Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-36-000-2013-00009-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Nulidad y restablecimiento del derecho
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-36-000-2013-00009-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 25000-23-36-000-2013-00009-01
Consejero ponente: José Roberto Sáchica Méndez
13 de agosto de 2021
ACCIÓN DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO – Niega
NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO / RECURSO DE APELACIÓN / APELACIÓN ADHESIVA – Presentada por la parte actora del caso en comento / PROCEDECIA DE LA APELACIÓN ADHESIVA / OBJETO DEL RECURSO DE APELACIÓN / NULIDAD – Del acto de adjudicación de una licitación pública / NULIDAD – Dentro de proceso de selección de proponentes / NULIDAD DE ACTOS / ACTO DE ADJUDICACIÓN DE LICITACIÓN PÚBLICA / NULIDAD DE LA ADJUDICACIÓN DE LICITACIÓN PÚBLICA / ADMISIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN
Procede la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado, a resolver los recursos de apelación interpuestos por las partes contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A, mediante la cual se accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.
PROBLEMA JURÍDICO: Vistos los reparos manifestados en los recursos, la Sala analizará si procede o no la declaratoria de nulidad de la Resolución 267 de 2012 y la pretensión de restablecimiento solicitada.
NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO / RECURSO DE APELACIÓN – Dentro de proceso de acción de nulidad y restablecimiento del derecho / OBJETO DEL RECURSO DE APELACIÓN – Procedencia o no de la declaratoria de nulidad de la Resolución objeto de reparo / OBJETO DEL RECURSO DE APELACIÓN – decisión de prescindir de la etapa probatoria decretada por el a quo lo que resultó en un incompleto análisis probatorio / PRUEBA / OPORTUNIDAD PARA LA SOLICITUD DE PRUEBA / DECRETO DE PRUEBA / IMPERTINENCIA DE LA PRUEBA / NEGACIÓN DE LA PRUEBA / OPORTUNIDAD PARA LA PRÁCTICA DE PRUEBA / VALOR PROBATORIO –De copia simple solicitada en el proceso en comento / VALOR PROBATORIO DE LA PRUEBA DOCUMENTAL – Innecesaria para el caso en comento / VALORACIÓN DE LA PRUEBA DOCUMENTAL – De copias simples allegadas con el libelo introductorio / TACHA DE FALSEDAD EN DOCUMENTO – No manifestada en el caso presente
Para el caso presente, la Sala constata que] la demandante no asistió a la audiencia inicial, en cuyo desarrollo se negó la única petición probatoria presentada por el actor y, allí se determinó prescindir de la audiencia de pruebas; de este modo, como el actor no asistió, y en tal virtud no hizo uso de los recursos que tenía disponibles en oportunidad, no es admisible que pretenda trasladar los efectos de su inactividad, como reparo de inconformidad contra la sentencia de primera instancia. [Por otra parte], la decisión del a quo de haber negado dicha prueba (la propuesta original que presentó en calidad de proponente la parte actora) se soportó en que las copias ya obraban en el expediente y así transitaron a lo largo del proceso sin oposición o tacha. (…) [Es por eso que] se memora que la Sección Tercera de esta Corporación manifestó la posibilidad de dar valor probatorio a las copias simples que obren en los procesos, siempre que éstas no hayan sido cuestionadas en su veracidad por la contraparte o frente a las cuales no se haya promovido incidente de tacha de falsedad. Resulta forzoso concluir que el Tribunal de primer grado no desconoció los derechos al debido proceso y acceso a la administración de justicia de L T Geoperforaciones y Minería Ltda en el asunto analizado.
NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO / CONCEPTO DE MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO / CARACTERÍSTICAS DEL MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO / LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA DEL MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO –Requiere de un interés directo / LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA DEL MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO – Exige un interés serio y legítimo en la solicitud de nulidad del acto de adjudicación / LEGITIMACIÓN MATERIAL – Presupuestos / LEGITIMACIÓN MATERIAL –Factores para su procedencia
Ubicado en la génesis del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, debe indicarse, ab initio, que sólo quien tiene interés directo está legitimado para peticionar el restablecimiento de un derecho subjetivo que le hubiere sido lesionado (art. 138 del CPACA). (…) Con el propósito de determinar quién tiene un interés serio y legítimo en la solicitud de nulidad del acto de adjudicación, es primordial destacar que este último ha sido catalogado como uno de los actos preparatorios del negocio jurídico estatal, (…) así como acto separable del mismo en la medida que puede ser individualizado o apartado del contrato para efectos de su control judicial. [A lo anterior se conjuga] la necesidad de distinguir entre la legitimación de hecho en la causa, que surge al momento en que se traba la litis y se define a partir de quienes componen los extremos del litigio; y la legitimación material por activa, por cuya virtud se debe establecer la existencia o no de una lesión real a un derecho de la demandante –interés subjetivo– de cara a la pretensión que ésta fórmula. [Frente a la legitimación material por activa, aquella] está llamada a ser acreditada por la parte actora desde un primer momento, pues se trata de (…) un interés “especial y concreto, personal y directo. (…) De modo que el interés directo para pretender la nulidad y restablecimiento del derecho del acto de adjudicación se predica, en principio, respecto de quienes participaron en el proceso de selección, siempre que la cuestión sometida a debate repercuta de forma directa en “su situación e intereses, o en el goce o efectividad de sus derechos”. [Recuérdese que] no es adecuado concebir la solicitud de nulidad del acto de adjudicación y su consecuente restablecimiento, como un mecanismo de control abstracto de la legalidad, toda vez que ello implicaría desconocer que quien acudió al control jurisdiccional lo hizo con sustento, precisamente, en la afectación de sus derechos subjetivos, en el cual finca su interés. [Para el asunto bajo examen], el interés sólo estará en cabeza del proponente que debiendo ser escogido no lo fue. (…) Se exige al interesado que su pretensión se soporte en la existencia real y verificable de un interés directo que, en estos casos, no es otro que la acreditación de haber sido la mejor propuesta, lo que se explica bajo el juicio de incidencia o repercusión en los derechos que se aducen vulnerados. (…) [Entonces], el punto de partida del examen judicial planteado impone verificar que la propuesta del demandante fuese la mejor y más conveniente para la administración, y solo a partir de un resultado afirmativo se avanza hacia la revisión de los cargos de ilegalidad a la luz de las normas superiores de derecho; anotando, además, que tal violación solo será relevante en tanto se proyecte como afrenta a ese derecho subjetivo pues, de no ser así, se estaría mutando el carácter subjetivo de la acción para proyectarse en un mero juicio objetivo de legalidad, que no es lo pedido.
FUENTE FORMAL: CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO – ARTÍCULO 138
NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DE DERECHO / NULIDAD DE LA ADJUDICACIÓN DE LICITACIÓN PÚBLICA / LICITACIÓN PÚBLICA – Requisitos de habilitación aplicables a los proponentes / LICITACIÓN PÚBLICA – Factores de calificación aplicables a los proponentes / CONTRATACIÓN ESTATAL / CONDICIONES GENERALES DE LA CONTRATACIÓN ESTATAL / PROCESO DE LA CONTRATACIÓN ESTATAL / REGLAS DE CONTRATACIÓN ESTATAL / PLIEGO DE CONDICIONES / CONTENIDO DEL PLIEGO DE CONDICIONES / REQUISITOS EN EL PLIEGO DE CONDICIONES / CUMPLIMIENTO DEL PLIEGO DE CONDICIONES – Respecto de los proponentes para adjudicación de licitación pública / FACTORES DE EVALUACIÓN DEL PLIEGO DE CONDICIONES / REQUISITOS EN EL PLIEGO DE CONDICIONES – Elementos subsanables e insubsanables de las propuestas de contratación pública
Para dilucidar si la propuesta de L T Geoperforaciones y Minería Ltda era o no la mejor para la Administración, la controversia se centra en precisar la naturaleza de los requisitos de habilitación y de los factores de calificación y (…) si su examen en el curso del proceso de selección se hizo o no de forma correcta. [Entonces], los requisitos habilitantes corresponden a exigencias básicas que debe acreditar el proponente para cumplir con el contrato proyectado, se refieren a factores como la experiencia y la capacidad financiera, jurídica y de organización de los oferentes, los cuales no otorgan puntaje puesto que solo son objeto de verificación por parte de la Administración (…) y conducen a definir sobre la admisión o rechazo de una propuesta. [En otras palabras], se proyectan como criterios necesarios para constatar la idoneidad del oferente. A su turno, los factores de calificación se examinan directamente en función de la propuesta (…), en atención a la ponderación detallada de elementos técnicos y económicos de escogencia establecidos en el pliego de condiciones. (…). Estos factores son materia de evaluación, pues otorgan una calificación, según las previsiones del pliego de condiciones, y se examinan solo respecto de aquellos proponentes que resultaron habilitados, esto es, que superaron la verificación de las condiciones necesarias para celebrar el contrato. Sobre los defectos subsanables e insubsanables de las propuestas en la contratación pública, la Ley 80 de 1993, en su artículo 25, determinó que la falta de requisitos o documentos no necesarios para la comparación de las propuestas no constituía razón suficiente para rechazar los ofrecimientos; por ende, la dificultad quedaba en cabeza de la administración al momento de precisar qué requisitos fundamentaban la comparación de las propuestas, pues si lo hacían su ausencia imponía el rechazo de la oferta, mientras que si no eran necesarios carecían de la virtualidad para producir el rechazo, lo que forzaba a la habilitación de la propuesta y su correspondiente calificación. Luego, la Ley 1150 de 2007, por medio de su artículo 5, subrogó al artículo 29 de la Ley 80 de 1993, para conservar el criterio general que informa el deber de selección objetiva, desprovisto de cualquier consideración subjetiva, llevando a distinguir de forma expresa entre los requisitos habilitantes y los factores de ponderación o evaluación; señaló que los primeros están conformados por la capacidad jurídica y las condiciones de experiencia, capacidad financiera y de organización de los proponentes, de modo que sólo son objeto de verificación y, además, no otorgan puntaje; mientras que los segundos –factores de ponderación– se refieren a la propuesta y corresponden a aquellos componentes que sí otorgan puntaje. Respecto a los elementos subsanables, el parágrafo 1 del referido artículo 5 de la Ley 1150 de 2007 consagró, previo a la modificación de la Ley 1882 de 2018, que todos los requisitos que no incidan en la asignación de puntaje pueden ser solicitados en cualquier momento por la entidades hasta la adjudicación (…); es decir, precisó la regla de subsanabilidad en materia de requisitos habilitantes.
