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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 50001-23-31-000-2011-00615-01

Alcance de la apelación: se entiende interpuesta en lo que resulte desfavorable de la parte que

Fecha
1 de junio de 2026
Consejero ponente
William Edgardo Barrera Muñoz

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 50001-23-31-000-2011-00615-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA DEL SERVICIO, ERROR JUDICIAL, ERROR JURISDICCIONAL Y DEFECTUOSO FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, atribuible a la entidad demandada, y que se configura o se materializa en las decisiones tardías del operador judicial pues al no darle cumplimiento a los términos procesales conforme lo ordena el mandato constitucional y legal está incurriendo en vías de hecho por defecto procedimental. 3-. Se Declare Administrativamente Responsable A LA NACIÓN, -RAMA JUDICIAL, DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL, por todos los daños y perjuicios, por la violación de derechos fundamentales como la vida y la integridad personal, la honra, el buen nombre, la dignidad, la familia y al trabajo, ocasionados a MONICA PATRICIA CASTAÑEDA GOMEZ y a su grupo familiar, daños antijurídicos a terceros que por lo tanto están en el deber de reparar, de conformidad a lo previsto en el artículo 90 del C.N. y la ley 270 de 1996, artículos 66, 68 y 69, Estatutaria de la 1 Se toma la fecha de reparto (ver SAMAI TA 0004 archivo:(“50001233100020110061500_ACT_INCORPORAEXPEDIENTEDIGITALIZADO” Cuaderno 04 Folio639: ante la falta de precisión de una fecha en la constancia de radicación. Demanda obrante e nS AMAI TA00001 archivo:(“50001233100020110061500_ACT_INCORPORAEXPEDIENTEDIGITALIZADO_608202040810pm”f olio2-49 Cuaderno 01); adición de la demanda SAMAI TA 0004 archivo:(“50001233100020110061500_ACT_INCORPORAEXPEDIENTEDIGITALIZADO” Cuaderno 04 Folios686-698 Cuaderno 04). 2 Radicación: 50001-23-31-000-2011-00615-01 (71.753) Demandante: Mónica Patricia Castañeda Gómez y otros Demandado: Nación- Rama Judicial- Dirección Ejecutiva de Administración Judicial. Administración de Justicia, que consagra expresamente los eventos de responsabilidad patrimonial, por actuaciones y omisiones de la Rama Judicial, el error judicial, el error jurisdiccional y al defectuoso funcionamiento de la administración de justicia.(…) Como fundamento fáctico se expuso que los hechos que dieron origen a la presente acción se relacionan con el proceso de interdicción judicial adelantado en favor de la señora Aura María Rodríguez de Castañeda (Q.E.P.D.), abuela de los […]

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 50001-23-31-000-2011-00615-01

Consejero ponente: William Edgardo Barrera Muñoz

1 de junio de 2026

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

CONSEJERO PONENTE: WILLIAM BARRERA MUÑOZ

Bogotá D.C., primero (1) de junio de dos mil veintiséis (2026)

Radicación: 50001-23-31-000-2011-00615-01 (71.753)
Demandante: Mónica Patricia Castañeda Gómez y otros
Demandado: Nación- Rama Judicial- Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial.
Proceso: Reparación directa

ALCANCE DE LA APELACIÓN - se entiende interpuesta en lo que resulte desfavorable de la parte que
interpone el recurso -art- 357 CPC-; PRINCIPIO DE CONGRUENCIA- el recurso de apelación no puede
extender la causa petendi a aspectos que no fuero cobijados por la demanda; DAÑO- concepto- DAÑO A LA
VIDA DE RELACIÓN – categoría en desuso- con el reconocimiento del daño a la salud y ACREDITACIÓN DEL
PERJUICIO MORAL- no se presume en los casos que se acredite un defectuoso funcionamiento de la
administración de justicia-.

Surtido el trámite de ley, sin que se observe causal de nulidad que invalide lo
actuado, procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte
demandante contra la sentencia del 26 de junio de 2024 proferida por el Tribunal
Administrativo de Meta, Sala de Decisión Escritural, mediante la cual se negaron las
pretensiones de la demanda.

SÍNTESIS DEL CASO

En un proceso judicial de interdicción promovido el 10 de diciembre de 2006 ante el
Juzgado Segundo de Familia de Villavicencio, en favor de la señora Aura María
Rodríguez de Castañeda (Q.E.P.D.), abuela de los demandantes, el despacho negó
reiteradamente la solicitud de interdicción provisoria, pese a que obraban
dictámenes médico-legales que acreditaban un cuadro de demencia crónica de vieja
data. Dicha decisión solo fue revocada por el Tribunal Superior del Distrito Judicial
de Villavicencio mediante providencia del 20 de agosto de 2009.

Radicación: 50001-23-31-000-2011-00615-01 (71.753)
Demandante: Mónica Patricia Castañeda Gómez y otros
Demandado: Nación- Rama Judicial- Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial.

De acuerdo con los demandantes la anterior dilación incidió directamente en el
proceso de simulación que cursaba ante el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de
Villavicencio, causándoles perjuicios derivados de la vulneración de sus derechos
fundamentales al acceso a la administración de justicia, al debido proceso y a la
dignidad humana.

ANTECEDENTES
La demanda

El 28 de octubre de 20111, Mónica Patricia Castañeda Gómez, en causa propia y
como apoderada de Luis Alejandro Castañeda Gómez y José Francisco Castañeda
Gómez, elevó demanda de reparación directa contra la Nación – Rama Judicial –
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, donde formuló las siguientes
pretensiones:

(…) Se Declare Administrativamente Responsable a LA NACIÓN, RAMA JUDICIAL,
DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL, a pagar a los aquí
demandantes, los perjuicios morales, materiales, daño relación vida o
indemnizaciones solicitadas en este capítulo, solicitados con base en los hechos,
pruebas y jurisprudencia, daños antijurídicos a terceros que por lo tanto están en el
deber de reparar, de conformidad a lo previsto en el artículo 90 del C.N. y la ley 270
de 1996 Estatutaria de la Administración de Justicia, que consagra expresamente los
eventos de responsabilidad patrimonial, por actuaciones y omisiones de la Rama
Judicial.

2-. Se Declare Administrativamente Responsable a LA NACIÓN, RAMA JUDICIAL,
DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL, por la FALLA DEL
SERVICIO, ERROR JUDICIAL, ERROR JURISDICCIONAL Y DEFECTUOSO
FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, atribuible a la entidad
demandada, y que se configura o se materializa en las decisiones tardías del
operador judicial pues al no darle cumplimiento a los términos procesales conforme
lo ordena el mandato constitucional y legal está incurriendo en vías de hecho por
defecto procedimental.

3-. Se Declare Administrativamente Responsable A LA NACIÓN, -RAMA JUDICIAL,
DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL, por todos los daños y
perjuicios, por la violación de derechos fundamentales como la vida y la integridad
personal, la honra, el buen nombre, la dignidad, la familia y al trabajo, ocasionados a
MONICA PATRICIA CASTAÑEDA GOMEZ y a su grupo familiar, daños antijurídicos
a terceros que por lo tanto están en el deber de reparar, de conformidad a lo previsto
en el artículo 90 del C.N. y la ley 270 de 1996, artículos 66, 68 y 69, Estatutaria de la

1 Se toma la fecha de reparto (ver SAMAI TA 0004
archivo:(“50001233100020110061500_ACT_INCORPORAEXPEDIENTEDIGITALIZADO” Cuaderno 04
Folio639: ante la falta de precisión de una fecha en la constancia de radicación. Demanda obrante e nS AMAI
TA00001
archivo:(“50001233100020110061500_ACT_INCORPORAEXPEDIENTEDIGITALIZADO_608202040810pm”f
olio2-49 Cuaderno 01); adición de la demanda SAMAI TA 0004
archivo:(“50001233100020110061500_ACT_INCORPORAEXPEDIENTEDIGITALIZADO” Cuaderno 04
Folios686-698 Cuaderno 04).

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Radicación: 50001-23-31-000-2011-00615-01 (71.753)
Demandante: Mónica Patricia Castañeda Gómez y otros
Demandado: Nación- Rama Judicial- Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial.

