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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-26-000-2011-01032-01

Fecha
24 de marzo de 2026
Consejero ponente
Nicolás Yepes Corrales
Citada por
2 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-26-000-2011-01032-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 19 de febrero de 2020, proferida por la Subsección C de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, por las razones expuestas en esta providencia. SEGUNDO: Sin condena en costas en segunda instancia. TERCERO: En firme esta providencia ENVÍESE el expediente al Tribunal de origen para lo de su cargo.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 25000-23-26-000-2011-01032-01

Consejero ponente: Nicolás Yepes Corrales

24 de marzo de 2026

Radicado: 25000-23-26-000-2011-01032-01 (66506)
Demandante: Empresa de Licores de Cundinamarca

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C

CONSEJERO PONENTE: NICOLÁS YEPES CORRALES

Bogotá D.C., veinticuatro (24) de marzo de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: EJECUTIVO
Radicación: 25000-23-26-000-2011-01032-01 (66506)
Demandante: EMPRESA DE LICORES DE CUNDINAMARCA
Demandado: AXA COLPATRIA DE SEGUROS S.A.

TEMAS: TÍTULO EJECUTIVO - Clases - Requisitos de forma y de fondo al amparo del
artículo 488 del Código de Procedimiento Civil - Obligación exigible. VALOR PROBATORIO
• De los documentos que integran un título ejecutivo contractual complejo - Original o copia
auténtica. CONTRATO DE SEGUROS - durante la vigencia del amparo la aseguradora se
obliga para con el asegurado - Las entidades públicas están facultadas para declarar la
ocurrencia del siniestro mediante un acto administrativo con carácter ejecutivo y ejecutorio
• Para que surja la obligación indemnizatoria a cargo de la aseguradora es indispensable
que el siniestro ocurra en vigencia del amparo asegurado.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte ejecutante y la
apelación adhesiva formulada por la parte ejecutada, contra la sentencia proferida
por la Subsección B de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca el 19 de febrero de 2020, mediante la cual: (i) declaró terminado el
proceso porque el título base del recaudo no contiene una obligación exigible, (ii)
ordenó la entrega a la parte ejecutada de la suma de $7.713.500.000 por concepto
de un depósito judicial; y (iii) se abstuvo de condenar en costas.

I. SÍNTESIS DEL CASO

El 19 de abril de 2006, la Empresa de Licores de Cundinamarca -en adelante la
Empresa- y el Consorcio P&P Licorera -en lo sucesivo el Consorcio- suscribieron el
contrato de obra pública No. 026 de 2006, con el objeto de realizar el estudio, diseño

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Demandante: Empresa de Licores de Cundinamarca

y construcción de la Planta de la Empresa de Licores de Cundinamarca por el
sistema llave en mano a precio global fijo sin lugar a reajustes.

Con el fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones a su cargo, el Consorcio
constituyó con la aseguradora AXA Colpatria de Seguros S.A., -en adelante la
Compañía de Seguros- y a favor de la Empresa la garantía única de cumplimiento
No. 8001008030 en la que fue amparado, entre otros, el cumplimiento.

Por medio de la Resolución No. 0453 del 2 de noviembre de 2010, confirmada
mediante la Resolución No. 035 del 3 de febrero de 2011, la Empresa: (i) declaró la
ocurrencia del siniestro de “incumplimiento contractual”; (ii) ordenó hacer efectiva la
cláusula penal por valor de $4.908.913.617,09; (iii) hizo efectiva la garantía única
de cumplimiento No. 8001008030 por valor de $4.908.913.617,09; y (iv) ordenó
notificar la decisión. Lo anterior, con fundamento en varios incumplimientos
imputables al Consorcio, que ocurrieron al entregarse la obra, esto es, el 30 de abril
de 2010.

En la demanda ejecutiva, la parte ejecutante solicita librar mandamiento de pago en
contra de la Compañía de Seguros por valor de $4.908.913.617,09, pues afirma que
esta no le ha pagado la suma ordenada en la Resolución No.0453 del 2 de
noviembre de 2010, confirmada mediante la Resolución No. 035 del 3 de febrero de
2011.

II. ANTECEDENTES

1. Demanda

1.1. El 28 de septiembre de 20111, la Empresa, mediante apoderado judicial,
presentó demanda ejecutiva en contra de la Compañía de Seguros, en la cual
formuló las siguientes pretensiones, (se transcriben de forma textual, incluso con
eventuales errores):

1 Fl. 10 a 19, C. 1.

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Demandante: Empresa de Licores de Cundinamarca

“I. PRETENSIONES

Se libre mandamiento de pago de ejecutivo contra la COMPAÑÍA DE SEGUROS
COLPATRIA S.A., y a favor de la EMPRESA DE LICORES DE CUNDINAMARCA,
por las siguientes cantidades:

PRIMERA. Por la suma de cuatro mil novecientos ocho millones novecientos trece
mil seiscientos diecisiete pesos con nueve centavos ($4.908.913.617,09), valor
correspondiente al valor asegurado en el amparo de cumplimiento de la póliza No.
8001008030, expedida por la COMPAÑÍA SEGUROS COLPATRIA S.A.

SEGUNDA. Por los intereses de mora sobre la suma anterior, liquidados a la tasa
máxima legal permitida desde el tres (3) de febrero de 2011, hasta su cumplimiento.

TERCERA. Que se condene en cotas a la parte accionada”.

1.2. Como fundamentos fácticos la parte ejecutante formuló los siguientes hechos
que, a continuación, la Sala sintetiza:

1.2.1. Afirmó que, mediante la Resolución No. 061 de 2006, la Empresa dio apertura
a la licitación pública No. 1, con el fin de contratar los estudios, diseños y la
construcción de una planta en el municipio de Cota por el sistema llave en mano.

1.2.2. Precisó que, mediante la Resolución No. 0208 de 2006, la Empresa le
adjudicó el proceso de selección al Consorcio.

1.2.3. Puso de presente que, el 19 de abril de 2006 la Empresa y el Consorcio
suscribieron el contrato de obra pública No. 026 de 2006.

1.2.4. Refirió que, con el fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones a su
cargo, el Consorcio constituyó con la Compañía de Seguros y a favor de la Empresa
la garantía única de cumplimiento estipulada en el contrato, para lo cual la
aseguradora expidió la póliza No. 8001008030 en la que fue amparado, entre otros,
el cumplimiento por un valor inicial de $4.000.000.000, amparo que, posteriormente
y con ocasión de una modificación al contrato, fue incrementado en una suma total
del $4.908.913.617 -certificado No. 5-.

1.2.5. Señaló que, por medio de la Resolución No. 0453 del 2 de noviembre de
2010, la Empresa declaró la ocurrencia del siniestro de “incumplimiento” del contrato

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Demandante: Empresa de Licores de Cundinamarca

No. 026 de 2006, ordenó el cobro de la cláusula penal y dispuso hacer efectiva la
garantía única de cumplimiento No. 8001008030 por valor de $4.908.913.617,
decisión que fue recurrida y posteriormente confirmada mediante la Resolución No.
035 del 3 de febrero de 2011.

1.2.6. Manifestó que, a la fecha de interposición de la demanda, la aseguradora no
había pagado la suma ordenada en los actos administrativos antes referidos.

1.3. Como fundamento jurídico de sus pretensiones, la parte demandante señaló
que las Resoluciones No. 0453 del 2 de noviembre de 2010 y No. 035 del 3 de
febrero de 2011, en conjunto con el contrato No. 026 de 2006, la garantía única de
cumplimiento No. 8001008030 y su certificado No. 5 -que incrementó la cobertura
del amparo de cumplimiento-, constituyen un título ejecutivo que contiene una
obligación clara, expresa y exigible.

2. Mandamiento ejecutivo

Mediante providencia del 7 de marzo de 20122, la Subsección B de la Sección
Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca libró mandamiento de pago a
favor de la Empresa, en los siguientes términos:

“PRIMERO: Líbrese mandamiento de pago a favor de la EMPRESA DE LICORES
DE CUNDINAMARCA, contra la COMPAÑÍA DE SEGUROS COLPATRIA S.A., por
la suma de CUATRO MIL NOVECIENTOS OCHO MILLONES NOVECIENTOS
TRECE MIL SEISCIENTOS DIECISIETE PESOS CON NUEVE CENTAVOS
($4.908.913.617,09). En consecuencia la compañía de seguros deberá dentro de
los 5 días siguientes pagar la suma de $4.908.913.617.09 mas los intereses legales
y moratorios liquidados de conformidad con el numeral 8 del artículo 4 de la ley 80
de 1993, equivalente al doble del interés legal civil sobre el valor histórico
actualizado a partir del 9 de marzo de 2011 ejecutoria de las resoluciones que
hicieron efectiva la póliza garantizada por seguros COLPATRIA S.A.

3. Excepciones de mérito

Mediante memorial radicado oportunamente el 13 de marzo de 20123, la Compañía
de Seguros formuló las siguientes excepciones contra el mandamiento de pago:

2 Fl. 43 y 44, C. 1.
3 Fl. 49 a 53, C. 1.

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Demandante: Empresa de Licores de Cundinamarca

3.1. En una primera excepción, que denominó “falta del título ejecutivo”, señaló que
la parte demandante no precisó con exactitud cuál era el título complejo que
pretendía hacer valer a efectos de demostrar una obligación clara, expresa y
exigible.

3.2. Frente a la segunda excepción, que tituló “de falta de los presupuestos
procesales”, puso de presente que los documentos aportados por la parte
demandante como constitutivos del título ejecutivo no contienen una obligación
clara, expresa y exigible.

3.3. En tercer lugar, formuló la excepción de “existencia de demanda de
controversias contractuales que busca la nulidad del acto administrativo aportado
como título de recaudo ejecutivo – prejudicialidad”, frente a lo cual mencionó que a
la fecha cursaba en el Tribunal Administrativo de Cundinamarca una demanda
encaminada a que se anulara la Resolución No. 0453 del 2 de noviembre de 2010,
confirmada mediante la Resolución No. 035 del 3 de febrero de 2011 -proceso de
controversias contractuales Rad. 2011-613-.

4. Trámite procesal en primera instancia

4.1. El 2 de mayo de 20124, el tribunal, entre otros, fijó una caución para evitar
embargos en contra de la ejecutada.

4.2. El 15 de agosto de 20125, el tribunal decretó como medida cautelar el embargo
y secuestro de 6 cuentas corrientes y 3 de ahorros de la ejecutada.

4.3. Posteriormente, el 8 de octubre de 20126 el tribunal ordenó levantar el embargo
y secuestro decretado el 15 de agosto de 2012, porque la ejecutada constituyó la
caución correspondiente, decisión frente a la cual no se interpuso recurso alguno.

4 Fl. 66, C. 1.
5 Fl. 81, C. 1
6 Fl. 97 y 98, C. 1.

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Demandante: Empresa de Licores de Cundinamarca

4.4. El 9 de mayo de 20137, el tribunal dio apertura a la etapa probatoria. En tal
sentido, tuvo como pruebas los documentos “originales públicos y privados”
aportados por las partes. Adicionalmente, señaló que las copias auténticas serían
valoradas de conformidad con lo establecido en el artículo 254 el CPC y ofició a la
misma Corporación para que certificara acerca de la existencia del proceso aludido
por la ejecutada.

