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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 15001-23-31-000-2012-00042-01

Principio de la primacía de la realidad sobre las formas

Fecha
14 de marzo de 2019
Consejero ponente
César Palomino Cortés
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 15001-23-31-000-2012-00042-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO.- CONFIRMAR PARCIALMENTE la sentencia proferida el 28 de noviembre de 2014 por el Tribunal Administrativo de Boyacá, que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda presentada por LUIS EDUARDO MORENO CARO contra el DEPARTAMENTO DE BOYACÁ - CASA DEL MENOR MARCO FIDEL SUÁREZ. SEGUNDO.- ADICIONAR el reconocimiento y pago de la compensación por vacaciones no disfrutadas junto con la prima de vacaciones y declarar que los periodos efectivamente laborados comprenden desde el 1º de abril al 30 de diciembre de 2008, acorde con lo considerado en el presente proveído. TERCERO.- MODIFICAR el numeral “4”, en el sentido de aclarar que el reconocimiento de las prestaciones procede a título de restablecimiento del derecho y no a título de indemnización, según lo analizado en el acápite correspondiente de esta sentencia. CUARTO.- MODIFICAR numeral “3”, para declarar prescritos los interregnos contractuales del 19 de diciembre de 2001 al 15 de febrero de 2002 y del 27 de mayo de 2002 al 28 de febrero de 2008, tal como quedó explicado en la parte motiva de la sentencia. […]

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 15001-23-31-000-2012-00042-01

Consejero ponente: César Palomino Cortés

14 de marzo de 2019

VINCULACIÓN CON EL ESTADO -Clases
Nuestro régimen jurídico tiene previstas tres clases de vinculaciones con entidades del Estado que tienen sus propios elementos tipificadores, a saber: a) De los empleados públicos (relación legal y reglamentaria); b) De los trabajadores oficiales (relación contractual laboral) y c) De los contratistas de prestación de servicios (relación contractual estatal). Si en el caso de los contratos de prestación de servicios se llegan a desdibujar sus elementos esenciales, corresponderá decidir, a la justicia ordinaria, cuando la relación se asimile a la de un trabajador oficial o, a la jurisdicción contencioso administrativa, cuando el contratista desarrolle el objeto del contrato ejerciendo las mismas funciones que corresponden a un cargo de empleado público.
FUENTE FORMAL : CONSTITUCIÓN POLÍTICA - ARTÍCULO 122 / CONSTITUCIÓN POLÍTICA – ARTÍCULO 125

PRINCIPIO DE LA PRIMACÍA DE LA REALIDAD SOBRE LAS FORMAS / CONTRATO REALIDAD

El principio de la primacía de la realidad sobre las formas establecidas por los sujetos de las relaciones laborales, previsto en el artículo 53 de nuestra Carta Política, tiene plena operancia en aquellos eventos en que se hayan celebrado contratos de prestación de servicios para esconder una relación laboral; de tal manera que, configurada la relación dentro de un contrato de esa modalidad, el efecto normativo y garantizador del principio se concretará en la protección del derecho al trabajo y garantías laborales, sin reparar en la calificación o denominación del vínculo desde el punto de vista formal, con el fin de hacer valer la relación de trabajo sobre las apariencias que hayan querido ocultarla. Y esta primacía puede imponerse tanto frente a particulares como al Estado

FUENTE FORMAL : LEY 790 DE 2002/CONSTITUCIÓN POLÍTICA - ARTÍCULO 53

RELACIÓN LABORAL-Elementos

Para efectos de demostrar la relación laboral entre las partes, se requiere que la parte demandante pruebe los elementos esenciales de la misma, esto es, que su actividad en la entidad haya sido personal y que por dicha labor haya recibido una remuneración o pago y, además, debe probar que en la relación con el empleador exista subordinación o dependencia, situación entendida como aquella facultad para exigir al servidor público el cumplimiento de órdenes en cualquier momento, en cuanto al modo, tiempo o cantidad de trabajo e imponerle reglamentos, la cual debe mantenerse por todo el tiempo de duración del vínculo. Además de las exigencias legales citadas, le corresponde a la parte demandante demostrar la permanencia, es decir, que la labor sea inherente a la entidad y la equidad o similitud, que es el parámetro de comparación con los demás empleados de planta, requisitos necesarios establecidos por la jurisprudencia para desentrañar de la apariencia del contrato de prestación de servicios, una verdadera relación laboral.

DERECHOS DERIVADOS DEL CONTRATO REALIDAD

Con el fin de determinar cuáles son las prestaciones sociales que se deberán reconocer al declararse una relación de carácter laboral, la Sala acude a la clasificación que se ha hecho de estas prestaciones sobre la base de quien debe asumirlas. En ese orden de ideas, se encuentran las que son asumidas por el empleador directamente y las que se prestan o se reconocen de forma dineraria por el Sistema de Seguridad Social Integral. Dentro de las prestaciones que están a cargo directamente del empleador se encuentran las ordinarias o comunes como son entre otras las primas y las cesantías; por otra parte, las prestaciones sociales que se encuentran a cargo del Sistema Integral de Seguridad Social son la salud, la seguridad social, los riesgos profesionales y el subsidio familiar, que para ser asumidas o reconocidas por cada sistema debe mediar una cotización. Así, que en caso de que exista un contrato de trabajo o se posea la calidad de servidor público, la cotización debe realizarse por el empleador en el caso del sistema de riesgos profesionales y del sistema de subsidio familiar, y en el caso de cotizaciones a los sistemas de pensión y salud, deben realizarse por el empleador y el empleado en forma compartida según los porcentajes establecidos en la Ley para cada caso. La cotización al sistema de pensiones es del 16% del ingreso laboral la cual debe realizarse en un 75% por el empleador y en un 25% por el empleado; la cotización al sistema de salud es el 12.5% de lo netamente devengado correspondiéndole al empleador el 8.5 % y al empleado 4%.(…) en el caso de las prestaciones sociales a cargo de los sistemas de salud y pensiones, cubiertas por las entidades respectivas, derivadas de la financiación de las cotizaciones que efectúan las partes que integran la relación laboral, la entidad tendrá que aportar la cuota parte que dejó de trasladar a las entidades de seguridad social a las cuales cotizaba el contratista y no por la totalidad de la cotización que debía efectuar el actor.

LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA / CASA DEL MENOR MARCO
FIDEL SUÁREZ- Naturaleza jurídica

Observa la Sala que el razonamiento concerniente a que la Casa del Menor Marco Fidel Suárez no es un establecimiento descentralizado por no tener personería jurídica, se muestra ausente de lógica argumentativa al ser precisamente la Ordenanza No. 023 de 1998, la que creó la fundación como institución de utilidad común, anunciando que será un establecimiento público del orden departamental con personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa, adscrita a la Secretaría de Promoción Social del Departamento de Boyacá. Mandato que en su propio designio permaneció incólume con la reglamentación y modificación formalizada, respectivamente, en las Ordenanzas No. 011 de 2006 y 00008 de 2009 (…) Resulta significativo acotar que un establecimiento público no deja de serlo porque la norma que lo crea omite enunciar taxativamente que gozará de personería jurídica, pues su unidad conceptual comprende este elemento fundamental y como característica esencial se torna inherente a su naturaleza, tal y como fue establecido por el examinado artículo 70, literal a) de la Ley 489 de 1998.(…) De lo anterior, deviene fundado afirmar que el análisis del Tribunal Administrativo de Boyacá resultó acertado para declarar probada la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva, con relación al Departamento de Boyacá.
FUENTE FORMAL : LE 446 DE 1998 -ARTÍCULO 149 / CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL - ARTÍCULO 44 / LEY 489 DE 1998 - ARTÍCULO 69

SUBSIDIO FAMILIAR –Requisitos

Observa la Subsección que en el caso concreto no se acreditó por parte del señor Luis Eduardo Moreno Caro la calidad de beneficiario del subsidio familiar reprochado, pues el artículo 5º de la citada Ley 21 de 1982 prevé que “El subsidio familiar se pagará exclusivamente a los trabajadores beneficiarios…”, enlistando los requisitos en su artículo 18.

FUENTE FORMAL: LEY 21 DE 1982 / LEY 633 DE 2000 / LEY 789 DE 2002C

CONTRATO REALIDAD / VACACIONES / PRIMA DE VACACIONES

Al considerárseles como prestaciones sociales emanadas de la relación laboral declarada, debieron estar comprendidas en la decisión al ser prestablecidas por el legislador dados los servicios subordinados ofrecidos al empleador, en virtud del régimen prestacional de los empleados del nivel nacional, que el Decreto 1919 de 2002 extendió a los del nivel territorial en su artículo 1º.

JORNADA LABORAL DE LOS EMPLEADOS PÚBLICOS TERRITORIALES-Regulación legal

El régimen que gobierna a los empleados públicos del orden territorial es el Decreto 1042 de 1978, pues si bien dicho precepto en principio rigió para los empleados de la rama ejecutiva del orden nacional, el artículo 2° de la Ley 27 de 1992 hizo extensivas a las entidades territoriales las disposiciones que regulan el régimen de administración de personal contenidas no solamente en él, sino en los Decretos Leyes 2400 y 3074 de 1978, y las leyes 13 de 1984 y 61 de 1987. La extensión de la anterior normatividad fue reiterada por el artículo 87 inciso segundo de la Ley 443 de 1998, en armonía con el artículo 3° de esta misma ley y posteriormente por la Ley 909 de 2004.(…) De acuerdo con el artículo 33 del Decreto 1042 de 1978, la jornada ordinaria laboral de los empleados públicos corresponde a cuarenta y cuatro (44) horas semanales. La mencionada disposición también prevé la existencia de una jornada especial de doce horas diarias, sin exceder el límite de 66 horas semanales, para empleos cuyas funciones implican el desarrollo de actividades discontinuas, intermitentes o de simple vigilancia.

FUENTE FORMAL : DECRETO 1042 DE 1978 / LEY 27 DE 1992

CONTRATO REALIDAD- No otorga la calidad de empleado público / TRABAJO SUPLEMENTARIO – Improcedencia de reconocimiento

La apoderada judicial del recurrente endilga la demostración de las horas extras diurnas, nocturnas y dominicales a los contratos suscritos y a los testimonios rendidos, debiéndose insistir que la calidad de empleado público se otorga por la vinculación generada en el nombramiento o elección y su correspondiente posesión, sin que sobrevenga por el eventual reconocimiento de una relación laboral encubierta en contratos de prestación de servicios (…) Al no ostentar el [demandante] la calidad de empleado público es inadmisible la aplicación de este precepto [artículo 42 del Decreto 1042], teniéndose que confirmar la decisión de negar el reconocimiento de la bonificación por servicios prestados, horas extras diurnas y nocturnas, porque respecto de las dominicales acotadas en la apelación, su análisis transgrediría los derechos de defensa y contradicción de la parte pasiva, por no haber sido reclamadas administrativamente ni pretendidas en el presente asunto, por cuanto sólo se habló de ellas en el escrito de alzada

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN B

Consejero ponente: CÉSAR PALOMINO CORTÉS

Bogotá, D.C., catorce (14) de marzo de dos mil diecinueve (2019).

Radicación número: 15001-23-31-000-2012-00042-01(3246-15)

Actor: LUIS EDUARDO MORENO CARO

Demandado: DEPARTAMENTO DE BOYACÁ - CASA DEL MENOR MARCO FIDEL SUÁREZ

Acción: Nulidad y restablecimiento del derecho - Decreto 01 de 1984
Tema: Aplicación del principio constitucional de la primacía de la realidad sobre la formalidad en las relaciones laborales respecto a subsidio familiar, vacaciones, prima de vacaciones, horas extras y bonificación por servicios - Prueba de la subordinación - Falta de legitimación en la causa por pasiva.

Procede la Sala a decidir los recursos de apelación interpuestos por el accionante y la entidad demandada Casa del Menor Marco Fidel Suárez contra la sentencia del 28 de noviembre de 2014, proferida por el Tribunal Administrativo de Boyacá, que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.

I. ANTECEDENTES

1.1. Demanda

El señor Luis Eduardo Moreno Caro por conducto de apoderada, en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho prevista en el artículo 85 del Decreto 01 de 1984, demandó al Departamento de Boyacá - Casa del Menor Marco Fidel Suárez, con el fin de obtener las siguientes declaraciones y condenas:

“Primera.- Que se declare la nulidad del oficio No. 101 del 21 de julio de 2011 suscrito por la Directora de la Casa del Menor “Marco Fidel Suárez”, mediante el cual da respuesta para Agotar la Vía Gubernativa, negando el pago de los salarios y las prestaciones sociales a que tiene derecho el señor LUIS EDUARDO MORENO CARO, por haber prestado sus servicios personales como Guardián Agente Educador y CONDUCTOR desde el 19 de diciembre de 2001 al 15 de febrero de 2002, del 27 de mayo de 2002 al 28 de febrero de 2008 y del 1 de abril al 31 de diciembre de 2008 vinculado con órdenes de prestación de servicios y contratos de prestación de servicios.

Segunda.- Que se declare nulo el contenido del oficio No. 032684 del 21 de Julio de 2011 mediante el cual el Gobernador de Boyacá a través de la Abogada externa da respuesta para Agotar la Vía Gubernativa negando el pago de los salarios y prestaciones sociales a que tiene derecho el señor LUIS EDUARDO MORENO CARO, por haber prestado sus servicios personales como Guardián Agente Educador con vinculaciones desde el 19 de diciembre de 2001 al 15 de febrero de 2002, del 27 de mayo de 2002 al 28 de febrero de 2008 y del 1 de abril al 31 de diciembre de 2008 vinculado con órdenes de prestación de servicios y contratos de prestación de servicios.

Tercera.- Que como consecuencia de lo anterior se declare que entre la CASA DEL MENOR MARCO FIDELSUÁREZ y LUIS EDUARDO MORENO CARO existió una relación laboral en la que el señor MORENO CARO ejercía funciones de empleado público, en forma personal, continua e ininterrumpida, salvo del 16 de febrero al 26 de mayo de 2002 y del 1 al 31 de marzo de 2008, que no trabajó por desvinculación temporal, en las condiciones explicadas en los hechos.

