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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 68001-23-31-000-2000-02504-04

Fecha
27 de abril de 2026
Consejero ponente
Nicolas Yepes Corrales

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 68001-23-31-000-2000-02504-04

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida el 24 de abril de 2025 por el Tribunal Administrativo de Santander, que ordenó seguir adelante con la ejecución, por los motivos expuestos en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: SIN COSTAS. TERCERO: En firme esta providencia ENVÍESE el expediente al Tribunal de origen para lo de su cargo.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 68001-23-31-000-2000-02504-04

Consejero ponente: Nicolas Yepes Corrales

27 de abril de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C

CONSEJERO PONENTE: NICOLÁS YEPES CORRALES

Bogotá D.C., veintisiete (27) de abril de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: EJECUTIVO
Radicación: 68001233100020000250404 (73351)
Demandante: JOSÉ ANTONIO HERNÁNDEZ CAMACHO Y OTROS
Demandado: NACIÓN – MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL
Y OTROS

Tema: Proceso ejecutivo. Excepción de pago. No se probó el pago total
de la obligación.

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por el Ministerio de Salud y
Protección Social contra la sentencia del 24 de abril de 2025, proferida por el
Tribunal Administrativo de Santander, que ordenó seguir adelante con la ejecución.

I. SÍNTESIS DEL CASO

El 2 de mayo de 2018, el Consejo de Estado profirió sentencia mediante la cual
condenó solidariamente a CAJANAL E.P.S., Servir S.A. y a la Unidad Médico
Quirúrgica S.A., al pago de los perjuicios causados a los demandantes como
consecuencia de la muerte de Naslly Zamara Hernández. Dicha providencia quedó
ejecutoriada el 24 de mayo de 2018, motivo por el cual el 9 de abril de 2019, la parte
demandante solicitó al Ministerio de Salud y Protección Social el pago de la
obligación contenida en aquella decisión. Posteriormente, el 31 mayo de 2019, el
referido ministerio, a través de la Fiduprevisora S.A., efectuó un pago a favor de los
demandantes por la suma de $240.544.642, sin que mediara la expedición de una
resolución de pago.

En la demanda ejecutiva, la parte ejecutante sostiene que el Ministerio de Salud y
Protección Social no ha cancelado la totalidad de la obligación contenida en la
sentencia del 2 de mayo de 2018 proferida por el Consejo de Estado y, por tal
motivo, solicita que se libre mandamiento de pago por la suma de $48.268.577,71,

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Demandante: José Antonio Hernández Camacho y otros

la cual según afirma, corresponde a la liquidación de la condena hasta el 31 de
mayo de 2019, así como el valor de $5.929.582,44 por concepto de intereses
moratorios causados entre el 1 de junio de 2019 y el 21 de octubre de 2019.

II. ANTECEDENTES

1. Demanda

El 29 de noviembre de 20191, José Antonio Hernández Camacho, Isabel Cristina
Quintero de Hernández, Sergio José Hernández Quintero y Marco Antonio
Hernández Quintero, mediante apoderado judicial presentaron demanda ejecutiva
en contra de CAJANAL E.P.S., Servir S.A. y de la Unidad Médico Quirúrgica S.A.,
con el propósito de obtener el pago de las obligaciones contenidas en la sentencia
proferida el 2 de mayo de 2018 por el Consejo de Estado.

Como pretensiones de su demanda, los actores solicitan que se libre mandamiento
de pago por los siguientes conceptos: i) la suma de $48.268.577,71,
correspondiente a la liquidación de la sentencia condenatoria hasta el 31 de mayo
de 2019; y, ii) la suma de $5.929.582,44 por concepto de intereses moratorios
causados entre el 1 de junio de 2019 al 31 de octubre de 2019. Adicionalmente,
solicitó que se condene en costas y agencias en derecho.

En apoyo de las pretensiones, la parte demandante afirma que mediante sentencia
del 8 de octubre de 2009, el Tribunal Administrativo de Santander -dentro de un
proceso de reparación directa- declaró patrimonial y extracontractualmente
responsable a CAJANAL E.P.S., Servir S.A. y la Unidad Médico Quirúrgica S.A. por
la muerte de Naslly Zamara Hernández y ordenó pagar perjuicios sus familiares.

Asimismo, señala que en fecha indeterminada se interpuso recurso de apelación
contra la anterior decisión.

1 Fl. 179 a 187, Archivo “001.2000-2504-00”, índice 96, Samai del Tribunal.

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Demandante: José Antonio Hernández Camacho y otros

Aduce que el 2 de mayo de 2018, el Consejo de Estado2 modificó la decisión de
primera instancia y, en su lugar, condenó a las demandadas al pago de perjuicios
morales a favor de José Antonio Hernández Camacho y de Isabel Cristina Quintero
de Hernández en la suma equivalente a 100 SMLMV para cada uno, así como
Sergio José Hernández Quintero y Marco Antonio Hernández Quintero en cuantía
de 50 SMLMV para cada uno; asimismo, por concepto de perjuicios materiales en
la modalidad de daño emergente, condenó a la parte demandada al pago de
$1.413.968,22 a favor de José Antonio Hernández y $645.655,95 para Isabel
Cristina Quintero de Hernández.

Sostiene que la anterior providencia quedó ejecutoriada el 24 de mayo de 2018.

Destaca que el 9 de abril de 2019 los accionantes presentaron ante el Ministerio de
Salud y Protección Social la correspondiente cuenta de cobro y que el 31 de mayo
de 2019 dicha cartera ministerial, a través de la Fiduprevisora S.A., pagó a los
demandantes la suma de $240.544.642.

Asegura que, a la fecha de presentación de la demanda ejecutiva, el Ministerio de
Salud y Protección Social no ha cancelado la totalidad de las sumas a las que fue
condenado, razón por la cual los aquí demandantes solicitan que la accionada sea
ejecutada por la suma total de $54.198.160,15.

2. Mandamiento Ejecutivo

Mediante proveído del 3 de agosto de 20213, el Tribunal Administrativo de
Santander libró mandamiento de pago a favor de los demandantes y en contra del
Ministerio de Salud y Protección Social, por: “a) la suma concreta de $48.268.577.71
que corresponde a la liquidación de la condena hasta el 31 de mayo de 2019; b) La
suma concreta de $ 5.929.582.44 como intereses de mora del saldo que aún se
adeuda a partir del 1 de junio al 31 de octubre de 2019.

2 Sección Tercera, Subsección C, magistrado ponente, Dr. Jaime Orlando Santofimio
Gamboa.
3 Archivo “005.2000-02504-00 libra mandamiento después de inadmisión.pdf”, índice 96, Samai del

Tribunal.

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Demandante: José Antonio Hernández Camacho y otros

3. Contestación

El 4 de agosto de 20214 el Tribunal Administrativo de Santander ordenó la
notificación de la demanda a la entidad ejecutada y al ministerio público.

3.1. El Ministerio de Salud y Protección Social5 se opuso a las pretensiones de la
demanda, para lo cual señaló que, el 31 de mayo de 2019, a través de la
FIDUPREVISORA S.A., en calidad de vocera y administradora del patrimonio
autónomo de remanentes de CAJANAL S.A. EPS liquidada, efectuó el pagó de la
suma de $240.544.642 a favor de los ejecutantes, por concepto de la sentencia
proferida el 2 de mayo de 2018 por el Consejo de Estado.

Además, formuló las excepciones denominadas “Improcedencia de ordenar el
reconocimiento de intereses moratorios por orden de supresión y liquidación de
entidad pública, lo cual constituye fuerza mayor para el no reconocimiento de
intereses de cualquier tipo de acreencia” e “Inembargabilidad de los recursos del
presupuesto general de la Nación”.

3.2. El ministerio público guardó silencio.

4. Sentencia de primera instancia

Mediante sentencia del 24 de abril de 20256, el Tribunal Administrativo de Santander
declaró no probada la excepción de pago de la obligación y, en consecuencia,
ordenó seguir adelante con la ejecución en los términos expuestos en el
mandamiento de pago contra el Ministerio de Salud y Protección Social. Por último,
condenó en costas a la parte vencida.

Al efecto, sostuvo que: “La Sala, pese a esto, declarará no probada la excepción de
pago total de la obligación, pues si bien la ejecutada manifiesta que realizó el pago

4 Archivo “006.ACUSES DE RECIBO ESTADO 135 DE 04-08-2021”, índice 96, Samai del Tribunal.
5 Archivo “008.1. Excepciones Contra Mandamiento de Pago_68001233100020000250400_JOSE

ANTONIO HERNANDEZ CAMACHO Y OTROS.pdf”, índice 96, Samai del Tribunal.
6 Índice 135, Samai del Tribunal.

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Demandante: José Antonio Hernández Camacho y otros

total de la obligación lo cierto es que, el ejecutante pidió se librara mandamiento por
esta suma adicional que corresponde a la diferencia entre lo que se pagó y lo que
según él debió pagarse el 31 de mayo de 2019 más los intereses de mora de ese
saldo a partir del 1 de junio de 2019 día siguiente al pago realizado. Ahora, si bien
la parte ejecutada sostiene igualmente que no existe obligación alguna pendiente y
que además tampoco se genera pago de intereses moratorios al tratarse de una
entidad que ya fue liquidada, estructurándose una fuerza mayor que impide tal
reconocimiento, esta Corporación con mayor razón dispondrá declarar no probada
la excepción de pago total de la obligación, para disponer seguir adelante con la
ejecución, pues es claro que existe una grieta financiera que debe ser resuelta en
forma precisa, siendo la liquidación del crédito el momento más propicio para
establecer si existe un saldo o en efecto esta ya se encuentra saldada conforme a
las liquidaciones que las partes allí presenten o en dado caso la que el contador del
Tribunal realice, conforme a los precisos términos señalados en la sentencias que
hoy sirven de título ejecutivo”.

5. Recurso de apelación

El 2 de mayo de 20257, el Ministerio de Salud y Protección Social interpuso recurso
de apelación, el cual fue concedido el 22 de julio de 20258 y admitido el 26 de febrero
siguiente9.

5.1. El Ministerio de Salud y Protección Social10 solicitó revocar la sentencia de
primera instancia y, para el efecto, alegó falta de legitimación en la causa por pasiva,
al sostener que la competencia para efectuar el pago de las obligaciones
contractuales y extracontractuales de la extinta CAJANAL E.P.S., radica en la
Fiduciaria La Previsora S.A., por conducto de la cual se constituyó el Patrimonio
Autónomo de Remanentes de CAJANAL E.P.S. EN LIQUIDACIÓN.

7 Índice 138, Samai del Tribunal.
8 Índice 140, Samai del Tribunal.
9 Índice 9, Samai del Consejo de Estado.
10 Índice 138, Samai del Tribunal.

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Demandante: José Antonio Hernández Camacho y otros

Adicionalmente, se opuso a la liquidación de los intereses moratorios efectuada por
la parte ejecutante, al señalar que no se tuvo en cuenta la cesación de intereses
ocurrida entre el día siguiente a la ejecutoria de la sentencia y la fecha en que los
demandantes radicaron la totalidad de los documentos requeridos para efectuar el
pago, esto es, 9 de abril de 2019. Igualmente, refirió que se desconoce el interés
aplicado en dicha liquidación.

Finalmente, insistió en el pago total de la obligación, al indicar que el 31 de mayo
de 2019, a través de la Fiduciaria La Previsora S.A. en su calidad de vocera y
administradora del patrimonio autónomo de remanentes de CAJANAL S.A. E.P.S.
EN LIQUIDACIÓN, efectuó el pago a los ejecutantes por la suma de $240.544.642.

