28 29,48% $ 269.216.830 $ 5.337.527 $ 1.006.581.298
1/03/2014 31/03/2014 31 29,48% $ 269.216.830 $ 5.909.404 $ 1.012.490.702
1/04/2014 30/04/2014 30 29,45% $ 269.216.830 $ 5.713.647 $ 1.018.204.349
1/05/2014 31/05/2014 31 29,45% $ 269.216.830 $ 5.904.102 $ 1.024.108.451
1/06/2014 30/06/2014 30 29,45% $ 269.216.830 $ 5.713.647 $ 1.029.822.099
1/07/2014 31/07/2014 31 29,00% $ 269.216.830 $ 5.824.424 $ 1.035.646.522
1/08/2014 31/08/2014 31 29,00% $ 269.216.830 $ 5.824.424 $ 1.041.470.946
1/09/2014 30/09/2014 30 29,00% $ 269.216.830 $ 5.636.539 $ 1.047.107.485
1/10/2014 31/10/2014 31 28,76% $ 269.216.830 $ 5.781.815 $ 1.052.889.299
1/11/2014 30/11/2014 30 28,76% $ 269.216.830 $ 5.595.305 $ 1.058.484.604
1/12/2014 31/12/2014 31 28,76% $ 269.216.830 $ 5.781.815 $ 1.064.266.419
1/01/2015 31/01/2015 31 28,82% $ 269.216.830 $ 5.792.474 $ 1.070.058.893
1/02/2015 28/02/2015 28 28,82% $ 269.216.830 $ 5.231.912 $ 1.075.290.806
1/03/2015 31/03/2015 31 28,82% $ 269.216.830 $ 5.792.474 $ 1.081.083.280
1/04/2015 30/04/2015 30 29,06% $ 269.216.830 $ 5.645.978 $ 1.086.729.258
1/05/2015 31/05/2015 31 29,06% $ 269.216.830 $ 5.834.177 $ 1.092.563.434
1/06/2015 30/06/2015 30 29,06% $ 269.216.830 $ 5.645.978 $ 1.098.209.412
1/07/2015 31/07/2015 31 28,89% $ 269.216.830 $ 5.804.904 $ 1.104.014.316
1/08/2015 31/08/2015 31 28,89% $ 269.216.830 $ 5.804.904 $ 1.109.819.221

49

Radicado: 25000-23-36-000-2020-00202-01 (70012)
Demandante: Consorcio BDO AUDIT AGE – Augusto
Bahamón

1/09/2015 30/09/2015 30 28,89% $ 269.216.830 $ 5.617.649 $ 1.115.436.870
1/10/2015 31/10/2015 31 29,00% $ 269.216.830 $ 5.823.537 $ 1.121.260.407
1/11/2015 30/11/2015 30 29,00% $ 269.216.830 $ 5.635.681 $ 1.126.896.087
1/12/2015 31/12/2015 31 29,00% $ 269.216.830 $ 5.823.537 $ 1.132.719.624
1/01/2016 31/01/2016 31 29,52% $ 269.216.830 $ 5.916.472 $ 1.138.636.096
1/02/2016 29/02/2016 29 29,52% $ 269.216.830 $ 5.534.764 $ 1.144.170.860
1/03/2016 31/03/2016 31 29,52% $ 269.216.830 $ 5.916.472 $ 1.150.087.332

1/04/2016 30/04/2016 30 30,81% $ 269.216.830 $ 5.945.072 $ 1.156.032.404
1/05/2016 27/05/2016 27 30,81% $ 269.216.830 $ 5.350.565 $ 1.161.382.968
TOTAL $ 1.161.382.968

Así, se evidencia que los intereses generados sobre el capital de la obligación
contenida en la sentencia ejecutada, a saber, doscientos sesenta y nueve millones
doscientos dieciséis mil ochocientos treinta pesos ($269.216.830), desde el 18 de
agosto de 1999 (fecha señalada en la sentencia de primera instancia del proceso
de controversias contractuales del que deriva la presente ejecución) hasta el 27 de
mayo de 2016 (fecha en la que la entidad ejecutada realizó el pago del capital),
ascendieron a la suma de mil ciento sesenta y un millones trescientos ochenta y dos
mil novecientos sesenta y ocho pesos ($1.161.382.968).

En el proceso está acreditado que la entidad ejecutada pagó al Consorcio las
siguientes sumas de dinero por concepto de intereses, en las siguientes fechas: i)
el 24 de noviembre de 2016 (hecho probado 7.9), la suma de setecientos cuarenta
millones cuatrocientos cuarenta y un mil ochocientos catorce pesos ($740.441.814)
y; ii) el 17 de marzo de 2017 (hecho probado 7.13), la suma de seiscientos quince
millones ochocientos setenta y dos mil quinientos setenta y ocho pesos
($615.872.578). Para un total de mil trescientos cincuenta y seis millones trescientos
catorce mil trescientos noventa y dos pesos ($1.356.314.392). Por lo tanto, en la
medida en que la suma pagada supera el monto de los intereses liquidados
correctamente en esta providencia, está probada la excepción de pago, lo que
impone confirmar la sentencia apelada, pero por las razones expuestas en esta
providencia.