Cuarta.- Que como restablecimiento del derecho, se condene SOLIDARIAMENTE a la CASA DEL MENOR MARCO FIDEL SUÁREZ y al DEPARTAMENTO DE BOYACA a pagar al señor LUIS EDUARDO MORENO CARO los salarios y las prestaciones sociales que a continuación se relacionan, a que tiene derecho el Actor por haber trabajado en forma continua desde el 19 de diciembre de 2001 al 15 de febrero de 2002; del 27 de mayo de 2002 al 28 de febrero de 2008 cuando renunció; y del 1 de abril al 31 de diciembre de 2008, vinculado con órdenes de prestación de servicios y contratos de prestación de servicios, bajo la dependencia de la Directora dela Casa del Menor, cumpliendo horario ordinario y devengando la contraprestación, pero en idénticas condiciones de los empleados públicos del Departamento de Boyacá, configurándose el contrato realidad, en este caso una relación de empleado público, sin que adquiera tal calidad, de acuerdo a como se explica en los hechos:

El salario del tiempo comprendido entre el 1 y el 23 de agosto de 2004; del 1 al 15 de febrero de 2005; del 26 de agosto al 8 de septiembre de 2005; del mes de marzo de 2006 y del 10 de marzo al 8 de abril de 2007, periodos en que le dieron descanso pero no le pagaron esos tiempos.
Prima de Servicios de todo el tiempo trabajado.
52 Horas extras diurnas mensuales desde el 18 de diciembre de 2001 al 15 de febrero de 2002. Y desde el 27 de mayo de 2002 al 31 de julio de 2005.
60 horas extras nocturnas mensuales. Del 18 de diciembre de 2001 al 15 de febrero de 2002. Y desde el 27 de mayo de 2002 al 31 de julio de 2005.
Dominicales y festivos al doble y al 75% de acuerdo a la ley. Del 18 de diciembre de 2001 al 15 de febrero de 2002. Y desde el 27 de mayo de 2002 al 31 de julio de 2005.
Dominicales y festivos desde el agosto de 2005 hasta febrero de 2008.
Dominicales y festivos desde el 1 de abril hasta el 30 de noviembre de 2008.
Indemnización de Vacaciones
Prima de Vacaciones.
Prima de Navidad.
Cesantías.
Intereses a las Cesantías.
Auxilio de Transporte.
Bonificación por servicios prestados a partir del mes de diciembre de 2002.
La devolución de la cuota que le correspondía pagar a la Casa del menor y/o al Departamento de Boyacá, por concepto de salud.
Aportes a Pensión desde el mes de diciembre de 2001 y durante la vigencia de la relación laboral realidad hasta el 31 de diciembre de 2008, salvo las 2 interrupciones señaladas en los hechos.
La devolución de los descuentos que se hacían a los contratos por retefuente, reteica y coldeportes y estampillas, para un total del 10% mensual sobre el salario, durante la época de vigencia de cada relación laboral.

Quinta.- Que se ordene en la sentencia dar aplicación a ordenado en el artículo 177 y 178 del C.C.A., y la jurisprudencia del Consejo de Estado, es decir la indexación a cada una de las prestaciones sociales, partiendo de la fecha en que cada uno de los conceptos laborales se hizo exigible, los intereses moratorios a partir de la fecha de la ejecutoria de la sentencia hasta que se pague la totalidad de la condena; y la aplicación de los artículos 1, 3 de la ley 244 de 1995 en lo que a cesantías definitivas se refiere.”

1.1.1. Hechos

Los hechos en que se fundan las pretensiones de la demanda, en síntesis, son los siguientes:

El demandante mediante órdenes y contratos de prestación de servicios, fue vinculado a la Casa del Menor Marco Fidel Suárez como Agente Educador y Conductor desde el 18 de diciembre de 2001 al 15 de febrero de 2002, del 27 de mayo de 2002 al 28 de febrero de 2008, del 1 de abril al 31 de diciembre de 2008, cumpliendo un horario de lunes a lunes incluidos los domingos y festivos, en turnos de 7:00 a.m. a 7:00 p.m. durante cinco días seguidos; los siguientes cinco días de 6:00 p.m. a 7:00 a.m. un día de descanso; el siguiente de 7:00 a.m. a 7:00 p.m.; el siguiente de 6:00 p.m. a 7:00 p.m.; un día de descanso, el siguiente de 7:00 a.m. a 7:00 p.m.; el siguiente de 6:00 p.m. a 7:00 a.m.; un día descanso; el siguiente de 7:00 a.m. a 7:00 p.m., luego descanso, luego cinco días de 7:00 a.m. a 7 p.m. y los cinco días restantes del mes de 6:00 p.m. a 7: a.m. y luego un día de descanso y así sucesivamente.

Es decir que trabajaba mensualmente 13 días y 12 noches, para un total de 4 horas extras diarias diurnas y 52 horas extras diarias mensuales, 5 horas extras nocturnas diarias y 60 horas extras nocturnas mensuales, ejerciendo las funciones asignadas en cumplimiento a un horario más alto que el de un empleado del Departamento, en forma personal, exclusiva, ininterrumpida, bajo la subordinación de la Directora de la Casa del Menor de la época, teniendo que asumir la totalidad de la seguridad social, pagando los aportes a salud y algunos meses pensión.

Descansó sin remuneración del 1º al 23 de agosto de 2004, de 1º al 15 de febrero de 2005, del 26 de agosto al 8 de septiembre de 2005, del 1º al 30 de marzo de 2006, del 10 de marzo al 8 de abril de 2007.

Las siguientes son las fechas de las órdenes y los contratos de prestación de servicios junto con las funciones a desarrollar:

Del 27 de mayo al 30 de junio de 2001, orden de prestación de servicios No. 00134 del 22 de mayo de 2001, como Agente Educador: vigilancia a los menores, revista a los dormitorios, especialmente en la noche, etc. Del 19 al 31 de diciembre de 2001, orden de prestación de servicios del 19 de diciembre de 2001, como Agente Educador: vigilancia a los menores, revista a los dormitorios, especialmente en la noche, etc. Del 2 de enero al 15 de febrero de 2002, orden de prestación de servicios No. 005 del 2 de enero de 2002, como Agente Educador: vigilancia a los menores, actividades diarias y de rutina, eventos de recreación, educativos, formación en hábito de conducta, aseo y mantenimiento de las dependencias ocupadas por ellos. Desvinculación temporal del 16 de febrero al 26 de mayo de 2002. Del 1º de julio al 30 de septiembre de 2002, contrato de prestación de servicios No. 021 del 28 de junio de 2002, como Guardián de Menores: vigilancia de los menores, actividades diarias y de rutina, eventos de recreación, educativos, formación de hatito de conducta, aseo y mantenimiento de las dependencias a que tiene acceso y cada uno de los dormitorios. Controlar preventivamente a los menores, dando aviso inmediato en forma verbal o escrita a la Dirección de todo brote de indisciplina. 15 funciones establecidas en el contrato. Del 1º de octubre al 31 de diciembre de 2002, contrato de prestación de servicios No. 039 del 30 de septiembre de 2002, como Guardián de Menores: 15 funciones contenidas en el contrato. Del 2 de enero al 1º de abril de 2003, contrato de prestación de servicios No. 006 del 2 de enero de 2003, como Agente Educador con las mismas 15 funciones. Del 2 de abril al 31 de mayo de 2003, contrato de prestación de servicios No. 021 del 1º de abril de 2003, como Guardián de Menores con las mismas 15 funciones. Del 1º de junio al 31 de agosto de 2003, contrato de prestación de servicios No. 034 del 30 de mayo de 2003, como Guardián de Menores con las mismas 15 funciones. Del 1º de septiembre al 30 de noviembre de 2003, contrato de prestación de servicios No. 053 del 1º de septiembre de 2003, como Guardián de Menores con las mismas 15 funciones. Del 1º al 30 de diciembre de 2003, contrato de prestación de servicios No. 065 del 28 de noviembre de 2003, como Guardián de Menores con las mismas 15 funciones. Del 2 de enero al 31 de marzo de 2004, contrato de prestación de servicios No. 011 del 2 de enero de 2004, como Guardián de Menores con las mismas 15 funciones. Del 1º de abril al 31 de mayo de 2004, contrato de prestación de servicios No. 027 del 1º de abril de 2004, con las mismas 15 funciones. Del 1º de junio al 31 de julio de 2004, contrato de prestación de servicios No. 033 del 1º de junio de 2004, con las mismas 15 funciones. Tiempo de descanso sin remuneración del 1º al 23 de agosto de 2004. Del 24 de agosto al 30 de noviembre de 2004, contrato de prestación de servicios No. 055 del 24 de agosto de 2004, con las mismas 15 funciones. Del 1º al 31 de diciembre de 2004, contrato de prestación de servicios No. 080 del 1º de diciembre de 2004, con las mismas 15 funciones. Del 1º al 31 de enero de 2005, contrato de prestación de servicios No. 001 del 2 de enero de 2005, con las mismas 15 funciones. Descanso no remunerado del 1º al 15 de febrero de 2005. Del 16 de febrero al 31 de mayo de 2005, contrato de prestación de servicios No. 027 del 16 de febrero de 2005, con las mismas 15 funciones. Del 1º de junio al 25 de agosto de 2005, contrato de prestación de servicios No. 052 del 2 de mayo de 2005, con las mismas 15 funciones. Descanso no remunerado del 26 de agosto al 8 de septiembre de 2005. Del 9 de septiembre al 31 de diciembre de 2005, contrato de prestación de servicios No. 099 del 9 de septiembre de 2005, con las mismas 15 funciones. Del 2 de enero al 28 de febrero de 2006, contrato de prestación de servicios No. 003 del 2 de enero de 2006, con las mismas 15 funciones. Descanso no remunerado del 1º al 30 de marzo de 2006.

Del 1º al 30 de abril de 2006, contrato de prestación de servicios No. 046 del 1º de abril de 2006, con las funciones de conductor. Del 2 de mayo al 31 de julio de 2006, contrato de prestación de servicios No. 054 del 2 de mayo de 2006, con las mismas 15 funciones de Guardián Educador. Del 1º de agosto al 30 de septiembre de 2006, contrato de prestación de servicios No. 080 del 1º de agosto de 2006, como conductor. Del 1º de octubre al 31 de diciembre de 2006, contrato de prestación de servicios No. 094 del 29 de septiembre de 2006, como conductor. Del 2 al 8 de enero de 2007, contrato de prestación de servicios No. 009 del 2 de enero de 2007, como conductor. Del 9 de enero al 7 de marzo de 2007, contrato de prestación de servicios No. 027 del 5 de enero de 2007, con las mismas 15 funciones de Agente Educador. Descanso no remunerado del 10 de marzo al 8 de abril de 2007. Del 9 de abril al 31 de mayo de 2007, contrato No. 061 del 9 de abril de 2007, con las mismas 15 funciones de Agente o Guardián Educador. Del 1º de junio al 31 de julio de 2007, contrato No. 084 del 1 de junio de 2007, con las mismas 15 funciones de Agente o Guardián Educador. Del 1º de agosto al 31 de octubre de 2007, contrato No. 112 del 1º de agosto de 2007, con las mismas 15 funciones de Agente o Guardián Educador. Del 1º de noviembre al 31 de diciembre de 2007, contrato No. 084 del 1º de noviembre de 2007, con las mismas 15 funciones de Agente o Guardián Educador. Del 2 de enero al 28 de febrero de 2008, contrato No. 018 del 2 de enero de 2008, con las mismas 15 funciones de Agente o Guardián Educador, suscrito hasta el 31 de marzo de 2008, pero laborado solo hasta el 28 de febrero por renuncia del accionante. Del 1º al 30 de abril de 2008, contrato No. 018 del 1º de abril de 2008, con las mismas 15 funciones de Agente o Guardián Educador. Del 1º de mayo al 30 de junio de 2008, contrato No. 096 del 30 de abril de 2008, con las mismas 15 funciones de Agente o Guardián Educador. Del 1º al 31 de julio de 2008, contrato No. 204 del 1º de julio de 2008, con las mismas 15 funciones resumidas de Formador. Del 1º de agosto al 30 de septiembre de 2008, contrato No. 241 del 1º de agosto de 2008, con las mismas funciones de Formador o Guardián Educador. Del 1º de octubre al 30 de noviembre de 2008, contrato No. 345 del 1º de octubre de 2008, con las mismas funciones de Formador o Guardián Educador. Del 1º al 30 de diciembre de 2008, contrato No. 453 del 1º de diciembre de 2008, con las mismas funciones de Formador o Guardián Educador.

El demandante presentó reclamación ante el Gobernador de Boyacá y la Directora de la Casa del Menor Marco Fidel Suárez, el 28 de junio de 2011, solicitando el pago de los salarios y prestaciones que se le adeudan, de la cual el Gobernador con oficio 032684 del 21 de julio de 2011 dio respuesta en forma negativa, y con oficio No. 184 del 24 de octubre de 2011, la Directora de la entidad demandada negó el pago de las prestaciones sociales.

Por la falta de ánimo conciliatorio de la parte accionada, el 24 de enero de 2012 se tuvo por fallida la conciliación prejudicial solicitada.

1.1.2. Normas violadas y concepto de violación

En la demanda se invocaron como normas violadas los artículos 25, 29, 53, 83, 122 y 125 de la Constitución Política; 2º, inciso final del Decreto 2400 de 1978; 10, 22 y 23 del Código Sustantivo del Trabajo; y 1º de la Ley 50 de 1990.

La apoderada judicial actora, adjudica el concepto de violación a la trasgresión del derecho a la igualdad, por cuanto al demandante se le ha discriminado al no devengar las prestaciones legales y extralegales que si han recibido los empleados que desempeñan las mismas funciones a nivel departamental. Indica, que los principios fundamentales que consagra el artículo 53 de la Constitución Política, deben ser aplicados al presente caso porque a pesar que su poderdante haya firmado contratos de prestación de servicios, en realidad cumplió funciones de un servidor público y no de un especialista que presta unos servicios específicos, conservando su independencia y por término corto.

En la demanda y su adición, argumentó que el Departamento de Boyacá debe responder solidariamente, porque la Casa del Menor Marco Fidel Suárez no tiene presupuesto propio, sino que depende de los aportes del Departamento y de otros organismos, está adscrito a la Secretaría de Desarrollo Humano de la Gobernación de Boyacá, no tiene personería jurídica en forma expresa y no es un establecimiento descentralizado.

1.2. Contestaciones de la demanda

La Casa del Menor Marco Fidel Suárez por intermedio de apoderada judicial, manifestó que con el demandante no existió una subordinación laboral, habida consideración que en la ejecución del objeto contractual como conductor y encuestador no tenía que permanecer en las instalaciones por orden o disposición de la Casa, ni mucho menos cumplir horario; todo lo contrario, era autónomo para manejar su tiempo diario, porque solo se le llamaba en los eventos en que los menores tenían que ser trasladados o los funcionarios necesitaban desplazarse, ya que en la planta de personal sólo existen tres cargos, el de la Directora, Subdirectora y una Profesional Universitaria, razón por la que se hizo necesaria la contratación para ejercer las funciones de conductor.

Contestó la adición de la demanda señalando que la entidad que apodera es un establecimiento público del nivel Departamental creada mediante la Ordenanza 023 de 1998, adscrita a la Secretaría de Promoción Social del Departamento de Boyacá; a través del Decreto 0184 del 31 de Enero de 2002, se adscribe a la Secretaría del Interior del Departamento; por el Decreto 2624 del 20 de Diciembre de 2002, se adscribe a la Secretaría de la Mujer y Bienestar Social del Departamento de Boyacá; mediante Ordenanzas 011 del 12 de junio de 2006 y 008 del 2 de junio de 2009, se determina como ente descentralizado de la Secretaría de Desarrollo Humano del Departamento de Boyacá; lo que hace visible que siendo un establecimiento público descentralizado por servicios directos, ha sido adscrito a las diferentes secretarías del Departamento.

La apoderada judicial del Departamento de Boyacá se opuso a las pretensiones y condenas, solicitó la desvinculación de la entidad ya que la Casa del Menor Marco Fidel Suárez sí tiene presupuesto propio tal y como lo establece la Ordenanza 011 de 2006, también tiene personería jurídica al haber sido creada por la Ordenanza 14 del 26 de Noviembre de 1968 como establecimiento público descentralizado con patrimonio independiente, dotado de personería jurídica, para posteriormente en la Ordenanza 023 de 1998, ser creada la Fundación Casa del Menor Marco Fidel Suárez como institución de utilidad común, establecimiento público del orden departamental con personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa, adscrita a la Secretaría de Promoción Social del Departamento de Boyacá, cuya modificación por la Ordenanza 0008 del 2 de junio de 2009, señaló que la naturaleza es de establecimiento público del orden departamental y ente descentralizado de la Secretaría de Desarrollo Humano del Departamento de Boyacá.