6. Alegatos de conclusión en segunda instancia

El Despacho no corrió traslado a las partes para alegar de conclusión, puesto que
de conformidad con el artículo 247 del Código de Procedimiento Administrativo y de
lo Contencioso Administrativo, modificado por el numeral 5° del artículo 67 de la Ley
2080 del 202111, no se decretaron pruebas en segunda instancia. Asimismo, se
advierte que en esta instancia del proceso el ministerio público guardó silencio.

III. CONSIDERACIONES

1. Jurisdicción y competencia

La Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo está instituida para conocer y decidir
los procesos ejecutivos derivados de las condenas impuestas y las conciliaciones
aprobadas por esta jurisdicción, así como los provenientes de laudos arbitrales en que

11 De conformidad con el artículo 247 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo. Modificado por el artículo 67 de la Ley 2080 del 2021. Trámite del
recurso de apelación contra sentencias. “El recurso de apelación contra las sentencias proferidas en
primera instancia se tramitará de acuerdo con el siguiente procedimiento: […] 5. Si fuere necesario
decretar pruebas, una vez practicadas, el superior autorizará la presentación de alegatos por escrito,
para lo cual concederá un término de diez (10) días. En caso contrario, no habrá lugar a dar traslado
para alegar. El secretario pasará el expediente al despacho para dictar sentencia dentro de los diez
(10) días siguientes de concluido el término para alegar o de ejecutoria del auto que admite el recurso
[…]”.

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Demandante: José Antonio Hernández Camacho y otros

hubiere sido parte una entidad pública; e, igualmente los originados en los contratos
celebrados por esas entidades, según lo previsto en el numeral 6 del artículo 10412 del
CPACA.

Por demás, esta Sala es competente para conocer el recurso de apelación presentado
por el Ministerio de Salud y Protección Social en contra de la sentencia del 24 de abril
de 2025, proferida por el Tribunal Administrativo de Santander, de conformidad con lo
dispuesto en los artículos 150, 156 numeral 9º y 247 del CPACA13, e
independientemente de la cuantía, puesto que se trata de un proceso ejecutivo

12 “Artículo 104. De la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. La Jurisdicción de lo
Contencioso Administrativo está instituida para conocer, además de lo dispuesto en la Constitución
Política y en leyes especiales, de las controversias y litigios originados en actos, contratos, hechos,
omisiones y operaciones, sujetos al derecho administrativo, en los que estén involucradas las
entidades públicas, o los particulares cuando ejerzan función administrativa. Igualmente conocerá
de los siguientes procesos: (…) Los ejecutivos derivados de las condenas impuestas y las
conciliaciones aprobadas por esta jurisdicción, así como los provenientes de laudos arbitrales en que
hubiere sido parte una entidad pública; e, igualmente los originados en los contratos celebrados por
esas entidades”.
13 “Artículo 150. Modificado por la Ley 2080 del 2021. Competencia del Consejo de Estado en

Segunda instancia. El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, conocerá en
segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los
tribunales administrativos (…)”.
“Artículo 156. Competencia por razón del territorio. Para la determinación de la competencia por
razón del territorio se observarán las siguientes reglas: (…) 9. En las ejecuciones de las condenas
impuestas por la jurisdicción de lo contencioso administrativo o de las obligaciones contenidas en
una conciliación aprobada por esta jurisdicción, será competente el juez que profirió la providencia
respectiva.
Artículo 247. Modificado por la Ley 2080 de 2021. Trámite del recurso de apelación contra
sentencias. El recurso de apelación contra las sentencias proferidas en primera instancia se tramitará
de acuerdo con el siguiente procedimiento:
1. El recurso deberá interponerse y sustentarse ante la autoridad que profirió la providencia, dentro
de los diez (10) días siguientes a su notificación. Este término también aplica para las sentencias
dictadas en audiencia.
2. Cuando el fallo de primera instancia sea de carácter condenatorio, total o parcialmente, y contra
este se interponga el recurso de apelación, el juez o magistrado ponente citará a audiencia de
conciliación que deberá celebrarse antes de resolverse sobre la concesión del recurso, siempre y
cuando las partes de común acuerdo soliciten su realización y propongan fórmula conciliatoria.
3. Si el recurso fue sustentado oportunamente y reúne los demás requisitos legales, se concederá
mediante auto en el que se dispondrá remitir el expediente al superior. Recibido el expediente por el
superior, este decidirá sobre su admisión si encuentra reunidos los requisitos.
4. Desde la notificación del auto que concede la apelación y hasta la ejecutoria del que la
admite en segunda instancia, los sujetos procesales podrán pronunciarse en relación con el
recurso de apelación formulado por los demás intervinientes.
5. Si fuere necesario decretar pruebas, una vez practicadas, el superior autorizará la
presentación de alegatos por escrito, para lo cual concederá un término de diez (10) días. En
caso contrario, no habrá lugar a dar traslado para alegar. El secretario pasará el expediente
al despacho para dictar sentencia (…)”.
Sobre el tema consultar: Consejo de Estado, Sección Tercera, auto de unificación del 29 de enero
del 2020. Radicado 47001-23-33-000-2019-00075-01 (63931). Consejo de Estado, Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo, auto de unificación del 12 de septiembre del 2023. Radicado 11001-03-
15-000-2023-00857-00.

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derivado de una sentencia condenatoria emitida por la jurisdicción contenciosa
administrativa.

2. Normativa aplicable

Por tratarse de una demanda promovida con posterioridad al 2 de julio de 2012 14,
al presente asunto le resultan aplicables las disposiciones procesales contenidas en
el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo
(CPACA)15; así como las disposiciones del Código General del Proceso (CGP)16, en
virtud de la integración normativa dispuesta por el artículo 306 del primero de los
estatutos mencionados17.

No obstante, en virtud del régimen de transición adoptado en el artículo 308 del
CPACA18, los procesos iniciados con anterioridad al 2 de julio de 2012 se rigen hasta
su culminación por el “régimen jurídico anterior”, lo que quiere decir que el
cumplimiento de las sentencias judiciales no se supedita al régimen existente en el
momento en que se profieren, sino al vigente para la fecha en la que inicia el
proceso, salvo disposición legal en contrario.

14 La demanda se presentó el 29 de noviembre de 2019.
15 “Artículo 308. Régimen de transición y vigencia. El presente Código comenzará a regir el dos (2)

de julio del año 2012.
Este Código sólo se aplicará a los procedimientos y las actuaciones administrativas que se inicien,
así como a las demandas y procesos que se instauren con posterioridad a la entrada en vigencia.
Los procedimientos y las actuaciones administrativas, así como las demandas y procesos en curso
a la vigencia de la presente ley seguirán rigiéndose y culminarán de conformidad con el régimen
jurídico anterior”.
16 Lo anterior, teniendo en cuenta que la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo

de Estado, mediante auto del veinticinco (25) de junio de dos mil catorce (2014), unificó su
jurisprudencia para indicar que el CGP entró a regir a partir del primero (1º) de enero de dos mil
catorce (2014), “salvo las situaciones que se gobiernen por la norma de transición (…) las cuales se
resolverán con la norma vigente al momento en que inició el respectivo trámite (…)”. Ver: Consejo
de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, auto de unificación del 25 de junio de 2014,
expediente 49.299.
17 “Artículo 306. Aspectos no regulados. En los aspectos no contemplados en este Código se seguirá

el Código de Procedimiento Civil en lo que sea compatible con la naturaleza de los procesos y
actuaciones que correspondan a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo”.
18 “Artículo 308. Régimen de transición y vigencia. El presente Código comenzará a regir el dos (2)

de julio del año 2012.
(…)
Los procedimientos y las actuaciones administrativas, así como las demandas y procesos en curso
a la vigencia de la presente ley seguirán rigiéndose y culminarán de conformidad con el régimen
jurídico anterior”.

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Demandante: José Antonio Hernández Camacho y otros

Por otra parte, como el recurso de apelación contra la sentencia proferida por el
Tribunal Administrativo de Santander se interpuso el 2 de mayo de 202519, es decir,
con posterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 2080 de 202120, para su trámite
y decisión al presente asunto le resultan aplicables las disposiciones vigentes al
momento de su interposición, esto es, las contenidas en la Ley 1437 de 2011 con
las reformas introducidas por la Ley 2080 de 2021, de acuerdo con lo señalado en
los incisos finales del artículo 86 de la referida reforma21.

Finalmente, en virtud de la remisión e integración normativa contemplada en el
artículo 306 del CPACA22, en lo relativo a los aspectos no regulados en los procesos
ejecutivos, el juez deberá acudir al Código de Procedimiento Civil -CPC-, remisión
que debe entenderse, en la actualidad, al Código General del Proceso -CGP-.

3. Medio de control procedente

El medio de control ejecutivo es la pretensión idónea cuando se demanda la
ejecución forzosa de obligaciones expresas, claras y exigibles a cargo de entidades
pública, cuya fuente se encuentra entre otros, en sentencias judiciales de condena
y/o decisiones en firme proferidas en ejercicio de los mecanismos alternativos de
solución de conflictos23.

En este caso el medio de control procedente es el ejecutivo, porque se pretende la
ejecución de una obligación consistente en cancelar las sumas de dinero contenidas

19 Índice 137, Samai del Tribunal.
20 Publicada el 25 de enero de 2021.
21 “De conformidad con el artículo 40 de la Ley 153 de 1887, modificado por el artículo 624 del Código

General del Proceso, las reformas procesales introducidas en esta ley prevalecen sobre las
anteriores normas de procedimiento desde el momento de su publicación y solo respecto de los
procesos y trámites iniciados en vigencia de la Ley 1437 de 2011.
En estos mismos procesos, los recursos interpuestos, la práctica de pruebas decretadas, las
audiencias convocadas, las diligencias iniciadas, los términos que hubieren comenzado a correr, los
incidentes en curso y las notificaciones que se estén surtiendo, se regirán por las leyes vigentes
cuando se interpusieron los recursos, se decretaron las pruebas, se iniciaron las audiencias o
diligencias, empezaron a correr términos, se promovieron los incidentes o comenzaron a surtirse las
notificaciones”. Se destaca.
22 “Artículo 306. Aspectos no regulados. En los aspectos no contemplados en este Código se seguirá

el Código de Procedimiento Civil en lo que sea compatible con la naturaleza de los procesos y
actuaciones que correspondan a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo”.
23 Corte Constitucional. Sentencia C-918 de 2001.

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Demandante: José Antonio Hernández Camacho y otros

en una sentencia condenatoria proferida dentro de un proceso de reparación directa
seguido en contra del Ministerio de Salud y Protección Social.

4. Vigencia del medio de control

Si bien en el proceso no se discutió la caducidad del medio de control ni ella fue
alegada en oportunidad alguna por las partes ni la sentencia estimó que tal
fenómeno se produjo, resulta necesario verificar si la demanda se presentó en
tiempo por cuanto se trata de un presupuesto procesal24.

Así pues, con el propósito de otorgar seguridad jurídica, de evitar la parálisis del
tráfico jurídico dejando situaciones indefinidas en el tiempo, el legislador, apuntando
a la protección del interés general25, estableció unos plazos para poder ejercer
oportunamente cada uno de los medios de control judicial. Estos plazos resultan ser
razonables, perentorios, preclusivos, improrrogables, irrenunciables y de orden
público, por lo que su vencimiento, sin que el interesado hubiese elevado la solicitud
judicial, implica la extinción del derecho de accionar, así como la consolidación de
las situaciones que se encontraban pendientes de solución.