4.5. El 5 de diciembre de 20138, se corrió traslado a las partes para alegar de
conclusión.

4.5.1. La Empresa alegó de conclusión de forma oportuna9. En su escrito, solicitó
continuar adelante con la ejecución, porque a su juicio y de conformidad con los
documentos allegados al proceso, existe una obligación clara, expresa y exigible a
su favor.

4.5.2. La Compañía de Seguros igualmente alegó de conclusión de forma
oportuna10. En su escrito, dio cuenta que en el presente caso no estaban reunidos
los requisitos del título ejecutivo complejo, pues no obraba el acta de liquidación del
contrato.

4.6. El 20 de febrero de 201411, el tribunal decretó la suspensión del proceso hasta
que se profiriera sentencia ejecutoriada dentro del proceso de controversias
contractuales Rad. 2011-613.

4.7. El 22 de enero de 201912, el tribunal decretó la reanudación del proceso
ejecutivo, dado que en el proceso de controversias contractuales Rad. 2011-613 se
había dictado sentencia, la cual se encontraba debidamente ejecutoriada.

7 Fl. 116, C. 1.
8 Fl. 132, C 1.
9 Fl. 138 a 144, C. 1.
10 Fl. 133 a 137, C. 1.
11 Fl. 146, C. 1.
12 Fl. 197, C. 1.

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5. Sentencia de primera instancia

5.1. Mediante sentencia del 19 de febrero de 202013, la Subsección B de la Sección
Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca: (i) declaró terminado el
proceso porque el título base del recaudo no contiene una obligación exigible, (ii)
ordenó la entrega a la parte ejecutada de la suma de $7.713.500.000 por concepto
de un depósito judicial; y (iii) se abstuvo de condenar en costas.

5.2. Como sustento de su decisión, el tribunal empezó por hacer referencia a la
excepción propuesta por la parte ejecutada, denominada “falta del título ejecutivo”,
frente a lo cual concluyó que la Compañía de Seguros “no trae sustento normativo
o fáctico sobre la misma, por lo tanto, la misma no está llamada a prosperar”.

5.3. Acto seguido, el tribunal estudió “de oficio” los requisitos de fondo del título
ejecutivo, frente a lo cual consideró que de los documentos que la parte ejecutante
pretendió hacer valer como título ejecutivo no se desprende una obligación exigible
a su favor.

5.4. Al efecto, advirtió que, de conformidad con las pruebas allegadas al expediente,
la garantía única de cumplimiento No. 8001008030, en punto del amparo de
cumplimiento, estuvo vigente entre el 19 de abril de 2006 y el 6 de junio de 2008, y
que el incumplimiento imputado al contratista, conforme a lo expresamente
consignado en la Resolución No. 0453 del 2 de noviembre de 2010, se tuvo por
acreditado a partir del informe de interventoría del 30 de abril de 2010.

5.5. En consecuencia, y comoquiera que para el 30 de abril de 2010 la garantía
única de cumplimiento No. 8001008030, en lo que respecta al amparo de
cumplimiento, no se encontraba vigente, el tribunal concluyó que no se reunía el
requisito de exigibilidad de la obligación.

5.6. Finalmente, consideró que no era procedente condenar en costas a las partes,
porque en el presente caso “no se trató de declarar probadas las excepciones

13 Fl. 214 a 221, C. Ppal.

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propuestas por el ejecutado, sino de las facultades oficiosas del juez de estudiar los
requisitos de fondo relacionados con ser claro, expreso y exigible”.

6. Recurso de apelación y apelación adhesiva

6.1. El 12 de marzo de 202014, la Empresa, inconforme con la sentencia de primera
instancia, interpuso recurso de apelación, que fue concedido el 18 de septiembre
de 202015.

6.1.1. En su escrito, la recurrente solicitó revocar la sentencia apelada y, en su lugar,
seguir adelante con la ejecución.

6.1.2. Al efecto, señaló que los documentos aportados con la demanda cumplen con
los requisitos para conformar un título ejecutivo, “de conformidad con lo previsto en
el numeral 3 del artículo 297 del CPACA”, esto es, el contrato de obra No. 026 de
2006, las Resoluciones No. 0453 del 2 de noviembre de 2010 y No. 035 del 3 de
febrero de 2011, y la garantía única de cumplimiento No. 80001008030, expedida
por la Compañía de Seguros, “de los que se extrae la existencia de una obligación
clara, expresa y exigible”.

6.1.3. En punto de la exigibilidad de la obligación, puso de presente que, contrario
a lo afirmado por el tribunal, dicho requisito formal no deviene de la garantía única
de cumplimiento sino de la resolución que declara la ocurrencia del siniestro. Al
respecto, agregó que para proceder en tal sentido, es decir, para declarar la
ocurrencia del siniestro, a la Empresa tan solo le bastaba con demostrar su
configuración y el monto de la pérdida.

6.1.4. Con todo, la recurrente manifestó que la póliza aportada al proceso, obrante
a folios 246 a 249 del cuaderno 2, estuvo vigente entre el 19 de abril de 2006 y el
19 de junio de 2012, circunstancia que, a su juicio, permitiría concluir que se
encontraba vigente para la fecha de ocurrencia del siniestro. Además, añadió que
los cuestionamientos relacionados con la supuesta falta de cobertura de la póliza

14 Fl. 223 a 235, C. Ppal.
15 Fl. 297, C. Ppal.

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debían ser formulados por la Compañía de Seguros mediante la interposición del
recurso de reposición contra el auto que libró mandamiento ejecutivo.

6.1.5. De otro lado, puso de presente que el tribunal no podía entrar a pronunciarse
sobre los requisitos del título al proferir la sentencia de primera instancia,
circunstancia que, a su juicio, debió advertirse, previo a librar mandamiento de pago
en contra del demandado, de conformidad con lo establecido en el artículo 430 del
CGP. Asimismo, indicó que si el tribunal tenía dudas respecto de la cobertura y
vigencia de la póliza, bien pudo hacer uso de sus facultades oficiosas y, en tal
sentido, decretar pruebas encaminadas a solventar las dudas.

6.1.6. Aunado a lo anterior, destacó que la demandada reconoció de forma tácita la
obligación.

6.1.7. Finalmente, allegó los siguientes documentos16 para que fueran decretaros
como prueba y valorados al momento de proferir la sentencia de segunda instancia:

• Copia de la garantía única de cumplimiento No. 8001008030.
• Copia de una solicitud elevada a la Compañía de Seguros para que certificara
la vigencia de la garantía única de cumplimiento No. 8001008030.
• Copia de comunicaciones radicadas por la Compañía de Seguros ante la
Empresa, con el fin de acordar un arreglo extrajudicial para finalizar el
proceso.

6.2. El 21 de septiembre de 201117, la Compañía de Seguros formuló apelación
adhesiva. En su escrito, cuestionó lo decidido por el tribunal a quo en punto de la
condena en costas, frente a lo cual indicó que en la contestación de la demanda se
planteó como excepción la “falta de título ejecutivo”, por lo que no era cierto que el
tribunal hubiera estudiado de oficio los requisitos del título, de tal suerte que, a su
juicio, procedía la condena en costas. Aunado a lo anterior, puso de presente que
el tribunal no tuvo en cuenta la conducta procesal de la parte demandante, quien
solicitó una medida cautelar que fue decretada y posteriormente revocada.

16 Fl. 236 a 291, C. Ppal.
17 Fl. 223 a 235, C. Ppal.

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6. Trámite de segunda instancia

6.1. Mediante autos del 11 de junio de 202118 y del 8 de abril de 202219, se admitió
el recurso de apelación interpuesto por la Empresa y la apelación adhesiva
formulada por la Compañía de Seguros, respectivamente.

6.2. Por medio de auto del 12 de noviembre de 202420, se negó la solicitud
probatoria de segunda instancia formulada por la parte demandante en su escrito
de apelación, decisión frente a la cual no se interpuso recurso alguno.

6.3. El 6 de diciembre de 202421 se corrió traslado a las partes para alegar de
conclusión y al Ministerio Público para rendir concepto.

6.3.2. La Compañía de Seguros alegó de conclusión de forma oportuna 22. En su
escrito, afirmó que el recurso de apelación formulado por la Empresa no estaba
llamado a prosperar, porque los documentos aportados con la demanda no
contienen los requisitos para conformar un título ejecutivo complejo.

6.3.3. El Ministerio Público23 rindió concepto en el que solicitó confirmar la sentencia
apelada. A su juicio, el título base del recaudo que pretende hacer valer la parte
demandante carece del requisito de exigibilidad, en la medida en que no se acreditó
dentro del proceso que el incumplimiento atribuido al contratista se hubiere
configurado durante el término de vigencia de la póliza que lo amparaba. En efecto,
sostuvo que el siniestro de cumplimiento ocurrió el 30 de abril de 2010, mientras
que la póliza, en lo atinente al amparo de cumplimiento, estuvo vigente hasta el 6
de junio de 2008.

6.4. Mediante memorial dirigido a la Subsección B de la Sección Tercera del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, remitido posteriormente a esta

18 Fl. 302, C. Ppal.
19 Fl. 304, C. Ppal.
20 Índice 45 del Sistema de Gestión Judicial Samai.
21 Índice 50 del Sistema de Gestión Judicial Samai.
22 Índice 54 del Sistema de Gestión Judicial Samai.
23 Índices 55 a 57 del Sistema de Gestión Judicial Samai.

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Demandante: Empresa de Licores de Cundinamarca

Corporación el 7 de noviembre de 202524, el apoderado de la parte ejecutada solicitó
al a quo “la devolución y/ó entrega del depósito efectuado por el
BANCOCOLPATRIA MULTIBANCA COLPATRIA por la suma de $ 7.713.500.000”.

III. CONSIDERACIONES

Para resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte ejecutante, así como
también la apelación adhesiva formulada por la parte ejecutada, la Sala analizará
los siguientes aspectos: (1) jurisdicción y competencia del Consejo de Estado para
conocer el presente asunto; (2) normatividad aplicable; (3) medio de control
procedente; (4) legitimación en la causa; (5) oportunidad del medio de control, (6)
problemas jurídicos, (7) hechos probados, (8) solución al problema jurídico, y (9)
costas.

1. Jurisdicción y competencia

La Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo es competente para conocer del
asunto, con fundamento en el artículo 82 del CCA, modificado por el artículo 1° de
la Ley 1107 de 200625, en concordancia con el artículo 7526 de la Ley 80 de 1993 -
vigentes para la fecha en que se interpuso la demanda-, dado que en el presente
caso los documentos que se pretender hacer valer como título ejecutivo complejo
devienen de un contrato estatal celebrado por la Empresa de Licores de
Cundinamarca, la cual ostenta la naturaleza de Empresa Industrial y Comercial del
Estado del orden departamental27.

Igualmente, el Consejo de Estado es competente para desatar el recurso de
apelación interpuesto contra la sentencia del 19 de febrero de 2020, proferida por el
la Subsección C de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, dada la vocación de doble instancia del presente caso, el cual versa

24 Índice 60 del Sistema de Gestión Judicial Samai.
25 “La Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo está instituida para juzgar las controversias y litigios
administrativos originados en la actividad de las Entidades Públicas y de las personas privadas que desempeñen
funciones propias de los distintos órganos del Estado. Se ejerce por el Consejo de Estado, los Tribunales
Administrativos y los Juzgados Administrativos de conformidad con la Constitución y la ley"
26 ARTÍCULO 75. DEL JUEZ COMPETENTE. <Ver Notas del Editor> Sin perjuicio de lo dispuesto en los

artículos anteriores, el juez competente para conocer de las controversias derivadas de los contratos estatales
y de los procesos de ejecución o cumplimiento será el de la jurisdicción contencioso administrativa.
27 Decreto Ordenanza No. 272 del 15 de octubre de 2008. Visible a folios 4 a 16 del C. 2.

