Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 15001-23-31-001-2010-01537-01
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 15001-23-31-001-2010-01537-01
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 15001-23-31-001-2010-01537-01
Consejero ponente: Hernando Sanchez Sanchez
18 de abril de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Bogotá, D.C., dieciocho (18) de abril de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: Acción de nulidad
Número único de radicación: 15-001-23-31-001-2010-01537-01
Demandante: Wilson Heladio Silva Vargas
Demandada: Municipio de Ramiriquí, Boyacá
Tema: Confirma sentencia de primera instancia que declaró la nulidad del acto
acusado. Recurso de apelación. Otorgamiento de facultades al alcalde por parte del
Concejo Municipal para celebrar operaciones de crédito público. Compromiso de
vigencias futuras ordinarias por parte de las entidades territoriales. Del debido proceso
en las actuaciones judiciales. Sin condena en costas al no estar acreditadas.
SENTENCIA EN SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la
sentencia proferida, en primera instancia, el 18 de junio de 2015 por la Sala de
Decisión núm. 11D del Tribunal Administrativo de Boyacá, que accedió a las
pretensiones de la demanda.
La presente providencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii)
Consideraciones de la Sala; y iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a continuación.
I. ANTECEDENTES
La demanda1
1. Wilson Heladio Silva Vargas, en adelante la parte demandante, presentó
demanda contra el Municipio de Ramiriquí, Boyacá2, en adelante la parte demandada,
1 Folios 1 al 14 del cuaderno núm. 1 del expediente.
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Demandante: Wilson Heladio Silva Vargas
en ejercicio de la acción de nulidad prevista en el artículo 84 del Decreto 01 de 2 de
enero de 19843, en adelante, Código Contencioso Administrativo.
Las pretensiones
2. La parte demandante formuló las siguientes pretensiones4:
“[…]
1º Declarar que ES NULO el Acuerdo Número 014 del 23 de Agosto de 2010 “POR
MEDIO DEL (sic) SE AUTORIZA AL SEÑOR ALCALDE DEL MUNICIPIO DE
RAMIRIQUI PARA ADQUIRIR OBLIGACIONES FINANCIERAS Y DE LEASING Y
COMPROMETER RECURSOS QUE AFECTEN LOS PRESUPUESTOS DE
VIGENCIAS FUTURAS DEL SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES EN LOS
SECTORES DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL, EQUIPAMIENTO MUNICIPAL E
INFRAESTRUCTURA VIAL; CON EL FIN DE GARANTIZAR LA EJECUCIÓN DE
PROYECTOS DECLARADOS DE IMPORTANCIA ESTRATEGICA PARA EL
MUNICIPIO Y QUE SE ENCUENTRAN INCLUIDO EN EL PLAN DE DESARROLLO
2008-2011”.
2º Si es conveniente se promuevan las presuntas acciones disciplinarias ante la
procuraduría general de la nación y penales ante la fiscalía general de la nación que
haya lugar en contra del señor Alcalde municipal JUAN DE JESUS MILLAN
RIVERA, secretario de gobierno JAVIER CABALLERO BORDA, secretario de
hacienda pública municipal CARLOS JULIO BENEGAS (sic) BUITRAGO, su asesor
jurídico ERNESTO FELIPE VARGAS MARQUEZ y los concejales: JOSUE
MORENO RODRIGUEZ, JULIO MENSOZA RINCON, OMAR JUNCO ESPINOSAN
(sic), MIGUEL ARGUELLO, RICARDO AVILA, JOSE VICENTE CHAVEZ, JOSE
EULISES RAMOS, que aprobaron el acuerdo 014 del 23 de agosto de 2010 por
comprometer vigencias futuras sin acatar el ordenamiento legal del artículo 12 de la
ley 819 de 2003 Y ARTICULO 6 DE LA CONSTITUCION, además no acatar las
recomendaciones hechas ese año por la CONTRALORIA GENERAL DE LA
NACIÓN (sic), LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, LA AUDITORIA
GENERAL DE LA REPUBLICA Y EL MINISTERIO DE HACIENDA, toda vez que
se presume que violan la Ley realmente los proyectos contenidos en el acuerdo no
cuentan con diseños ni estudios técnicos financieros, ni mucho menos de
sustentación técnica objetiva legal para ser declarados de importancia estratégica.
[…]”. (La negrilla viene del texto original)
Presupuestos fácticos
3. La parte demandante expuso, en síntesis, los siguientes hechos para
fundamentar sus pretensiones:
2 Folios 1 al 9 del cuaderno núm. 1 del expediente.
3 “[…] Por el cual se Reforma el Código Contencioso Administrativo […]”.
4 Folios 1 al 2 del cuaderno núm. 1 del expediente.
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4. El Concejo Municipal de Ramiriquí, Boyacá, expidió el Acuerdo núm. 014 de 23
de agosto de 2010 “[…] Por medio del cual se autoriza al señor alcalde del municipio
de Ramiriquí para adquirir obligaciones financieras y de leasing y comprometer
recursos que afecten los presupuestos de vigencias futuras del sistema general de
participaciones en los sectores de vivienda de interés social, equipamiento municipal e
infraestructura vial; con el fin de garantizar la ejecución de proyectos declarados de
importancia estratégica para el municipio y que se encuentran incluido en el plan de
desarrollo 2008-2011”5.
5. El citado Acuerdo fue sancionado por el alcalde del Municipio de Ramiriquí el día
14 de septiembre de 2010 y enviado a la Gobernación de Boyacá para su control, y
devuelto por esta el día 26 de octubre de esa anualidad sin impartir aprobación,
teniendo en cuenta que se había remitido incompleto y sin copia autentica.
6. El Acuerdo núm. 014 de 23 de agosto de 2010, es abiertamente ilegal toda vez
que “[…] autorizan al Alcalde Municipal para comprometer vigencias futuras por el
término de 10 años, es decir que supera el periodo legal y constitucional para el cual
fue elegido el Alcalde Municipal de RAMIRIQUI […]”6.
Normas violadas
7. La parte demandante invocó como vulneradas las siguientes normas:
• Artículo 6 de la Constitución Política
• Artículo 12 de la Ley 819 de 9 de julio de 20037
Concepto de violación
8. La parte demandante formuló el siguiente cargo y explicó su concepto de
violación, así:
Único cargo: violación de normas superiores
9. La parte demandante fundamentó este cargo, así8:
5 Folio 2 del cuaderno núm. 1 del expediente
6 Ibidem
7 “[…] Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de presupuesto, responsabilidad y transparencia fiscal y se
dictan otras disposiciones […]”
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10. El periodo constitucional para el cual fue elegido el señor alcalde del municipio
de Ramiriquí “[…] termina el 31 de diciembre de 2011 y el Concejo Municipal lo faculta
para comprometer vigencias futuras desde el año 2011 al 2020, es decir, por el término
de diez (10) años, por consiguiente sobre pasa (sic) el periodo constitucional y legal
para el cual fue elegido el Alcalde […]”.
11. El inciso 7º del artículo 12 de la Ley 819 “[…] es puntual al prever que para
comprometer vigencias futuras no podrá superar el respectivo periodo de gobierno de
los Alcaldes y Gobernadores […]”.
12. El acto acusado “[…] no establece que se encuentre apropiado en el
presupuesto para la vigencia fiscal 2011 el 15% del total del monto a comprometer
vigencias futuras (literal b de la Ley en cita) […]”.
Contestación de la demanda
13. La parte demandada contestó oportunamente la demanda, así9:
14. Frente a las pretensiones indicó que “[…] la administración Municipal de
Ramiriquí, acogerá la determinación que en derecho corresponda y que adopte la
Honorable corporación dentro del proceso de la referencia, atendiendo que en la
actualidad el empréstito que fue el objeto de dicho acuerdo, en la actualidad ya se está
cancelando […]”.
15. En cuanto a los hechos sostuvo que, como la parte demandante “[…] ha
presentado los argumentos con sus respectivos soportes, cada uno de los hechos
estarán sujetos al resultado integral que corresponda según el caso […]”.
Concepto del Ministerio Público
16. El ministerio Público guardó silencio en esta oportunidad procesal.
8 Cfr. Folios 5 al 6 del cuaderno núm. 1 del expediente.
9 Cfr. Folios 39 al 40 del cuaderno núm. 1 del expediente.
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Sentencia proferida en primera instancia
17. La Sala de Decisión núm. 11D del Tribunal Administrativo de Boyacá, mediante
sentencia proferida el 18 de junio de 201510, resolvió:
“[…] PRIMERO.- DECLARAR LA NULIDAD del (sic) No. 014 del 23 de agosto de 2013
“Por medio del cual se autoriza al señor alcalde del municipio de Ramiriquí para
adquirir obligaciones financieras y de leasing y comprometer recursos que afecten
los presupuestos de vigencias futuras del sistema general de participaciones en
los sectores de vivienda de interés social, equipamiento municipal e
infraestructura vial; con el fin de garantizar la ejecución de proyectos declarados
de importancia estratégica para el municipio y que se encuentran incluido en el
plan de desarrollo 2008-2011”, por las razones expuestas en la parte motiva.
SEGUNDO: Por Secretaria, COMPULSAR copias de ésta providencia y del expediente a
la Fiscalía General de la Nación y a la Procuraduría Regional de Boyacá, para que, de
considerarlo pertinente, inicie las investigaciones penales y disciplinarias conforme lo
ordenan los artículos 67 del Código de Procedimiento Penal y 34 de la Ley 734 de 2002,
en contra del Alcalde de Ramiriquí y de los miembros del Concejo del municipal (sic) de
dicha territorialidad que votaron positivamente el proyecto de Acuerdo y que fungían
como tales en el periodo de gobierno 2008-2011.
TERCERO: Comunicar esta determinación al demandante, al Presidente del Concejo, al
Alcalde y al Personero Municipal de Ramiriquí.
CUARTO: Sin costas en esta instancia de acuerdo a lo expuesto en las consideraciones
anteriores.
QUINTO: En firme esta providencia, archívese el expediente y déjense las constancias y
anotaciones de rigor. […]” (La negrilla viene del texto original)
Consideraciones del Tribunal
18. El Tribunal Administrativo de Boyacá, consideró lo siguiente11:
19. A juicio del a quo es procedente declarar la nulidad del Acuerdo núm. 014 del 23
de agosto de 2010 expedido por el Concejo Municipal de Ramiriquí, Boyacá, por
cuanto incurrió en las siguientes irregularidades:
20. La única referencia directa que se hace en el cuerpo del acto acusado frente a las
vigencias futuras “[…] es cuando se señala que la autorización allí otorgada versa
sobre la adquisición de obligaciones financieras y de leasing que “afecten los
presupuestos de vigencias futuras”, pasando por alto que si bien las operaciones
10 Cfr. Folios 115 al 116 del cuaderno núm. 1 del expediente.
11 Cfr. Folios 102 al 115 del cuaderno núm. 1 del expediente.
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crediticias –obligaciones financieras y de leasing- se mencionan allí como el eje
fundamental del Acuerdo, ello no debe ser así, porque éstas solamente se materializan
luego de haberse adquirido la autorización para comprometer vigencias futuras, que
son aquellas que se constituyen para la ejecución del gasto público, en tanto que las
primeras hacen referencia a los ingresos del presupuesto […]”.