El establecimiento de dichas oportunidades legales pretende, además, la
racionalización de la utilización del aparato judicial, lograr mayor eficiencia procesal,

24 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 23 de junio de 2011, Exp. 21093: “[…] respecto

a la oportunidad para pronunciarse respecto a este fenómeno jurídico ha de decirse, en primer lugar,
que, por tratarse de un presupuesto procesal de la acción, ha de examinarse de manera oficiosa al
momento de admitirse la demanda por manera que, conforme prescribe el artículo 143, inc. 3 del
Código Contencioso Administrativo, habrá de rechazarla el juez cuando verifique que ha ocurrido, o
bien podrá ser propuesta por el demandado mediante el recurso de reposición propuesto contra el
auto admisorio de la demanda, o en la contestación de la misma, formulada como excepción de
fondo- artículo 144 ordinal 3- e incluso declararla de oficio el Juez en la sentencia definitiva si se
encuentra probada, conforme a los mandatos del artículo 164 del C.C.A.”
25 Corte Constitucional. Sentencia C-394 de 2002: “La caducidad es una institución jurídico procesal

a través de la cual, el legislador, en uso de su potestad de configuración normativa, limita en el tiempo
el derecho que tiene toda persona de acceder a la jurisdicción con el fin de obtener pronta y cumplida
justicia. Su fundamento se halla en la necesidad por parte del conglomerado social de obtener
seguridad jurídica, para evitar la paralización del tráfico jurídico. En esta medida, la caducidad no
concede derechos subjetivos, sino que por el contrario apunta a la protección de un interés general.
Como claramente se explicó en la sentencia C-832 de 2001 a que se ha hecho reiterada referencia,
esta es una figura de orden público lo que explica su carácter irrenunciable, y la posibilidad de ser
declarada de oficio por parte del juez, cuando se verifique su ocurrencia.”

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Demandante: José Antonio Hernández Camacho y otros

controlar la libertad del ejercicio del derecho de acción26, ofrecer estabilidad del
derecho de manera que las situaciones controversiales que requieran solución por
los órganos judiciales adquieran firmeza, estabilidad y con ello seguridad,
solidificando y concretando el concepto de derechos adquiridos.

Este fenómeno procesal, de carácter bifronte, en tanto se entiende como límite y
garantía a la vez, se constituye en un valioso instrumento que busca la salvaguarda
y estabilidad de las relaciones jurídicas, en la medida en que su ocurrencia impide
que estas puedan ser discutidas indefinidamente.

La caducidad, en la segunda de sus manifestaciones, tal vez la que menos se
considera en la doctrina y jurisprudencia pero que es de la esencia y naturaleza de
la figura, es un mecanismo de certidumbre y seguridad jurídica, pues con su
advenimiento de pleno derecho y mediante su reconocimiento judicial obligatorio
cuando el operador la halle configurada, se consolidan los derechos de los actores
jurídicos que discuten alguna situación, lo que implica que en tal concepción surta
efectos para ambas partes indistintamente de quien realiza la proposición judicial,
en tanto se refiere es a la situación jurídica en concreto; sin embargo, en el anverso,
la caducidad se entiende también como una limitación de carácter irrenunciable al
ejercicio del derecho de acción, resultando como una sanción ipso iure27 que opera
por la falta de actividad oportuna en la puesta en marcha del aparato judicial para
hacer algún reclamo o requerir algún reconocimiento o protección de la justicia 28,

26 Consejo de Estado. Sentencia del 23 de febrero de 2006. Exp. 6871-05 “...el derecho al acceso a

la administración de justicia no es absoluto, pues puede ser condicionado legalmente a que la
promoción de la demanda sea oportuna y las acciones se inicien dentro de los plazos que señala el
legislador (…). El término de caducidad tiene entonces como uno de sus objetivos, racionalizar el
ejercicio del derecho de acción, y si bien limita o condiciona el acceso a la justicia, es una restricción
necesaria para la estabilidad del derecho, lo que impone al interesado el empleo oportuno de las
acciones, so pena de que las situaciones adquieran la firmeza necesaria a la seguridad jurídica, para
solidificar el concepto de derechos adquiridos”.
27 Consejo de Estado, Sentencia del 30 de enero de 2013: “Para garantizar la seguridad jurídica de

los sujetos procesales, el legislador instituyó la figura de la caducidad como una sanción en los
eventos en que determinadas acciones judiciales no se ejercen en un término específico. Las partes
tienen la carga procesal de impulsar el litigio dentro del plazo fijado por la ley y de no hacerlo en
tiempo, perderán la posibilidad de accionar ante la jurisdicción para hacer efectivo su derecho. Es
así como el fenómeno procesal de la caducidad opera ipso iure o de pleno derecho, es decir que no
admite renuncia, y el juez debe declararla de oficio cuando verifique la conducta inactiva del sujeto
procesal llamado a interponer determinada acción judicial”.
28 Corte Constitucional. Sentencia C-574 de 1998: “…[s]i el actor deja transcurrir los plazos fijados

por la ley en forma objetiva, sin presentar la demanda, el mencionado derecho fenece
inexorablemente, sin que pueda alegarse excusa alguna para revivirlos. Dichos plazos constituyen

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Demandante: José Antonio Hernández Camacho y otros

cuya consecuencia, por demandar más allá del tiempo concedido por la ley
procesal, significa la pérdida de la facultad potestativa de accionar. Esta concepción
de límite temporal de la figura en comento, sin embargo opera en favor del
accionado y en contra del accionante que acude tarde a hacer efectivo su derecho
de acción, pues implica reconocer que el derecho a demandar se perdió, en tanto
el accionado lo puede proponer como medio exceptivo o el juez reconocer o declarar
de oficio.

El literal k del numeral 2 del artículo 164 del CPACA, señala que el término para
presentar la demanda ejecutiva es de cinco (5) años contados a partir de la fecha
en que se hizo exigible la obligación.

A su vez, el artículo 17729 del CCA señala que una vez ejecutoriada una providencia
que imponga o liquide una condena o la que apruebe una conciliación, la entidad
pública a cargo de su cumplimiento cuenta con un plazo de 18 meses para su pago.
Vencido ese término sin que se hubiera satisfecho esos créditos judiciales pueden
ser exigidos mediante juicio ejecutivo promovido por sus beneficiarios ante la
jurisdicción.

Ahora bien, en el caso sub examine, se pretende la ejecución de una obligación
consistente en cancelar las sumas de dinero contenidas en la sentencia del 2 de mayo
de 2018 proferida por esta Corporación dentro del proceso de reparación directa con
radicado No. 68001-23-31-000-2000-02504-01 (39038).

Bajo el anterior contexto, se estima que el derecho de accionar se ejerció en tiempo,
teniendo en cuenta: i) que la sentencia condenatoria del 2 de mayo de 2018 quedó
ejecutoriada el 24 de mayo de 2018, según da cuenta la constancia expedida por la
Secretaría del Consejo de Estado30; ii) que los 18 meses de que trata el artículo 177

entonces, una garantía para la seguridad jurídica y el interés general. Y es que la caducidad
representa el límite dentro del cual el ciudadano debe reclamar del Estado determinado derecho, por
ende, la actitud negligente de quien estuvo legitimado en la causa no puede ser objeto de protección,
pues es un hecho cierto que quien, dentro de las oportunidades procesales fijadas por la ley ejerce
sus derechos, no se verá expuesto a perderlos por la ocurrencia del fenómeno indicado”.
29 “Artículo 177. Efectividad de condenas contra entidad públicas. (…) Tales condenas, además,

serán ejecutables ante la justicia ordinaria dieciocho (18) meses después de su ejecutoria”.
30 Fl. 73, Archivo “008.3.5970_20210917135200_PRUEBAS_68001233100020000250400_JOSE

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Demandante: José Antonio Hernández Camacho y otros

del CCA se cumplieron el 24 de noviembre de 2019; y iii) que la demanda se
presentó el 29 de noviembre de 201931, esto es, dentro del término de cinco (5) años
dispuesto para ello.

5. Legitimación en la causa

Comoquiera que se trata de un presupuesto procesal, corresponde hacer la
verificación de la legitimación en la causa de las partes que integran la litis32.

5.1. José Antonio Hernández Camacho, Isabel Cristina Quintero de Hernández,
Sergio José Hernández Quintero y Marco Antonio Hernández Quintero están
legitimados en la causa por activa, pues fungieron como demandantes dentro del
proceso de reparación directa con radicado número No. 68001-23-31-000-2000-
02504-01 (39038) y son los beneficiarios de la condena dispuesta en sentencia del
2 de mayo de 2018, proferida por el Consejo de Estado.

5.2. En el recurso de apelación, el Ministerio de Salud y Protección Social alegó
falta de legitimación en la causa por pasiva, al considerar que la competencia para
efectuar el pago de las obligaciones contractuales y extracontractuales de la extinta
CAJANAL E.P.S., radica en la Fiduciaria La Previsora S.A., entidad a través de la
cual se constituyó el Fideicomiso denominado Patrimonio Autónomo de
Remanentes de CAJANAL S.A. E.P.S. EN LIQUIDACIÓN, mediante el contrato de
fiducia mercantil No. 310362 del 29 de febrero de 2008, previa disposición de los
recursos.

Sobre el particular, se advierte que el artículo 1° del Decreto 4409 de 200433
dispuso la disolución de la sociedad CAJANAL S.A. E.P.S. Asimismo, en relación

ANTONIO HERNANDEZ CAMACHO Y OTROS”, índice 96, Samai del Tribunal.
31 Fl. 1 a 16, Archivo “DEMANDA”, índice 2, Samai del Consejo de Estado.
32 Consejo de Estado, sentencia de 26 de septiembre de 2012, Exp. 24677. “La legitimación en la

causa constituye un presupuesto procesal para obtener decisión de fondo. En otros términos, la
ausencia de este requisito enerva la posibilidad de que el juez se pronuncie frente a las súplicas del
libelo petitorio.”
33 Artículo 1°.Disolución y liquidación. Dispóngase la disolución y liquidación de la Sociedad Cajanal

S.A., EPS, sociedad por acciones del orden nacional, vinculada al Ministerio de la Protección Social,
sometida al régimen de las Empresas Industriales y Comerciales del Estado. En consecuencia, a
partir de la vigencia del presente Decreto, dicha entidad entrará en proceso de disolución y

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Radicado: 68001233100020000250400 (73351)
Demandante: José Antonio Hernández Camacho y otros

con los procesos judiciales en curso y aquellos que se llegaren a promover dentro
del término de la liquidación, el parágrafo 2° del artículo 1834 del citado decreto
estableció que, una vez culminado dicho proceso, el Ministerio de la Protección
Social asumiría los procesos judiciales y las reclamaciones en que fuere parte
CJANAL S.A. E.P.S.

Adicionalmente, mediante oficio del 19 de febrero de 201935 la coordinadora del
Grupo Seguimiento Patrimonios Autónomos del Ministerio de Salud y Protección
Social, le informó al Tribunal Administrativo de Santander que “el Patrimonio
Autónomo de Remanentes CAJANAL S.A. EPS EN LIQUIDACIÓN ya no existe y
todos los procesos vigentes y sentencias pendientes de pago fueron asumidas por
este Ministerio, en virtud de lo establecido en el Decreto 4409, artículo 18, parágrafo
2°, por el cual se dispone la disolución y liquidación de la Sociedad CAJANAL S.A.
EPS. Teniendo en cuenta lo anterior, y ante la necesidad de este Ministerio de dar
cumplimiento y celeridad a los fallos proferidos dentro del presente proceso, de
manera atenta les solicitamos estudiar la viabilidad de autorizar el pago por
depósito judicial”.