En esa medida, “la diferencia radica en que, en vigencia de la Ley 80 de 1993, la entidad debía determinar, con buen criterio, cuáles de los requisitos y documentos eran necesarios para la comparación de las ofertas, al paso que la Ley 1150 eliminó ese margen de discrecionalidad limitada que tenían las entidades alrededor de ese concepto jurídico indeterminado, para precisar que los requisitos que no son necesarios para la comparación de las ofertas son aquellos que no afectan la asignación de puntaje; por ende, estos últimos son los que tienen la connotación de subsanables”. (…) En el caso que analiza la Sala, la propuesta presentada por la parte actora fue habilitada, luego de su subsanación en lo referente al cumplimiento de las condiciones técnicas de la bomba de galonaje de los equipos de perforación; sin embargo, la entidad no le asignó puntaje alguno por el factor de “cantidad de equipos de perforación disponibles”, dado que con la subsanación cambió las referidas bombas de galonaje por unas de mayor capacidad, por lo que el proponente mejoró su propuesta, actuación que, afirmó, impedía el otorgamiento de puntuación por este aspecto.(…) Es de anotar que para la Sala, contrario a lo que adujo la ANH y la parte actora, no era susceptible de ser subsanada la capacidad de la bomba de galonaje de los equipos de perforación del proponente, puesto que dicho requerimiento excedía la verificación misma de los requisitos técnicos solicitados en el pliego de condiciones. (…) De modo que lo “subsanable es aquello que, a pesar de que se tiene, no aparece claramente acreditado en el proceso de selección; pero, no se puede subsanar aquello de lo cual se carece o que no existe al momento de proponer, porque entonces se estaría hablando de la complementación, adición o mejora de la propuesta, lo cual está prohibido por el numeral 8 del artículo 30 de la Ley 80 de 1993”. (…) El artículo 5 de la Ley 1150 de 2007, al prever que los requisitos habilitantes sólo son objeto de verificación (cumple o no cumple), estableció el marco dentro del cual son procedentes las solicitudes de corrección o saneamiento, de manera que las mismas deben dirigirse a comprobar si el proponente observó o no los requerimientos necesarios para participar en el proceso de selección, lo que significa, como consecuencia, que éstas no deben permitir la complementación de un aspecto que no fue observado desde la presentación de la propuesta (…). En este orden de ideas, todos los requisitos habilitantes se deben cumplir al momento de presentar la propuesta, lo que significa que el oferente no puede pretender adquirir o completar las condiciones mínimas de participación en desarrollo del proceso de selección; por ende, lo subsanable son las dudas que puedan surgir al momento de examinar su cumplimiento, ya sea porque la prueba aportada para demostrarlos no es suficiente o genera ambigüedades en su estudio; es decir, no es susceptible subsanar o enmendar las carencias de fondo, pues no se puede corregir lo que en su momento no se presentó. (…) Así las cosas, las falencias que la entidad advirtió respecto de los equipos de perforación 1, 2 y 3 de L T Geoperforaciones y Minería Ltda no eran susceptibles de ser saneadas, pues no se trataba de la mera acreditación de los requisitos técnicos de los mismos, por falta de aporte del documento técnico que los certificara o por dudas en la comparación de las características de dichas máquinas con las condiciones exigidas en el pliego de condiciones; el requerimiento de la Administración versó sobre un aspecto que completaba dicho requisito (…). En línea con lo expuesto, la parte actora no ostentó la calidad de ser la mejor propuesta para la Administración, pues ni siquiera acreditó todos los requisitos para ser habilitada en la licitación pública, razón por la cual no hubo lesión alguna a sus derechos subjetivos (…).
Se concluye que no es viable la pretensión de nulidad del acto de adjudicación, pues (…) la demandante no podía haber sido adjudicataria del proceso de selección (…); por ende, se revocará la sentencia apelada y, en su lugar, se negarán todas las súplicas de la demanda.
FUENTE FORMAL: LEY 80 DE 1993 – ARTÍCULO 25 / LEY 1150 DE 2007 –ARTÍCULO 5 / LEY 80 DE 1993 – ARTÍCULO 29 / LEY 80 DE 1993 – ARTÍCULO 30 NUMERAL 8
CONDENA EN COSTAS – Improcedente
En los términos del artículo 188 del CPACA, la liquidación y ejecución de la condena en costas se sujetará a las reglas previstas en el Código General del Proceso, normativa que establece, en su artículo 365, que ésta debe imponerse “a la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva desfavorablemente el recurso de apelación”. A su vez, el numeral 4 de ese mismo artículo prescribe que “cuando la sentencia de segunda instancia revoque totalmente la del inferior, la parte vencida será condenada a pagar las costas de ambas instancias”. (…) En esa medida y como, en estricto sentido, ninguno de los cargos expuestos por cada una de las partes recurrentes, la demandante y la demandada, tuvo vocación de prosperidad, no habrá lugar a condenar en costas a favor ni en contra de ninguno de los extremos procesales, comoquiera que, en realidad, operó una suerte de compensación, dado que a ambas partes les fue resuelto de manera desfavorable los argumentos que sustentaron sus recursos de alzada.
FUENTE FORMAL: CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO – ARTÍCULO 188 / CÓDIGO GENRAL DEL PROCESO – ARTÍCULO 365 / CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO – ARTÍCULO 365 NUMERAL 4
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
Consejero ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Bogotá D.C., trece (13) de agosto de dos mil veintiuno (2021)
Radicación número: 25000-23-36-000-2013-00009-01 (56960)
Actor: L T GEOPERFORACIONES Y MINERÍA LTDA.
Demandado: AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS –ANH–
Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Asunto: Sentencia de segunda instancia – Ley 1437 de 2011
Surtido el trámite de ley, sin que se observe causal de nulidad que invalide lo actuado, procede la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado, a resolver los recursos de apelación interpuestos por las partes contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A, mediante la cual se accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.
El objeto de la controversia tiene por fin determinar si procede la nulidad del acto de adjudicación de una licitación pública y el consecuente restablecimiento del derecho de la parte demandante, quien fundamentó haber presentado la mejor propuesta en el proceso de selección. El a quo accedió parcialmente a las pretensiones, al considerar que la resolución debatida transgredía el ordenamiento jurídico aplicable, pues no consideró admisible que, con fundamento en la habilitación de los proponentes, la entidad pida la subsanación de un requisito posteriormente calificable; en todo caso, negó el restablecimiento solicitado al advertir que la actora no presentó la mejor propuesta; ambas partes apelaron la decisión.
I. SENTENCIA IMPUGNADA
El 3 de febrero de 2016, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca profirió la siguiente decisión (se transcribe conforme obra):
“PRIMERO.- DECLARAR la nulidad de la Resolución 267 de 2012 proferida por la ANH mediante la cual adjudicó el contrato 169 del mismo año al CONSORCIO GS.
“SEGUNDO: NEGAR las demás pretensiones de la demanda.
“TERCERO: SIN CONDENA EN COSTAS.
“CUARTO.- La presente decisión se notifica en estrados de conformidad con lo establecido en el artículo 202 del CPACA y contra la misma procede el recurso de apelación, dentro de los 10 días hábiles siguientes a su emisión”.
El anterior proveído resolvió la demanda cuyas pretensiones, hechos principales y fundamentos de derecho son los siguientes:
Pretensiones
El 11 de enero de 2013, L T Geoperforaciones y Minería Ltda. presentó demanda, por intermedio de apoderado judicial y en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, con el propósito de obtener las siguientes declaraciones y condenas:
“PRIMERA: Que se declare la nulidad del inciso segundo del artículo primero de la Resolución No. 267 del 17 de julio de 2012, proferida por la ANH, mediante el cual se resolvió ‘adjudicar el proyecto SAN JACINTO NORTE por valor de CUATRO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS SETENTA MIL QUINIENTOS VEINTE PESOS M/CTE ($4.932.370.520) al proponente CONSORCIO GS integrado por: SERVIMINAS SAS con NIT. 890.922.907-0 y GEOVAL SAS con Nit 811.034.436-6.
“SEGUNDA: Que se declare que, de conformidad con lo previsto en el Pliego de Condiciones de la Licitación Pública ANH-03-LP-2012 y en las normas legales y reglamentarias aplicables, la propuesta ganadora entre las presentadas en el citado proceso de selección, debió se (sic) la correspondiente a la sociedad L T GEOPERFORACIONES Y MINERÍA LTDA.
“TERCERA: Que como consecuencia de las pretensiones primera y segunda, se declare que la ANH debe adjudicar la Licitación Pública ANH-03-LP-2012, en los términos establecidos en el Pliego de Condiciones y en la Ley.
“CUARTA: Que como consecuencia de las pretensiones primera, segunda y tercera se proceda a la adjudicación de la Licitación Pública No. ANH-03-LP-2012 – proyecto SAN JACINTO NORTE, en los términos establecido (sic) en el Pliego de Condiciones y en la Ley, a la sociedad L T GEOPERFORACIONES Y MINERÍA LTDA.
“PRIMERA SUBSIDIARIA A LA CUARTA: Que como consecuencia de las pretensiones primera, segunda y tercera, y a título de restablecimiento del derecho, se declare que la ANH debe pagar a la sociedad L T GEOPERFORACIONES Y MINERÍA LTDA. la suma de CINCO MIL TREINTA Y NUEVE MILLONES VEINTISÉIS MIL SEISCIENTOS CUARENTA PESOS ($5.039.026.640) correspondiente al valor de la propuesta económica presentada por la sociedad L T GEOPERFORACIONES Y MINERÍA LTDA. en la Licitación Pública No. ANH-03-LP-2012, junto con los intereses de mora causados desde el momento en que, de acuerdo con el Pliego de Condiciones de la Licitación Pública ANH-03-LP-2012, se debieron hacer los pagos al contratista que resultara adjudicatario y hasta la fecha en que efectivamente sea efectuado el pago, calculados a una tasa equivalente a una y media veces el interés bancario corriente, sin que se sobrepase el límite legal permitido para el cobro de intereses en Colombia.
“SEGUNDA SUBSIDIARIA A LA CUARTA: Que como consecuencia de las pretensiones primera, segunda y tercera, y a título de restablecimiento del derecho, se declare que la ANH debe pagar a la sociedad L T GEOPERFORACIONES Y MINERÍA LTDA. la suma de CINCO MIL TREINTA Y NUEVE MILLONES VEINTISÉIS MIL SEISCIENTOS CUARENTA PESOS ($5.039.026.640) correspondiente al valor de la propuesta económica presentada por la sociedad L T GEOPERFORACIONES Y MINERÍA LTDA. en la Licitación Pública No. ANH-03-LP-2012, junto con los intereses corrientes causados desde el momento en que, de acuerdo con el Pliego de Condiciones de la Licitación Pública ANH-03-LP-2012, se debieron hacer los pagos al contratista que resultara adjudicatario y hasta la fecha en que efectivamente sea efectuado el pago, calculados a una tasa equivalente al interés bancario corriente.
“TERCERA SUBSIDIARIA A LA CUARTA: Que como consecuencia de las pretensiones primera, segunda y tercera, y a título de restablecimiento del derecho, se declare que la ANH debe pagar a la sociedad L T GEOPERFORACIONES Y MINERÍA LTDA. la suma de CINCO MIL TREINTA Y NUEVE MILLONES VEINTISÉIS MIL SEISCIENTOS CUARENTA PESOS ($5.039.026.640) correspondiente al valor de la propuesta económica presentada por la sociedad L T GEOPERFORACIONES Y MINERÍA LTDA. en la Licitación Pública No. ANH-03-LP-2012, actualizada desde el momento en que debió ser pagada y hasta la fecha en que se efectúe el pago, utilizando para tal efecto la variación del IPC certificada por el DANE para cada uno de los meses del periodo durante el cual estuvo pendiente el pago.