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Demandante: Empresa de Licores de Cundinamarca

sobre una ejecución en contra de la Compañía de Seguros, que se deriva de un
contrato suscrito entre esta y la Empresa de Licores de Cundinamarca, teniendo en
cuenta que el valor total de las pretensiones para el año 2011 supera los 1.500
salarios mínimos legales mensuales, de conformidad con los artículos 12928, 132
numeral 729 y 18130 del Código Contencioso Administrativo .

2. Normativa aplicable

Por tratarse de una demanda promovida antes del 2 de julio de 201231 -fecha en la
que entró a regir la Ley 1437 de 2011-, al presente asunto le resultan aplicables las
disposiciones procesales contenidas en el Código Contencioso Administrativo
(CCA)32; así como las disposiciones del Código de Procedimiento Civil (CPC)33, en
virtud de la integración normativa dispuesta por el artículo 267 del CCA34.

3. Acción procedente

La acción ejecutiva es procedente para demandar el cobro de las obligaciones
claras, expresas y exigibles, que, entre otros, se originen en los actos
administrativos ejecutoriados que impongan a favor de las entidades la obligación
de pagar una suma líquida de dinero, en los contratos, las pólizas de seguro y las

28 Artículo 129. Competencia del Consejo de Estado en segunda instancia. […] El Consejo de Estado, en Sala

de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas
en primera instancia por los Tribunales Administrativos y de las apelaciones de autos susceptibles de este medio
de impugnación, así como de los recursos de queja cuando no se conceda el de apelación o se conceda en un
efecto distinto del que corresponda, o no se conceda el extraordinario de revisión.
29 “Artículo 132. Competencia de los tribunales administrativos en primera instancia. Los Tribunales

Administrativos conocerán en primera instancia de los siguientes asuntos […] 7. De los procesos ejecutivos
derivados de condenas impuestas por la jurisdicción contencioso administrativa, cuando la cuantía exceda de
mil quinientos (1500) salarios mínimos legales mensuales”.
30 “Artículo 181.Apelación. Son apelables las sentencias de primera instancia de los Tribunales […]”
31 La demanda se presentó el 28 de septiembre de 2011.
32 “Artículo 308. Régimen de transición y vigencia. El presente Código comenzará a regir el dos (2) de julio del

año 2012.
Este Código sólo se aplicará a los procedimientos y las actuaciones administrativas que se inicien, así como a
las demandas y procesos que se instauren con posterioridad a la entrada en vigencia.
Los procedimientos y las actuaciones administrativas, así como las demandas y procesos en curso a la vigencia
de la presente ley seguirán rigiéndose y culminarán de conformidad con el régimen jurídico anterior”.
33 Lo anterior, teniendo en cuenta que la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado,

mediante auto del veinticinco (25) de junio de dos mil catorce (2014), unificó su jurisprudencia para indicar que
el CGP entró a regir a partir del primero (1º) de enero de dos mil catorce (2014), “salvo las situaciones que se
gobiernen por la norma de transición (…) las cuales se resolverán con la norma vigente al momento en que
inició el respectivo trámite (…)”. Ver: Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, auto de
unificación del 25 de junio de 2014, expediente 49.299.
34 “Artículo 267. Aspectos no regulados. En los aspectos no contemplados en este Código se seguirá el Código

de Procedimiento Civil en lo que sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que
correspondan a la jurisdicción en lo Contencioso Administrativo”.

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Demandante: Empresa de Licores de Cundinamarca

demás garantías que otorguen los contratistas a favor de entidades públicas, de
conformidad con lo establecido en el artículo 68 del CCA.

En el presente asunto, la acción ejecutiva resulta procedente, en la medida en que
la parte ejecutante persigue el pago de una suma líquida de dinero reconocida a su
favor mediante la Resolución No. 0453 del 2 de noviembre de 2010, confirmada por
la Resolución No. 035 del 3 de febrero de 2011, acto administrativo en el que se
declaró la ocurrencia del siniestro de cumplimiento del contrato No. 026 de 2006,
frente al cual se constituyó a favor de la entidad la garantía única de cumplimiento
No. 8001008030, cuya efectividad fue ordenada en los referidos actos
administrativos.

4. Legitimación en la causa

4.1. La Empresa está legitimada en la causa por activa, pues pretende la ejecución
de una obligación consistente en el pago de una suma liquida de dinero reconocida a
su favor mediante la Resolución No. 0453 del 2 de noviembre de 2010, confirmada a
través de la Resolución No. 035 del 3 de febrero de 2011, por medio de la cual se
declaró la ocurrencia del siniestro de cumplimiento del contrato No. 026 de 2006,
frente al cual se constituyó a favor de la entidad la garantía única de cumplimiento
No. 8001008030, cuya efectividad fue ordenada en los referidos actos
administrativos.

4.2. Por su parte, la Compañía de Seguros está legitimada en la causa por pasiva,
porque otorgó la garantía única de cumplimiento No. 8001008030 en favor de la
Empresa, cuya efectividad fue ordenada en la Resolución No. 0453 del 2 de noviembre
de 2010, confirmada a través de la Resolución No. 035 del 3 de febrero de 2011.

5. Oportunidad de la acción

De conformidad con lo establecido en el numeral 11 del artículo 136 del CCA, el
término para presentar la demanda ejecutiva es de cinco (5) años contados a partir
de la fecha en que se hizo exigible el derecho.

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Radicado: 25000-23-26-000-2011-01032-01 (66506)
Demandante: Empresa de Licores de Cundinamarca

En el caso sub examine, se pretende la ejecución de una obligación consistente en el
pago de una suma liquida de dinero reconocida a favor de la Empresa mediante la
Resolución No. 0453 del 2 de noviembre de 2010, confirmada a través de la
Resolución No. 035 del 3 de febrero de 2011, decisión que quedó debidamente
ejecutoriada el 4 de marzo de 201135. En los actos administrativos antes referidos no
se fijó ningún plazo o condición para el cumplimiento de la obligación, de tal suerte
que la misma se entiende exigible a partir del día siguiente a la fecha de su ejecutoria.

Bajo este contexto, y teniendo en cuenta que la demanda se radicó el 28 de
septiembre de 2011, no cabe duda de que la acción ejecutiva se ejerció dentro del
término establecido en la Ley.

6. Problemas jurídicos

6.1. El marco fundamental para la competencia del juez de segunda instancia lo
constituyen los cargos planteados en contra de la decisión recurrida, a menos que
las partes hayan apelado toda la sentencia, caso en el cual el juez resolverá sin
limitaciones. Es así que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 357 del
CPC36, el superior no puede enmendar la providencia del a quo en la parte que no
fue objeto del recurso de apelación, “salvo que en razón de la reforma fuere
indispensable hacer modificaciones sobre puntos íntimamente relacionados con
aquélla”37. En el mismo sentido, y atendiendo al principio de congruencia “a las
partes les está vedado modificar o adicionar en el recurso de apelación la causa

35 Fl. 132, C. 2.
36 “Artículo 357. Competencia del Superior. La apelación se entiende interpuesta en lo desfavorable al apelante,

y por lo tanto el superior no podrá enmendar la providencia en la parte que no fue objeto del recurso,
salvo que en razón de la reforma fuere indispensable hacer modificaciones sobre puntos íntimamente
relacionados con aquélla. Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado o la que no apeló hubiere adherido
al recurso, el superior resolverá sin limitaciones (…)”.
37 Sobre la competencia del ad quem con ocasión del recurso de apelación, cabe resaltar que la Sala Plena de

la Sección Tercera de esta Corporación, mediante sentencia del 6 de abril de 2018 (expediente No. 46005),
unificó su jurisprudencia en los siguientes términos: “19. Este entendimiento del principio de congruencia y de
los límites competenciales del ad quem frente el recurso de apelación es el que la Sala acoge y reitera, de
manera que si se apela un aspecto global de la sentencia, el juez adquiere competencia para revisar todos los
asuntos que hacen parte de ese aspecto más general, aunque de manera expresa no se haya referido a ellos
el apelante único. Lo anterior, desde luego, sin perjuicio de la potestad que tiene el juzgador de pronunciarse
oficiosamente sobre todas aquellas cuestiones que sean necesarias para proferir una decisión de mérito, tales
como la caducidad, la falta de legitimación en la causa y la indebida escogencia de la acción, aunque no
hubieran sido propuestos por el apelante como fundamentos de su inconformidad con la providencia
censurada”.

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petendi de la demanda, pues esto implicaría un desconocimiento flagrante del
principio al debido proceso”38.

6.2. En este sentido, de conformidad con los cargos expuestos en el recurso de
apelación formulado por la Empresa y en la apelación adhesiva allegada por la
Compañía de Seguros, se resolverán los siguientes problemas jurídicos:

6.2.1. En primer lugar, corresponde establecer si los documentos allegados e
incorporados al proceso constituyen prueba idónea de la existencia de una
obligación exigible en contra de la Compañía de Seguros y a favor de la Empresa.

6.2.2. En segundo lugar, y en caso de resolver de forma negativa el primer problema
jurídico, corresponde determinar si resulta procedente condenar en costas a la parte
ejecutante.

7. Hechos probados

En el marco de lo expuesto, se establecerá cuáles son los hechos probados que
resultan relevantes para decidir la controversia sometida a juicio en esta instancia.
Para tal efecto, y por tratarse de un proceso ejecutivo, la Sala analizará los
documentos aportados al proceso en original o copia auténtica (F.J.8.2.).

Del contrato y sus acuerdos modificatorios

7.1. El 19 de abril de 2006 la Empresa y el Consorcio suscribieron el contrato de
obra pública No. 026 de 2006, para el “estudio, diseño y construcción de la Planta
de la Empresa de Licores de Cundinamarca por el sistema llave en mano a precio
global fijo sin lugar a reajustes, obra que se desarrollará en el municipio de Cota
Cundinamarca de acuerdo con las especificaciones técnicas indicadas en los
pliegos de condiciones, adendos, oficios aclaratorios de la licitación pública No. 001
de 2006 y propuesta presentada por el Contratista, documentos que hacen parte
integral del presente contrato en todo aquello que no lo contraríe”, según da cuenta

38 Ibid.

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copia auténtica del contrato39.

7.1.1. En punto de la garantía, en la cláusula decimo primera del contrato se estipuló
que el contratista se obligaría a constituir a favor de la Empresa una garantía para
cubrir los siguientes amparos: (i) cumplimiento, por un valor equivalente al 10% del
contrato y con una vigencia igual a la del contrato y 6 meses más; (ii) pago de
salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones, por un valor equivalente al 10%
del contrato y con una vigencia igual a la del contrato y 3 años más; (iii) manejo y
buena inversión del anticipo, por un valor igual al 100% del anticipo y con una
vigencia igual a la del contrato y 1 año más; (iv) calidad y correcto funcionamiento
de los equipos suministrados, por un valor equivalente al 20% del valor de los ítems
correspondientes a los equipos y con una vigencia de 2 años más siguientes al
recibo de la obra; y (v) estabilidad de la obra, por un valor equivalente al 10% del
contrato y con una vigencia igual a la del contrato y 5 años más.

