Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-02037-00
Consejo de Estado · Sala Plena
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2025-02037-00
Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-02037-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2025-02037-00
Consejero ponente: Pedro Pablo Vanegas Gil
8 de mayo de 2025
Demandantes: Municipio de Armenia
Demandado: Tribunal Administrativo del Quindío, Sala Quinta de Decisión
Radicado: 11001-03-15-000-2025-02037-00
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado ponente: PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Ocho (8) de mayo de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2025-02037-00
Demandantes: MUNICIPIO DE ARMENIA
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL QUINDÍO, SALA
QUINTA DE DECISIÓN
Tema: Tutela contra providencia judicial – declara improcedencia por
falta de relevancia constitucional.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala resuelve la acción constitucional de la referencia, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política y los Decretos 2591 de 1991
y 1069 de 20151.
I. ANTECEDENTES
1.1. Tutela
1. El municipio de Armenia, Quindío, actuando por medio de apoderado
judicial, presentó acción de tutela contra el Tribunal Administrativo del Quindío,
Sala Quinta de Oralidad. Con la solicitud de amparo pretende la protección del
derecho fundamental al debido proceso.
2. La anterior garantía la estimó vulnerada con ocasión de la sentencia de
única instancia del 5 de diciembre de 2024, dictada por la autoridad judicial
accionada, dentro del proceso de observación legal y constitucional de acuerdo
con radicado 63001-23-33-000-2024-00109-00.
1.2. Pretensiones
3. La parte accionante solicitó lo siguiente:
3.1. Que se ampare el derecho fundamental al debido proceso del municipio de
Armenia (Quindío), vulnerados por el Tribunal Administrativo del Quindío.
3.2. Que como consecuencia de lo anterior, se ordene a la autoridad demandada
1 Modificado por el artículo 1º del Decreto Nacional 333 de 2021.
1
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandantes: Municipio de Armenia
Demandado: Tribunal Administrativo del Quindío, Sala Quinta de Decisión
Radicado: 11001-03-15-000-2025-02037-00
que en el término de cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación del
fallo, verifique y corrija la argumentación expuesta en la sentencia No. 248 del 05
de diciembre de 2024 y con ocasión de ello, haga un nuevo análisis en el que
aplique las normas que corresponden de cara al otorgamiento de una autorización
y a la prestación de servicios públicos por particulares y se abstenga de aplicar las
normas y sentencias que regulan la [transferencia] de funciones públicas a
particulares.
1.3. Hechos
4. La Sala resume los supuestos fácticos relevantes de la tutela de la
referencia, de la siguiente manera:
5. El 12 de septiembre de 2024, el Concejo Municipal de Armenia, Quindío,
sancionó el Acuerdo 315, por medio del cual se autorizó al alcalde de esa entidad
territorial a suscribir el contrato de concesión para la prestación de algunos
servicios relacionados con asuntos de tránsito.
6. Una vez enviado el citado Acuerdo a la Dirección de Asuntos Jurídicos,
Conceptos y Revisiones de la Secretaría Jurídica del departamento del Quindío
para surtir el trámite de revisión de constitucionalidad y legalidad en virtud de las
atribuciones consignadas en el numeral 10 del artículo 305 de la Constitución
Política, el gobernador decidió elevar solicitud de revisión por ilegalidad ante el
Tribunal Administrativo del Quindío.
7. Por medio de sentencia de única instancia del 5 de diciembre de 2024, el
Tribunal accionado declaró inválido el Acuerdo 315 de 2024, por las siguientes
razones: (i) no se estipuló un plazo perentorio para la celebración del citado
contrato, sino que solo se fijó el término máximo de la concesión, lo que implica
que el alcalde podría adelantar la actividad precontractual y contractual en
cualquier tiempo o de manera indefinida; y (ii) el artículo 111 de la Ley 489 de
1998 es claro al señalar que solo pueden otorgarse funciones administrativas a
un particular durante un máximo de 5 años y en el citado acuerdo se autorizó la
celebración de la concesión por hasta 15 años y 4 meses.
1.4. Sustento de la vulneración
8. Según la parte accionante, el Tribunal Administrativo del Quindío, en la
sentencia cuestionada, incurrió en dos causales específicas de procedencia de
acciones de tutela contra providencia judicial, relativas al defecto sustantivo y a
la violación directa de la Constitución.
9. En cuanto al defecto sustantivo, señaló que la accionada interpretó
incorrectamente el numeral 3 del artículo 313 de la Constitución Política. Así, la
solicitud de revisión enviada por la Gobernación del departamento del Quindío se
fundamentó en que, según manifestó esa autoridad administrativa, las facultades
otorgadas a los alcaldes municipales deben ser pro tempore, es decir, por un
2
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandantes: Municipio de Armenia
Demandado: Tribunal Administrativo del Quindío, Sala Quinta de Decisión
Radicado: 11001-03-15-000-2025-02037-00
tiempo definido, posición que apoyó el Tribunal y en la que se basó la decisión
de invalidez cuestionada.
10. A pesar de lo anterior, el accionante expuso que la conclusión es errónea,
porque el aludido antecedente constitucional señala que a los concejos les
corresponde «autorizar al alcalde para celebrar contratos y ejercer pro tempore
precisas funciones de las que corresponden al Concejo». Para el municipio de
Armenia, la conjunción «y» indica la existencia de dos circunstancias a saber: (a)
la autorización al alcalde para celebrar contratos y (b) la autorización al alcalde
para ejercer pro tempore funciones que corresponden al concejo municipal.
