Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-26-000-2002-00954-02
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Acción ejecutiva
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-26-000-2002-00954-02
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 25000-23-26-000-2002-00954-02
Consejero ponente: María Adriana Marín
2 de julio de 2021
ACCIÓN EJECUTIVA / PROCESO EJECUTIVO / APLICACIÓN DE LAS NORMAS PROCESALES EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / APLICACIÓN DEL CÓDIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / VIGENCIA DEL CÓDIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / APLICACIÓN DE LA VIGENCIA DE LA LEY EN EL TIEMPO / TRANSICIÓN DE LA LEY / RÉGIMEN DE TRANSICIÓN / TRANSICIÓN DE LA NORMA / CÓDIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / REMISIÓN DE LA NORMA / APLICACIÓN DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL / PROCESO EJECUTIVO PARA EL COBRO DE OBLIGACIONES
La Sala estima necesario precisar que al presente proceso le resultan aplicables, en lo pertinente, las reglas del Código Contencioso Administrativo contenido en el Decreto 01 de 1984, toda vez que la demanda se interpuso (…) en vigencia de dicha norma y antes de que entrara en vigor la Ley 1437 de 2011, por la cual se expidió el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, que prescribe en el artículo 308 la regla de transición para procesos iniciados en vigencia del anterior estatuto. Ahora bien, por corresponder el asunto sub judice a un proceso ejecutivo, se sujeta a las normas del Código de Procedimiento Civil, por remisión expresa del artículo 267 del C.C.A., dado que este último estatuto no contiene regulación del procedimiento para la ejecución judicial de obligaciones.
FUENTE FORMAL: CÓDIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO - ARTÍCULO 267
COMPETENCIA DE LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO EN SEGUNDA INSTANCIA / COMPETENCIA DEL RECURSO DE APELACIÓN / PROCESO EJECUTIVO CONTRACTUAL / COMPETENCIA DE LA ACCIÓN EJECUTIVA / COMPETENCIA DEL PROCESO EJECUTIVO / CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / PROCESO EJECUTIVO / ACCIÓN EJECUTIVA / CONTRATO ESTATAL / CONTRATO DE CONCESIÓN / CONTRATO DE CONCESIÓN DE TELEVISIÓN / OTORGAMIENTO DEL CONTRATO DE CONCESIÓN / ADJUDICACIÓN DE CONTRATO DE CONCESIÓN DE TELEVISIÓN / COMISIÓN NACIONAL DE TELEVISIÓN / SUCESIÓN PROCESAL / MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES
De conformidad con el artículo 75 de la Ley 80 de 1993, es esta la jurisdicción competente para conocer de las controversias derivadas de los contratos estatales y de los procesos de ejecución que surjan con ocasión de los mismos. Por tanto, la Sala es competente para conocer del presente asunto en segunda instancia, en razón del recurso de apelación interpuesto por la parte ejecutada contra la sentencia (…), puesto que se trata de un proceso ejecutivo derivado de un contrato de carácter estatal, en los términos de los artículos 2 y 32 de la Ley 80 de 1993, esto es, una concesión otorgada por una entidad pública sujeta a ese Estatuto: la Comisión Nacional de Televisión, hoy sucedida procesalmente por la Nación -Ministerio de Tecnologías de la Información y las Telecomunicaciones.
FUENTE FORMAL: LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 75 / LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 2 / LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 32
PROCESO EJECUTIVO CONTRACTUAL / CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / PROCESO EJECUTIVO / ACCIÓN EJECUTIVA / CONTRATO ESTATAL / CONTRATO DE CONCESIÓN / CONTRATO DE CONCESIÓN DE TELEVISIÓN / CONTRATACIÓN POR PARTE DE LA ENTIDAD PÚBLICA / COMISIÓN NACIONAL DE TELEVISIÓN / TÍTULO EJECUTIVO CONTRACTUAL / TÍTULO EJECUTIVO COMPLEJO / CONSTITUCIÓN DEL TÍTULO EJECUTIVO COMPLEJO / PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO / INTENCIÓN DE LAS PARTES DEL CONTRATO / ACTO ADMINISTRATIVO QUE DECLARARA CADUCIDAD DEL CONTRATO ESTATAL / ACTO ADMINISTRATIVO DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / IMPROCEDENCIA DE LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA
[E]l negocio jurídico sobre el cual se estructuró el título ejecutivo no fue un contrato de seguro suscrito por un contratista particular de la administración con una firma privada, sino el contrato estatal de concesión (…), celebrado entre Producciones Punch S.A. y la entidad pública Comisión Nacional de Televisión. A lo anterior se agrega que el título ejecutivo presentado en el sub judice es complejo, de suerte que no solo comprende la póliza extendida para garantizar el cumplimiento del contrato, sino también el acuerdo de voluntades y los actos administrativos que dispusieron su caducidad y liquidación bilateral. En esa medida, no hay lugar a declarar probada la excepción invocada en este punto por la parte pasiva, por ser aplicable al presente asunto la norma de competencia contenida en el artículo 75 de la Ley 80 de 1993, ya referido.
FUENTE FORMAL: LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 75
CADUCIDAD DE LA ACCIÓN EJECUTIVA / CADUCIDAD DEL PROCESO EJECUTIVO / TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN EJECUTIVA / CONTABILIZACIÓN DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN EJECUTIVA / ACCIÓN EJECUTIVA / EXIGIBILIDAD DE LA OBLIGACIÓN / PRINCIPIO DE LA ANALOGÍA / PROCESO EJECUTIVO CONTRACTUAL / CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / REITERACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA
De conformidad con el artículo 136, numeral 11, del C.C.A., modificado por el artículo 44 de la Ley 446 de 1998, en las acciones ejecutivas derivadas de decisiones judiciales proferidas por esta jurisdicción, el término de caducidad es de cinco años contados desde la fecha en que se hace exigible la obligación. Esta norma tiene aplicación por analogía en los procesos ejecutivos derivados de los contratos estatales, tal como lo ha indicado reiteradamente la jurisprudencia de la Sección Tercera del Consejo de Estado.
FUENTE FORMAL: CÓDIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO - ARTÍCULO 136 NUMERAL 11 / LEY 446 DE 1998 - ARTÍCULO 44
NOTA DE RELATORÍA: Sobre la caducidad de la acción ejecutiva, ver sentencia de 22 de marzo de 2007, Exp. 28719, C.P. Alier Eduardo Hernández Enríquez, sentencia de 6 de junio de 2007, Exp. 30565, C.P. Ramiro Saavedra Becerra y sentencia de 10 de febrero de 2016, Exp. 44557, C.P. Marta Nubia Velásquez Rico y auto de 12 de noviembre de 1998, Exp. 15299, C.P. Ricardo Hoyos Duque.
CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA DEL CONTRATO / CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO / CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA DEL CONTRATO ESTATAL / COBRO DE LA CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA DEL CONTRATO / CONTRATO DE CONCESIÓN / CLÁUSULAS DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO / COMISIÓN NACIONAL DE TELEVISIÓN / ACTO ADMINISTRATIVO QUE DECLARARA CADUCIDAD DEL CONTRATO ESTATAL / LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO / ACTO ADMINISTRATIVO DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO / NOTIFICACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO / COMPAÑÍA DE SEGURO / ENTIDAD ASEGURADORA / NOTIFICACIÓN PERSONAL / EJECUTORIA DEL ACTO ADMINISTRATIVO / EXIGIBILIDAD DE LA OBLIGACIÓN / TÍTULO EJECUTIVO / IMPROCEDENCIA DEL RECURSO JUDICIAL / INEXISTENCIA DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN
En el presente caso, se debate el cobro de la cláusula penal pecuniaria pactada en el contrato de concesión (…) -suscrito entre Punch S.A. y la CNTV- y cuya efectividad fue ordenada por la entidad estatal contratante en las Resoluciones (…), por las cuales declaró y confirmó la caducidad del contrato, así como en las Resoluciones (…) y su confirmatoria (…), que dispusieron la liquidación unilateral del negocio jurídico. La Resolución (…), acto administrativo de cierre, fue notificada personalmente a la Compañía Agrícola de Seguros S.A. (…), de suerte que quedó ejecutoriada en esa fecha, al no ser procedente ningún otro recurso contra ella, de conformidad con el artículo 62 del C.C.A. En ese sentido, la fecha de exigibilidad formal de la obligación reclamada con fundamento en el mencionado título ejecutivo fue el 2 de noviembre de 2001, de manera que los cinco años establecidos en la ley como término de caducidad culminarían el 2 de noviembre de 2006. La demanda fue presentada (…), de suerte que sobre ella no operó el fenómeno de la caducidad.
