Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 76001-23-33-000-2017-01657-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 76001-23-33-000-2017-01657-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 76001-23-33-000-2017-01657-01
Consejero ponente: Jose Roberto Sachica Mendez
22 de abril de 2022
CONSEJO DE ESTADO
SALA PLENA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
Consejero Ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Bogotá D.C., veintidós (22) de abril de dos mil veintidós (2022)
Radicación: 76001233300020170165701 (65.021)
Ejecutante: Claudio Borrero Quijano
Ejecutado: Nación – Rama Judicial y otro
Proceso: Ejecutivo
Asunto: Sentencia de segunda instancia -Ley 1437 de 2011-
Surtido el trámite de ley, sin que se observe causal de nulidad que invalide lo
actuado, procede la Sala a resolver los recursos de apelación interpuestos por las
demandadas, contra la providencia mediante la cual se ordenó seguir con la
ejecución.
Una de las ejecutadas solicita que se termine el proceso por pago total de la
obligación, mientras que la otra pide que se aplique la cesación de causación de
intereses, de que trata el artículo 177 del CCA.
I. SENTENCIA IMPUGNADA
1. Corresponde a la decisión proferida el 30 de mayo de 2019 por el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca, a través de la cual decidió (se transcribe
conforme obra):
“PRIMERO: ORDENAR seguir adelante con la ejecución contra la Rama
Judicial – Fiscalía General de la Nación y a favor del señor Claudio Borrero
Quijano en la forma dispuesta en el auto interlocutorio No. 274 del 25 de
septiembre de 2018, que libró mandamiento ejecutivo de pago así:
‘Librar Mandamiento Ejecutivo a favor del señor CLAUDIO BORRERO
QUIJANO contra la NACIÓN – RAMA JUDICIAL – FISCALÍA
GENERAL DE LA NACIÓN-, por la suma equivalente a 10 salarios
mínimos mensuales vigentes, por concepto de la condena impuesta
en las sentencia de fecha 16 de noviembre de 2009 y 26 de agosto de
2015, proferidas por esta Corporación y el Consejo de Estado,
respectivamente; más los correspondientes intereses comerciales y
moratorios conforme al numeral tercero de la providencia ejecutada’.
“SEGUNDO: CONDENAR en costas a la parte ejecutada conforme a la parte
motiva de esta providencia.
Radicación: 76001233300020170165701 (65.021)
Ejecutante: Claudio Borrero Quijano
Ejecutado: Nación – Rama Judicial y otro
Asunto: Ejecutivo
“TERCERO: LIQUÍDESE el crédito conforme a lo señalado en los artículos 446
y concordantes del CGP, ADVIRTIENDO que las sumas con que se sigue la
ejecución son susceptibles de revisión conforme al numeral tercero del auto
interlocutorio No. 274 del 25 de septiembre de 2018”1.
Tal proveído resolvió la demanda cuyas (i) pretensiones, (ii) hechos principales y
(iii) fundamentos de derecho son los siguientes:
Pretensiones
2. El 31 de octubre de 20172, el señor Claudio Borrero Quijano, actuando por
medio de apoderado judicial3, presentó demanda en proceso ejecutivo contra la
Nación – Rama Judicial y la Fiscalía General de La Nación, con el propósito de
que se librara mandamiento de pago en los siguientes términos (se transcribe
literal):
“PRIMERA. - Sírvase señor Juez, librar orden de pago o mandamiento
ejecutivo a favor de CLAUDIO BORRERO QUIJANO y en contra de la
Nación – Fiscalía General de la Nación y Nación – Rama Judicial del Poder
(sic), todo ello como capital adeudado desde la ejecutoria del 10 de
septiembre de 2015, teniendo en cuenta que la condena se produjo en
salarios mínimos legales mensuales vigentes la suma de: de (sic) seis
millones cuatrocientos cuarenta y tres mil quinientos pesos
($6.443.500).
“SEGUNDA. - Que como consecuencia de lo anterior, se ordene pagar y
reconocer por parte de la Nación – Fiscalía General de la Nación y la Rama
Judicial del Poder (sic), a favor de CLAUDIO BORRERO QUIJANO, los
intereses moratorios debidos desde el 10 de septiembre del 2015 hasta
el pago efectivo de la obligación. (Acorde a lo ordenado por la Corte
Constitucional en la sentencia C-188 del 29 de marzo de 1999, Mag.
ponente José Gregorio Hernández Galindo, por ser condenas contra el
estado (sic)).
“VIGÉSIMO (sic). - Que como consecuencia de lo anterior, sírvase señor
Juez ordenar pagar y reconocer por parte de la Nación – Fiscalía General de
la Nación y la Rama Judicial del Poder (sic) – a favor de CLAUDIO
BORRERO QUIJANO, de condiciones civiles ya anotadas, los costos y
costas del proceso”4 (resaltado del texto original).
Hechos principales
3. Como supuestos fácticos, la parte actora indicó que, mediante providencia del
16 de noviembre de 2009, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca declaró
administrativamente responsables a la Nación – Rama Judicial y a la Fiscalía
General de la Nación, por los perjuicios que le fueron ocasionados al señor
Claudio Borrero Quijano, con ocasión de retención arbitraria de que fue víctima el
13 de noviembre de 2003 y, como consecuencia, las condenó al pago de 10
1 Folio 189 del cuaderno principal.
2 Folio 57 del cuaderno 1.
3 Folios 1 y 2 del cuaderno 1.
4 Folio 4 del cuaderno 1.
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Radicación: 76001233300020170165701 (65.021)
Ejecutante: Claudio Borrero Quijano
Ejecutado: Nación – Rama Judicial y otro
Asunto: Ejecutivo
smlmv a 2009, por concepto de perjuicios morales, a favor del referido señor
Borrero Quijano.
4. La anterior decisión fue recurrida en apelación por las partes y la Subsección A,
de la Sección Tercera del Consejo de Estado, a través de sentencia del 26 de
agosto de 2015, identificada con la radicación 760012333100020040510201
(38.194), confirmó el fallo apelado, excepto en su ordinal segundo y, en su lugar,
fijó la condena por concepto de perjuicios morales, a cargo de las demandadas y a
favor de la parte actora, por la suma equivalente a 10 smlmv vigentes a la fecha
de dicha sentencia.
5. El 18 de marzo de 2016, la actora remitió la cuenta de cobro a la Fiscalía
General de la Nación y a la Rama Judicial, las cuales, mediante los oficios
20161500019641 del 5 de abril de 2016 y DEAJRH16-2452 de ese mismo mes y
año, informaron que la cuenta de cobro cumplía con los requisitos para el pago de
la sentencia.