“CUARTA SUBSIDIARIA A LA CUARTA: Que como consecuencia de las pretensiones primera, segunda y tercera, y a título de restablecimiento del derecho, se declare que la ANH debe pagar a la sociedad L T GEOPERFORACIONES Y MINERÍA LTDA. la suma de MIL QUINIENTOS ONCE MILLONES SETECIENTOS SIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS ($1.511.707.992) correspondiente al valor de la utilidad discriminada en la propuesta económica presentada por la sociedad L T GEOPERFORACIONES Y MINERÍA LTDA. en la Licitación Pública No. ANH-03-LP-2012, junto con los intereses de mora causados desde el momento en que, de acuerdo con el Pliego de Condiciones de la Licitación Pública ANH-03-LP-2012, se debieron hacer los pagos al contratista que resultara adjudicatario y hasta la fecha en que efectivamente sea efectuado el pago, calculados a una tasa equivalente a una y media veces el interés bancario corriente, sin que se sobrepase el límite legal permitido para el cobro de intereses en Colombia.
“QUINTA SUBSIDIARIA A LA CUARTA: Que como consecuencia de las pretensiones primera, segunda y tercera, y a título de restablecimiento del derecho, se declare que la ANH debe pagar a la sociedad L T GEOPERFORACIONES Y MINERÍA LTDA. la suma de MIL QUINIENTOS ONCE MILLONES SETECIENTOS SIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS ($1.511.707.992) correspondiente al valor de la utilidad discriminada en la propuesta económica presentada por la sociedad L T GEOPERFORACIONES Y MINERÍA LTDA. en la Licitación Pública No. ANH-03-LP-2012, junto con los intereses corrientes causados desde el momento en que, de acuerdo con el Pliego de Condiciones de la Licitación Pública ANH-03-LP-2012, se debieron hacer los pagos al contratista que resultara adjudicatario y hasta la fecha en que efectivamente sea efectuado el pago, calculados a una tasa equivalente al interés bancario corriente.
“SEXTA SUBSIDIARIA A LA QUINTA: Que como consecuencia de las pretensiones primera, segunda y tercera, y a título de restablecimiento del derecho, se declare que la ANH debe pagar a la sociedad L T GEOPERFORACIONES Y MINERÍA LTDA. la suma de MIL QUINIENTOS ONCE MILLONES SETECIENTOS SIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS ($1.511.707.992) correspondiente al valor de la utilidad discriminada en la propuesta económica presentada por la sociedad L T GEOPERFORACIONES Y MINERÍA LTDA. en la Licitación Pública No. ANH-03-LP-2012, actualizada desde el momento en que debió ser pagada y hasta la fecha en que se efectúe el pago, utilizando para tal efecto la variación del IPC certificada por el DANE para cada uno de los meses del periodo durante el cual estuvo pendiente el pago.
“SÉPTIMA SUBSIDIARIA A LA CUARTA: Que como consecuencia de las pretensiones primera, segunda y tercera, y a título de restablecimiento del derecho, se declare que la ANH debe pagar a la sociedad L T GEOPERFORACIONES Y MINERÍA LTDA. la suma que determine el H. Tribunal y que se demuestre en el proceso como perjuicio derivado de la actuación de la demandada.
“QUINTA: Que se condene en costas y en agencias en derecho a la ANH”.
Hechos principales
Como supuestos fácticos, la parte actora indicó que el 23 de mayo de 2012, la Agencia Nacional de Hidrocarburos –en adelante ANH– publicó el aviso de convocatoria para la licitación pública ANH-03-LP-2012, cuyo objeto era contratar el “MUESTREO DEL SUBSUELO MEDIANTE LA PERFORACIÓN DE POZOS ESTRATIGRÁFICOS POCO PROFUNDOS TIPO SLIM HOLE CON RECUPERACIÓN DE NÚCLEOS DE ROCA Y REGISTROS ELÉCTRICOS EN EL SUR DE LA CUENCA SINÚ SAN JACINTO”. El 21 de junio siguiente, la ANH publicó la Resolución 212 de 2012, a través de la cual ordenó la apertura de la licitación ANH-03-LP-2012 y el pliego de condiciones definitivo de dicho proceso de selección.
El pliego de condiciones determinó, en su numeral 1.10., que el proyecto podía ejecutarse totalmente por un solo contratista o parcialmente por dos contratistas, caso en el cual se entendía dividido el proyecto en dos zonas: Sinú San Jacinto Norte y Sinú San Jacinto Sur.
Al cierre del proceso se presentaron 3 proponentes: a) Unión Temporal Slim hole Montería; b) Consorcio GS; y, c) L T Geoperforaciones y Minería Ltda., los dos últimos formularon propuestas para ejecutar la zona Sinú San Jacinto Norte.
En el pliego de condiciones se estableció como requisito habilitante de orden técnico, tener como mínimo 2 equipos de perforación para cada una de las zonas objeto de licitación, de acuerdo con las características técnicas enunciadas por la entidad.
Además de verificar el cumplimiento de los requisitos habilitantes, la entidad determinó como criterio para calificar la propuesta, entre otros, la cantidad de equipos de perforación disponibles. De modo que al demostrar la disponibilidad de 2 equipos el puntaje sería de 100; 3 equipos conferían 200 puntos; y 4 equipos otorgarían 300 puntos.
El 9 de julio de 2012, la ANH, a través del informe de evaluación y verificación técnica, pidió a L T Geoperforaciones y Minería Ltda. subsanar su propuesta en lo referente a: (i) la demostración de que los equipos de perforación cumplían los requisitos mínimos para las bombas de galonaje; y, ii) acreditar los requisitos pedidos para el personal. Luego, el 16 de julio siguiente, la ANH publicó el documento consolidado de la etapa de traslado, en donde manifestó que los proponentes “subsanaron los documentos de contenido técnico habilitante dentro del plazo otorgado por la entidad”, razón por la cual procedía a evaluar las propuestas.
En la referida calificación no le otorgó puntuación a L T Geoperforaciones y Minería Ltda. por el número de equipos, por lo que su valoración final fue de 600 puntos; señaló que existía prueba que “al menos dos (2) dos (sic) equipos presentados por dicho proponente cumplieron con las características mínimas exigidas. De lo contrario su propuesta no hubiera podido ser calificada como ‘hábil’ y, en consecuencia no podía ser objeto de calificación”.
En el informe de evaluación final, publicado el 17 de julio de 2012, la ANH consignó que L T Geoperforaciones y Minería Ltda. subsanó la verificación técnica respecto de 3 de los 4 equipos enunciados en su propuesta, a pesar de lo cual no le otorgó el puntaje de 200 que le correspondería por este ítem y se limitó a indicar en una “nota” que “no se le asigna puntaje al Número de Equipos disponibles debido a que subsanan la calidad de la bomba en tres (3) de sus equipos de perforación y el último de ellos no es subsanable, los cuales son objeto de comparación y calificación”. Afirmación que, sostuvo la actora, contrariaba el pliego de condiciones, al desconocer las calificaciones allí previstas, cuya correcta aplicación habría ocasionado que la propuesta del acá demandante superara por 30 puntos la del consorcio GS –adjudicatario–.
Señaló el actor que el 17 de julio de 2012, la ANH adjudicó al consorcio GS el proyecto San Jacinto Norte; y que el 23 de julio siguiente, de forma extemporánea, pretendió otorgar explicaciones respecto de los puntajes otorgados. Posteriormente, el 31 de julio de 2012, la entidad publicó en el SECOP el contrato 169 de 2012 suscrito con el consorcio GS el 19 de julio de 2012.
Fundamentos de derecho
La parte actora aseveró que se desconocieron los artículos 209 de la Constitución Política, 23 de la Ley 80 de 1993, 5 y 9 de la Ley 1150 de 2007 y 2.2.9 del Decreto 734 de 2012. El concepto de la violación lo concretó en los siguientes aspectos:
(i) Sostuvo que, de conformidad con las reglas del proceso de selección, no era viable que a un proponente habilitado no le otorgaran puntaje por la cantidad de equipos de perforación disponibles, dado que para ser catalogado como “hábil” era requisito que presentara como mínimo dos equipos con las características técnicas exigidas. De manera que cuando menos debía obtener una puntuación de 100 por este ítem.
(ii) Manifestó que L T Geoperforaciones y Minería Ltda. debió recibir una calificación de 200 puntos, toda vez que acreditó que tres de los equipos presentados cumplían con las condiciones exigidas.
(iii) Reseñó que de manera tardía, el 23 de julio de 2012, la ANH intentó explicar el notorio error ocurrido en la adjudicación de la licitación ANH-003-LP-2012, a través del documento “alcance al informe de evaluación final de evaluación técnica”, en el cual dejó en evidencia las contradicciones en la evaluación de las propuestas de L T Geoperforaciones y Minería Ltda. y del consorcio GS, comoquiera que, a iguales situaciones otorgó distintos resultados jurídicos y, además, creó una regla adicional a las previstas en el pliego de condiciones, al manifestar que sólo se le otorgaba puntaje al proponente cuyos equipos cumplieran los parámetros requeridos sin ser mejorados; “no obstante (sic) el cumplimiento de tales requisito (sic) era (sic) perfectamente subsanable”.
(iv) De acuerdo con lo anterior, adujo que es latente la falsa motivación en que se basó la resolución enjuiciada, pues la misma se profirió con infracción de las normas legales y reglamentarias en que debía fundarse y en desconocimiento de las reglas de selección establecidas en el pliego de condiciones.
Contestación de la demanda
Mediante auto del 4 de marzo de 2013, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca admitió la demanda, ordenó la notificación a la entidad demandada, al Ministerio Público y a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.
La ANH se opuso a la prosperidad de las súplicas de la demanda. Como fundamento de su defensa, sostuvo que en el proceso licitatorio se constató que los equipos presentados por L T Geoperforaciones y Minería Ltda. no cumplían con los requisitos de habilitación. Así y dado que los equipos tenían la vocación tanto de condiciones habilitantes como de escogencia, mal habría hecho en rechazar dicha propuesta, sin otorgar la oportunidad de subsanarlos, al tener condición de habilitantes, lo cual no implicaba que le tuviese que conferir puntaje por tales equipos, pues con la subsanación mejoraba el contenido de la oferta; al respecto, señaló (se transcribe conforme obra):
“… el obrar de la entidad, al permitir subsanar un requisito habilitante que a su vez constituye un factor de escogencia, no implica o supone la subsanación de éste desde su aspecto de escogencia le imponga la obligación a la entidad de desconocer la obligación de no permitir dentro del desarrollo del proceso que se adicione o mejore el contenido de la oferta, tal y como se tiene demostrado dentro del expediente precontractual que, la compañía LT GEOPERFORACIONES, al momento de subsanar, mejoró los equipos presentados inicialmente”.
Afirmó que la demandante no dejó ver la falsedad o inexactitud en que incurrió la entidad y se limitó a interpretar las normas a su conveniencia y desconocer las reglas de subsanabilidad. Agregó que existía un requisito mixto, toda vez que habilitaba y al mismo tiempo otorgaba puntaje, lo cual tornaba en imperiosa la subsanación del primero, en los términos del artículo 2.2.8. del Decreto 734 de 2012, sin que ello tuviere un efecto directo en la calificación, dada la prohibición expresa de aceptar la subsanación de los elementos puntuables.
Propuso la excepción previa de ineptitud de la demanda por falta de los requisitos formales, por cuanto la parte actora no precisó, mediante juramento estimatorio, las sumas que pide a título de restablecimiento; propuso, de fondo, además de la genérica, la excepción de inexistencia de daño, toda vez que los participantes en la licitación solo tienen una expectativa y no un derecho adquirido para su adjudicación y, al no probar la existencia de una causal de nulidad frente a la resolución demandada, no hay elementos que prueben un menoscabo de su patrimonio; además, indicó que la parte actora no justificó el monto del restablecimiento solicitado, ni allegó prueba pericial o la pidió dentro del libelo para demostrar su procedencia.