FUENTE FORMAL: CÓDIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO - ARTÍCULO 62
EXCEPCIÓN PREVIA / PREJUDICIALIDAD / PROCESO ORDINARIO / SUSPENSIÓN DEL PROCESO POR PREJUDICIALIDAD - Improcedente / PREJUDICIALIDAD ADMINISTRATIVA / IMPROCEDENCIA DE LA PREJUDICIALIDAD ADMINISTRATIVA / PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / SOLICITUD DE NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO / ACTO ADMINISTRATIVO QUE DECLARARA CADUCIDAD DEL CONTRATO ESTATAL / LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO / ACTO ADMINISTRATIVO DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO / IMPROCEDENCIA DE LA EXCEPCIÓN DE PLEITO PENDIENTE / ACUMULACIÓN DE PROCESOS / PROCEDENCIA DE LA ACUMULACIÓN DE PROCESOS / FALLO / SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA / IMPROCEDENCIA DE LA NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO / PRESUNCIÓN DE LEGALIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO / MÉRITO EJECUTIVO DEL ACTO ADMINISTRATIVO / EJECUTORIA DE LA SENTENCIA
[S]in perjuicio de los reparos que amerita la vocación que se le pretendió dar a la prejudicialidad para enervar el derecho alegado en la demanda ejecutiva, cuando se trata de una excepción que sólo se encamina a cuestionar el procedimiento y postergar el examen procesal correspondiente -por lo que no resultaba procedente alegarla para revocar el fallo de primer grado-, el debate sobre dicho fenómeno debe tenerse por superado, puesto que en el momento de dictarse esta sentencia ya han sido resueltos en fallo de cierre, proferido por esta misma Subsección, los procesos en los que se demandó la nulidad de las Resoluciones (…), que declararon la caducidad del contrato (…), así como los actos de liquidación unilateral de dicho negocio jurídico. Inicialmente, las aludidas decisiones fueron demandadas por separado, pero una vez decretada la acumulación de las respectivas actuaciones, las mismas fueron decididas conjuntamente (…) en una misma sentencia de segunda instancia, en la que se denegó la totalidad de las pretensiones formuladas contra la CNTV y se mantuvieron incólumes, por tanto, la presunción de legalidad y el mérito ejecutivo de todos los actos administrativos atinentes al contrato de concesión.
NOTA DE RELATORÍA: Sobre la no procedencia de invocar en el proceso ejecutivo la ilegalidad de los actos administrativos que sirvan como base al mismo, ver sentencia del 27 de julio de 2005, Exp. 23565, C.P. Ruth Stella Correa Palacio y sentencia de 25 de abril de 2012, Exp. 37966, C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa.
TÍTULO EJECUTIVO / INTEGRACIÓN DEL TÍTULO EJECUTIVO / TÍTULO EJECUTIVO CONTRACTUAL / TÍTULO EJECUTIVO COMPLEJO / CONSTITUCIÓN DEL TÍTULO EJECUTIVO COMPLEJO / CONTRATO DE CONCESIÓN / COMISIÓN NACIONAL DE TELEVISIÓN / RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA / ACTO ADMINISTRATIVO / ACTO ADMINISTRATIVO QUE DECLARARA CADUCIDAD DEL CONTRATO ESTATAL / DECLARATORIA DE CADUCIDAD DEL CONTRATO ESTATAL / LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO / ACTO ADMINISTRATIVO DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO
[E]l título ejecutivo en el presente asunto está integrado, entre otros instrumentos, por el contrato de concesión (…), celebrado entre la CNTV y Producciones Punch S.A.; las Resoluciones (…) en las que se declaró la caducidad del contrato- y las Resoluciones (…) en las que se liquidó unilateralmente el acuerdo de voluntades.
RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA / ACTO ADMINISTRATIVO DEMANDADO / CONTRATO DE CONCESIÓN / COMISIÓN NACIONAL DE TELEVISIÓN / RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA / ACTO ADMINISTRATIVO / ACTO ADMINISTRATIVO QUE DECLARARA CADUCIDAD DEL CONTRATO ESTATAL / DECLARATORIA DE CADUCIDAD DEL CONTRATO ESTATAL / LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO / ACTO ADMINISTRATIVO DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO / CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA DEL CONTRATO / CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO / CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA DEL CONTRATO ESTATAL / COBRO DE LA CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA DEL CONTRATO / PRESUNCIÓN DE LEGALIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO / MÉRITO EJECUTIVO DEL ACTO ADMINISTRATIVO / MÉRITO EJECUTIVO DE LA RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA / MANDAMIENTO EJECUTIVO / PROCEDENCIA DE MANDAMIENTO EJECUTIVO / MANDAMIENTO DE PAGO / VALIDEZ DEL MANDAMIENTO PAGO
En la Resolución (…), la CNTV declaró la caducidad de los contratos de concesión (…) suscritos con Producciones Punch S.A., y en el artículo segundo ordenó “hacer efectiva la cláusula penal pecuniaria estipulada en la cláusula decimoctava de los contratos”, equivalente al “20% del valor de cada contrato”. Estas decisiones fueron confirmadas por la entidad en la Resolución (…), al resolver los recursos de reposición interpuestos contra el acto inicial. Posteriormente, mediante Resolución (…) la CNTV procedió a liquidar en forma unilateral el contrato de concesión (…). Al gozar de presunción de legalidad, los actos administrativos mencionados prestaban mérito ejecutivo en los términos de los artículos 64 y 68 del Código Contencioso Administrativo, razón por la cual el a quo libró el respectivo mandamiento de pago.
FUENTE FORMAL: CÓDIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO - ARTÍCULO 64 / CÓDIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO - ARTÍCULO 68
MANDAMIENTO EJECUTIVO / PROCEDENCIA DE MANDAMIENTO EJECUTIVO / MANDAMIENTO DE PAGO / VALIDEZ DEL MANDAMIENTO PAGO / NOTIFICACIÓN DEL MANDAMIENTO EJECUTIVO / ACTO DE NOTIFICACIÓN DEL MANDAMIENTO EJECUTIVO / APLICACIÓN DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL / MÉRITO EJECUTIVO DE LA RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA / MÉRITO EJECUTIVO DEL ACTO ADMINISTRATIVO / PRESUNCIÓN DE LEGALIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO / PRINCIPIO DE SEGURIDAD JURÍDICA
Para la época en que fue notificado el mandamiento de pago, resultaba aplicable al proceso el artículo 509 del Código de Procedimiento Civil, modificado por el Decreto 2282 de 1989. (…) [R]esulta nugatorio cualquier otro argumento de defensa encaminado a desestimar el mérito ejecutivo de tales providencias o actos que conllevan ejecución, pues son decisiones dotadas de presunción de legalidad, por lo que la restricción de la norma se encamina a garantizar la seguridad jurídica que revisten tales proveídos -incluyendo los actos administrativos que declaran obligaciones a favor del Estado- y a respetar atributos como el de la cosa juzgada (para el caso de las sentencias judiciales y los laudos).
FUENTE FORMAL: CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL - ARTÍCULO 509 / DECRETO 2282 DE 1989
PROCESO EJECUTIVO / ACCIÓN EJECUTIVA - No es la acción idónea para controvertir el acto administrativo / OBJETO DE LA ACCIÓN EJECUTIVA / FINALIDAD DE LA ACCIÓN EJECUTIVA / FINALIDAD DEL PROCESO EJECUTIVO / ESCOGENCIA DE LA ACCIÓN EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / ACTO ADMINISTRATIVO / DEMANDA CONTRA ACTO ADMINISTRATIVO / LEGALIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO / PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE NULIDAD / PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
[E]l proceso ejecutivo no es el escenario procedente para cuestionar la validez del acto administrativo que conforma o constituye el título de recaudo, ni para refutar la cuantía de la obligación en él prevista, pues la legalidad de las decisiones de la administración no puede desvirtuarse sino por los medios legalmente establecidos, esto es, mediante las demandas de nulidad o de nulidad y restablecimiento del derecho -según corresponda-, en su momento previstas en los artículos 84 y 85 del C.C.A. y hoy fijadas en los artículos 137 y 138 de la Ley 1437 de 2011.
FUENTE FORMAL: CÓDIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO - ARTÍCULO 84 / CÓDIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO - ARTÍCULO 85 / C.P.A.C.A. - ARTÍCULO 137 / C.P.A.C.A. - ARTÍCULO 138
NOTA DE RELATORÍA: Sobre la acción idónea para desvirtuar la legalidad del acto administrativo, ver sentencia del 27 de julio de 2005, Exp. 23565, C.P. Ruth Stella Correa Palacio y sentencia de 25 de abril de 2012, Exp. 37966, C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa.
TÍTULO EJECUTIVO / CRÉDITO / CUANTÍA / CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES / EXTINCIÓN DE LAS OBLIGACIONES / MECANISMOS EXTINCIÓN DE LA OBLIGACIÓN / TÍTULO EJECUTIVO COMPLEJO / INTEGRACIÓN DEL TÍTULO EJECUTIVO / DERECHO AL DEBIDO PROCESO
[L]a existencia del crédito contenido en el título ejecutivo, así como su cuantía, solo pueden refutarse acreditando -por la vía de excepción- el cumplimiento de la obligación u otro modo de los modos de extinción previstos en la norma aludida (art. 509 CPC), pues si el ejecutado se limita a señalar que otro elemento ajeno al título ejecutivo y a la resolución administrativa que lo integra indica valores inferiores a los cobrados por la entidad ejecutante, desconoce el debido proceso y la naturaleza misma del proceso en curso -lo que está aún más llamado a fracasar cuando tal defensa no se plantea como excepción sino solo con la apelación de la sentencia-.
FUENTE FORMAL: CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL - ARTÍCULO 509
CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA DEL CONTRATO / CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO / CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA DEL CONTRATO ESTATAL / COBRO DE LA CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA DEL CONTRATO / CUANTÍA / ACTO ADMINISTRATIVO / RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA / PRESUNCIÓN DE LEGALIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO / EXCEPCIONES EN EL PROCESO EJECUTIVO / CONDUCTA OMISIVA DE LA PARTE DEMANDANTE
[L]a cuantía de la cláusula penal pecuniaria quedó fijada y establecida en un acto administrativo dotado de presunción de legalidad, la que no fue desvirtuada en el proceso ordinario (…), en el que Producciones Punch S.A. demandó la nulidad de las Resoluciones (…), esta última contentiva de la liquidación unilateral del contrato. (…) Sin embargo, no se propuso en el sub judice ninguna de las excepciones que, de conformidad con el artículo 509 del CPC, procedían contra la pretensión de cobro de la cláusula penal pecuniaria, y solo en el recurso de apelación presentado por la Compañía Agrícola de Seguros S.A. vino a debatirse el valor de la sanción mencionada, con base en un dictamen pericial que no obró como prueba válida en el curso de la primera instancia, pues no fue aportado dentro de las oportunidades previstas en la ley ni fue sometido a la contradicción de las partes, menos aún se adujo como soporte de excepciones de mérito.