Administración de Justicia, que consagra expresamente los eventos de
responsabilidad patrimonial, por actuaciones y omisiones de la Rama Judicial, el error
judicial, el error jurisdiccional y al defectuoso funcionamiento de la administración de
justicia.(…)

Como fundamento fáctico se expuso que los hechos que dieron origen a la
presente acción se relacionan con el proceso de interdicción judicial adelantado en
favor de la señora Aura María Rodríguez de Castañeda (Q.E.P.D.), abuela de los
demandantes. El 10 de diciembre de 2006 se presentó demanda de interdicción
judicial por causa de demencia ante el Juzgado Segundo de Familia de
Villavicencio, solicitando como petición especial la declaratoria de interdicción
provisoria de conformidad con el artículo 659, numeral 6.º, y los artículos 535 y s.s.
del Código Civil.

Según lo relata la adición de la demanda, la señora Aura María Rodríguez de
Castañeda (Q.E.P.D.) representaba legalmente a la sociedad Inversiones
Castañeda Rodríguez CIA Ltda. la cual tenía la propiedad de dos bienes inmuebles.
De igual forma, en el patrimonio de la señora Rodríguez Castañeda, se
contemplaban 4 inmuebles y 29 cabezas de ganado, según lo aseverado en la
demanda.

Mediante auto del 2 de marzo de 2007, el juzgado admitió la demanda; no obstante,
negó la interdicción provisional con el argumento de que no existían elementos de
juicio suficientes para decretarla. Esta decisión se adoptó a pesar de que, desde el
inicio del proceso, reposaban en el expediente los dictámenes medicolegales N.º
112-SQ-2005, de 10 de noviembre de 2005, y N.º 117-SQ-2006, de 5 de septiembre
de 2006, ambos expedidos por el Instituto Nacional de Medicina Legal.

En tales valoraciones se concluyó que la señora Aura María Rodríguez de
Castañeda padecía un cuadro de demencia crónica de larga evolución y que,
incluso desde octubre de 2002, presentaba alteraciones de carácter fluctuante en
su capacidad para reconocer a otras personas y adoptar decisiones respecto de la
administración de sus bienes.

Durante el trámite del proceso, la parte actora solicitó de manera reiterada la
declaratoria de interdicción provisional —en los meses de julio y agosto de 2007,
agosto y octubre de 2008, así como en febrero y mayo de 2009—. No obstante, en

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Radicación: 50001-23-31-000-2011-00615-01 (71.753)
Demandante: Mónica Patricia Castañeda Gómez y otros
Demandado: Nación- Rama Judicial- Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial.

cada una de dichas oportunidades el despacho judicial negó la solicitud o guardó
silencio frente a la misma. Esta actuación fue calificada como dilatoria por el
Consejo Seccional de la Judicatura del Meta, que mediante la Resolución MSA 001
del 13 de enero de 2009 concluyó que el juzgador incurrió en un desempeño
contrario a los principios de oportunidad y eficacia que rigen la administración de
justicia.

Solo hasta el 20 de agosto de 2009, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Villavicencio, al resolver el recurso de apelación, revocó los autos mediante los
cuales se había negado la interdicción y decretó la interdicción provisional, decisión
que adquirió firmeza el 23 de septiembre de 2009.

Según la parte demandante, la omisión atribuida al operador judicial tuvo una
incidencia directa en el proceso de simulación que se adelantaba ante el Juzgado
Cuarto Civil del Circuito de Villavicencio (radicado N.º 50001-31-03-004-2003-
00212-01), instaurado con el fin de impugnar los negocios jurídicos celebrados por
la señora Aura María Rodríguez de Castañeda entre los años 1997 y 2004, período
durante el cual se alegó que se encontraba en estado de incapacidad mental. En
efecto, la falta de una declaratoria oportuna de interdicción provisional impidió
aportar dicha decisión como prueba sobreviniente de la incapacidad, circunstancia
que habría incidido en la desestimación de las pretensiones mediante sentencia del
12 de diciembre de 2007.

Asimismo, se sostuvo que la falla en la prestación del servicio de administración de
justicia permitió la disposición de los bienes de la causante sin mecanismos
efectivos de control por parte de terceros, generando perjuicios morales, materiales
y un daño a la vida de relación, cuya causa se atribuye a la vulneración de los
derechos fundamentales al acceso a la administración de justicia, al debido proceso
y a la dignidad humana.

Contestación de la Nación-Rama Judicial2

Por intermedio de apoderado judicial, mediante escrito radicado la parte demandada
solicitó negar todas y cada una de las pretensiones de la demanda, al considerar

2SAMAI TA 0004 archivo:(“50001233100020110061500_ACT_INCORPORAEXPEDIENTEDIGITALIZADO”
Cuaderno 04 Folios 714-720)

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Radicación: 50001-23-31-000-2011-00615-01 (71.753)
Demandante: Mónica Patricia Castañeda Gómez y otros
Demandado: Nación- Rama Judicial- Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial.

que los demandantes no sufrieron daño antijurídico alguno como consecuencia de
la actuación del Juzgado Segundo de Familia de Villavicencio.

Al respecto alegó que la negativa del Juzgado a decretar la interdicción provisoria
no causó el perjuicio reclamado, pues los contratos y actos mediante los cuales
Aura María Rodríguez de Castañeda enajenó los bienes inmuebles y semovientes
fueron celebrados entre 1997 y 2004, esto es, varios años antes de que se iniciara
el proceso de interdicción en 2006. De igual forma, sostuvo que la interdicción
provisoria tampoco podía constituirse como prueba idónea dentro del proceso de
simulación para acreditar que la señora Aura María Rodríguez de Castañeda
carecía de capacidad al momento de la celebración de los contratos, pues dicha
situación debía verificarse al momento del fallo del proceso civil, con independencia
de la medida cautelar de interdicción.

Asimismo, sostuvo que el daño invocado no cumplía con el requisito de certeza
exigido para su reconocimiento, en la medida en que el proceso de simulación no
había finalizado y su resultado podía eventualmente ser favorable a los
demandantes, lo cual impedía predicar la configuración de un perjuicio cierto.

Sentencia de primera instancia

Por sentencia del 26 de junio de 20243, el Tribunal Administrativo del Meta Sala de
Decisión Escritural No.3, negó las pretensiones de la demanda. Como problema
jurídico, estimó que debía establecerse si las demandadas incurrieron en un
defectuoso funcionamiento en la administración de justicia y/o un error jurisdiccional,

«(…) por la omisión del Juzgado Segundo de Familia de Villavicencio de resolver la
interdicción provisoria dentro del proceso de interdicción por demencia Radicado
500013110002-2006-00820-00, lo que le impidió acreditar la falta de capacidad
mental de la señora Aura María Rodríguez de Castañeda dentro del proceso de
simulación que se tramitaba ante el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de
Villavicencio? (…) »

En lo concerniente a la acreditación de la alegada falla del servicio imputada a los
operadores judiciales que conocieron del proceso de interdicción, el Tribunal
concluyó que se encontraba demostrado un defectuoso funcionamiento de la
administración de justicia. Ello, al advertir que el Juez Segundo de Familia de

3 SAMAI T.A. Indice 00045

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Radicación: 50001-23-31-000-2011-00615-01 (71.753)
Demandante: Mónica Patricia Castañeda Gómez y otros
Demandado: Nación- Rama Judicial- Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial.

Villavicencio negó de manera reiterada la solicitud de interdicción provisional, a
pesar de que desde la presentación de la demanda reposaban en el expediente
dictámenes del Instituto de Medicina Legal que daban cuenta de las alteraciones
cognitivas de la señora Aura María Rodríguez de Castañeda.