Vinculación del litisconsorte
En proveído del 17 de julio de 2013, el Tribunal de origen vinculó como litisconsortes necesarios por pasiva a Serviminas S.A.S. y Geoval S.A.S. –integrantes del consorcio GS-, dado su interés en defender la propuesta que presentaron ante la entidad contratante. En esta oportunidad también les corrió traslado de la demanda, en los términos de los artículos 172 y 199 del CPACA.
Audiencia inicial
La audiencia se llevó cabo el 27 de enero de 2016, en la cual se declararon imprósperas las excepciones previas y se fijó el litigio en términos de cuestionar (i) la legalidad de la Resolución 267 de 2012 por un supuesto desconocimiento de las normas referidas en la demanda y la materialización de una falsa motivación; y (ii) determinar si la propuesta del demandante era la más favorable para la Administración. Igualmente, se negó la única petición probatoria, consistente en requerir a la ANH para que allegara la propuesta formulada por el actor, dado que ésta fue aportada con la demanda.
En esa oportunidad, se prescindió de la audiencia de pruebas y se indicó que se procedería a dictar sentencia –conforme al artículo 179 del CPACA-, previo otorgamiento a las partes de la posibilidad de presentar alegatos de conclusión, para lo cual se suspendió dicha diligencia y se reanudó al día siguiente.
En sus alegaciones, la ANH reiteró que actuó en consonancia con la normatividad aplicable y resaltó que tanto el consorcio GS como L T Geoperforaciones y Minería Ltda. no fueron habilitados desde un inicio, por ello se les pidió subsanar distintos aspectos, escenario en el que, la acá demandante mejoró su propuesta al modificar las características técnicas de los equipos, y el consorcio GS remitió una información que no había sido aportada con la propuesta y modificó dos de los equipos presentados. Por lo anterior, aseveró que, a LT Geoperforaciones y Minería Ltda. no se le otorgó puntaje alguno, puesto que mejoró todos sus equipos y al consorcio GS solo se le asignaron 200 puntos por los equipos que no modificó –presentó en total cuatro equipos, pero mejoró su propuesta en relación con dos-. De modo que a ambos proponentes se les aplicó la misma regla, sin otorgar puntaje a aspectos objeto de mejora.
Aseveró que la demandante no cumplió con la carga de la prueba de acreditar la supuesta falsa motivación en que se sustentó la resolución demandada.
El Ministerio Público pidió negar las pretensiones de la demanda, al considerar que el puntaje otorgado a la propuesta de la actora estuvo acorde con la ley y que no se probó el cargo de falsa motivación alegado.
La parte demandante guardó silencio.
Fundamentos de la providencia recurrida
En la sentencia de primer grado, el a quo declaró la nulidad de la Resolución 267 de 2012 proferida por la ANH, y negó las demás pretensiones de la demanda, conforme a las siguientes razones:
Luego de examinar los requisitos de experiencia requeridos en el pliego, así como los factores de evaluación, el Tribunal de origen sostuvo que no es admisible que, con fundamento en la habilitación de los proponentes, la entidad pidiera la subsanación de un requisito posteriormente calificable, siendo un comportamiento irregular de la Administración desconocer su propia orden, “por cuanto al permitir subsanar las propuestas generó en los proponentes una expectativa legítima de que sería (sic) calificado (sic) o evaluado (sic) en la etapa técnica subsiguiente, que se trunca con su proceder de no asignar puntaje a la (sic) máquinas porque habían mejorado la propuesta”.
Afirmó que se configuró una trasgresión del Decreto 734 de 2012, dado que la entidad permitió la subsanación de requisitos susceptibles de calificación, situación que, además, pone de presente inconsistencias en la planeación del proceso de selección, al confundir requisitos habilitantes con factores de calificación, por lo que declaró la nulidad de la Resolución 267 de 2012.
Negó el restablecimiento deprecado, pues no se demostró que la oferta del actor fuese la más favorable para la entidad demandada, ya que no se evidenció una modificación en la calificación total de las propuestas, comoquiera que la decisión de negar puntaje por los equipos afectó tanto a la acá actora como al consorcio GS, adjudicatario.
II. LOS RECURSOS INTERPUESTOS
El formulado por la ANH
La ANH formuló recurso de alzada, con el fin de que se revoque la declaración contenida en el ordinal primero de la parte resolutiva de la sentencia reprochada, puesto que se demostró que la entidad no permitió a ninguno de los oferentes subsanar los factores de escogencia o evaluación, dado que no otorgó puntaje a los proponentes que mejoraron sus ofertas, evaluando en condiciones de igualdad.
Adujo que el consorcio GS siempre estuvo habilitado, ya que desde el inicio presentó los equipos mínimos con las características exigidas, solo que fue requerido para que enviara una información que no aportó desde el comienzo y si bien mejoró dos equipos adicionales, lo cierto es que la entidad no le asignó puntaje a estos últimos, solo a los otros dos que sí cumplían con los requisitos pedidos y que no fueron objeto de mejora alguna.
Resaltó que habilitar a L T Geoperforaciones Ltda. no implicaba el otorgamiento de puntaje a su favor, y que no es procedente a la luz del régimen de contratación estatal, sancionar la conducta de la ANH, toda vez que permitió subsanar los aspectos que por ley son subsanables, con lo cual privilegió el derecho sustancial sobre lo formal, sin desconocer la prohibición de mejorar las propuestas y, por ello, no asignó puntaje en estos eventos.
El presentado por la parte actora (apelación adhesiva)
La parte demandante no apeló en tiempo, pero presentó, en esta instancia, un escrito en virtud del cual se adhirió al recurso formulado por la ANH, en donde manifestó que la decisión de negar el restablecimiento pedido no estuvo precedida del debate probatorio que se requería, dado que el a quo prescindió de la audiencia de pruebas, en los términos del artículo 179 del CPACA.
Insistió en que no era posible que a un proponente habilitado técnicamente, por cumplir con la presentación de dos equipos de perforación, no le asignaran puntaje alguno por el ofrecimiento de esos mismos equipos. Señaló que al menos debió recibir 100 puntos por los dos equipos que lo habilitaron y que, en todo caso, la explicación de la no asignación de puntaje se contradice con lo anotado en el numeral 2.1. del informe final de evaluación, que indicó que “se anexan documentos de bomba de mayor capacidad que cumple con los requerimientos”.
Sostuvo que, si la demandada le hubiere reconocido los 200 puntos que le correspondían por los equipos de perforación que presentó con su propuesta, habría obtenido una calificación superior a la del consorcio GS –adjudicatario-, por cuanto habría alcanzado un total de 800 puntos, en comparación con el resultado final del referido consorcio de 770 puntos.
Por último, señaló que es necesario que se realice un riguroso análisis del asunto y una completa valoración de las pruebas aportadas y solicitadas en la demanda, con el propósito que se constaten las alegaciones hechas en el libelo introductorio y se advierta la procedencia del reconocimiento integral de las pretensiones formuladas.
El 16 de marzo 2016, el Tribunal de primera instancia concedió el recurso de apelación instaurado por la ANH y esta Corporación, en proveído del 24 de mayo de 2017, admitió tanto el recurso de alzada formulado por la entidad demandada como la apelación adhesiva presentada por la parte actora; luego, el 18 de julio de ese mismo año, se corrió traslado a las partes para alegar de conclusión y al Ministerio Público para que rindiera concepto.
La parte actora reiteró los argumentos que expuso en la apelación adhesiva; la ANH también insistió en las razones que esgrimió en su recurso de alzada; y el Ministerio Público guardó silencio.
III. CONSIDERACIONES
El objeto de la apelación
Vistos los reparos manifestados en los recursos, la Sala analizará si procede o no la declaratoria de nulidad de la Resolución 267 de 2012 y la pretensión de restablecimiento solicitada
Como atrás se indicó, L T Geoperforaciones y Minería Ltda., en su recurso de alzada, indicó que la decisión de prescindir de la etapa probatoria decretada por el a quo, sin que se cumplieran los presupuestos para ello, llevó a un incompleto análisis probatorio.
Examinado el expediente, se advierte que la parte actora aportó 24 documentos y, asimismo, solicitó requerir a la ANH para que allegara al proceso la propuesta original que presentó en calidad de proponente, dentro de la licitación pública ANH-03-LP-2012. Posteriormente, en el curso de la audiencia inicial, el Tribunal de origen negó el decreto de la solicitud probatoria de la parte demandante, pues la consideró innecesaria, dado que la propuesta de L T Geoperforaciones y Minería Ltda. ya obraba en el expediente en copias –pues fue aportada con la demanda–, sin que hubiese sido tachada de falsa por la contraparte.
Se constata, además, que la demandante no asistió a la audiencia inicial, en cuyo desarrollo se negó la única petición probatoria presentada por el actor y, allí se determinó prescindir de la audiencia de pruebas; de este modo, como el actor no asistió, y en tal virtud no hizo uso de los recursos que tenía disponibles en oportunidad, no es admisible que pretenda trasladar los efectos de su inactividad, como reparo de inconformidad contra la sentencia de primera instancia.
En todo caso, la Sala evidencia que la decisión del a quo de haber negado dicha prueba, se soportó en que las copias ya obraban en el expediente y así transitaron a lo largo del proceso sin oposición o tacha. En esta línea, se memora que la Sección Tercera de esta Corporación manifestó la posibilidad de dar valor probatorio a las copias simples que obren en los procesos, siempre que éstas no hayan sido cuestionadas en su veracidad por la contraparte o frente a las cuales no se haya promovido incidente de tacha de falsedad. De modo que al hallar en copia simple la propuesta presentada por L T Geoperforaciones y Minería Ltda. dentro del expediente, se torna inane el alegato traído a esta instancia como fundamento de la inconformidad probatoria expresada en el recurso de apelación.
En este orden de ideas, resulta forzoso concluir que el Tribunal de primer grado no desconoció los derechos al debido proceso y acceso a la administración de justicia de L T Geoperforaciones y Minería Ltda en el asunto analizado.
(ii) Interés directo que debe acreditar quien pretende la declaratoria de nulidad del acto de adjudicación
Ubicado en la génesis del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, debe indicarse, ab initio, que sólo quien tiene interés directo está legitimado para peticionar el restablecimiento de un derecho subjetivo que le hubiere sido lesionado (art. 138 del CPACA).
Así, con el propósito de determinar quién tiene un interés serio y legítimo en la solicitud de nulidad del acto de adjudicación, es primordial destacar que este último ha sido catalogado como uno de los actos preparatorios del negocio jurídico estatal. En estos términos, siendo el acto que demarca la fase anterior a la celebración del contrato, se ha entendido como un acto separable del mismo en la medida que puede ser individualizado o apartado del contrato para efectos de su control judicial. Por esta vía, el cauce procesal orientado a infirmar su presunción de legalidad, corresponde, primordialmente, a los medios de control de nulidad o nulidad y restablecimiento del derecho, según el caso.