FUENTE FORMAL: CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL - ARTÍCULO 509
CONTRATO DE CONCESIÓN / EJECUCIÓN JUDICIAL / CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA DEL CONTRATO / CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO / CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA DEL CONTRATO ESTATAL / COBRO DE LA CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA DEL CONTRATO / PAGO DE LA OBLIGACIÓN / CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES / EXTINCIÓN DE LAS OBLIGACIONES / MECANISMOS EXTINCIÓN DE LA OBLIGACIÓN
[L]a ejecución judicial de la suma (…) por concepto de la cláusula penal prevista en el contrato de concesión (…), sólo podía desvirtuarse acreditando su pago, al menos parcial, o alegándose por la vía de excepción cualquiera de los otros modos de extinción de las obligaciones señalados en la norma procesal referida, y bajo hechos posteriores al acto que liquidó unilateralmente el contrato, como aconteció con la excepción de “dación en pago”, que impidió la ejecución de las restantes sumas reclamadas por la CNTV.
PRESUNCIÓN DE LEGALIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO / TÍTULO EJECUTIVO / TÍTULO EJECUTIVO / INTEGRACIÓN DEL TÍTULO EJECUTIVO / TÍTULO EJECUTIVO CONTRACTUAL / TÍTULO EJECUTIVO COMPLEJO / CONSTITUCIÓN DEL TÍTULO EJECUTIVO COMPLEJO / LEGALIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO / DICTAMEN PERICIAL / INEFICACIA DEL DICTAMEN PERICIAL / IRREGULARIDAD EN EL DICTAMEN PERICIAL / ERROR EN EL DICTAMEN PERICIAL / CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA DEL CONTRATO / CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO / CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA DEL CONTRATO ESTATAL
[A]l presumirse la legalidad de los actos administrativos que componían el título ejecutivo, no podía prevalecer sobre ellos la conclusión expuesta en un dictamen pericial, prueba está que, nuevamente lo recalca la Sala, no fue debidamente solicitada, practicada ni aportada al proceso ejecutivo, y cuyo concepto se estructuró sobre la cuantía reducida de la cláusula penal en una equivocada estimación de la base de su cálculo, pese a que en el contrato se había pactado expresamente que la aludida sanción equivaldría al 20% del valor total del contrato, y no del valor que finalmente se llegara a ejecutar. Es entonces inadmisible la alegación de las apelantes sobre las conclusiones del dictamen pericial y su supuesta pero inexistente prevalencia sobre los actos administrativos que constituyen el título ejecutivo, razón por la cual deberán rechazarse tales argumentos, reproducidos en los cargos de la apelación presentada por la Compañía Agrícola de Seguros S.A., hoy Suramericana de Seguros S.A.
NOTA DE RELATORÍA: Sobre la presunción de legalidad del acto administrativo ver auto de la Corte Suprema de Justicia del 15 de octubre de 1996, Exp. 6271, M.P. Jorge Santos Ballesteros.
CONDENA EN COSTAS / CONDENA EN COSTAS EN EL PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / MONTO DE LA CONDENA EN COSTAS / PRESUPUESTOS DE LA CONDENA EN COSTAS / PROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS / TARIFA DE LA CONDENA EN COSTAS / AGENCIAS EN DERECHO / NORMATIVIDAD DE AGENCIAS EN DERECHO / ACUERDOS DEL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA / CONDENA EN AGENCIAS EN DERECHO / TARIFA DE LAS AGENCIAS EN DERECHO / PROCEDENCIA DE LAS AGENCIAS EN DERECHO / LIQUIDACIÓN DE LAS AGENCIAS EN DERECHO
La Sala impondrá condena en costas a las sociedades ejecutadas, en observancia de lo dispuesto en el artículo 510, literal e), del Código de Procedimiento Civil, modificado por la Ley 794 de 2003, norma bajo la cual se interpuso el recurso de apelación. Por mandato del artículo 393, numerales 2 y 3 del CPC, la condena incluirá las agencias en derecho, que serán fijadas con arreglo a las tarifas establecidas por el Consejo Superior de la Judicatura en el artículo 6, numeral 3.1.3, parágrafo, del Acuerdo 1887 de 2003. Bajo tales parámetros, la Sala fijará las agencias en derecho (…) ya que se trató de un proceso ejecutivo de doble instancia en el que el ejercicio de la entidad ejecutante incluyó su pronunciamiento sobre los dos recursos de apelación presentados por las integrantes de la parte pasiva.
FUENTE FORMAL: CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL - ARTÍCULO 510 LITERAL E / LEY 794 DE 2003 / CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL - ARTÍCULO 393 NUMERAL 2 / CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL - ARTÍCULO 393 NUMERAL 3 / ACUERDO 1887 DE 2003 - ARTÍCULO 6 NUMERAL 3.1.3 PARÁGRAFO
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
Consejera ponente: MARÍA ADRIANA MARÍN
Bogotá, D.C., dos (2) de julio de dos mil veintiuno (2021)
Radicación número: 25000-23-26-000-2002-00954-02(37759)
Actor: NACIÓN - MINTIC
Demandado: PRODUCCIONES PUNCH S.A. Y OTRO
Referencia: ACCIÓN EJECUTIVA
Temas: PROCESO EJECUTIVO -No es la instancia para controvertir validez de actos administrativos / PREJUDICIALIDAD - Inexistente en el momento de dictarse sentencia de segunda instancia / TÍTULO EJECUTIVO - Cuando está conformado por actos administrativos, sólo proceden las excepciones del art. 510 numeral 2 del CPC - No puede refutarse con argumentos nuevos en el recurso de apelación.
Procede la Sala a resolver los recursos de apelación interpuestos por las sociedades ejecutadas, contra la sentencia proferida el 15 de junio de 2009, en la cual el Tribunal Administrativo de Cundinamarca declaró parcialmente probada una excepción y ordenó seguir adelante con la ejecución en lo no cobijado por el medio exceptivo.
I. SÍNTESIS DEL CASO
La Comisión Nacional de Televisión celebró con Producciones Punch S.A. el contrato de concesión N° 160 del 15 de mayo de 1998, para la prestación del servicio de televisión en el Canal Uno.
La autoridad concedente expidió las Resoluciones 617 y 993 de 2000 -esta última confirmatoria de la primera-, para declarar la caducidad del contrato y hacer efectiva la cláusula penal pecuniaria prevista por las partes al pactar la concesión.
Asimismo, la Comisión Nacional de Televisión liquidó unilateralmente el aludido contrato, en las Resoluciones 0516 y 782 de 2001, actos en los que estableció la cuantía de la cláusula penal pecuniaria, con fundamento en lo pactado en el contrato.
La entidad estatal demandó ejecutivamente las obligaciones contenidas en los mencionados actos administrativos, entre estas la cláusula penal pecuniaria, respecto de la cual se ordenó seguir adelante con la ejecución en el fallo de primera instancia.
II. A N T E C E D E N T E S
1. La demanda
El 26 de abril de 2002, la Comisión Nacional de Televisión, obrando a través de apoderado judicial (fl. 2, c.1), instauró demanda ejecutiva (fls. 3-6) contra las sociedades Producciones Punch S.A. y Compañía Agrícola de Seguros S.A., y solicitó que se acogieran las siguientes pretensiones:
1.- Solicito se libre mandamiento de pago a favor de la Comisión Nacional de Televisión (…) por las siguientes sumas de dinero:
a) A Producciones Punch S.A. por la suma de doscientos sesenta y cinco millones trescientos setenta y ocho mil ochocientos cincuenta y ocho pesos M.L. ($265’378.858), suma adeudada al 4 de octubre de 2001, tal y como se expresa en las Resoluciones Nos. 0516 del 23 de julio de 2001 y 782 del 22 de octubre de 2001, que adoptaron unilateralmente la liquidación del contrato de concesión de espacios de televisión N° 160 de 1998, junto con los intereses moratorios causados hasta la fecha de cancelación de la totalidad de la obligación.
b) A Producciones Punch S.A. por la suma de quinientos treinta y dos millones doscientos sesenta y dos mil cuatrocientos veinticinco pesos M.L. ($532’262.425), por concepto de la cláusula penal pecuniaria establecida en la cláusula décima octava del contrato y ordenada en la Resolución N° 617 del 10 de julio de 2000, que declaró la caducidad del contrato N° 160 de 1998.
c) A la Compañía Agrícola de Seguros S.A. por la suma de quinientos treinta y dos millones doscientos sesenta y dos mil cuatrocientos veinticinco pesos ($532’262.425), por concepto del pago del siniestro causado conforme a la cláusula décima cuarta del contrato N° 160 de 1998, constituida (sic) por Producciones Punch S.A. mediante póliza N° 98032929 y sus modificaciones de fecha[s] mayo 20 de 1999, noviembre 29 de 1999 y 31 de mayo de 2000, y el pago de los intereses moratorios causados hasta la fecha de la cancelación total de la obligación.
2. Se condene a las demandadas al pago de las costas y gastos del proceso.
En la exposición de los hechos que motivaron la demanda, la parte actora manifestó que el 15 de mayo de 1998, la Comisión Nacional de Televisión (en adelante, CNTV) celebró con la sociedad Producciones Punch S.A. el contrato de concesión 160, para la prestación del servicio público de televisión en la Cadena Uno.