De igual forma, el Tribunal resaltó que el Consejo Seccional de la Judicatura del
Meta, en desarrollo del trámite de vigilancia administrativa, calificó dicha actuación
como contraria a los principios de oportunidad y eficacia que rigen la administración
de justicia. Asimismo, precisó que el Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Villavicencio, al resolver el recurso de apelación mediante providencia del 20 de
agosto de 2009, declaró la interdicción provisional que había sido negada de forma
reiterada e injustificada por el juez de primera instancia

En concreto, estimó el tribunal:

(…) Por las razones aquí expuestas la Sala considera que la entidad demandada
incurrió en un defectuoso funcionamiento de la administración de justicia por el
retardo injustificado en la adopción de una decisión judicial que de manera reiterada
solicitó la parte demandante dentro del proceso de interdicción por demencia que se
tramitó ante el Juzgado Segundo de Familia del Circuito de Villavicencio y que si
bien para el momento en el que se declaró la interdicción provisoria, esto es, 20 de
agosto de 2009, la presunta interdicta ya había fallecido. (…)

No obstante, en relación con la acreditación del daño, el Tribunal concluyó que no
se demostró el perjuicio alegado, consistente en la imposibilidad de hacer valer la
prueba de interdicción dentro del proceso de simulación. Para sustentar dicha
conclusión, señaló que las actuaciones surtidas en ese proceso no fueron allegadas
al expediente.

Adicionalmente, precisó que, de acuerdo con la información consultada en el
aplicativo «Consulta Nacional Unificada» de la Rama Judicial, la sentencia proferida
dentro del proceso de simulación fue declarada nula por el Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Villavicencio mediante providencia del 8 de agosto de 2014.
Indicó, asimismo, que la decisión de reemplazo, dictada el 13 de marzo de 2024, no
se encontraba ejecutoriada al momento de dictarse la sentencia, toda vez que la
parte demandante había interpuesto recurso de apelación.

A lo anterior agregó el Tribunal que tampoco existía nexo causal entre la demora
judicial y los negocios jurídicos sobre los cuales versaban las pretensiones, por

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Radicación: 50001-23-31-000-2011-00615-01 (71.753)
Demandante: Mónica Patricia Castañeda Gómez y otros
Demandado: Nación- Rama Judicial- Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial.

cuanto las transferencias de los bienes inmuebles y de los semovientes habían sido
celebradas con anterioridad al inicio del proceso de interdicción. En consecuencia,
la interdicción provisoria —de haber sido oportunamente decretada— solo habría
producido efectos hacia el futuro, sin invalidar ipso iure los actos ya perfeccionados.

Adicionalmente, el Tribunal señaló que los demandantes disponían de otros
mecanismos procesales idóneos para la protección de su posición jurídica, como la
solicitud de suspensión del proceso de simulación por prejudicialidad o la promoción
de la nulidad absoluta por incapacidad, herramientas a las cuales no acudieron
oportunamente. Igualmente, destacó que en el proceso declarativo tampoco se
solicitó la inscripción de la demanda como medida cautelar, pese a su potencial
incidencia en la protección de los derechos invocados.

En la medida en que no existía una decisión en firme dentro del proceso de
simulación que materializara el resultado adverso invocado, el Tribunal concluyó
que el daño alegado no cumplía con el requisito de certeza necesario para su
reconocimiento. Finalmente, el a quo estimó que en el caso concreto no se debía
reconocer ninguna de las pretensiones solicitadas en la demanda al no demostrarse
que (…) el anormal funcionamiento del aparato judicial haya sido la causa directa
por la que se negaron las pretensiones de la demanda dentro del proceso de
simulación adelantado (…)4.

Recurso de apelación5

Dentro del término procesal oportuno, la apoderada de la parte actora interpuso
recurso de apelación contra la sentencia del 26 de junio de 2024 y solicitó su
revocación para que, en su lugar, se accediera a la totalidad de las pretensiones de

4 In extenso, la decisión preceptuó: (…) Entonces, adicionalmente a lo indicado respecto de que no existe un

daño cierto respecto de la imposibilidad que tuvieron los demandados de hacer valer la prueba de interdicción
en el proceso de simulación, toda vez que la providencia no está en firme y dado el carácter de prueba
sobreviniente era posible su incorporación al mismo, debe indicarse que tampoco existe un nexo casal entre la
demora constada por esta Sala en el actuar del Juez de decretar la interdicción provisional y la celebración de
los negocios jurídicos cuestionados, pues la citada medida no tenía une efecto directo sobre los mismos, al
haber sido celebrados con anterioridad, correspondiendo a los demandantes haberlos impugnarlos.
De acuerdo con lo anterior, se negarán las pretensiones de la demanda al no haberse acreditado el daño
alegado, como consecuencia del defectuoso funcionamiento de la administración de justicia; pues, a pesar que
para la Sala la actuación del Juez Segundo de Familia de Villavicencio no se ajustó los deberes que le impone
la judicatura, no se encuentra demostrado en el plenario que el anormal funcionamiento del aparato judicial
haya sido la causa directa por la que se negaron las pretensiones de la demanda dentro del proceso de
simulación adelantado por los demandantes en contra de las señoras Aura María Rodríguez de Castañeda y
Nancy Castañeda de Martín dentro del radicado No. 50001315300420030021200.(…)».
5 Indice 00069 SAMAI TA.

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Radicación: 50001-23-31-000-2011-00615-01 (71.753)
Demandante: Mónica Patricia Castañeda Gómez y otros
Demandado: Nación- Rama Judicial- Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial.

la demanda.

La apelante cuestionó la sentencia desde dos perspectivas. En primer lugar, sostuvo
que el fallo presenta una contradicción interna, en la medida en que el Tribunal dio
por acreditado que el Juez Segundo de Familia de Villavicencio negó de forma
caprichosa la interdicción provisional, a pesar de contar con dictámenes del Instituto
de Medicina Legal que la sustentaban. Dicha actuación fue calificada por el Consejo
Seccional de la Judicatura del Meta como contraria a los principios de oportunidad
y eficacia de la administración de justicia, y posteriormente fue revocada por el
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Villavicencio al decretar la medida en
agosto de 2009.

No obstante, lo anterior, la recurrente advirtió que, aun habiéndose configurado una
falla del servicio, el juez de primera instancia negó cualquier forma de reparación,
decisión que, en su criterio, desconoce lo dispuesto en el artículo 90 de la
Constitución Política y en los artículos 1, 4, 7 y 9 de la Ley 270 de 1996.

De otro lado, sostuvo que la omisión de los operadores judiciales que conocieron
del proceso de interdicción privó a la señora Aura María Rodríguez de Castañeda
del curador provisorio y de las medidas de protección personal que el numeral 6 del
artículo 659 del Código de Procedimiento Civil ordenaba decretar, en
desconocimiento del deber constitucional de protección especial a las personas en
situación de debilidad manifiesta (artículo 13 de la Constitución Política). Como
consecuencia de ello, señaló que la mencionada señora falleció sin haber recibido
la atención que su estado requería, situación que también afectó a los
demandantes.

Además, la conducta omisiva del Estado causó a los demandantes perjuicios
morales y daños a la vida de relación cuya certeza no depende del desenlace del
litigio civil, pues tienen como fuente directa la vulneración de sus derechos
fundamentales al acceso a la administración de justicia, al debido proceso y a la
dignidad humana.

Trámite en la segunda instancia

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Radicación: 50001-23-31-000-2011-00615-01 (71.753)
Demandante: Mónica Patricia Castañeda Gómez y otros
Demandado: Nación- Rama Judicial- Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial.

El 6 de agosto de 2024 el tribunal concedió el recurso de apelación6 y el 14 de
noviembre de 2024 este fue admitido7. Por auto del 3 de febrero de 20258 se dio
traslado a las partes para alegar de conclusión. En dicha oportunidad, la parte
demandante allegó escrito de alegatos de conclusión, la demandada guardó silencio
y el Ministerio Público, solicitó el traslado previsto en el artículo 210 del CCA y luego
allegó su concepto.

En el transcurso de la segunda instancia, se allegó la cesión de derechos litigiosos
de la parte demandante, el señor Luis Alejandro Castañeda, a favor de la señora
María del Rosario Rodríguez Manjarrez, de la cual se dio traslado a la parte
demandada por auto del 12 de diciembre de 20259. Por último, por auto del 23 de
febrero de 202610, se admitió la referida cesión de derechos litigiosos y se tuvo a la
señora María del Rosario como litisconsorte cuasinecesario de la parte
demandante.