En la demostración del interés de quien busca la declaratoria de nulidad del aludido acto administrativo, y de allí su restablecimiento, se edifica la legitimación material para cuestionar su validez y pedir el restablecimiento del derecho supuestamente conculcado con su expedición; por ello la necesidad de distinguir entre la legitimación de hecho en la causa, que surge al momento en que se traba la litis y se define a partir de quienes componen los extremos del litigio; y la legitimación material por activa, por cuya virtud se debe establecer la existencia o no de una lesión real a un derecho de la demandante –interés subjetivo– de cara a la pretensión que ésta fórmula.
Así, el interés en sede de nulidad y restablecimiento –que reside en la legitimación material– está llamado a ser acreditado por la parte actora desde un primer momento, pues, como en su oportunidad lo precisó esta Sección, el alcance de dicho concepto no es el de la simple legalidad que detenta quien pretende defender el ordenamiento jurídico, sino que se trata de un interés “especial y concreto, personal y directo”, posición respaldada en la sentencia C-221 de 1999 proferida por la Corte Constitucional, en la que se afirmó:
“Entiende la Corte que ‘el interés directo’ connota la legitimación que puede derivarse del hecho o circunstancia que lo vincula a la necesidad, no de promover un proceso para definir lo relativo a la nulidad, sino para intervenir en el mismo en razón de que las resultas pueden incidir, repercutir o afectar en cualquier forma o modo su situación e intereses, o el goce o efectividad de sus derechos -no sólo económicamente-” (se destaca).
De modo que el interés directo para pretender la nulidad y restablecimiento del derecho del acto de adjudicación se predica, en principio, respecto de quienes participaron en el proceso de selección, siempre que la cuestión sometida a debate repercuta de forma directa en “su situación e intereses, o en el goce o efectividad de sus derechos”; por tanto, aun habiendo participado en el proceso de selección, si la decisión a proferir en nada afecta su situación específica no se habrá superado el estadio de la legitimación de hecho en la causa y, en consecuencia, carecerán del interés directo para instaurar este tipo de pretensión.
Lo anterior, en el entendido que no es adecuado concebir la solicitud de nulidad del acto de adjudicación y su consecuente restablecimiento, como un mecanismo de control abstracto de la legalidad, toda vez que ello implicaría desconocer que quien acudió al control jurisdiccional lo hizo con sustento, precisamente, en la afectación de sus derechos subjetivos, en el cual finca su interés.
En este orden de ideas, en asuntos como el sub examine, el interés sólo estará en cabeza del proponente que debiendo ser escogido no lo fue, de manera que si en el proceso judicial se advierte que la propuesta de este último no era la mejor para la administración, se torna forzoso aseverar que carecía de interés para impugnar la legalidad del acto de adjudicación o del que declaró desierto el proceso de selección, en la medida que no acudió a la jurisdicción en aras de obtener un pronunciamiento general y abstracto sobre la consonancia del acto previo con el ordenamiento jurídico, sino que pretendió el restablecimiento de su situación particular, por considerarla lesionada con la supuesta trasgresión emanada del acto objeto de debate.
En estas condiciones, se exige al interesado que su pretensión se soporte en la existencia real y verificable de un interés directo que, en estos casos, no es otro que la acreditación de haber sido la mejor propuesta, lo que se explica bajo el juicio de incidencia o repercusión en los derechos que se aducen vulnerados y en función del interés del actor situado en el restablecimiento que pretende, concretando así la legitimación material en la causa que es exigida.
Por tanto, el punto de partida del examen judicial planteado impone verificar que la propuesta del demandante fuese la mejor y más conveniente para la administración, y solo a partir de un resultado afirmativo se avanza hacia la revisión de los cargos de ilegalidad a la luz de las normas superiores de derecho; anotando, además, que tal violación solo será relevante en tanto se proyecte como afrenta a ese derecho subjetivo pues, de no ser así, se estaría mutando el carácter subjetivo de la acción para proyectarse en un mero juicio objetivo de legalidad, que no es lo pedido. De manera que se pasa a estudiar la legitimación material por activa de la parte actora, concretada en la acreditación del interés de ésta en las resultas del sub lite, en los términos antes expuestos.
(iii) Estudio del interés de L T Geoperforaciones y Minería Ltda. para solicitar la declaratoria de nulidad de la Resolución 267 de 2012, proferida por la ANH.
Para dilucidar si la propuesta de L T Geoperforaciones y Minería Ltda. era o no la mejor para la Administración, la controversia se centra en precisar la naturaleza de los requisitos de habilitación y de los factores de calificación y, en particular, si los específicamente establecidos por la ANH, en relación con los equipos de perforación, fue confusa, como lo sostuvo el a quo, y si su examen en el curso del proceso de selección se hizo o no de forma correcta.
Los requisitos habilitantes corresponden a exigencias básicas que debe acreditar el proponente para cumplir con el contrato proyectado, se refieren a factores como la experiencia y la capacidad financiera, jurídica y de organización de los oferentes, los cuales no otorgan puntaje puesto que solo son objeto de verificación por parte de la Administración; es decir, sirven como criterios útiles que comprueban la idoneidad del contratista y conducen a definir sobre la admisión o rechazo de una propuesta, en atención a unas condiciones mínimas que se exigen para ejecutar el objeto a contratar.
Por ende, al tratarse de elementos que, aunque de manera afirmativa, restringen la libre concurrencia al proceso de selección, se entienden razonables en función del interés general que involucra el proceso de selección y la realización de su objeto, los que, a su turno, se proyectan como criterios necesarios para constatar la idoneidad del oferente; de modo que lo allí exigido, debe ser adecuado y proporcional a la naturaleza y objeto del contrato y a su valor.
A su turno, los factores de calificación se examinan directamente en función de la propuesta, entendida como la manifestación de voluntad de quien participa en el proceso de selección que contiene los elementos del negocio jurídico respecto de los cuales la entidad licitante va a efectuar la comparación de las propuestas que le fueron presentadas, con el fin de obtener la más favorable, en atención a la ponderación detallada de elementos técnicos y económicos de escogencia establecidos en el pliego de condiciones. De modo que estos factores son materia de evaluación, pues otorgan una calificación, según las previsiones del pliego de condiciones, y se examinan solo respecto de aquellos proponentes que resultaron habilitados, esto es, que superaron la verificación de las condiciones necesarias para celebrar el contrato.
Sobre los defectos subsanables e insubsanables de las propuestas en la contratación pública, la Ley 80 de 1993, en su artículo 25, determinó que la falta de requisitos o documentos no necesarios para la comparación de las propuestas no constituía razón suficiente para rechazar los ofrecimientos; por ende, la dificultad quedaba en cabeza de la administración al momento de precisar qué requisitos fundamentaban la comparación de las propuestas, pues si lo hacían su ausencia imponía el rechazo de la oferta, mientras que si no eran necesarios carecían de la virtualidad para producir el rechazo, lo que forzaba a la habilitación de la propuesta y su correspondiente calificación.
Luego, la Ley 1150 de 2007, por medio de su artículo 5, subrogó al artículo 29 de la Ley 80 de 1993, para conservar el criterio general que informa el deber de selección objetiva, desprovisto de cualquier consideración subjetiva, llevando a distinguir de forma expresa entre los requisitos habilitantes y los factores de ponderación o evaluación; señaló que los primeros están conformados por la capacidad jurídica y las condiciones de experiencia, capacidad financiera y de organización de los proponentes, de modo que sólo son objeto de verificación y, además, no otorgan puntaje; mientras que los segundos –factores de ponderación– se refieren a la propuesta y corresponden a aquellos componentes que sí otorgan puntaje.
Respecto a los elementos subsanables, el parágrafo 1 del referido artículo 5 de la Ley 1150 de 2007 consagró, previo a la modificación de la Ley 1882 de 2018, que todos los requisitos que no incidan en la asignación de puntaje pueden ser solicitados en cualquier momento por la entidades hasta la adjudicación -salvo en los casos de subasta, en los cuales deberán ser solicitados hasta el momento previo a su realización-; es decir, precisó la regla de subsanabilidad en materia de requisitos habilitantes.
En esa medida, “la diferencia radica en que, en vigencia de la Ley 80 de 1993, la entidad debía determinar, con buen criterio, cuáles de los requisitos y documentos eran necesarios para la comparación de las ofertas, al paso que la Ley 1150 eliminó ese margen de discrecionalidad limitada que tenían las entidades alrededor de ese concepto jurídico indeterminado, para precisar que los requisitos que no son necesarios para la comparación de las ofertas son aquellos que no afectan la asignación de puntaje; por ende, estos últimos son los que tienen la connotación de subsanables”.
En el sub examine, la ANH, a través de la Resolución 212 del 21 de junio de 2012, ordenó la apertura de la licitación pública ANH-03-LP-2012, para la contratación del muestreo de subsuelo mediante la perforación de pozos estratigráficos poco profundos tipo slim hole en el sur de la cuenca Sinú – San Jacinto.
En el pliego de condiciones se estableció que aceptaría propuestas parciales por las áreas Sinú San Jacinto zona norte o Sinú San Jacinto zona sur y que la adjudicación se haría de manera parcial o total, en atención al ofrecimiento del proponente favorecido. Igualmente, respecto de la verificación de los requisitos habilitantes de contenido técnico –numeral 3.1.3.– indicó lo siguiente, en torno a la cantidad de equipos de perforación disponibles:
“3.1.3.3. Cantidad de Equipos de perforación disponibles presentados por el proponente (Formulario No.9)
El proponente deberá presentar como mínimo DOS (2) equipos de perforación para cada una de las zonas objeto de la licitación (SINU SAN JACINTO NORTE Y/O SINU SAN JACINTO SUR) para la ejecución del proyecto, con las características técnicas mínimas exigidas en la siguiente tabla:
“Esta información deberá ser consignada en el formulario respectivo, el cual debe diligenciarse en todas sus columnas.
EQUIPO DE PERFORACIÓN
Profundidad de perforación
3,000 pies con tubería HQ
Capacidad para levantar tubería
14,000 lbs
Capacidad para empujar tubería
8,000 lbs
Potencia
Mínimo 200 HP
Bomba de lodo
Mínimo 70 gpm y 400 psi
Preventora (BOP)
Mínimo 2.000 psi
“Para la verificación de estas condiciones el proponente deberá diligenciar el formulario respectivo y adicionalmente adjuntar las fichas técnicas de los equipos en donde se certifique las condiciones técnicas de los mismos, las cuales deben ser expedidas por la empresa fabricante”
Asimismo, determinó que la evaluación de la licitación pública se realizaría en atención a la ponderación de los siguientes elementos de calidad y precio:
“3.2. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE LAS PROPUESTAS
“(…)
FACTORES DE CALIFICACIÓN EVALUACIÓN
PUNTAJE MÍNIMO
PUNTAJE MÁXIMO
Cantidad de equipos de perforación disponibles
200
400
Propuesta económica
30
300
Cantidad adicional de núcleos a recuperar
50
200
Industria Nacional
0
100
TOTAL
280
1000
“(…)
“3.2.2. Equipo con que cuenta el proponente (Formulario 9)
“El proponente deberá contar con mínimo DOS (2) Equipos de Perforación para cada una de las zonas en que presente propuesta con las condiciones técnicas descritas en los requisitos mínimos habilitante para la ejecución del proyecto.
“Los parámetros para la evaluación de la cantidad de equipos con que cuenta el proponente. Los puntajes se incrementan cada 100 puntos en la medida que el proponente ofrezca un equipo más para el desarrollo del proyecto.