Propuso las excepciones de “1. EXCEPCIONES POR FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA”, “2. EXCEPCIÓN POR TRATAR DE COMPROMETER EL PATRIMONIO DEL DEPARTAMENTO DE BOYACA ACCIÓN DE UN TERCERO” y “3. INEXISTENCIA DE LA OBLIGACIÓN”.

Al contestar la adición de la demanda, manifestó que el Departamento no ejerce la representación legal, jurídica o administrativa del establecimiento público Casa del Menor Marco Fidel Suárez, dada su naturaleza de creación y funcionamiento al ser descentralizado con patrimonio independiente, dotado de personería jurídica.

1.3. La sentencia apelada

El Tribunal Administrativo de Boyacá mediante sentencia del 28 de noviembre de 2014, declaró probada la excepción que la defensa denominó “Falta de legitimación en la causa por pasiva”, con relación al Departamento de Boyacá; declaró la nulidad del acto administrativo Oficio No. 101 del 21 de julio de 2011, mediante el cual la Directora de la Casa del Menor Marco Fidel Suárez negó la solicitud formulada por el actor; declaró probada la configuración de un contrato realidad entre el señor Luis Eduardo Moreno Caro y la Casa del Menor Marco Fidel Suárez; y denegó las demás pretensiones de la demanda.

Como sustento de su decisión expuso los siguientes argumentos:

Se exonera de responsabilidad al Departamento de Boyacá al ser la Casa del Menor Marco Fidel Suárez un establecimiento público descentralizado con patrimonio independiente, dotado de personería jurídica, según las Ordenanzas de creación y modificación, además por contar con autonomía administrativa, presupuestal y contractual, tiene la capacidad de responder patrimonialmente en caso de existir un restablecimiento del derecho.

Consideró, que el trabajo fue realizado de manera personal al ser contratado por la entidad para que cumpliera sus funciones sin la posibilidad de poder delegarlas en otras personas; se acreditó la remuneración con la copia de los comprobantes de egreso de los pagos efectuados al accionante; de los testimonios rendidos se infiere que cumplía un horario de trabajo en turnos de 12 horas, debiendo pedir permiso y sujetarse a las órdenes impartidas por la Directiva de la Casa del Menor.

Que revisado el plenario no se encontró autorización para realizar el pago de las horas extras, ni tampoco planilla o algún documento que evidencie el trabajo del demandante en los lapsos pedidos; tampoco se allegó prueba o certificación que permita inferir cuál era el salario que devengaba un empleado de homólogas funciones y no existen los elementos específicos para calcular concretamente los montos a reconocer, lo que no obstruye la concesión del derecho como quiera que la entidad demandada cuenta con la totalidad de instrumentos para definir la condena a imponer sobre las cesantías y las primas de navidad y de servicios; en lo concerniente al auxilio de cesantía se debe reconocer en tanto es concebido como un derecho del trabajador, originado en los servicios subordinados que se presentan al empleador; que no tiene derecho a los intereses a las cesantías por no aplicarse el Código Sustantivo de Trabajo a los empleados públicos, con quienes se busca equiparar al demandante; que tiene derecho al reconocimiento del subsidio de transporte desde el mes de diciembre de 2001 hasta el mes de diciembre de 2008, teniendo en cuenta que la asignación básica de tales periodos fuere inferior a dos salarios mínimos legales mensuales vigentes para dichas anualidades; en cuanto a las vacaciones, no es procedente la solicitud de reconocimiento por ser un descanso remunerado y no tener la connotación de prestaciones sociales; y que no habrá reconocimiento alguno de sanción moratoria, devolución de pagos efectuados por concepto de retención en la fuente, intereses a las cesantías, riesgos profesionales y caja de compensación.

1.4. Argumentos de las apelaciones

Refuta la apoderada judicial de la Casa del Menor Marco Fidel Suárez que no se logra demostrar claramente el elemento de la subordinación, el cual fue reemplazado por una relación de coordinación en la ejecución de las funciones que incluye el establecimiento de un horario, el hecho de recibir una serie de instrucciones de sus superiores o de tener que reportar informes sobre resultados.

Por su parte el actor solicita revocar los numerales 1º y 8º, y modificar el numeral 4º del fallo impugnado, discrepando que la Casa del Menor no es un establecimiento descentralizado, porque no tiene personería jurídica, tiene un presupuesto propio que no goza de ningún respaldo sólido porque la Directora titular para el año 2008, tuvo que celebrar un contrato de concesión cediendo el objeto misional, las funciones propias, la razón de su creación y existencia a los padres Terciarios Capuchinos quienes continuaron con la atención a los jóvenes infractores bajo la razón social “Centro Juvenil Amigoniano”, pudiendo desaparecer de un momento a otro a pesar de estar adscrita a la Secretaría de Desarrollo Humano del Departamento de Boyacá.

Reprocha el numeral 8º, acotando que el subsidio familiar es un derecho que se deriva precisamente de la existencia del contrato realidad que da derecho a la igualdad del servidor con los empleados públicos, siendo inaceptable el argumento que el actor pretende beneficiarse en detrimento de la ley y del orden social por reclamar el subsidio familiar a que tiene derecho para su menor hija. Del mismo modo, increpa que para el reconocimiento y pago de las vacaciones, la discusión no gira en torno a si es o no una prestación social, sino, sobre el derecho a la igualdad; que los contratos y testimonios indican que tuvo que trabajar las horas extras negadas; para la prima de vacaciones y la bonificación por servicios prestados, indica que pregona los mismos argumentos utilizados para las vacaciones.

Finalmente, expone que debe ser modificado el numeral 4º, porque no debe presentarse ninguna restricción en cuanto a las pretensiones a las que tiene derecho en igualdad de condiciones a los empleados públicos del nivel departamental, sumado a que es contradictoria con el precedente jurisprudencial la condena a título de indemnización, cuando debe ser a título de restablecimiento del derecho.

1.5. Alegatos de conclusión

Mediante auto del 30 de noviembre de 2016, se corrió traslado a las partes para que presentaran sus alegatos de conclusión y al Ministerio Público para que rindiera concepto de fondo.

Término dentro del cual, el apoderado judicial de la Casa del Menor Marco Fidel Suárez alegó que las órdenes y los contratos de prestación de servicios fueron expedidas conforme a derecho en cumplimiento a lo establecido por la Ley 80 de 1993 ya que en los periodos donde el demandante laboró, la nómina era insuficiente para la observancia de su objetivo misional, y que el cumplimiento del horario es factor necesario para la coordinación del servicio prestado, sin que deba confundirse con el elemento de subordinación y dependencia.

El Departamento de Boyacá concluye por medio de su apoderado, que se configura la falta de legitimación en la causa por pasiva teniendo en cuenta las partes contratantes, su naturaleza jurídica y la condición de establecimiento público descentralizado del orden departamental de la Casa del Menor Marco Fidel Suárez.

El demandante insistió que no es lógica la declaración de existencia de la relación laboral y en forma contradictoria se le niegue el derecho a devengar todas las prestaciones sociales que se le reconocen y pagan a todos los empleados públicos del departamento de Boyacá; que la Casa del Menor no reúne los requisitos de un ente descentralizado, no tiene personería jurídica y su presupuesto es una figura documental mas no real.

El Ministerio Público al emitir su concepto, solicitó modificar la sentencia de primera instancia para reconocer las horas extras diarias, nocturnas, primas de servicio, navidad, vacaciones, indemnización moratoria, cuotas de seguridad social, de salud, ARP y pensión canceladas por el actor, y la diferencia que surja por este concepto.

II. CONSIDERACIONES

Como no se observa causal que invalide lo actuado, procede la Sala a decidir previas las siguientes consideraciones.

2.1. Competencia

La Sala, en virtud de lo dispuesto en el artículo 129 del Decreto 01 de 1984, es competente para conocer las apelaciones interpuestas contra la sentencia del 28 de noviembre de 2014, proferida por el Tribunal Administrativo de Boyacá.

2.2. Problema jurídico

El problema jurídico a resolver se contrae a determinar si se configuró la existencia de una relación laboral entre las entidades demandadas y el señor Luis Eduardo Moreno Caro, para dar lugar al reconocimiento de las prestaciones sociales requeridas por el actor recurrente, dando aplicación al principio de la primacía de la realidad sobre las formas.

2.3. Los hechos probados

La Asamblea de Boyacá en su sesión del 10 de diciembre de 1998, adoptó en tercer debate, la Ordenanza No. 023 del 24 de diciembre de 1998, por la cual se crea la Fundación Casa del Menor Marco Fidel Suárez, de determina su funcionamiento y se dictan otras disposiciones.

En sesión extraordinaria del 23 de mayo de 2006, fue adoptada en tercer debate por la Asamblea de Boyacá, la Ordenanza No. 011 del 12 de junio de 2006, por medio de la cual se reglamenta el establecimiento público Casa del (a) Menor Marco Fidel Suárez, se determina su funcionamiento y se dictan otras disposiciones.

La Ordenanza No. 00008 del 20 de junio de 2009, fue adoptada en tercer debate por la Asamblea del Departamento de Boyacá, en sesión extraordinaria del 20 de mayo de 2009, por la cual se modifica la Ordenanza No. 011 del 12 de junio de 2006, mediante la cual se reglamentó el funcionamiento del establecimiento público Casa del(a) Menor Marco Fidel Suárez y se dictaron otras disposiciones.

Entre el señor Luis Eduardo Moreno Caro y la Casa del Menor Marco Fidel Suárez se establecieron y celebraron las siguientes órdenes y contratos de prestación de servicios:

Clase
Número
Vigencia
Plazo
Pago
Folios
Orden de servicio
Sin número
19 y 31 de Diciembre de 2001
12 días
Único
27
Orden de servicio
005
Del 2 de enero al 15 de febrero de 2002
45 días
Único
29
Orden de servicio
00134
Del 27 de mayo al 30 de junio de 2002
33 días
Único
28 y 132
Contrato de prestación de servicios
000021 del 28 de junio de 2002
Del 1º de julio al 30 de septiembre de 2002
2 meses
Mensual
30 al 32
Contrato de prestación de servicios
000039 del 30 de septiembre de 2002
Del 1º de octubre al 31 de diciembre de 2002
3 meses
Mensual
34 y 35
Contrato de prestación de servicios
006 del 2 de enero de 2003
Del 2 de enero al 1º de abril de 2003
3 meses
Mensual
36 al 38
Contrato de prestación de servicios
021 del 1º de abril de 2003
Del 2 de abril al 31 de mayo de 2003
3 meses
Mensual
39 al 41
Contrato de prestación de servicios
034 del 30 de mayo de 2003
Del 1º de junio al 31 de agosto de 2003
3 meses
Mensual
42 al 44
Contrato de prestación de servicios
053 del 1º de septiembre de 2
Del 1º de septiembre al 30 de noviembre de 2003
3 meses
Mensual
45 al 47
Contrato de prestación de servicios
065 del 28 de noviembre de 2003
Del 1º al 30 de diciembre de 2003
1 mes
Mensual
48 al 50
Contrato de prestación de servicios
011 del 2 de enero de 2004
Del 2 de enero al 31 de marzo de 2004
3 meses
Mensual
51 al 53
Contrato de prestación de servicios
027 del 1º de abril de 2004
Del 1º de abril al 31 de mayo de 2004
2 meses
Mensual
54 al 56
Contrato de prestación de servicios
033 del 1º de junio de 2004
Del 1º de junio al 31 de julio de 2004
2 meses
Mensual
57 al 59
Contrato de prestación de servicios
055 del 24 de agosto de 2004
Del 24 de agosto al 30 de noviembre de 2004
3 meses
Mensual
60 al 62
Contrato de prestación de servicios
080 del 1º de diciembre de 2004
Del 1º al 31 de diciembre de 2004
1 mes
Mensual
63 al 65
Contrato de prestación de servicios
001 del 2 de enero de 2005
Del 2 al 31 de enero de 2005
1 mes
Mensual
66 al 68
Contrato de prestación de servicios
027 del 16 de febrero de 2005
Del 16 de febrero al 31 de mayo de 2005
3 meses y 13 días
Mensual
69 al 71
Contrato de prestación de servicios
052 del 2 de mayo de 2005
Del 1º de junio al 25 de agosto de 2005
2 meses y 25 días
Mensual
72 al 74
Contrato de prestación de servicios
099 del 9 de septiembre de 2005
Del 9 de septiembre al 30 de diciembre de 2005
3 meses y 22 días
Mensual
75 al 77
Contrato de prestación de servicios
003 del 2 de enero de 2006
Del 2 de enero al 28 de febrero de 2006
2 meses
Mensual
78 al 80
Contrato de prestación de servicios
046 del 1º de abril de 2006
Del 1º al 30 de abril de 2006
1 mes
Mensual
81 al 83
Contrato de prestación de servicios
054 del 2 de mayo de 2006
Del 2 de mayo al 31 de julio de 2006
3 meses
Mensual
84 al 86
Contrato de prestación de servicios
080 del 1º de agosto de 2006
Del 1º de agosto al 30 de septiembre de 2006
2 meses
Mensual
87 al 89
Contrato de prestación de servicios
094 del 29 de septiembre de 2006
Del 1º de octubre al 31 de diciembre de 2006
3 meses
Mensual
90 al 92
Contrato de prestación de servicios
009 del 2 de enero de 2007
Del 2 al 8 de enero de 2007
7 días
Único
93 al 95
Contrato de prestación de servicios
027 del 5 de enero de 2007
Del 9 de enero al 7 de marzo de 2007
1 mes y 16 días
Mensual
96 al 98
Contrato de prestación de servicios
061 del 9 de abril de 2007
Del 9 de abril al 31 de mayo de 2007
1 mes y 22 días
Mensual
99 al 101
Contrato de prestación de servicios
084 del 1 de junio de 2007
Del 1º de junio al 31 de julio de 2007
2 meses
Mensual
102 al 104
Contrato de prestación de servicios
112 del 1º de agosto de 2007
Del 1º de agosto al 31 de octubre de 2007
3 meses
Mensual
105 al 107
Contrato de prestación de servicios
140 del 1º de noviembre de 2007
Del 1º de noviembre al 31 de diciembre de 2007
2 meses
Mensual
108 al 110
Contrato de prestación de servicios
018 del 2 de enero de 2008
Del 2 de enero al 28 de febrero de 2008
2 meses
Mensual
111 al 113
Contrato de prestación de servicios
068 del 1º de abril de 2008
Del 1º al 30 de abril de 2008
1 mes
Mensual
115 al 117
Contrato de prestación de servicios
096 del 30 de abril de 2008
Del 1º de mayo al 30 de junio de 2008
2 meses
Mensual
118 al 120
Contrato de prestación de servicios
204 del 1º de julio de 2008
Del 1º al 31 de julio de 2008
1 mes
Mensual
121 al 123
Contrato de prestación de servicios
241 del 1º de agosto de 2008
Del 1º de agosto al 30 de septiembre de 2008
2 meses
Mensual
124 al 126
Contrato de prestación de servicios
345 del 1º de octubre de 2008
Del 1º de octubre al 30 de noviembre de 2008
2 meses
Mensual
127 al 129
Contrato de prestación de servicios
453 del 1º de diciembre de 2008
Del 1º al 30 de diciembre de 2008
1 mes
Mensual
130 y 131

El 28 de junio de 2011, fue radicada en el despacho del Gobernador de Boyacá, solicitud del demandante para que se le paguen los siguientes conceptos laborales por haber trabajado como Guardián Agente Educador, del 19 de diciembre de 2001 hasta el 31 de diciembre de 2008, al servicio de la Casa del Menor Marco Fidel Suárez, adscrita a la Secretaría de Desarrollo Humano de la Gobernación de Boyacá, sin solución de continuidad y en forma exclusiva:

a) El salario de un mes por cada año de trabajo.
b) Horas extras diurnas y nocturnas.
c) Dominicales y festivos.
d) Prima de Servicios.
e) Indemnización de vacaciones.
f) Prima de vacaciones.
g) Prima de navidad.
h) Cesantías.
i) Intereses a las cesantías.
j) La devolución de la cuota que le correspondía pagar a la Casa del Menor y/o al Departamento de Boyacá, por concepto de salud.
k) Aportes a pensión desde diciembre de 2001 durante la vigencia de la relación laboral realidad hasta el 31 de diciembre de 2008.
l) Dotación.
m) Auxilio de Transporte.
n) Bonificación por servicios prestados a partir de Diciembre de 2002.
o) La devolución de los descuentos que se hacían a los contratos del 3 por mil para deportes, retención en la fuente, para un total de $100.000,oo mensuales durante la época de vigencia de cada relación laboral.
p) La indexación sobre cada uno de las prestaciones sociales adeudadas.