Manifestó que la garantía del contrato fue constituida a favor de la CNTV, ante la Compañía Agrícola de Seguros S.A., con la póliza 98032929 de 1999, modificada mediante certificados de fechas 20 de mayo de 1999, 29 de noviembre de 1999 y 31 de mayo de 2000.
Se indicó en el libelo que, en Resolución 617 del 10 de julio de 2000, confirmada por la Resolución 993 del 23 de noviembre de 2000, la CNTV declaró la caducidad del contrato 160 de 1998, ordenó su liquidación y dispuso hacer efectiva la cláusula penal pecuniaria, estipulada en el acuerdo de voluntades, así como la póliza expedida por la Compañía Agrícola de Seguros S.A.
Según la ejecutante, el contrato fue liquidado de manera unilateral por la CNTV mediante Resolución 516 del 23 de julio de 2001, confirmada en Resolución 782 del 22 de octubre de ese año. Sin embargo, a la fecha de la demanda ejecutiva, las ejecutadas no habían pagado las sumas señaladas en los actos administrativos expedidos por la entidad.
1.1. Título ejecutivo
La CNTV adujo como base de recaudo del crédito, el título ejecutivo complejo integrado por los siguientes instrumentos: i) el contrato de concesión 160 del 15 de mayo de 1998, ii) las Resoluciones 0617 del 10 de julio de 2000 y 993 del 23 de noviembre de 2000, en las que se declaró y confirmó la caducidad del contrato; iii) las Resoluciones 516 del 23 de julio de 2001 y 782 del 22 de octubre de 2001, en las que se adoptó y confirmó la liquidación unilateral del contrato y, iv) copia auténtica de la póliza 98032929 de 1999 y sus certificados de modificación.
2. Mandamiento de pago y trámite de primera instancia
2.1. El 28 de mayo de 2002, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca libró mandamiento de pago a favor de la CNTV, por las siguientes sumas de dinero:
i) A cargo de Producciones Punch S.A., el monto $265’378.858, como valor correspondiente a la liquidación unilateral del contrato, dispuesta en la Resolución N° 516 de 2001 y el acto que la confirmó. Adicionalmente, los intereses legales previstos en la Ley 80 de 1993 y causados desde el 5 de diciembre de 2001, “fecha en la cual quedó ejecutoriado el mencionado acto administrativo”.
ii) A cargo de Producciones Punch S.A., por concepto de la cláusula penal pecuniaria pactada en el contrato de concesión 160 de 1998 y ordenada en Resolución 617 de 2000, la suma de $532’262.425, más los intereses moratorios previstos en la Ley 80 de 1993 y causados sobre dicho monto, “desde la fecha de su exigibilidad”.
iii) Contra la Compañía Agrícola de Seguros S.A., la suma de $532’262.425, como valor del siniestro garantizado con la póliza 98032929 de 1999, además de los intereses legales causados desde la fecha de exigibilidad de la obligación fl. 11, c.1).
2.2. En la contestación de la demanda, la Compañía Agrícola de Seguros S.A. propuso la excepción que denominó “dación en pago”, al amparo del artículo 509, numeral 2, del Código de Procedimiento Civil, y recalcó que dicha figura equivalía al pago de la obligación.
Manifestó que, en efecto, el 20 de agosto de 2002, los representantes legales de la CNTV y de Producciones Punch S.A. habían celebrado un contrato de dación en pago, por el cual la programadora mencionada se obligó a ceder a la entidad hoy ejecutante los derechos de explotación y transmisión de los programas de televisión de su propiedad, descritos en las cláusulas respectivas, y expresaron que la figura así empleada por las partes daba lugar a la “extinción de la deuda de los contratos 104 y 160”. De igual manera -afirmó-, que el acuerdo de dación en pago se circunscribía a las obligaciones pendientes por concepto de tarifas de los espacios de televisión otorgados a la programadora Punch S.A.
Agregó que el 6 de septiembre de 2000, las partes suscribieron el acta de recibo de los bienes entregados en dación en pago, y dejaron constancia de que se habían verificado todas y cada una de las exigencias previstas en la ley para la operación de ese “modo extintivo de las obligaciones”, razón por la cual, en su sentir, la CNTV estaba en mora de desistir de la demanda ejecutiva.
Por otro lado, propuso la excepción de “prejudicialidad y pleito pendiente”, por hallarse en curso un proceso judicial ordinario -el 2001-00310- en el que se debatía la legalidad de “las resoluciones que dan lugar al proceso ejecutivo”.
Finalmente, formuló la excepción de “falta de jurisdicción”, por considerar que al presente asunto le era aplicable el criterio jurisprudencial según el cual, cuando el contratista garantiza el cumplimiento de sus obligaciones a través del contrato de seguro, este último no configura un contrato estatal, por lo que no está sujeto al artículo 75 de la Ley 80 de 1993, de suerte que la eventual ejecución debe ser tramitada ante la justicia ordinaria.
2.3. La contestación de la demanda en representación de Producciones Punch S.A. fue presentada por el curador ad litem designado en el proceso, quien aceptó como ciertos los hechos expuestos por la parte actora, aunque se opuso a las pretensiones de la demanda por considerar que existían inconsistencias entre las fechas de cobro y la fecha en que la programadora Punch S.A. dejó de prestar los servicios de televisión, hecho este último que ocurrió en mayo de 2000, mientras que los cobros efectuados por la CNTV referían períodos posteriores, incluso hasta octubre de 2001.
2.4. El 28 de enero de 2004 se dio apertura a la etapa probatoria y en auto del 14 de julio de 2004, confirmado el 18 de agosto de 2004, se corrió el traslado del proceso a las partes para alegar de conclusión (fls. 108 y 206, c.1).
2.5. Por conducto de apoderado judicial, la sociedad Producciones Punch S.A. asumió su propia representación en el proceso y, en sus alegatos de conclusión, respaldó la excepción de “dación en pago” formulada por la Compañía Agrícola de Seguros S.A., señalando que dicho acuerdo de voluntades tuvo lugar por razón de la iliquidez en la que se encontraba la programadora de televisión. En tal virtud, solicitó que se declarara satisfecha la obligación reclamada en la demanda ejecutiva y se dispusiera la terminación del proceso.
Manifestó haber renunciado a los espacios de televisión que se le habían dado en concesión a través de los contratos 104 de 1997 y 160 de 1998, y que por no haber aceptado la CNTV dicha renuncia y declarar en su lugar la caducidad de los contratos, la programadora instauró demanda judicial de controversias contractuales contra los actos administrativos en los que se ejerció tal potestad excepcional.
Allegó con el escrito de alegatos un dictamen pericial practicado en el proceso ordinario de controversias contractuales 2001-1523, prueba técnica en la que se concluyó que el valor real de la cláusula penal pecuniaria era de $135’794.833, al tenerse en cuenta únicamente el valor total ejecutado del contrato de concesión 160 de 1998. En punto de ello, señaló que el valor de la obligación no podía ser de $532’262.425, suma que, en todo caso, estaba aún en discusión en el aludido proceso ordinario.
2.6. Por su parte, la CNTV reiteró los hechos y pretensiones de la demanda.
2.7. El 10 de abril de 2008, en sede de segunda instancia, el Consejo de Estado denegó la solicitud de suspensión del proceso por prejudicialidad, presentada por la sociedad Compañía Agrícola de Seguros S.A. (260-266, c.1).
2.8. El 27 de enero de 2009, la Compañía Agrícola de Seguros S.A., transformada en la sociedad Suramericana de Seguros S.A., prestó caución por la suma de $1.548’900.023, a efectos de impedir el embargo y secuestro de sus bienes, en los términos del artículo 519 del C.P.C. La caución fue aprobada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca el 22 de abril de 2009 (fl. 331).
3. La sentencia impugnada
3.1. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca profirió sentencia el 15 de junio de 2009 (fls. 223-263), oportunidad en la cual declaró parcialmente probada la excepción de “dación en pago” y ordenó seguir adelante con la ejecución “en contra de Producciones Punch S.A. y la aseguradora Agrícola de Seguros S.A., hoy Suramericana de Seguros S.A., por la suma de quinientos treinta y dos millones doscientos sesenta y dos mil cuatrocientos veinticinco ($532’262.425) pesos m/cte, correspondientes a la cláusula penal pecuniaria, acorde con lo previsto en el mandamiento de pago de fecha 28 de mayo del año 2002”.
Manifestó el a quo que las resoluciones en las que se declaró la caducidad del contrato de concesión 160 de 1998 y se dispuso su liquidación se encontraban revestidas de presunción de legalidad, la que no había sido desvirtuada judicialmente en fallo ejecutoriado, de suerte que las sumas allí señaladas por la CNTV resultaban exigibles, dado que estaban consignadas en unos actos administrativos que prestaban mérito ejecutivo a favor de la entidad.
No obstante, sostuvo que si bien debía ordenarse continuar con la ejecución, ello solo procedía respecto del valor de la cláusula penal pecuniaria prevista en el contrato 160 de 1998 y ordenada en Resolución 617 de 2000, puesto que la certificación de fecha 29 de octubre de 2002, expedida por el Secretario General de la CNTV, indicaba que la programadora únicamente le adeudaba a la entidad la suma de $532’262.425 por dicho concepto, ya que las restantes sumas inicialmente cobradas a la ejecutada, habían sido saldadas en virtud del contrato de dación en pago.