Alegatos de conclusión

En el caso de la parte demandante11 insistió en afirmar que estaba acreditado el
defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, ante la actuación
negligente y omisiva, en el trámite de la interdicción provisoria en favor de la señora
Rodríguez Castañeda. Adujo que las anteriores circunstancias le generaron
congoja, aflicción y dolor a los integrantes de la parte actora, así como la destrucción
de un patrimonio familiar.

El Ministerio Público12 solicitó confirmar la sentencia de primera instancia. Estimó
que, si bien el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia quedó
acreditado, no se demostró la existencia de un daño antijurídico cierto, pues ninguna
de las providencias del proceso de simulación se encuentra ejecutoriada –la de
2007 fue declarada nula y la de reemplazo de 2024 está siendo apelada–, y tampoco
existe nexo causal entre la demora judicial y la enajenación de los bienes, habida
cuenta de que los negocios jurídicos cuestionados se celebraron entre 1997 y 2004,

6 Indice SAMAI 0049 TA.
7 Índice SAMAI 0006.
8 Indice SAMAI 00013.
9 Indice SAMAI 00026.
10 Indice SAMAI 00033.
11 Indice SAMAI 00018-00022.
12 Indice SAMAI 00024.

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Radicación: 50001-23-31-000-2011-00615-01 (71.753)
Demandante: Mónica Patricia Castañeda Gómez y otros
Demandado: Nación- Rama Judicial- Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial.

con anterioridad al inicio del proceso de interdicción. Además, sugirió condenar en
costas a la parte demandante por considerar que la apelación refleja temeridad, al
pretender activar el aparato judicial sin respaldo probatorio suficiente.

CONSIDERACIONES

1. La demanda se presentó 28 de octubre de 2011; por lo tanto, el régimen
aplicable es el Código Contencioso Administrativo –en adelante CCA–. Conforme
al artículo 266 del C.C.A., en los procesos iniciados antes de la vigencia de ese
código, los recursos interpuestos, los términos que comenzaron a correr y las
notificaciones en curso, se rigen por la ley vigente al momento de esas
actuaciones.

2. Por su parte, el artículo 308 del Código de Procedimiento Administrativo y
de lo Contencioso Administrativo (en adelante, CPACA) –que empezó a regir
desde el 2 de julio de 2012– prevé que las actuaciones administrativas, las
demandas y procesos que se encontraran en curso a la fecha de su entrada en
vigor, seguirían rigiéndose y culminarían conforme al régimen jurídico anterior, esto
es, el CCA. Adicionalmente, conforme al artículo 267 del CCA, en los aspectos no
regulados se seguiría el Código de Procedimiento Civil (en adelante, CPC) en lo
compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a la
jurisdicción de lo contencioso-administrativo.

I. Presupuestos procesales

Jurisdicción y competencia

3. Esta Sala de decisión resulta competente, pronunciarse sobre el recurso de
apelación interpuesto contra la sentencia del 26 de junio de 2024 proferida por el
Tribunal Administrativo del Meta, Sala de Decisión Escritural No.3, en razón de la
naturaleza del asunto. Ello atendiendo que, en virtud del artículo 73 de la Ley 270
de 1996 y las consideraciones de la Sala Plena del Consejo de Estado en auto de
9 de septiembre de 200813, la competencia para conocer de las acciones de
reparación directa que se instauren por error jurisdiccional, privación injusta de la

13 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Auto del 9 de septiembre de 2008 expediente:

11001-03-26-000-2008-00009-00. C.P. Mauricio Fajardo Gómez.

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Radicación: 50001-23-31-000-2011-00615-01 (71.753)
Demandante: Mónica Patricia Castañeda Gómez y otros
Demandado: Nación- Rama Judicial- Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial.

libertad o defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, se encuentra
radicada en los tribunales administrativos en primera instancia y en el Consejo de
Estado en segunda instancia, sin consideración a la cuantía del proceso.

Acción procedente

3. La reparación directa es la acción idónea para perseguir la declaratoria de
responsabilidad patrimonial del Estado cuando el daño invocado proviene de una
actuación u omisión de los agentes judiciales (art. 90 de la CN y arts. 65 y ss. de la
Ley 270 de 1996). En este caso procede esta acción por reclamarse la reparación
de un daño causado por un supuesto defectuoso funcionamiento de la
administración de justicia, ante la declaración tardía de la interdicción provisoria (art.
659 CPC y 535 del CC) de la señora Aura María Rodríguez de Castañeda, en el
transcurso del proceso de interdicción, identificado con el radicado
N°50013110002200600820-00, conocido por el Juzgado Segundo de Familia de
Villavicencio.

Demanda en tiempo

4. De acuerdo con el artículo 136.8 del CCA, se cuenta con un término de «(…)
(2) años, contados a partir del día siguiente del acaecimiento del hecho, omisión u
operación administrativa o de ocurrida la ocupación temporal o permanente del
inmueble de propiedad ajena por causa de trabajo público o por cualquiera otra
causa (…)». En lo que toca a la oportunidad para interponer la demanda, se precisa
que en el presente caso se alegó como causa del daño, la dilación y omisión en
declarar la interdicción provisoria de la señora Aura María Rodríguez de Castañeda.

5. Ahora bien, consultado el expediente se estima que la omisión se extendió
hasta el 20 de agosto de 2009, fecha en la cual el Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Villavicencio, Sala Civil, Familia y Laboral, al decidir el recurso de
apelación interpuesto por la parte demandante contra el auto del 15 de octubre de
2008 proferido por el Juzgado Segundo de Familia de esta ciudad y decretó la
interdicción provisoria de la señora Aura María Rodríguez de Castañeda, en el
expediente no hay constancia de la fecha de notificación de la anterior providencia.

11

Radicación: 50001-23-31-000-2011-00615-01 (71.753)
Demandante: Mónica Patricia Castañeda Gómez y otros
Demandado: Nación- Rama Judicial- Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial.

6. Luego, por auto del 26 de agosto de 2009, el Tribunal Superior de
Villavicencio, Sala Civil Familia Laboral constató que el pronunciamiento sobre la
interdicción de la señora Aura María Rodríguez de Castañeda carecía de objeto,
ante el deceso de esta última el 29 de mayo de 2009, por lo cual se dio por terminado
el proceso y se archivó14.

En dicha medida, con independencia de que se tenga en cuenta la fecha de
adopción de la decisión que declaró la interdicción provisoria o la que declaró la
carencia de objeto del proceso, se estima que la demanda se interpuso
oportunamente, al tenerse que entre esta y la adopción de estas decisiones no
transcurrió un término superior a dos años. Ello teniendo en cuenta que la
suspensión del cómputo de caducidad tuvo lugar, entre el 19 de agosto de 2011 y
el 19 de octubre de 201115, para el agotamiento de la conciliación extrajudicial.

Legitimación en la causa

4. En el presente caso, los señores Mónica Patricia Castañeda Gómez, Luis
Alejandro Castañeda Gómez y José Francisco Castañeda Gómez, están
legitimados en la causa, como se deriva de la calidad de demandantes en el proceso
civil de radicado No. 2006-00820-00, donde se conoció de la demanda de
interdicción judicial, por causa de demencia de Aura María Rodríguez de Castañeda
(Q.E.P.D.).

5. Comoquiera que el defectuoso funcionamiento en la administración de
justicia se endilga frente a la tardanza del Juzgado Segundo de Familia de
Villavicencio del Meta y del Tribunal Superior de Villavicencio, Sala Civil Laboral
Familia en declarar la interdicción provisoria de la señora Rodríguez Castañeda
(Q.E.P.D.) en el proceso rad. 500131100022200600820-01, la Nación- Rama
Judicial- Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, cuenta con legitimidad en
la causa por pasiva.

II. Alcance del recurso de apelación:

14 Según constancia del 11 de septiembre de 2011, expedida por el Juez del Juzgado Segundo de Familia de

Villavicencio. Folio 630 Índice SAMAI TA
000450001233100020110061500_ACT_INCORPORAEXPEDIENTEDIGITALIZADO_608202040810pm
Cuaderno 04. Folio 630.
15 Según constancia del 19 de octubre de 2011 del Procurado 49 Judicial II Administrativo. Índice SAMAI TA

0001«50001233100020110061500_ACT_INCORPORAEXPEDIENTEDIGITALIZADO_608202040810pm»
folio 50 Cuaderno 01.