7.2. El 15 de agosto de 2006, las partes suscribieron la adición No. 1 al contrato de
obra pública No. 026 de 2006, mediante la cual adicionaron su plazo de ejecución,
en el sentido de establecer la fecha máxima para la entrega de la obra. En punto de
la garantía, acordaron que el contratista estaría obligado a modificarla. Lo anterior,
según da cuenta copia auténtica del acuerdo modificatorio40.

7.3. El 4 de septiembre de 2006, las partes celebraron una prórroga al contrato de
obra pública No. 026 de 2006, mediante la cual prorrogaron su plazo de ejecución
hasta el 6 de diciembre de 2007. En punto de la garantía, acordaron que el
contratista estaría obligado a modificarla. Lo anterior, según da cuenta copia
auténtica del acuerdo modificatorio41.

7.4. El 18 de septiembre de 2007, las partes suscribieron la adición No. 2 al contrato
de obra pública No. 026 de 2006, mediante el cual se adicionó su valor, el cual
quedó fijado en forma definitiva en la suma de $9.089.136.170,93. En punto de la

39 Fl. 133 a 145, C. 2.
40 Fl. 146 a 148, C. 2.
41 Fl. 155 a 157, C. 2.

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garantía, acordaron que el contratista estaría obligado a modificarla. Lo anterior,
según da cuenta copia auténtica del acuerdo modificatorio42.

7.5. El 4 de diciembre de 2007, las partes celebraron la prórroga No. 2 al contrato
de obra pública No. 026 de 2006, a través del cual prorrogaron su plazo de ejecución
por 4 meses más. En punto de la garantía, acordaron que el contratista estaría
obligado a modificarla. Lo anterior, según da cuenta copia auténtica del acuerdo
modificatorio43.

7.6. El 10 de diciembre de 2007, las partes celebraron la prórroga No. 3 al contrato
de obra pública No. 026 de 2006, mediante la cual prorrogaron su plazo de ejecución
hasta el 25 de enero de 2008. En punto de la garantía, acordaron que el contratista
estaría obligado a modificarla. Lo anterior, según da cuenta copia auténtica del
acuerdo modificatorio44.

7.7. El contrato permaneció suspendido entre el 25 de enero de 2008 y el 21 de
febrero de 2008, según da cuenta copia auténtica del acta de suspensión y sus
ampliaciones45.

7.8. El 20 de febrero de 2008, las partes suscribieron la prórroga No. 4 al contrato
de obra pública No. 026 de 2006, mediante el cual prorrogaron su plazo de ejecución
hasta el 19 de mayo de 2008. En punto de la garantía, acordaron que el contratista
estaría obligado a modificarla. Lo anterior, según da cuenta copia auténtica del
acuerdo modificatorio46.

7.9. El contrato nuevamente fue suspendido entre el 15 de mayo de 2008 y el 4 de
agosto de 2008, según da cuenta copia autentica del acta de suspensión y sus
ampliaciones, así como del acta de reinicio47.

42 Fl. 158 a 161, C. 2.
43 Fl. 162 y 163, C. 2.
44 Fl. 164 a 166, C. 2.
45 Fl. 167 a 174, C. 2.
46 Fl. 175 a 177, C. 2.
47 Fl. 178 a 187, C. 2.

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7.10. El 8 de agosto de 2008, las partes celebraron la prórroga No. 5 al contrato de
obra pública No. 026 de 2006, mediante la cual prorrogaron su plazo de ejecución
por 113 días calendario. En punto de la garantía, acordaron que el contratista estaría
obligado a modificarla. Lo anterior, según da cuenta copia auténtica del acuerdo
modificatorio48.

7.11. El 28 de noviembre de 2008, las partes celebraron la prórroga No. 6 al contrato
de obra pública No. 026 de 2006, mediante la cual prorrogaron su plazo de ejecución
por 33 días calendario. En punto de la garantía, acordaron que el contratista estaría
obligado a modificarla. Lo anterior, según da cuenta copia auténtica del acuerdo
modificatorio49 y de su aclaración50.

7.12. El contrato nuevamente fue suspendido entre el 24 de diciembre de 2008 y el
6 de febrero de 2009, según da cuenta copia auténtica del acta de suspensión, sus
ampliaciones, así como del acta de reinicio51.

7.13. El 13 de febrero de 2009, las partes suscribieron la prórroga No. 7 al contrato
de obra pública No. 026 de 2006, a través del cual prorrogaron su plazo de ejecución
por 33 días calendario. En punto de la garantía, acordaron que el contratista estaría
obligado a modificarla. Lo anterior, según da cuenta copia auténtica del acuerdo
modificatorio52.

7.14. El contrato nuevamente fue suspendido entre el 26 de febrero de 2009 y el 21
de julio de 2009, según da cuenta copia auténtica del acta de suspensión, sus
ampliaciones, así como del acta de reinicio53.

7.15. El 20 de agosto de 2009, las partes celebraron la prórroga No. 8 al contrato
de obra pública No. 026 de 2006, en la que prorrogaron su plazo de ejecución en
un término adicional de 23 semanas calendario, es decir, 161 días. En punto de la

48 Fl. 188 a 191, C. 2.
49 Fl. 192 a 197, C. 2.
50 Fl. 198 a 199, C. 2.
51 Fl. 200 a 208, C. 2.
52 Fl. 209 y 210, C. 2.
53 Fl. 211 a 225, C. 2.

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garantía, acordaron que el contratista estaría obligado a modificarla. Lo anterior,
según da cuenta copia auténtica del acuerdo modificatorio54.

De la garantía otorgada por el contratista a favor de la Empresa

7.16. El 27 de abril de 2006, la Compañía de Seguros expidió la garantía única de
cumplimiento No. 8001008030 en la que figura como tomador el Consorcio P&P
Licorera y como beneficiario la Empresa de Licores de Cundinamarca, según da
cuenta copia auténtica de la póliza55. Los amparos, el valor asegurado y la fecha de
vigencia fueron los siguientes:

Valor Vigencia Vigencia
Amparos
Asegurado desde hasta
Cumplimiento $4.000.000.000 19/04/2006 19/12/2007
Anticipo $10.000.000.000 19/04/2006 19/06/2008
Pago de salarios, prestaciones
$4.000.000.000 19/04/2006 19/06/2010
sociales e indemnizaciones
Estabilidad de la obra $4.000.000.000 19/06/2007 19/06/2012
Calidad de los bienes o
$400.000.000 19/06/2007 19/06/2009
servicios

7.17. El 19 de septiembre de 2017, la Compañía de Seguros modificó la garantía
única de cumplimiento No. 8001008030, según da cuenta copia auténtica del
certificado No. 5 constitutivo de la modificación a la póliza56. En virtud de la
modificación introducida, los amparos, los montos asegurados y los períodos de
vigencia se fijaron de la siguiente manera:

Valor Vigencia Vigencia
Amparos
Asegurado desde hasta
Cumplimiento $4.908.913.617 19/04/2006 6/06/2008
Anticipo $14.544.568.086 19/04/2006 6/12/2008
Pago de salarios,
prestaciones sociales e $4.908.913.617 19/04/2006 6/10/2010
indemnizaciones
Estabilidad de la obra $4.908.913.617 19/06/2007 19/06/2012

54 Fl. 228 a 228, C, 2.
55 Fl. 248 y 249, C.2.
56 Fl. 246 y 247, C. 2.

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Demandante: Empresa de Licores de Cundinamarca

Calidad de los bienes o
$490.891.362 19/06/2007 04/12/2009
servicios

De la declaratoria de incumplimiento del contrato

7.18. Por medio de la Resolución No. 0453 del 2 de noviembre de 2010, la Empresa:
(i) declaró la ocurrencia del siniestro de “incumplimiento contractual”; (ii) ordenó
hacer efectiva la cláusula penal por valor de $4.908.913.617,09; (iii) hizo efectiva la
garantía única de cumplimiento No. 8001008030 por valor de $4.908.913.617,09,
expedida por la Compañía de Seguros a favor de la Empresa; y (iv) ordenó notificar
la decisión a los miembros del Consorcio y a la Compañía de Seguros, según da
cuenta copia auténtica del acto administrativo57.

En la parte considerativa del acto en cuestión, la Empresa, en lo que atañe a la
ocurrencia del siniestro, dejo expuestas las siguientes consideraciones que
condujeron a su declaratoria:

“III. ANÁLISIS SOBRE LOS HECHOS CONSTITUTIVOS DE INCUMPLIMIENTO A
LAS CORRECCIONES DE OBRAS SOLICITADAS POR LA EMPRESA Y
EJECUTADAS EN FORMA TAL QUE NO SATISFACEN LAS CONDICIONES DE
CALIDAD CONTRATADAS.

En la fecha fijada para el recibo final de la obra, esto es el día treinta (30) de enero
de 2010, se le otorgó un plazo al Consorcio P&P Licorera, plazo que iría hasta el
día treinta (30) de abril de 2010, para que realizara las obras de corrección de
observaciones por calidad de obras ejecutadas en la cubierta en teja termo acústica
e las edificaciones, los pisos de la bodega principal, los deflectores de fachada, la
rampa de acceso de producto terminado las filtraciones en los diques y tanque de
almacenamiento, de acuerdo con el cronograma de entrega y recibo del proyecto
elaborado y presentado por el mismo.
[…]
Se tiene entonces, que el día treinta (30) de abril de 2010, pese a los requerimientos
de la firma interventora, al realizar la verificación del estado de cada una de las áreas
construidas, edificios, obras exteriores, equipos, se observa que no fueron
corregidas las obras por el Consorcio Contratista, incumpliendo así con su
obligación contractual.

[…].

IV. INCUMPLIMIENTO POR LA NO TERMINACIÓN Y ENTREGA DE LA OBRA A
SATISFACCIÓN AL VENCIMIENTO DEL PLAZO ESTABLECIDO, ESTO ES ABRIL
TREINTA (30) DE 2010.

Correspondía al Consorcio Contratista, en virtud del tipo de contrato suscrito con la
Empresa de Licores de Cundinamarca, "llave en mano con precio global fijo",

57 Fl. 24 a 66, C. 2.

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ejecutar la totalidad del proyecto, diseño y construcción de la obra -planta-, "hasta
realizar la entrega por el sistema llave en mano de las instalaciones de la Planta
ejecutadas y suministradas por el contratista, a entera satisfacción del interventor y
de la Empresa de Licores de Cundinamarca...", como lo estipula el numeral 1.5.4,
de los pliegos de condiciones.
[…]
Como quiera que la obra contratada al Consorcio P&P Licorera pertenece a la
Empresa de Licores de Cundinamarca, en la fecha señalada para su terminación,
se procedió por parte de la Empresa a su recibo con el acompañamiento de la
Interventoría, lo que en modo alguno significa aval del cumplimiento de las
obligaciones a cargo del contratista ni mucho menos la renuncia a evidenciar y
reclamar por los incumplimientos imputables al Contratista por la no entrega a entera
satisfacción, como lo demanda el objeto contractual acordado, tal como consta en
el acta y el inventario que se levantó conjuntamente entre la Empresa y el
Interventor.

De tal suerte que el contratista no desvirtuó el incumplimiento que se le imputa por
el cumplimiento defectuoso y parcial de las obligaciones a su cargo.

V. INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN DE CUIDAR Y MANTENER LA OBRA
EN ÓPTIMAS CONDICIONES HASTA LA FECHA DE ENTREGA FINAL DEL
PROYECTO CONTRATADO.

Establece el Contrato No. 026 de 2006, en la CLAUSULA DECIMA, como una
obligación del Contratista Consorcio P&P Licorera el CUIDADO DE LAS OBRAS, en
los siguientes términos: Desde la fecha de iniciación de las obras hasta la entrega
final de las mismas, El CONTRATISTA asume bajo su responsabilidad el cuidado
de las mismas. En caso de que se produzca daño, pérdida o desperfecto de las
obras o de alguna parte de ellas, El CONTRATISTA deberá repararlas y reponerlas
a su costa, de manera que a su entrega definitiva a LA EMPRESA las obras estén
en buen estado, de conformidad con las condiciones del presente contrato y con las
instrucciones del interventor..."

De lo anterior, claramente se desprende la responsabilidad por el cuidado de las
obras a cargo del Contratista hasta la entrega definitiva de las mismas, incumplida
de forma protuberante y grosera por el Consorcio P&P Licorera, como lo evidencia
el expediente contractual. En efecto, el día previsto para la entrega final del proyecto,
esto es, el treinta (30) de abril de 2010, fecha en la que Empresa de Licores de
Cundinamarca como propietaria de la obra tomo posesión y custodia, se observó la
falta de la totalidad de los equipos cancelados al Contratista, y se encontraron obras
deterioradas por vandalismo y por la falta de cuidado de los trabajadores
subcontratistas del mismo, como consta en la correspondiente acta e inventario,
incumpliendo con la obligación del cuidado y custodia de las obras y equipos hasta
la entrega definitiva del proyecto, principalmente en los aspectos que se detallan a
continuación:

“PISOS DE BODEGA PRINCIPAL”; (ii) “PISOS DE BODEGA PRINCIPAL”; (iii)
“CUBIERTA EN TEJA TERMO ACÚSTICA DE LAS EDIFICACIONES”; (iv)
“SISTEMA BIOCLIMÁTICO. DEFLECTORES DE FACHADA, SOLERA Y
LUCARNA”; (v) “RAMPAS DE ACCESO DE PRODUCTO TERMINADO E
INSUMOS”; (vi) “FILTRACIONES EN LOS DIQUES Y TANQUE DE
ALMACENAMIENTO DE ALCOHOLES”; (vii) “HIDROFUGADO E
IMPERMEABILIZACIÓN DE FACHADAS”; (viii) “ACABADOS INTERIORES”; (ix)
“ACABADOS EXTERIORES”; (x) “SISTEMA DE AGUAS LLUVIAS”; (xi) “SISTEMA
DE AGUAS NEGRAS”; (xii) “SISTEMA DE AGUA POTABLE”; (xiii) “SISTEMA
ELÉCTRICO”; (xiv) “SISTEMA DE GAS”; (xv) “SISTEMA DE SEGURIDAD”; (xvi)

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Demandante: Empresa de Licores de Cundinamarca

“SISTEMA VOZ Y DATOS”; (xvii) “RED CONTRA INCENDIOS”; (xviii) “RED DE
AIRE COMPRIMIDO”; y (xix) “SISTEMA DE VENTILACIÓN MECÁNICA”.

VI. INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN DE ENTREGAR A TIEMPO Y A
ENTERA SATISFACCIÓN LOS EQUIPOS CONTRATADOS

En virtud de lo dispuesto en el numeral 1.5.4_del pliego de condiciones de la
Licitación Pública No. 01 de 2006, que trata de la CONSTRUCCIÓN DE OBRAS
CIVILES, MONTAJE Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS
SUMINISTRADOS POR EL CONTRATISTA Previa aceptación y autorización de la
interventoría, la firma Contratista debía "realizar todas las actividades, obras civiles
y obras de infraestructura requeridas para alcanzar el objeto del contrato, hasta
realizar la entrega por el sistema llave en mano de las instalaciones de la Planta
ejecutadas y suministradas por el contratista, a entera satisfacción del interventor y
de la Empresa de Licores de Cundinamarca."
[…]
Es claro entonces que en la fecha prevista para la entrega y recibo del proyecto el
Contratista Consorcio P&P debía entregar los equipos debidamente instalados,
previo las pruebas, ensayos y demás requeridos para su cabal funcionamiento,
obligación que incumplió y cuyo incumplimiento no desvirtuó en su escrito los
descargos.

VI. INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN DE ENTREGAR DOCUMENTOS Y
ADELANTAR TRÁMITES, PARA LA FUTURA APROBACIÓN DE LICENCIAS.
PERMISOS Y AUTORIZACIONES

El Contratista tenía pleno conocimiento de sus obligaciones contractuales, pues,
desde el inicio en los Pliegos de Condiciones establecidos por la Empresa de Licores
de Cundinamarca, dentro del proceso de la Licitación Pública No. 01 de 2006 y en
el Contrato de Obra Pública No. 026 de 2006, se dispuso:

EI PARAGRAFO TERCERO.- de la CLAUSULA TERCERA.- OBLIGACIONES DE
LAS PARTES (DERECHOS Y DEBERES DE LAS PARTES) del Contrato de Obra
Pública No 026 de 2006 suscrito con la Empresa, precisa como una obligación a
cargo del Consorcio Contratista: "...mantener en el sitio de las obras un archivo de
planos de construcción con las últimas revisiones y será responsable por el empleo
de estos planos en la construcción de las obras, así mismo, está obligado a entregar
el récord de los planos de la obra, en la fecha de suscripción del acta de recibo
definitivo del contrato."
[…]
Retomando la naturaleza del Contrato “llave en mano” significa, que las obligaciones
del Contratista implican la realización total de la obra, desde su diseño hasta la
culminación, o sea, desde su prospectación hasta dar “Vuelta a la llave”, incluidos
hasta los tramites y puesta en marcha, y para su aprovechamiento de acuerdo con
el objeto contractual.
[…]
Está pues verificado el incumplimiento y no existe evidencia alguna, ni siquiera en
el escrito de descargos, de hecho, o circunstancia que libere al contratista de la
ocurrencia del mismo”.

7.19. Por medio de la Resolución No. 035 del 3 de febrero de 2011, la Empresa
resolvió los recursos de reposición interpuestos por el Consorcio y por la Compañía

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de Seguros, confirmando en todo la Resolución No.0453 del 2 de noviembre de
2010, según da cuenta copia auténtica del acto administrativo58.

7.20. La decisión de la administración quedó en firme el 4 de marzo de 2011, según
da cuenta copia auténtica de la constancia de ejecutoria59.

8. Solución a los problemas jurídicos

A efectos de resolver la controversia sometida a juicio, la Sala se referirá a los
aspectos generales del proceso ejecutivo y la autenticidad de los documentos que
integran el título ejecutivo. Posteriormente, se estudiarán de fondo los cargos de la
apelación y del escrito de apelación adhesiva, y se resolverán los problemas
jurídicos planteados.

8.1. Aspectos generales del proceso ejecutivo

El fin del proceso de ejecución es lograr que el titular de una relación jurídica que
crea obligaciones60 contenidas en un título ejecutivo, pueda obtener, a través de la
intervención coercitiva del Estado, la plena satisfacción de estas, compeliendo al
deudor a ejecutar la prestación a su cargo61, si ello es posible, o a la
correspondiente indemnización de perjuicios62. En ese sentido, en esta clase de
diligencias, no se busca el reconocimiento de derecho alguno, sino la efectividad
de uno declarado o contenido en un título, pues “el Juez parte de la base que le
produce el título ejecutivo y no del conocimiento que respecto del derecho del
demandante pudiera adquirir posteriormente en el curso del proceso”63. El título
ejecutivo es pues la base del proceso de ejecución y su condición indispensable.

El objeto del proceso ejecutivo es, entonces, lograr el cumplimiento de las
obligaciones en los casos en los que, pese a la certeza y exigibilidad de estas, el
obligado no se ha allanado a cumplirlas. Se trata de la satisfacción coercitiva de la

58 Fl. 67 a 131, C. 2.
59 Fl. 132, C. 2.
60 López Blanco, Hernán Fabio. Código General del Proceso, Parte Especial. Bogotá D.C.: Dupre Editores Ltda.
61 Corte Constitucional. Sentencia C-918 de 2001.
62 Op. cit. 15.
63 Velásquez Gómez, Juan Guillermo. Los procesos ejecutivos. Medellín: Editora Jurídica de Colombia.

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prestación insatisfecha. En esa medida el proceso ejecutivo no es el escenario
idóneo para cuestionar la validez de los actos que estructuran el título ejecutivo,
pues la legalidad de las decisiones de la administración no puede desvirtuarse sino
por los medios legalmente establecidos64.

Ahora bien, de conformidad con lo establecido en el artículo 48865 del Código de
Procedimiento Civil, son demandables ejecutivamente las obligaciones expresas,
claras y exigibles que consten en documentos provenientes del deudor o de su
causante y que constituyan plena prueba en su contra. Igualmente, aquéllas que
emanen de sentencias judiciales de condena, o de otras providencias judiciales que
tengan fuerza ejecutiva. También las providencias que, en los procesos ante esta
jurisdicción o la de policía, liquiden costas o señalen honorarios de auxiliares de la
justicia.

Con relación al concepto de título ejecutivo, este puede entenderse como el
documento o conjunto de documentos complementarios66 emitidos en favor de una
o de varias personas, en los que por mandato legal o judicial, o por acuerdo de
quienes lo suscriben67, consta una obligación, clara, expresa y exigible, que al
ofrecer certeza de su contenido y alcance, judicialmente puede exigirse la
satisfacción de las obligaciones en él contenidas, de manera que el obligado-
deudor pueda verse compelido a cumplir mediante la denominada acción ejecutiva.

La jurisprudencia de la Corporación, de manera uniforme y reiterada ha precisado
que la claridad, expresividad y exigibilidad son requisitos sustanciales -de fondo-
de los títulos ejecutivos y que, además de estos presupuestos, el documento o

64 Consejo de Estado, Sala Plena de la Sección Tercera de lo Contencioso Administrativo: sentencia del 30 de

julio de 2008, radicación 13001-23-31-000-2001-00447-02(28346) y auto de 7 de septiembre de 2010,
radicación 08001-23-31-000-2009-00019-02(IJ); Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera:
sentencia del 9 de marzo de 2020, radicación 85001-23-31-000-2009-00139-01(44458) y sentencia del 2 de
julio de 2021, radicación 25000-23-26-000-2002-00954-02(37759), entre otros.
65 “ARTÍCULO 488. TÍTULOS EJECUTIVOS. Pueden demandarse ejecutivamente las obligaciones expresas,

claras y exigibles que consten en documentos que provengan del deudor o de su causante y constituyan plena
prueba contra él, o las que emanen de una sentencia de condena proferida por juez o tribunal de cualquier
jurisdicción, o de otra providencia judicial que tenga fuerza ejecutiva conforme a la ley, o de las providencias
que en procesos contencioso - administrativos o de policía aprueben liquidación de costas o señalen honorarios
de auxiliares de la justicia.
La confesión hecha en el curso de un proceso no constituye título ejecutivo, pero sí la que conste en el
interrogatorio previsto en el artículo 294”.
66 Cfr. Velásquez Gómez, Juan Guillermo. Los procesos ejecutivos. Medellín: Editora Jurídica de Colombia.
67 Velásquez Gómez, Juan Guillermo. Los procesos ejecutivos y medidas cautelares. Medellín: Editorial Librería

Jurídica Sánchez R Ltda. Citado por Rodríguez Tamayo, Mauricio Fernando. La acción ejecutiva ante la
jurisdicción administrativa. Medellín: Editorial Jurídica Sánchez.