50

Radicado: 25000-23-36-000-2020-00202-01 (70012)
Demandante: Consorcio BDO AUDIT AGE – Augusto
Bahamón

8. Condena en costas

El artículo 36565 del CGP66 dispuso que se condenará en costas a la parte vencida
o a quien se le resuelva desfavorablemente el recurso de apelación. Atendiendo a
lo allí ordenado, y comoquiera que el recurso de apelación formulado por la parte
ejecutante no prosperó, la Sala condenará en costas a la parte vencida, esto es, al
Consorcio, cuya liquidación la hará de manera concentrada el a quo, de conformidad
con lo previsto en los artículos 365.8 y 366 del CGP.

En lo relativo a las agencias en derecho, de conformidad con lo establecido en los
numerales 367 y 468 del artículo 366 del Código General del Proceso, en
concordancia con los artículos 5, numeral 4 del Acuerdo 10554 del 5 de agosto de
201669, vigente para el momento de la presentación de la demanda, tratándose de
procesos ejecutivos que se surten en segunda instancia, la tarifa de agencias en
derecho debe fijarse entre 1 y 6 SMLMV.

En el presente asunto, la Sala estima procedente su fijación por la segunda instancia
a favor de la parte ejecutada, comoquiera que se encuentra acreditada su
causación, pues ésta intervino en la oportunidad procesal correspondiente en esta
instancia70, las cuales se fijan en 1 SMLMV.

65 “Artículo 365. Condena en costas. En los procesos y en las actuaciones posteriores a aquellos en que haya

controversia la condena en costas se sujetará a las siguientes reglas: […] 4. Cuando la sentencia de segunda
instancia revoque totalmente la del inferior, la parte vencida será condenada a pagar las costas de ambas
instancias. […] 8. Solo habrá lugar a costas cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida
de su comprobación”.
66 Aplicable en virtud de lo previsto en el artículo 188 del CPACA, a cuyo tenor se expone: “[…] la sentencia

dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de
Procedimiento Civil […]”.
67 “3. La liquidación incluirá el valor de los honorarios de auxiliares de la justicia, los demás gastos judiciales

hechos por la parte beneficiada con la condena, siempre que aparezcan comprobados, hayan sido útiles y
correspondan a actuaciones autorizadas por la ley, y las agencias en derecho que fije el magistrado
sustanciador o el juez, aunque se litigue sin apoderado […] Los honorarios de los peritos contratados
directamente por las partes serán incluidos en la liquidación de costas, siempre que aparezcan comprobados y
el juez los encuentre razonables. Si su valor excede los parámetros establecidos por el Consejo Superior de la
Judicatura y por las entidades especializadas, el juez los regulará
68 “4. Para la fijación de agencias en derecho deberán aplicarse las tarifas que establezca el Consejo Superior

de la Judicatura. Si aquellas establecen solamente un mínimo, o este y un máximo, el juez tendrá en cuenta,
además, la naturaleza, calidad y duración de la gestión realizada por el apoderado o la parte que litigó
personalmente, la cuantía del proceso y otras circunstancias especiales, sin que pueda exceder el máximo de
dichas tarifas”.
69 “Por el cual se establecen las tarifas de agencias en derecho”. Acuerdo que es aplicable por la fecha de

presentación de la demanda y en atención a lo dispuesto en el artículo 7 del Acuerdo PSAA16-10554 del 5 de
agosto de 2016.
70 Índice 10 del expediente digital en la plataforma SAMAI.

51

Radicado: 25000-23-36-000-2020-00202-01 (70012)
Demandante: Consorcio BDO AUDIT AGE – Augusto
Bahamón

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,

RESUELVE

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 20 de abril de 2023, proferida por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A., por las
razones expuestas en esta providencia,

SEGUNDO: CONDENAR en costas en segunda instancia al Consorcio BDO AUDIT
AGE – Augusto Bahamón, las cuales serán liquidadas de manera concentrada por
el Tribunal a quo, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta
providencia y tomando en consideración lo dispuesto en los artículos 365.8 y 366
del CGP. Se incluirán por concepto de agencias en derecho a favor del Distrito de
Bogotá – Secretaría de Movilidad, la suma correspondiente a 1 salario mínimo legal
mensual vigente.

TERCERO: En firme esta providencia ENVÍESE el expediente al Tribunal de origen
para lo de su cargo.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
WILLIAM BARRERA MUÑOZ
Presidente de la Sala

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
ADRIANA POLIDURA CASTILLO
Consejera de Estado

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
NICOLÁS YEPES CORRALES
Consejero de Estado

VF/AC3

52

Radicado: 25000-23-36-000-2020-00202-01 (70012)
Demandante: Consorcio BDO AUDIT AGE – Augusto
Bahamón

53

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