6. Dado que la sentencia de segunda instancia cobró ejecutoria el 10 de
septiembre de 2015, a la fecha de presentación de la demanda, se superaron los
18 meses de que trata la norma aplicable sin que el pago fuera efectuado, la
obligación es exigible por vía judicial.
Solicitud de medidas cautelares
7. En escrito obrante a folios 53 y 54 del cuaderno 1, la parte ejecutante pidió el
decreto del embargo y secuestro de las cuentas corrientes o de ahorros que
tengan las entidades demandadas dentro de un listado de 20 de bancos que
enunció en su solicitud5.
Mandamiento de pago
8. Mediante proveído del 25 de septiembre de 20186, el Tribunal de origen libró el
mandamiento de pago en los siguientes términos:
“PRIMERO: AVOCAR CONOCIMIENTO del proceso ejecutivo promovido
por el señor CLAUDIO BORRERO QUIJANO contra la NACIÓN – RAMA
JUDICIAL- FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN.
“SEGUNDO: LIBRAR MANDAMIENTO EJECUTIVO a favor del señor
CLAUDIO BORRERO QUIJANO contra la NACIÓN – RAMA JUDICIAL-
FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, por la suma equivalente a 10 salarios
mínimos legales mensuales vigentes, por concepto de la condena impuesta
en las sentencias de 16 de noviembre de 2009 y 26 de agosto de 2015,
proferidas por esta Corporación y el Consejo de Estado, respectivamente;
más los correspondientes intereses comerciales y moratorios conforme al
numeral ´tercero’ de la providencia ejecutada (Fl.28).
5 Examinado el proceso, se observa que el a quo no emitió un pronunciamiento expreso en tal sentido y la
parte actora tampoco se manifestó sobre esta conducta.
6 Folios 65 a 67 del cuaderno 1.
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Radicación: 76001233300020170165701 (65.021)
Ejecutante: Claudio Borrero Quijano
Ejecutado: Nación – Rama Judicial y otro
Asunto: Ejecutivo
“SEGUNDO (sic): La condena en costas y agencias en derecho se efectuará
conforme a lo probado en el proceso.
“TERCERO (sic): Se ADVIERTE que las sumas ordenadas en los
numerales anteriores serán nuevamente objeto de revisión dentro de la
oportunidad procesal pertinente.
“CUARTO (sic): ORDENAR a la parte ejecutada, cancelar las anteriores
sumas a la parte demandante, dentro del término de cinco (05) días.
“QUINTO (sic): NOTIFICAR personalmente el presente proveído a las
entidades ejecutadas NACIÓN – RAMA JUDICIAL – FISCALÍA GENERAL
DE LA NACIÓN, a través de sus representantes legales o a quienes hayan
delegado la facultad de recibir notificaciones y al Ministerio Público.
“(…)
“SEXTO (sic): ORDENAR a la parte ejecutante que REMITA copia de la
demanda, de sus anexos y del mandamiento de pago, a través del servicio
postal autorizado, a las siguientes partes del proceso: a) las entidades
demandadas NACIÓN – RAMA JUDICIAL – FISCALÍA GENERAL DE LA
NACIÓN, b) al Ministerio Público, en la forma y términos señalados en el
inciso 5 del artículo 199 de la Ley 1437 de 2011, modificado por el artículo
612 del C.G.P.”.
Oposición de la parte demandada
Como fundamento de su defensa, las entidades demandadas argumentaron lo
siguiente:
9. La Rama Judicial se opuso a las pretensiones de la demanda, pues la solicitud
presentada por la parte actora se encuentra en turno de pago, el cual no puede
obviarse, de conformidad con el artículo 15 de la Ley 962 de 2005; para el efecto,
propuso la excepción de imposibilidad de cumplir con la obligación debida, toda
vez que la entidad se encontraba tramitando ante el Ministerio de Hacienda y
Crédito Público las respectivas partidas presupuestales, a partir de las cuales
daría cumplimiento a los créditos judiciales a su cargo, en estricto cumplimiento
del turno asignado.
10. Añadió que la parte actora no aportó la primera copia de la sentencia que
presta mérito ejecutivo, dado que la misma fue presentada ante la Rama Judicial y
no desistió de la solicitud de pago ante la Administración, previo a acudir a la
jurisdicción, de modo que la “parte actora pretende un doble cobro”7.
11. Precisó que el pago de las conciliaciones y sentencias judiciales se rige por un
procedimiento regulado, de conformidad con el turno asignado, que halla su
sustento en los derechos a la igualdad, que garantiza que todos beneficiarios
reciban el mismo trato, así como en el debido proceso, con plena sujeción a la
garantía de imparcialidad.
7 Folio 96 del cuaderno 1.
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Radicación: 76001233300020170165701 (65.021)
Ejecutante: Claudio Borrero Quijano
Ejecutado: Nación – Rama Judicial y otro
Asunto: Ejecutivo
12. Indicó que los intereses moratorios no deben ser liquidados como se plasmó
en el mandamiento de pago, es decir, con base en la máxima tarifa de usura fijada
por la Superintendencia Financiera que equivale el 1,5 de los intereses
comerciales, sino en atención a lo establecido en las Resoluciones 455 del 24 de
febrero de 2009 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público y el Decreto 2469 del
22 de diciembre de 2015 –sobre la tasas de intereses moratorios para liquidar
sentencias en contra del Estado-.
13. Finalmente, se opuso a la solicitud de embargo y secuestro de las cuentas
corrientes de la Rama Judicial, puesto que se trata de bienes inembargables y a la
petición de condena en costas, dado que la Administración no actuó con
temeridad o mala fe.
14. Por su parte, la Fiscalía General de la Nación también se negó a la
prosperidad de las pretensiones incoadas, comoquiera que el pago solicitado por
el actor procede conforme al turno que le fue asignado el 28 de marzo de 2016, tal
como lo manifestó en el oficio 20161500019641 del 5 de abril de ese mismo año.
15. Resaltó que el reconocimiento de los créditos judiciales a cargo de las
entidades públicas está sometido al principio de legalidad del gasto público, razón
por la cual el pago de las condenas judiciales se realiza una vez el Ministerio de
Hacienda y Crédito Público efectúe la asignación presupuestal necesaria para ello.