En virtud de lo anterior, mediante oficio Nro. 201911700645581 del 27 de mayo de
201936, la coordinadora Grupo Seguimiento Patrimonios Autónomos, en virtud del
contrato de encargo fiduciario No. 3-1-53271, “suscrito entre FIDUPREVISORA
S.A. en calidad de vocera y administradora del Patrimonio Autónomo de
Remanentes PAR CAJANAL S.A. EPS en Liquidación y Fiduciaria La Previsora
S.A., cedido al Ministerio de Salud y Protección Social y en cumplimiento de lo
pactado”, remitió los documentos soportes a la Fiduprevisora S.A. con el fin de
tramitar el pago de la sentencia proferida dentro del proceso radicado con el número
68001233100020000250401, por valor de $240.544.642.

liquidación, el cual deberá concluir a más tardar en un plazo de dos (2) años, prorrogables hasta por
un plazo igual y, para todos los efectos, utilizará la denominación “Cajanal S.A., EPS en Liquidación”.
34 Artículo 18. Procesos judiciales. […] Parágrafo 2°. El Ministerio de la Protección Social asumirá,

una vez culminada la liquidación, los procesos judiciales y reclamaciones en que fuere parte Cajanal
S.A., EPS, al igual que las obligaciones derivadas de estos.
35 Fl. 71, Archivo “007.1.5970_20210909145118_PRUEBAS_680012331000200002504000_JOSE

ANTONIO HERNANDEZ CAMACHO Y OTROS. Zip”, índice 96, Samai del Tribunal.
36 Fl. 71, Archivo “007.1.5970_20210909145118_PRUEBAS_680012331000200002504000_JOSE

ANTONIO HERNANDEZ CAMACHO Y OTROS. Zip”, índice 96, Samai del Tribunal.

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Radicado: 68001233100020000250400 (73351)
Demandante: José Antonio Hernández Camacho y otros

Así, conforme a los comprobantes de egreso Nros37. CE1900008161,
CE1900008163, CE1900008162 y CE1900008232, el 31 de mayo de 2019 la
Fiduprevisora S.A., consignó en la cuenta de ahorros del apoderado de la parte
demandante del proceso ordinario, la suma de $240.544.642.

En ese orden de ideas, se advierte que el Ministerio de Salud y Protección Social,
conforme a lo dispuesto en el parágrafo 2° del artículo 18 del Decreto 4409 de 2004,
asumió las obligaciones contenidas en la sentencia del 2 de mayo de 2018,
proferida por el Consejo de Estado, en la que se condenó, entre otros, a CAJANAL
E.P.S. al pago de perjuicios materiales y morales a favor de los ahora ejecutantes.

Ahora bien, según lo dispuesto el 27 de mayo de 201938, por la coordinadora Grupo
Seguimiento Patrimonios Autónomos mediante oficio Nro. 201911700645581, el
pago es ordenado por el Ministerio de Salud y Protección Social y efectuado a
través de la Fiduprevisora S.A. en virtud del contrato de encargo fiduciario No. 3-1-
53271.

Así, se concluye que el Ministerio de Salud y Protección Social39, está legitimado
en la causa por pasiva como sucesor procesal de CAJANAL E.P.S., ya que fue la
entidad condenada mediante sentencia del 2 de mayo de 2018, proferida por el
Consejo de Estado, al interior del proceso de reparación directa con radicado

37 Fl. 1 Archivo “007.2.5970_20210909145146_PRUEBAS_680012331000200002504000_JOSE
ANTONIO HERNANDEZ CAMACHO Y OTROS.Zip” índice 96, Samai del Tribunal.
38 Fl. 71, Archivo “007.1.5970_20210909145118_PRUEBAS_680012331000200002504000_JOSE

ANTONIO HERNANDEZ CAMACHO Y OTROS. Zip”, índice 96, Samai del Tribunal.
39 De conformidad con el auto de la Sección Tercera del 22 de octubre de 2015 (Consejo de Estado,

Sección Tercera, Subsección C. Auto del 22 de octubre de 2015, Rad.: 42523.), se reconocerá como
sucesor procesal del DAS a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C. Auto del 14 de enero de 2020, Rad.: 52865.”(…)
el auto de Sala de la Sección Tercera de esta Corporación del veintidós (22) de octubre de dos mil
quince (2015), inaplicó el artículo 7° del Decreto 1303 de 2014 en lo que hacía referencia al traslado
de procesos judiciales y conciliaciones del DAS a la Fiscalía General de la Nación, y reconoció al
Departamento Administrativo de la Presidencia de la República como sucesor procesal del DAS,
hasta que el Presidente de la República reglamentara lo pertinente (…). Con fundamento en lo
anterior, el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República profirió el Decreto
Reglamentario No. 108 el veintidós (22) de enero de dos mil dieciséis (2016), y en su artículo 1°
asignó los procesos judiciales a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, con la salvedad
de que fueran atendidos y pagados con cargo al Patrimonio Autónomo cuya creación fue autorizada
por el artículo 238 de la Ley 1753 de 2015, los procesos judiciales entregados a la Fiscalía General
de la Nación como sucesor procesal del DAS o su Fondo Rotatorio, en los casos en que la Fiscalía
fuera excluida como parte procesal por decisión del juez de conocimiento (…)”.

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Demandante: José Antonio Hernández Camacho y otros

número No. 68001-23-31-000-2000-02504-00 (39038), motivo por el cual no le
asiste razón al ministerio demandado cuando alegó su falta de legitimación en la
causa por pasiva en el presente asunto.

6. Problema jurídico

De conformidad con lo expuesto en el acápite de antecedentes de esta providencia
y con los argumentos planteados en el recurso de apelación, corresponde a la Sala
determinar si hay lugar a continuar la ejecución de la obligación a cargo de la Nación
– Ministerio de Salud y Protección Social.

7. Solución del problema jurídico

Antes de resolver el problema jurídico, conviene hacer una breve referencia acerca
de los aspectos generales del proceso ejecutivo y el régimen de causación y pago
de intereses moratorios derivados de conciliaciones y condenas impuestas en
procesos adelantados bajo el CCA.

7.1. Aspectos generales del proceso ejecutivo

El fin del proceso de ejecución es lograr que el titular de una relación jurídica que
crea obligaciones40 contenidas en un título ejecutivo, pueda obtener, a través de la
intervención coercitiva del Estado, la plena satisfacción de estas, compeliendo al
deudor a ejecutar la prestación a su cargo41, si ello es posible, o a la
correspondiente indemnización de perjuicios42. En ese sentido, en esta clase de
diligencias, no se busca el reconocimiento de derecho alguno, sino la efectividad
de uno declarado o contenido en un título, pues “el Juez parte de la base que le
produce el título ejecutivo y no del conocimiento que respecto del derecho del
demandante pudiera adquirir posteriormente en el curso del proceso”43. El título

40 López Blanco, Hernán Fabio. Código General del Proceso, Parte Especial. Bogotá D.C.: Dupre

Editores Ltda.
41 Corte Constitucional. Sentencia C-918 de 2001.
42 Op. cit. 15.
43 Velásquez Gómez, Juan Guillermo. Los procesos ejecutivos. Medellín: Editora Jurídica de

Colombia.

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Demandante: José Antonio Hernández Camacho y otros

ejecutivo es pues la base del proceso de ejecución y su condición indispensable.
El objeto del proceso ejecutivo es, entonces, lograr el cumplimiento de las
obligaciones en los casos en los que, pese a la certeza y exigibilidad de estas, el
obligado no se ha allanado a cumplirlas. Se trata de la satisfacción coercitiva de la
obligación insatisfecha44. En esa medida, el proceso ejecutivo no es el escenario
idóneo para cuestionar la validez de los actos que estructuran el título ejecutivo,
pues la legalidad de las decisiones de la administración solo puede desvirtuarse a
través de los medios legalmente establecidos45.

Con relación al concepto de título ejecutivo, este puede entenderse como el
documento o conjunto de documentos complementarios46 emitidos en favor de una
o de varias personas, en los que, por mandato legal o judicial o por acuerdo de
quienes lo suscriben47, consta una obligación, clara, expresa y exigible, la cual, al
ofrecer certeza de su contenido y alcance, puede ser exigida judicialmente, de
manera que el obligado-deudor pueda verse compelido a su cumplimiento mediante
la denominada acción ejecutiva.

Al tenor de lo dispuesto en el artículo 422 del CGP48 y en consonancia con la
jurisprudencia de esta Corporación49, para que un documento pueda revestir el

44 Suárez Hernández, Daniel (1996). El Proceso Ejecutivo ante la Jurisdicción de lo Contencioso

Administrativo y el Cobro Coactivo de los Procesos de Ejecución ante la Jurisdicción Administrativa.
Revista del Instituto Colombiano de Derecho Procesal N°20. Enlace:
http://www.icdp.org.co/revista/usuarios/edicionesAnteriores/1996.php.
45 Consejo de Estado, Sala Plena de la Sección Tercera de lo Contencioso Administrativo: sentencia

del 30 de julio de 2008, radicación 13001-23-31-000-2001-00447-02(28346) y auto de 7 de
septiembre de 2010, radicación 08001-23-31-000-2009-00019-02(IJ); Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera: sentencia del 9 de marzo de 2020, radicación 85001-23-31-000-
2009-00139-01(44458) y sentencia del 2 de julio de 2021, radicación 25000-23-26-000-2002-00954-
02(37759), entre otros.
46 Cfr. Velásquez Gómez, Juan Guillermo. Los procesos ejecutivos. Medellín: Editora Jurídica de

Colombia.
47 Velásquez Gómez, Juan Guillermo. Los procesos ejecutivos y medidas cautelares. Medellín:

Editorial Librería Jurídica Sánchez R Ltda. Citado por Rodríguez Tamayo, Mauricio Fernando. La
acción ejecutiva ante la jurisdicción administrativa. Medellín: Editorial Jurídica Sánchez.
48 “Artículo 422. Título ejecutivo. Pueden demandarse ejecutivamente las obligaciones expresas,

claras y exigibles que consten en documentos que provengan del deudor o de su causante, y
constituyan plena prueba contra él, o las que emanen de una sentencia de condena proferida por
juez o tribunal de cualquier jurisdicción, o de otra providencia judicial, o de las providencias que en
procesos de policía aprueben liquidación de costas o señalen honorarios de auxiliares de la justicia,
y los demás documentos que señale la ley. La confesión hecha en el curso de un proceso no
constituye título ejecutivo, pero sí la que conste en el interrogatorio previsto en el artículo 184”.
49 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 31 de enero de 2008, rad. 34.201.

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Demandante: José Antonio Hernández Camacho y otros

carácter de título ejecutivo, debe reunir unas condiciones de forma y otras de fondo.
Las primeras exigen que el título, el documento o conjunto de documentos que
integran el título sean auténticos y, en condiciones normales, provengan del deudor
o sus causantes y constituyan plena prueba contra él. De igual forma, la obligación
puede constar en sentencias judiciales de condena y de otras providencias
judiciales que tengan fuerza ejecutiva50. Asimismo, puede devenir de las
providencias que, en los procesos ante esta jurisdicción o la de policía, liquiden
costas o señalen honorarios de auxiliares de la justicia51, o de otros documentos a
los cuales la ley les dé ese alcance52.

En ese sentido, el título ejecutivo puede ser singular, es decir, estar contenido o
constituido por un solo documento, como sería el caso de un título valor. De igual
manera el título puede ser complejo, esto es, que se encuentra integrado por un
conjunto de documentos, como ocurre por ejemplo con un contrato y las
constancias de incumplimiento, el cobro de las garantías, etc., contenidas en
documentos diferentes. En todo caso, los documentos que se alleguen con la
demanda para constituir un título ejecutivo de esta naturaleza deben valorarse en
su conjunto, con miras a establecer si, conjuntamente, constituyen prueba idónea
de la existencia de una obligación clara, expresa y exigible a favor del ejecutante.

A este respecto, el artículo 297 del CPACA estableció un listado de los documentos
que pueden constituir un título ejecutivo en materia contencioso administrativa,
entre estos: i) las sentencias ejecutoriadas proferidas por esta jurisdicción, en
donde se condene a una entidad al pago de sumas dinerarias; ii) las decisiones en
firme proferidas en ejercicio de los mecanismos alternativos de solución de
conflictos, en las que se establezcan obligaciones claras, expresas y exigibles; iii)
los contratos y sus garantías, junto con los actos expedidos en ejercicio de la
actividad contractual, de los cuales emane una obligación clara, expresa y exigible
a cargo de alguna de las partes y; iv) los actos administrativos, con constancia de
ejecutoria, en donde se reconozca un derecho o una obligación clara, expresa y
exigible en cabeza de una autoridad administrativa, los cuales deben ser allegados

50 Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 14 de mayo de 2014, rad. 33.586.
51 Ibidem.
52 Artículo 422 del Código General del Proceso.