La Directora de la Casa del Menor Marco Fidel Suárez y la Dirección Jurídica del Departamento de Boyacá, respectivamente mediante Oficios No. 101 y 032684 del 21 de julio de 2011, le informan al demandante que no es procedente resolver favorablemente la solicitud elevada al Gobernador José Rozo Millán el día 28 de junio de 2011, en razón a que la vinculación se realizó conforme al artículo 32 de la Ley 80 de 1993, por órdenes de prestación de servicios que no originan relación laboral ni reconocimientos de derechos prestacionales.

2.4. Marco legal y jurisprudencial en materia de contrato realidad

Esta Subsección ha venido expresando que el contrato de prestación de servicios no puede constituirse en un instrumento para desconocer los derechos laborales y conforme a ello, en aras de hacer evidente la relación laboral sobre las formas que pretendan ocultarla, es dable acudir al precepto constitucional del artículo 53 de la Constitución Política que contempla la primacía de la realidad sobre las formalidades establecidas por los sujetos de las relaciones laborales y la irrenunciabilidad a los beneficios mínimos instituidos en las normas, con la finalidad de exigir la especial protección en igualdad de condiciones de quienes realizan la misma función pero en calidad de servidores públicos.

Así las cosas, en el presente caso, la Sala reitera lo expuesto en la sentencia del 16 de julio de 2009, radicación 85001-23-31-000-2003-00478-01 (1258-07), en relación con los elementos y características propias del contrato de prestación de servicios y su distinción con las relaciones de carácter laboral:

.- El contrato de prestación de servicios y la teoría de la relación laboral

La Constitución Política de 1991, contempló en el Capítulo II, de la función pública, lo siguiente:

“Art. 122.- No habrá empleo público que no tenga funciones detalladas en ley o reglamento y para proveer los de carácter remunerado se requiere que estén contemplados en la respectiva planta y previstos sus emolumentos en el presupuesto correspondiente. (Inc. 1º)... ”

“Art. 125.-Los empleos en los órganos y entidades del Estado son de carrera. Se exceptúan los de elección popular, los de libre nombramiento y remoción, los de trabajadores oficiales y los demás que determine la ley”.

De acuerdo con las citadas normas, nuestro régimen jurídico tiene previstas tres clases de vinculaciones con entidades del Estado que tienen sus propios elementos tipificadores, a saber: a) De los empleados públicos (relación legal y reglamentaria); b) De los trabajadores oficiales (relación contractual laboral) y c) De los contratistas de prestación de servicios (relación contractual estatal). Si en el caso de los contratos de prestación de servicios se llegan a desdibujar sus elementos esenciales, corresponderá decidir, a la justicia ordinaria, cuando la relación se asimile a la de un trabajador oficial o, a la jurisdicción contencioso administrativa, cuando el contratista desarrolle el objeto del contrato ejerciendo las mismas funciones que corresponden a un cargo de empleado público.

Respecto a la carga probatoria que tiene quien pretenda obtener a su favor los beneficios del contrato de trabajo, vale la pena destacar las orientaciones señaladas por la Corte Suprema de Justicia en sentencia del 1º de junio de 2004, con radicación 21554:

“Es verdad que el artículo 24 del Código Sustantivo del Trabajo consagra la presunción de que toda relación de trabajo personal se entiende regida por un contrato de trabajo, frente a la cual la jurisprudencia reiterada de esta Corporación ha sido del criterio de que quien la alegue en su favor tiene que demostrar la prestación personal del servicio para entenderse cobijada por ella, mientras que al beneficiario de dicha prestación es a quien le corresponde desvirtuar que en la misma no existe el elemento de la subordinación” (Subrayas de la Sala).

.- Del contrato de prestación de servicios con entidades públicas

La contratación por prestación de servicios con el Estado ha sido desarrollada por nuestra legislación a través del Decreto Ley 222 de 1983, la Ley 80 de 1993 y más recientemente por la Ley 190 de 1995. La Ley 80 en su artículo 32, dispone:

“3. Son contratos de prestación de servicios los que celebren las entidades estatales para desarrollar actividades relacionadas con la administración o funcionamiento de la entidad. Estos contratos sólo podrán celebrarse con personas naturales cuando dichas actividades no puedan realizarse con personal de planta o requieran conocimientos especializados.

En ningún caso estos contratos generan relación laboral ni prestaciones sociales y se celebrarán por el término estrictamente indispensable”.

En sentencia C-154-97 la Corte Constitucional, al estudiar la demanda de inconstitucionalidad contra apartes de la norma transcrita, estableció las características del contrato de prestación de servicios y sus diferencias con el contrato de trabajo, concluyendo que:

“el elemento de subordinación o dependencia es el que determina la diferencia del contrato laboral frente al de prestación de servicios, ya que en el plano legal debe entenderse que quien celebra un contrato de esta naturaleza, como el previsto en la norma acusada, no puede tener frente a la administración sino la calidad de contratista independiente sin derecho a prestaciones sociales; a contrario sensu, en caso de que se acredite la existencia de un trabajo subordinado o dependiente consistente en la actitud por parte de la administración contratante de impartir ordenes a quien presta el servicio con respecto a la ejecución de la labor contratada, así como la fijación de horario de trabajo para la prestación del servicio, se tipifica el contrato de trabajo con derecho al pago de prestaciones sociales, así se le haya dado la denominación de un contrato de prestación de servicios independiente” (El resaltado es de la Sala).

Adicionalmente, el artículo 2º del Decreto 2400 de 1968, modificado por el Decreto 3074 del mismo año, norma que se encuentra vigente, dispuso:

“Se entiende por empleo el conjunto de funciones señaladas por la Constitución, la ley, el reglamento o asignadas por autoridad competente que deben ser atendidas por una persona natural.

Empleado o funcionario es la persona nombrada para ejercer un empleo y que ha tomado posesión del mismo.

Los empleados civiles de la Rama Ejecutiva integran el servicio civil de la República.

Quienes presten al Estado Servicios ocasionales como los peritos obligatorios, como los jurados de conciencia o de votación; temporales, como los técnicos y obreros contratados por el tiempo de ejecución de un trabajo o una obra son meros auxiliares de la Administración Pública y no se consideran comprendidos en el servicio civil, por no pertenecer a sus cuadros permanentes.

Para el ejercicio de funciones de carácter permanente se crearán los empleos correspondientes, y en ningún caso, podrán celebrarse contratos de prestación de servicios para el desempeño de tales funciones”.

La parte subrayada fue demandada ante la Corte Constitucional, que en sentencia C-614 de 2009 señaló entre otros criterios, la permanencia como un elemento más que indica la existencia de una verdadera relación laboral.

.-Limitaciones legales a la utilización del contrato de prestación de servicios

Si bien la legislación colombiana ha previsto la posibilidad de acudir al contrato de prestación de servicios en los casos y para los fines previstos en el artículo 3º de la Ley 80 de 1993, de igual forma, se han establecido limitantes para evitar el abuso de esta figura jurídica.

El artículo 7 del Decreto 1950 de 1973 prevé que “en ningún caso podrán celebrarse contratos de prestación de servicios para el desempeño de funciones públicas de carácter permanente, en cuyo caso se crearán los empleos correspondientes mediante el procedimiento que se señala en el presente Decreto (…) la función pública que implique el ejercicio de la autoridad administrativa no podrá ser objeto de contrato ni delegarse en el personal vinculado mediante esta modalidad” (Resaltado fuera del texto).

En este sentido, el Decreto 2503 de 1998 define el empleo de la siguiente manera:

“ARTICULO 2º. DE LA NOCIÓN DE EMPLEO. Se entiende por empleo el conjunto de funciones que una persona natural debe desarrollar y las competencias requeridas para llevarlas a cabo, con el propósito de satisfacer el cumplimiento de los planes de desarrollo y los fines del Estado.

Las funciones y los requisitos específicos para su ejercicio serán fijados por las respectivas entidades, con sujeción a los generales que establezca el Gobierno Nacional de acuerdo con los parámetros señalados en el artículo 5º de este decreto, salvo para aquellos empleos cuyas funciones y requisitos estén señalados en la Constitución Política o en leyes especiales”.

Así mismo, la Ley 909 de 2004, por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, la carrera administrativa, gerencia pública y se dictan otras disposiciones, dispuso en materia de empleo público:

“Art. 19 El Empleo Público.

1. El empleo público es el núcleo básico de la estructura de la función pública objeto de esta ley. Por empleo se entiende el conjunto de funciones, tareas y responsabilidades que se asignan a una persona y las competencias requeridas para llevarlas a cabo, con el propósito de satisfacer el cumplimiento de los planes de desarrollo y los fines del Estado.

2. El diseño de cada empleo debe contener:

a) La descripción del contenido funcional del empleo, de tal manera que permita identificar con claridad las responsabilidades exigibles a quien sea su titular;

b) El perfil de competencias que se requieren para ocupar el empleo, incluyendo los requisitos de estudio y experiencia, así como también las demás condiciones para el acceso al servicio. En todo caso, los elementos del perfil han de ser coherentes con las exigencias funcionales del contenido del empleo;

c) La duración del empleo siempre que se trate de empleos temporales”.

Además, para que una persona natural desempeñe un empleo en calidad de empleado público (relación legal y reglamentaria), es preciso que se realice su ingreso al servicio público en la forma establecida en la ley, vale decir, requiere de la designación válida (nombramiento o elección, según el caso) seguida de la posesión, previo a ejercer las funciones propias de dicho empleo.

Otra limitación fijada en la ley para evitar el uso indebido del contrato de prestación de servicios se encuentra prevista en la Ley 790 de 2002, por medio de la cual se expiden disposiciones para adelantar el programa de renovación de la administración pública y se otorgan unas facultades extraordinarias al Presidente de la República, la cual consagra en su capítulo de disposiciones finales lo siguiente:

“ARTÍCULO 17. PLANTAS DE PERSONAL. La estructura de planta de los Ministerios, los Departamentos Administrativos y los organismos o las entidades públicas del orden nacional tendrán los cargos necesarios para su funcionamiento. En ningún caso los Ministerios, los Departamentos Administrativos y los organismos o las entidades públicas podrán celebrar contratos de prestación de servicios para cumplir de forma permanente las funciones propias de los cargos existentes de conformidad con los decretos de planta respectivos.

En el evento en que sea necesario celebrar contratos de prestación de servicios personales, el Ministro o el Director del Departamento Administrativo cabeza del sector respectivo, semestralmente presentará un informe al Congreso sobre el particular.

PARÁGRAFO. A partir de la entrada en vigencia de la presente ley, las entidades no podrán celebrar contratos de prestación de servicios con personas naturales, con la finalidad de reemplazar cargos que se supriman dentro del programa de renovación de la administración pública” (Subrayado fuera del texto).

Por su parte, la Ley 734 de 2002, por la cual se expide el Código Único Disciplinario, establece en el artículo 48 como falta gravísima:

“29. Celebrar contrato de prestación de servicios cuyo objeto sea el cumplimiento de funciones públicas o administrativas que requieran dedicación de tiempo completo e impliquen subordinación y ausencia de autonomía respecto del contratista, salvo las excepciones legales”.

Como puede observarse, el ordenamiento jurídico ha previsto no sólo la prohibición de celebrar contratos de prestación de servicios para llevar a cabo funciones propias previstas en la ley o en los reglamentos para un empleo público, sino que también sanciona al servidor que realice dicha contratación por fuera de los fines contemplados en el estatuto de contratación estatal.

.- Solución judicial a la utilización fraudulenta del contrato de prestación de servicios

La jurisprudencia tanto de la Corte Suprema de Justicia como de esta Corporación, ha acudido a principios constitucionales en la solución de controversias que tienen que ver con relaciones laborales o legales y reglamentarias disfrazadas mediante contratos de prestación de servicios, las cuales se realizan con el principal propósito de evitar el pago de los beneficios prestacionales inherentes a las primeras.

En la práctica, cuando el Legislador utilizó la expresión "en ningún caso... generan relación laboral ni el pago de prestaciones sociales" no consagró una presunción de derecho que no admita prueba en contrario, puesto que el afectado podrá demandar por la vía judicial competente el reconocimiento de la existencia de la vinculación laboral y, por consiguiente, el pago de las prestaciones sociales a que haya lugar.

El principio de la primacía de la realidad sobre las formas establecidas por los sujetos de las relaciones laborales, previsto en el artículo 53 de nuestra Carta Política, tiene plena operancia en aquellos eventos en que se hayan celebrado contratos de prestación de servicios para esconder una relación laboral; de tal manera que, configurada la relación dentro de un contrato de esa modalidad, el efecto normativo y garantizador del principio se concretará en la protección del derecho al trabajo y garantías laborales, sin reparar en la calificación o denominación del vínculo desde el punto de vista formal, con el fin de hacer valer la relación de trabajo sobre las apariencias que hayan querido ocultarla. Y esta primacía puede imponerse tanto frente a particulares como al Estado.

Adicionalmente, el artículo 25 constitucional establece que el trabajo es un derecho fundamental que goza "...en todas sus modalidades, de la especial protección del Estado". De ahí que se decida proteger a las personas que bajo el ropaje de un contrato de prestación de servicios cumplan funciones y desarrollen actividades en las mismas condiciones que los trabajadores vinculados al sector público o privado, para que reciban todas las garantías de carácter prestacional, independientemente de las formalidades adoptadas por las partes contratantes.

En sentencia de fecha 18 de noviembre de 2003, la Sala Plena del Consejo de Estado abordó el tema de los contratos de prestación de servicios y en aquella oportunidad, negó las pretensiones de la demanda porque se acreditó en el plenario que en la ejecución de las órdenes suscritas por la parte actora se encontraba presente el elemento “coordinación”. No obstante, esta pauta jurisprudencial no resulta aplicable en los eventos en los cuales se acuda al elemento “subordinación”, aspecto trascendente que como se anotó, requiere ser acreditado plenamente en la tarea de desentrañar la relación laboral, en virtud del principio de primacía de la realidad sobre las formalidades.