21. En ese sentido, “[…] resulta lógico afirmar que lo primero que se debe determinar
es la necesidad o gasto que se pretende cubrir con el ingreso que se va a obtener
derivado de un empréstito, por lo que se advierte la existencia de un defecto, al no
evidenciarse dentro del proceso, que se hubiere dado al Jefe del Ejecutivo municipal,
una autorización expresa, como lo ordena el numeral 3 del artículo 313 de la CP,
concomitante o anterior, al momento en que se profirió el acto demandado, en la que
se indicara que el Alcalde había sido encargado de comprometer vigencias futuras,
para luego sí autorizarlo para adquirir obligaciones crediticias […]”.
22. Frente a la manera en que le fueron autorizadas alcalde del municipio de Ramiriquí
las operaciones crediticias a través del acto acusado, destacó que “[…] no se
discriminó de manera detallada cómo se planeaban invertir los recursos que
ingresarían por espacio de 10 años, provenientes del sistema general de
participaciones que anualmente se giran a la territorialidad demandada; prueba de ello,
lo constituye lo consignado en el artículo quinto del Acuerdo No. 014 de 23 de agosto
de 2010, que estableció que para garantizar la inversión y la ejecución de los proyectos
relacionados en dicho acuerdo, se debían presentar posteriormente cada uno de
dichos proyectos al concejo municipal, en donde era necesario incluir el nombre del
proyecto y su costo total, sin embargo, se deduce que esto solamente ocurriría hasta
cuando se hubiere aprobado el crédito por parte de la entidad financiera y cumplido los
demás requisitos necesarios para el desembolso y adición de los recursos al
presupuesto municipal […]”.
23. Como el acto acusado versa sobre facultades otorgadas al alcalde municipal para
celebrar una operación de crédito público relacionada con recursos asignados a los
diferentes sectores de que trata el sistema general de participaciones, estos deben
ejecutarse conforme al fin para el cual fueron programados, por lo que debe acudirse a
lo dispuesto en el parágrafo 1º del artículo 78 de la Ley 715 de 2001.
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24. En ese sentido, la norma en cuestión determina que “[…] los recursos de
participación de propósito general del sistema general de participaciones, solo pueden
cubrir el servicio de la deuda cuando se trata del financiamiento de proyectos de
inversión física, adquirida en desarrollo de las competencias del municipio, requisito
que en el sub lite no se cumple, en tanto quedó demostrado que los proyectos de
inversión no estuvieron debidamente soportados en un programa de inversión en el
que se definiera de forma clara cuál era la meta a cumplir, las acciones concretas a
ejecutar y como mínimo el valor de cada uno de los proyectos que justificaran el
endeudamiento de la Entidad por la suma de $1.600.000.000,oo […]”.
25. Concordante con lo anterior, en la actuación también quedó demostrado “[…] que
el acto impugnado no cumplió con las exigencias de que trata el artículo 27 de la Ley
152 de 1995, consistente en que los programas y proyectos que se ejecuten en el
orden Local, deben estar inscritos en el Banco Local de Programas y Proyectos de
Inversión del municipio […]”.
26. En el supuesto de que en el acuerdo demandado se hubiere autorizado en debida
forma al alcalde municipal para que afectara las vigencias futuras, “[…] debe decirse
que le asiste razón al actor cuando indica que se vulneró el artículo 12 de la Ley 819
de 2003, aunque por razones diferentes a las que expresó en la demanda, dado que,
de una parte, si bien obra dentro del plenario la certificación en donde consta que la
territorialidad demandada contaba con la apropiación del 15% para la vigencia 2010
exigida en dicha normativa, lo cierto es que no se especificó cuáles eras los rubros que
se iban a afectar y por qué valor contrariando de esa manera el principio de
Programación integral consagrado en el artículo 17 del Estatuto Orgánico de
Presupuesto […]”.
27. Frente a la excepción de comprometer vigencias futuras que superen el periodo de
gobierno cuando se trate de proyectos de inversión declarados de importancia
estratégica por el Consejo de Gobierno, “[…] la Sala encontró que solamente 5 de los 9
proyectos que se autorizaron para afectar compromisos futuros se consideran de
importancia estratégica para la Secretaría de Hacienda del municipio de Ramiriquí,
vulnerándose así frente a los 4 restantes, el premencionado requisito legal […]”.
28. Concluyó que en vista “[…] de todas las irregularidades de orden legal advertidas a
lo largo de esta providencia, se ordenará compulsar copias de esta providencia y del
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expediente a la Fiscalía General de la Nación y a la Procuraduría Regional de Boyacá,
para que, de considerarlo pertinente, dichas entidades inicien las investigaciones
disciplinarias y penales que pudieren existir con la expedición del Acuerdo 014 de 2010
que se impugna […]”.
Recurso de apelación12
29. La parte demandada interpuso, dentro del término legal, recurso de apelación
contra la sentencia proferida, en primera instancia, el 18 de junio de 2015 por la Sala
de Decisión núm. 11D del Tribunal Administrativo de Boyacá, con el objeto de que se
revoque esta decisión con base en los siguientes argumentos:
30. La decisión impugnada efectuó un estudio detenido en cuanto a los requisitos de
las vigencias futuras y la adquisición de crédito público por los entes territoriales; no
obstante, frente al desarrollo de las primeras “[…] no es procedente realizar dicho
análisis teniendo en cuenta que el acuerdo municipal No. 014 de 2010 fue redactado y
sancionado con el fin de aprobar un empréstito a cargo del municipio de Ramiriquí,
para la inversión en proyectos que permitan materializar el plan municipal de desarrollo
de la época […]”.
31. Luego de citar el texto del artículo 12 de la Ley 819, sobre vigencias futuras
ordinarias para entidades territoriales, destacó que esta norma se refiere a la facultad
que se otorga a los entes territoriales para celebrar un compromiso que afecta
presupuestos de anualidades subsiguientes; sin embargo, señaló que “[…] en el caso
concreto se observa que el objeto del acuerdo municipal, radica en autorizar un
empréstito para que a través de los recursos aprobados y recibidos, se presente un
aumento en el presupuesto del municipio y de esta forma realizar inversiones en obras
de infraestructura, vivienda y equipamiento para el municipio, concluyendo hasta este
punto que no es dable analizar el acuerdo a la luz de la figura de vigencias futuras
[…]”.
32. En este asunto nos encontramos frente a una operación de crédito público, “[…]
teniendo en cuenta que el municipio de Ramiriquí a través del contrato de empréstito
autorizado por medio del Acuerdo municipal No. 014 de 2010 y con base en los
proyectos consagrados en el plan municipal de Desarrollo del periodo 2008-2011
12 Cfr. Folios 120 al 128 del cuaderno núm. 1 del expediente.
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realizó inversiones de gran importancia para el municipio, y que el pago de dichos
recursos se proyectó para efectuarlo en años fiscales posteriores, con cargo al rubro
de deuda pública […] ”.
33. Es atribución del alcalde presentar al Concejo Municipal los proyectos de acuerdo
sobre planes y programas de desarrollo económico y social conforme al artículo 315.5
de la Constitución Política. En ese orden, el acuerdo demandado, “[…] se enfoca en el
desarrollo de proyectos de importancia para el municipio, en el caso concreto se hizo
necesario la celebración del contrato de empréstito con el fin de materializar el Plan de
Desarrollo Municipal propuesto para el correspondiente periodo constitucional […]”.
34. En la actualidad el pago de la deuda se hace a través de los recursos de
participación de propósito general según lo prevé el parágrafo 1 del artículo 78 de la
Ley 715, al tanto que “[…] cada uno de los proyectos desarrollados se refieren a
inversión física y se encuentra relacionados en el plan de desarrollo municipal periodo
2008-2001, caso contrario a lo que aduce el ente colegiado […]”.
35. Agregó que en este asunto se observa una violación al debido proceso por falta de
valoración probatoria, teniendo en cuenta que el Tribunal sostuvo que el proyecto núm.
1 cuyo objeto es la “Remodelación y adecuación del Parque central del Municipio de
Ramiriquí – Departamento de Boyacá”, no se encontraba en el plan de desarrollo
municipal; sin embargo, en el numeral 1.1.5.9 Equipamiento Urbano: Parque Municipal
de este documento, se afirma que esta locación amerita una reestructuración. En ese
mismo sentido, el proyecto núm. 5 “Suministro de una volqueta para el mantenimiento
de la red vial del municipio de Ramiriquí” y el proyecto núm. 6 “Suministro de un
vibrocompactador para el mantenimiento de la red vial del Municipio de Ramiriquí”, se
encuentran dentro del plan de desarrollo en el numeral 1.1.5.8. Vías, teniendo en
cuenta que “[…] si bien de manera explícita no se refieren a dichos proyectos, se
concreta que la utilización de esos automotores, es indispensable para alcanzar los
demás proyectos en cuanto a vías se refiere […]”
Actuación en segunda instancia
36. Este Despacho, mediante auto de 30 de junio de 201613, admitió el recurso de
apelación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia proferida en primera
13 Cfr. Folio 4 del cuaderno núm. 2 del expediente.
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instancia el 18 de junio de 2015 por la Sala de Decisión núm. 11D del Tribunal
Administrativo de Boyacá.
Alegatos de conclusión en segunda instancia
37. Este Despacho, atendiendo a que no se solicitaron pruebas, en segunda instancia,
mediante auto de 7 de noviembre de 201814, corrió traslado a las partes por el término
de diez (10) días para alegar de conclusión y al Ministerio Público para que emitiera su
concepto.
Parte demandante
38. La parte demandante guardó silencio en esta oportunidad procesal.
Parte demandada15
39. La parte demandada reiteró los argumentos expuestos en el recurso de apelación.
Concepto del Ministerio Público
40. El Ministerio Público guardó silencio en esta etapa procesal.
II. CONSIDERACIONES
41. La Sala abordará el estudio de las consideraciones en las siguientes partes: i) la
competencia; ii) el acto acusado; iii) el problema jurídico; iv) el marco normativo sobre
el otorgamiento de facultades al alcalde por parte del Concejo Municipal para celebrar
operaciones de crédito público; v) el marco normativo y jurisprudencial sobre la
autorización de vigencias futuras por parte de las entidades territoriales; vi) el marco
normativo y jurisprudencial del debido proceso y, vii) el análisis del caso concreto
Competencia
42. Vistos el artículo 129 del Código Contencioso Administrativo 16, sobre la
competencia del Consejo de Estado, en segunda instancia, aplicable en los términos
14 Cfr. Folio 17 del cuaderno núm. 2 del expediente.
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Cfr. Folio 19 al 27 del cuaderno núm. 2 del expediente.