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Radicado: 68001233100020000250400 (73351)
Demandante: José Antonio Hernández Camacho y otros

en copia auténtica con la anotación de que corresponden al primer ejemplar.
Por otra parte, las condiciones de fondo de los títulos ejecutivos atañen a la
exigencia de que en estos documentos aparezca, a favor del ejecutante o de su
causante, y a cargo del ejecutado o del causante, una “obligación clara, expresa y
exigible y además líquida o liquidable por simple operación aritmética si se trata de
pagar una suma de dinero”53.

Se trata, entonces, de que el título permita establecer con claridad que al obligado le
corresponde cumplir a favor de su acreedor una prestación de dar, de hacer o de no
hacer y que la obligación de la cual deriva dicha prestación, además sea clara,
expresa y exigible.

En tal sentido, la jurisprudencia de esta Corporación ha sostenido que la obligación
debe entenderse expresa cuando aparece manifiesta en la redacción del título, es
decir, que en el documento que la contiene debe estar declarada expresamente de
forma nítida y sin que para tal efecto se deba acudir a interpretaciones o
elucubraciones. La obligación es clara cuando aparece determinada en el título, de
modo que resulta fácilmente inteligible y se entiende en un solo sentido. Finalmente,
la obligación es exigible cuando puede demandarse su cumplimiento al no estar
pendiente de un plazo o una condición. En otras palabras, la exigibilidad se debe a
que la obligación debía cumplirse dentro de cierto término ya vencido, o cuando
ocurriera una condición ya acontecida, o para la cual no se señaló término, pero
cuyo cumplimiento sólo podía hacerse dentro de cierto tiempo que ya transcurrió, y
la que es pura y simple por no haberse sometido a plazo ni condición, previo
requerimiento54.

Así, cuando lo que se persigue es la ejecución de decisiones judiciales, esta
Corporación55 ha sostenido que el acreedor puede optar entre iniciarla a

53 Autos del 4 de mayo de 2002, rad. 15.679; y del 30 de marzo de 2006, rad. 30.086, entre otros.
54 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, auto del 5 de octubre

de 2000, rad. CE-SEC3-EXP2000-N16868.
55 Se ha puntualizado que “en el caso de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, quien

obtenga una sentencia de condena a su favor puede optar por:
1. Iniciar el proceso ejecutivo a continuación del ordinario, para lo cual debe: (…)
2. Si lo prefiere el demandante, puede formular demanda ejecutiva con todos los requisitos previstos
en el artículo 162 del CPACA, a la cual se debe anexar el respectivo título ejecutivo base de

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Demandante: José Antonio Hernández Camacho y otros

continuación del proceso ordinario56, solicitar el cumplimiento de la sentencia57 o
interponer una demanda ejecutiva separada, en cuyo evento, con el fin de cumplir
con la carga procesal58 debe acompañarla con “documento que preste mérito
ejecutivo”59 para que el juez pueda emitir orden de pago como lo establece el
artículo 430 del CGP60.

7.2. Régimen de causación y pago de intereses moratorios derivados de
conciliaciones y condenas impuestas en procesos adelantados bajo el CCA

Como atrás se señaló, la exigibilidad, causación y pago de intereses en el asunto
bajo análisis, se rige por las reglas establecidas en el Decreto 01 de 1984 (CCA),
de conformidad con la transición procesal prevista por el artículo 308 del CPACA.

recaudo, es decir, la sentencia que presta mérito ejecutivo con todos los requisitos de forma
y de fondo exigidos por la ley” (se destaca). Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Sala Plena, auto del 25 de julio de 2017, expediente: 4935-14
(auto de importancia jurídica).
56 Código General del Proceso. “Artículo 306. Ejecución. Cuando la sentencia condene al pago de

una suma de dinero, a la entrega de cosas muebles que no hayan sido secuestradas en el mismo
proceso, o al cumplimiento de una obligación de hacer, el acreedor, sin necesidad de formular
demanda, deberá solicitar la ejecución con base en la sentencia, ante el juez del conocimiento, para
que se adelante el proceso ejecutivo a continuación y dentro del mismo expediente en que fue
dictada. Formulada la solicitud el juez librará mandamiento ejecutivo de acuerdo con lo señalado en
la parte resolutiva de la sentencia y, de ser el caso, por las costas aprobadas, sin que sea necesario,
para iniciar la ejecución, esperar a que se surta el trámite anterior (…)”.
57 La Ley 1437 de 2011, en su redacción original, establecía lo siguiente: “Artículo 298. En los casos

a que se refiere el numeral 1 del artículo anterior [cuando se trata de sentencias ejecutoriadas
emitidas por esta jurisdicción que condenen a entidades públicas a pagar sumas dinerarias], si
transcurrido un (1) año desde la ejecutoria de la sentencia condenatoria o de la fecha que ella señale,
esta no se ha pagado, sin excepción alguna el juez que la profirió ordenará su cumplimiento
inmediato (…)”.
58 “La carga, entonces, a diferencia de la obligación, no impone al deudor la necesidad de cumplir –

incluso pudiendo ser compelido a ello coercitivamente– con la prestación respecto de la cual se ha
comprometido con el acreedor, sino que simplemente faculta –la aludida carga–, a aquél en quien
recae, para realizar una conducta como consecuencia de cuyo despliegue puede obtener una ventaja
o un resultado favorable, mientras que si no la lleva a cabo, asume la responsabilidad de aceptar las
consecuencias desventajosas, desfavorables o nocivas que tal omisión le acarree”. Consejo de
Estado, Sección Tercera, sentencia del 18 de febrero de 2010, expediente 18.076.
59 Se ha dicho que, ante la presentación de una demanda ejecutiva, el juez debe evaluar el

cumplimiento de las exigencias formales previstas en el artículo 162 del CPACA, así como los
requisitos del título ejecutivo, cuya ausencia deviene en la negativa del mandamiento de pago, sobre
la base de que “quien pretende la ejecución de una obligación debe allegar los documentos que
efectivamente presten mérito ejecutivo”. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Tercera, Subsección A, auto del 4 de junio de 2024, expediente: 71.026. En la misma línea,
en sentencia SU-041 de 2018, la Corte Constitucional expresó que, interpuesta la demanda
ejecutiva, “el juez debe verificar el cumplimiento de los requisitos formales del libelo y, además, que
el título cumpla con los requisitos establecidos en el artículo 488 del CPC, hoy 422 del CGP”.
60 “Artículo 430. Mandamiento ejecutivo. Presentada la demanda acompañada de documento que

preste mérito ejecutivo, el juez librará mandamiento ordenando al demandado que cumpla la
obligación en la forma pedida, si fuere procedente, o en la que aquel considere legal (…)”.

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Radicado: 68001233100020000250400 (73351)
Demandante: José Antonio Hernández Camacho y otros

Pues bien, el artículo 177 de esa codificación señala que una vez ejecutoriada una
providencia que imponga o liquide una condena o la que apruebe una conciliación,
la entidad pública a cargo de su cumplimiento cuenta con un plazo de 18 meses
para su pago. Vencido ese término sin que se hubiera satisfecho esos créditos
judiciales pueden ser exigidos mediante juicio ejecutivo promovido por sus
beneficiarios ante la jurisdicción.

Con relación a los intereses por el retardo en el cumplimiento de los créditos
judicialmente reconocidos mediante sentencias y conciliaciones, el inciso 5º del
artículo en cita dispone que “[l]as cantidades líquidas reconocidas en tales
sentencias devengarán intereses comerciales (durante los seis (6) meses siguientes
a su ejecutoria) y moratorios (después de este término). La Corte Constitucional
mediante sentencia C-188 de 1999 declaró inexequibles los apartes tachados y
encerrados entre paréntesis, así como expresiones en el mismo sentido del inciso
segundo del artículo 65 de la Ley 23 de 1991 (artículo 72 de la Ley 446 de 1998), al
considerar que resultaba injustificado e inequitativo y, por tanto, violatorio del
derecho a la igualdad, prever un plazo en el cual las obligaciones en mora a cargo
del Estado no devenguen intereses moratorios. Al respecto señaló:

“En ese orden de ideas, la Administración Pública está obligada por un acto suyo a
pagar unas determinadas cantidades de dinero a los particulares con quienes concilia
y éstos tienen derecho a recibirlas dentro de los términos pactados. No se pierda de
vista que ellos sufren perjuicio por la mora en que la Administración pueda incurrir.
Tales perjuicios se tasan anticipadamente mediante la fijación por la propia ley de
intereses moratorios.

Para la Corte es claro que el principio de igualdad y la equidad imponen que en estos
casos las dos partes reciban igual trato, sin que se justifique en modo alguno que
mientras el Estado cobra a los contribuyentes intereses moratorios cuando ellos no
pagan a tiempo los impuestos, y ello a partir del primer día de retardo en el pago, las
obligaciones en mora a cargo del Estado deban forzosamente permanecer libres de
la obligación de cancelar dichos réditos durante seis meses, con notorio perjuicio para
los particulares que han debido recibir oportunamente los recursos pactados. Durante
ese tiempo, el dinero no recibido por el acreedor pierde poder adquisitivo y no existe
razón válida para que esa pérdida la deba soportar el particular y no el Estado, que
incumple.

(…)

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Radicado: 68001233100020000250400 (73351)
Demandante: José Antonio Hernández Camacho y otros

En cuanto al artículo 177 del Código Contencioso Administrativo, a menos que la
sentencia que impone la condena señale un plazo para el pago -evento en el cual,
dentro del mismo se pagarán intereses comerciales-, los intereses moratorios se
causan a partir de la ejecutoria de la respectiva sentencia, sin perjuicio de la aplicación
del término de dieciocho (18) meses que el precepto contempla para que la
correspondiente condena sea ejecutable ante la justicia ordinaria”.

Cabe agregar que la continuidad de la causación de los intereses moratorios en el
tiempo, cesa hasta que se satisfaga totalmente la obligación, dado el carácter
indemnizatorio de esa institución de cara al pago tardío de lo que se debe61.

Por su parte el inciso 6º del artículo 177 del CCA62, dispuso que si cumplidos 6
meses desde la ejecutoria de la providencia que imponga o liquide una condena o
de la que apruebe una conciliación, los beneficiarios no han acudido ante la entidad
responsable para hacer efectivo el pago, acompañando la documentación exigida
para el efecto, cesa la causación de intereses de todo tipo, desde entonces y hasta
cuando se presente la solicitud en debida forma.

Dicho inciso fue declarado exequible por la Corte Constitucional63, bajo el entendido
que, el legislador, procurando una mayor efectividad y eficiencia en el cumplimiento
y ejecución de los créditos judiciales, fijó a los beneficiarios de condenas judiciales
o acuerdos conciliatorios, un plazo de 6 meses para presentar la respectiva
reclamación, previendo como consecuencia de su inobservancia la cesación de todo
tipo de intereses, los cuales entrarían a causarse nuevamente sólo a partir de la
presentación de la respectiva solicitud. En tal sentido señaló:

“5.1.5. Pues bien, una lectura cuidadosa de la regla materia del presente debate,
interpretada en concordancia con el conjunto de previsiones normativas a las que se
ha hecho referencia expresa en acápites anteriores, permite concluir que la razón de
su incorporación en el texto normativo del artículo 177 del C.C.A, no es otra que la de
propender por la defensa del patrimonio público y por la garantía del interés general,
en cuanto busca que los beneficiarios de condenas contra entidades estatales actúen
de buena fe y con diligencia frente a la reclamación que deben presentarles,
procurando con ello que los funcionarios llamados a cumplir los fallos adopten en
forma pronta y oportuna las medidas que sean necesarias para su ejecución y

61 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de 23 de

noviembre de 2017, radicación: 51282.
62 Adicionado por el artículo 60 de la Ley 446 de 1998.
63 Corte Constitucional, sentencia C-428-02 de 29 de mayo de 2002, M.P. Rodrigo Escobar Gil.