16. Sostuvo que con el asunto de la referencia la parte actora vulnera el proceso
administrativo de pago de sentencias judiciales, pues al no renunciar al turno de
pago que ostenta ante la Fiscalía, ocasiona un detrimento a los otros beneficiarios
que también son titulares de turno de pago; además, sostuvo que no hay lugar a la
aplicación de las excepciones que permiten la modificación del sistema de turno,
que tiene lugar cuando: i) se trate de un sujeto de especial protección
constitucional en situación de vulnerabilidad, ii) se presente afectación al mínimo
vital y a la seguridad social, iii) exista una providencia judicial que determine la
alteración del orden previamente establecido.
17. Manifestó que opera la cesación de intereses a partir del 10 de marzo de 2016,
fecha de vencimiento de los 6 meses siguientes a la ejecutoria de la sentencia, lo
cual aconteció el 11 de septiembre de 2015, en los términos del artículo 177 del
CCA.
18. Por último, afirmó que no procede la condena en costas solicitada, puesto que
no actuó de mala fe o con temeridad, sino con apego del principio de legalidad y
sin extralimitación de las funciones que le corresponden.
Fundamentos de la providencia recurrida
19. En el curso de la audiencia de que trata el artículo 372 del CGP, celebrada el
30 de mayo de 2019, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca dictó
5
Radicación: 76001233300020170165701 (65.021)
Ejecutante: Claudio Borrero Quijano
Ejecutado: Nación – Rama Judicial y otro
Asunto: Ejecutivo
sentencia8 en el sentido de ordenar seguir adelante con la ejecución, al considerar
que, de conformidad con el artículo 422 del citado estatuto procesal, la ejecución
promovida por el actor se sustenta en un título de recaudo claro, expreso y
exigible, en tanto habían transcurrido más de 10 de meses sin que las entidades
hubieren cumplido la obligación, conforme dispone el artículo 299 del CPACA.
20. Manifestó que no encontró fundadas ninguna de las excepciones formuladas
por las demandadas y que las mismas tampoco se ajustan al listado taxativo que
establece el artículo 442 del CGP sobre los medios exceptivos procedentes
cuando se reclame el cumplimiento de una obligación originada en una
providencia judicial, a saber, pago, compensación, confusión, novación, remisión,
prescripción o transacción, toda vez que la parte ejecutada sólo puede oponer los
medios de defensa que demuestren que la obligación es inexistente, porque no
nació, o porque se extinguió por alguno de los medios legalmente establecidos
para ello.
21. Agregó que, si transcurren tres meses desde la ejecutoria de la sentencia sin
elevar la solicitud de pago, ello afecta el reconocimiento de intereses de mora, en
los términos del artículo 192 del CPACA, circunstancia que debe tenerse en
cuenta al liquidar el crédito, dado que entre la fecha de ejecutoria de la sentencia -
10 de septiembre de 2015- y la solicitud de pago -28 de marzo de 2016-
transcurrieron 6 meses y 19 días.
Manifestación de pago parcial realizada por el ejecutante
22. Durante la celebración de la aludida audiencia y una vez el Tribunal notificó en
estrados la decisión acabada de referir, la parte demandante manifestó que la
Rama Judicial, a través de la Resolución 3838 del 25 abril de 2019, pagó de forma
parcial la obligación (minuto 16:16 de la audiencia – índice 66 de SAMAI).
II. LOS RECURSOS INTERPUESTOS
Síntesis de los recursos de apelación:
23. La Rama Judicial interpuso recurso de apelación contra la sentencia de
primera instancia, con el fin de que se declare la terminación del proceso por pago
total de la obligación y se le exonere de la imposición de costas a su cargo; para el
efecto, aportó la Resolución 3838 de 2019, proferida por la Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial (minuto 17:05 de la audiencia – índice 66 de SAMAI)
24. La Fiscalía General de la Nación también presentó recurso de alzada contra el
fallo de primer grado, a través del cual pidió que se concediera la cesación de
intereses en el presente asunto, por el período que transcurrió entre la fecha en
que vencieron los 6 meses siguientes a la ejecutoria de la sentencia -ocurrida el
10 de marzo de 2016- y el día de presentación de la solicitud de pago -acontecido
8 Folios 196 a 205 del cuaderno principal.
6
Radicación: 76001233300020170165701 (65.021)
Ejecutante: Claudio Borrero Quijano
Ejecutado: Nación – Rama Judicial y otro
Asunto: Ejecutivo
el 28 de marzo de 2016-, de conformidad con lo establecido en el artículo 177 del
CCA.
Trámite de segunda instancia
25. El 30 de mayo de 2019, el Tribunal de primera instancia concedió los recursos
de apelación y esta Corporación, en proveído del 16 de marzo de 2020, los
admitió9; luego, el 17 de septiembre siguiente, se corrió traslado a las partes para
alegar de conclusión y al Ministerio Público para que rindiera concepto10.
26. En esta oportunidad, la Fiscalía General de la Nación reiteró los argumentos
que esgrimió en su apelación; la parte actora manifestó que la Rama Judicial dijo
que pagó la mitad de la condena judicial impuesta, aunque no obra certeza de
dicho pago y, en todo caso, la Fiscalía no ha cancelado el resto de la obligación,
razón por la cual sostuvo que no hay un efectivo pago y, “en gracia de discusión,
deberán liquidarse intereses, por el saldo insoluto de la misma”.
El Ministerio Público consideró que se debe confirmar el fallo impugnado, pero
indicó que se debe revisar la liquidación del crédito, comoquiera que procede la
cesación de intereses moratorios por “27 días (sic)”, esto es, del 11 al 28 de marzo
de 2016 -desde que se cumplió el plazo de 6 meses y hasta que se asignó el
correspondiente turno para el pago de la sentencia-.
Por su parte, la Rama Judicial guardó silencio.
III. CONSIDERACIONES
El objeto de la apelación
27. Vistos los argumentos esgrimidos en los recursos de alzada, corresponde a la
Sala determinar si comparte o no la decisión del a quo de continuar con la
ejecución en los términos decretados, para lo cual resulta necesario establecer si
los reparos manifestados por las apelantes sobre el pago total de la obligación y la
cesación de intereses ocasionados, tienen vocación de prosperidad.
Motivación de la sentencia
28. La Rama Judicial centró su recurso de apelación en pedir la terminación del
proceso por pago total de la obligación y la exoneración de imposición de costas a
su cargo. Por su parte, la Fiscalía General de la Nación solicitó la cesación de los
intereses desde que se cumplieron los 6 meses que tenía la parte actora para
pedir ante la Administración el pago de la condena judicial, de conformidad con lo
previsto en el artículo 177 del CCA.