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del artículo 30817 de la Ley 1437 de 18 de enero de 201118, sobre el régimen de
transición y vigencia; y el artículo 13 del Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de 2019 19,
expedido por la Sala Plena de esta Corporación, la Sección Primera del Consejo de
Estado es competente para conocer del presente asunto, en segunda instancia.
43. Agotados los procedimientos inherentes al proceso de nulidad de que trata este
asunto, y sin que se observe vicio o causal de nulidad que puedan invalidar lo actuado,
se procede a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada.
44. La Sala procederá a examinar las argumentaciones expuestas por la parte
demandada en el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia proferida, en
primera instancia el 18 de junio de 2015 por la Sala de Decisión núm. 11D del Tribunal
Administrativo de Boyacá, de conformidad con los artículos 320 y 328 de la Ley 1564
de 12m de julio de 201220, norma aplicable al presente caso en virtud de lo dispuesto
en el artículo 267 del Código Contencioso Administrativo 21, por lo que se limitará a
conocer de los puntos o cuestiones a los cuales se contrae dicho recurso.
Acto administrativo acusado
45. El acto administrativo acusado es el siguiente:
45.1 El Acuerdo núm. 14 de fecha 23 de agosto de 2010, expedido por el Concejo
Municipal de Ramiriquí, Boyacá22, que dispuso lo siguiente:
16 “[…] El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las
apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los Tribunales Administrativos y de las apelaciones
de autos susceptibles de este medio de impugnación, así como de los recursos de queja cuando no se conceda el
de apelación o se conceda en un efecto distinto del que corresponda, o no se conceda el extraordinario de revisión.
[…]”.
17[…] ARTÍCULO 308. RÉGIMEN DE TRANSICIÓN Y VIGENCIA. El presente Código comenzará a regir el dos (2)
de julio del año 2012.
Este Código sólo se aplicará a los procedimientos y las actuaciones administrativas que se inicien, así como a las
demandas y procesos que se instauren con posterioridad a la entrada en vigencia.
Los procedimientos y las actuaciones administrativas, así como las demandas y procesos en curso a la vigencia de
la presente ley seguirán rigiéndose y culminarán de conformidad con el régimen jurídico anterior. […]”.
18 “[…] Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo […]”.
19 Establece que la Sección Primera del Consejo de Estado tiene a su cargo conocer los procesos de simple nulidad
de actos administrativos que versen sobre asuntos no asignados expresamente a otras secciones.
20 “[…] Artículo 328. Competencia del superior. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre
los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos
previstos por la ley.
[…].”
21 “[…] Artículo 267. En los aspectos no contemplados en este código se seguirá el Código de Procedimiento Civil
en lo que sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a la jurisdicción en lo
contencioso administrativo […]”.
22 Cfr. Folios 81 al 83 del anexo núm. 1 del expediente
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Demandante: Wilson Heladio Silva Vargas
“[…] REPÚBLICA DE COLOMBIA - DEPARTAMENTO DE BOYACÁ
MUNICIPIO DE RAMIRIQUÍ
CONCEJO MUNICIPAL
ACUERDO No. 014
(Agosto 23 de 2010)
POR MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA AL SEÑOR ALCALDE DEL MUNICIPIO DE
RAMIRIQUÍ PARA ADQUIRIR OBLIGACIONES FINANCIERAS Y DE LEASING Y
COMPROMETER RECURSOS QUE AFECTEN LOS PRESUPUESTOS DE VIGENCIAS
FUTURAS DEL SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES EN LOS SECTORES DE
VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL, EQUIPAMIENTO MUNICIPAL E INFRAESTRUCTURA
VIAL; CON EL FIN DE GARANTIZAR LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DECLARADOS DE
IMPORTANCIA ESTRATÉGICA PARA EL MUNICIPIO Y QUE SE ENCUENTRAN INCLUIDO
EN EL PLAN DE DESARROLLO 2008-2011.
EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE RAMIRIQUI, en uso de sus facultades
constitucionales, legales y en especial las conferidas en las leyes 80 de 1993, 136 de 1994, 358
de 1997, 617 de 2000, 715 de 2001 y 819 de 2003, decreto No. 111 de 1996 y acuerdo
municipal No. 032 de 2008 y,
CONSIDERANDO
➢ Que es competencia constitucional y legal de los honorables concejos municipales,
aprobar en cada vigencia fiscal el presupuesto de rentas y gastos de los municipios.
➢ Que el Concejo Municipal de Ramiriquí, mediante acuerdo No. 019 del 29 de mayo de
2008 aprobó y adoptó el plan de desarrollo municipal 2008-2011.
➢ Que los artículos segundo y tercero del acuerdo municipal 032 de 2008, adicionaron el
artículo 50 del acuerdo 03 de 1997 por medio del cual se aprobó el estatuto orgánico del
presupuesto del municipio, reglamentando las vigencias futuras ordinarias y excepcionales.
➢ Que las vigencias futuras son un instrumento de planeación y ejecución presupuestal
que permite a las entidades estatales asumir compromisos en la vigencia actual que
afectan presupuesto de vigencias posteriores con el objeto de financiar proyectos
declarados de importancia estratégica y que se encuentren contemplados dentro del plan
de desarrollo municipal, reglamentadas por la ley 819 de 2003.
➢ Que el CONFIS municipal según acta No. 003 del 8 de junio de 2010, y efectuado el
respectivo análisis, aprobó presentar el presente proyecto de acuerdo para solicitar del
Honorable Concejo Municipal autorización al señor Alcalde para comprometer vigencias
futuras con cargo a los recursos del Sistema General de Participaciones para los sectores
de equipamiento municipal e infraestructura vial y realizarlos anticipadamente mediante la
pignoración de sus flujos de caja hasta por un término de diez años a partir de la vigencia
fiscal de 2011 y asumir los compromisos que se requieran para la adecuada ejecución de
los programas y proyectos de inversión en los sectores anotados anteriormente y
plasmados en el plan de desarrollo municipal.
➢ Que el Consejo de Gobierno municipal según acta No. 008 de fecha 22 de junio de
2010, aprobó por unanimidad presentar el presente proyecto de acuerdo en los términos
del considerando anterior que permitan la ejecución de los proyectos allí relacionados y
adjunto en el anexo 3 del presente proyecto cuya fuente de financiación es el sistema
general de participaciones, de acuerdo al porcentaje que le corresponda a cada sector.
➢ Que la Oficina Asesora de Planeación municipal mediante certificación expedida con
fecha 28 de junio de 2018 certifica que los proyectos anteriormente referidos son de
importancia estratégica, indicando entre otros los siguientes aspectos: a.- Que cumplen
con los requisitos necesarios para la ejecución de los mismos. b.- Que los proyectos se
encuentran inscritos en el banco de proyectos del municipio y se encuentran contemplados
en el plan de desarrollo 2008-2011 denominado “Trabajamos con Transparencia y
Respeto”. c.- Cumplen con todos los requisitos y por lo tanto da viabilidad técnica y
financiera a los mismos. d.- Que los proyectos planteados son la base para adelantar
nuevos proyectos para el desarrollo del Municipio. d.- Que el Municipio celebra en el
próximo año los cuatrocientos setenta años de su fundación, y es de vital importancia la
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ejecución de estos proyectos para el mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad
Ramiriquense.
En mérito de lo expuesto,
ACUERDA
ARTÍCULO PRIMERO: Autorizar al señor Alcalde municipal de Ramiriquí, previo el cumplimiento de los
requisitos exigidos en el artículo 12 de la ley 819 de 2003 y demás normas concordantes para:
1. Adquirir obligaciones financieras y de leasing que afecten los presupuestos de vigencias
futuras, dirigidas a asegurar la financiación y ejecución de proyectos de inversión en los sectores
de vivienda de interés social, equipamiento municipal e infraestructura vial, previstos en le plan
de desarrollo municipal 2008-2011 denominado “Trabajamos con Transparencia y Respeto”
hasta por la suma de MIL SEISCIENTOS MILLONES DE PESOS ($1.600.000.000,oo).
2. Celebrar las operaciones de crédito público o leasing directas o indirectas de manejo de deuda
pública, asimiladas y conexas y la contratación directa de las mismas, requeridas para la
ejecución de proyectos descritos en los considerandos del presente acuerdo.
3. Celebrar los contratos de garantía y contra garantía, incluidos los contratos de pignoración de
recursos del sistema general de participaciones, que sirven como garantía y fuente de pago para
la ejecución de los proyectos de conformidad con la ley.
PARAGRAFO: Los recursos provenientes de las operaciones de crédito público o leasing
autorizadas en el presente acuerdo se destinarán única y exclusivamente a financiar la ejecución
de los proyectos relacionados en el artículo tercero de este y se extiende máximo hasta diez
vigencias fiscales a partir del año 2011.
ARTÍCULO SEGUNDO: El monto de los recursos del sistema general de participaciones que se pignorará
y comprometerá anticipadamente hasta por un término de máximo diez años a partir de la vigencia fiscal
de 2011 debe corresponder a un valor anual igual o inferior al diez por ciento (10%) de lo que corresponda
por transferencias del sistema general de participaciones de cada sector involucrado.
ARTÍCULO TERCERO: Los recursos del sistema General de Participaciones para los sectores referidos,
realizados anticipadamente mediante la pignoración de sus flujos de caja hasta por un término de 10 años
a partir de la vigencia fiscal de 2011, y que reciba el municipio en desarrollo de las operaciones de crédito
y leasing que celebre en virtud de las facultades contenidas en el presente acuerdo, se destinarán a
financiar los siguientes proyectos de inversión:
NOMBRE DE LOS PROYECTOS
Cofinanciación vivienda de interés social
Mantenimiento, construcción y adecuación parque
Pavimentación o adoquinamiento barrio El Rincón del Paraíso
Pavimentación carrera 7ª entre calles 2ª y 5ª
Pavimentación calle 5ª entre carreras 5ª y 6ª
Adquisición de una volqueta
Adquisición de un vibro compactador
Construcción adecuación y mantenimiento vías rurales
Construcción adecuación y mantenimiento vías urbanas
ARTÍCULO CUARTO: Todas las facultades y autorizaciones aquí otorgadas tienen vigencia hasta el 31 de
diciembre de 2010.