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Radicado: 68001233100020000250400 (73351)
Demandante: José Antonio Hernández Camacho y otros

cumplimiento, e impidiendo que la Administración se vea abocada a reconocer y
pagar una mayor cantidad de intereses moratorios; en este caso específico, derivados
de la actitud negligente del acreedor.

5.1.6. Ciertamente, la circunstancia específica de que la ley y la jurisprudencia
constitucional, con base en los principios de igualdad, buena fe y garantía integral del
patrimonio de los particulares, hayan reconocido la causación de intereses moratorios
a partir de la ejecutoria de la condena, lleva a suponer, fundadamente, que, en
algunos casos, no existe por parte de los beneficiarios de los créditos judiciales, el
interés suficiente para adoptar en el corto plazo las medidas que le competen y que
lo habilitan para formular la respectiva reclamación ante la entidad pública
responsable, generando un evidente e injusto perjuicio económico para la
Administración y, por ende, para el patrimonio público de todos los colombianos.

5.1.7. Tal hecho, justifica, entonces, la viabilidad de la medida adoptada en la norma
acusada -fijar un plazo de seis meses para formular la reclamación y suspender el
reconocimiento de intereses frente a su inobservancia-, con la seguridad de que la
misma resulta razonable (…)”.

Ahora bien, con el propósito de disponer de los mecanismos necesarios para lograr
el cabal y oportuno cumplimiento de las obligaciones dinerarias derivadas de
sentencias a cargo de la Nación, el Gobierno Nacional expidió el Decreto 0768 de
1993, por el cual reglamentó entre otros, los artículos 176 y 177 del CCA.

De conformidad con dicha regulación, quien fuere beneficiario de una obligación
dineraria establecida en una sentencia condenatoria a cargo de la Nación, o su
apoderado especialmente constituido para el efecto, debía elevar la respectiva
solicitud de pago ante la Subsecretaría Jurídica del Ministerio de Hacienda y Crédito
Público, en la cual debía afirmar bajo la gravedad del juramento que no se había
presentado ninguna otra solicitud de pago por el mismo concepto. Para tales
efectos, debían cumplirse, entre otros, los siguientes requisitos: (i) allegar copia
auténtica de la respectiva sentencia con la constancia de notificación y fecha de
ejecutoria; (ii) de ser el caso, adjuntar los poderes que se hubieren expresamente
dirigidos al Ministerio de Hacienda y Crédito Público o a la Subsecretaría Jurídica
del mismo y; (iii) señalar los datos de identificación, teléfono y dirección de los
beneficiarios y sus apoderados.

Posteriormente, el Decreto 359 de 1995 dispuso que a partir del 1º de marzo de
1995 los créditos judicialmente reconocidos, las conciliaciones y los laudos

24

Radicado: 68001233100020000250400 (73351)
Demandante: José Antonio Hernández Camacho y otros

arbitrales, debían ser remitidos directamente al órgano condenado, quien
procedería al pago de la obligación dineraria, verificado el cumplimiento de los
requisitos definidos en los decretos 768 de 1993, 818 de 1994 y 1328 de 1994 o los
demás que los modifiquen o adicionen, en la medida en que cuenten con
apropiación presupuestal para ello.

8. Caso concreto

En el recurso de apelación presentado contra la sentencia del 24 de abril de 2025,
proferida por el Tribunal Administrativo de Santander, el Ministerio de Salud y
Protección Social solicitó revocar la sentencia de primera instancia, para lo cual
insistió en la excepción de pago total de la obligación, al señalar que el 31 de mayo
de 2019, a través de la Fiduciaria La Previsora S.A. en su calidad de vocera y
administradora del patrimonio autónomo de remanentes de CAJANAL S.A. E.P.S.
LIQUIDADA, efectuó el pago a los ejecutantes por la suma de $240.544.642.
Asimismo, alegó su falta de legitimación en la causa por pasiva, al considerar que
no tiene la competencia para realizar el pago de las obligaciones contractuales y
extracontractuales de la extinta CAJANAL E.P.S. Finalmente, se opuso a la
liquidación de los intereses moratorios efectuada por la parte ejecutante, al señalar
que no se tuvo en cuenta la cesación de intereses ocurrida entre el día siguiente a
la ejecutoria de la sentencia y la fecha en que los demandantes radicaron la totalidad
de los documentos requeridos para efectuar el pago, esto es, el 9 de abril de 2019.
Igualmente, refirió que se desconoce el interés aplicado en la liquidación.

En este sentido, y comoquiera que sólo la parte ejecutada presentó recurso de
apelación contra la sentencia proferida el 24 de abril de 2025 por el Tribunal
Administrativo de Santander, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 328 del
Código General del Proceso, se resolverá el asunto sub lite exclusivamente en
aquellos aspectos frente a los que la entidad demandada manifestó su
inconformidad en la alzada64.

64 “Artículo 328. Competencia del Superior. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse
solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba
adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley. Sin embargo, cuando ambas partes hayan
apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin

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Radicado: 68001233100020000250400 (73351)
Demandante: José Antonio Hernández Camacho y otros

A propósito de esta temática, en sentencia de unificación del 9 de febrero de 201265,
esta Corporación sostuvo que la competencia del juez de segunda instancia se
encuentra limitada a los aspectos indicados en el recurso de apelación, de manera
que los demás asuntos están llamados a excluirse del debate en la instancia
superior, toda vez que en el recurso de apelación operan tanto el principio de
congruencia66 como el dispositivo67.

Por ello, comoquiera que la Sala, en el acápite de legitimación en la causa, estimó
que el Ministerio de Salud y Protección Social se encuentra legitimado en la causa
por pasiva, se procederá analizar exclusivamente si la ejecución de la obligación
que aquí se pretende debe continuar respecto de la Nación – Ministerio de Salud y
Protección Social.

Bajo esta óptica, la Sala procederá a establecer cuáles son los hechos probados en
el proceso.

limitaciones. En la apelación de autos, el superior solo tendrá competencia para tramitar y decidir el
recurso, condenar en costas y ordenar copias. El juez no podrá hacer más desfavorable la situación
del apelante único, salvo que en razón de la modificación fuera indispensable reformar puntos
íntimamente relacionados con ella. En el trámite de la apelación no se podrán promover incidentes,
salvo el de recusación. Las nulidades procesales deberán alegarse durante la audiencia”.
65 Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 9 de febrero de 2012, Rad. 21060.
66 Con relación a la aplicabilidad del principio de congruencia, la providencia del 1° de abril de 2009,

(Rad: 32.800) puntualizó: “De conformidad con el principio de congruencia, al superior, cuando
resuelve el recurso de apelación, sólo le es permitido emitir un pronunciamiento en relación con los
aspectos recurridos de la providencia del inferior, razón por la cual la potestad del juez en este caso
se encuentra limitada a confrontar lo decidido con lo impugnado en el respectivo recurso y en el
evento en que exceda las facultades que posee en virtud del mismo, se configurará la causal de
nulidad prevista en el numeral 2 del artículo 140 del Código de Procedimiento Civil, relativa a la falta
de competencia funcional”.
67 Dicho principio ha sido definido por la doctrina como: “La facultad exclusiva del individuo de

reclamar la tutela jurídica del Estado para su derecho, y en la facultad concurrente del individuo con
el órgano jurisdiccional, de aportar elementos formativos del proceso y determinarlo a darle fin”. O
como dice COUTURE, es el principio procesal que asigna a las partes y no a los órganos de la
jurisdicción la iniciativa, el ejercicio y el poder de renunciar a los actos del proceso” “Son
características de esta regla las siguientes: “(…). El campo de decisión del juez queda
determinado especial y esencialmente por las pretensiones del demandante debido a que el
juez no puede decidir sobre objeto diverso a lo en ellas contemplado” (negrillas adicionales).
López Blanco, Hernán Fabio, Instituciones de Derecho Procesal Civil Colombiano, Parte General,
Tomo I, Dupré Editores, Bogotá, 2005, Pág. 106.

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Radicado: 68001233100020000250400 (73351)
Demandante: José Antonio Hernández Camacho y otros

8.1. Hechos probados

De acuerdo con el material probatorio arrimado al proceso, se encuentra probado lo
siguiente:

8.1.1. Se acreditó que, mediante sentencia del 2 de mayo de 2018, el Consejo de
Estado68, dentro del proceso de reparación directa No. 68001-23-31-000-2000-
02504-00 (39038), condenó a CAJANAL E.P.S., Servir S.A. y a la Unidad Médico
Quirúrgica S.A. a pagar perjuicios morales y materiales a José Antonio Hernández
Camacho, Isabel Cristina Quintero de Hernández, Sergio José Hernández Quintero
y Marco Antonio Hernández Quintero, con ocasión de la muerte de Naslly Zamara
Hernández, según da cuenta copia auténtica de dicha providencia69, en la cual se
resolvió:

“[…] MODIFICAR la sentencia proferida el 8 de octubre de 2009 por el Tribunal
Administrativo de Santander y en su lugar:

PRIMERO: DECLARAR administrativa, patrimonial y solidariamente responsable a
CAJANAL – EPS, Servir S.A. y la Unidad Médico Quirúrgica S.A. – Unimeq S.A. de
los perjuicios sufridos por los demandantes como consecuencia de la muerte de
Naslly Zamara Hernández.

SEGUNDO: CONDENAR a la (sic) CAJANAL – EPS, Servir S.A. y la Unidad Médico
Quirúrgica S.A. – Unimeq S.A. por concepto de perjuicios morales, al pago de las
siguientes sumas de dinero:

Demandante Calidad del Perjuicios
actor morales
José Antonio Hernández Padre 100 SMLMV
Camacho
Isabel Cristina Quintero de Madre 100 SMLMV
Hernández
Sergio José Hernández Quintero Hermano 50 SMLMV
Marco Antonio Hernández Hermano 50 SMLMV
Quintero

68 Sección Tercera, Subsección C, magistrado ponente, Dr. Jaime Orlando Santofimio Gamboa.
69 Fl. 77 a 130, Archivo “001.2000-02504-00”, índice 96, Samai del Tribunal.

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Radicado: 68001233100020000250400 (73351)
Demandante: José Antonio Hernández Camacho y otros

TERCERO: CONDENAR a la CAJANAL – EPS, Servir S.A. y la Unidad Médico
Quirúrgica S.A. – Unimeq S.A. por concepto de perjuicios materiales en su modalidad
de daño emergente, al pago de las siguientes sumas de dinero:

Demandante Concepto Valor
José Antonio Hernández Gastos fúnebres $1.413.968.22
Camacho
Isabel Cristina Quintero Compraventa del lote No. $645.6455.95
de Hernández 7 ubicado en el
cementerio “Jardines La
Colina”
TOTAL $2.059.624.17

CUARTO: NEGAR las demás pretensiones de la demanda […]”.

8.1.2. Se demostró que el 24 de mayo de 2018, cobró ejecutoria la sentencia del 2
de mayo de 2018 proferida por esta Corporación, según da cuenta copia auténtica
de la respectiva constancia secretarial70.