9 Folio 207 del cuaderno principal.
10 Folio 211 del cuaderno principal.
7
Radicación: 76001233300020170165701 (65.021)
Ejecutante: Claudio Borrero Quijano
Ejecutado: Nación – Rama Judicial y otro
Asunto: Ejecutivo
29. Para iniciar, hay que decir que el Código Civil en el artículo 1626, define el
pago como un modo extintivo de las obligaciones, que consiste en la prestación de
lo que se debe; en este caso, el concepto de lo debido corresponde a la
cancelación de sumas de dinero, y su pago total comprende los intereses e
indemnizaciones que se deban11, tal como lo prevé el artículo 1649 del mismo
estatuto.
30. A su vez, el artículo 461 del CGP establece que, en cualquier estado del
proceso, pero antes de iniciada la audiencia de remate, el ejecutante puede acudir
mediante escrito con la acreditación del pago total de la obligación y las costas,
circunstancia en la cual el Juez debe declarar terminado el proceso.
Asimismo, en relación con la parte ejecutada, la norma en cita dispone que si
existen liquidaciones en firme del crédito y de las costas, el ejecutado puede
consignar tales sumas a órdenes del despacho judicial, caso en el cual el Juez
también declarará terminado el proceso. Sin embargo, si no existen liquidaciones
del crédito, el ejecutado puede presentar estas últimas y realizar el depósito
judicial a nombre del despacho competente, supuesto bajo el cual se dará traslado
a la parte ejecutante de las liquidaciones presentadas y, objetadas éstas o no, el
Juez las aprobará cuando las encuentre correctas; si hay lugar a una suma mayor
a la liquidación formulada, el ejecutado debe consignar el valor adicional, si éste
no actúa en tal sentido, el Juez debe continuar con la ejecución por el saldo y
entregar al ejecutante las sumas depositadas como abono de su crédito y de las
costas.
31. El sub examine, tal como se determinó en el auto que libró el mandamiento de
pago, se sustenta en el reclamo por el pago de sumas de dinero con ocasión de la
condena judicial que le fue impuesta a la Nación – Rama Judicial y a la Fiscalía
General de la Nación, y a favor del señor Claudio Borrero Quijano, dentro del
proceso de reparación directa 760012333100020040510201 (38.194), en el cual
esta Sala, mediante sentencia del 26 de agosto de 2015, confirmó la providencia
del 16 de noviembre de 200912, proferida por el Tribunal Administrativo del Valle
11 “La indivisibilidad del pago, a términos del inciso 2º del citado artículo 1649, cobija los intereses e
indemnizaciones debidas. El acreedor o los acreedores no pueden ser obligados a recibir separadamente el
principal de la deuda y los intereses insolutos de ella, sino que el pago de aquel y de estos debe ser total,
regla que se aplica igualmente a las indemnizaciones accesorias (…)”, “(…) si hay varios deudores solidarios,
cada uno de estos debe pagarle in solidum los mil pesos al acreedor único o cualquiera de los acreedores
solidarios, o las cuotas correspondientes a los acreedores no solidarios. Y si se ha estipulado la indivisibilidad
de la obligación, pese a que el objeto de esta naturalmente admita división entre los varios deudores o los
varios acreedores, este pacto obsta el pago parcial por virtud de la ley contractual que transforma en
indivisible la prestación que no lo es (art. 1584)” (OSPINA FERNÁNDEZ, Guillermo, Régimen General de las
Obligaciones, Editorial Temis, Octava Edición, pág. 344).
12 A través de dicha providencia, el Tribunal decidió:
“PRIMERO: DECLÁRASE administrativamente responsable a la NACIÓN – RAMA JUDICIAL y la FISCALÍA
GENERAL DE LA NACIÓN por la retención del señor CLAUDIO BORRERO QUIJANO el 13 de noviembre de
2003.
“SEGUNDO: Como consecuencia de la anterior declaración, CONDÉNASE a la NACIÓN – RAMA JUDICIAL y
a la FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN a pagar por los perjuicios morales para el señor CLAUDIO
BORRERO QUIJANO DIEZ (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes para el año 2.009, es decir,
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL PESOS M/CTE ($ 4.969.000).
“TERCERO: Las sumas aquí reconocidas devengarán intereses comerciales dentro de los 30 días siguientes
a la fecha de ejecutoria de esta sentencia y con posterioridad a estos devengarán intereses moratorios
(artículo 177 C.C.A.)”
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Radicación: 76001233300020170165701 (65.021)
Ejecutante: Claudio Borrero Quijano
Ejecutado: Nación – Rama Judicial y otro
Asunto: Ejecutivo
del Cauca, excepto en su ordinal segundo, modificándolo para establecer que se
condenaba a las demandadas, a título de perjuicios morales, por 10 salarios
mínimos legales mensuales vigentes a la fecha de dicha sentencia (2015).
En esa medida, la obligación objeto del presente asunto consiste en el pago de la
suma equivalente a 10 smlmv para 2015, más los correspondientes intereses
corrientes y moratorios, en los términos de la condena judicial antes aludida.
32. Al examinar lo acontecido en el presente asunto, advierte la Sala que no se
presentó alguno de los supuestos que dan lugar a la terminación del proceso por
pago, comoquiera que no obra petición en tal sentido formulada por la parte
ejecutante, puesto que la actora se limitó a mencionar que la Rama Judicial pagó
de forma parcial la obligación y, además, las ejecutadas no depositaron a órdenes
del despacho la totalidad de la deuda a su cargo, ni aportaron la liquidación del
crédito y de la costas, ante la constatación de la inexistencia de liquidaciones en
firme.