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conjunto de documentos que dan cuenta de la obligación deben reunir dos
condiciones formales: i) su autenticidad y ii) la circunstancia de provenir del deudor
o de su causante, o de una sentencia judicial condenatoria, o de cualquier otra
providencia judicial que tenga fuerza ejecutiva68.

En otras palabras, los títulos ejecutivos deben reunir unos requisitos de forma y
otros de fondo. Los primeros, consisten en que los documentos que dan cuenta de
la existencia de la obligación sean auténticos y provengan del deudor o de su
causante, de una sentencia de condena proferida por una autoridad competente
conforme a la ley, por ejemplo, un juez o un árbitro, de un acto administrativo
ejecutoriado o de cualquier otra providencia judicial con fuerza ejecutiva. Por su
parte, los segundos se traducen en que en los documentos que sirven de base para
la ejecución aparezcan a favor del ejecutante y a cargo del ejecutado obligaciones
claras, expresas y exigibles69.

A su turno, con relación a los requisitos de fondo, de tiempo atrás la jurisprudencia
de esta Corporación ha sostenido que la obligación debe entenderse expresa
cuando aparece manifiesta en la redacción del título, es decir, que en el documento
que la contiene debe estar declarada expresamente de forma nítida y sin que para
tal efecto se deba acudir a interpretaciones o elucubraciones. La obligación es clara
cuando aparece determinada en el título, de modo que resulta fácilmente inteligible
y se entiende en un solo sentido. Finalmente, la obligación es exigible cuando
puede demandarse su cumplimiento al no estar pendiente de un plazo o una
condición. En otras palabras, la exigibilidad se debe a que la obligación debía
cumplirse dentro de cierto término ya vencido, o cuando ocurriera una condición ya
acontecida, o para la cual no se señaló término pero cuyo cumplimiento sólo podía

68 Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia del 10 de abril de 2003, Expediente 23.589; Sentencia

del 11 de noviembre de 2009, Expediente 18.459; sentencia del 18 de marzo de 2010, exp. 22.339; auto del
31 de enero de 2008 -exp. 34.201; sentencia del 14 de mayo de 2014; Rad.:25000-23-26-000-1999-02657-
02(33586);
69 Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, Auto del 19 de julio de 2017. Rad.: 25000-23-36-000-2016-

01041-01(58341), Sentencia del 23 de marzo de 2017. Rad.: 53819 y Sentencia del 14 de mayo de 2014. Rad.:
33586, entre otras. En esta última sentencia se sostuvo que, “[…] la jurisprudencia ha señalado que los títulos
ejecutivos deben gozar de ciertas condiciones formales y sustantivas esenciales. Las formales consisten en que
el documento o conjunto de documentos que den cuenta de la existencia de la obligación sean auténticos y
emanen del deudor o de su causante, de una sentencia de condena proferida por el juez o el Tribunal de
cualquier jurisdicción, de un acto administrativo debidamente ejecutoriado o de otra providencia judicial que
tuviere fuerza ejecutiva conforma a la ley […] Las condiciones sustanciales se traducen en que las obligaciones
que se acrediten a favor del ejecutante o de su causante y a cargo del ejecutado o del causante, sean claras,
expresas y exigibles”.

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hacerse dentro de cierto tiempo que ya transcurrió, y la que es pura y simple por no
haberse sometido a plazo ni condición, previo requerimiento70.

Por lo demás, el título ejecutivo puede ser singular, es decir, estar contenido o
constituido por un solo documento, como sería el caso de un título valor. De igual
manera el título puede ser complejo, esto es, que se encuentra integrado por un
conjunto de documentos, como ocurre por ejemplo con un contrato y las
constancias de incumplimiento, el cobro de las garantías, etc., contenidas en
documentos diferentes. En todo caso, los documentos que se alleguen con la
demanda para constituir un título ejecutivo de esta naturaleza deben valorarse en
su conjunto, con miras a establecer si, conjuntamente, constituyen prueba idónea
de la existencia de una obligación clara, expresa y exigible a favor del ejecutante.

8.2. Autenticidad de los documentos que integran el título ejecutivo
contractual

La autenticidad corresponde a uno de los atributos de la prueba documental y
consiste, tal como lo ha precisado la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia, en
“la certeza que debe tener el juzgador respecto de la persona a quien se le atribuye
la autoría del documento, certidumbre que alcanzará en la medida que se
encuentre en alguna de las hipótesis específicamente previstas por el
ordenamiento (artículos 252 y 276 del Código de Procedimiento Civil, entre otros)”71

Ahora bien, en lo atinente al requisito de forma del título ejecutivo contractual
consistente en la autenticidad del documento o documentos que dan cuenta de la
existencia de la obligación, es menester señalar que para los efectos del juicio
ejecutivo contractual que se adelanta ante la jurisdicción contenciosa y de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 25372 y 25473 del Código de

70 Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia 25 de enero de 2007. Rad.: 32217.
71 Cfr. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, Sentencia del 16 de diciembre de 2006, Exp. 01074-

01.
72“Art. 253.- Modificado. Decreto 2282 de 1989, Art. 1. Num. 116. Aportación de documentos. Los documentos

se aportarán al proceso originales o en copia. Esta podrá consistir en transcripción o reproducción mecánica
del documento.”
73 “Art. 254.- Modificado. Decreto 2282 de 1989, Art. 1. Num. 117. Valor probatorio de las copias. Las copias

tendrán el mismo valor probatorio del original, en los siguientes casos:
1. Cuando hayan sido autorizadas por notario, director de oficina administrativa o de policía, o secretario de
oficina judicial, previa orden del juez, donde se encuentre el original o una copia autenticada.

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Procedimiento Civil, esta exigencia se satisface cuando los documentos que
integran el título ejecutivo son aportados al proceso en original o copia auténtica74.

En efecto, la ley procesal civil prevé que la aportación de documentos se hará en
original o en copia -art. 253 y que el valor probatorio de las copias, según términos
del artículo 254 ejusdem, será el mismo del original: (i) cuando haya sido autorizada
por notario, director de oficina administrativa o de policía, o secretario de oficina
judicial, previa orden del juez donde se encuentre el original o una copia
autenticada; (ii) cuando sean autenticadas por notario, previo cotejo con el original
o la copia autenticada que se le presente; y (iii) cuando sean compulsadas del
original o de copia autenticada en el curso de una inspección judicial, salvo que la
ley disponga otra cosa.

En este sentido, la Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado en
sentencia de unificación del 28 de agosto de 201375 sostuvo que, si bien se podrían
valorar las copias simples que no fueron tachadas de falsedad por alguna de las
partes, tratándose de procesos ejecutivos era menester aportar el título ejecutivo
con los requisitos establecidos en la ley, esto es, el original o la copia auténtica. En
efecto, en esta providencia la Corporación sostuvo:

“[…] Debe precisarse que la copia simple de las pruebas que componen el acervo
del proceso penal, en especial las diligencias adelantadas por las demandadas,
pueden ser valoradas toda vez que los medios probatorios obrantes fueron
practicados con audiencia de la demandada, y solicitados como prueba traslada por
la parte demandante, petición que fue coadyuvada por las demandadas, surtiéndose
así el principio de contradicción […] En consideración a lo anterior y a pesar de que
no se cumplió con el requisito de autenticación de la copia previsto en el artículo 254

2. Cuando sean autenticadas por notario, previo cotejo con el original o la copia autenticada que se le presente.
3. Cuando sean compulsadas del original o de copia autenticada en el curso de inspección judicial, salvo que
la ley disponga otra cosa.”
74Es del caso precisar que la procedencia de los títulos es diversa –hay títulos ejecutivos judiciales y

contractuales- y también se distinguen los títulos valores del universo de los títulos ejecutivos. El original y la
copia auténtica, por su parte, difieren en su admisión para la aportación, siempre que se trate de los títulos
ejecutivos judiciales o contractuales. El autor Mauricio Fernando Rodríguez Tamayo explica, en forma
detallada, la validez probatoria del título en consideración a su fuente, sobre lo cual sostiene: “Los contratos
estatales, los acuerdos de modificación al contrato, los actos administrativos, las constancias de notificación,
las pólizas de cumplimiento y los certificados de registro presupuestal, si no se aportan en original, el C.P.C.
les otorga el mismo valor probatorio del documento original y por tanto prestarán mérito ejecutivo de acuerdo
con lo dispuesto en el artículo 254, siempre y cuando: 1) hayan sido autorizados por notario, director de oficina
administrativa o de policía o secretario de oficina judicial, previa orden del juez donde se encuentre el original
o copia auténtica; 2) sean autenticadas por notario, previo cotejo con el original o la copia auténtica que se le
presente, y 3) sean compulsadas del original o copia autenticada en el curso de la inspección judicial, salvo
que la ley disponga otra cosa […]”. Rodríguez, Mauricio, “La Acción Ejecutiva ante la Jurisdicción
Administrativa”, 6ª Edición, 2021. Capítulo IV “Aspectos Probatorios, 2. Títulos ejecutivos contractuales”, pág.
392.
75 Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia de Unificación del 28 de agosto de 2013. Rad.: 25022.

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de la ley procesal civil, la Sala considera en esta oportunidad, en aras de la
prevalencia del derecho sustancial sobre el formal y de la garantía del derecho de
acceso a la justicia consagrado en los artículos 228 y 229 de la Constitución Política,
que no pueden aplicarse las formas procesales con excesivo rigorismo y en forma
restrictiva, con el fin de desconocer lo que las mismas partes no han hecho y ni
siquiera han discutido durante el proceso, como lo es la autenticidad del documento
aportado por la parte actora en copia simple […] lo anterior, no significa en modo
alguno, que se desconozca la existencia de procesos en los cuales, para su
admisión y trámite, es totalmente pertinente el original o la copia auténtica del
documento respectivo público o privado. En efecto, existirán escenarios –como los
procesos ejecutivos– en los cuales será indispensable que el demandante aporte el
título ejecutivo con los requisitos establecidos en la ley (v.gr. el original de la factura
comercial, el original o la copia auténtica del acta de liquidación bilateral, el título
valor etc.). Por consiguiente, el criterio jurisprudencial que se prohíja en esta
providencia, está relacionado específicamente con los procesos ordinarios
contencioso administrativos”. (énfasis añadido)

La anterior tesis fue reiterada por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo en
sentencia de unificación del 30 de septiembre de 201476 y en el mismo sentido
también se ha pronunciado en numerosas ocasiones la Sección Tercera de esta
Corporación77, señalando, en suma, que tratándose de títulos ejecutivos
contractuales complejos la parte ejecutante debe cumplir con el requisito de
autenticidad para efectos de que los documentos que aporte constituyan título
ejecutivo en contra del deudor, precisando que es necesario que los mismos sean
allegados al proceso en original o copia auténtica78.