8.1.3. Demostrado quedó que, mediante oficio No. 201911700199111 del 19 de
febrero de 2019, la coordinadora del Grupo Seguimiento Patrimonios Autónomos
del Ministerio de Salud y Protección Social, le informó al Tribunal Administrativo de
Santander que, en virtud de lo previsto en el parágrafo 2° del artículo 18 del Decreto
4409 de 2004, todos los procesos vigentes y sentencias pendientes de pago fueron
asumidos por ese ministerio, por lo que, en atención a la sentencia proferida el 2 de
mayo de 2018 por el Consejo de Estado, solicitó estudiar la viabilidad de autorizar
el pago por depósito judicial. De ello da cuenta copia auténtica de dicho oficio71.
Textualmente, en el referido oficio se indicó:

“[…] El Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera,
Subsección C, en providencia de 2 de mayo de 2018, en el proceso del asunto,
modifica la sentencia dictada por el Tribunal Administrativo de Santander, de octubre
8 de 2009.

El Patrimonio Autónomo de Remanentes CAJANAL S.A. EPS EN LIQUIDACIÓN ya
no existe y todos los procesos vigentes y sentencias pendientes de pago fueron
asumidas por este Ministerio, en virtud de lo establecido en el Decreto 4409, artículo

70 Fl. 139, Archivo “001.2000-02504-00”, índice 96, Samai del Tribunal.
71 Fl. 71, Archivo “008.3.5970_20210917135200_PRUEBAS_680012331000200002504000_JOSE

ANTONIO HERNANDEZ CAMACHO Y OTROS. Zip”, índice 96, Samai del Tribunal.

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Radicado: 68001233100020000250400 (73351)
Demandante: José Antonio Hernández Camacho y otros

18, parágrafo 2°, por el cual se dispone la disolución y liquidación de la Sociedad
CJANAL S.A. EPS.

Teniendo en cuenta lo anterior, y ante la necesidad de este Ministerio de dar
cumplimiento y celeridad a los fallos proferidos dentro del presente proceso, de
manera atenta les solicitamos estudiar la viabilidad de autorizar el pago por depósito
judicial, informándonos los requisitos para proceder a ello […]”.

8.1.4. Está acreditado que el 9 de abril de 2019, el apoderado de los beneficiarios
de la condena presentó cuenta de cobro ante el Ministerio de Salud y Protección
Social con el fin de recibir el pago de la indemnización derivada de la sentencia
condenatoria del 2 de mayo de 2018, según da cuenta copia auténtica de ese
memorial72.

8.1.5. Está acreditado que, mediante oficio No. 201911700645581 del 27 de mayo
de 2019, la coordinadora del Grupo de Seguimiento Patrimonios Autónomos del
Ministerio de Salud y Protección Social, le envió al director de Negocios y
Remanentes de la FIDUPREVISORA S.A. los documentos soporte con el fin de
tramitar el pago de la sentencia proferida el 2 de mayo de 2018 por el Consejo de
Estado, dentro del proceso de reparación directa No. 68001-23-31-000-2000-
02504-00, por valor de $240.544.642, según da cuenta copia de dicho oficio73.

8.1.6. Demostrado quedó que el 31 de mayo de 2019, la FIDUPREVISORA S.A.
pagó al apoderado de Marco Antonio Hernández Quintero la suma de $39.062.100,
por concepto de perjuicios morales, a los que fue condenada CAJANAL E.P.S.
LIQUIDADA mediante sentencia del 2 de mayo de 2018 proferida por el Consejo de
Estado, así como la suma de $685.383 por concepto de los intereses moratorios,
sin que se hubiesen especificado los periodos de tiempo. De ello da cuenta copia
del comprobante de egreso No. CE190000816374.

8.1.7. Se probó que, el 31 de mayo de 2019, la FIDUPREVISORA S.A. pagó al
apoderado judicial de Isabel Cristina Quintero de Hernández las sumas de

72 Fl. 25, Archivo “008.3.5970_20210917135200_PRUEBAS_680012331000200002504000_JOSE

ANTONIO HERNANDEZ CAMACHO Y OTROS. Zip”, índice 96, Samai del Tribunal.
73 Fl. 1, Archivo “008.3.5970_20210917135200_PRUEBAS_680012331000200002504000_JOSE

ANTONIO HERNANDEZ CAMACHO Y OTROS. Zip”, índice 96, Samai del Tribunal.
74 Archivo “008.2. 5970_20210917135112_PRUEBAS_68001233100020000250400_JOSE
ANTONIO HERNANDEZ CAMACHO Y OTROS”, índice 96, Samai del Tribunal.

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Radicado: 68001233100020000250400 (73351)
Demandante: José Antonio Hernández Camacho y otros

$78.124.200, por concepto de perjuicios morales y de $645.656 por concepto de
perjuicios materiales, a los que fue condenada CAJANAL E.P.S. LIQUIDADA
mediante sentencia del 2 de mayo de 2018 proferida por el Consejo de Estado.
Adicionalmente, pagó la suma de $1.370.826 por concepto de intereses moratorios,
sin que se hubiesen especificado los periodos de tiempo. De ello da cuenta copia
del comprobante de egreso No. CE190000816175.

8.1.8. Se acreditó que, el 31 de mayo de 2019, la FIDUPREVISORA S.A. pagó al
apoderado judicial de Sergio José Hernández Quintero la suma de $39.062.100, por
concepto de perjuicios morales, a los que fue condenada CAJANAL E.P.S.
LIQUIDADA mediante sentencia del 2 de mayo de 2018 proferida por el Consejo de
Estado, así como la suma de $685.383 por concepto de los intereses moratorios,
sin que se hubiesen especificado los periodos de tiempo. De ello da cuenta copia
del comprobante de egreso No. CE190000816276.

8.1.9. Demostrado está que, el 31 de mayo de 2019, la FIDUPREVISORA S.A. pagó
al apoderado judicial de José Antonio Hernández Camacho las sumas de
$78.124.200 por concepto de perjuicios morales y de $1.413.968 por concepto de
perjuicios materiales, a los que fue condenada CAJANAL E.P.S. LIQUIDADA
mediante sentencia del 2 de mayo de 2018 proferida por el Consejo de Estado.
Adicionalmente, pagó la suma de $1.370.826 por concepto de los intereses
moratorios, sin especificar los límites de tiempo. De ello da cuenta copia del
comprobante de egreso No. CE190000823277.

8.2. Análisis de la Sala

En el sub examine, el Tribunal Administrativo de Santander declaró no probada la
excepción de pago propuesta por la ejecutada, ordenó seguir adelante con la
ejecución y condenó en costas a la parte vencida.

75 Archivo “008.2. 5970_20210917135112_PRUEBAS_68001233100020000250400_JOSE
ANTONIO HERNANDEZ CAMACHO Y OTROS”, índice 96, Samai del Tribunal.
76 Archivo “008.2. 5970_20210917135112_PRUEBAS_68001233100020000250400_JOSE
ANTONIO HERNANDEZ CAMACHO Y OTROS”, índice 96, Samai del Tribunal.
77 Archivo “008.2. 5970_20210917135112_PRUEBAS_68001233100020000250400_JOSE
ANTONIO HERNANDEZ CAMACHO Y OTROS”, índice 96, Samai del Tribunal.

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Radicado: 68001233100020000250400 (73351)
Demandante: José Antonio Hernández Camacho y otros

Por su parte, el Ministerio de Salud y Protección Social solicitó revocar la sentencia
de primera instancia y terminar la ejecución de la obligación, pues pagó la totalidad
de la condena impuesta en la sentencia proferida el 2 de mayo de 2018 por el
Consejo de Estado.

Así las cosas, es pertinente aclarar que, en principio, la sentencia dictada dentro del
proceso ejecutivo no tiene por objeto determinar el monto de la obligación cuyo
cumplimiento se persigue —asunto que corresponde a la etapa de liquidación del
crédito —, sino decidir sobre las excepciones de mérito formuladas por las partes.
No obstante, en el presente asunto resulta necesario establecer si el Ministerio de
Salud y Protección Social efectuó un pago que permita declarar la terminación del
proceso. Para tal efecto, se requiere confrontar el valor consignado con el capital
adeudado y los intereses generados hasta la fecha del pago, con el fin de verificar
la satisfacción íntegra de la obligación. Por ello, se verificará si la liquidación
presentada por el ejecutante, en la cual se sustentó el mandamiento de pago y la
sentencia proferida el 24 de abril de 2025 por el Tribunal Administrativo de
Santander, se ajusta a las normas que rigen el pago de la obligación contenida en
la sentencia del 2 de mayo de 2018.

En ese contexto, revisada la liquidación aportada por la parte ejecutante el 29 de
noviembre de 201978, se advierte que fue elaborada con fundamento en las
disposiciones previstas en el CPACA para el pago de sentencias, y no conforme a
las contenidas en el CCA para tal efecto.

Anotó el ejecutante que según “[…] concepto emitido el 29 de abril de 2014 por el
Honorable Consejo de Estado Sala de Consulta y Servicio Civil, […] “…cuando una
entidad estatal deba dar cumplimiento a una sentencia proferida o conciliación
aprobada con posterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 1437 de 2011 (julio 2
de 2012), pero cuya demanda fue interpuesta con anterioridad a esta, debe liquidar
el pago con intereses moratorios de acuerdo con las disposiciones de la Ley 1437
de 2011”. Como también con los subsiguientes pronunciamientos del mismo alto

78 Fl. 179 a 187, Archivo “001.2000-02504-00.pdf”, índice 96, Samai del Tribunal.

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Radicado: 68001233100020000250400 (73351)
Demandante: José Antonio Hernández Camacho y otros

Tribunal, en el mismo sentido, que son fiel trasunto del contenido e imposiciones del
artículo 192 y concordantes de la Ley 1437 de 2011, en armonía con sus normas
complementarias”.

Sobre el particular, se advierte que, mediante sentencia del 20 de octubre de 201479,
la Sección Tercera se apartó del concepto emitido el 29 de abril de 2014 por la Sala
de Consulta y Servicio y Civil, al considerar que el artículo 308 del CPACA resulta
aplicable al pago de intereses moratorios de las sentencias dictadas al amparo del
proceso regulado por el CCA y proferidas con posterioridad a la entrada en vigencia
de dicho estatuto.

En otras palabras, la Sección Tercera precisó que el régimen aplicable en materia
de intereses moratorios corresponde al previsto en el CPACA, aun cuando el
proceso haya sido tramitado bajo las disposiciones del CCA, siempre que la
sentencia se haya proferido con posterioridad a la entrada en vigencia de aquel.

De hecho, en la mencionada sentencia del 20 de octubre de 2014, la Sección
Tercera de esta Corporación concluyó que: i) las demandas instauradas antes de la
vigencia del CPACA y cuya sentencia también se dictó antes, causan intereses
moratorios, en caso de retardo en el pago, conforme al art. 177 del CCA; ii) las
demandas instauradas antes de la vigencia del CPACA y cuya sentencia se dictó
con posterioridad causan intereses moratorios, en caso de retardo en el pago,
conforme al art. 177 del CCA, sin que la entrada en vigencia del CPACA altere esta
circunstancia, en virtud de lo dispuesto en el art. 308 de dicho estatuto; y iii) los
procesos iniciados en vigencia del CPACA, cuya sentencia se dicta bajo sus
disposiciones, causan intereses moratorios conforme al art. 195 del CPACA.

Bajo ese entendido y, en consonancia con lo decantado por la Sección Tercera del
Consejo de Estado, para efectos de la exigibilidad, causación y pago de intereses
que se generen como consecuencia de la mora en el cumplimiento de las

79 M.P. Enrique Gil Botero. Radicación No. 52001-23-31-000-2001-01371-02 (AG). Posición que ha

sido reiterada por auto de 9 de julio de 2021 con radicación No. 66814; auto de 27 de abril de 2020
con radicación No. 65427; auto del 10 de marzo de 2020 con radicación No. 64781 y; sentencia del
10 de octubre de 2020 con radicación No. 62424.