Para efectos de demostrar la relación laboral entre las partes, se requiere que la parte demandante pruebe los elementos esenciales de la misma, esto es, que su actividad en la entidad haya sido personal y que por dicha labor haya recibido una remuneración o pago y, además, debe probar que en la relación con el empleador exista subordinación o dependencia, situación entendida como aquella facultad para exigir al servidor público el cumplimiento de órdenes en cualquier momento, en cuanto al modo, tiempo o cantidad de trabajo e imponerle reglamentos, la cual debe mantenerse por todo el tiempo de duración del vínculo.

Además de las exigencias legales citadas, le corresponde a la parte demandante demostrar la permanencia, es decir, que la labor sea inherente a la entidad y la equidad o similitud, que es el parámetro de comparación con los demás empleados de planta, requisitos necesarios establecidos por la jurisprudencia para desentrañar de la apariencia del contrato de prestación de servicios, una verdadera relación laboral.

Adicional a lo anterior, y sin perjuicio de que pueda declararse la existencia de la relación laboral y puedan reconocerse derechos económicos laborales a quien fue vinculado bajo la modalidad de contrato de prestación de servicios que ocultó una verdadera relación laboral, por este sólo hecho de estar vinculado no se le puede otorgar la calidad de empleado público, dado que para ello es necesario que se den los presupuestos de nombramiento o elección y su correspondiente posesión como lo ha reiterado esta Corporación en diferentes fallos, entre los cuales cabe resaltar la sentencia del 28 de julio de 2005, Exp. 5212-03, C.P. Tarcisio Cáceres Toro, la cual efectuó un análisis de la forma de vinculación de los empleados públicos, precisando que:

“(…) para que una persona natural desempeñe un EMPLEO PÚBLICO, EN CALIDAD DE EMPLEADO PÚBLICO (RELACIÓN LEGAL Y REGLAMENTARIA) que se realice su ingreso al servicio público en la forma establecida en nuestro régimen, vale decir, requiere de la designación válida (nombramiento o elección, según el caso) seguida de la posesión, para poder entrar a ejercer las funciones del empleo. Con ello la persona nombrada y posesionada es quien se halla investida de las facultades y debe cumplir sus obligaciones y prestar el servicio correspondiente”.

Así es dable concluir, que no por el hecho de haber laborado para el Estado se adquiere la calidad de empleado público, dadas las condiciones especiales que se predican de dicha vinculación establecidas en la Constitución y la Ley.

De otra parte, al reunir los elementos de juicio para que se declare una relación laboral entre quien prestó el servicio y la entidad que se benefició con el mismo, se debe reconocer el derecho a obtener las prerrogativas de orden prestacional.
Sobre el punto es dable destacar lo reiterado en diversos pronunciamientos de esta Sección, referente al reconocimiento a título de indemnización reparatoria de las prestaciones sociales dejadas de percibir, en los siguientes términos:

“El fundamento según el cual el contratista que desvirtúa su situación no se convierte automáticamente en empleado público, no restringe la posibilidad de que precisamente luego de probar la subordinación se acceda a la reparación del daño, que desde luego no podrá consistir en un restablecimiento del derecho como el reintegro, ni el pago de los emolumentos dejados de percibir, pues evidentemente el cargo no existe en la planta de personal, pero sí el pago de la totalidad de las prestaciones sociales que nunca fueron sufragadas…”

Respecto a la liquidación de la condena, encuentra la Sala, que es razonable la posición que ha venido sosteniendo la Sección Segunda al ordenar a título de reparación del daño, el pago de las prestaciones sociales, con base en los honorarios pactados en el contrato, pues en razón a la inexistencia del cargo en la planta de personal dichos emolumentos son la única forma de tasar objetivamente los perjuicios, ya que la otra forma sería asimilarlo a un empleado de condiciones parecidas presentándose una situación subjetiva de la Administración para definir esta identidad, implicando reabrir la discusión al momento de ejecutar la sentencia”.

Sin embargo, advierte la Sala que en sentencia de 25 de agosto de 2016, la Sección Segunda de esta Corporación unificó el criterio de interpretación sobre el título en virtud del cual se reconocen las prestaciones sociales derivadas de un contrato realidad, en los siguientes términos:

“Frente al anterior panorama jurisprudencial, resulta imperioso unificar el precedente con el fin último de acoger el criterio que sea más favorable a los ciudadanos que acuden ante la justicia contencioso-administrativa en busca de obtener el reconocimiento de los derechos que eran inherentes a una relación laboral pero que la Administración disfrazó con la suscripción de un contrato estatal, para lo cual ha de advertirse que el restablecimiento del derecho es una consecuencia lógica de la nulidad que se decreta, ya que una vez ejecutoriada la sentencia que así lo declara, el acto administrativo desaparece del mundo jurídico, por lo que los derechos y situaciones afectados deben volver a su estado inicial (…)

Por consiguiente, no resulta procedente condenar a la agencia estatal demandada al pago de las prestaciones a las que tenía derecho el contratista-trabajador a título de reparación integral de perjuicios, dado que estas se reconocen como efecto de la anulación del acto que las negó, pese a su derecho a ser tratado en igualdad de condiciones que a los demás empleados públicos vinculados a través de una relación legal y reglamentaria, esto es, a pesar de tener una remuneración constituida por los honorarios pactados, le fue cercenado su derecho a recibir las prestaciones que le hubiere correspondido si la Administración no hubiese usado la modalidad de contratación estatal para esconder en la práctica una relación de trabajo” (Subraya la Sala).

Ahora bien, con el fin de determinar cuáles son las prestaciones sociales que se deberán reconocer al declararse una relación de carácter laboral, la Sala acude a la clasificación que se ha hecho de estas prestaciones sobre la base de quien debe asumirlas.

En ese orden de ideas, se encuentran las que son asumidas por el empleador directamente y las que se prestan o se reconocen de forma dineraria por el Sistema de Seguridad Social Integral.

Dentro de las prestaciones que están a cargo directamente del empleador se encuentran las ordinarias o comunes como son entre otras las primas y las cesantías; por otra parte, las prestaciones sociales que se encuentran a cargo del Sistema Integral de Seguridad Social son la salud, la seguridad social, los riesgos profesionales y el subsidio familiar, que para ser asumidas o reconocidas por cada sistema debe mediar una cotización.

Así, que en caso de que exista un contrato de trabajo o se posea la calidad de servidor público, la cotización debe realizarse por el empleador en el caso del sistema de riesgos profesionales y del sistema de subsidio familiar, y en el caso de cotizaciones a los sistemas de pensión y salud, deben realizarse por el empleador y el empleado en forma compartida según los porcentajes establecidos en la Ley para cada caso. La cotización al sistema de pensiones es del 16% del ingreso laboral la cual debe realizarse en un 75% por el empleador y en un 25% por el empleado; la cotización al sistema de salud es el 12.5% de lo netamente devengado correspondiéndole al empleador el 8.5 % y al empleado 4%.

Teniendo claro lo anterior, se advierte que la Sección Segunda de esta Corporación ha sostenido que es viable condenar y liquidar las prestaciones ordinarias, pero que no sucede lo mismo con las prestaciones que se encuentran a cargo de los sistemas de Seguridad Social en los siguientes términos:

“En lo relativo a las prestaciones sociales comunes u ordinarias, esta Sala no advierte dificultad para su condena y liquidación, pues están establecidas en las normas especiales que rigen dicha situación y su pago está a cargo del empleador; sin embargo, tratándose de las prestaciones compartidas y aquellas que cumplen un fin social, la situación debe ser analizada con otros criterios dependiendo del sujeto activo que efectúa la cotización”.

Por lo expuesto es dable concluir que en el caso de las prestaciones sociales a cargo de los sistemas de salud y pensiones, cubiertas por las entidades respectivas, derivadas de la financiación de las cotizaciones que efectúan las partes que integran la relación laboral, la entidad tendrá que aportar la cuota parte que dejó de trasladar a las entidades de seguridad social a las cuales cotizaba el contratista y no por la totalidad de la cotización que debía efectuar el actor.

2.5. Caso Concreto

Como quiera que la presente instancia es suscitada por los recursos de apelación formulados por el accionante y la entidad demandada Casa del Menor Marco Fidel Suárez, emprende la Sala el análisis de los reparos concretos formulados al fallo a través de sus respectivos apoderadas judiciales, bajo el examen de la normatividad aplicable y de los diferentes pronunciamientos jurisprudenciales inherentes al tema.

En relación con la inconformidad planteada por la apoderada judicial apelante, se ha de manifestar que la parte demandada reprocha específicamente de los argumentos esgrimidos en el fallo de instancia, la ausencia de la demostración del elemento de la subordinación necesario para la declaración de una relación laboral.

2.5.1. La prueba de la subordinación en el contrato realidad

Concurriendo la subordinación como elemento integrante de la relación laboral, incumbe a la Sala analizar si la actividad prevista en el objeto de los contratos suscritos y desarrollada en virtud de las órdenes de servicio, fue ejecutada de manera independiente por el accionante y correspondía a una labor coordinada entre éste y la respectiva entidad, o por el contrario, el demandante estaba sujeto a la subordinación que el Tribunal Administrativo de Boyacá encontró probada en la sentencia del 28 de noviembre de 2014.

En efecto se observa, que pese a que la vinculación del señor Luis Eduardo Moreno Caro se realizó mediante contratos de prestación de servicios celebrados bajo lineamientos de la Ley 80 de 1993 y en algunos periodos bajo órdenes de servicio, la ejecución de su actividad necesariamente implicó la prestación de manera directa y sin independencia en el cumplimiento de su labor, pues requerían de su presencia en las instalaciones de la entidad demandada, según se desprende del “OBJETO” de los contratos, de conformidad con los cuales el actor se comprometía a:

“Compartir, educar y orientar a los menores en las horas de comida, en las actividades diarias y de rutina,…Controlar permanentemente a los menores y garantizarles su permanencia dentro de la Institución,…Ejercer rigurosa vigilancia en la Institución y pasar revista por los dormitorios,…Hacer toda clase de requisas a los menores todos los días…Dirigir y participar en todas las actividades deportivas, recreativas, culturales y de capacitación, que se realicen en la Institución…Asistir a las reuniones del estudio de casos cuando sea necesario…Rendir informes por escrito sobre fugas, indisciplinas,…Deberá registrar en el libro de portería las diferentes novedades, ingreso y salida de personas a la Institución y revisión de objetos tanto de entrada como de salida.”

De acuerdo con la declaración testimonial del señor Arquímedes Salcedo, el accionante desarrolló el objeto de los contratos, como quiera que indicó:

“Yo certifico que el señor Moreno estuvo laborando como Agente Educador el inició en el 2002 y en el 2004 el quedó trabajando en la institución. Nosotros teníamos a cargo la protección y seguridad de los menores y de la Institución. Nosotros debíamos estar pendientes que los menores permanecieran en la Institución.”

Esas circunstancias evidencian la pérdida de autonomía e independencia para la ejecución de la labor contratada, así como el cumplimiento de labores primordiales para el funcionamiento de la entidad, relacionadas con el objetivo y misión de reeducar y resocializar menores infractores de la ley penal, demostrando una necesidad en la prestación del servicio de Agente o Guardián Educador y Conductor, que en ningún momento podía eludir la parte demandada.

De acuerdo con todo lo anterior y del acervo probatorio practicado, para la Sala es irrebatible el hecho de que la ejecución del objeto contractual no se hizo de manera independiente y autónoma como corresponde a una relación de carácter contractual soportada en la autonomía de la voluntad, sino que se trató de una relación en la que la labor asignada se cumplió bajo los condicionamientos fijados por la misma entidad, de acuerdo con las necesidades del servicio, asimilando dicha relación a una de carácter laboral.

En este orden de ideas, a la presente controversia le es aplicable el principio de la primacía de la realidad sobre formalidades, pues es indudable que el demandante se encontraba bajo las mismas condiciones de trabajo de los empleados de planta, así solo fuesen el “Director Administrativo”, “Subdirector Administrativo y Financiero”, y “Profesional Universitario”, es decir, desempeñando personalmente su labor en unos cargos que revestían la característica de permanente, y aun cuando no se estipulaba horario ni turnos dentro de las órdenes y los contratos, de las pruebas documentales y testimoniales se entiende que fueron impuestos, y que sí estaba obligado a cumplirlos, aspectos que dan cuenta que el actor se encontraba sujeto a subordinación y dependencia.

Así las cosas, es importante aclarar, como lo ha dicho de manera reiterada esta Sección, que la figura del contrato realidad es aplicable cuando se logra probar la continua prestación de los servicios personales remunerados, “propios de la actividad misional de la entidad contratante”, para ejecutarlos en sus propias dependencias o instalaciones, con sus elementos de trabajo, bajo sujeción de órdenes y condiciones que desbordan la órbita de la coordinación, se configura la subordinación propia de las relaciones laborales.

Adicional a lo anterior, la jurisprudencia de esta Corporación ha sostenido que en aquellos eventos en los que el objeto del contrato versa sobre funciones de carácter permanente, y en el proceso se demuestra que hubo subordinación o dependencia del empleador, surge el derecho al pago de prestaciones, porque de lo contario se afectan los derechos del trabajador.

Al respecto, en sentencia de unificación esta Sección precisó en materia de la figura jurídica del contrato realidad, lo siguiente:

“[…] el denominado “contrato realidad” aplica cuando se constata en juicio la continua prestación de servicios personales remunerados, propios de la actividad misional de la entidad contratante, para ejecutarlos en sus propias dependencias o instalaciones, con sus elementos de trabajo, bajo sujeción de órdenes y condiciones de desempeño que desbordan las necesidades de coordinación respecto de verdaderos contratistas autónomos, para configurar dependencia y subordinación propia de las relaciones laborales.

De igual manera, en reciente decisión la subsección B de esta sección segunda recordó que (i) la subordinación o dependencia es la situación en la que se exige del servidor público el cumplimiento de órdenes en cualquier momento, en cuanto al modo, tiempo o cantidad de trabajo, y se le imponen reglamentos, la cual debe mantenerse durante el vínculo; (ii) le corresponde a la parte actora demostrar la permanencia, es decir, que la labor sea inherente a la entidad, y la equidad o similitud, que es el parámetro de comparación con los demás empleados de planta, requisitos necesarios establecidos por la jurisprudencia, para desentrañar de la apariencia del contrato de prestación de servicios una verdadera relación laboral; y (iii) por el hecho de que se declare la existencia de la relación laboral y puedan reconocerse derechos económicos laborales a quien fue vinculado bajo la modalidad de contrato de prestación de servicios que ocultó una verdadera relación laboral, no se le puede otorgar la calidad de empleado público, dado que para ello es indispensable que se den los presupuestos de nombramiento o elección y su correspondiente posesión”. (Subrayado y resaltado fuera del texto).