ARTÍCULO QUINTO: Con el objeto de garantizar la inversión y la ejecución de los proyectos relacionados
en el presente acuerdo, una vez haya sido aprobado el crédito por parte de la entidad financiera, para el
desembolso y adición de los recursos al presupuesto municipal se deberá presentar cada uno de los
proyectos de acuerdo al concejo municipal, en donde se incluirán nombre de proyecto y su costo total.
ARTICULO SEXTO: El presente acuerdo rige a partir de la sanción y publicación por parte del ejecutivo
municipal y deroga las disposiciones que le sean contrarias.
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
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Dado en el Recinto del Concejo Municipal a los veintitrés (23) días del mes de Agosto de dos mil
diez (2010).
LUIS ERNESTO MORENO BUITRAGO MARIA W. BORDA PULIDO
PRESIDENTE SECRETARIA […]”
El problema Jurídico
46. Corresponde a la Sala, con fundamento en los argumentos del recurso de
apelación, establecer la legalidad del Acuerdo núm. 014 del 23 de agosto de 2010
expedido por el Concejo Municipal de Ramiriquí, Boyacá y, en ese orden determinar,
por un lado, si el objeto del acto acusado versó únicamente sobre las facultades
otorgadas al alcalde del ente territorial por parte del Concejo Municipal para celebrar
operaciones de crédito público y no sobre la facultad para comprometer vigencias
futuras como lo estimó el a quo, por lo que no era procedente analizar el acto acusado
a la luz de esta figura y, por otro lado, si existió una violación al debido proceso por
falta de valoración probatoria por parte del Tribunal tal como se adujo en la alzada.
47. En consecuencia, se determinará si hay lugar a confirmar, modificar o revocar la
sentencia proferida, en primera instancia.
El marco normativo y jurisprudencial para la celebración de operaciones de
crédito público
48. Visto el artículo 364 de la Constitución Política, establece que “[…] El
endeudamiento interno y externo de la Nación y de las entidades territoriales no podrá
exceder su capacidad de pago. La ley regulará la materia […]”.
49. Visto el artículo 1º de la Ley 358 de 199723, sobre endeudamiento de las entidades
territoriales, determina que “[…] de conformidad con lo dispuesto en el artículo 364 de
la Constitución Política, el endeudamiento de las entidades territoriales no podrá
exceder su capacidad de pago. […] Para efectos de la presente Ley, se entiende por
capacidad de pago el flujo mínimo de ahorro operacional que permite efectuar
cumplidamente el servicio de la deuda en todos los años, dejando un remanente para
financiar inversiones […]”.
23 “[…] Por la cual se reglamenta el artículo 364 de la Constitución y se dictan otras disposiciones en materia de
endeudamiento […]"
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50. La jurisprudencia de la Corte Constitucional frente al concepto de capacidad de
pago al que hacen referencia las normas anteriores, sostuvo lo siguiente24:
“[…] la Corte concluye que el término "capacidad de pago", consignado en el
artículo 364 superior, es un concepto cuya fijación corresponde a la ley, como la
misma disposición lo indica. En esta labor de desarrollo de la Constitución, el
legislador goza de un amplio margen de libertad configurativa […] Tenemos así que
en la regulación de lo que debe entenderse por capacidad de pago de la Nación y
de las entidades territoriales, el legislador goza de un amplio margen de libertad de
configuración política, toda vez que la noción no fue definida por el constituyente. No
obstante, esta libertad no es absoluta, pues debe observar criterios de razonabilidad
y proporcionalidad, determinados por la finalidad misma que persigue la definición
del concepto "capacidad de pago", finalidad que no es otra que impedir que la
atención de la deuda pública se haga imposible. En efecto, la capacidad de pago es
señalada por el artículo 364 de la Constitución como el límite fijado al
endeudamiento de las entidades territoriales y de la Nación. Estas no podrán
endeudarse por fuera del límite de tal capacidad […] Así, teniendo en cuenta que
según lo dicho el control de constitucionalidad en el presente caso debe limitarse a
verificar que los criterios de definición y medición de la capacidad de pago no sean
irracionales, la Corte encuentra que las metodologías adoptadas resultan
razonables y correspondían a una opción política de conveniencia que caía bajo el
espectro de la libertad de configuración del legislador, quien atendió además las
particulares circunstancias históricas, sociales y económicas del momento […]”.
51. Visto el artículo 6º de la Ley 358, sobre los indicadores para determinar la
capacidad de pago de las entidades territoriales, establece que “[…] ninguna entidad
territorial podrá contratar nuevas operaciones de crédito publico cuando su relación
intereses/ahorro operacional supere el 60% o su relación saldo de la deuda/ingresos
corrientes supere el 100% […]”.
52. Visto el artículo 14 de la Ley 819 de 200325, sobre la capacidad de pago de las
entidades territoriales, determina que este aspecto: “[…] se analizará para todo el
período de vigencia del crédito que se contrate y si al hacerlo, cualquiera de los dos
indicadores consagrados en el artículo 6º de la Ley 358 de 1997 se ubica por encima
de los límites allí previstos, la entidad territorial seguirá los procedimientos establecidos
en la citada ley […]”.
53. Visto el artículo 3º del Decreto 2681 de 199326, sobre operaciones de crédito
público, dispone que estas corresponden a aquellos “[…] actos o contratos que tienen
24 “[…] Corte Constitucional, Sentencia C-404 de 19 de abril de 2001, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra […]”
25 “[…] Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de presupuesto, responsabilidad y transparencia fiscal y se
dictan otras disposiciones. […]"
26 “[…] Por el cual se reglamentan parcialmente las operaciones de crédito público, las de manejo de la deuda
pública, sus asimiladas y conexas y la contratación directa de las mismas […]"
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por objeto dotar a la entidad estatal de recursos, bienes o servicios con plazo para su
pago o aquellas mediante las cuales la entidad actúa como deudor solidario o garante
de obligaciones de pago. Dentro de estas operaciones están comprendidas, entre
otras, la contratación de empréstitos, la emisión, suscripción y colocación de títulos de
deuda pública, los créditos de proveedores y el otorgamiento de garantías para
obligaciones de pago a cargo de entidades estatales. […] Para efectos de lo dispuesto
en el presente Decreto, las operaciones de crédito público pueden ser internas o
externas […]”.
Marco normativo del Sistema General de Participaciones, de su pignoración
para financiar proyectos de inversión física y de las competencias de los
Concejos Municipales sobre el particular
54. Visto el artículo 356 de la Constitución Política (Modificado. A.L. 1/93, art.
2º. Modificado. A.L. 1/2001, art. 2º.), determina que “[…] salvo lo dispuesto por la
Constitución, la ley, a iniciativa del Gobierno, fijará los servicios a cargo de la Nación y
de los departamentos, distritos y municipios. Para efecto de atender los servicios y a
cargo de éstos y a proveer los recursos para financiar adecuadamente su prestación,
se crea el Sistema General de Participaciones de los departamentos, distritos y
municipios […]”. Así mismo, establece que estos recursos “[…] se destinarán a la
financiación de los servicios a su cargo, dándole prioridad al servicio de salud, los
servicios de educación preescolar, primaria, secundaria y media, y servicios públicos
domiciliarios de agua potable y saneamiento básico, garantizando la prestación y la
ampliación de cobertura […]”.
55. Visto el artículo 357 Superior (Modificado. A.L. 1/2001, art. 3º. Modificado. A.L.
4/2007, art. 4º), establece que “[…] El sistema general de participaciones de los
departamentos, distritos y municipios se incrementará anualmente en un porcentaje
igual al promedio de la variación porcentual que hayan tenido los ingresos corrientes
de la Nación durante los cuatro (4) años anteriores, incluido el correspondiente al aforo
del presupuesto en ejecución. […] El diecisiete por ciento (17%) de los recursos de
propósito general del sistema general de participaciones, será distribuido entre los
municipios con población inferior a 25.000 habitantes. Estos recursos se destinarán
exclusivamente para inversión, conforme a las competencias asignadas por la ley.
Estos recursos se distribuirán con base en los mismos criterios de población y pobreza
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definidos por la ley para la participación de propósito general. Los municipios
clasificados en las categorías cuarta, quinta y sexta, de conformidad con las normas
vigentes, podrán destinar libremente, para inversión y otros gastos inherentes al
funcionamiento de la administración municipal, hasta un cuarenta y dos (42%) de los
recursos que perciban por concepto del sistema general de participaciones de
propósito general, exceptuando los recursos que se distribuyan de acuerdo con el
inciso anterior […]”.
56. Visto el artículo 1º de la Ley 715 de 200127, sobre la naturaleza del Sistema
General de Participaciones, establece que este se encuentra “[…] constituido por los
recursos que la Nación transfiere por mandato de los artículos 356 y 357 de la
Constitución Política a las entidades territoriales, para la financiación de los servicios
cuya competencia se les asigna en la presente ley […]”.
57. Visto el artículo 3 ejusdem, sobre la conformación del Sistema General de
Participaciones, determina que este se integra de la siguiente manera:
“[…] 1. Una participación con destinación específica para el sector educación,
que se denominará participación para educación.
2. Una participación con destinación específica para el sector salud, que se
denominará participación para salud.
3. Una participación con destinación específica para el sector agua potable y
saneamiento básico, que se denominará participación para agua potable y
saneamiento básico.
4. Una participación de propósito general […]”
58. Visto el artículo 76 ejusdem, sobre la competencia de los municipios en otros
sectores, establece que “[…] Además de las establecidas en la Constitución y en otras
disposiciones, corresponde a los Municipios, directa o indirectamente, con recursos
propios, del Sistema General de Participaciones u otros recursos, promover, financiar o
cofinanciar proyectos de interés municipal […]”. En particular, la norma asigna
competencias a los municipios en materia de servicios públicos, vivienda, sector
27 “[…] Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de recursos y competencias de conformidad con los
artículos 151, 288, 356 y 357 (Acto Legislativo 01 de 2001) de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones
para organizar la prestación de los servicios de educación y salud, entre otros. […]"
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agropecuario, transporte, ambiente, centros de reclusión, deporte y recreación, cultura,
prevención y atención de desastres, promoción del desarrollo, atención a grupos
vulnerables, equipamiento municipal, desarrollo comunitario, fortalecimiento
institucional, justicia, restaurantes escolares y empleo.
59. Visto el artículo 78 de la Ley 715 (modificado por el artículo 21 de la Ley 1176 de
2007), sobre la destinación de los recursos de la participación de propósito general,
determina que “[…] Los municipios clasificados en las categorías 4ª, 5ª y 6ª, podrán
destinar libremente, para inversión u otros gastos inherentes al funcionamiento de la
administración municipal, hasta un cuarenta y dos por ciento (42%) de los recursos que
perciban por la Participación de Propósito General. […] PARÁGRAFO 1o. Con los
recursos de la participación de propósito general podrá cubrirse el servicio de la deuda
originado en el financiamiento de proyectos de inversión física, adquirida en desarrollo
de las competencias de los municipios. Para el desarrollo de los mencionados
proyectos se podrán pignorar los recursos de la participación de propósito general.