33. En efecto, obra en el expediente la Resolución 3838 del 25 de abril de 2019, a
través de la cual la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial indicó que pagó
la suma dispuesta en el mandamiento de pago del 25 de septiembre de 2018; sin
embargo, de la lectura de la misma, se advierte con claridad que la suma pagada
no corresponde a la totalidad de lo ordenado en el referido proveído:
“9) Que la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, en aras de
proteger los recursos de la entidad y evitar el embargo de las cuentas de la
Rama Judicial, procede a dar cumplimiento a lo ordenado por el Tribunal de
lo Contencioso Administrativo del Valle del Cauca, mediante auto que libró
mandamiento de pago de fecha 25 de septiembre de 2018, así:
LIQUIDACIÓN REPARACIÓN DIRECTA
DANDO CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO EN EL PROCESO
EJECUTIVO
LIQUIDACIÓN TOTAL CONDENA
BENEFIC N° IDENTIFICACIÓN PERJUICIOS MORALES TOTAL
IARIOS VLR SMLMV CANTIDAD TOTAL CONDENA
AÑO 2015 SMLMV PERJUICIOS
MORALES
CLAUDIO 17.044.580 644.350 10 6.443.500 6.443.500
BORRERO
QUIJANO
TOTAL 6.443.500 6.443.500
LIQUIDACIÓN CONDENA – RAMA JUDICIAL 50%
BENEFICIARI N° IDENTIFICACIÓN PERJUICIOS MORALES TOTAL
OS VLR SMLMV CANTIDAD TOTAL CONDEN
AÑO 2015 SMLMV PERJUICIOS A
MORALES
CLAUDIO 17.044.580 644.350 5 3.221.750 3.221.750
BORRERO
QUIJANO
TOTAL 3.221.750 3.221.750
9
Radicación: 76001233300020170165701 (65.021)
Ejecutante: Claudio Borrero Quijano
Ejecutado: Nación – Rama Judicial y otro
Asunto: Ejecutivo
“(…)
“11) Para obtener la suma a pagar por concepto de intereses, DTF y
MORATORIOS, se aplicó el liquidador disponible en la AGENCIA
NACIONAL DE DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO (Dirección Electrónica,
www.http:/defensajuridica.gov.co- (simulador liquidador) ‘Cálculo de los
intereses de mora de Sentencias y Conciliaciones’ y cuyo resumen arrojó:
“LIQUIDACIÓN DE LOS INTERESES DESDE LA FECHA DE EJECUTORIA
DE LA SENTENCIA
“Liquidación de Intereses, Capital Perjuicios Morales: $3’221.750
“Fecha de Admisión: jueves. 10 de marzo de 2005
“Fecha de Ejecutoria: jueves, 10 de septiembre de 2015
“Fecha de Solicitud de Pago: lunes, 28 de marzo de 2016
“Fecha de Pago: viernes, 12 de abril de 2019
“Valor crédito judicial: 3.221.750,00 COP$
“Intereses acumulados: 2.566.008,00 COP$
“Valor Total (Crédito + intereses): 5.787.758,00 COP$
“(…)
“RESUELVE:
“ARTÍCULO PRIMERO: Reconocer la suma de CINCO MILLONES
SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y
OCHO PESOS ML ($5.787.758), por los conceptos discriminados en el
cuadro resumen y por las razones señaladas en la parte motiva de la
presente resolución, corresponde al cumplimiento del proceso ejecutivo a
favor de CLAUDIO BORRERO QUIJANO … por concepto de cumplimiento
a lo ordenado por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Valle del
Cauca, mediante auto que libró mandamiento de pago el 25 de septiembre
de 2018.
“(…)
“ARTÍCULO TERCERO: Consignar la suma de CINCO MILLONES
SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y
OCHO PESOS ML ($5.787.758), a órdenes del Tribunal de lo Contencioso
Administrativo del Valle del Cauca, expediente número 76001-23-33-002-
2017-01657-00, en la cuenta de Depósitos Judiciales del Banco Agrario de
Colombia número 760011001001, código del despacho número 003.
“(…)
“ARTÍCULO SÉPTIMO: Enviar copia del Acto Administrativo y de la orden
de pago al Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Valle del Cauca,
para que obre como pieza procesal dentro del proceso número 76001-23-
33-002-2017-01657-00, y a la Dirección Ejecutiva Seccional de
Administración Judicial de Cali, para que adelante las gestiones pertinentes
en aras de dar por terminado el Proceso.
“ARTÍCULO OCTAVO: La presente resolución rige a partir de la fecha de
expedición y contra ella no procede recurso alguno por tratarse de un acto
de ejecución (Artículo 75 de la Ley 1437 de 2011)”13.
13 Folios 193 a 195 del cuaderno principal.
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Ejecutante: Claudio Borrero Quijano
Ejecutado: Nación – Rama Judicial y otro
Asunto: Ejecutivo
Igualmente, a folio 196 del cuaderno principal, obra copia del depósito judicial
realizado el 22 de mayo de 2019 en el Banco Agrario a nombre del Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca, proceso 76001233300220170165700,
demandante: Claudio Borrero Quijano, por la suma de $5’787.758.
34. Vista la anterior resolución y el depósito judicial aportado, se observa que la
Nación - Rama Judicial canceló la mitad del capital ordenado en las providencias
proferidas por esta jurisdicción, por cuanto pagó la suma correspondiente a 5
SMLMV y liquidó los intereses con base en este último monto. En esa medida,
resulta apenas evidente que mediante tal depósito no se pagó la obligación en su
integridad ni todos los intereses que derivaron de ésta, así como se omitió
cancelar las costas procesales originadas en este asunto.
35. Al respecto, es relevante precisar que la Nación – Rama Judicial y la Fiscalía
General de la Nación fueron halladas administrativamente responsables por el
daño generado al ejecutante, con ocasión de su indebida retención ocurrida en
2003, constitutiva de un defectuoso funcionamiento de la administración de
justicia, y, en consecuencia, ambas entidades fueron condenadas al pago de los
perjuicios morales, en los términos la decisión judicial que ahora se ejecuta. De
manera que, de conformidad con el artículo 2344 del Código Civil, que dispone
que “[s]i un delito o culpa ha sido cometido por dos o más personas, cada una de
ellas será solidariamente responsable de todo perjuicio procedente del mismo
delito o culpa, salvas las excepciones de los artículos 2.350 y 2.355 (…)”, las
ejecutadas quedaron atadas al cumplimiento de una obligación solidaria frente a la
víctima del daño, más allá de las acciones que surjan entre los sujetos que
conforman la parte ejecutada con ocasión del pago que una de ellas haga en
beneficio de todas14.