En lo relativo al dictamen pericial practicado en el proceso ordinario 2001-1523 e invocado por Producciones Punch S.A., el Tribunal precisó que no podían acogerse las conclusiones de dicha experticia, toda vez que en la fecha de la sentencia no se había desvirtuado la presunción de legalidad de la Resolución 617 de 2000, que integraba el título ejecutivo y en la cual se fijó como valor de la cláusula penal pecuniaria, el aludido monto de $532’262.425.
De otro lado, desestimó la excepción de “prejudicialidad” y recalcó que el Consejo de Estado ya había denegado la solicitud de suspensión del proceso, en auto del 10 de abril de 2008. De igual manera, rechazó la excepción de “falta de jurisdicción”, por evidenciar que el título ejecutivo estaba constituido sobre la base de un contrato estatal, por lo que operaba lo dispuesto en el artículo 75 de la Ley 80 de 1993.
Con todo, sobre tales excepciones no hubo pronunciamiento expreso en la parte resolutiva de la providencia.
4. Las apelaciones.
4.1. La sociedad Suramericana de Seguros S.A. -antes Compañía Agrícola de Seguros S.A.- interpuso recurso de apelación contra la sentencia dictada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca y centró su inconformidad en la cuantía de la cláusula penal pecuniaria y en el hecho de no haberse estimado la conclusión que sobre ese punto se expuso en el dictamen pericial referido por Producciones Punch S.A.
Luego de resaltar que en la experticia se señaló como valor de la cláusula penal la suma de $135’794.833, calculada sobre el valor ejecutado del contrato 160 de 1998, expresó:
Teniendo en cuenta lo anterior, no es aceptable ni lógico que por una parte, exista una prueba pericial practicada en otro proceso, en la cual se concluya que el valor real de la cláusula penal es de $135’794.833, y por la otra, se profiera una sentencia que ordene seguir con una ejecución por la misma cláusula penal, pero por una suma que es casi 400% superior a la que en verdad debe pagarse. Lo anterior, además de constituir un enriquecimiento sin justa causa, es también una seria violación a los derechos de la parte demandada (…).
Agregó que en el curso de la primera instancia debió decretarse una prueba de oficio con el fin de determinar el valor real de la cláusula penal, puesto que el juez de la causa debía ser “garante de la búsqueda de la verdad”, a fin de proferir un fallo justo:
[U]na vez alegado este incumplimiento de los requisitos formales del título sin que fuera próspero para el ejecutado, no le es dable al juzgador volver a estudiar el punto en una excepción, puesto que ya lo resolvió en una providencia que quedó ejecutoriada, la cual, si la consideraba contraria a derecho, ha debido revocarla de oficio durante el transcurso del proceso, en aras de proteger el derecho al debido proceso y (…) de defensa.
Alegó la existencia de los procesos ordinarios en los que se enjuició la legalidad de las resoluciones que integraron el título ejecutivo, por lo que solicitó que se declarara probada la excepción de “prejudicialidad”, o que en subsidio, se estableciera el “valor real” de la cláusula penal mediante pruebas de oficio.
4.2. Apeló también la sentencia de primer grado la sociedad Producciones Punch S.A., la cual solicitó que se tuviera por demostrada la excepción de “nulidad de los actos administrativos que sirven de título ejecutivo”, a pesar de que la jurisprudencia del Consejo de Estado estimaba improcedente cuestionar la legalidad de tales actos en sede del proceso ejecutivo. Al respecto, señaló que si bien era clara dicha postura jurisprudencial, esta Corporación podía reconsiderarla y examinar la pertinencia de estudiar la legalidad de las resoluciones expedidas por la CNTV, al resolver en segunda instancia el presente asunto.
Después de exponer los hechos y fundamentos de derecho sobre los que pretendió sustentar la alegada nulidad de los actos administrativos base de la ejecución, señaló que, de no procederse al examen de legalidad de tales decisiones, en el sub judice debía declararse la falta de jurisdicción, por las razones que expuso la sociedad Agrícola de Seguros S.A. en la contestación de la demanda.
5. Trámite en segunda instancia
5.1. Los recursos de apelación por las sociedades ejecutadas fueron concedidos mediante auto del 26 de agosto de 2009 y admitidos en providencia del 2 de junio de 2010 (fl. 322).
5.2. Por auto del 12 de julio de 2010, se corrió traslado del proceso a las partes para que alegaran de conclusión y al Ministerio Público para que emitiera concepto de fondo (fl. 331).
5.3. En efecto, el 29 de junio de 2010, el Procurador Cuarto Delegado ante el Consejo de Estado emitió concepto sobre el presente asunto y señaló que la sentencia apelada debía revocarse, para declarar, en su lugar, la excepción de “prejudicialidad”, dada la existencia del proceso ordinario 2001-00310, en el que se solicitó la nulidad de las Resoluciones que declararon la caducidad del contrato 160 de 1998 y ordenaron hacer efectiva la cláusula penal pactada en él.
5.4. La Comisión Nacional de Televisión reiteró lo señalado en la demanda y recalcó que el contrato de dación en pago suscrito con Producciones Punch S.A. saldó obligaciones diferentes a la cláusula penal pecuniaria correspondiente al contrato de concesión 160 de 1998, razón por la cual debía confirmarse el fallo apelado y disponerse la continuidad de la ejecución para el cobro de la obligación aludida.
5.5. Por su parte, las sociedades ejecutadas Suramericana de Seguros S.A. y Producciones Punch S.A. expusieron los mismos argumentos que dieron sustento a los recursos de apelación.
5.6. El 29 de septiembre de 2017, se dispuso tener como sucesora procesal de la CNTV a la Autoridad Nacional de Televisión, por haberse dispuesto la supresión de la primera entidad en Acto Legislativo 002 de 2011. Posteriormente, el 8 de noviembre de 2019, se estableció que la Autoridad Nacional de Televisión, suprimida en virtud de la Ley 1978 de 2019, sería sucedida procesalmente por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Telecomunicaciones.
II.- CONSIDERACIONES
La Sala estima necesario precisar que al presente proceso le resultan aplicables, en lo pertinente, las reglas del Código Contencioso Administrativo contenido en el Decreto 01 de 1984, toda vez que la demanda se interpuso el 26 de abril de 2002, vale decir, en vigencia de dicha norma y antes de que entrara en vigor la Ley 1437 de 2011, por la cual se expidió el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, que prescribe en el artículo 308 la regla de transición para procesos iniciados en vigencia del anterior estatuto.
Ahora bien, por corresponder el asunto sub judice a un proceso ejecutivo, se sujeta a las normas del Código de Procedimiento Civil, por remisión expresa del artículo 267 del C.C.A., dado que este último estatuto no contiene regulación del procedimiento para la ejecución judicial de obligaciones.
1-. Presupuestos procesales
Jurisdicción y competencia
De conformidad con el artículo 75 de la Ley 80 de 1993, es esta la jurisdicción competente para conocer de las controversias derivadas de los contratos estatales y de los procesos de ejecución que surjan con ocasión de los mismos. Por tanto, la Sala es competente para conocer del presente asunto en segunda instancia, en razón del recurso de apelación interpuesto por la parte ejecutada contra la sentencia dictada el 15 de junio de 2009, puesto que se trata de un proceso ejecutivo derivado de un contrato de carácter estatal, en los términos de los artículos 2 y 32 de la Ley 80 de 1993, esto es, una concesión otorgada por una entidad pública sujeta a ese Estatuto: la Comisión Nacional de Televisión, hoy sucedida procesalmente por la Nación -Ministerio de Tecnologías de la Información y las Telecomunicaciones.
De esta manera queda desvirtuado el argumento que al respecto esbozó Producciones Punch S.A. en su recurso de apelación, en cuanto a la pretendida “falta de jurisdicción” en el presente asunto, por tratarse de un título ejecutivo supuestamente derivado de un contrato de seguro suscrito por el contratista, siguiendo los términos de la excepción que en tal sentido había formulado la Compañía Agrícola de Seguros S.A. -hoy Suramericana de Seguros S.A.- en la contestación de la demanda. En efecto, contrario a lo manifestado por las ejecutadas, el negocio jurídico sobre el cual se estructuró el título ejecutivo no fue un contrato de seguro suscrito por un contratista particular de la administración con una firma privada, sino el contrato estatal de concesión 160 de 1998, celebrado entre Producciones Punch S.A. y la entidad pública Comisión Nacional de Televisión. A lo anterior se agrega que el título ejecutivo presentado en el sub judice es complejo, de suerte que no solo comprende la póliza extendida para garantizar el cumplimiento del contrato, sino también el acuerdo de voluntades y los actos administrativos que dispusieron su caducidad y liquidación bilateral. En esa medida, no hay lugar a declarar probada la excepción invocada en este punto por la parte pasiva, por ser aplicable al presente asunto la norma de competencia contenida en el artículo 75 de la Ley 80 de 1993, ya referido.
Oportunidad para demandar
De conformidad con el artículo 136, numeral 11, del C.C.A., modificado por el artículo 44 de la Ley 446 de 1998, en las acciones ejecutivas derivadas de decisiones judiciales proferidas por esta jurisdicción, el término de caducidad es de cinco años contados desde la fecha en que se hace exigible la obligación.
Esta norma tiene aplicación por analogía en los procesos ejecutivos derivados de los contratos estatales, tal como lo ha indicado reiteradamente la jurisprudencia de la Sección Tercera del Consejo de Estado.