12

Radicación: 50001-23-31-000-2011-00615-01 (71.753)
Demandante: Mónica Patricia Castañeda Gómez y otros
Demandado: Nación- Rama Judicial- Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial.

6. La parte demandante –en su recurso– insistió en la configuración de errores
jurisdiccionales y/o un defectuoso funcionamiento en la administración de justicia en
las actuaciones adelantadas por el Juzgado Segundo de Familia de Villavicencio
del Meta y del Tribunal Superior de Villavicencio, Sala Civil Laboral Familia, en el
proceso de interdicción adelantado en favor de la señora Rodríguez Castañeda
(Q.E.P.D.).

En el presente caso, la sentencia de primera instancia no fue apelada por la
demandada Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial. Por el contrario, la decisión impugnada tuvo por acreditada la falla del
servicio alegada por la parte demandante. En ese contexto, los argumentos
desarrollados en el recurso de apelación en relación con la existencia de la falla del
servicio no pueden interpretarse como un cuestionamiento a la decisión adoptada
por el a quo, pues no correspondía al interés del recurrente debatir las conclusiones
del tribunal en cuanto a la configuración del defectuoso funcionamiento de la
administración de justicia atribuido a la demandada. Esta conclusión se ajusta a lo
previsto en el artículo 357 del Código de Procedimiento Civil, según el cual la
apelación se entiende «(…) interpuesta en lo desfavorable al apelante (…)»16.

7. Ahora bien, habida cuenta de que la competencia del juez de segunda
instancia se encuentra circunscrita por el principio de congruencia, consagrado en
el artículo 305 del Código de Procedimiento Civil 17, no es procedente examinar en
esta etapa procesal el daño planteado en el recurso de apelación, según el cual el
defectuoso funcionamiento de la administración de justicia habría privado a la
señora Aura María Rodríguez de Castañeda de la designación de un curador

16 In extenso, refiere el artículo: ARTÍCULO 357. COMPETENCIA DEL SUPERIOR. El nuevo texto es el
siguiente:> La apelación se entiende interpuesta en lo desfavorable al apelante, y por lo tanto el superior no
podrá enmendar la providencia en la parte que no fue objeto del recurso, salvo que en razón de la reforma fuere
indispensable hacer modificaciones sobre puntos íntimamente relacionados con aquélla. Sin embargo, cuando
ambas partes hayan apelado o la que no apeló hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones.
17 ARTÍCULO 305. CONGRUENCIAS. La sentencia deberá estar en consonancia con los hechos y las

pretensiones aducidos en la demanda y en las demás oportunidades que este Código contempla, y con las
excepciones que aparezcan probadas y hubieren sido alegadas si así lo exige la ley.
No podrá condenarse al demandado por cantidad superior o por objeto distinto del pretendido en la demanda,
ni por causa diferente a la invocada en ésta.
Si lo pedido por el demandante excede de lo probado, se le reconocerá solamente lo último.
En la sentencia se tendrá en cuenta cualquier hecho modificativo o extintivo del derecho sustancial sobre el cual
verse el litigio, ocurrido después de haberse propuesto la demanda, siempre que aparezca probado y que haya
sido alegado por la parte interesada a más tardar en su alegato de conclusión, y cuando éste no proceda, antes
de que entre el expediente al despacho para sentencia, o que la ley permita considerarlo de oficio.

13

Radicación: 50001-23-31-000-2011-00615-01 (71.753)
Demandante: Mónica Patricia Castañeda Gómez y otros
Demandado: Nación- Rama Judicial- Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial.

provisional y de la adopción de las medidas de protección personal previstas en el
numeral 6 del artículo 659 del mismo estatuto.

8. Como lo ha precisado la corporación18, las partes no pueden variar el contenido
de la causa petendi por fuera de las oportunidades procesales previstas para
plantear su alcance, habida cuenta de que ello resulta contrario al principio de
congruencia y vulnera el debido proceso de la parte demandada, quien se ve
sorprendida con cargos frente a los cuales no tuvo oportunidad de defensa ni
contradicción. En tal medida, este cargo resulta improcedente y, por ende, no es
susceptible de ser examinado de fondo, atendiendo a que la oportunidad con la que
contaba la parte actora para alegar el daño derivado de la falta de adopción de las
medidas de protección personal previstas en el numeral 6 del artículo 659 del
Código de Procedimiento Civil era el escrito de demanda y su reforma, esto es, al
momento de estructurar su petitum.

9. En este punto, resulta pertinente precisar que, aunque la sentencia de
primera instancia negó la totalidad de las pretensiones de la demanda —incluidas
aquellas encaminadas al reconocimiento de los perjuicios materiales e inmateriales,
fundamentados en el daño consistente en la imposibilidad de hacer valer la prueba
de interdicción dentro del proceso de simulación, presuntamente ocasionado por la
dilación de las autoridades judiciales en decretar la interdicción provisional de la
señora Aura María Rodríguez de Castañeda (Q. E. P. D.)—, en el recurso de
apelación no se formularon cargos orientados a controvertir dicha decisión. En
particular, la parte recurrente no cuestionó las conclusiones del juez de primera
instancia relativas a la falta de acreditación del daño emergente ni del lucro
cesante19, aspectos que, por ende, quedaron por fuera del ámbito de debate en la
segunda instancia.

18 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia de unificación del 6

de abril de 2018, rad. 05001-23-31-000-2001-03068-01(46005) C.P. Danilo Rojas Betancourth [ Fundamento
de derecho19]; Subsección A, Sentencia del 13 de agosto de 2023, rad. 05001-23-31-000-2009-00527-
02(65589), C.P. Marta Nubia Velásquez Rico [Fundamento de derecho 3]; Subsección C, Sentencia del 21 de
octubre de 2025, rad. 52001-23-33-000-2014-00354-01 (65441), C.P. Adriana Polidura Castillo [Fundamento de
derecho 2]; Subsección C, Sentencia del 23 de febrero de 2026, 76001-23-31-000-2012-00576-01 (52.880),
C.P. William Barrera Muñoz [ Fundamento de derecho 18.3.]; Subsección C, Sentencia del 24 de marzo de
2026, rad. 25000-23-26-000-2011-01032-01 (66506) [ Fundamento de derecho 6.1].
19 En el caso de la referencia, se alegó como daño emergente el equivalente al valor comercial de los inmuebles

pertenecientes a la señora Castañeda Gómez y la sociedad Inversiones Castañeda Rodríguez CIA Ltda. por un
monto total de $1’062.250.000 millones de pesos y el lucro cesante derivado de los arrendamientos que se
hubieran percibido de los mismos, por un monto de $ 617.142.857 millones de pesos.

14

Radicación: 50001-23-31-000-2011-00615-01 (71.753)
Demandante: Mónica Patricia Castañeda Gómez y otros
Demandado: Nación- Rama Judicial- Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial.

En consecuencia, a juicio de la Sala, el recurso de apelación interpuesto por la parte
actora tiene un alcance limitado, pues se orienta exclusivamente a controvertir las
conclusiones del Tribunal en relación con la acreditación del daño moral y del daño
a la vida de relación invocados en la demanda20. Tales perjuicios se hacen derivar
de las conductas calificadas como constitutivas de una falla del servicio, atribuidas
al Juzgado Segundo de Familia de Villavicencio, Meta, y al Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Villavicencio, Sala Civil Laboral Familia.

III. Problema jurídico

10. Vista la sentencia de primera instancia y el alcance otorgado a la impugnación,
le corresponde a la Sala precisar si el defectuoso funcionamiento en la
administración de justicia, configurado ante la dilación del Juzgado Segundo de
Familia de Villavicencio del Meta y del Tribunal Superior de Villavicencio, Sala Civil
Laboral Familia en declarar la interdicción provisoria de la señora Rodríguez
Castañeda, configuró un daño moral y/o un daño en la vida en relación que deba
ser resarcido por la Nación- Rama Judicial- Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial.