La Sala en reciente pronunciamiento destacó el carácter excepcional de la modalidad de contratación de prestación de servicios:

“[…] el contrato de prestación de servicios es aquel por el cual se vincula excepcionalmente a una persona natural con el propósito de suplir actividades relacionadas con la administración o funcionamiento de la entidad, o para desarrollar labores especializadas que no puede asumir el personal de planta y que no admite el elemento de subordinación por parte del contratista, toda vez que debe actuar como sujeto autónomo e independiente bajo los términos del contrato y de la ley contractual”. (Subrayado intencional).

Es claro que la continua prestación de servicios realizada por el señor Luis Eduardo Moreno Caro le brindan un carácter de permanente, con lo que se colige que sus funciones no eran propias de un contrato, sino que obedecían más a las de una verdadera relación laboral entre las partes.

Luego entonces, este reproche al fallo apelado carece de fundamentación fáctico jurídica, por cuanto a diferencia de lo sostenido por la parte accionada, sí se probó la subordinación como elemento diferenciador del contrato laboral frente al de prestación de servicios, lo que le permitió al Tribunal Administrativo de Boyacá declarar la nulidad del acto acusado.

2.5.2. De la legitimación en la causa por pasiva

La legitimación en la causa por pasiva debe ser entendida como la relación jurídica que tiene el demandado para oponerse a las pretensiones formuladas por la parte demandante dentro de un proceso judicial. Cuando hay ausencia de este presupuesto, surge para el juez la obligación de declararse inhibido para decidir el asunto, esto, con el propósito de salvaguardar los derechos fundamentales al debido proceso y derecho a la defensa de los sujetos procesales.

Respecto a la capacidad que tienen las entidades públicas para comparecer al proceso judicial en calidad de demandados, el artículo 149 del Código Contencioso Administrativo, señalaba:

“ARTÍCULO 149.  HYPERLINK "https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=3992" \l "1" Modificado por el art. 49, Ley 446 de 1998 Las entidades públicas y las privadas que cumplan funciones públicas podrán obrar como demandantes, demandadas o intervinientes en los procesos contencioso administrativos, por medio de sus representantes, debidamente acreditados. Ellas podrán incoar todas las acciones previstas en este código si las circunstancias lo ameritan.

En los procesos contencioso administrativos la Nación estará representada por el ministro, director de departamento administrativo, superintendente, Registrador Nacional del Estado Civil, Fiscal General, Procurador o Contralor o por la persona de mayor jerarquía en la entidad que expidió el acto o produjo el hecho.

(…)”

Por su parte, el artículo 44 del Código de Procedimiento Civil determinaba quienes tienen la capacidad para ser partes dentro de un proceso, así:

“ARTÍCULO 44. Capacidad para ser parte y para comparecer al proceso. Toda persona natural o jurídica puede ser parte en un proceso.

Tienen capacidad para comparecer por sí al proceso, las personas que pueden disponer de sus derechos. Las demás deberán comparecer por intermedio de sus representantes, o debidamente autorizadas por éstos con sujeción a las normas sustanciales.

Las personas jurídicas comparecerán al proceso por medio de sus representantes, con arreglo a lo que disponga la Constitución, la ley o los estatutos.

Cuando el demandado sea una persona jurídica que tenga varios representantes o mandatarios generales distintos de aquéllos, podrá citarse a cualquiera de ellos, aunque no esté facultado para obrar separadamente.

(…)”

Sobre la legitimación en la causa, esta Corporación en sentencia de 23 de noviembre de 2017, estableció:

“(…) la legitimación en la causa por activa consiste, respecto del demandante, en ser la persona que de conformidad con la ley sustancial tiene interés en que mediante sentencia de fondo se resuelva si existe o no el derecho o la relación jurídica sustancial pretendida; por su parte, la legitimación en la causa por pasiva se predica de la persona o sujeto que tiene interés para discutir u oponer la pretensión del demandante (…)”.

2.5.2.1. Naturaleza jurídica de la Casa del Menor Marco Fidel Suárez como establecimiento público

Es la Ley 489 de 1998, la que estipula en su que las entidades descentralizadas del orden departamental se crean por ordenanza, y en su siguiente artículo define a los establecimientos públicos enlistando las características, así:

“Artículo 70º.- Establecimientos públicos. Los establecimientos públicos son organismos encargados principalmente de atender funciones administrativas y de prestar servicios públicos conforme a las reglas del Derecho Público, que reúnen las siguientes características:

a. Personería jurídica;

b. Autonomía administrativa y financiera;

c. Patrimonio independiente, constituido con bienes o fondos públicos comunes, el producto de impuestos, rentas contractuales, ingresos propios, tasas o contribuciones de destinación especial, en los casos autorizados por la Constitución y en las disposiciones legales pertinentes.”

Del mismo modo, dispuso que su autonomía administrativa y financiera se ejercerá conforme a los actos que los rigen y en el cumplimiento de sus funciones, ciñéndose a la norma que los creo y a sus estatutos internos, prohibiéndoles ejecutar actos distintos de los allí previstos, así como destinar cualquier parte de sus bienes o recursos para fines diferentes de los contemplados en ellos.

Bajo los anteriores supuestos, observa la Sala que el razonamiento concerniente a que la Casa del Menor Marco Fidel Suárez no es un establecimiento descentralizado por no tener personería jurídica, se muestra ausente de lógica argumentativa al ser precisamente la Ordenanza No. 023 de 1998, la que creó la fundación como institución de utilidad común, anunciando que será un establecimiento público del orden departamental con personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa, adscrita a la Secretaría de Promoción Social del Departamento de Boyacá. Mandato que en su propio designio permaneció incólume con la reglamentación y modificación formalizada, respectivamente, en las Ordenanzas No. 011 de 2006 y 00008 de 2009, al establecerse en esta última:

“La casa del(a) Menor Marco Fidel Suárez es un Establecimiento Público del orden departamental con patrimonio propio independiente y autonomía administrativa, ente descentralizado de la Secretaría de Desarrollo Humano del Departamento de Boyacá,…”

Resulta significativo acotar que un establecimiento público no deja de serlo porque la norma que lo crea omite enunciar taxativamente que gozará de personería jurídica, pues su unidad conceptual comprende este elemento fundamental y como característica esencial se torna inherente a su naturaleza, tal y como fue establecido por el examinado artículo 70, literal a) de la Ley 489 de 1998.

Sumado a que para determinar la legitimación en la causa, como facultad de formular o controvertir pretensiones en una relación jurídico procesal, en nada afecta el interés en litigio del sujeto activo o pasivo si la Directora de un extremo interviniente celebra un contrato de concesión, o si se discurre que la contraparte “…no tiene razón de ser y por ello puede desaparecer de un momento a otro,”.

De lo anterior, deviene fundado afirmar que el análisis del Tribunal Administrativo de Boyacá resultó acertado para declarar probada la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva, con relación al Departamento de Boyacá.

Otro de los cuestionamientos que postula el actor en su impugnación, se contrae al no reconocimiento del subsidio familiar, vacaciones, horas extras, prima de vacaciones y bonificación por servicios prestados, por lo que pasaremos a estudiarlos de forma independiente.

2.5.3. Del subsidio familiar

En estricto sentido el subsidio familiar es considerado como una prestación propia del régimen de seguridad social. La Corte Constitucional en Sentencia C-508 de 1997, puso de presente que, de acuerdo con su desarrollo legislativo, en Colombia, el subsidio familiar se puede definir como una prestación social legal de carácter laboral, y desde el punto de vista del empleador, es una obligación que la ley le impone. De tal manera que ha buscado beneficiar a los sectores más pobres de la población, estableciendo un sistema de compensación entre los salarios bajos y los altos, dentro de un criterio que mira a la satisfacción de las necesidades básicas del grupo familiar.

Inicialmente, el subsidio estuvo centrado en el componente monetario que se reconoce al trabajador, en razón de su carga familiar y de unos niveles de ingreso precarios, que le impiden atender en forma satisfactoria las necesidades más apremiantes en alimentación, vestuario, educación y alojamiento. En esa dimensión, el sistema de subsidio familiar es un mecanismo de redistribución del ingreso.

Posteriormente, se autorizó a las cajas de compensación el desarrollo de obras de beneficio social, lo cual les permitió diversificar su actividad, de manera que, además de la tarea de reparto del subsidio en dinero, incursionaran también en el reconocimiento de un subsidio en servicios, a través de programas de salud, educación, mercadeo y recreación.

El sistema de subsidio familiar, fue definido en la Ley 21 de 1982, con los siguientes componentes centrales: En primer término como “una prestación social pagadera en dinero, en especie y en servicios a los trabajadores de medianos y menores ingresos, en proporción al número de personas a cargo y su objetivo fundamental consiste en el alivio de las cargas económicas que representa el sostenimiento de la familia, como núcleo básico de la sociedad.”.

A partir de esta definición legal se constituyeron tres modalidades de subsidio familiar a saber: en dinero, en especie y en servicios. El subsidio en dinero es “la cuota monetaria que se paga por cada persona a cargo que dé derecho a la prestación”; el subsidio en especie es “el reconocimiento de alimentos, vestidos, becas de estudio, textos escolares, drogas y demás frutos o géneros diferentes al dinero que determine la reglamentación (...)”, y el subsidio en servicios es “aquél que se reconoce a través de la utilización de obras y programas sociales que organicen las Cajas de Compensación Familiar (...)”.

La ley dispone que todos los empleadores, tanto del sector privado como del público, tienen la obligación de efectuar aportes para el subsidio familiar en el porcentaje legalmente establecido sobre la nómina mensual de salarios. El acceso a los beneficios, sin embargo, es diferenciado, puesto que el sistema opera como mecanismo de solidaridad, tanto entre trabajadores de distintos niveles salariales, como entre diferentes empleadores, que tiene como beneficiarios directos a los trabajadores de más bajos ingresos.

Sobre ese esquema inicial, en diferentes etapas, se han introducido importantes reformas, entre ellas la derivada de la Ley 100 de 1993 que le asignó a las cajas de compensación un papel activo en la gestión del régimen subsidiado de salud, o la que amplió el papel de las cajas en la gestión del subsidio familiar de vivienda.

La transformación más importante del sistema se produjo con la expedición de las Leyes 633 de 2000 y 789 de 2002, que ampliaron el marco de acción de las cajas, vinculándolas, más allá de la administración de una prestación social de carácter laboral, al concepto global de la protección social, abriéndolo a la prestación de servicios para no afiliados y desempleados.

La Corte Constitucional, en la Sentencia C-834 de 2007 expresó que el concepto de “protección social” contenido en la Ley 789 de 2002, es distinto de “seguridad social”, por cuanto, “aquél es un conjunto de políticas públicas orientadas a disminuir la vulnerabilidad y a mejorar la calidad de vida de los colombianos, especialmente de los más desprotegidos, para obtener como mínimo los derechos a la salud, la pensión y al trabajo, al paso que, la seguridad social es, tanto un servicio público, como un derecho irrenunciable de toda persona, que adquiere el carácter de fundamental por conexidad, cuando resulten afectados derechos tales como la salud, la vida digna y la integridad física y moral, entre otros”.

Bajo los anteriores supuestos, observa la Subsección que en el caso concreto no se acreditó por parte del señor Luis Eduardo Moreno Caro la calidad de beneficiario del subsidio familiar reprochado, pues el artículo 5º de la citada Ley 21 de 1982 prevé que “El subsidio familiar se pagará exclusivamente a los trabajadores beneficiarios…”, enlistando los requisitos en su artículo 18, así:

“1º. Tener el carácter de permanentes.

2º. Encontrarse dentro de los límites de remuneración señalados en el artículo 20;

3º. Haber cumplido los requisitos de tiempo trabajado indicados en el artículo 23, y

4º. Tener personas a cargo, que den derecho a recibir la prestación, según lo dispuesto en el Capítulo IV de esta ley.”

De cuyo numeral cuarto, el artículo 27 establece que darán derecho al subsidio familiar las personas a cargo de los trabajadores beneficiaros que a continuación se enumeran:

“1º. Los hijos legítimos los naturales, los adoptivos y los hijastros.

2º. Los hermanos huérfanos de padre.

3º. Los padres del trabajador.”

Y a renglón seguido, determina que esos familiares se consideran personas a cargo cuando convivan y dependan económicamente del trabajador, sumado a que se hallen dentro de los condicionamientos indicados en el articulado sucesivo.

Luego entonces, las pruebas decretadas y practicadas no permiten llegar al convencimiento del cumplimiento a cabalidad de las exigencias legales para que el accionante sea beneficiario de esta prestación social, pues lo afirmado en el escrito de apelación tocante a que “Es inaceptable que se argumente que el Demandante pretende “beneficiarse en detrimento de la ley y del Orden Social…” por reclamar el subsidio familiar a que tiene derecho para su menor hija, por haber ejercido funciones en situación idéntica al empleado público.”, no va más allá de su propia aseveración, que además, carece de fundamentación probatoria por lo menos, para verificar el cuarto requisito que instituye el examinado artículo 18, máxime, cuando este pedimento no fue incoado en sede administrativa ni judicial, bastando la simple lectura de la reclamación administrativa y de la demanda, para observar que el supuesto fáctico que envuelve el derecho para su menor hija, deviene solo hasta el acotado escrito de apelación.

Razones por las cuales y en el desarrollo efectivo de la alzada interpuesta, no se revocará la decisión de negar la pretensión encaminada al pago del subsidio familiar analizado.

2.5.4. De las vacaciones y prima de vacaciones

Al observar que el demandante, tanto en sede administrativa como en la presente acción, solicitó el reconocimiento y pago de “Indemnización de Vacaciones” y “Prima de vacaciones”, se razona que lo fallado por el Tribunal Administrativo de Boyacá está en consonancia con los hechos probados y las pretensiones aducidas en la demanda y que no se decidió causa diferente a la invocada, por cuanto la sentencia del 28 de noviembre de 2014, al haber declarado la nulidad del acto administrativo demandado género, como consecuencia, el reconocimiento para el accionante de todas y cada una de las prestaciones no devengadas a pesar de haber gozado de los honorarios pactados contractualmente.

Al respecto, en sentencia de unificación del 25 de agosto de 2016, esta Corporación sostuvo:

“El restablecimiento del derecho es una consecuencia lógica de la nulidad que se decreta, ya que una vez ejecutoriada la sentencia que así lo declara, el acto administrativo desaparece del mundo jurídico, por lo que los derechos y situaciones afectados deben volver a su estado inicial, es decir, que en las controversias de contrato realidad hay lugar a reconocer las prestaciones que el contratista dejó de devengar y el tiempo de servicios con fines pensionales, pues su situación jurídica fue mediante un contrato estatal, pero que en su ejecución se dieron los elementos constitutivos de una relación laboral, que en caso de haber sido vinculado como empleado público hubiese tenido derecho a las mismas prestaciones que devengan los demás servidores de planta de la respectiva entidad (…)” (Subrayado fuera del texto).

Esa, es la razón argumentativa para el reconocimiento de las vacaciones y prima de vacaciones que fueron negadas en la sentencia impugnada, pero que a la luz de la normatividad que regula el tema, al considerárseles como prestaciones sociales emanadas de la relación laboral declarada, debieron estar comprendidas en la decisión al ser prestablecidas por el legislador dados los servicios subordinados ofrecidos al empleador, en virtud del régimen prestacional de los empleados del nivel nacional, que el Decreto 1919 de 2002 extendió a los del nivel territorial en su artículo 1º, bajo el siguiente tenor:

“A partir de la vigencia del presente Decreto todos los empleados públicos vinculados o que se vinculen a las entidades del nivel central y descentralizado de la Rama Ejecutiva de los niveles Departamental, Distrital y Municipal, a las Asambleas Departamentales, a los Concejos Distritales y Municipales, a las Contralorías territoriales, a las Personerías Distritales y Municipales, a las Veedurías, así como el personal administrativo de empleados públicos de las Juntas Administradoras Locales, de las Instituciones de Educación Superior, de las Instituciones de Educación Primaria, Secundaria y media vocacional, gozarán del régimen de prestaciones sociales señalado para los empleados públicos de la Rama Ejecutiva del Poder Público del Orden Nacional.” (Resaltado por la Sala).