76 Cfr. Consejo de Estado, Sala Plena. Sentencia de Unificación del 30 de septiembre de 2014. Rad.: 11001-
03-15-000-2007-01081-00 (REV).
77 Al respecto, la Sección Tercera en sentencia del 18 de mayo de 2017. Rad.: 53240, en la que se examinó

una ejecución derivada de un título ejecutivo contractual complejo, concluyó que: “[…] el citado acuerdo sí debía
allegarse en original o en copia auténtica ya que hace parte integral del título ejecutivo complejo objeto de
análisis […] Ahora, cabe advertir que esta Corporación ha establecido que todos los documentos que
constituyan título ejecutivo deben ser aportados al plenario en original o en copia auténtica”. En el mismo sentido
véase: Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencias del 26 de marzo de 2018, Rad.: 58701; Sentencia del
14 de mayo de 2014, Expediente 33.586; Sentencia del 26 de agosto de 2015. Rad.: 51635; Sentencia del 10
de noviembre de 2016. Rad.: 56950; Auto del 9 de diciembre de 2013, Exp 47487; Auto del 21 de julio de 2016,
Expediente 56.985 entre otras.
78Sobre el particular, el tratadista Mauricio Fernández Rodríguez Tamayo, refiriéndose al título ejecutivo

contractual que se pretende hacer valer en un proceso ejecutivo ante la Jurisdicción de lo Contencioso
Administrativo expresa lo siguiente:
“Concretamente, en lo atinente con la autenticidad, para los efectos del juicio ejecutivo que se tramita ante la
justicia administrativa, dicho requisito solo se satisface cuando los documentos que integran el título ejecutivo,
se aporten en original o en copia auténtica, aún en vigencia del las nuevas previsiones del Código General del
Proceso […] De esta forma, los títulos de recaudo que se cobren por la vía del medio de control ejecutivo,
obligatoriamente deben aportarse en original y en copia auténtica, tal y como lo precisó la Sala Plena de la
Sección Tercera del Consejo de Estado […] los documentos que integren un título ejecutivo de carácter estatal,
en vigencia del C.G.P., también deben acompañarse en original o en copia auténtica, pues opera la misma
regla procesal del anterior C.P.C.. Esta tesis, se reitera, resulta avalada por el Pleno de la Sección Tercera del
Consejo de Estado. Y no es para menos, porque más que darle prevalencia a las formas lo que está de por
medio, no hay dudas, es el patrimonio público y por tanto los documentos deben satisfacer con unas exigencias
mínimas de autenticidad y más aún cuando de ellos se trate de derivar la existencia de un título ejecutivo”.
(Negrillas fuera de texto) Rodríguez, Mauricio, “La Acción Ejecutiva ante la Jurisdicción Administrativa”, 6ª
Edición, 2021. Capítulo IV “Aspectos Probatorios, 2. Títulos ejecutivos contractuales”. Págs. 395 y 396.

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8.3. Análisis de la Sala

8.3.1. Primer problema jurídico: la obligación contenida en los documentos que
la parte demandante pretende hacer valer como título ejecutivo no es exigible

En el recurso de apelación interpuesto por la Empresa contra la sentencia de
primera instancia, la recurrente sostuvo que los documentos aportados con la
demanda constituyen un título ejecutivo del cual emana una obligación que, además
de ser clara y expresa, es exigible.

8.3.1.1. Al respecto, la recurrente empezó por señalar que, en contravía de lo
afirmado por el tribunal, en el presente caso dicho requisito formal no se derivaba
de la garantía única de cumplimiento, sino del acto administrativo que declara la
ocurrencia del siniestro. En ese sentido, agregó que, para proceder a dicha
declaratoria, a la entidad le bastaba con acreditar la configuración del siniestro y la
cuantía de la pérdida, aspecto que, a su juicio, no fue advertido por el a quo.

Sobre este particular, llama la atención de la Sala el planteamiento formulado por la
parte actora, según el cual el requisito formal de la exigibilidad de la obligación no
puede ser examinado a partir de las previsiones consignadas, entre otros, en la
garantía de cumplimiento, sino de manera exclusiva desde el acto administrativo
que declara la ocurrencia del siniestro, máxime si se tiene en cuenta que la
demandante acudió al presente litigio con el propósito de hacer efectiva una
obligación contenida en un título ejecutivo complejo.

En efecto, la Empresa solicitó librar mandamiento de pago en contra de la Compañía
de Seguros con fundamento en los siguientes documentos: (i) las Resoluciones
Nos. 0453 del 2 de noviembre de 2010 y 035 del 3 de febrero de 2011; (ii) el contrato
de obra No. 026 de 2006; y (iii) la garantía única de cumplimiento No. 8001008030
y su certificado No. 5 -mediante el cual se incrementó la cobertura del amparo de
cumplimiento-, los cuales, en su conjunto, conforman el título ejecutivo invocado y
deben ser examinados de manera integral para efectos de establecer la exigibilidad
de la obligación reclamada.

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En ese contexto, no resulta comprensible que la parte demandante pretenda que se
analice la exigibilidad de la obligación de forma aislada, circunscribiéndola
únicamente a lo resuelto en el acto administrativo que declara la ocurrencia del
siniestro, y prescindiendo de los demás documentos que, según ella misma,
integran el título ejecutivo cuya efectividad se persigue en el proceso judicial que
nos ocupa.

A juicio de la Sala, la parte actora incurre en una confusión entre el título base de la
acción, que en el caso concreto corresponde a un título ejecutivo complejo, y la
facultad de la Administración de declarar la ocurrencia del siniestro79. Aunque el
acto administrativo por medio del cual se declara la ocurrencia del siniestro
constituye un elemento relevante dentro de la estructura del título, ello no releva al
juez del deber de examinar de manera integral los demás componentes que lo
conforman, entre ellos y como expresamente lo manifestó la parte demandante, la
garantía de cumplimiento, con el fin de verificar a partir del examen conjunto de los
mismos, por tratarse, precisamente, de un título ejecutivo complejo, la concurrencia
del requisito de exigibilidad de la obligación.

Bajo el anterior contexto, al fundarse en una comprensión errónea del alcance y de
los elementos que integran el título ejecutivo complejo, se estima que el argumento
propuesto por la parte recurrente no desvirtúa las consideraciones expuestas por el
tribunal, por lo que no tiene la vocación de prosperar.

8.3.1.2. De otra parte, la recurrente sostuvo que la garantía de cumplimiento
aportada al proceso -obrante a folios 246 a 249 del cuaderno No. 2- tenía una
vigencia comprendida entre el 19 de abril de 2006 y el 19 de junio de 2012,
circunstancia que, a su juicio, permite concluir que la misma se encontraba vigente
para la fecha de ocurrencia del siniestro de cumplimiento, de tal suerte que la
obligación es exigible.

79 A diferencia de los particulares o beneficiarios del seguro, la Administración cuenta con la facultad de declarar

la ocurrencia del siniestro mediante un acto administrativo debidamente motivado, dotado de fuerza ejecutiva y
ejecutoria -susceptible de ser impugnado en sede administrativa o controvertido judicialmente por el contratista
o la aseguradora.

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Con el fin de asegurar el cumplimiento total y oportuno del objeto contratado y
proteger el patrimonio público80, el legislador determinó que es deber de los
contratistas, salvo las excepciones consagradas en la ley, constituir a favor de las
entidades contratantes garantías de cumplimiento -pólizas, garantías bancarias
etc.-, con el fin de trasladar a un tercero la obligación de concurrir al pago de la
respectiva indemnización de perjuicios, en caso de que se produzca el
incumplimiento de las prestaciones a cargo de aquellos81, de conformidad con lo
establecido en el artículo 7 de la Ley 1150 de 2011.

Estas garantías deben amparar los riesgos derivados del incumplimiento
contractual, entre ellos, el buen manejo y correcta inversión del anticipo, el
cumplimiento del contrato y el pago de salarios y prestaciones sociales. En este
sentido, y de conformidad con la jurisprudencia reiterada de esta Sección 82, para
que surja la obligación de indemnizar a cargo de la aseguradora es indispensable
que el siniestro ocurra dentro del término de vigencia del amparo cubierto por la
póliza.

Bajo este entendido, la Sala entrará a determinar si los documentos incorporados
como prueba al proceso, particularmente aquellos inherentes a la garantía única de
cumplimiento No. 8001008030 y a los actos administrativos mediante los cuales se
declaró la ocurrencia del siniestro de “incumplimiento” por parte del Empresa,
reúnen los requisitos de forma previstos en el artículo 488 del CPC, puntualmente
si contienen una obligación exigible en contra de la Compañía de Seguros.

Al respecto, en el proceso se encuentra acreditado que la Compañía de Seguros
expidió la garantía única de cumplimiento No. 8001008030, en la cual figura como
tomador el Consorcio P&P Licorera y como beneficiaria la Empresa de Licores de
Cundinamarca (hecho probado 7.16). En la garantía se dispuso la cobertura de los
siguientes amparos:

80 Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 22 de abril de 2009. Rad.: 14667.
81 Cfr. Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia del 28 de noviembre de 2019. Rad.: 36600
82 Cfr. Consejo de Estado, Sección Primera. Sentencia del 11 de julio de 2002. Rad.: 7255. Reiterada por la

Sección Tercera del Consejo de Estado en sentencia del 23 de junio de 2010, Rad.: 16494.

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Valor Vigencia Vigencia
Amparos
Asegurado desde hasta
Cumplimiento $4.000.000.000 19/04/2006 19/12/2007
Anticipo $10.000.000.000 19/04/2006 19/06/2008
Pago de salarios, prestaciones
$4.000.000.000 19/04/2006 19/06/2010
sociales e indemnizaciones
Estabilidad de la obra $4.000.000.000 19/06/2007 19/06/2012
Calidad de los bienes o
$400.000.000 19/06/2007 19/06/2009
servicios

A su turno, se encuentra probado que la Compañía de Seguros introdujo una
modificación a la garantía única de cumplimiento No. 8001008030, en virtud de la
cual se ajustaron los montos y condiciones de cobertura de los amparos, los cuales
quedaron establecidos en los siguientes términos (hecho probado 7.17.):

Valor Vigencia Vigencia
Amparos
Asegurado desde hasta
Cumplimiento $4.908.913.617 19/04/2006 6/06/2008
Anticipo $14.544.568.086 19/04/2006 6/12/2008
Pago de salarios,
prestaciones sociales e $4.908.913.617 19/04/2006 6/10/2010
indemnizaciones
Estabilidad de la obra $4.908.913.617 19/06/2007 19/06/2012
Calidad de los bienes o
$490.891.362 19/06/2007 04/12/2009
servicios

De otro lado, se probó que por medio de la Resolución No. 0453 del 2 de noviembre
de 2010 (hecho probado 7.18.), confirmada mediante la Resolución No. 035 del 3
de febrero de 2011 (hecho probado 7.19.), la Empresa, entre otros, declaró la
ocurrencia del siniestro de “incumplimiento contractual” e hizo efectiva la garantía
única de cumplimiento No. 8001008030 por valor de $4.908.913.617,09. Lo anterior,
bajo el entendido de que el Consorcio había incumplido el contrato, pues para la
fecha de entrega de la obra, esto es, para el 30 de abril de 2010, no había
satisfecho varias de las obligaciones a su cargo, particularmente en cuanto a: las
correcciones de obras solicitadas por la Empresa, la terminación y entrega de la
obra a satisfacción, el cuidado y mantenimiento de la obra hasta su entrega y la
entrega a tiempo y a satisfacción de los equipos contratados.