IV. Análisis de la Sala

Del daño

11. Conforme a lo dispuesto en el artículo 90 de la Constitución, el Estado
responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables
causados por la acción o la omisión, las autoridades públicas. En desarrollo de este

20 Se lee textualmente en el recurso: (…) Queda en nosotros los demandaste el dolor, la congoja, la frustración

la impotencia de haber acudido a la administración de justicia en súplica de nuestro ser querido sin que hayamos
sido escuchados, sin que a ella se le hubiera brindado la protección que se reclamaba del Estado.
Aspectos como estas, traen como consecuencias esos daños inmateriales, sumados a el daño que se le hace
a la misma administración de justicia por parte de funcionarios o agentes que o cumplen oportunamente con
sus obligaciones y deberes, por el contrario, nos dejan con sentimientos de pérdida de confianza, credibilidad,
en la administración de justicia.
Estas aflicciones, estas congojas, estos sentimientos de impotencia y de frustración nos llevan a invocar a los
Honorables Magistrados del Consejo de Estado que se condene a la entidad demandada y se repare y se
reconozcan los perjuicios inmateriales, morales, daños a la relación vida, que a la luz de la jurisprudencia de
esa respetable y honorable corporación, nos deben de ser reconocidos, por los daños y las afectaciones a
nuestro fuero más íntimo, en nuestra calidad de nietos de nuestra querida abuela AURA MARIA RODRIGUEZ
DE CASTAÑEDA a quien la justicia le negó sus derechos a la dignidad, el acceso a la administración de justicia
y a la protección especial constitucionalmente prevista para quienes están en circunstancias, por así ordenarlo
el tercer inciso del artículo 13 de nuestra Constitución Política que advierte: “El Estado protegerá especialmente
a aquellas personas que por su condición económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de
debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan.”(…).

15

Radicación: 50001-23-31-000-2011-00615-01 (71.753)
Demandante: Mónica Patricia Castañeda Gómez y otros
Demandado: Nación- Rama Judicial- Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial.

postulado constitucional y con el fin de estructurar la responsabilidad patrimonial del
Estado corresponde el análisis sobre la existencia de un daño que estando
debidamente demostrado determina el posterior juicio de imputación para efectos
de imponer la eventual obligación reparatoria en cabeza del demandado. En ese
orden y para satisfacer la finalidad primaria de la responsabilidad patrimonial del
Estado, el primer elemento que debe analizarse es la configuración de un daño sin
cuya existencia resulta improcedente adentrarse en el estudio de los demás
requisitos estructurales de la responsabilidad, pues no habrá objeto para un juicio
de imputación que incluye, entre otros, la calificación de antijuridicidad a las voces
del artículo 90 C.P.

12. De esta manera, entonces, el daño entendido como la afectación, vulneración
o lesión a un interés legítimo y lícito21 22 es el primer elemento que debe quedar
certera y suficientemente probado -en tanto no es posible presumirlo-, sin cuya
existencia y demostración no surge la obligación indemnizatoria. En este sentido, la
doctrina nacional expone:

[E]l daño es la razón de ser de la responsabilidad, y por ello, es básica la
reflexión de que su determinación en sí, precisando sus distintos aspectos y su
cuantía, ha de ocupar el primer lugar, en términos lógicos y cronológicos, en la
labor de las partes y juez en el proceso. Si no hubo daño o no se puede
determinar o no se le pudo evaluar, hasta allí habrá de llegarse; todo esfuerzo
adicional, relativo a la autoría y a la calificación moral de la conducta del autor
resultará necio e inútil23.

13. El daño –para que sea indemnizable– debe ser cierto24, es decir, que su

21 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, Sentencia del 2 de junio de 2023, Expediente 61.340.
22 Por su parte, el Doctrinante Juan Carlos Henao define el daño como“…toda afrenta a los intereses lícitos de

una persona, trátese de derechos pecuniarios o de no pecuniarios, de derechos individuales o de colectivos,
que se presenta como lesión definitiva de un derecho o como alteración de su goce pacífico y que, gracias a la
posibilidad de accionar judicialmente, es objeto de reparación si los otros requisitos de la responsabilidad civil
–imputación y fundamento del deber de reparar- se encuentran reunidos”. En Le dommage. Analyse à partir de
la responsabilité civile extracontractuelle de l’État en droit colombien et en droit français, tesis doctoral,
universidad de París 2 Panthéon-Assas, sustentada el 27 de noviembre de 2007. Definición reiterada en el
artículo: “Las formas de reparación en la responsabilidad del estado: hacia su unificación sustancial en todas
las acciones contra el estado”, publicado en la Revista de Derecho Privado, Universidad Externado de Colombia,
n.º 28, enero-junio de 2015; y en la obra colectiva “La responsabilidad extracontractual del Estado”. XVI jornadas
internacionales de derecho administrativo. Universidad Externado de Colombia, 2015, p. 35
Esta definición de Daño fue adoptada por la Corte Constitucional en sentencia SU 080 de 2020.
23 Hinestrosa, Fernando. Responsabilidad extracontractual: antijuridicidad y culpa. Citado por Henao, Juan

Carlos. El daño, Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 1998, pp. 36.
24 Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia del 4 de diciembre de 2006, Expediente No. 13.186 ““…el

perjuicio debe ser cierto, como quiera que el perjuicio eventual no otorga derecho a indemnización. El perjuicio
indemnizable, entonces, puede ser actual o futuro, pero, de ningún modo, eventual o hipotético. Para que el
perjuicio se considere existente, debe aparecer como la prolongación cierta y directa del estado de cosas
producido por el daño, por la actividad dañina realizada por la autoridad pública”.
Ver en el mismo sentido: Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia del 13 de abril de 2000, Expediente
No. 11.892: “En el caso concreto, sin embargo, no es necesario avanzar en el análisis de la antijuridicidad del

16

Radicación: 50001-23-31-000-2011-00615-01 (71.753)
Demandante: Mónica Patricia Castañeda Gómez y otros
Demandado: Nación- Rama Judicial- Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial.

existencia sea real, demostrada sin duda alguna y no eventual o hipotética; debe
ser personal, es decir que solo quien lo sufre puede demandar su reparación 25. Y
también debe ser determinado o determinable, esto es, que se puedan concretar
claramente sus características.

Además, el daño debe ser probado teniendo en cuenta que es el actor quien tiene
la carga de demostrarlo. De esta manera, tratándose de la prueba del daño, el
artículo 177 del Código de Procedimiento Civil, prescribe: «(…) Incumbe a las partes
probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que
ellas persiguen (…)». De ahí que no es suficiente que en la demanda se hagan
afirmaciones sobre la existencia del daño, porque el demandante no puede
limitarse, si quiere sacar avante su pretensión, a hacer afirmaciones sin respaldo
probatorio 26.

V. Caso concreto

14. Examinada la demanda, la Sala advierte que la parte actora estructuró el daño
reclamado en torno a los siguientes aspectos: i) La disposición de los bienes de
propiedad de la señora Aura María Rodríguez de Castañeda (Q. E. P. D.) y de la
sociedad Inversiones Castañeda Rodríguez Cía. Ltda., en un momento en el que
aquella no se encontraba en pleno ejercicio de sus facultades mentales, situación
que se atribuye a la intervención tardía de las autoridades judiciales competentes;
ii) los perjuicios morales y el daño a la vida de relación que, según se afirmó, se
derivaron de la falla del servicio en la que habrían incurrido el Juzgado Segundo de
Familia de Villavicencio, Meta, y el Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Villavicencio, Sala Civil Laboral Familia; y iii) a la imposibilidad de aportar una
prueba judicial que permitiera acreditar oportunamente la incapacidad de la señora
Rodríguez de Castañeda, circunstancia que, a juicio de la parte actora, tuvo una
incidencia relevante en el proceso de simulación radicado bajo el N.º 50001-31-03-
004-2003-00212-01, tramitado ante el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de
Villavicencio, dentro del cual se declararon válidos los negocios jurídicos celebrados
por dicha señora. Este último proceso fue promovido por los demandantes en contra

daño sufrido, pues como se dejó expuesto antes, no hay lugar a reparar el perjuicio moral reclamado porque no
se probó su existencia.”
25 Henao Pérez Juan Carlos, El Daño, Universidad Externado de Colombia, Primera Edición Julio 1998, P. 88 y

104.
26 Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 31 de agosto de 2021, Rad. 50802 [fundamento

jurídico 4.3].