Bajo esa tesitura, habrá de adicionarse la providencia apelada para incluir expresamente estas dos prestaciones donde el derecho al descanso previsto en el artículo 53 de la Constitución Política, al no haberse disfrutado de la forma establecida, será reconocido monetaria y excepcionalmente en los términos del Decreto 1045 de 1978:

“ARTÍCULO  20. De la compensación de vacaciones en dinero. Las vacaciones solo podrán ser compensadas en dinero en los siguientes casos:

a) Cuando el jefe del respectivo organismo así lo estime necesario para evitar perjuicios en el servicio público, evento en el cual solo puede autorizar la compensación en dinero de las vacaciones correspondientes a un año;

b) Cuando el empleado público o trabajador oficial quede retirado definitivamente del servicio sin haber disfrutado de las vacaciones causadas hasta entonces.”

Aunada la regulación que trae este precepto en su artículo 8º, sobre las vacaciones de los empleados públicos y de los trabajadores oficiales en los siguientes términos:

“ARTÍCULO  8. De las vacaciones. Los empleados públicos y trabajadores oficiales tienen derecho a quince (15) días hábiles de vacaciones por cada año de servicios, salvo lo que se disponga en normas o estipulaciones especiales.

En los organismos cuya jornada semanal se desarrolle entre lunes y viernes, el sábado no se computará como día hábil para efecto de vacaciones.”

2.5.5.1. Del régimen sobre la jornada laboral de los empleados públicos territoriales
De acuerdo con la tesis adoptada por la Sección, el régimen que gobierna la jornada ordinaria de trabajo de los empleados públicos del orden territorial es el contenido en el Decreto 1042 de 1978, conclusión que se deriva de la remisión inicial que hizo la Ley 27 de 1992, que no solamente mencionó el régimen de carrera administrativa, sino, también el régimen de administración de personal, el cual comprende, dentro de una interpretación amplia, el concepto de jornada de trabajo, tal como lo ha definido reiteradamente esta Corporación.

La Corte Constitucional en la sentencia C-1063 de 2000 mediante la cual se declaró la exequibilidad de la parte inicial del artículo 3º de la Ley 6ª de 1945, que contempla una jornada de trabajo de 8 horas diarias y 48 horas semanales, precisó que tal norma cobijaría únicamente a los trabajadores oficiales de cualquier orden, pues respecto de los empleados públicos y de los trabajadores del sector privado, otras disposiciones regularon el tema de la jornada de trabajo máxima legal.

.

De acuerdo con el artículo 33 del Decreto 1042 de 1978, la jornada ordinaria laboral de los empleados públicos corresponde a cuarenta y cuatro (44) horas semanales. La mencionada disposición también prevé la existencia de una jornada especial de doce horas diarias, sin exceder el límite de 66 horas semanales, para empleos cuyas funciones implican el desarrollo de actividades discontinuas, intermitentes o de simple vigilancia.

Dentro de los límites fijados por la norma, el jefe del organismo podrá establecer el horario de trabajo y compensar la jornada del sábado con el tiempo diario adicional de labor, sin que en ningún caso dicho tiempo compensatorio constituya trabajo suplementario o de horas extras; por otra parte, el trabajo realizado el día sábado no da derecho a remuneración adicional, salvo que exceda la jornada máxima semanal, aplicándose lo dispuesto para las horas extras.

La regla general para empleos de tiempo completo es de 44 horas semanales y por excepción la Ley 909 de 2004, creó empleos de medio tiempo o de tiempo parcial.

La jornada laboral se encuentra íntimamente ligada al salario, el cual puede tener variables según la naturaleza de las funciones y las condiciones en que se deben ejercer; dentro de dichas variables se encuentra por ejemplo el trabajo nocturno comprendido entre las 6 p.m. y las 6 a.m., que tiene una sobre remuneración del 35%, o el trabajo suplementario por dominicales y festivos, así como el ordinario o habitual y el ocasional, que tiene una regulación específica.

2.5.5.2. Recargo Nocturno

El artículo 35 del Decreto 1042 citado, regula que cuando las labores se desarrollen ordinaria o permanentemente en jornadas que incluyan horas diurnas y horas nocturnas, la parte del tiempo laborado durante éstas últimas se remunerará con recargo del 35%, pero podrá compensarse con periodos de descanso.

2.5.5.3. Trabajo ordinario en días dominicales y festivos

El artículo 39 del Decreto 1042 de 1978, regula el trabajo ordinario en días dominicales y festivos, y la forma en que se debe remunerar.

Conforme a dicha norma, el trabajo realizado en días de descanso obligatorio es trabajo suplementario por cumplirse por fuera de la jornada ordinaria y recibe una remuneración diferente a la señalada para el trabajo realizado como suplementario en días hábiles, que corresponde al doble del valor de un día de trabajo por cada dominical o festivo laborado, es decir, con un recargo del 100%, sin perjuicio de la remuneración habitual.

Establece igualmente, el derecho a disfrutar de un día de descanso compensatorio, cuya remuneración se entiende incluida en el valor del salario mensual y cuando dicho compensatorio no se concede o el funcionario opta porque se retribuya o compense en dinero (si el trabajo en dominical es ocasional), la retribución debe incluir el valor de un día ordinario adicional.

2.5.5.4. Jornada Extraordinaria

Está regulada en los artículos 36, 37 y 38 del Decreto Ley 1042 de 1978 y en las normas que anualmente establecen las escalas de asignación básica mensual para los empleados públicos. Entendiéndose como tal, la jornada que excede a la ordinaria. Se presenta cuando por razones especiales del servicio es necesario realizar trabajos en horas distintas de la jornada ordinaria de labor, en cuyo caso, el jefe del respectivo organismo o las personas en quienes esté delegada la función, autorizan el descanso compensatorio o el pago de horas extras.

Para su reconocimiento y pago deben cumplirse los siguientes requisitos:

i) Que el empleado pertenezca a los niveles técnico y asistencial hasta los grados 09 y 19, respectivamente.

ii) Que el trabajo suplementario sea autorizado previamente mediante comunicación escrita.

iii) Su remuneración se hará: con un recargo del 25% si se trata de trabajo extra diurno o con un recargo del 75% cuando se trate de horas extras nocturnas.

iv) No se puede pagar en dinero más de 50 horas extras mensuales.

v) Las horas extras trabajadas que excedan el tope señalado se pagarán con tiempo compensatorio a razón de un día hábil por cada 8 horas extras trabajadas.

vi) Si el empleado se encuentra en comisión de servicios, y trabaja horas extras, igualmente tendrá derecho a su reconocimiento y pago.

vii) Son factor de salario para la liquidación de cesantías y pensiones.

En efecto, la apoderada judicial del recurrente endilga la demostración de las horas extras diurnas, nocturnas y dominicales a los contratos suscritos y a los testimonios rendidos, debiéndose insistir que la calidad de empleado público se otorga por la vinculación generada en el nombramiento o elección y su correspondiente posesión, sin que sobrevenga por el eventual reconocimiento de una relación laboral encubierta en contratos de prestación de servicios, frente a lo cual esta Subsección en sentencia del 6 de octubre de 2016, tras analizar lo dispuesto en el artículo 42 del Decreto 1042, respecto a los factores constitutivos de salario, instruyó:

“tal regulación tiene como destinatarios a los empleados públicos, condición de la cual carece el actor y por la que no es posible admitir que estuvo sujeto a la jornada ordinaria laboral prevista en el artículo 33 del Decreto 1042 de 1978, lo que excluye la posibilidad de reconocimiento y pago del trabajo suplementario.”

Esto ha generado que al no ostentar el señor Luis Eduardo Moreno Caro la calidad de empleado público es inadmisible la aplicación de este precepto, teniéndose que confirmar la decisión de negar el reconocimiento de la bonificación por servicios prestados, horas extras diurnas y nocturnas, porque respecto de las dominicales acotadas en la apelación, su análisis transgrediría los derechos de defensa y contradicción de la parte pasiva, por no haber sido reclamadas administrativamente ni pretendidas en el presente asunto, por cuanto sólo se habló de ellas en el escrito de alzada, específicamente a folios 482 y 483.

En lo relativo a la petición de modificar el numeral cuarto por tratarse de una condena a título de indemnización, ha de reiterarse que en la aludida sentencia de unificación CE-SUJ2-005-16 del 25 de agosto de 2016, la Sección Segunda de esta Corporación instituyó algunas subreglas, entre ellas que el reconocimiento de prestaciones, derivado de la nulidad del acto administrativo que niega la existencia de la relación laboral, procede a título de restablecimiento del derecho, en la medida que al trabajador ligado mediante contratos de prestación de servicios, “…pese a su derecho a ser tratado en igualdad de condiciones que a los demás empleados públicos vinculados a través de una relación legal y reglamentaria…le fue cercenado su derecho a recibir las prestaciones que le hubiere correspondido si la Administración no hubiese usado la modalidad de contratación estatal para esconder en la práctica una relación de trabajo”, razón por la que habrá de modificarse el numeral respecto al título de indemnización, acatando la unificación del criterio de interpretación sobre este aspecto, en virtud del cual se han de reconocer las prestaciones sociales.

Ahora y en cuanto al “…condicionamiento en cuanto a los derechos que tiene mi poderdante, objeto de las pretensiones en igualdad de derechos con los empleados públicos del nivel Departamental,” observado en este mismo numeral cuarto por la apoderada judicial del actor, no se revocará la parte pertinente de la decisión por cuanto, tal y como se acaba de analizar del fragmento jurisprudencial transcrito, al haberse declarado la relación laboral entre el señor Luis Eduardo Moreno y la Casa del Menor Marco Fidel Suarez, surge el derecho a recibir las garantías de carácter prestacional en igualdad de condiciones de quienes realizan la misma función pero en calidad de servidores públicos, que en sí mismo, representa el designio del principio constitucional de la primacía de la realidad sobre la formalidad en esta clase de asuntos, al que de manera alguna el Tribunal Administrativo de Boyacá le impuso el condicionamiento aludido en la apelación.

Una vez definidos todos y cada uno de los puntos de inconformidad de los apelantes, es el turno de resolver lo referente a la prescripción de las prestaciones sociales a que tiene derecho el demandante, en consonancia con la declaratoria del reconocimiento del contrato realidad.

Para ello, es oportuno traer a colación lo pronunciado por el artículo 41 del Decreto 3135 de 1968 y el artículo 102 del Decreto 1848 de 1969, en donde se establece el término de tres años para aplicar la prescripción extintiva de los derechos prestacionales, que deberán contarse a partir de la finalización de cada contrato, a menos que haya continuidad en los mismos de conformidad con lo estimado en el artículo 10 del Decreto 1045 de 1978, que erige:

“Para el reconocimiento y pago de vacaciones se computará el tiempo servido en todos los organismos a que se refiere el artículo 2º de este Decreto, siempre que no haya solución de continuidad. Se entenderá que hubo solución de continuidad cuando medien más de quince días hábiles de interrupción en el servicio a una y otra entidad.”

Ahora bien, adicionalmente haremos uso de las subreglas establecidas en la examinada sentencia de unificación del 25 de agosto de 2016, con referencia CE-SUJ2-005-16, donde en este tema dispuso:

“En aquellos contratos de prestación de servicios, pactados por un interregno determinado y que la ejecución entre uno y otro tiene un lapso de interrupción, frente a cada uno de ellos habrá de analizarse la prescripción a partir de sus fechas de finalización, puesto que uno de los fundamentos de la existencia del contrato realidad es precisamente la vocación de permanencia en el servicio. Por consiguiente, le corresponderá al juez verificar si existió o no la citada interrupción contractual, que será excluida de reconocimiento y examinada en detalle en cada caso particular, en aras de proteger los derechos de los trabajadores, que han sido burlados por las autoridades administrativas al encubrir una relación laboral bajo contratos de prestación de servicios.

Pese a lo expuesto, la Sala aclara que la prescripción extintiva no se aplica frente a los aportes para pensión, en atención a la condición periódica del derecho pensional, que los hace imprescriptibles, pues aquellos se causan día a día y en tal sentido se pueden solicitar en cualquier época, mientras que las prestaciones sociales y salariales, al ser pagadas por una sola vez, sí son susceptibles del mencionado fenómeno, por tener el carácter de emolumentos económicos temporales (…)”. (Subrayado fuera del texto)

Bajo estos preceptos, para no decidir causa diferente a la invocada, inicialmente examinaremos las órdenes y los contratos de prestación de servicios celebrados por el señor Luis Eduardo Moreno Caro con la Casa del Menor Marco Fidel Suarez, que en consonancia con los hechos probados y las pretensiones aducidas en la demanda, los extremos temporales han sido solicitados por el accionante en tres interregnos, a saber:

i. Del 19 de diciembre de 2001 al 15 de febrero de 2002,
ii. Del 27 de mayo de 2002 al 28 de febrero de 2008 y
iii. Del 1º de abril al 31 de diciembre de 2008.

En consecuencia, siguiendo los preceptos afincados en la sentencia de unificación de jurisprudencia previamente citada, para determinar la prescripción de las prestaciones, se advierte que la solicitud de reconocimiento de la relación laboral fue radicada en el despacho del Gobernador de Boyacá, el 28 de junio de 2011, lo que suscita el acaecimiento del fenómeno jurídico prescriptivo sobre los dos primeros periodos, es decir los comprendidos del 19 de diciembre de 2001 al 15 de febrero de 2002 y del 27 de mayo de 2002 al 28 de febrero de 2008, como quiera que entre la finalización del último contrato del segundo periodo y la iniciación del primer contrato del tercer periodo, se ocasionó una interrupción de 19 días hábiles, superiores a los 15 que la normatividad exige para que opere la solución de continuidad, en la medida que no se probó que para el 28 de junio de 2008 se presentaron las reclamaciones administrativas que hubiesen suspendido su prescripción, o que para el efecto generaría el mismo fenómeno en atención al fenecimiento de la oportunidad para reclamar, no fueron solicitadas antes del 28 de febrero de 2011, esto es, dentro de los tres años siguientes a la finalización del último contrato del segundo periodo.

En función de lo dicho, habrá de modificarse el primer inciso del numeral tercero de la sentencia recurrida, para declarar que el periodo reconocido comprende desde el 1º de abril al 30 de diciembre de 2008, al haberse acreditado que la terminación del contrato de prestación de servicios No. 453 fue el 30 de diciembre de 2008.

No obstante lo argüido, teniendo en cuenta la tesis planteada por la Sala de Sección en la sentencia de unificación aplicada, dado que los aportes al sistema de seguridad social en pensiones son imprescriptibles, la entidad accionada deberá tomar durante el tiempo comprendido entre los vínculos contractuales efectivamente reconocidos, el ingreso base de cotización (IBC) pensional del demandante, mes a mes, y si existe diferencia entre los aportes realizados como contratista y los que se debieron efectuar, cotizar al respectivo fondo de pensiones la suma faltante por concepto de aportes a pensión solo en el porcentaje que le correspondía como empleador.