[…]”.
60. Visto el artículo 11º de la Ley 358 de 1997, sobre pignoración de rentas o ingresos
de las entidades territoriales, determina que estas últimas “[…] solamente podrán
pignorar las rentas o ingresos que deban destinarse forzosamente a determinados
servicios, actividades o sectores señalados por la ley, cuando el crédito que se
garantice mediante la pignoración tenga como único objetivo financiar la inversión para
la provisión de los mismos servicios, actividades o sectores a los cuales deban
asignarse las rentas o ingresos correspondientes. La pignoración no podrá exceder los
montos asignados a cada sector de inversión durante la vigencia del crédito [...]”.
61. Visto el numeral 3º del artículo 313 de la Constitución Política, establece que
corresponde a los concejos municipales, “[…] 3. Autorizar al alcalde para celebrar
contratos y ejercer pro tempore precisas funciones que corresponden al Concejo […]”.
62. Visto el numeral 7º del artículo 92 del Decreto Ley 1333 de 198628, establece que
es atribución de los concejos municipales “[…] 7º Autorizar al alcalde para celebrar
28 “[…] Por el cual se expide el Código de Régimen Municipal […]”
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contratos, negociar, empréstitos, enajenar bienes municipales y ejercer, pro témpore,
precisas funciones de las que corresponden a los Concejos […]”.
Marco normativo y jurisprudencial sobre las vigencias futuras
63. Visto el artículo 12 de la Ley 819 de 200329, sobre vigencias futuras ordinarias para
entidades territoriales, establece lo siguiente:
“[…] En las entidades territoriales, las autorizaciones para comprometer vigencias
futuras serán impartidas por la asamblea o concejo respectivo, a iniciativa del
gobierno local, previa aprobación por el Confis territorial o el órgano que haga sus
veces.
Se podrá autorizar la asunción de obligaciones que afecten presupuestos de
vigencias futuras cuando su ejecución se inicie con presupuesto de la vigencia en
curso y el objeto del compromiso se lleve a cabo en cada una de ellas siempre y
cuando se cumpla que:
a) El monto máximo de vigencias futuras, el plazo y las condiciones de las mismas
consulte las metas plurianuales del Marco Fiscal de Mediano Plazo de que trata el
artículo 1o de esta ley;
b) Como mínimo, de las vigencias futuras que se soliciten se deberá contar con
apropiación del quince por ciento (15%) en la vigencia fiscal en la que estas sean
autorizadas;
c) Cuando se trate de proyectos que conlleven inversión nacional deberá
obtenerse el concepto previo y favorable del Departamento Nacional de
Planeación.
La corporación de elección popular se abstendrá de otorgar la autorización si los
proyectos objeto de la vigencia futura no están consignados en el Plan de
Desarrollo respectivo y si sumados todos los compromisos que se pretendan
adquirir por esta modalidad y sus costos futuros de mantenimiento y/o
administración, se excede su capacidad de endeudamiento.
La autorización por parte del Confis para comprometer presupuesto con cargo a
vigencias futuras no podrá superar el respectivo período de gobierno. Se
exceptúan los proyectos de gastos de inversión en aquellos casos en que el
Consejo de Gobierno previamente los declare de importancia estratégica […]”.
64. Visto el artículo 11 de la Ley 819, sobre vigencias futuras extraordinarias, establece
que: “[…] El Consejo Superior de Política Fiscal, Confis, en casos excepcionales para
las obras de infraestructura, energía, comunicaciones, aeronáutica, defensa y
seguridad, así como para las garantías a las concesiones, podrá autorizar que se
29 “[…] Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de presupuesto, responsabilidad y transparencia
fiscal y se dictan otras disposiciones […]”
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asuman obligaciones que afecten el presupuesto de vigencias futuras sin apropiación
en e l presupuesto del año en que se concede la autorización. El monto máximo de
vigencias futuras, el plazo y las condiciones de las mismas deberán consultar las
metas plurianuales del Marco Fiscal de Mediano Plazo del que trata el artículo 1º de
esta ley. […] La secretaría ejecutiva del Confis enviará trimestralmente a las
comisiones económicas del Congreso una relación de las autorizaciones aprobadas
por el Consejo, para estos casos. […] Para asumir obligaciones que afecten
presupuestos de vigencias futuras, los contratos de empréstito y las contrapartidas que
en estos se estipulen no requieren la autorización del Consejo Superior de Política
Fiscal, Confis. Estos contratos se regirán por las normas que regulan las operaciones
de crédito público […]”.
65. En relación con la aplicación de las vigencias futuras excepcionales por parte de
las entidades territoriales, la jurisprudencia de la Sección Primera de esta Corporación
ha dicho lo siguiente30:
“[…] La Sala a partir de las consideraciones expuestas en esta
providencia modificará su criterio en torno a la materia expresado en
sentencia de 14 de julio de 2011, según el cual no eran procedentes las
vigencias futuras excepcionales en las entidades territoriales en razón a
que la Ley 819 de 2003, orgánica del presupuesto, sólo las contempló
para la Nación. Esta modificación, debe resaltarse, obedece a que en
esta oportunidad se ha planteado a la Sala el problema acerca de la
procedencia de las vigencias futuras excepcionales en las entidades
territoriales desde la perspectiva del principio constitucional de igualdad,
la cual ha permitido un análisis de fondo dentro de un panorama más
amplio que el estudiado en el año 2011, en el que solo se debatió el
asunto desde el punto de vista del contenido estrictamente material de la
Ley 819 de 2003. De acuerdo con los fundamentos señalados a lo largo
de esta providencia, encuentra la Sala en efecto que, contrario a lo antes
sostenido, a la luz de las normas orgánicas del presupuesto de la Nación
vigentes a la fecha de expedición del acto acusado (22 de febrero de
2010), sí es procedente que las entidades territoriales acuerden vigencias
futuras excepcionales, en primer lugar, en reconocimiento de la
autonomía que la Constitución Política les concede, que les permite
adaptar tales normas en sus estatutos orgánicos del presupuesto en
tanto que se ajusten a la organización, normas constitucionales y
condiciones de las entidades territoriales, lo que ocurre en este evento, y
en segundo lugar, como garantía del derecho de igualdad de aquellas
frente a la Nación en esta materia, al existir elementos de coincidencia en
aspectos relevantes como la planificación, la estructuración del
presupuesto y la disciplina fiscal. En efecto, en el estudio que antecede
30“[…] Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 1 de febrero de 2018. Expediente núm. 2010-
00987-01, M.P. doctor Oswaldo Giraldo López […]”
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se realizó una interpretación sistemática de la normativa constitucional y
legal que regula la materia, en particular de los artículos 352 de la
Constitución Política y 104 y 109 del Decreto 111 de 1996 contentivo del
Estatuto Orgánico del Presupuesto, el cual dejó en claro que las
entidades territoriales son competentes para ajustar las normas orgánicas
del presupuesto nacional, por lo cual pueden acordar vigencias futuras
excepcionales en sus respectivos ámbitos locales […]”.
Marco normativo y jurisprudencial del debido proceso
66. Visto el artículo 29 de la Constitución Política, establece que: “[…] El debido
proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas. Nadie
podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante
juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de
cada juicio. En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior,
se aplicará de preferencia a la restrictiva o desfavorable. […]”.
67. La Corte Constitucional ha definido el derecho al debido proceso, como “[…] el
conjunto de garantías previstas en el ordenamiento jurídico, a través de las cuales se
busca la protección del individuo incurso en una actuación judicial o administrativa,
para que durante su trámite se respeten sus derechos y se logre la aplicación correcta
de la justicia. […]”, y ha recordado que “[…] En virtud del citado derecho, las
autoridades estatales no podrán actuar en forma omnímoda, sino dentro del marco
jurídico definido democráticamente, respetando las formas propias de cada juicio y
asegurando la efectividad de aquellos mandatos que garantizan a las personas el
ejercicio pleno de sus derechos[…]” de manera que ha resaltado que el derecho al
debido proceso tiene como propósito “[…] la defensa y preservación del valor material
de la justicia, a través del logro de los fines esenciales del Estado, como la
preservación de la convivencia social y la protección de todas las personas residentes
en Colombia en su vida, honra, bienes y demás derechos y libertades públicas
(preámbulo y artículos 1° y 2° de la C.P) […]”31.
68. En lo que tiene que ver con la violación al debido proceso por falta de valoración
probatoria, la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha precisado lo siguiente32:
31 “[…] Corte Constitucional, Sentencia C 980 de 1º. de diciembre de 2010, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo
[…]”
32 “[…] Corte Constitucional, Sentencia SU 132 de 26 de febrero de 2002, M.P. Álvaro Tafur Galvis […]”
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“[…] La negativa a la práctica o valoración de un medio probatorio por un juez
dentro del proceso que dirige, puede estar sustentada en la ineficacia de ese
medio para cumplir con la finalidad de demostrar los hechos en que se soporta
una determinada pretensión, toda vez que constituye un derecho para todas
las personas presentar pruebas y controvertir las que se presenten en su
contra. La Corte manifestó que “...la negativa a la práctica de pruebas sólo
puede obedecer a la circunstancia de que ellas no conduzcan a establecer la
verdad sobre los hechos materia del proceso o que estén legalmente
prohibidas o sean ineficaces o versen sobre hechos notoriamente
impertinentes o se las considere manifiestamente superfluas (arts. 178 C.P.C
y 250 C.P.P); pero a juicio de esta Corte, la impertinencia, inutilidad y
extralimitación en la petición de la prueba debe ser objetivamente analizada
por el investigador y ser evidente, pues debe tenerse presente que el rechazo
de una prueba que legalmente sea conducente constituye una violación del
derecho de defensa y del debido proceso […]”.
Acervo Probatorio
69. La Sala encuentra que las pruebas relevantes para resolver el asunto sub examine
son las siguientes:
70. El Concejo Municipal de Ramiriquí mediante Acuerdo núm. 019 del 29 de mayo de
2008, aprobó y adoptó el plan de desarrollo del ente territorial para el periodo 2008-
201133.
71. El 8 de junio de 2010, mediante Acta núm. 003, los miembros del Consejo
Municipal de Política Económica y Social -CONFIS- del municipio de Ramiriquí,
aprobaron la presentación de un proyecto de acuerdo al Concejo Municipal con el
propósito de solicitar autorización al señor alcalde para comprometer vigencias futuras
con cargo a los recursos del Sistema General de Participaciones para los sectores de
equipamiento municipal e infraestructura vial y realizarlos anticipadamente mediante la
pignoración de sus flujos de caja hasta por un término de diez años a partir de la
vigencia fiscal de 2011 y asumir los compromisos que se requieran para la adecuada
ejecución de los programas y proyectos de inversión en los sectores anotados
anteriormente y plasmados en el plan de desarrollo municipal34.