17

Radicación: 50001-23-31-000-2011-00615-01 (71.753)
Demandante: Mónica Patricia Castañeda Gómez y otros
Demandado: Nación- Rama Judicial- Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial.

de la señora Nancy Castañeda de Martín, quien ostenta la condición de tía de los
demandantes.

En este orden de ideas, la Sala advierte que la demanda no restringió el reclamo de
los perjuicios inmateriales exclusivamente a aquellos derivados de la “imposibilidad
de hacer valer la prueba de interdicción en el proceso de simulación”. Por el
contrario, del análisis del libelo introductorio —en particular, de la pretensión tercera
(ver ut supra)— se desprende que la solicitud de reconocimiento de dichos
perjuicios se fundó, de manera directa, en las actuaciones y omisiones atribuidas a
la Nación – Rama Judicial.

Así las cosas, resulta acertada la postura de los recurrentes en cuanto a que los
perjuicios inmateriales alegados podían tener origen inmediato en la dilación
injustificada del Juzgado Segundo de Familia de Villavicencio, Meta, y del Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Villavicencio, Sala Civil Laboral Familia, al momento
de decretar la interdicción provisional de la señora Aura María Rodríguez de
Castañeda. Ello, en tanto las pretensiones de la demanda no circunscribieron su
causa exclusivamente a lo ocurrido dentro del proceso de simulación adelantado
ante el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Villavicencio, sino que abarcaron de
forma autónoma la conducta judicial reprochada.

15. En la demanda se solicitó el reconocimiento de perjuicios morales en favor de
Mónica Patricia Castañeda Gómez, José Francisco Gómez Castañeda y Luis
Alejandro Castañeda Gómez, en su calidad de nietos de la señora Aura María
Rodríguez de Castañeda, para quienes se reclamó, de manera individual, una
indemnización equivalente a doscientos (200) S.M.L.M.V.
16. . Precisado lo anterior, se advierte que, a diferencia de lo que ocurre en los
eventos de i) muerte 27 ; ii) lesiones 28 y iii) privación injusta de la libertad 29 , la
configuración de este tipo de perjuicio, en los casos en que se alega un defectuoso
funcionamiento de la administración de justicia, no admite aligeramiento probatorio

27 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala Plena de Sección Tercera, Sentencia del 28

de agosto de 2014, Rad.: 73001-23-31-000-2001-00418-01(27709), C.P. Carlos Alberto Zambrano Barrera [
Fundamento jurídico IV].
28 Consejo De Estado Sala De Lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera Sala Plena C.P: Olga Melida

Valle De De La Hoz, Sentencia del 28 de agosto de 2014 Rad: 50001-23-15-000-1999-00326-01(31172)[
Fundamento de derecho
29 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de unificación

jurisprudencial del 28 de agosto de 2014, rad.: 68001-23-31-000-2002-02548-0 36.149, CE: (E) Hernán Andrade
Rincón.[ Fundamento de derecho 7.1].

18

Radicación: 50001-23-31-000-2011-00615-01 (71.753)
Demandante: Mónica Patricia Castañeda Gómez y otros
Demandado: Nación- Rama Judicial- Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial.

alguno. En consecuencia, conforme a lo dispuesto en el artículo 177 del Código de
Procedimiento Civil, la carga de acreditarlo recae sobre la parte demandante.

Si bien en la demanda y en el recurso de apelación se afirmó que la conducta del
Juzgado Segundo de Familia de Villavicencio, Meta, y del Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Villavicencio, Sala Civil Laboral Familia, generó congoja, aflicción
y sufrimiento en los integrantes de la parte demandante, del análisis del expediente
se advierte que no fue allegado ningún medio de prueba idóneo que permita
acreditar la existencia concreta de tales perjuicios morales.

17. Por otra parte, en la demanda se solicitó en favor de Mónica Patricia Castañeda
Gómez, José Francisco Gómez Castañeda y Luis Alejandro Castañeda Gómez, el
reconocimiento de (200) S.M.L.M.V. por concepto de daño a la vida de relación.
En relación con esta tipología de daño, se denota que actualmente está en desuso
desde la consagración del daño a la salud, en sentencias del 14 de septiembre de
201130. Así esta sección a efecto de reconocer la reparación de las afectaciones
que anteriormente podían calificarse dentro de esta categoría de daño, ha recurrido
al daño a la salud31, cuando se estima que la lesión conduce a una alteración de
la integridad psicofísica de la persona, o en su defecto a una afectación relevante
a bienes o derechos convencional y constitucionalmente amparados32.

En el presente caso, la Sala de Subsección no encuentra procedente el
reconocimiento del daño a la salud atendiendo que no obra en el expediente

30 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia del 14 de septiembre

de 2011, rad 05001-23-31-000-2007-00139-01(38222)[ Fundamento de derecho III], C.P. Enrique Gil Botero y
Sentencia del 14 de septiembre de 2011, radicación: 05001232500019940002001 (19.031) [Fundamento de
derecho 7.4], C.P. Enrique Gil Botero. Así se ha afirmado en las providencias: Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 18 de noviembre de 2021, Rad.
05001-23-31-000-2007-02409-01(52180), C.P.: Freddy Ibarra Martínez [ Fundamento De Derecho 1].
31 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia del 14 de septiembre

de 2011, Rad.: 05001-23-25-000-1994-00020-01(19031), C.P. Enrique Gil Botero [Fundamento de derecho 7.4]
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencias de unificación
jurisprudencial del 28 de agosto de 2014, Rad.: 25000-23-26-000-2000-00340-01(28832), C.P. Danilo Rojas
Betancourth [Fundamento de derecho20.2] y Consejo de Estado, Sala de Lo Contencioso Administrativo,
Sección Tercera, Sala Plena, Sentencia del 28 de agosto de 2014, Rad: 05001-23-31-000-1997-01172-
01(31170), C.P Enrique Gil Botero, [ Fundamento de derecho 4.2.2].
32 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sala Plena, Sentencias del 28

de agosto de 2014: i) radicación 66001-23-31-000-2001-00731-01(26251) C.P: Jaime Orlando Santofimio
Gamboa [Fundamento de derecho 6.3]; ii) número: 05001-23-25-000-1999-01063-01(32988) C.P. Ramiro
Pazos Guerrero [ Fundamento de derecho 15.1]. (…) iv) Es un daño que se repara principalmente a través de
medidas de carácter no pecuniario: se privilegian por excelencia las medidas reparatorias no indemnizatorias;
sin embargo, en casos excepcionales cuya reparación integral, a consideración del juez, no sean suficientes,
pertinentes, oportunas o posibles podrá otorgarse una indemnización, única y exclusivamente a la víctima
directa, mediante el establecimiento de una medida pecuniaria hasta 100 SMLMV, si fuere el caso, siempre y
cuando la indemnización no hubiere sido reconocida con fundamento en el daño a la salud. Ese quantum deberá
motivarse por el juez y ser proporcional a la intensidad del daño y/o la naturaleza del bien o derecho afectado.
(…).

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Radicación: 50001-23-31-000-2011-00615-01 (71.753)
Demandante: Mónica Patricia Castañeda Gómez y otros
Demandado: Nación- Rama Judicial- Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial.

prueba alguna de una afectación cierta, ya sea en la integridad física o psíquica de
los demandantes. Ni siquiera en la demanda33 se describió o expuso la afectación,
menoscabo o lesión que pudiera imputarse a esta tipología de daño.

6. De otra parte, la Sala advierte que la lesión al debido proceso y al acceso a
la administración de justicia, derivada del retardo injustificado en la adopción de la
medida de interdicción provisional —reiteradamente solicitada por la parte
demandante ante el Juzgado Segundo de Familia del Circuito de Villavicencio y el
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Villavicencio, Sala Civil Laboral Familia—,
se subsume en la categoría de afectación o vulneración relevante de bienes o
derechos convencional y constitucionalmente amparados, reconocida por la
Sala Plena de la Sección Tercera de esta Corporación el 28 de agosto de 2014 34.
En este sentido, se privilegia la reparación no pecuniaria y solo en casos
excepcionales se avizora la procedencia de medidas pecuniarias 35. Bajo este
entendido, para reparar dicha lesión privilegiará la adopción de medidas de
reparación no pecuniaria, pecuniaria, pues solo en casos excepcionales se avizora
la procedencia de medidas pecuniarias36.