36. En este punto, debe tenerse presente que el artículo 1568 del Código Civil
prescribe que las obligaciones solidarias son aquellas en que existiendo pluralidad
de acreedores (solidaridad activa)15 o de deudores (solidaridad pasiva)16, según el
extremo del vínculo de que se trate, cada uno de éstos debe de manera completa
la obligación a cada uno de aquéllos. En el sub lite, el ejecutante quedó facultado
14 La solidaridad impuesta en virtud de la ley afecta directamente la relación entre el acreedor y los deudores
solidarios, generando que cada codeudor solidario pueda satisfacer la totalidad de la deuda; no obstante, una
vez extinguido el vínculo entre el acreedor y los deudores, la obligación se divide entre estos últimos de
acuerdo a las cuotas que tengan en ésta, en aplicación de lo consagrado en el artículo 2325 del Código Civil,
del cual se desprende, conforme a la doctrina que “(…) si los comuneros contraen colectivamente una deuda
sin expresión de cuotas, todos ellos, no habiendo estipulado solidaridad, son obligados al acreedor por partes
iguales. Es decir, la ley presume que la obligación contraída en común por varias personas interesa a todas
ellas, presunción que se acomoda perfectamente al caso de la obligación solidaria y se trate de determinar las
cuotas de los codeudores para efecto de sus relaciones recíprocas. Pero es claro que esta presunción puede
ser desvirtuada mediante prueba en contrario”. OSPINA FERNÁNDEZ, Guillermo, “Régimen General de las
Obligaciones”, Editorial Temis, Octava Edición, pág. 252.
15 “ARTICULO 1570. <SOLIDARIDAD ACTIVA>. El deudor puede hacer el pago a cualquiera de los
acreedores solidarios que elija, a menos que haya sido demandado por uno de ellos, pues entonces deberá
hacer el pago al demandante.
“La condonación de la deuda, la compensación, la novación que intervenga entre el deudor y uno cualquiera
de los acreedores solidarios, extingue la deuda con respecto a los otros, de la misma manera que el pago lo
haría; con tal que uno de estos no haya demandado ya al deudor”.
16 “ARTICULO 1571. <SOLIDARIDAD PASIVA>. El acreedor podrá dirigirse contra todos los deudores
solidarios conjuntamente, o contra cualquiera de ellos a su arbitrio, sin que por éste pueda oponérsele el
beneficio de división”.
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Ejecutante: Claudio Borrero Quijano
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Asunto: Ejecutivo
para hacer exigible el pago de la condena a cualquiera de las entidades deudoras,
sin que ninguna de ellas pudiera oponer el beneficio de división o el
fraccionamiento de la responsabilidad en el pago de la prestación, de conformidad
con lo previsto en el artículo 1571 del Código Civil17.
37. En suma, habrá de decirse que (i) la relación que atañe al cobro del título de
recaudo ejecutivo es la que existe entre el acreedor y los deudores solidarios
(entidades declaradas patrimonialmente responsables); (ii) por ende, tanto la
Rama Judicial como la Fiscalía General de la Nación quedaron obligadas a
satisfacer la totalidad de la deuda ante la parte ejecutante; (iii) de modo que no
interesa, tratándose del pago, la parte de la obligación que a cada deudor le
corresponde a prorrata de su participación, porque cada uno, en caso de así
exigirlo el acreedor, está en la posición de cumplir con el pago íntegro de la deuda;
y (iv) escenario que difiere de la posterior división del crédito entre los sujetos que
integran la parte pasiva, situación que no concierne al sub examine.
38. Por lo anterior, no es de recibo el argumento de que la obligación fue cumplida
por la Rama Judicial, a través de la Resolución 3838 de 2019 y el depósito judicial
realizado como consecuencia de ésta, pues, a partir de los mismos argumentos de
esa entidad y conforme a los medios de convicción obrantes en el proceso, es
evidente que la suma cancelada constituyó un pago parcial de la obligación (50%),
y el efecto de dicho pago, únicamente impone que tal valor sea abonado a la
liquidación del crédito.
39. De acuerdo con los análisis precedentes y como no se encontró probado el
pago total de la obligación, se continuará con la ejecución en orden al pago in
integrum, para lo cual se tendrá en cuenta, como ya se precisó, que la normativa
aplicable para el cumplimiento de la sentencia es la prevista en el Código
Contencioso Administrativo, sin perjuicio de las determinaciones que se adopten
en curso de la liquidación del crédito y demás decisiones pertinentes.
40. Tampoco hay lugar a acceder a la petición de exoneración de costas
procesales a favor de la Rama Judicial, puesto que, en los términos del artículo
440 del CGP, ésta sólo procede si existe prueba de que el ejecutado “estuvo
dispuesto a pagar antes de ser demandado y que el acreedor no se allanó a
recibirle”, circunstancia que no se demostró en el presente asunto.
41. Por otra parte, respecto de la cesación de intereses solicitada por la Fiscalía
General de la Nación en su alzada, resulta vital precisar, en primer lugar, la
normativa aplicable en la materia, toda vez que el a quo en el fallo apelado trajo de
presente el artículo 192 del CPACA como norma orientadora de este análisis,
mientras que la Fiscalía General de la Nación se refirió a lo consagrado en el
artículo 177 del CCA como sustento de su apelación.
17 “ARTICULO 1571. <SOLIDARIDAD PASIVA>. El acreedor podrá dirigirse contra todos los deudores
solidarios conjuntamente, o contra cualquiera de ellos a su arbitrio, sin que por éste pueda oponérsele el
beneficio de división.
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42. En lo que se refiere al pago de las conciliaciones o condenas impuestas por la
jurisdicción de lo contencioso administrativo, la determinación de la tasa del
interés moratorio que se genere como consecuencia del retardo y de la cesación
en la causación de intereses dependerá, en principio, de la norma aplicable, según
el tránsito de legislación de que trata el artículo 308 del CPACA 18. Entonces, si la
condena o el proceso que dio origen a la misma inició en vigencia del Decreto 01
de 1984, deberá tenerse en cuenta lo previsto en el artículo 177 de ese estatuto;
en cambio, si la condena impuesta o la demanda que originó dicha condena se
instauró estando vigente el CPACA, se deberá aplicar lo dispuesto en esta obra
procesal.
43. Al respecto, el artículo 177 del Decreto 01 de 1984 prevé:
“EFECTIVIDAD DE CONDENAS CONTRA ENTIDADES PÚBLICAS. Cuando
se condene a la Nación, a una entidad territorial o descentralizada al pago o
devolución de una cantidad líquida de dinero, se enviará inmediatamente copia
de la sentencia a quien sea competente para ejercer las funciones del ministerio
público frente a la entidad condenada.
“(…)
“Las cantidades líquidas reconocidas en tales sentencias devengarán
intereses comerciales y moratorios19.
“Cumplidos seis (6) meses desde la ejecutoria de la providencia que
imponga o liquide una condena o de la que apruebe una conciliación, sin
que los beneficiarios hayan acudido ante la entidad responsable para hacerla
efectiva, acompañando la documentación exigida para el efecto, cesará la
causación de intereses de todo tipo desde entonces hasta cuando se
presentare la solicitud en legal forma (…)” (se resalta).