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Radicado: 68001233100020000250400 (73351)
Demandante: José Antonio Hernández Camacho y otros

obligaciones contenidas en la sentencia proferida el 2 de mayo de 2018 por esta
Corporación, estos se rigen por lo establecido en el CCA, en la medida que dicha
decisión fue dictada dentro del proceso de reparación directa No. 68001-23-31-000-
2000-02504-01 (39038), cuya demanda fue promovida el 28 de julio de 2000, esto
es, en vigencia de ese estatuto procesal.

En ese orden de ideas, se tiene que en la sentencia proferida el 2 de mayo de 2018
por el Consejo de Estado, se condenó de manera solidaria, entre otros, al Ministerio
de Salud y Protección Social al pago de 100 SMLMV para José Antonio Hernández
Camacho y para Isabel Cristina Quintero de Hernández, y de 50 SMLMV para
Sergio José Hernández Quintero y Marco Antonio Hernández Quintero por concepto
de perjuicios morales. Adicionalmente, se le condenó al pago de $1.413.968,22 a
favor de José Antonio Hernández y de $645.655,95, por concepto de perjuicios
materiales.

Ahora bien, con el fin de determinar el capital adeudado y los intereses causados,
se tiene que la obligación se hizo exigible desde la ejecutoria de la sentencia, esto
es, desde el 24 de mayo de 2018 (hecho probado: 8.1.2.) y que el 9 de abril de 2019
los beneficiarios radicaron la cuenta de cobro ante el Ministerio de Salud y
Protección Social (hecho probado: 8.1.4). Sin embargo, se advierte que la solicitud
de pago se efectuó pasados seis meses desde la ejecutoria de la providencia, razón
por la que cesó la causación de intereses de que trata el inciso 6 del artículo 177
del CCA, adicionado por el artículo 60 de la Ley 446 de 1998 80, desde el 25 de
noviembre de 2018 hasta el 9 de abril de 2019.

En consecuencia, la Sala procede a evaluar nuevamente la liquidación de la
sentencia del 2 de mayo de 2018 proferida por el Consejo de Estado, con base en
las normas que regulan el pago de condenas judiciales en el CCA, para lo cual se

80 “Artículo 177. <Inciso adicionado por el artículo 60 de la Ley 446 de 1998. El nuevo texto es el

siguiente:> […] Cumplidos seis (6) meses desde la ejecutoria de la providencia que imponga o liquide
una condena o de la que apruebe una conciliación, sin que los beneficiarios hayan acudido ante la
entidad responsable para hacerla efectiva, acompañando la documentación exigida para el efecto,
cesará la causación de intereses de todo tipo desde entonces hasta cuando se presentare la solicitud
en legal forma”.

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Radicado: 68001233100020000250400 (73351)
Demandante: José Antonio Hernández Camacho y otros

tomará como capital la suma de $236.432.224, que corresponde a 300 SMLMV del
año 201881 más la suma de $2.059.624 por concepto de perjuicios materiales, así:

Periodo Capital Días Interés Interés Interés Interés Total
de moratorio diario causado acumulado obligación
mora (EA)
25-31 de $236.432.224 7 30,660% 0,073% $1.213.049 $1.213.049 $237.645.273
mayo de
2018
1-30 de $236.432.224 30 30,420% 0,073% $5.163.028 $6.376.077 $242.808.301
junio de
2018
1-31 de $236.432.224 31 30,045% 0,072% $5.277.266 $11.653.343 $248.085.567
julio de
2018
1-31 de $236.432.224 31 29,910% 0,072% $5.256.395 $16.909.738 $253.341.962
agosto de
2018
1-30 de $236.432.224 30 29,715% 0,071% $5.057.621 $21.967.359 $258.399.583
septiembre
de 2018
1-31 de $236.432.224 31 29,445% 0,071% $5.184.338 $27.151.697 $263.583.921
octubre de
2018
1-24 de $236.432.224 24 29,235% 0,070% $3.988.422 $31.140.119 $267.572.343
noviembre
de 2018
9-30 de $236.432.224 21 28,980% 0,070% $3.627.887 $34.768.006 $271.200.230
abril de
2019
1-31 de $236.432.224 31 29,010% 0,070% $5.116.696 $39.887.702 $276.319.926
mayo de
2019

En este punto, es menester destacar que esta Corporación ha sostenido que, si el
deudor debe tanto capital como intereses, ante un pago parcial, debe efectuarse su
imputación a los intereses conforme lo dispone el artículo 1653 del Código Civil, al
respectó se indicó que “la imputación es predicable de aquellos supuestos en los

81 El SMLMV para el año 2018 fue de $781.242.

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Radicado: 68001233100020000250400 (73351)
Demandante: José Antonio Hernández Camacho y otros

que el deudor debe tanto capital como intereses, de forma tal que el artículo 1653
regula en qué orden debe realizarse el pago. La norma señala que salvo que el
acreedor consienta algo distinto de manera expresa, el pago debe imputarse a los
intereses” 82.

En ese sentido, se concluye que el pago de $240.544.642 cubrió la totalidad del
valor por intereses ($39.887.702), y que el remanente, esto es, $200.656.940
($240.544.642 - $39.887.702), debe imputarse al capital adeudado, esto es,
$236.432.224. En consecuencia, teniendo en cuenta que la obligación total
asciende a $276.319.926 ($39.887.702 [intereses] + $236.432.224 [capital]), queda
un saldo insoluto de capital por valor de $35.775.284, el cual continúa causando
intereses moratorios desde la fecha del pago parcial hasta el pago total de la
obligación.

Conforme a lo expuesto, no se acredita que la entidad haya cancelado el total de la
obligación dispuesta en la sentencia del 2 de mayo de 2018 proferida por el Consejo
de Estado, puesto que al 31 de mayo de 2019 el Ministerio de Salud y Protección
Social adeudaba a los ejecutantes la suma de $35.775.287 por concepto de capital,
más los intereses moratorios causados por ese saldo insoluto; en consecuencia no
está llamado a prosperar el cargo formulado por el Ministerio de Salud y Protección
Social en su recurso de la apelación, consistente en que el 31 de mayo de 2019
pagó la totalidad de la condena impuesta en la sentencia del 2 de mayo de 2018.

Ahora, se advierte que en el recurso de apelación el Ministerio de Salud y Protección
Social se opuso a la liquidación de intereses efectuada por los ejecutantes, por
cuanto consideró que no se tuvo en cuenta la cesación de intereses ocurrida entre
el día siguiente a la ejecutoria de la sentencia y la fecha en que los demandantes
radicaron la cuenta de cobro de la sentencia del 2 de mayo de 2019, esto es, el 9
de abril de 2019.

82 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 7 de febrero de 2011, Rad.:

19597.

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Radicado: 68001233100020000250400 (73351)
Demandante: José Antonio Hernández Camacho y otros

Sobre el particular, se advierte que, como se indicó en precedencia, la liquidación
efectuada por el demandante no se tendrá en cuenta en el presente asunto, toda
vez que para su realización se aplicó el régimen de causación y pago de intereses
moratorios de condenas impuestas en procesos adelantados bajo el CPACA y no el
previsto en el CCA, norma aplicable para el efecto. En consecuencia, la Sala, con
el fin de determinar si la ejecutada pagó la totalidad de la obligación impuesta en la
sentencia, indicó que, para establecer el capital adeudado y los intereses causados,
se tendría en cuenta lo siguiente: que la obligación se hizo exigible desde la
ejecutoria de la sentencia, esto es, desde el 24 de mayo de 2018 (hecho probado:
8.1.2.); que el 9 de abril de 2019 los beneficiarios radicaron la cuenta de cobro ante
el Ministerio de Salud y Protección Social (hecho probado: 8.1.4); y, que la solicitud
de pago se efectuó pasados seis meses desde la ejecutoria de la providencia, razón
por la cual cesó la causación de intereses prevista en el inciso 6 del artículo 177 del
CCA, adicionado por el artículo 60 de la Ley 446 de 1998 83, desde el 25 de
noviembre de 2018 hasta el 9 de abril de 2019.

En ese orden de ideas, la decisión impugnada se encuentra ajustada a derecho y,
por ello, la Sala la confirmará en todas sus partes.

9. De la condena en costas

Se procede a disponer sobre la condena en costas en segunda instancia conforme
a lo previsto en el artículo 188 del CPACA, que remite a las disposiciones del Código
General del Proceso, entre las que se encuentra la relativa a su composición, esto
es, por expensas y gastos procesales, honorarios de auxiliares de la justicia y
agencias en derecho que deben ser “[…] tasadas y liquidadas con criterios objetivos
y verificables en el expediente”.

83 “Artículo 177. <Inciso adicionado por el artículo 60 de la Ley 446 de 1998. El nuevo texto es el

siguiente:> […] Cumplidos seis (6) meses desde la ejecutoria de la providencia que imponga o liquide
una condena o de la que apruebe una conciliación, sin que los beneficiarios hayan acudido ante la
entidad responsable para hacerla efectiva, acompañando la documentación exigida para el efecto,
cesará la causación de intereses de todo tipo desde entonces hasta cuando se presentare la solicitud
en legal forma”.

36

Radicado: 68001233100020000250400 (73351)
Demandante: José Antonio Hernández Camacho y otros

Precisamente, frente a las reglas para la imposición de la condena, la norma
procesal general establece que ésta procede en contra de la parte vencida o contra
quien se resuelva desfavorablemente el recurso de apelación y, que “[…] solo habrá
lugar a costas cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida
de su comprobación”.

En virtud de lo anterior, se observa que en este caso no procede su imposición por
los componentes de expensas y honorarios de auxiliares de la justicia, debido a que
no se encuentra acreditado en el expediente que las partes hubieren incurrido en
gastos por esos conceptos durante el trámite de segunda instancia. Precisamente,
debe señalarse que en el presente asunto litigioso no se decretaron pruebas en el
trámite de segunda instancia, por lo cual de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 247 de la Ley 1437 de 2011, modificado por el artículo 67 de la Ley 2080 de
202184, no hubo lugar a correr traslado para alegar de conclusión.

En lo relativo a las agencias en derecho, entendidas como “la porción de las costas
imputables a los gastos de defensa judicial de la parte victoriosa”, se evidencia que
en atención a lo previsto en el numeral 8º del artículo 365 del Código General del
Proceso y tomando en consideración que la entidad demandada no desplegó
actuación en segunda instancia, no se impondrá una orden para que proceda su pago,
pues, no existe una causación material que así las sustente.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,

84 “Artículo 247 modificado por la Ley 2080 de 2021. Trámite del recurso de apelación contra
sentencias. El recurso de apelación contra las sentencias proferidas en primera instancia se tramitará
de acuerdo con el siguiente procedimiento: […] 4. Desde la notificación del auto que concede la
apelación y hasta la ejecutoria del que la admite en segunda instancia, los sujetos procesales podrán
pronunciarse en relación con el recurso de apelación formulado por los demás intervinientes. 5. Si
fuere necesario decretar pruebas, una vez practicadas, el superior autorizará la presentación de
alegados por escrito, para lo cual concederá un término de diez (10) días. En caso contrario, no
habrá lugar a dar traslado para alegar. El secretario pasará el expediente al despacho para dictar
sentencia”.

37

Radicado: 68001233100020000250400 (73351)
Demandante: José Antonio Hernández Camacho y otros

RESUELVE

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida el 24 de abril de 2025 por el
Tribunal Administrativo de Santander, que ordenó seguir adelante con la ejecución,
por los motivos expuestos en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: SIN COSTAS.

TERCERO: En firme esta providencia ENVÍESE el expediente al Tribunal de origen
para lo de su cargo.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

FIRMADO ELECTRONICAMENTE
NICOLÁS YEPES CORRALES
Presidente de la Sala

FIRMADO ELECTRONICAMENTE FIRMADO ELECTRONICAMENTE
WILLIAM BARRERA MUÑOZ ADRIANA POLIDURA CASTILLO
Magistrado Magistrada

VF

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