33 (…) Como consecuencia de la declaración de responsabilidad, se CONDENE a LA NACIÓN - RAMA
JUDICIAL, DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL, a pagar a favor de los demandantes la
indemnización por concepto del DAÑO A LA VIDA DE RELACIÓN experimentado por el grupo familiar, hecho
que produce un daño a la vida de relación cuando con ocasión a él, unas personas ven afectada su forma de
vida, la relación con su entorno, las personas y las cosas que los rodean, por eso y como reconocimiento a los
perjuicios recibidos como consecuencia de la falla del servicio atribuible a la entidad demandada de error judicial,
error jurisdiccional y defectuoso funcionamiento de la Administración De Justicia y que se configura o se
materializa atribuible a la entidad demandada, y que se configura o se materializa en las decisiones tardías del
operador judicial pues al no darle cumplimiento a los términos procesales con forme lo ordena el mandato
Constitucional y legal está incurriendo en vías de hecho por defecto procedimental conforme (…) A esta
conclusión ha llegado el Consejo de Estado después de entender que el daño extra patrimonial no solo se
refiere a el dolor o el sufrimiento que experimenta una persona con ocasión a un hecho dañino sino también el
que experimenta por no relacionarse, por causa del daño, de la misma forma en que lo hacía antes de él. Razón
por la cual se reclama: Para MONICA PATRICIA CASTAÑEDA GOMEZ, en su calidad de nieta de la señora
AURA MARIA RODRIGUEZ DE CASTAÑEDA (Q.E.P.D) el equivalente a doscientos (200) salarios mínimos
legales mensuales vigentes para la fecha de ejecutoria de tal providencia. Para JOSE FRANCISCO GOMEZ
CASTAÑEDA, en su calidad de nieto de la señora AURA MARIA RODRIGUEZ DE CASTAÑEDA (Q.E.P.D) el
equivalente a doscientos (200) salarios mínimos legales mensuales vigentes para la fecha de ejecutoria de tal
providencia. Para LUIS ALEJANDRO CASTAÑEDA GOMEZ, en su calidad de nieto de la señora AURA MARIA
RODRIGUEZ DE CASTAÑEDA (Q.E.P.D) el equivalente a doscientos (200) salarios mínimos legales
mensuales vigentes para la fecha de ejecutoria de tal providencia. (…).
34 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sala Plena, Sentencia del 28 de

agosto de 2014, radicación número: 05001-23-25-000-1999-01063-01(32988)[ Fundamento de derecho 15.1].
35 Ib. F(…) iv) Es un daño que se repara principalmente a través de medidas de carácter no pecuniario: se

privilegian por excelencia las medidas reparatorias no indemnizatorias; sin embargo, en casos excepcionales
cuya reparación integral, a consideración del juez, no sean suficientes, pertinentes, oportunas o posibles podrá
otorgarse una indemnización, única y exclusivamente a la víctima directa, mediante el establecimiento de una
medida pecuniaria hasta 100 SMLMV, si fuere el caso, siempre y cuando la indemnización no hubiere sido
reconocida con fundamento en el daño a la salud. Ese quantum deberá motivarse por el juez y ser proporcional
a la intensidad del daño y/o la naturaleza del bien o derecho afectado.(…)
36 Ib. F(…) iv) Es un daño que se repara principalmente a través de medidas de carácter no pecuniario: se

privilegian por excelencia las medidas reparatorias no indemnizatorias; sin embargo, en casos excepcionales
cuya reparación integral, a consideración del juez, no sean suficientes, pertinentes, oportunas o posibles podrá
otorgarse una indemnización, única y exclusivamente a la víctima directa, mediante el establecimiento de una
medida pecuniaria hasta 100 SMLMV, si fuere el caso, siempre y cuando la indemnización no hubiere sido

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Radicación: 50001-23-31-000-2011-00615-01 (71.753)
Demandante: Mónica Patricia Castañeda Gómez y otros
Demandado: Nación- Rama Judicial- Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial.

En consecuencia, se dispondrá como medida de satisfacción que la entidad
demandada remita un documento de excusas a los integrantes de la parte
demandante, en el que reconozca y se excuse por los inconvenientes derivados de
la actuación defectuosa de las entidades involucradas. Así mismo, se ordenará que
se consulte a los actores sobre su voluntad de que dichas excusas sean publicadas
en el sitio web institucional de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial,
como mecanismo adicional de reparación simbólica.

En vista de las anteriores consideraciones, la Sala revocará la sentencia proferida
por el Tribunal Administrativo del Meta, Sala de Decisión Escritural, el 26 de junio
de 2024. En su lugar, se concederán parcialmente las pretensiones de la demanda,
en lo que refiere al reconocimiento de la afectación o vulneración relevante de
bienes o derechos convencional y constitucionalmente amparados, en este
caso sobre el debido proceso y el acceso a la administración de justicia de los
demandantes.

Costas

18. El artículo 171 del Código Contencioso Administrativo, subrogado por el
artículo 55 de la Ley 446 de 1998, establece que solo hay lugar a la imposición de
costas cuando alguna de las partes haya actuado con temeridad. En este sentido,
al no observarse esa conducta de ninguna de las partes en el trámite de esta
instancia, no habrá lugar a condenar en costas. Así como tampoco, se observó
temeridad de la parte demandada en el trámite de la primera instancia; sin que la
interposición del recurso de apelación, en ausencia de pruebas adicionales,
constituya un motivo para tener la conducta de la actora como temerario – como lo
consideró el Ministerio Público-. Por ende, no se proferirá condena en costas en
esta instancia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,

reconocida con fundamento en el daño a la salud. Ese quantum deberá motivarse por el juez y ser proporcional
a la intensidad del daño y/o la naturaleza del bien o derecho afectado.(…)

21

Radicación: 50001-23-31-000-2011-00615-01 (71.753)
Demandante: Mónica Patricia Castañeda Gómez y otros
Demandado: Nación- Rama Judicial- Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial.

RESUELVE

REVOCAR la sentencia proferida en primera instancia por el Tribunal Administrativo
de Meta, Sala de Decisión Escritural, del 26 de junio de 2024, por los motivos
expuestos en esta providencia, y en su lugar:

PRIMERO: DECLARAR la responsabilidad extracontractual de la Nación- Rama
Judicial- Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, por el defectuoso
funcionamiento de la administración de justicia, incurrido en el marco del proceso
de interdicción por demencia con radicado No. 50001-3110-002-2006-00820-00.

SEGUNDO: CONDENAR, como resultado de la anterior declaración a la Nación-
Rama Judicial- Dirección Ejecutiva de Administración Judicial a enviar, un
documento de excusas a los integrantes de la parte demandante, en el que
reconozca y se excuse por los inconvenientes derivados de la actuación defectuosa
de las entidades involucradas. Así mismo, se ordenará que se consulte a los actores
sobre su voluntad de que dichas excusas sean publicadas en el sitio web
institucional de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, como mecanismo
adicional de reparación simbólica.

TERCERO. NEGAR las demás pretensiones de la demanda.

CUARTO: Sin condena en costas en esta instancia.

QUINTO: Ejecutoriada esta providencia, por Secretaría DEVOLVER el expediente
al Tribunal.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
WILLIAM BARRERA MUÑOZ

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
NICOLÁS YEPES CORRALES

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
ADRIANA POLIDURA CASTILLO
Aclaración de voto

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Radicación: 50001-23-31-000-2011-00615-01 (71.753)
Demandante: Mónica Patricia Castañeda Gómez y otros
Demandado: Nación- Rama Judicial- Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial.

Nota: se deja constancia de que esta providencia se suscribe de
forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de manera que el
certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y
autenticidad del presente documento en el
link https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/document
os/evalidador. Igualmente puede acceder al aplicativo de validación
escaneando con su teléfono celular el código QR que aparece a la
derecha. Se recuerda que, con la finalidad de tener acceso al
expediente, los abogados tienen la responsabilidad de
registrarse en el sistema Samai.

VF

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