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Demandante: Empresa de Licores de Cundinamarca

A partir del marco probatorio expuesto, la Sala concluye que, contrario a lo
manifestado por la parte recurrente, en el presente caso la obligación que pretende
hacer valer no es exigible. En efecto, de los documentos aportados por la parte
demandante -que sirven de sustento para la conformación del título ejecutivo
complejo cuya efectividad se persigue en el presente proceso-, se advierte que la
garantía única de cumplimiento No. 8001008030, en lo que respecta
específicamente al amparo de cumplimiento, estuvo vigente entre el 19 de abril de
2006 y el 6 de junio de 2008 (hecho probado 7.17).

En ese orden, -y para los efectos del proceso ejecutivo que aquí nos ocupa- no cabe
duda de que la obligación a cargo de la Compañía de Seguros, derivada de la
mencionada garantía y circunscrita al amparo de cumplimiento, solo resultaba
exigible dentro de dicho período. Como el siniestro declarado por la entidad ocurrió
el 30 de abril de 2010, esto es, con posterioridad al término de vigencia antes
mencionado, se colige que la obligación no es exigible, de ahí que carezca del
requisito formal de la exigibilidad, tal y como lo indicaron el tribunal a quo en la
sentencia apelada, así como también por el Ministerio Público al rendir su concepto.

Ahora bien, frente al argumento esgrimido por la parte recurrente, conforme al cual
la garantía única de cumplimiento No. 8001008030 se encontraba vigente hasta el
19 de junio de 2012, resulta necesario precisar que dicha vigencia no cobija de
manera indiscriminada todos los amparos contenidos en la garantía. En efecto, de
la lectura de la póliza y su certificado se desprende que el término al que alude la
recurrente corresponde única y exclusivamente al amparo de estabilidad de la obra,
mas no al amparo de cumplimiento, cuyo período de cobertura había expirado con
anterioridad.

En consecuencia, no resulta admisible sostener que la obligación cuya ejecución se
persigue se torne exigible con fundamento en la vigencia de un amparo distinto al
que aseguraba el riesgo derivado del presunto incumplimiento contractual. Admitir
lo contrario supondría desconocer la naturaleza autónoma y delimitada de cada
amparo, así como los límites temporales que condicionan la obligación
indemnizatoria de la Compañía de Seguros, de ahí que la alegada vigencia hasta el

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año 2012 no resulte suficiente para estructurar el requisito de exigibilidad de la
obligación reclamada.

En este orden de ideas, la Sala concluye que la obligación reclamada por la parte
demandante, contenida en las Resoluciones Nos. 0453 del 2 de noviembre de 2010
y 035 del 3 de febrero de 2011, en el contrato de obra No. 026 de 2006, así como
en la garantía única de cumplimiento No. 8001008030 y su certificado No. 5 -
mediante el cual se incrementó la cobertura del amparo de cumplimiento-, no resulta
exigible, pues no se acreditó que el amparo de cumplimiento estuviera vigente para
el 30 de abril de 2010 -fecha en que ocurrió el siniestro declarado por la Empresa-.

Bajo este entendido, se estima que lo afirmado por la parte recurrente no se
encuentra acreditado y aunque el juez posee claras facultades oficiosas para
decretar pruebas y con ello auscultar algunos vacíos que en materia probatoria pudo
dejar una deficiente concepción de la prueba por el extremo procesal interesado y
de esta manera buscar la verdad material, dichas facultades deben utilizarse para
esclarecer las partes oscuras que puedan quedar en el proceso, pero no puede
esgrimirse para suplir la ritualidad probatoria que corresponde atender a las partes
desequilibrando la relación jurídico procesal entre ambos extremos; al juez
corresponde guardar la debida neutralidad en el transcurso del proceso, salvo que
se presenten o existan condiciones excepcionales que exijan a este hacer uso de
las atribuciones oficiosas en materia probatoria, las cuales en el caso concreto no
se advierten. En consecuencia, el cargo alegado no tiene la vocación de prosperar.

8.3.1.3. Finalmente, la recurrente puso de presente que el tribunal no podía entrar
a pronunciarse sobre los requisitos del título al proferir la sentencia de primera
instancia.

Sobre este particular, cabe señalar que, de conformidad lo establecido en el artículo
49783 del CPC, en concordancia con lo manifestado por esta Corporación84 así

83 “Artículo 497. Mandamiento Ejecutivo. Presentada la demanda con arreglo a la ley, acompañada de
documento que preste mérito ejecutivo, el juez librará mandamiento ordenando al demandado que cumpla la
obligación en la forma pedida si fuere procedente, o en la que aquél considere legal”.
Los requisitos formales del título ejecutivo solo podrán discutirse mediante recurso de reposición contra el
mandamiento de pago. Con posterioridad, no se admitirá ninguna controversia sobre los requisitos del título,
sin perjuicio del control oficioso de legalidad”. (Énfasis añadido)
84 Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 23 de octubre de 2020. Rad: 54114.

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como por la Corte Suprema de Justicia85, el juez de la ejecución se encuentra
facultado para entrar a revisar los requisitos del título ejecutivo sin importar la
instancia en la que se encuentre el proceso.

Bajo este contexto, aunque el tribunal, mediante providencia del 7 de marzo de 2012
y con fundamento los documentos aportados en la demanda ejecutiva, libró
mandamiento ejecutivo en contra de la Compañía de Seguros, al considerar en esa
oportunidad que se satisfacían los requisitos previstos en el artículo 488 del CPC,
dicha circunstancia no le impedía realizar el control oficioso del título ejecutivo al
momento de proferir la sentencia de primera instancia, como en efecto ocurrió. A
partir de lo anterior, se colige que el cargo alegado no tiene la vocación de
prosperidad.

8.3.2. Segundo problema jurídico: la condena en costas en primera instancia

En el escrito de apelación adhesiva allegado por la parte ejecutada, se cuestionó la
decisión adoptada por el tribunal en punto de la condena en costas. Al respecto, la
recurrente sostuvo que, al haber prosperado la excepción denominada “falta de
título ejecutivo”, procedía imponer condena en costas en contra de la parte
ejecutante. Además, añadió que no era cierto que el a quo hubiera examinado de
oficio los requisitos del título y que tampoco se valoró la conducta procesal de la
ejecutante, quien solicitó una medida cautelar que fue decretada y posteriormente
revocada, con fundamento en lo previsto en el numeral 10 del artículo 597 del CPC.

Sobre este particular, conviene precisar que, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 87 del CCA, modificado por la Ley 446 de 1998, al trámite de los procesos
ejecutivos derivados de contratos estatales que se adelanten ante esta Jurisdicción
“se aplicará la regulación del proceso ejecutivo singular de mayor cuantía contenida
en el Código de Procedimiento Civil”.

En concordancia con lo anterior, y según lo establecido en los literales b) y c) del
artículo 510 del CPC, modificado por la Ley 1395 de 2010 -vigente para la época de

85 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia del 13 de diciembre de 2013, expediente 2013-

0253-00.

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presentación de la demanda-, procede la condena en costas a favor del demandado
y en contra del demandante cuando prosperen las excepciones propuestas.

A partir de lo anterior, resulta claro que, tratándose de procesos ejecutivos
adelantados bajo la vigencia del CCA y derivados de contratos estatales, la condena
en costas se rige por un criterio objetivo, en tanto la simple prosperidad de las
excepciones habilita su imposición.

En el caso concreto, se observa que la parte ejecutada formuló una excepción que
denominó “falta de título ejecutivo”, la cual se sustentó en cuestionar la manera en
que la demandante identificó el título complejo que pretendía hacer valer, sin
controvertir de forma específica el cumplimiento de los requisitos formales del título
ejecutivo.

En ese contexto, se advierte que el tribunal en la sentencia de primera instancia dio
por terminado el proceso como consecuencia de una revisión oficiosa de la falta de
exigibilidad de la obligación como presupuesto formal del título ejecutivo complejo,
advirtiendo en tal sentido que, si bien la parte ejecutada había formulado la
expedición de “falta de título ejecutivo”, la misma carecía de un argumento puntual
y especifico que habilitara su estudio.

En consecuencia, no puede afirmarse que la excepción referida hubiese prosperado
en los términos señalados en la apelación, circunstancia que descarta la
procedencia de la condena en costas con fundamento en tal consideración, pues en
efecto la decisión adoptada por el a quo obedeció al análisis integral del título
ejecutivo complejo y a la constatación de la ausencia del requisito de exigibilidad de
la obligación.

Por otra parte, y en punto de la condena en costas con ocasión del levantamiento
de la medida cautelar, cabe señalar que el numeral 10 del artículo 597 del CPC
prevé que, cuando se levante el embargo o secuestro en los eventos allí señalados,
se condenará en costas y perjuicios a quien solicitó la medida, salvo acuerdo en
contrario, y que el auto que omita dicha condena será apelable en el efecto
devolutivo.

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A partir de lo anterior, resulta claro que la disposición normativa invocada como
sustento del cargo no es aplicable en esta instancia, en la medida en que no se trata
de un escenario en el que se esté resolviendo sobre el levantamiento de la medida
cautelar oportunamente decretada, razón por la cual el reproche formulado tampoco
está llamado a prosperar. En efecto, si la parte interesada estimaba procedente la
imposición de condenar en costas a la parte demandante con ocasión del
levantamiento de la medida cautelar, debió interponer el recurso correspondiente
contra el auto que así lo dispuso. Tal actuación no fue ejercida en su momento
procesal oportuno y, por ende, no puede ser suplida ni reabierta a través de la
apelación interpuesta contra la sentencia de primera instancia.

Por las razones expuestas, la Sala confirmará la sentencia del 19 de febrero de
2020, proferida por la Subsección C de la Sección Tercera del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, que: (i) declaró terminado el proceso porque el
título base del recaudo no contiene una obligación exigible, (ii) ordenó la entrega a
la parte ejecutada de la suma de $7.713.500.000 por concepto de un depósito
judicial; y (iii) se abstuvo de condenar en costas.

9. Condena en costas en segunda instancia

De conformidad con lo previsto en el artículo 87 del CCA, en armonía con lo
dispuesto en los numerales 1, 3 y 9 del artículo 392 del CPC, procede la condena
en costas a cargo de la parte a quien se le resuelva desfavorablemente el recurso
de apelación; asimismo, es procedente cuando se profiere sentencia de segunda
instancia que confirme en todas sus partes la decisión del inferior, siempre que en
el expediente aparezca acreditado que aquellas se causaron y en la medida de su
comprobación.

Bajo este contexto normativo, y comoquiera que en el presente asunto ambas partes
interpusieron recurso de apelación y ninguno de ellos prosperó, la Sala se abstendrá
de imponer condena en costas en segunda instancia. En efecto, una aplicación
estricta de la norma conduciría a imponerlas a cargo y a favor de cada recurrente,

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determinación que resultaría inocua, en cuanto se traduciría en una condena
recíproca entre las partes.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,

RESUELVE

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 19 de febrero de 2020, proferida por la
Subsección C de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
por las razones expuestas en esta providencia.

SEGUNDO: Sin condena en costas en segunda instancia.

TERCERO: En firme esta providencia ENVÍESE el expediente al Tribunal de origen
para lo de su cargo.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
NICOLÁS YEPES CORRALES
Presidente de la Sala

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
ADRIANA POLIDURA CASTILLO
Magistrada
Aclaración de voto

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
WILLIAM BARRERA MUÑOZ
Magistrado

VF/AC1

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