72. El Consejo de Gobierno del municipio de Ramiriquí, mediante Acta núm. 008 de 22
de junio de 201035, aprobó la solicitud formulada por el señor alcalde municipal en el
33 Folio 80 del anexo núm. 1 del expediente (1 CD).
34 Folios 72 al 82 del anexo núm. 1 del expediente.
35 Folios 83 al 85 del anexo núm. 1 del expediente.
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sentido de “[…] comprometer vigencias futuras y en caso tal, declarar los proyectos de
los cuales se anexa relación como proyectos de importancia estratégica, para poder
dar cumplimiento a la ley 819 de 2003 […]”.
73. Al respecto, el Secretario de Hacienda manifestó que “[…] en asamblea realizada
por el CONFIS el día 8 de junio de junio del presente año, en donde se hizo la
presentación del marco fiscal de mediano plazo y se analizó el presupuesto del año
2010, se pudo establecer que el municipio no cuenta con los recursos para poder
cumplir con la ejecución de los proyectos que el señor alcalde ha hecho referencia, por
lo que se acordó allí la presentación de solicitud de aprobación de vigencias futuras y
la contratación de las operaciones de crédito necesarias […]”. Luego de someterse a
votación, el Consejo de Gobierno aprobó por unanimidad la declaración de importancia
estratégica de los proyectos allí relacionados36.
74. El Secretario de Hacienda municipal -mediante escrito sin fecha- certificó que
dentro del presupuesto del ente territorial se contaba con la apropiación del 15% para
la vigencia fiscal de 2010 por un valor de $465.000.000.oo, para el trámite de un
crédito por valor de $3.100.000.000.oo37.
75. El acuerdo municipal núm. 014 de 23 de agosto de 201038, “Por medio del cual se
autoriza al señor alcalde del municipio de Ramiriquí para adquirir obligaciones
financieras y de leasing y comprometer recursos que afecten los presupuestos de
vigencias futuras del sistema general de participaciones en los sectores de vivienda de
interés social, equipamiento municipal e infraestructura vial; con el fin de garantizar la
ejecución de proyectos declarados de importancia estratégica para el municipio y que
se encuentran incluido en el plan de desarrollo 2008-2011”, fue aprobado luego de
surtidos los debates reglamentarios realizados los días 20 y 23 de agosto de 2010,
conforme a la certificación emitida por el presidente y la secretaría del Concejo
Municipal de Ramiriquí39.
76. El citado acuerdo fue sancionado por el alcalde del ente territorial el día 31 de
agosto de 2010 y remitido al mismo tiempo a la Gobernación de Boyacá para su
revisión según el artículo 82 de la Ley 136 de 1994. Este acto administrativo fue
36 Ibidem
37 Folios 71 del anexo núm. 1 del expediente
38 Folios 81 al 83 del anexo núm. 1 del expediente.
39 Folio 30 del anexo núm. 1 del expediente.
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publicado por fijación en cartelera de la Alcaldía Municipal el día 1 de septiembre de
2010, tal como lo certificó el Secretario de Gobierno del municipio40.
77. En la exposición de motivos se indicó el marco normativo que soportó el acuerdo
núm. 014 de 23 de agosto de 2010, en particular se hizo referencia al concepto de
vigencias futuras previsto en la Ley 819, así como a lo aprobado por el CONFIS
municipal en sesión del 8 de junio de 2010 y por el Consejo de Gobierno Municipal en
sesión del 22 de junio de esa anualidad, en los que se acordó solicitar al Concejo
Municipal la aprobación para autorizar al señor alcalde para comprometer vigencias
futuras y la contratación de las operaciones de crédito público necesarias para
asegurar la financiación y ejecución de los proyectos considerados como prioritarios41.
78. El Secretario de Planeación del municipio de Ramiriquí, mediante comunicación de
fecha 5 de febrero de 2014 dirigida a la Secretaría de Gobierno Municipal, relacionó
“[…] los Proyectos Ejecutados con los recursos del empréstito 2011, y en esta misma
información a su vez se Certifica si fueron o no de importancia estratégica para el
municipio y si estuvieron a (sic) no incluidos en el Plan de Desarrollo 2008-2011 […]”42.
79. La Sala procederá a apreciar y a valorar la totalidad de las pruebas, de
conformidad con las reglas de la sana crítica y en los términos del artículo 176 de la
Ley 1564, aplicando para ello las reglas de la lógica y la certeza que sobre
determinados hechos se requiere para efectos de decidir lo que en derecho
corresponda, en relación con el problema jurídico planteados en el caso sub examine.
Análisis del caso en concreto
80. De conformidad con el marco normativo y los desarrollos jurisprudenciales
indicados supra, la Sala procede a realizar el análisis del acervo probatorio para,
posteriormente, en aplicación del silogismo jurídico, resolver el caso sub examine.
Del objeto del Acuerdo núm. 014 del 23 de agosto de 2010 expedido por el
Concejo Municipal de Ramiriquí
81. La parte demandada en su alzada argumentó, en síntesis, que el objeto del
acuerdo censurado tuvo como único propósito la aprobación de un empréstito a cargo
40 Folio 85 del anexo núm. 1 del expediente.
41 Folios 81 al 82 del cuaderno núm. 1 del expediente.
42 Folios 89 al 94 del cuaderno núm. 1 del expediente
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del municipio de Ramiriquí para la inversión en proyectos que permitieran materializar
el plan de desarrollo municipal del periodo 2008-2011, por lo que no era dable
analizarlo bajo la figura de las vigencias futuras ordinarias previstas en el artículo 12
de la Ley 819, en tanto se trataba de una operación de crédito público sobre la que se
realizaron inversiones y cuyo pago se proyectó efectuarlo en años fiscales posteriores,
con cargo a los ingresos provenientes del Sistema General de Participaciones.
82. Para la Sala la censura alegada no tiene vocación de prosperidad, teniendo en
cuenta que una lectura detenida del acto demandado le permite advertir, sin dificultad,
que el Concejo Municipal de Ramiriquí le concedió al alcalde de dicha entidad territorial
dos tipos de autorizaciones, por un lado, la de adquirir obligaciones financieras y de
leasing, esto es, la celebración de operaciones de crédito público y la celebración de
los contratos de garantía y contragarantía, incluidos los contratos de pignoración de
recursos provenientes del Sistema General de Participaciones [núms. 2 y 3 del artículo
primero del acuerdo núm. 14] y, por otro lado, la facultad para comprometer vigencias
futuras por el término de diez años a partir del año 2011 [núm. 1 y parágrafo del
artículo primero y artículos segundo y tercero del acuerdo núm. 14]43.
83. En relación con este último punto, conviene destacar que en el considerando 4º del
acto acusado se hizo referencia a la naturaleza jurídica de las denominadas vigencias
futuras conforme a la Ley 819, al indicar que se trata de “[…] un instrumento de
planeación y ejecución presupuestal que permite a las entidades estatales asumir
compromisos en la vigencia actual que afectan presupuesto de vigencias posteriores
[…]”. En este mismo sentido, líneas más adelante se dijo que el CONFIS municipal
mediante Acta núm. 003 del 8 de junio de 2010 y el Consejo de Gobierno Municipal en
acta núm. 008 del 22 de junio de esa anualidad44, acordaron presentar al Concejo
Municipal la autorización para facultar al alcalde del ente territorial para comprometer
vigencias futuras con cargo al Sistema General de Participaciones y la consecuente
contratación de las operaciones de crédito público necesarias para asegurar la
financiación y ejecución de los proyectos considerados como prioritarios.
84. A continuación, se afirmó que la Oficina Asesora de Planeación certificó que los
proyectos de importancia estratégica cumplen con los requisitos para su ejecución al
43 Folios 81 al 83 del anexo núm. 1 del expediente
44 Considerandos 5º y 6º del acto acusado
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estar incluidos en el banco de proyectos del municipio y en el Plan de Desarrollo 2008-
201145, aspectos que le permiten a la Sala inferir que, contrario a lo expresado por la
parte demandada, el alcance del acto acusado no se refería únicamente a la
celebración de operaciones de crédito público sino que le otorgaba autorización al
alcalde municipal para comprometer recursos con cargo a vigencias futuras de
recursos del Sistema General de Participaciones.
85. Ahora bien, la Sala observa que el a quo en su decisión señaló que esta
autorización no se encontraba de manera clara en la redacción del Acuerdo censurado
en atención a que en el epígrafe se hace mención a la autorización que se otorga al
alcalde municipal para comprometer vigencias futuras del Sistema de General de
Participaciones, mientras que en el acápite resolutivo del acto no se observa de
manera expresa y clara que se faculta al alcalde para tal efecto.
86. Este aserto no es de recibo para la Sala, teniendo en cuenta que el artículo primero
del acto acusado fue preciso en señalar que se autoriza “[…] al señor Alcalde municipal
de Ramiriquí, previo el cumplimiento de los requisitos exigidos en el artículo 12 de la
ley 819 de 2003 y demás normas concordantes para: […] 1. Adquirir obligaciones
financieras y de leasing que afecten los presupuestos de vigencias futuras, dirigidas a
asegurar la financiación y ejecución de proyectos de inversión en los sectores de
vivienda de interés social, equipamiento municipal e infraestructura vial “[…]” (Se
destaca). Además, el artículo cuarto ejusdem estableció con claridad que “[…] Todas
las facultades y autorizaciones aquí otorgadas tienen vigencia hasta el 31 de diciembre
de 2010 […]”.
87. Como puede apreciarse, sin dificultad, la autorización otorgada al alcalde municipal
en el acto acusado estaba condicionada al cumplimiento previo de los requisitos
previstos en el artículo 12 de la Ley 81946, disposición normativa que, como se indicó
supra, prevé las condiciones para el otorgamiento de vigencias futuras ordinarias para
entidades territoriales, al tanto que estas potestades le fueron concedidas al
burgomaestre de manera pro tempore, es decir, hasta el día 31 de diciembre de 2010,
teniendo en cuenta que se trataba de funciones de índole presupuestal que le
corresponden de manera ordinaria al Concejo Municipal.