En el presente caso, se debate el cobro de la cláusula penal pecuniaria pactada en el contrato de concesión 160 de 1998 -suscrito entre Punch S.A. y la CNTV- y cuya efectividad fue ordenada por la entidad estatal contratante en las Resoluciones 617 del 10 de julio de 2000 y 993 del 23 de noviembre del mismo año, por las cuales declaró y confirmó la caducidad del contrato, así como en las Resoluciones 0516 del 23 de julio de 2001 y su confirmatoria 732 del 22 de octubre de 2001, que dispusieron la liquidación unilateral del negocio jurídico.
La Resolución 732 de 2001, acto administrativo de cierre, fue notificada personalmente a la Compañía Agrícola de Seguros S.A. el 1 de noviembre de 2001, de suerte que quedó ejecutoriada en esa fecha, al no ser procedente ningún otro recurso contra ella, de conformidad con el artículo 62 del C.C.A.
En ese sentido, la fecha de exigibilidad formal de la obligación reclamada con fundamento en el mencionado título ejecutivo fue el 2 de noviembre de 2001, de manera que los cinco años establecidos en la ley como término de caducidad culminarían el 2 de noviembre de 2006.
La demanda fue presentada el 26 de abril de 2002, de suerte que sobre ella no operó el fenómeno de la caducidad.
2. Alcance de los recursos de apelación
Vistas las impugnaciones de las sociedades ejecutadas, se advierte que la censura se centra en cuatro aspectos puntuales de la sentencia, a saber: i) la falta de jurisdicción, ii) la prejudicialidad, iv) la alegación de nulidad de los actos que conforman el título ejecutivo y, iii) la cuantía de la cláusula penal de la que se ordenó seguir adelante con la ejecución.
En ese orden de ideas, se precisa lo siguiente:
2.1. Dado que el asunto relativo a la jurisdicción competente para conocer del proceso ejecutivo ya fue abordado por la Sala en el acápite respectivo de esta providencia, no será necesario ningún análisis adicional sobre dicha materia.
2.2. Frente a la alegada “prejudicialidad”, se tiene que la Compañía Agrícola de Seguros S.A. la propuso como excepción previa, y fue analizada por el Tribunal de primera instancia en el fallo apelado, aunque no hubo decisión expresa sobre ella en la parte resolutiva de la providencia. Por ello, las sociedades ejecutadas fundaron uno de sus cuestionamientos contra el fallo impugnado en el hecho de haberse ordenado seguir adelante con la ejecución a pesar de que cursaba un proceso ordinario en el que se debatía la validez de las resoluciones que ordenaron hacer efectiva la cláusula penal pecuniaria, tema central de la apelación.
Al respecto la Sala parte por señalar que, sin perjuicio de los reparos que amerita la vocación que se le pretendió dar a la prejudicialidad para enervar el derecho alegado en la demanda ejecutiva, cuando se trata de una excepción que sólo se encamina a cuestionar el procedimiento y postergar el examen procesal correspondiente -por lo que no resultaba procedente alegarla para revocar el fallo de primer grado-, el debate sobre dicho fenómeno debe tenerse por superado, puesto que en el momento de dictarse esta sentencia ya han sido resueltos en fallo de cierre, proferido por esta misma Subsección, los procesos en los que se demandó la nulidad de las Resoluciones 617 y 993 de 2000, que declararon la caducidad del contrato 160 de 1998, así como los actos de liquidación unilateral de dicho negocio jurídico.
Inicialmente, las aludidas decisiones fueron demandadas por separado, pero una vez decretada la acumulación de las respectivas actuaciones, las mismas fueron decididas conjuntamente el 5 de febrero de 2021 en una misma sentencia de segunda instancia, en la que se denegó la totalidad de las pretensiones formuladas contra la CNTV y se mantuvieron incólumes, por tanto, la presunción de legalidad y el mérito ejecutivo de todos los actos administrativos atinentes al contrato de concesión 160 de 1998.
Sin perjuicio de lo anterior, no está de más precisar que, en su momento, aunque el Tribunal Administrativo de Cundinamarca ordenó suspender el proceso el 16 de marzo de 2005 -por solicitud de la parte ejecutada-, la decisión fue revocada por el Consejo de Estado en auto del 10 de abril de 2008, conforme al cual, aunque se demostró la existencia de un proceso ordinario en el que se enjuició la legalidad de las Resoluciones 617 y 993 de 2000, que declararon la caducidad del contrato 160 de 1998, lo cierto era que en esa actuación no se encontraban demandados los actos de liquidación unilateral de ese negocio jurídico, por lo que no estaba en entredicho la validez de todo el título ejecutivo, sino solo la de una parte del mismo. En esa medida -consideró el Consejo de Estado-, no se cumplía la totalidad de los presupuestos para suspender el proceso de ejecución, lo que imponía revocar la providencia que así lo había dispuesto.
Con todo, la acumulación ulterior de los indicados procesos permitió que los mismos fueran decididos, se reitera, en un mismo fallo, antes de dictarse la presente sentencia de segunda instancia en el proceso ejecutivo, el cual dependía, ciertamente, de las resultas de las mencionadas controversias contractuales. De contera, no existe mérito para examinar en el sub judice el tema de la “prejudicialidad” que refirieron las apelantes en sus respectivos recursos.
2.3. Ahora bien, al amparo de lo anterior, la Sala también prescindirá del análisis de lo que Producciones Punch S.A. denominó “excepción de nulidad de los actos administrativos que sirven de título ejecutivo”, no solamente porque no se invocó como excepción de mérito en la contestación de la demanda -por lo que no se ajustaba a derecho que se propusiera como nuevo debate a través del recurso de apelación, sin previa controversia en la primera instancia ni en la misma sentencia- sino también porque el juicio de legalidad respectivo ya se efectuó en el proceso ordinario correspondiente, con fallo de cierre debidamente ejecutoriado, y porque en todo caso se encuentra en vigor -y la Subsección lo reitera y acoge- el criterio jurisprudencial sentado por esta Corporación sobre la no procedencia de invocar en el proceso ejecutivo la ilegalidad de los actos administrativos que sirvan como base al mismo.
2.4. Por consiguiente, el análisis de los recursos de apelación se centrará únicamente en el debate sobre la cuantía de la cláusula penal pecuniaria, tema que pasará a examinarse bajo las pautas jurídicas que a continuación se expondrán.
3. Análisis de la Sala
La sociedad Agrícola de Seguros S.A. adujo en la apelación que el valor de la cláusula penal pecuniaria cobrada por la CNTV no era el señalado en el mandamiento de pago ni en la sentencia impugnada, sino el que se indicó en el dictamen pericial referido por Producciones Punch en sus alegatos de conclusión de primera instancia. Asimismo manifestó que, de no valorarse dicha prueba técnica, debían decretarse pruebas de oficio para establecer “el valor real” de la aludida sanción contractual.
Como anteriormente se advirtió, el título ejecutivo en el presente asunto está integrado, entre otros instrumentos, por el contrato de concesión 160 de 1998, celebrado entre la CNTV y Producciones Punch S.A.; las Resoluciones 0617 del 10 de julio de 2000 y 993 del 23 de noviembre de 2000 -en las que se declaró la caducidad del contrato- y las Resoluciones 516 del 23 de julio de 2001 y 782 del 22 de octubre de 2001, en las que se liquidó unilateralmente el acuerdo de voluntades.
Revisados tales instrumentos, evidencia la Sala que en la cláusula décima octava del contrato, dispusieron las partes (fl. 10, c.2):
[Cláusula] penal pecuniaria. En caso de declaratoria de caducidad o de incumplimiento, el concesionario se sujeta a la pena de pagar directamente a la Comisión una suma equivalente al 20% del valor del contrato. La Comisión podrá tomar este valor de la garantía de cumplimiento constituida, o cobrarlo directamente o por vías judiciales. El pago de esta suma se considerará como pago parcial pero definitivo de los perjuicios causados a la Comisión (…).
En la Resolución 0617 de 2000, la CNTV declaró la caducidad de los contratos de concesión 104 de 1997 y 160 de 1998, suscritos con Producciones Punch S.A., y en el artículo segundo ordenó “hacer efectiva la cláusula penal pecuniaria estipulada en la cláusula decimoctava de los contratos”, equivalente al “20% del valor de cada contrato”. Estas decisiones fueron confirmadas por la entidad en la Resolución 993 de 2000, al resolver los recursos de reposición interpuestos contra el acto inicial.
Posteriormente, mediante Resolución 516 del 23 de julio de 2001, la CNTV procedió a liquidar en forma unilateral el contrato de concesión N° 160 de 1998, y estableció:
La sociedad Producciones Punch S.A. adeuda a la Comisión, por concepto del valor de la cláusula penal pecuniaria, la suma de quinientos treinta y dos millones doscientos sesenta y dos mil cuatrocientos veinticinco pesos m/cte ($532’262.425), cláusula que se hizo efectiva por la Resolución N° 617 del 10 de julio de 2000 (…).
Al gozar de presunción de legalidad, los actos administrativos mencionados prestaban mérito ejecutivo en los términos de los artículos 64 y 68 del Código Contencioso Administrativo, razón por la cual el a quo libró el respectivo mandamiento de pago el 28 de mayo de 2002.
Para la época en que fue notificado el mandamiento de pago, resultaba aplicable al proceso el artículo 509 del Código de Procedimiento Civil, modificado por el Decreto 2282 de 1989. Tal versión de la norma disponía en el numeral 2:
Cuando el título ejecutivo consista en una sentencia o un laudo de condena, o en otra providencia que conlleve ejecución, sólo podrán alegarse las excepciones de pago, compensación, confusión, novación, remisión, prescripción o transacción, siempre que se basen en hechos posteriores a la respectiva providencia; la de nulidad en los casos que contemplan los numerales 7. y 9. del artículo HYPERLINK "http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/codigo_procedimiento_civil_pr005.html" \l "140" \h 140, y de la pérdida de la cosa debida.