44. Por su parte, la Ley 1437 de 2011 en sus artículos 192 y 195 dispone:
“ARTÍCULO 192. CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS O CONCILIACIONES
POR PARTE DE ENTIDADES PÚBLICAS. Cuando la sentencia imponga una
condena que no implique el pago o devolución de una cantidad líquida de
dinero, la autoridad a quien corresponda su ejecución dentro del término de
treinta (30) días contados desde su comunicación, adoptará las medidas
necesarias para su cumplimiento.
“Las condenas impuestas a entidades públicas consistentes en el pago o
devolución de una suma de dinero serán cumplidas en un plazo máximo de
diez (10) meses, contados a partir de la fecha de ejecutoria de la sentencia,
para tal efecto, el beneficiario deberá presentar la solicitud de pago
correspondiente a la entidad obligada.
18 “Artículo 308. Régimen de transición y vigencia. El presente Código comenzará a regir el dos (2) de julio del año 2012.
“Este Código sólo se aplicará a los procedimientos y las actuaciones administrativas que se inicien, así como
a las demandas y procesos que se instauren con posterioridad a la entrada en vigencia.
“Los procedimientos y las actuaciones administrativas, así como las demandas y procesos en curso a la vigencia de la
presente ley seguirán rigiéndose y culminarán de conformidad con el régimen jurídico anterior.”
19 Este inciso en su redacción original disponía que "Las cantidades líquidas reconocidas en tales sentencias
devengarán intereses comerciales durante los seis (6) meses siguientes a su ejecutoria y moratorios después
de este término". Empero, las expresiones “durante los seis (6) meses siguientes a su ejecutoria" y "después
de este término", fueron declaradas inexequibles por la Corte Constitucional en la sentencia C-188 de 1999.
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Asunto: Ejecutivo
“(…)
“Cumplidos tres (3) meses desde la ejecutoria de la providencia que
imponga o liquide una condena o de la que apruebe una conciliación, sin
que los beneficiarios hayan acudido ante la entidad responsable para
hacerla efectiva, cesará la causación de intereses desde entonces hasta
cuando de presente la solicitud ...
“ARTÍCULO 195. TRÁMITE PARA EL PAGO DE CONDENAS O
CONCILIACIONES. El trámite de pago de condenas y conciliaciones se
sujetará a las siguientes reglas:
“(…)
“3. La entidad obligada deberá realizar el pago efectivo de la condena al
beneficiario, dentro de los cinco (5) días siguientes a la recepción de los
recursos.
“4. Las sumas de dinero reconocidas en providencias que impongan o liquiden
una condena o que aprueben una conciliación, devengarán intereses
moratorios a una tasa equivalente al DTF desde su ejecutoria. No obstante,
una vez vencido el término de los diez (10) meses de que trata el inciso
segundo del artículo 192 de este Código20 o el de los cinco (5) días
establecidos en el numeral anterior, lo que ocurra primero, sin que la entidad
obligada hubiese realizado el pago efectivo del crédito judicialmente
reconocido, las cantidades líquidas adeudadas causarán un interés
moratorio a la tasa comercial21”.
45. La diferencia entre ambas normativas, en términos sustanciales, radica en que
el artículo 177 del CCA establece que la mora en el pago de una condena de una
suma líquida de dinero causa intereses moratorios, los cuales, conforme a lo
señalado por la jurisprudencia de esta Corporación son equivalentes a la tasa
comercial, y se generan a partir del primer día de retardo; por su parte, el artículo
195.4 del CPACA establece dos tasas de mora: dentro de los 10 primeros meses
de retardo se paga el DTF y, después de este término o de los cinco días
siguientes a la recepción de los recursos -lo que suceda primero- el interés
corresponde a la tasa comercial.
A su turno, en relación con la cesación de intereses, el artículo 177 del CCA
determina que esto acontece una vez se cumplan seis (6) meses desde la
ejecutoria de la providencia que imponga o liquide una condena sin que los
beneficiarios hubieren acudido a la Administración para hacerla efectiva, mientras
que el artículo 192 del CPACA consagra que dicha cesación opera cumplidos tres
(3) meses desde que cobró firmeza la providencia sin que los beneficiarios hayan
presentado a la entidad su solicitud de pago.
46. Sobre el tránsito y aplicación de estas dos normativas, importa señalar que
esta Corporación, mediante sentencia del 20 de octubre de 201422, con categórico
20 Término para cumplir con la condena impuesta.
21 Numeral declarado exequible por la Corte Constitucional, mediante Sentencia C-604-12 de 1 de agosto de
2012.
22 Consejo de Estado, Sección Tercera sentencia del 20 de octubre de 2014, expediente: 52001-23-31-000-
2001-01371-02 (AG), Consejero Ponente: Enrique Gil Botero. En esta providencia, la Sala concluyó que: i) las
demandas instauradas antes de la vigencia del CPACA y cuya sentencia también se dictó antes, causan
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acierto, se refirió a la improcedencia de combinar los regímenes sobre
cumplimiento de sentencias o conciliaciones de ambos estatutos -lo que sucedería
cuando el pago de una sentencia dictada en un proceso regido por el CCA termina
cubierta por la norma de intereses del CPACA-, porque esta mixtura no hace parte
de la filosofía con que el artículo 308 ibídem separó las dos normativas,
independientemente de los efectos, positivos o negativos, que ello genere para el
deudor23.
47. Así pues, vistos los antecedentes que sustentan el título de recaudo del sub
examine, se advierte que el 1 de diciembre de 2004 –en vigencia del CCA- el acá
ejecutante formuló demanda en ejercicio de la acción de reparación directa, contra
la Nación – Rama Judicial y la Fiscalía General de la Nación. El 16 de noviembre
de 2009 el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca dictó sentencia
condenatoria en contra de estas últimas; esta Sala, en sede de apelación,
confirmó la anterior providencia, excepto en su ordinal segundo, en los términos ya
aludidos, a través de sentencia del 26 de agosto de 2015.
48. En este orden de ideas, el cumplimiento de las sentencias que decidieron de
fondo el aludido proceso de reparación directa (título ejecutivo) se rige por lo
establecido en el artículo 177 del Código Contencioso Administrativo, pues se
dictaron dentro de un litigio cuya demanda se presentó en vigencia de ese estatuto
y, como tal fue el régimen legal que gobernó todo el proceso, su normativa es la
que resulta aplicable al sub examine.