45 Considerando 7º del acto acusado
46 “[…] Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de presupuesto, responsabilidad y transparencia
fiscal y se dictan otras disposiciones […]”
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88. Al mismo tiempo, la autorización que se otorgó en el acápite resolutivo del acto
acusado al alcalde municipal para comprometer vigencias futuras concuerda con lo
consignado en el epígrafe de la decisión en el que se precisó su alcance en los
siguientes términos: “[…] Por medio del cual se autoriza al señor alcalde del municipio
de Ramiriquí para adquirir obligaciones financieras y de leasing y comprometer
recursos que afecten los presupuestos de vigencias futuras del sistema general de
participaciones en los sectores de vivienda de interés social, equipamiento municipal e
infraestructura vial; con el fin de garantizar la ejecución de proyectos declarados de
importancia estratégica para el municipio y que se encuentran incluido en el plan de
desarrollo 2008-2011” […]”47. (Se destaca)
89. El anterior razonamiento se corrobora con la prueba documental que obra en el
proceso, en particular con lo señalado en el CONFIS municipal del 8 de junio de 201048
y en el acta del Consejo de Gobierno Municipal del 22 de junio de esa anualidad 49, en
los que se advierte que sus integrantes convinieron en la necesidad de presentar al
Concejo Municipal de Ramiriquí una autorización para facultar al alcalde del ente
territorial para comprometer vigencias futuras con cargo al Sistema General de
Participaciones y la consecuente contratación de las operaciones de crédito público.
90. Así mismo, con la certificación emitida por el Secretario de Hacienda del municipio
que da cuenta que el ente territorial contaba dentro de la vigencia fiscal del año 2010
con la apropiación del 15% para adquirir un crédito por valor de $3.100.000.000, en
atención a lo previsto en el artículo 12 de la Ley 819 -sobre vigencias futuras ordinarias
para entidades territoriales-50.
91. Como se indicó supra, el artículo 313, numeral 3, de la Constitución Política,
establece que corresponde a los Concejos: “[…] 3. Autorizar al alcalde para celebrar
contratos y ejercer pro tempore precisas funciones de las que corresponden al Concejo
[…]”. Por su lado, el numeral 7º del artículo 92 del Decreto Ley 1333 de 198651,
determina que es atribución de los concejos municipales “[…] 7º Autorizar al alcalde
para celebrar contratos, negociar, empréstitos, enajenar bienes municipales y ejercer,
pro témpore, precisas funciones de las que corresponden a los Concejos […]”.
47 Folio 81 del anexo núm. 1 del expediente.
48 Folios 72 al 82 del anexo núm. 1 del expediente.
49 Folios 83 al 85 del anexo núm. 1 del expediente.
50 Folios 71 del anexo núm. 1 del expediente
51 “[…] Por el cual se expide el Código de Régimen Municipal […]”
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92. De las disposiciones antes transcritas se desprende que existen dos clases de
autorizaciones bien diferenciadas que los Concejos Municipales pueden conferir a los
alcaldes, por un lado, para celebrar contratos, negociar empréstitos y enajenar bienes
municipales y, por otro lado, para ejercer pro tempore precisas funciones de las que
corresponden a los Concejos. En cuanto a las primeras, las normas en comento no
señalan exigencias especiales, no establecen si dicha autorización debe ser general o
específica, ni hace distinción alguna, en tanto que, respecto de las segundas, exigen
que deben ser precisas y limitadas en el tiempo.
93. En lo que tiene que ver con las autorizaciones que los Concejos Municipales
otorgan a los alcaldes para contratar, conforme al artículo 313, numeral 3, de la
Constitución Política, la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha precisado lo
siguiente52:
“[…] De lo anteriormente expuesto se colige que, frente a la facultad para
celebrar contratos creadores de situaciones jurídicas concretas, la
Constitución faculta al Legislador para que permita al Gobierno que se vincule
jurídicamente y por ende se obligue en el campo contractual. Sin embargo, la
Carta no autoriza que el Legislador le imponga al Ejecutivo la celebración de
un contrato específico, pues la autorización del Congreso está sometida a la
realización de un acto de naturaleza administrativa. Por lo tanto, los artículos
impugnados transgreden la Constitución".
“El anterior razonamiento es aplicable, mutatis mutandi, a las autorizaciones
que los concejos municipales otorgan a los alcaldes para contratar, y por lo
mismo, a la reglamentación que sobre el particular expidan tales
Corporaciones, en ejercicio de lo dispuesto en la norma acusada. Por lo
mismo, no podrán los Concejos, so pretexto de reglamentar el tema de las
autorizaciones, extralimitarse en sus atribuciones e intervenir sobre la
actividad contractual propiamente dicha; dirección que corresponde al alcalde,
en tanto jefe de la acción administrativa del municipio, de conformidad con el
artículo 315-3 de la Carta” […]”
94. De la lectura del Acuerdo acusado, observa la Sala que las autorizaciones
otorgadas por el Concejo Municipal de Ramiriquí al alcalde del ente territorial para “[…]
Celebrar las operaciones de crédito público o leasing directas o indirectas de manejo
de deuda pública, asimiladas y conexas y la contratación directa de las mismas,
requeridas para la ejecución de proyectos descritos en los considerandos del presente
acuerdo […]” (artículo primero, numeral 2 del acto acusado) y, ”[…] Celebrar los
52 “[…] Corte Constitucional, sentencia C-738 de 11 de julio de 2001, M.P. doctor Eduardo Montealegre Lynett
[…]”
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contratos de garantía y contra garantía, incluidos los contratos de pignoración de
recursos del sistema general de participaciones, que sirven como garantía y fuente de
pago para la ejecución de los proyectos de conformidad con la ley […]” (artículo
primero, numeral 3 del acto acusado), encuadran dentro de lo prescrito en la primera
parte del numeral 3 del artículo 313 de la Constitución Política y del numeral 7º del
artículo 92 del Decreto Ley 1333 de 1986 y no dentro de la segunda parte de aquellas,
esto es, para ejercer funciones propias del Concejo Municipal, toda vez que no es
atribución suya celebrar contratos en nombre del ente territorial.
95. En cuanto a la facultad otorgada por el Concejo Municipal del ente territorial,
consistente en “[…] Autorizar al señor Alcalde municipal de Ramiriquí, previo el
cumplimiento de los requisitos exigidos en el artículo 12 de la ley 819 de 2003 y demás
normas concordantes para: […] 1. Adquirir obligaciones financieras y de leasing que
afecten los presupuestos de vigencias futuras, dirigidas a asegurar la financiación y
ejecución de proyectos de inversión en los sectores de vivienda de interés social,
equipamiento municipal e infraestructura vial, previstos en el plan de desarrollo
municipal 2008-2011 denominado “Trabajamos con Transparencia y Respeto” hasta
por la suma de MIL SEISCIENTOS MILLONES DE PESOS ($1.600.000.000,oo) […]”
(artículo primero, numeral 1 del acto acusado), se observa que esta fue precisa y
limitada en el tiempo y en ella se le indicó al alcalde del ente territorial que fue
facultado para comprometer vigencias futuras ordinarias por un monto de dinero
determinado, aspecto que, claramente, se acompasa con lo previsto en la segunda
parte del numeral 3 del artículo 313 de la Constitución Política y del numeral 7º del
artículo 92 del Decreto Ley 1333 de 1986 indicados supra, teniendo en consideración
que se trata de funciones de índole presupuestal que corresponden al Concejo
Municipal.
96. De acuerdo con las consideraciones precedentes y el texto del Acuerdo acusado,
resulta incuestionable para la Sala que el Concejo Municipal de Ramiriquí autorizó al
alcalde de ese municipio para apropiar vigencias futuras ordinarias de carácter
territorial, las cuales se encuentran reguladas por el artículo 12 de la Ley 819 de 2003,
razones suficientes para desestimar el cargo propuesto.
97. Con todo y lo anterior, la Sala advierte que en la sentencia de primera instancia el
a quo encontró probadas algunas falencias sobre las facultades otorgadas al
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representante legal de la parte demandada para celebrar operaciones de crédito
público, así como sobre la manera en que se utilizó la figura de las vigencias futuras
ordinarias en el trámite del acto acusado, consideraciones que lo llevaron a concluir
sobre la necesidad de declarar la nulidad de esta decisión.
98. Como estos razonamientos no fueron objeto de reproche en el recurso de alzada,
la Sala no dirá nada al respecto en estricto cumplimiento al marco de competencia que
le corresponde al juez de segunda instancia, salvo lo relacionado con el cargo sobre
violación al debido proceso que será objeto de estudio a continuación.
De la violación al debido proceso por falta de valoración probatoria por parte del
a quo
99. Refiere la parte actora, en síntesis, que en el presente asunto se transgredió el
debido proceso teniendo en consideración que en el estudio del cargo relacionado con
la vulneración del requisito previsto en el núm. 7 del artículo 12 de la Ley 819, el a quo
señaló que el proyecto núm. 1 cuyo objeto es la “Remodelación y adecuación del
Parque central del Municipio de Ramiriquí – Departamento de Boyacá”, no se
encontraba en el plan de desarrollo municipal; sin embargo, en el numeral 1.1.5.9
Equipamiento Urbano: Parque Municipal de este documento, se afirma que esta
locación amerita una reestructuración.
100. En ese mismo sentido, sostuvo que el proyecto núm. 5 “Suministro de una
volqueta para el mantenimiento de la red vial del municipio de Ramiriquí” y el proyecto
núm. 6 “Suministro de un vibrocompactador para el mantenimiento de la red vial del
Municipio de Ramiriquí”, se encuentran dentro del plan de desarrollo en el numeral
1.1.5.8. Vías, teniendo en cuenta que “[…] si bien de manera explícita no se refieren a
dichos proyectos, se concreta que la utilización de esos automotores, es indispensable
para alcanzar los demás proyectos en cuanto a vías se refiere […]”.
101. Como se indicó supra, el artículo 29 de la Constitución Política estableció el
derecho fundamental al debido proceso, en aplicación al principio de legalidad, el cual
constituye uno de los fundamentos esenciales del Estado Social de Derecho, toda vez
que impone un límite claro al ejercicio del poder público.
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102. El debido proceso, además de ser un límite al ejercicio del poder público,
representa un mecanismo de protección a los derechos de los ciudadanos, pues el
Estado no puede limitarlos o cercenarlos de manera arbitraria o deliberada. La
jurisprudencia de la Corte Constitucional ha definido el debido proceso como un
conjunto de lineamientos, parámetros o exigencias definidas por una Ley, de aplicación
obligatoria en cualquier actuación del Estado, bien sea judicial o administrativa 53.
103. En el ámbito de las actuaciones judiciales, el derecho fundamental objeto de
estudio ha sido entendido por la jurisprudencia y la doctrina como el conjunto de
garantías y principios que aseguran que las personas involucradas en un proceso
judicial tengan derecho a una defensa adecuada, a ser escuchadas, a presentar
pruebas y a que estas sean valoradas en conjunto y conforme a las reglas de la sana
crítica, y a que sus causas sean resueltas de manera justa con fundamento en el
marco normativo vigente. Además, el debido proceso implica que las autoridades
judiciales deben actuar con prontitud e imparcialidad, respetando los derechos
fundamentales de las personas involucradas en el proceso.