CANTIDAD DE EQUIPOS DE PERFORACIÓN DISPONIBLES
2 equipos
3 equipos
4 equipos
PUNTAJE ASIGNADO
100
200
300
Al cierre del proceso de selección se presentaron dos ofrecimientos para la zona Sinú – San Jacinto área norte, los de los proponentes: L T Geoperforaciones y Minería Ltda. y el consorcio GS, ambos, en el informe de verificación técnica, resultaron no habilitados, por las siguientes razones (se transcriben únicamente las referentes a los equipos de perforación, objeto de la presente litis):
PROPONENTE
VERIFICACIÓN TÉCNICA
DOCUMENTOS SUBSANABLES
LT GEOPERFORACIONES
NO HABILITADO
SI
“El proponente requiere subsanar lo señalado en los siguientes numerales de este documento:
“Numeral 1. (Cantidad de equipos de perforación disponibles –Formulario 9. Numeral 3.1.3.3. de los pliegos ANH-03-LP-2012). El equipo de perforación presentado debe cumplir con unos parámetros mínimos:
El equipo 1 UDR-1000 presenta una bomba con un galonaje de 50 gpm y lo requerido son 70 gpm.
El equipo 2 HCR-8 presenta una bomba con un galonaje de 25 gpm.
El equipo 3 SCHRAMM T1 30 presenta una bomba con un galonaje de 25 gpm.
El equipo 4 Long Year 44 no es subsanable, debido a que la capacidad de perforación en tubería HQ es de 2180 pies y lo mínimo requerido es 2600 pies, además la potencia del equipo presentado es de 170 hp y la mínima requerida es de 200 hp.
“(…)
Requisito de evaluación
Verificación técnica
Observaciones
El proponente deberá presentar como mínimo DOS (2) equipos de perforación para cada una de las zonas objeto de la licitación (SINU SAN JACINTO NORTE Y/O SINU SAN JACINTO SUR) para la ejecución del proyecto, con las características técnicas mínimas exigidas en la siguiente tabla …
NO HABILITADO
Para que el proponente sea habilitado es necesario que en los equipos 1, 2 y 3 presenten unas bombas que cumpla con los parámetros mínimos exigidos (galonaje) o le adicionen una bomba cuya suma dé el galonaje requerido.
Nota: documento subsanable
“(…)
PROPONENTE
VERIFICACIÓN TÉCNICA
DOCUMENTOS SUBSANABLES
CONSORCIO GS
NO HABILITADO
SI
“El proponente requiere subsanar lo señalado en los siguientes numerales de este documento:
“Numeral 1.1. (Cantidad de equipos de perforación disponibles –Formulario 9. Numeral 3.1.3.3. de los pliegos ANH-03-LP-2012). El equipo de perforación presentado debe cumplir con unos paráeatros mínimos:
El equipo 2 Long Year 44 no presenta documentación que certifique capacidad para levantar y empujar tubería, potencia del equipo, ni galonaje y presión de trabajo de la bomba.
El equipo 3 LF 90D CORE DRILL no es subsanable debido a que la capacidad de profundidad en tubería HQ es de 2.370 pies y la mínima requerida es de 2.600 pies.
“(…)
Requisito de evaluación
Verificación técnica
Observaciones
El proponente deberá presentar como mínimo DOS (2) equipos de perforación para cada una de las zonas objeto de la licitación (SINU SAN JACINTO NORTE Y/O SINU SAN JACINTO SUR) para la ejecución del proyecto, con las características técnicas mínimas exigidas en la siguiente tabla …
NO HABILITADO
Para que el proponente sea habilitado es necesario que en el equipo de perforación 2 presente documentación que certifique la capacidad para levantar y empujar tubería, potencia del equipo, galonaje y presión de trabajo de la bomba y que cumpla con los parámetros mínimos requeridos.
Nota: documento subsanable
En el informe final de evaluación se consignó que fueron habilitados tanto L T Geoperforaciones y Minería Ltda. como el consorcio GS, dado que la entidad advirtió que ambos subsanaron los requisitos técnicos que les indicó en el informe previo; en efecto, señaló:
“2. Verificación técnica de los requisitos subsanados de la propuesta presentada por LT Geoperforaciones
“2.1. Cantidad de equipos de perforación disponibles –Formulario 9. Numeral 3.1.3.3. de los pliegos ANH-03-LP-2012
Requisito de evaluación
Verificación técnica
Observaciones
Equipo 1 UDR-1000, la bomba no cumple con los parámetros requeridos
SUBSANADO
Anexan documentos de bomba de mayor capacidad que cumple con los requerimientos.
Equipo 2 HCR-8, la bomba no cumple con los parámetros requeridos
SUBSANADO
Anexan documentos de bomba de mayor capacidad que cumple con los requerimientos.
Equipo 3 SCHRAMM T1 30, la bomba no cumple con los parámetros requeridos
SUBSANADO
Anexan documentos de bomba de mayor capacidad que cumple con los requerimientos.
Equipo 4 LONG YEAR 44 …
NO SUBSANADO
NO ES SUBSANABLE
“(…)
“3. Verificación técnica de los requisitos subsanados de la propuesta presentada por el Consorcio GS
“3.1. Cantidad de equipos de perforación disponibles –Formulario 9. (Numeral 3.1.3.3. de los pliegos ANH-03-LP-2012)
Requisito de evaluación
Verificación técnica
Observaciones
Equipo 2 LONG YEAR 44, no presentan documentación que certifiquen la capacidad para levantar y empujar tubería, potencia del equipo, galonaje y presión de trabajo de la bomba
SUBSANADO
Mediante radicado No. 20123700088022 envían las especificaciones técnicas solicitadas, las cuales cumplen con los parámetros técnicos requeridos.
Equipos 3 y 4 LF 90D Core Drill, las bombas no cumplen con los parámetros requeridos
SUBSANADO
Anexan documentos de bomba de mayor capacidad que cumple con los requerimientos.
En esta misma oportunidad, el comité evaluador indicó la evaluación final de cada uno de los mencionados proponentes, en la que asignó una calificación de 770 puntos a L T Geoperforaciones –no le otorgó puntaje por el número de equipos disponibles, “debido a que subsanan la calidad de la bomba en tres (3) de sus equipos de perforación y el último de ellos no es subsanable”- y una puntuación de 800 al consorcio GS –a este oferente sí le asignó 200 puntos por el número de equipos disponibles, “debido a que aclaran las especificaciones técnicas del segundo equipo … con lo cual cumplen con los dos (2) mínimos solicitados en los pliegos de condiciones. A los otros dos (2) equipos no se le asigna puntaje debido a que subsanan la calidad de las bombas, los cuales no son objeto de comparación y subsanación”-.
A través de la Resolución 267 del 17 de julio de 2012, la ANH adjudicó, de forma parcial, la licitación pública ANH-03-LP-2012 en la zona San Jacinto norte, por un valor de $4.932’370.520, al consorcio GS –integrado por Serviminas SAS y Geoval SAS-.
Luego, en documento denominado “Alcance al Informe Final de Evaluación Técnica” –sin fecha visible- la ANH aclaró los puntajes que le otorgó a los proponentes del área norte, en los términos que a continuación se enuncian:
“1. La empresa LT Geoperforaciones envió información en la que mejoraba los equipos de perforación (anexando documentos de bombas de mayor capacidad), los cuales son objeto de calificación.
“2. El Consorcio GS allegó la información solicitada del segundo equipo, en la que, al verificarse los parámetros requeridos en los pliegos definitivos cumplían a satisfacción, por lo tanto se completaban los (2) equipos mínimos habilitantes cumpliendo con los parámetros.
“3. De igual manera el Consorcio GS también presentó documentación en la que cambiaban las bombas por otras de mayor capacidad, mejorando los equipos de perforación.
“Debido a lo anterior, al Consorcio GS se le asignó el mínimo de 200 puntos para el proponente que tuviera dos (2) equipos de perforación que cumplieran con los parámetros requeridos en los pliegos sin que fuesen mejorados, como los otros dos presentados por ellos.
“A la empresa LT Geoperforaciones, (sic) no se le asignó puntaje debido a que no presentaron equipos que cumplieran inicialmente con los requerimientos de los pliegos, sino que sus tres (3) equipos fueron mejorados con el cambio de las bombas”.
El 19 de julio de 2012, la ANH y el consorcio GS celebraron el contrato 169 de 2012, para el muestreo del subsuelo mediante la perforación de pozos poco profundos tipo Slim Hole con recuperación de núcleos de roca y eléctricos en el sur de la cuenca Sinú – San Jacinto.
Así pues, en el caso que analiza la Sala, la propuesta presentada por la parte actora fue habilitada, luego de su subsanación en lo referente al cumplimiento de las condiciones técnicas de la bomba de galonaje de los equipos de perforación; sin embargo, la entidad no le asignó puntaje alguno por el factor de “cantidad de equipos de perforación disponibles”, dado que con la subsanación cambió las referidas bombas de galonaje por unas de mayor capacidad, por lo que el proponente mejoró su propuesta, actuación que, afirmó, impedía el otorgamiento de puntuación por este aspecto.
La parte actora consideró un absurdo que la entidad aceptara los equipos para la habilitación, pero no para la calificación, pues con la subsanación que aportó se allanó a las condiciones técnicas requeridas, situación que, en su parecer, validaba la asignación de puntaje por este ítem.
Es de anotar que para la Sala, contrario a lo que adujo la ANH y la parte actora, no era susceptible de ser subsanada la capacidad de la bomba de galonaje de los equipos de perforación del proponente, puesto que dicho requerimiento excedía la verificación misma de los requisitos técnicos solicitados en el pliego de condiciones.
En efecto, hay que diferenciar que lo que se puede subsanar o sanear es la prueba de las condiciones habilitantes, pero no el requisito como tal, porque resultaría materialmente imposible tratar de subsanar algo que no existe. De modo que lo “subsanable es aquello que, a pesar de que se tiene, no aparece claramente acreditado en el proceso de selección; pero, no se puede subsanar aquello de lo cual se carece o que no existe al momento de proponer, porque entonces se estaría hablando de la complementación, adición o mejora de la propuesta, lo cual está prohibido por el numeral 8 del artículo 30 de la Ley 80 de 1993”.
Así, el artículo 5 de la Ley 1150 de 2007, al preveer que los requisitos habilitantes sólo son objeto de verificación (cumple o no cumple), estableció el marco dentro del cual son procedentes las solicitudes de corrección o saneamiento, de manera que las mismas deben dirigirse a comprobar si el proponente observó o no los requerimientos necesarios para participar en el proceso de selección, lo que significa, como consecuencia, que éstas no deben permitir la complementación de un aspecto que no fue observado desde la presentación de la propuesta, toda vez que ello desdibuja, con evidencia, el propósito de la verificación que no es otro, en términos de su definición, que la revisión o constatación de las condiciones exigidas.
En este orden de ideas, todos los requisitos habilitantes se deben cumplir al momento de presentar la propuesta, lo que significa que el oferente no puede pretender adquirir o completar las condiciones mínimas de participación en desarrollo del proceso de selección; por ende, lo subsanable son las dudas que puedan surgir al momento de examinar su cumplimiento, ya sea porque la prueba aportada para demostrarlos no es suficiente o genera ambigüedades en su estudio; es decir, no es susceptible subsanar o enmendar las carencias de fondo, pues no se puede corregir lo que en su momento no se presentó. En esta línea, esta Sala ha manifestado lo siguiente:
“Puede suceder también que, a pesar de que el oferente sea plenamente capaz no haya acreditado fehacientemente su capacidad jurídica; en ese caso, la entidad debe solicitar al oferente que allegue el documento idóneo que acredite su condición.