Significa lo anterior que resulta nugatorio cualquier otro argumento de defensa encaminado a desestimar el mérito ejecutivo de tales providencias o actos que conllevan ejecución, pues son decisiones dotadas de presunción de legalidad, por lo que la restricción de la norma se encamina a garantizar la seguridad jurídica que revisten tales proveídos -incluyendo los actos administrativos que declaran obligaciones a favor del Estado- y a respetar atributos como el de la cosa juzgada (para el caso de las sentencias judiciales y los laudos). Así, dado que dichas decisiones de las autoridades ponen fin a las controversias previas sobre la existencia de las obligaciones en ellas señaladas, no es procedente revivir el debate de fondo sobre ese particular en sede del proceso ejecutivo, so pena de vulnerar los bienes jurídicos mencionados y desconocer la naturaleza perentoria de ese trámite judicial.
Como se indicó con anterioridad, el proceso ejecutivo no es el escenario procedente para cuestionar la validez del acto administrativo que conforma o constituye el título de recaudo, ni para refutar la cuantía de la obligación en él prevista, pues la legalidad de las decisiones de la administración no puede desvirtuarse sino por los medios legalmente establecidos, esto es, mediante las demandas de nulidad o de nulidad y restablecimiento del derecho -según corresponda-, en su momento previstas en los artículos 84 y 85 del C.C.A. y hoy fijadas en los artículos 137 y 138 de la Ley 1437 de 2011.
Al respecto, señala la jurisprudencia :
[D]entro de los procesos ejecutivos en los cuales el título de recaudo ejecutivo esté constituido por un acto administrativo, sólo es posible proponer como excepciones, las de pago, compensación, confusión, novación, remisión, prescripción o transacción, siempre que se basen en hechos ocurridos con posterioridad a la expedición del acto administrativo; la de indebida representación de las partes o por falta de notificación en legal forma de personas determinadas, o por falta de emplazamiento en legal forma de las personas indeterminadas que deban ser citadas como partes y la de pérdida de la cosa debida (…).
Al permitirse el cuestionamiento de legalidad del acto administrativo presentado como recaudo ejecutivo, a través de la proposición de excepciones dentro del proceso ejecutivo, fundadas en hechos sucedidos con anterioridad a la expedición del acto administrativo, se está desconociendo de un lado la naturaleza de providencia que conlleva ejecución que el artículo 64 del C. C. Administrativo, le otorga al acto administrativo, y de otro, se vulnera el debido proceso, como quiera que se surte la revisión de legalidad del acto administrativo ante un juez diferente a aquel establecido por el Legislador para el efecto, esto es ante el juez de la ejecución y no ante el ordinario que fue al que se atribuyó competencia por el Legislador para realizar tal enjuiciamiento, además de que se le da a la revisión de legalidad un trámite diferente al señalado para el efecto por el legislador, y se desconocen los términos que también el legislador previó para la formulación del juicio de legalidad. Igualmente el trámite de excepciones que discutan la legalidad del título de recaudo ejecutivo, desnaturaliza el proceso ejecutivo que sólo busca obtener coercitivamente del deudor, el pago a favor del acreedor, de una obligación sobre cuya claridad, expresión y exigibilidad, no existe duda alguna.
En ese sentido, la existencia del crédito contenido en el título ejecutivo, así como su cuantía, solo pueden refutarse acreditando -por la vía de excepción- el cumplimiento de la obligación u otro modo de los modos de extinción previstos en la norma aludida (art. 509 CPC), pues si el ejecutado se limita a señalar que otro elemento ajeno al título ejecutivo y a la resolución administrativa que lo integra indica valores inferiores a los cobrados por la entidad ejecutante, desconoce el debido proceso y la naturaleza misma del proceso en curso -lo que está aún más llamado a fracasar cuando tal defensa no se plantea como excepción sino solo con la apelación de la sentencia-.
En el presente caso, la cuantía de la cláusula penal pecuniaria quedó fijada y establecida en un acto administrativo dotado de presunción de legalidad, la que no fue desvirtuada en el proceso ordinario 2001-01523, en el que Producciones Punch S.A. demandó la nulidad de las Resoluciones 0617 del 10 de julio de 2000, 993 del 23 de noviembre de 2000 y 516 del 23 de julio de 2001, esta última contentiva de la liquidación unilateral del contrato y que, se reitera, tuvo como valor de la cláusula penal pecuniaria la suma de $532’262.425.
Sin embargo, no se propuso en el sub judice ninguna de las excepciones que, de conformidad con el artículo 509 del CPC, procedían contra la pretensión de cobro de la cláusula penal pecuniaria, y solo en el recurso de apelación presentado por la Compañía Agrícola de Seguros S.A. vino a debatirse el valor de la sanción mencionada, con base en un dictamen pericial que no obró como prueba válida en el curso de la primera instancia, pues no fue aportado dentro de las oportunidades previstas en la ley ni fue sometido a la contradicción de las partes, menos aún se adujo como soporte de excepciones de mérito.
En este punto la Sala reitera una vez más que, a la luz de la norma en cita, la ejecución judicial de la suma de $532’262.425, por concepto de la cláusula penal prevista en el contrato de concesión 160 de 1998, sólo podía desvirtuarse acreditando su pago, al menos parcial, o alegándose por la vía de excepción cualquiera de los otros modos de extinción de las obligaciones señalados en la norma procesal referida, y bajo hechos posteriores al acto que liquidó unilateralmente el contrato, como aconteció con la excepción de “dación en pago”, que impidió la ejecución de las restantes sumas reclamadas por la CNTV.
Como acertadamente lo señaló el a quo, al presumirse la legalidad de los actos administrativos que componían el título ejecutivo, no podía prevalecer sobre ellos la conclusión expuesta en un dictamen pericial, prueba esta que, nuevamente lo recalca la Sala, no fue debidamente solicitada, practicada ni aportada al proceso ejecutivo, y cuyo concepto se estructuró sobre la cuantía reducida de la cláusula penal en una equivocada estimación de la base de su cálculo, pese a que en el contrato se había pactado expresamente que la aludida sanción equivaldría al 20% del valor total del contrato, y no del valor que finalmente se llegara a ejecutar.
Es entonces inadmisible la alegación de las apelantes sobre las conclusiones del dictamen pericial y su supuesta pero inexistente prevalencia sobre los actos administrativos que constituyen el título ejecutivo, razón por la cual deberán rechazarse tales argumentos, reproducidos en los cargos de la apelación presentada por la Compañía Agrícola de Seguros S.A., hoy Suramericana de Seguros S.A. Igualmente, se advierte que no es de recibo la petición formulada por dicha sociedad aseguradora, en cuanto al decreto de pruebas de oficio para establecer el valor de la cláusula, pues además de lo hasta aquí dicho, se tiene que la indicada cuantía siempre ha sido de carácter cierto, y fue estimada sobre el precio total del contrato de concesión 160 de 1998, tal como se había previsto incondicionalmente por las mismas partes, sin salvedades sobre la eventual ejecución parcial del negocio jurídico.
Así las cosas, por no haber prosperado los argumentos esgrimidos por la parte ejecutada contra el fallo de primer grado, la Sala dispondrá su confirmación.
Condena en costas
La Sala impondrá condena en costas a las sociedades ejecutadas, en observancia de lo dispuesto en el artículo 510, literal e), del Código de Procedimiento Civil, modificado por la Ley 794 de 2003, norma bajo la cual se interpuso el recurso de apelación.
Por mandato del artículo 393, numerales 2 y 3 del CPC, la condena incluirá las agencias en derecho, que serán fijadas con arreglo a las tarifas establecidas por el Consejo Superior de la Judicatura en el artículo 6, numeral 3.1.3, parágrafo, del Acuerdo 1887 de 2003.
Bajo tales parámetros, la Sala fijará las agencias en derecho en ocho millones de pesos ($8’000.000), suma que deberá ser pagada por cada una de las sociedades demandadas -para un total de dieciséis millones de pesos m/cte ($16’000.000)-, ya que se trató de un proceso ejecutivo de doble instancia en el que el ejercicio de la entidad ejecutante incluyó su pronunciamiento sobre los dos recursos de apelación presentados por las integrantes de la parte pasiva.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
FALLA
PRIMERO: CONFÍRMASE la sentencia del 15 de junio de 2009, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, conforme a lo señalado en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: CONDÉNASE en costas a la parte ejecutada.
TERCERO: Por Secretaría de la Sección Tercera, LIQUÍDENSE las costas del proceso, de conformidad con el artículo 393 del Código de Procedimiento Civil. Para el efecto, como agencias en derecho se fija la suma equivalente a dieciséis millones de pesos ($16’000.000), a razón de ocho millones de pesos ($8’000.000) a cargo de cada una de las sociedades integrantes de la parte vencida, de acuerdo con lo expuesto en el numeral 4) de las consideraciones de esta sentencia.
CUARTO: Cumplido lo anterior y ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER el expediente al tribunal de origen.
Se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su encabezado y que se firma en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y autenticidad del presente documento en el link HYPERLINK "http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/validador" \h http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/validador.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Firmado electrónicamente
MARÍA ADRIANA MARÍN
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO
Entidad hoy suprimida y sucedida procesalmente por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Telecomunicaciones –MINTIC.
Foliatura con la que comienza el cuaderno del Consejo de Estado, aunque se advierte que el cuaderno principal llegó a la Corporación dividido en dos tomos, el segundo de los cuales inició con paginación que continuaba la del primero, con el N° 222, y finalizó con el folio 334. En esa medida, el cuaderno del Consejo de Estado debió iniciar con el folio N° 335, pero equivocadamente se paginó a partir del N° 223, y con base en tal guarismo se siguió el consecutivo de dicho cuaderno.