104. Como se indicó supra la autorización otorgada al alcalde municipal de Ramiriquí
en el acto acusado estaba condicionada al cumplimiento previo de los requisitos
previstos en el artículo 12 de la Ley 81954, disposición normativa que prevé las
condiciones para el otorgamiento de vigencias futuras ordinarias para entidades
territoriales. En ese sentido, la parte demandante sostuvo que con el acto demandado
el Concejo Municipal de Ramiriquí desconoció el inciso 7º del artículo 12 ejusdem, en
razón a que se autorizó al alcalde de la entidad territorial para comprometer vigencias
futuras por un periodo de diez años, excediendo, en consecuencia, su periodo de
gobierno, teniendo en cuenta que la única excepción para que opere este supuesto es
que se trate de proyectos de gastos de inversión en aquellos casos en que el Consejo
de Gobierno previamente los declare de importancia estratégica.
105. Por su lado, el a quo consideró en el fallo de primera instancia que sólo cuatro
(4) de los nueve (9) proyectos que se autorizaron para afectar compromisos futuros se
consideran de importancia estratégica por la Secretaría de Planeación del municipio, lo
anterior conforme la certificación de fecha 5 de febrero de 2014, vulnerándose de esta
manera el referido requisito legal.
53 “[…] Corte Constitucional, sentencia C-034 de 2014, M.P. Dra. María Victoria Calle Correa […]”
54 “[…] Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de presupuesto, responsabilidad y transparencia
fiscal y se dictan otras disposiciones […]”
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106. Para resolver este punto de la controversia, la Sala considera útil destacar que
el inciso 7º del artículo 12 de la Ley 819, prevé lo siguiente:
“[…] ARTÍCULO 12. VIGENCIAS FUTURAS ORDINARIAS PARA
ENTIDADES TERRITORIALES. En las entidades territoriales, las
autorizaciones para comprometer vigencias futuras serán impartidas por la
asamblea o concejo respectivo, a iniciativa del gobierno local, previa
aprobación por el CONFIS territorial o el órgano que haga sus veces.
[…]
La autorización por parte del CONFIS para comprometer presupuesto con
cargo a vigencias futuras no podrá superar el respectivo período de gobierno.
Se exceptúan los proyectos de gastos de inversión en aquellos casos en que
el Consejo de Gobierno previamente los declare de importancia estratégica
[…]” (Se destaca)
107. De acuerdo con la norma transcrita se advierte que existe una prohibición
general consistente en que las entidades territoriales no pueden comprometer
vigencias futuras ordinarias que superen el respectivo periodo de gobierno y que, en
todo caso, la única excepción a esta regla es que se trate de proyectos de gastos de
inversión que el Consejo de Gobierno haya declarado previamente como de
importancia estratégica.
108. De los documentos aportados al proceso se demostró que el Concejo Municipal
de Ramiriquí, Boyacá, autorizó al alcalde de dicho ente territorial para comprometer
vigencias futuras, a iniciativa de dicho servidor público y previa aprobación del CONFIS
municipal, según consta en el Acta núm. 003 de 8 de junio de 201055.
109. Está probado, igualmente, que el Consejo de Gobierno del municipio de
Ramiriquí mediante Acta núm. 008 de 22 de junio de 2010, aprobó la declaración de
importancia estratégica de algunos proyectos con el propósito de comprometer
vigencias futuras que superen el respectivo periodo de gobierno en los términos de la
Ley 819, así56:
“[…] VIAS:
URBANAS Y RURALES
− Adoquinamiento o pavimentación barrio el Paraiso
55 Folios 72 al 82 del anexo núm. 1 del expediente.
56 Folios 83 al 85 del anexo núm. 1 del expediente.
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− Pavimentación carrera 7ª entre calles 2ª y 5ª
− Pavimentación calle 3ª entre carreras 6ª y 8ª
− Pavimentación carrera 3ª entre calles 6ª y 8ª
− Pavimentación calle 5ª entre carreras 5ª y 6ª
− Adoquinamiento o pavimentación calle 5ª entre carreras 4ª A y 1ª E
− Construcción adecuación y mantenimiento vías rurales
ALCANTARILLADO
− Construcción alcantarillado carrera 4ª entre calles 1ª y 4ª
− Construcción alcantarillado calle 2ª entre carreas 1ª y 2ª
− Construcción alcantarillado calle 14 entre carreras 4ª y 5ª
SANEAMIENTO BASICO
− Adquisición carro recolector
− Construcción plantas de tratamiento acueductos rurales
− Construcción baterías sanitarias saneamiento básico rural
INFRAESTRUCTURA
− Mantenimiento, construcción y adecuación parque
− Programa de electrificación rural
DEPORTE
− Construcción unidades deportivas rurales
− Construcción parque recreacional
− Construcción unidad deportiva barrio JIDEM […]”.
110. De la lectura de este documento se observa, con claridad, que en el proyecto
denominado “[…] INFRAESTRUCTURA […]”, se encuentra una actividad que consiste
en el “[…] Mantenimiento, construcción y adecuación parque […]”, la cual, además,
está incluida en el numeral “[…] 1.1.5.9 Equipamiento Urbano: Parque Municipal […]”
del Plan de Desarrollo 2008-201157. En ese orden, contrario a lo sostenido por el a
quo, está demostrado que el Consejo de Gobierno aprobó la declaración de
importancia estratégica de este proyecto con el propósito de comprometer vigencias
futuras que superen el respectivo periodo de gobierno en los términos de la Ley 819,
aspecto que se corrobora con lo señalado en el texto del Acuerdo acusado al indicar
que “[…] el Consejo de Gobierno municipal según acta No. 008 de fecha 22 de junio de
2010, aprobó por unanimidad presentar el presente proyecto de acuerdo en los
términos del considerando anterior que permitan la ejecución de los proyectos allí
relacionados […]”.
111. No obstante lo reseñado, no ocurre lo mismo con los proyectos a los que alude
la parte demandada en el recurso de apelación y que se denominan “[…] Suministro de
57 Folio 80 del anexo núm. 1 del expediente (1 CD).
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Demandante: Wilson Heladio Silva Vargas
una volqueta para el mantenimiento de la red vial del municipio de Ramiriquí […]” y
“[…] Suministro de un vibrocompactador para el mantenimiento de la red vial del
Municipio de Ramiriquí […]”, teniendo en cuenta que, si bien estos proyectos fueron
incluidos en el artículo tercero (3º) del acto demandado, lo cierto es que no fueron
declarados previamente por el Consejo de Gobierno municipal como de importancia
estratégica para la constitución de vigencias futuras ordinarias, incurriendo así en la
prohibición consagrada en el inciso 7º del artículo 12 de la Ley 819, tal como se dijo en
el fallo de primera instancia.
112. Sobre este punto de análisis, conviene señalar que la parte demandada en su
alzada manifestó que, “[…] si bien de manera explícita no se refieren a dichos
proyectos, se concreta que la utilización de esos automotores, es indispensable para
alcanzar los demás proyectos en cuanto a vías se refiere […]”, afirmación que no es de
recibo para la Sala, por cuanto la exigencia legal anotada es precisa en establecer que
“[…] se exceptúan los proyectos de gastos de inversión en aquellos casos en que el
Consejo de Gobierno previamente los declare de importancia estratégica […]”,
presupuesto que no se cumple a cabalidad en el presente asunto en la medida que la
adquisición de esta maquinaria -volqueta y vibrocompactador-, no fue considerada
como de importancia estratégica por el órgano competente, por lo que se incumplió, en
consecuencia, con este requisito y en ese orden resulta procedente desestimar el
cargo propuesto.
113. En este sentido, si bien prima facie se podría considerar que esta situación
conduciría a la declaratoria de nulidad parcial del acto acusado, lo cierto es que, en
criterio de la Sala, esta falencia afecta la totalidad de la decisión al tratarse de una
exigencia legal, máxime si se tiene en cuenta que el a quo encontró probadas algunas
anomalías relacionadas con las facultades otorgadas al representante legal del ente
territorial para celebrar operaciones de crédito público, así como sobre la manera en
que se utilizó la figura de las vigencias futuras ordinarias en el trámite del acto
demandado, consideraciones que lo llevaron a concluir sobre la necesidad de declarar
la nulidad de la decisión y, sobre las cuales, la parte demandada no dijo nada al
respecto en su alzada.
114. Por último, la Sala no pierde de vista que el a quo fundó el análisis sobre este
punto en la certificación de fecha 5 de febrero de 2014, suscrita por el Secretario de
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Demandante: Wilson Heladio Silva Vargas
Planeación del municipio de Ramiriquí y dirigida a la Secretaría de Gobierno Municipal,
en la que relacionó “[…] los Proyectos Ejecutados con los recursos del empréstito 2011
[…]”58; no obstante, es el acta del Consejo de Gobierno municipal de fecha 22 de junio
de 2010 el documento que59, conforme a lo previsto en el inciso 7º del artículo 12 de la
Ley 819, permite determinar el cumplimiento de este requisito, esto es, si un proyecto
de inversión escapa o no a la regla de superar el respectivo período de gobierno,
teniendo en consideración que en este se determina si fue declarado como de
importancia estratégica.
Conclusión
115. La Sala considera que no se desvirtuaron los argumentos del a quo para
declarar la nulidad del acto acusado, en consecuencia, procederá a confirmar la
sentencia proferida, en primera instancia, el 18 de junio de 2015 por la Sala de
Decisión núm. 11D del Tribunal Administrativo de Boyacá, que accedió a las
pretensiones de la demanda, por las razones expuestas en esta providencia.
Condena en costas
116. Visto el artículo 171 del Código Contencioso Administrativo, sobre condena en
costas, y atendiendo la conducta asumida por las partes, la Sala considera que no se
evidenció temeridad ni mala fe en la actuación procesal, por lo que se abstendrá de
condenar en costas.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley
III. RESUELVE:
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida, en primera instancia, el 18 de junio de
2015 por la Sala de Decisión núm. 11D del Tribunal Administrativo de Boyacá, que
58 Folios 89 al 94 del cuaderno núm. 1 del expediente
59 Folios 83 al 85 del anexo núm. 1 del expediente.
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Demandante: Wilson Heladio Silva Vargas
accedió a las pretensiones de la demanda, por las razones expuestas en la parte
motiva de esta providencia.
SEGUNDO: SIN CONDENA en costas en esta instancia, por las razones expuestas en
la parte motiva de esta providencia.
TERCERO: En firme esta providencia, DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente Consejero de Estado
Consejero de Estado
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección
Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.
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