“(…)
“Lo mismo sucede con la experiencia. Si, por ejemplo, el pliego de condiciones exige una experiencia mínima específica de 5 años y el oferente no tiene más de 4 años de experiencia, no hay forma de que pueda subsanar tal falencia y, en consecuencia, su propuesta no puede pasar a la siguiente fase del proceso de selección, es decir, a la de evaluación, porque no satisface las condiciones mínimas de participación.
“Ahora, si el oferente adquiere la experiencia mínima exigida por los pliegos de condiciones después de presentar su oferta y durante el proceso de selección, no hay forma de que pueda resultar habilitado, por una parte, porque, como se dijo anteriormente, la misma ley prohíbe completar, adicionar, modificar y mejorar las propuestas y, por otra parte, porque la propuesta no puede condicionar la adjudicación”.
Así las cosas, las falencias que la entidad advirtió respecto de los equipos de perforación 1, 2 y 3 de L T Geoperforaciones y Minería Ltda. no eran susceptibles de ser saneadas, pues no se trataba de la mera acreditación de los requisitos técnicos de los mismos, por falta de aporte del documento técnico que los certificara o por dudas en la comparación de las características de dichas máquinas con las condiciones exigidas en el pliego de condiciones, el requerimiento de la Administración versó sobre un aspecto que completaba dicho requisito, a saber, la presentación adicional de una bomba de galonaje que cumpliera el mínimo de 70 gpm y 400 psi.
El referido proponente al anexar los “documentos de bomba de mayor capacidad que cumple con los requerimientos” –como lo anotó la ANH en el informe final de evaluación- cambió la bomba de galonaje que había aportado desde el comienzo, conducta mediante la cual completó el requisito relativo a los equipos de perforación y, con ello, mejoró su ofrecimiento, actuación vedada en los términos del numeral 8, del artículo 30 de la Ley 80 de 1993.
Por consiguiente y dado que el requerimiento de la entidad no se ciñó realmente a una subsanación, en los términos ya explicados, sino al perfeccionamiento del requisito de la “cantidad de equipos de perforación disponibles” que se llenaba de contenido en atención a las características técnicas mínimas señaladas en el pliego, se observa que la nueva bomba de galonaje completó las condiciones técnicas establecidas en torno a dichas máquinas, por lo que la ANH no debió pedir tal saneamiento y, en todo caso, los nuevos dispositivos aportados no pueden tenerse como válidos para enmendar la propuesta, puesto que mejoraron los equipos inicialmente presentados.
En línea con lo expuesto, la parte actora no ostentó la calidad de ser la mejor propuesta para la Administración, pues ni siquiera acreditó todos los requisitos para ser habilitada en la licitación pública, razón por la cual no hubo lesión alguna a sus derechos subjetivos, contrario a lo pregonado por la demandante como causa del sub-lite.
En este punto, vale precisar que lo aquí expuesto no modifica la habilitación que la ANH le confirió al consorcio GS, adjudicatario de la licitación pública ANH-03-LP-2012, dado que la indicación que le hizo a este último respecto de uno de los equipos de perforación presentado sí tenía la connotación de saneable o subsanable, comoquiera que se refirió al aporte de la documentación que acreditara que el equipo Long Year 44 cumplía con la capacidad para levantar y empujar tubería, potencia del mismo, el galonaje y presión de trabajo de la bomba requeridos, según las condiciones técnicas consagradas en el pliego de condiciones, de modo que de esta manera cumplió con los dos equipos mínimos requeridos para ser habilitado, pues, en este caso, sí se trató de una revisión de las pruebas pertinentes para comprobar el cumplimiento de dicho requerimiento, más no de una petición de permitió adicionar las condiciones técnicas faltantes.
Como corolario de todo lo expuesto, se concluye que no es viable la pretensión de nulidad del acto de adjudicación, pues, como se constató, la demandante no podía haber sido adjudicataria del proceso de selección, ya que su propuesta no debió haber sido habilitada y, como consecuencia, no podría haber sido la mejor y más ventajosa para la administración, careciendo entonces de legitimación material para haber promovido tales pretensiones de nulidad; por ende, se revocará la sentencia apelada y, en su lugar, se negarán todas las súplicas de la demanda.
Costas
En los términos del artículo 188 del CPACA, la liquidación y ejecución de la condena en costas se sujetará a las reglas previstas en el Código General del Proceso, normativa que establece, en su artículo 365, que ésta debe imponerse “a la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva desfavorablemente el recurso de apelación”. A su vez, el numeral 4 de ese mismo artículo prescribe que “cuando la sentencia de segunda instancia revoque totalmente la del inferior, la parte vencida será condenada a pagar las costas de ambas instancias”.
Vistos los argumentos que sirven de sustento a esta providencia, se concluye que, en principio, procede la condena en costas, puesto que se revocó la sentencia apelada y, además, a ambas partes se les resolvió de forma desfavorable los recursos de apelación, puesto que (i) en relación con la sociedad actora, no se accede a las pretensiones de la demanda y (ii) respecto de la ANH, quien también apeló la decisión, se decide negar la solicitud de nulidad del acto debatido, pero por razones distintas a las que esgrimió en su alzada, dado que se precisó que dicha entidad realizó el requerimiento de subsanación de los requisitos habilitantes respecto de falencias que no eran susceptibles de saneamiento, es decir, se advirtió que, contrario a lo sostenido por la ANH, no era susceptible de subsanación el cambio de la bomba de galonaje de los equipos de perforación.
En esa medida y como, en estricto sentido, ninguno de los cargos expuestos por cada una de las partes recurrentes, la demandante y la demandada, tuvo vocación de prosperidad, no habrá lugar a condenar en costas a favor ni en contra de ninguno de los extremos procesales, comoquiera que, en realidad, operó una suerte de compensación, dado que a ambas partes les fue resuelto de manera desfavorable los argumentos que sustentaron sus recursos de alzada, tal como esta Sala se pronunció en recientes oportunidades.
IV. PARTE RESOLUTIVA
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
FALLA:
PRIMERO-. REVOCAR la sentencia del 3 de febrero de 2016, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A.
SEGUNDO-. NEGAR las pretensiones de la demanda.
TERCERO-. Sin condena en costas.
CUARTO-. Ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen, para lo de su cargo.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Aclaración de voto
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO
Aclaración de voto
NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO / ACLARACIÓN DE VOTO / NULIDAD DE ACTO JURÍDICO – Que adjudica una licitación pública / ACTO DE ADJUDICACIÓN DE LICITACIÓN PÚBLICA / CONTRATACIÓN ESTATAL / LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR ACTIVA – Material / LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR ACTIVA – O interés directo del demandante / PROCESO – Que se surte con ocasión a la acción de nulidad y restablecimiento del derecho / CARGA PROCESALES – Respecto del actor, por cuanto debe acreditar participación en el proceso de selección y demostrar que su oferta era más beneficiosa para la administración
En la sentencia se señaló que la legitimación en la causa por activa o el interés directo de los terceros en estos casos no se acredita por el solo hecho de haber participado en el proceso de selección en el que no resultó favorecido, sino que, además, debe probarse que su propuesta era la más favorable para la entidad. No [se] comparte la anterior apreciación, [por cuanto] la legitimación en la causa por activa o el interés directo del tercero se predica por haber presentado oferta en el proceso de selección en el que el demandante no fue favorecido con el acto de adjudicación, sin que exista la necesidad, para estos efectos, de acreditar que su propuesta era la mejor para la Administración (…), ello según lo ha sostenido la Subsección en diferentes oportunidades. [Lo anterior no significa que] en estos procesos judiciales no le corresponda al demandante demostrar que su oferta era la más favorable y conveniente para la entidad contratante. Claro que sí, debe probar tal aspecto para sacar avante sus pretensiones, además de acreditar la ilegalidad del acto de adjudicación cuestionado -doble carga procesal-.
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
Consejero Ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Bogotá, D.C., diez (10) de septiembre de dos mil veintiuno (2021).
Radicación número: 25001-23-36-000-2013-00009-01 (56960)
Actor: LT GEOPERFORACIONES Y MINERÍA LTDA.
Demandado: AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS
Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Actuación: APELACIÓN DE SENTENCIA
ACLARACIÓN DE VOTO
Con el acostumbrado respeto por los fallos de la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado, me permito, a continuación, justificar las razones de esta aclaración de voto frente a la sentencia aprobada por la Sala el 13 de agosto de 2021, la cual revocó el fallo de primera de instancia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca y, en su lugar, negó las pretensiones de la demanda.
Si bien coincido con la decisión adoptada en la sentencia, en la cual se descartaron las aseveraciones planteadas en la demanda respecto de las irregularidades supuestamente presentadas en la licitación pública adelantada por la Agencia Nacional de Hidrocarburos, considero importante aclarar mi posición frente a una afirmación que se hizo sobre la legitimación material en la causa por activa, aspecto que se relaciona con el interés directo que los terceros deben acreditar para pedir la nulidad del acto de adjudicación.
En la sentencia se señaló que la legitimación en la causa por activa o el interés directo de los terceros en estos casos no se acredita por el solo hecho de haber participado en el proceso de selección en el que no resultó favorecido, sino que, además, debe probarse que su propuesta era la más favorable para la entidad.
No comparto la anterior apreciación puesta de presente en la sentencia, en la medida en que, como lo ha sostenido la Subsección en diferentes oportunidades, la legitimación en la causa por activa o el interés directo del tercero se predica por haber presentado oferta en el proceso de selección en el que el demandante no fue favorecido con el acto de adjudicación, sin que exista la necesidad, para estos efectos, de acreditar que su propuesta era la mejor para la Administración.
Con lo que acabo de exponer no estoy diciendo que en estos procesos judiciales no le corresponda al demandante demostrar que su oferta era la más favorable y conveniente para la entidad contratante. Claro que sí, debe probar tal aspecto para sacar avante sus pretensiones, además de acreditar la ilegalidad del acto de adjudicación cuestionado -doble carga procesal-. Lo que quiero decir, simplemente, es que lo relacionado con la mejor oferta no es una cuestión que el tercero no adjudicatario requiera demostrar para efectos de la legitimación material en la causa por activa, pues solo basta con que hubiese participado en el proceso de selección en el que no resultó beneficiado con el acto administrativo correspondiente.
En estos términos dejo expresadas las razones que sustentan la presente aclaración de voto.
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO
Nota: esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y autenticidad del presente documento en el link HYPERLINK "https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador" https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que aparece a la derecha.
NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO / ACLARACIÓN DE VOTO / NULIDAD DE ACTO JURÍDICO – Que adjudica una licitación pública / ACTO DE ADJUDICACIÓN DE LICITACIÓN PÚBLICA / CONTRATACIÓN ESTATAL / LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR ACTIVA – Material / LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR ACTIVA – O interés directo del demandante / LEGITIMACIÓN MATERIAL – Naturaleza jurídica / LEGITIMACIÓN MATERIAL – Presupuesto procesal de origen sustancial / LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR ACTIVA – No equivale a la prueba del derecho reclamado / LEGITIMACIÓN MATERIAL – Hubo un interés legítimo del proponente demandante para el caso en comento
[En palabras de la sentencia], el proponente de un proceso de selección que no demuestra en el juicio que su oferta era la mejor no está legitimado materialmente en la causa para demandar la nulidad del acto de adjudicación. [Se manifiesta] discrepancia con esa postura, pues [se considera] que es preciso distinguir entre la legitimación material en la causa y la demostración del derecho que se alega en el proceso judicial. (…) La legitimación material (…) [es] un presupuesto procesal de origen sustancial, pero no equivale a la prueba del derecho reclamado. Por eso, en asuntos de nulidad y restablecimiento en los que se cuestiona el acto de adjudicación del contrato, el interés legítimo está dado por el hecho de haber participado el actor en el proceso de selección. Ya en la demanda y, de acuerdo con los hechos que la motivan, el interesado alega la existencia de un derecho que considera que le fue lesionado: el de ser adjudicatario, porque su propuesta recibió o debió recibir la máxima calificación. (…) En el caso concreto hubo un interés legítimo del proponente demandante, porque participó en el proceso de selección de contratista y estimó que tenía el derecho a ser mejor calificado que el adjudicatario. La sola circunstancia de haberse probado su participación en esa fase precontractual le daba legitimación material en la causa
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
Consejero ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Bogotá D.C., trece (13) de agosto de dos mil veintiuno (2021)
Radicación´número: 25001-23-36-000-2013-00009-01 (56960)
Actor: L T GEOPERFORACIONES Y MINERÍA LTDA.
Demandado: AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS
Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
ACLARACIÓN DE VOTO DRA MARÍA ADRIANA MARÍN
Con el respeto que profeso por las decisiones de la Sala, me permito manifestar las razones por las que aclaro el voto frente a la sentencia dictada el 13 de agosto del año en curso, mediante la cual se revocó el fallo de primer grado y se negaron las pretensiones de la demanda, relacionadas con la nulidad de un acto administrativo precontractual y la subsiguiente reparación de perjuicios.
De acuerdo con el criterio consignado en el análisis del caso, el proponente de un proceso de selección que no demuestra en el juicio que su oferta era la mejor no está legitimado materialmente en la causa para demandar la nulidad del acto de adjudicación. Debo manifestar mi discrepancia con esa postura, pues considero que es preciso distinguir entre la legitimación material en la causa y la demostración del derecho que se alega en el proceso judicial.
La legitimación material deviene de la existencia previa de la relación jurídica sustancial entre las partes, de la cual surge o se pretende el derecho invocado en la demanda. Es un presupuesto procesal de origen sustancial, pero no equivale a la prueba del derecho reclamado. Por eso, en asuntos de nulidad y restablecimiento en los que se cuestiona el acto de adjudicación del contrato, el interés legítimo está dado por el hecho de haber participado el actor en el proceso de selección. Ya en la demanda y, de acuerdo con los hechos que la motivan, el interesado alega la existencia de un derecho que considera que le fue lesionado: el de ser adjudicatario, porque su propuesta recibió o debió recibir la máxima calificación. Tal es el bien jurídico cuya existencia y titularidad debe acreditar, pero no para que se establezca su legitimación, sino más allá de ello, para que le sean favorables las pretensiones de la demanda. El interés jurídico existe, solo que el actor debe demostrar que se dan las condiciones para su satisfacción.
Ahora, como respaldo de su razonamiento, la Sala refirió la sentencia C-221 de 1999, dictada por la Corte Constitucional, que señala que solo hay interés directo cuando las resultas del proceso “podrían” incidir en el patrimonio o en la situación jurídica del demandante. A partir de ese criterio se coligió en el caso concreto que, en materia de adjudicación de contratos estatales, sólo tiene interés directo quien demuestre que su propuesta era realmente la mejor calificada.
No comparto tal ilación. Una persona puede tener interés directo en un asunto judicial, porque como se indica justamente en el aludido fallo de la Corte Constitucional, las resultas pueden incidir en su situación patrimonial y jurídica; ello de entrada significa que al final es posible que no haya tal incidencia, solo que debe existir vocación para ello, a efectos de que se reconozca la legitimación.
El análisis que sobre este punto se hace en el proyecto equivaldría a señalar, por ejemplo, en sede de reparación directa, que quien no acredita la causación del daño antijurídico carece de legitimación material en la causa por activa, porque en realidad los hechos probados no dan lugar a la reparación solicitada, luego no cambian su situación jurídica ni patrimonial. No es así, porque una cosa es el hecho que se alega como dañoso y en el que hubo participación o estuvieron involucradas ambas partes -lo que da entrada a esa legitimación material-, y otra es la prueba de la responsabilidad y del subsiguiente derecho a ser reparado: si el hecho existió pero no hubo daño antijurídico, la consecuencia no es la falta de legitimación en la causa por activa por “ausencia de interés directo”, sino la denegación de pretensiones de la demanda.
En el caso concreto hubo un interés legítimo del proponente demandante, porque participó en el proceso de selección de contratista y estimó que tenía el derecho a ser mejor calificado que el adjudicatario. La sola circunstancia de haberse probado su participación en esa fase precontractual le daba legitimación material en la causa, al margen de que al final los elementos que adujo para probar su derecho no conducían realmente a eso, por no ajustarse a la ley ni a las reglas mismas de la licitación.
Tanto es así que, si bien la sentencia parte por señalar la supuesta falta de legitimación material en la causa, al final no la declara, sino que sólo niega las pretensiones, y en el párrafo 74 se concluye que “no hubo lesión alguna a los derechos subjetivos” de la actora, planteamiento que es la base de la decisión final, la cual es precisamente la que se acompaña.
En esos términos dejo expuesta mi aclaración de voto.
Respetuosamente,
Firmado electrónicamente
MARÍA ADRIANA MARÍN
Consejera de Estado
Folio 149 del cuaderno principal. Folio 61 del cuaderno 1. Poder visible a folio 1 del cuaderno 1, otorgado por el representante legal de la sociedad actora –conforme al certificado de existencia y representación legal visible a folios 53 y 54 del cuaderno 1-. Folios 6 a 9 del cuaderno 1. Folio 9 del cuaderno 1. Folio 18 del cuaderno 1. Folio 19 del cuaderno 1. Folio 22 del cuaderno 1. Folio 49 del cuaderno 1. Folio 65 del cuaderno 1. Folio 82 del cuaderno 1. Folios 105 a 107 del cuaderno 1.
“ARTÍCULO 179. El proceso para adelantar y decidir todos los litigios respecto de los cuales este Código u otras leyes no señalen un trámite o procedimiento especial, en primera y en única instancia, se desarrollará en las siguientes etapas:
“1. La primera, desde la presentación de la demanda hasta la audiencia inicial.
“2. La segunda, desde la finalización de la anterior hasta la culminación de la audiencia de pruebas, y
“3. La tercera, desde la terminación de la anterior, comprende la audiencia de alegaciones y juzgamiento y culmina con la notificación de la sentencia.
“Cuando se trate de asuntos de puro derecho o no fuere necesario practicar pruebas, el juez prescindirá de la segunda etapa y procederá a dictar la sentencia dentro de la audiencia inicial, dando previamente a las partes la posibilidad de presentar alegatos de conclusión”. Minuto 4:40 a 24:10 del cd obrante a folio 147 del cuaderno 1. Minuto 25:02 a 37:48 del cd obrante a folio 147 del cuaderno 1. Como consta en el cd obrante a folio 147 del cuaderno 1, la parte actora no asistió a la audiencia inicial. Dictada en el curso de la audiencia inicial –reanudada el 3 de febrero de 2016-, obrante a folios 148 a 151 del cuaderno principal (incluido el cd de la misma). Folio 148 del cuaderno principal. La apelación adhesiva de la parte actora se presentó dentro de la oportunidad que establece el artículo 322 del C.G.del P., dado que se formuló antes de la admisión del recurso de apelación contra la sentencia de primer grado –folios 165 a 175 del cuaderno principal-. Folio 173 del cuaderno principal. Folios 158 y 159 del cuaderno principal. Folio 182 del cuaderno principal. Folio 189 del cuaderno principal. Folios 192 a 194 del cuaderno principal. Folios 197 a 205 del cuaderno principal. Folio 52 del cuaderno 1. Folio 141 del cuaderno 1. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala Plena de Sección Tercera, sentencia del 28 de agosto de 2013, expediente 25.022, Consejero Ponente: Enrique Gil Botero. Folios 315 a 390 del cuaderno 2. La escogencia de la acción procedente no deviene de la mera preferencia de la parte actora, esta depende del contenido de las pretensiones y del propósito que se busca alcanzar con su formulación, esto es, si solo de propende por un control de la legalidad del acto administrativo o si, además, se persigue un resarcimiento, reparación o restablecimiento particular. Sobre el particular, se ha pronunciado esta Colegiatura en los siguientes términos:
“Un correcto entendimiento del alcance de la expresión “según el caso”, ubicada a continuación de la indicación de que las acciones idóneas para enjuiciar los actos que se producen antes de la celebración del contrato son las de nulidad y de nulidad y restablecimiento del derecho, lleva a concluir sin mayor dificultad que serán los efectos de la sentencia, meramente anulatorios, o además de restablecimiento del derecho, los que a su vez son congruentes con el contenido de las pretensiones que permiten una y otra acción, lo que determina la acción a intentar, con las consecuencias propias de las exigencias que para su formulación establece la norma, tales como: presentación oportuna, agotamiento de vía gubernativa y legitimación en causa” (Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 13 de junio de 2011, radicación: 54001-23-31-000-1998-01333-01(19936), Consejera Ponente: Ruth Stella Correa Palacio).
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 24 de agosto de 2000, expediente 9527. Nota original: “Haciendo referencia a los requisitos y documentos necesarios para la comparación de las propuestas”. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 12 de noviembre de 2014, radicación 25000-23-26-000-2002-01606-01(29855), Consejero Ponente: Carlos Alberto Zambrano Barrera. Folio 196 del cuaderno 2. Folios 202 y 203 del cuaderno 2. Folios 274 a 277 del cuaderno 2. Folios 285 a 291 del cuaderno 2. Folio 289 del cuaderno 2. Folio 291 del cuaderno 2. Folios 297 a 301 del cuaderno 2. Folios 303 y 304 del cuaderno 2. Folios 305 a 314 del cuaderno 2. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 12 de noviembre de 2014, radicación 25000-23-26-000-2002-01606-01(29855), Consejero Ponente: Carlos Alberto Zambrano Barrera. Ibidem. Así lo precisó la ANH en el documento “Alcance al Informe Final del Evaluación Técnica”, donde aseveró que los tres equipos de L T Geoperforaciones y Minería Ltda. “fueron mejorados con el cambio de las bombas”. Al respecto, ver la sentencia del 21 de mayo de 2021, radicación 250002336000 201501315 01 (57822). Se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su encabezado y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI del Consejo de Estado, de manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar su integridad y autenticidad en el enlace HYPERLINK "https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador" https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador. ERR/ECB
Al respecto ver, entre otras, la sentencia dictada por el Consejo de Estado – Sala de lo Contencioso Administrativo – Sección Tercera – Subsección A, el 3 de abril de 2020, exp. N° 250002326000200800107 01 (41442).
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