El concepto fue aportado al proceso antes de que se corriera el respectivo traslado.
“En los aspectos no contemplados en este código se seguirá el Código de Procedimiento Civil en lo que sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a la jurisdicción en lo contencioso administrativo”.
“Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos anteriores, el juez competente para conocer de las controversias derivadas de los contratos estatales y de los procesos de ejecución o cumplimiento será el de la jurisdicción contencioso administrativa.”
“Artículo 2. Para los solos efectos de esta ley:
1. Se denominan entidades estatales:
a) La Nación, las regiones, los departamentos, las provincias, el distrito capital y los distritos especiales, las áreas metropolitanas, las asociaciones de municipios, los territorios indígenas y los municipios (…).
b) El Senado de la República, la Cámara de Representantes (…) los ministerios (…) y, en general, los organismos o dependencias del Estado a los que la ley otorgue capacidad para celebrar contratos.”
“Artículo 32. Son contratos estatales todos los actos jurídicos generadores de obligaciones que celebren las entidades a que se refiere el presente estatuto, previstos en el derecho privado o en disposiciones especiales, o derivados del ejercicio de la autonomía de la voluntad (…)”.
Consultar, entre otras, las sentencias dictadas del 22 de marzo de 2007, exp. N° 08001-23-31-000-2002-01112-01(28719). C.P. Alier Eduardo Hernández Enríquez; el 6 de junio de 2007, exp. N° 30565, C.P. Ramiro Saavedra Becerra y el 10 de febrero de 2016, exp. N° 05001-23-31-000-2003-02734-04(44557), CP. Marta Nubia Velásquez Rico. Asimismo, ver el auto dictado el 12 de noviembre de 1998, exp. 15299, C.P. Ricardo Hoyos Duque.
“Los actos administrativos quedarán en firme:
1. Cuando contra ellos no proceda ningún recurso.
2. Cuando los recursos interpuestos se hayan decidido (…)”.
Procesos acumulados 2003-01771, 2001-01523 y 2001-00310 (38238).
Consejo de Estado – Sala de lo Contencioso Administrativo – Sección Tercera. Sentencia del 27 de julio de 2005, exp. N° 25000-23-26-000-1996-01357-01(23565). C.P. Ruth Stella Correa Palacio. En el mismo sentido ver, entre otras, la sentencia dictada por la Sección Tercera – Subsección C el 25 de abril de 2012, exp. N° 73001-23-31-000-2004-00987-02(37966), C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa.
“Artículo 64. Salvo norma expresa en contrario, los actos que queden en firme al concluir el procedimiento administrativo, serán suficientes, por sí mismos, para que la administración pueda ejecutar de inmediato los actos necesarios para su cumplimiento. La firmeza de tales actos es indispensable para la ejecución contra la voluntad de los interesados”.
“Artículo 68. Prestarán mérito ejecutivo por jurisdicción coactiva, siempre que en ellos conste una obligación clara, expresa y actualmente exigible, los siguientes documentos:
1. Todo acto administrativo ejecutoriado que imponga a favor de la Nación, de una entidad territorial, o de un establecimiento público de cualquier orden, la obligación de pagar una suma líquida de dinero, en los casos previstos en la ley (…).
4. Los contratos, las pólizas de seguro y las demás garantías que otorguen los contratistas a favor de entidades públicas, que integrarán título ejecutivo con el acto administrativo de liquidación final del contrato, o con la resolución ejecutoriada que decrete la caducidad, o la terminación según el caso.
5. Las demás garantías que a favor de las entidades públicas se presten por cualquier concepto, las cuales se integrarán con el acto administrativo ejecutoriado que declare la obligación (…)”.
Artículo 84. “Acción de nulidad. Toda persona podrá solicitar por sí o por medio de representante, que se declare la nulidad de los actos administrativos.
Procederá no sólo cuando los actos administrativos infrinjan las normas en que deberían fundarse, sino también cuando hayan sido expedidos por funcionarios u organismos incompetentes, o en forma irregular, o con desconocimiento del derecho de audiencias y defensa, o mediante falsa motivación, o con desviación de las atribuciones propias del funcionario o corporación que los profirió.
También puede pedirse que se declare la nulidad de las circulares de servicio y de los actos de certificación y registro”.
Artículo 85. “Acción de nulidad y restablecimiento del derecho. Toda persona que se crea lesionada en un derecho amparado en una norma jurídica, podrá pedir que se declare la nulidad del acto administrativo y se le restablezca en su derecho; también podrá solicitar que se le repare el daño. La misma acción tendrá quien pretenda que le modifiquen una Obligación fiscal, o de otra clase, o la devolución de lo que pagó indebidamente”.
Artículo 137. “Nulidad. Toda persona podrá solicitar por sí, o por medio de representante, que se declare la nulidad de los actos administrativos de carácter general.
Procederá cuando hayan sido expedidos con infracción de las normas en que deberían fundarse, o sin competencia, o en forma irregular, o con desconocimiento del derecho de audiencia y defensa, o mediante falsa motivación, o con desviación de las atribuciones propias de quien los profirió (…)”.
Artículo 138. “Nulidad y restablecimiento del derecho. Toda persona que se crea lesionada en un derecho subjetivo amparado en una norma jurídica, podrá pedir que se declare la nulidad del acto administrativo particular, expreso o presunto, y se le restablezca el derecho; también podrá solicitar que se le repare el daño. La nulidad procederá por las mismas causales establecidas en el inciso segundo del artículo anterior.
Igualmente podrá pretenderse la nulidad del acto administrativo general y pedirse el restablecimiento del derecho directamente violado por este al particular demandante o la reparación del daño causado a dicho particular por el mismo, siempre y cuando la demanda se presente en tiempo, esto es, dentro de los cuatro (4) meses siguientes a su publicación. Si existe un acto intermedio, de ejecución o cumplimiento del acto general, el término anterior se contará a partir de la notificación de aquel”.
Consejo de Estado – Sala de lo Contencioso Administrativo – Sección Tercera. Sentencia del 27 de julio de 2005, exp. N° 25000-23-26-000-1996-01357-01(23565). C.P. Ruth Stella Correa Palacio. En el mismo sentido ver, entre otras, la sentencia dictada por la Sección Tercera – Subsección C el 25 de abril de 2012, exp. N° 73001-23-31-000-2004-00987-02(37966), C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa.
Los derechos procesales de las partes no son absolutos, pues la misma ley establece restricciones, como es el caso de las cargas y las limitaciones que en materia de pruebas, fijó el CPC al regular los procesos ejecutivos. Al respecto, ha dicho la Corte Suprema de Justicia: “Con miras a hacer patente la efectividad de los derechos de los asociados, principios como el de la celeridad, eficacia, economía, preclusión o eventualidad, informan todo el procedimiento y se aplican, v. gr., a casos como la delimitación legal de las excepciones que pueden proponerse en la ejecución de sentencias, o al carácter de inobjetable del segundo dictamen pericial decretado de oficio, o a la cortedad de los términos judiciales, con las consecuencias adversas para quien no ejercita los derechos en el tiempo que le es dado. Estos casos, a guisa de ejemplos, podrían también tacharse de violatorios del derecho de defensa o de la contradicción de las pruebas, pero en ellos, como en el que se analiza, hacen presencia, conjugados, principios del derecho procesal que apoyan y equilibran la aplicación de los derechos de las partes. Porque, para abundar en ejemplos, con igual razón se predicaría una violación al derecho de defensa o de controversia de las pruebas en el trámite de recursos tan exigentes como el de revisión o casación cuya ritualidad, causales, técnica no hacen más que patentizar el debido proceso, conjugar principios como el de la seguridad jurídica, la cosa juzgada o la legalidad” (Corte Suprema de Justicia – Sala de Casación Civil. Auto del 15 de octubre de 1996, exp. N° 6271. M.P. Jorge Santos Ballesteros).
“e) Si las excepciones no prosperan, o prosperaren parcialmente, la sentencia ordenará llevar adelante la ejecución en la forma que corresponda, condenará al ejecutado en las costas del proceso y ordenará que se liquiden (…)”.
11 y 13 de agosto de 2009.
“2. La liquidación incluirá el valor de los impuestos de timbre, los honorarios de auxiliares de la justicia, los demás gastos judiciales hechos por la parte beneficiada con la condena, siempre que aparezcan comprobados, hayan sido útiles y correspondan a actuaciones autorizadas por la ley, y las agencias en derecho que fije el magistrado ponente o el juez, aunque se litigue sin apoderado.
3. Para la fijación de agencias en derecho deberán aplicarse las tarifas que establezca el Consejo Superior de la Judicatura. Si aquéllas establecen solamente un mínimo, o este y un máximo, el juez tendrá además en cuenta la naturaleza, calidad y duración de la gestión realizada por el apoderado o la parte que litigó personalmente, la cuantía del proceso y otras circunstancias especiales, sin que pueda exceder el máximo de dichas tarifas”.
Norma aplicable a los procesos ejecutivos en segunda instancia: “Parágrafo. En los procesos ejecutivos, hasta el cinco por ciento (5%) del valor del pago confirmado o revocado total o parcialmente en la pertinente orden judicial (…)”.
De conformidad con el artículo 392, numeral 7, del CPC “[c]uando fueren dos o más litigantes que deban pagar las costas, el juez los condenará en proporción a su interés en el proceso; si nada se dispone al respecto, se entenderán distribuidos por partes iguales entre ellos”.
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