Para tales efectos, el actor deberá acreditar las cotizaciones que realizó al mencionado sistema durante estos vínculos contractuales y en la eventualidad que no las hubiese hecho o existiese diferencia en su contra, tendrá la carga de cancelar o completar, según el caso, el porcentaje que le incumbía como trabajador.

III. DECISIÓN

Para concluir, esta Sala confirmará parcialmente la sentencia proferida en primera instancia por el Tribunal Administrativo de Boyacá el 28 de noviembre de 2014, apelada por el demandante Luis Eduardo Moreno Caro y la entidad accionada Casa del Menor Marco Fidel Suárez, pero haciendo las siguientes modificaciones, según lo estimado en la parte motiva:

3.1. Incluir el reconocimiento de la compensación por vacaciones no disfrutadas y prima de vacaciones.

3.2. Aclarar que el reconocimiento de las prestaciones procede a título de restablecimiento del derecho.

3.3. Declarar prescritos los interregnos contractuales del 19 de diciembre de 2001 al 15 de febrero de 2002 y del 27 de mayo de 2002 al 28 de febrero de 2008.

3.4. Declarar que el periodo de la relación laboral reconocida comprende desde el 1º de abril al 30 de diciembre de 2008.

3.5. Ordenar que la entidad accionada tome durante el tiempo comprendido entre los vínculos contractuales reconocidos, el ingreso base de cotización (IBC) pensional del demandante, mes a mes, y si existe diferencia entre los aportes realizados como contratista y los que se debieron efectuar, cotizar al respectivo fondo de pensiones la suma faltante por concepto de aportes a pensión solo en el porcentaje que le correspondía como empleador.

3.6. Disponer que el accionante acredite las cotizaciones que realizó al mencionado sistema durante esos vínculos contractuales y en la eventualidad que no las hubiese hecho o existiese diferencia en su contra, tendrá la carga de cancelar o completar, según el caso, el porcentaje que le incumbía como trabajador.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO.- CONFIRMAR PARCIALMENTE la sentencia proferida el 28 de noviembre de 2014 por el Tribunal Administrativo de Boyacá, que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda presentada por LUIS EDUARDO MORENO CARO contra el DEPARTAMENTO DE BOYACÁ - CASA DEL MENOR MARCO FIDEL SUÁREZ.

SEGUNDO.- ADICIONAR el reconocimiento y pago de la compensación por vacaciones no disfrutadas junto con la prima de vacaciones y declarar que los periodos efectivamente laborados comprenden desde el 1º de abril al 30 de diciembre de 2008, acorde con lo considerado en el presente proveído.

TERCERO.- MODIFICAR el numeral “4”, en el sentido de aclarar que el reconocimiento de las prestaciones procede a título de restablecimiento del derecho y no a título de indemnización, según lo analizado en el acápite correspondiente de esta sentencia.

CUARTO.- MODIFICAR numeral “3”, para declarar prescritos los interregnos contractuales del 19 de diciembre de 2001 al 15 de febrero de 2002 y del 27 de mayo de 2002 al 28 de febrero de 2008, tal como quedó explicado en la parte motiva de la sentencia.

QUINTO.- REVOCAR del inciso final del numeral “3.”, la decisión de “En su defecto, la Entidad efectuará las cotizaciones a que haya lugar, descontando de las sumas adeudadas al actor el porcentaje que a ésta corresponda, conforme se expuso en la parte considerativa del presente proveído.” para ordenar que la entidad demandada deberá (i) tomar durante el tiempo comprendido entre el 1º de abril al 30 de diciembre de 2008, el ingreso base de cotización (IBC) pensional del demandante, mes a mes, y si existe diferencia entre los aportes realizados como contratista y los que se debieron efectuar, cotizar al respectivo fondo de pensiones la suma faltante por concepto de aportes a pensión solo en el porcentaje que le correspondía como empleador; (ii) para efectos de lo anterior, el accionante deberá acreditar las cotizaciones que realizó al mencionado sistema durante sus vínculos contractuales y en la eventualidad de que no las hubiese hecho o existiese diferencia en su contra, tendrá la carga de cancelar o completar, según el caso, el porcentaje que le incumbía como trabajador, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente providencia.

SEXTO.- RECONOCER personería jurídica a la abogada Francy Liliana Panqueba Muñoz, identificada con cédula de ciudadanía 33.378.064 de Tunja y tarjeta profesional 211.514 del Consejo Superior de la Judicatura, para actuar como apoderada de la Casa del Menor Marco Fidel Suarez, en los términos y para los efectos del poder allegado a folio 539.

SÉPTIMO.- Por Secretaría, devuélvase el expediente al Tribunal de origen.

CÓPIESE, COMUNÍQUESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

CÉSAR PALOMINO CORTÉS

SANDRA LISETT IBARRA VÉLEZ CARMELO PERDOMO CUÉTER

Folios 2 al 4. Folios 321 a 323. Folio 516. Folios 134 al 138. Folios 139 al 143. Folios 144 al 148. Folios 25 y 26. Folios 20 y 21. Corte Constitucional, Sentencia del 19 de marzo de 1997, M.P. Hernando Herrera Vergara.
“Por el cual se establece la naturaleza general de las funciones y los requisitos generales para los diferentes empleos públicos de las entidades del Orden Nacional a las cuales se aplica la Ley 443 de 1998 y se dictan otras disposiciones, publicado en el Diario Oficial No. 43.449 del 11 de diciembre de 1998.”
Ibídem. Consejo de Estado, Sala Plena, radicación IJ 0039-01, M.P.: Dr. Nicolás Pájaro Peñaranda, Demandante: María Zulay Ramírez Orozco. Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia de fecha 29 de septiembre de 2005, radicación Nro. 68001-23-15-000-1998-01445-01, referencia Nro. 02990-05, actor: Mónica María Herrera Vega, demandado: Municipio de Floridablanca, C.P.: Dr. Tarsicio Cáceres Toro. Sentencia de 15 de Junio de 2006, Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección “B”, radicación No. 2603-05, C.P. Dr. Jesús María Lemos Bustamante, en esta ocasión se expuso que: “cuando existe contrato de prestación de servicios entre una persona y una entidad pública y se demuestra la existencia de los tres elementos propios de toda relación de trabajo, esto es, subordinación, prestación personal y remuneración, surge el derecho a que sea reconocida una relación de trabajo que, en consecuencia, confiere al trabajador las prerrogativas de orden prestacional”.
(…)
“En consecuencia, se reconocerá una indemnización por las prestaciones sociales dejadas de percibir, para cuya liquidación se tomará como base el valor del respectivo contrato u orden de prestación de servicios”. Consejo de Estado. Sección Segunda, Sentencia del 19 de febrero de 2009. Rad. 3074-05. C.P. Bertha Lucía Ramírez de Páez. Consejo de Estado. Sección Segunda. Sentencia de 25 de agosto de 2016. Radicación 23001-23-33-000-2013-00260-01(0088-15) CE-SUJ2-005-16. C.P. Carmelo Perdomo Cuéter. Consejo de Estado. Sección Segunda, Sentencia del 27 de febrero de 2014. Rad. 1994-13. C.P. Bertha Lucía Ramírez de Páez (E). Folios 476 al 478. Folios 30 y 31. Folio 422. Artículo 2º de la Ordenanza No. 023 del 24 de diciembre de 1998. Folios 399 y 400. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, consejero ponente: William Hernández Gómez, Bogotá D.C., diez (10) de mayo de dos mil dieciocho (2018), radicación número: 08001-23-33-000-2012-00161-01(3809-14), actor: Piedad del Carmen González Mendoza, demandado: Municipio de Tubará (Atlántico), medio de control: nulidad y restablecimiento del derecho. Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, CP. Nicolás Pájaro Peñaranda, sentencia de 18 de noviembre de 2003, expediente: IJ-0039, actor: María Zulay Ramírez Orozco. En similares términos, se pronunció el Consejo de Estado, sección segunda, subsección B, en sentencia de 27 de enero de 2011, consejero ponente: Víctor Hernando Alvarado Ardila, expediente: 5001-23-31-000-1998-03542-01(0202-10). Consejo de Estado, sección segunda, subsección B, consejero ponente: Gerardo Arenas Monsalve, sentencia de 4 de febrero de 2016, expediente: 81001-23-33-000-2012-00020-01 (0316-2014), actora: Magda Viviana Garrido Pinzón, demandado: Unidad Administrativa Especial de Arauca. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Consejero Ponente: Carmelo Perdomo Cuéter, Bogotá, D. C., veinticinco (25) de agosto de dos mil dieciséis (2016), Radicación número: 23001-23-33-000-2013-00260-01(0088-15)CE-SUJ2-005-16, Actor: Lucinda María Cordero Causil, Demandado: Municipio de Ciénaga de Oro (Córdoba), Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho, Tema: Contrato realidad (docente) Actuación: Sentencia de unificación jurisprudencial CE-SUJ2 No. 5 de 2016, conforme al artículo 271 de la Ley 1437 de 2011.

Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, Consejero ponente: Carmelo Perdomo Cueter, Bogotá, D.C., primero (1) de marzo de dos mil dieciocho (2018), Radicación número: 23001-23-33-000-2013-00117-01(3730-14), actor: Zuly Fátima Núñez Pacheco, demandado: Instituto Departamental De Deportes Córdoba - Indeportes Córdoba, referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho. Sentencia de 23 de Noviembre de 2017, MP. MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO (E). Rad. 11001-03-26-000-2008-00006-00. Artículo 71. Artículo 1º, folio 134. Reverso del folio 143. Folio 480. La Corte Suprema de Justicia, ha establecido que las prestaciones sociales son todo aquello que debe el empleador al trabajador en dinero, especie, servicios u otros beneficios, por ministerio de la ley, o por haberse pactado en convenciones colectivas, pactos colectivos, contrato de trabajo, reglamento interno de trabajo, fallos arbitrales o en cualquier acto unilateral del empleador, para cubrir riesgos o necesidades del trabajador que se originan durante la relación de trabajo o con motivo de la misma. Sobre el particular ver las sentencias de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral del 9 de septiembre de 1982, 18 de julio de 1985 y 12 de febrero de 1993. Artículo 1º de la Ley 21 de 1982. Artículo 5º de la Ley 21 de 1982. Corte Constitucional, Sentencia C-440 de 2011, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo. Folio 481. Folios 25 y 3. Consejo de Estado. Sección Segunda. Sentencia de 25 de agosto de 2016. Radicación: 23001-23-33-000-2013-00260-01(0088-15) CE-SUJ2-005-16. C.P. Carmelo Perdomo Cuéter.
“Artículo 53. El Congreso expedirá el estatuto del trabajo. La ley correspondiente tendrá en cuenta por lo menos los siguientes principios mínimos fundamentales: Igualdad de oportunidades para los trabajadores; remuneración mínima vital y móvil, proporcional a la cantidad y calidad de trabajo; estabilidad en el empleo; irrenunciabilidad a los beneficios mínimos establecidos en normas laborales; facultades para transigir y conciliar sobre derechos inciertos y discutibles; situación más favorable al trabajador en caso de duda en la aplicación e interpretación de las fuentes formales de derecho; primacía de la realidad sobre formalidades establecidas por los sujetos de las relaciones laborales; garantía a la seguridad social, la capacitación, el adiestramiento y el descanso necesario; protección especial a la mujer, a la maternidad y al trabajador menor de edad. El estado garantiza el derecho al pago oportuno y al reajuste periódico de las pensiones legales. Los convenios internacionales del trabajo debidamente ratificados, hacen parte de la legislación interna. La ley, los contratos, los acuerdos y convenios de trabajo, no pueden menoscabar la libertad, la dignidad humana ni los derechos de los trabajadores.” (Subrayado fuera del texto original).
“Por el cual se fijan las reglas generales para la aplicación de las normas sobre prestaciones sociales de los empleados públicos y trabajadores oficiales del sector nacional.”. Sentencia de fecha diecisiete (17) de agosto de dos mil seis (2006). Exp. No. 05001-23-31-000-1998-01941-01 (5622-05) Actora: Silvia Elena Arango Castañeda. Demandado: Hospital General de Medellín. Consejera Ponente: Dra. Ana Margarita Olaya Forero. Decreto 1042 de 1978, artículo 33. Artículo 22. Consejo de Estado, sala de lo contencioso-administrativo, sección segunda, subsección B, sentencia de 6 de octubre de 2016, expediente 66001-23-33-000-2013-00091-01(0237-14), consejera ponente: Sandra Lisset Ibarra Vélez, actor: Miguel Ángel Castaño Gallego, demandado: Municipio de Pereira - secretaría de educación.
“ARTÍCULO  42. De otros factores de salario.

Además de la asignación básica fijada por la ley para los diferentes cargos, del valor del trabajo suplementario y del realizado en jornada nocturna o en días de descanso obligatorio, constituyen salario todas las sumas que habitual y periódicamente recibe el empleado como retribución por sus servicios. Son factores de salario:
a. Los incrementos por antigüedad a que se refieren los artículos 49 y 97 de este Decreto.
b. Los gastos de representación.
c. La prima técnica.
d. El auxilio de transporte.
e. El auxilio de alimentación.
f. La prima de servicio.
g. La bonificación por servicios prestados.
h. Los viáticos percibidos por los funcionarios en comisión.”
Folio 484.
“Las acciones que emanen de los derechos consagrados en este decreto prescribirán en tres años contados desde que la respectiva obligación se haya hecho exigible. El simple reclamo escrito del empleado o trabajador ante la autoridad competente, sobre un derecho o prestación debidamente determinado, interrumpe la prescripción, pero sólo por un lapso igual.”
“Prescripción de acciones. 1. Las acciones que emanan de los derechos consagrados en el Decreto 3135 de 1968 y en este Decreto, prescriben en tres (3) años, contados a partir de la fecha en que la respectiva obligación se haya hecho exigible. 2. El simple reclamo escrito del empleado oficial formulado ante la entidad o empresa obligada, sobre un derecho o prestación debidamente determinado, interrumpe la prescripción, pero solo por un lapso igual.”
Respecto de la oportunidad a partir de la cual debe contabilizarse el aludido interregno, es del caso interpretar los artículos 41 del Decreto 3135 de 1968 y 102 del Decreto 1848 de 1969, en armonía con el mandato contenido en el artículo 12 (numeral 2) del convenio 95 de la OIT, de acuerdo con el cual los ajustes finales de los salarios debidos tienen lugar desde la terminación del nexo contractual con el empleador, por cuanto es desde ese momento en que se podrá demostrar que durante la ejecución del contrato de prestación de servicios se dieron los elementos constitutivos de una relación laboral con el Estado (prestación personal del servicio, remuneración y subordinación) y, en consecuencia, reclamar el pago de las prestaciones a las que tendría derecho de comprobarse ese vínculo, todo lo anterior en virtud de los principios de favorabilidad, irrenunciabilidad a los beneficios mínimos establecidos en normas laborales, progresividad y prohibición de regresividad en materia de derechos sociales, así como los derechos constitucionales al trabajo en condiciones dignas e irrenunciabilidad a la seguridad social. Cuarta pretensión, folio 3. Folios 25 y 26. Folio 133. Reverso del folio 471.

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