49. Dicha disposición (inciso sexto) fijó un plazo de seis (6) meses para formular la
reclamación y suspender el reconocimiento de intereses frente a su inobservancia
(cesación de intereses), precepto que la Corte Constitucional declaró exequible a
través de la sentencia C-428-02, por considerar que viabiliza la defensa del
patrimonio público y la garantía del interés general, en cuanto busca que los
beneficiarios de condenas contra entidades estatales actúen de buena fe y con
diligencia frente a la reclamación que deben presentar ante la Administración; así,
afirmó que dicho plazo es razonable, “por un lado, con las obligaciones que la
Constitución le impone a toda persona de respetar los derechos ajenos y no
abusar de los propios (C.P. art. 95) y de actuar de buena fe en el ejercicio de sus
derechos y en el cumplimiento de sus obligaciones (C.P. art. 83), y por la otra, con
la finalidad prevista en el artículo 209 de la Carta, cual es la de poner la función
administrativa al servicio de los intereses generales y desarrollarla ‘con
fundamento en los principios de igualdad, eficacia, economía, celeridad,
imparcialidad y publicidad...”.
intereses de mora, en caso de retardo en el pago, conforme al art. 177 del CCA; ii) las demandas instauradas
antes de la vigencia del CPACA y cuya sentencia se dicta después, causan intereses de mora, en caso de
retardo en el pago, conforme al art. 177 del CCA, y la entrada en vigencia del CPACA no altera esta
circunstancia, por disposición expresa del art. 308 de este último estatuto; y iii) Los procesos iniciados en
vigencia del CPACA, y desde luego la sentencia se dicta conforme al mismo, causan intereses de mora
conforme al art. 195 del CPACA.
23 Destaca la Sala que es innecesario buscar la solución en las reglas generales (como lo hizo la Sala de
Consulta y Servicio Civil en el Concepto No. 2184 del 29 de abril de 2014), dado que existe una regla especial
de transición procesal consagrada en el artículo 308 del CPACA, que es clara en establecer un régimen de
transición y su vigencia.
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50. Así las cosas, comoquiera que la sentencia de segundo grado dictada en el
proceso de reparación directa, número interno 38.194, cobró ejecutoria el 10 de
septiembre de 201524, los seis meses transcurrieron del 11 de septiembre de ese
año al 11 de marzo de 2016. De modo que, para el 28 de marzo de 2016,
momento en que el señor Borrero Quijano presentó la solicitud de pago ante las
entidades demandadas, recientemente había operado la cesación de intereses,
esto es, desde la fecha en que se cumplieron los referidos seis meses, los cuales
entrarían a causarse nuevamente sólo a partir de la presentación de la respectiva
solicitud; por tanto, la causación de intereses cesó desde el 12 de marzo de 2016
y hasta el 28 de ese mismo mes y año, como lo planteó la Fiscalía General de la
Nación en su recurso de alzada y así será declarado.
51. Por consiguiente y al colegir que no tienen vocación de prosperidad los
reparos esgrimidos en lo relativo al supuesto pago total de la obligación, la Sala
confirmará la decisión de seguir con la ejecución, de acuerdo con la literalidad del
título ejecutivo -que se refiere al cumplimiento de la sentencia condenatoria según
los artículos 176 y 177 del Código Contencioso Administrativo, lo que incluye la
aplicación de la cesación de intereses, en los términos ya aludidos-.
Costas
52. El artículo 188 del CPACA establece que “salvo en los procesos en que se
ventile un interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas,
cuya liquidación y ejecución se seguirán por las normas del Código de
Procedimiento Civil”.
53. Por remisión expresa del artículo 306 del CPACA, resulta aplicable al presente
asunto el artículo 365 del CGP, el cual, en su numeral 1, dispone que se
condenará en costas a la parte vencida en el proceso o a quien se le resuelva
desfavorablemente el recurso de apelación que haya propuesto, por lo que se
proferirá decisión en el sentido de imponer las costas por esta instancia a cargo
de la Rama Judicial, por cuanto no se accedió a los reparos que ésta formuló. No
se fijarán costas a cargo de la Fiscalía General de la Nación, pues, como se vio,
hay lugar a la cesación de causación de intereses moratorios, en los términos que
alegó en su alzada.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 361 del CGP, las costas están
integradas por la totalidad de expensas y gastos sufragados durante el curso del
proceso y por las agencias en derecho. Para su liquidación, se observa lo
señalado en el artículo 366 ibídem, según el cual, corresponde al magistrado
sustanciador fijar las agencias en derecho, aunque se litigue sin apoderado, y a la
Secretaría de la Sección liquidar los demás gastos procesales.
54. Para establecer las agencias en derecho, la Sala se remite a lo establecido en
el artículo 5, numeral 4 del Acuerdo PSAA16-10554 de 5 de agosto de 2016,
24 Como consta en la certificación emitida por la Secretaría de la Sección Tercera de esta Corporación, visible
a folio 45 del cuaderno 1.
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Radicación: 76001233300020170165701 (65.021)
Ejecutante: Claudio Borrero Quijano
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Asunto: Ejecutivo
expedido por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, que
dispone que la tarifa de agencias en derecho, tratándose de procesos ejecutivos
en segunda instancia, debe oscilar entre uno (1) y seis (6) salarios mínimos
legales mensuales vigentes.
55. En este caso, la parte actora actuó a través de apoderado, para presentar
alegatos en segunda instancia. Así, atendiendo a la naturaleza, calidad y gestión
desarrollada por el profesional del derecho, se tasará a favor de la parte
ejecutante, por concepto de agencias en derecho, la suma equivalente a un (1)
salario mínimo legal mensual vigente a cargo de la Nación – Rama Judicial.
IV. PARTE RESOLUTIVA
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 30 de mayo de 2019, proferida por el
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, a través de la cual se ordenó seguir
adelante con la ejecución contra la Nación – Rama Judicial y la Fiscalía General
de la Nación, en los términos señalados en esta providencia.
SEGUNDO: CONDENAR en costas a la Nación -Rama Judicial, para lo cual se
fija como agencias en derecho para la segunda instancia, la suma equivalente a
un (1) salario mínimo legal mensual vigente.
TERCERO: En firme esta providencia, devolver el expediente al Tribunal de
origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE25
MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO
VF
25 Se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su encabezado y que
se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI del Consejo de Estado, de manera que el
certificado digital que arroja el sistema permite validar su integridad y autenticidad en el
link http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador.
17
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