11. De ese modo, las autorizaciones temporales son solo para el ejercicio de
funciones que normalmente recaen sobre los concejos municipales, pero no
sobre la suscripción de contratos. En ese sentido, afirmó que no es cierto, como
concluyó el Tribunal, que la autorización otorgada a un alcalde para celebrar un
contrato deba estar sometida a un tiempo determinado, pues ello no es necesario
en atención al límite establecido por el principio de anualidad del presupuesto.
12. Además, a juicio del tutelante, el análisis contenido en la sentencia es
«básico», «incompleto, ambiguo e inconstitucional». Al respecto, señaló que,
según la autoridad judicial, los servicios de tránsito [que serían objeto de la
contratación autorizada] constituyen funciones administrativas del sector
transporte, por lo que su desarrollo está regulado por el artículo 111 de la Ley
489 de 1998 y no podrían concesionarse por más de 5 años. Sin embargo, según
el municipio de Armenia, esa interpretación contraviene la Ley 769 de 2002, que
autoriza la contratación con privados para la implementación de ayudas
tecnológicas, de instalación y puesta en funcionamiento de sistemas automáticos
o semiautomáticos para la detección de infracciones de tránsito.
13. La entidad territorial insistió en que la prestación del servicio público de
tránsito puede contratarse en los términos de la Ley 80 de 1993, y no según la
Ley 489 de 1998, por lo que no estaría limitado al término de 5 años que dispone
el artículo 111 ibidem, pues no se trata de la «transferencia de prerrogativas de
poder público o de función pública, sino […] de un típico contrato estatal de
concesión».
14. Ahora bien, en cuanto a la alegada violación directa de la Constitución,
el accionante argumentó que el Tribunal confundió los términos «servicio
público» y «función pública», los cuales están claramente distinguidos en el
capítulo V del título XII de la Constitución Política, pues le dio el tratamiento a la
autorización para la celebración de contratos de que trata el numeral 3 del artículo
313 de la Constitución Política, como si se tratara de un traslado de funciones
públicas a particulares, en cuyo evento sí es aplicable el término máximo
consignado en el artículo 111 de la Ley 489 de 1989. Finalmente, precisó que la
sentencia acusada desconoció la autonomía del municipio de Amenia prevista en
el artículo 287 superior, por lo que resulta imperativa la intervención del juez de
tutela.
3
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandantes: Municipio de Armenia
Demandado: Tribunal Administrativo del Quindío, Sala Quinta de Decisión
Radicado: 11001-03-15-000-2025-02037-00
1.5. Trámite de primera instancia
15. Por medio del auto del 9 de abril de 2025, el despacho ponente de esta
decisión admitió la solicitud de amparo. En consecuencia, ordenó notificar como
entidad accionada a la Sala Quinta de Decisión del Tribunal Administrativo del
Quindío y como terceros con interés al departamento del Quindío y el Concejo
Municipal de Armenia, por haber participado en el proceso de observación legal
y constitucional de acuerdo 63001-23-33-000-2024-00109-00.
1.6. Intervenciones
1.6.1. Concejo Municipal de Armenia, Quindío2
16. Solicitó que se acceda al amparo deprecado por el municipio de Armenia,
en atención a que considera que el Tribunal Administrativo del Quindío vulneró
el derecho fundamental al debido proceso al imponer un límite temporal para la
autorización concedida por el concejo al alcalde municipal para la suscripción de
un contrato de concesión.
17. Argumentó que el artículo 18 de la Ley 1551 de 2012, dispone que una de
las atribuciones de los concejos es la de conceder autorización a los alcaldes
para celebrar contratos de concesión. En este sentido, citó la sentencia de la
Sección Primera del Consejo de Estado del 18 de abril de 2024, dentro del
proceso con radicado 15001-23-31-001-2010-01537-01, en la que se indicó lo
siguiente:
De las disposiciones antes transcritas se desprende que existen dos clases de
autorizaciones bien diferenciadas que los Concejos Municipales pueden conferir
a los alcaldes, por un lado, para celebrar contratos, negociar concesión y
enajenar bienes municipales y, por otro lado, para ejercer pro tempore precisas
funciones de las que corresponden a los Concejos. En cuanto a las primeras, las
normas en comento no señalan exigencias especiales, no establecen si dicha
autorización debe ser general o específica, ni hace distinción alguna, en tanto
que, respecto de las segundas, exigen que deben ser precisas y limitadas en el
tiempo.
En lo que tiene que ver con las autorizaciones que los Concejos Municipales
otorgan a los alcaldes para contratar, conforme al artículo 313, numeral 3, de la
Constitución Política, la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha precisado lo
siguiente: “[…] De lo anteriormente expuesto se colige que, frente a la facultad
para celebrar contratos creadores de situaciones jurídicas concretas, la
Constitución faculta al Legislador para que permita al Gobierno que se vincule
jurídicamente y por ende se obligue en el campo contractual. Sin embargo, la
Carta no autoriza que el Legislador le imponga al Ejecutivo la celebración de un
contrato específico, pues la autorización del Congreso está sometida a la
realización de un acto de naturaleza administrativa […].
2 Documento 18 del expediente digital.
4
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandantes: Municipio de Armenia
Demandado: Tribunal Administrativo del Quindío, Sala Quinta de Decisión
Radicado: 11001-03-15-000-2025-02037-00
1.6.2. Departamento del Quindío3
18. Solicitó que se declare la improcedencia de la acción de tutela de la
referencia al considerar que no cumple con el requisito de subsidiariedad, pues,
a su juicio, no se han agotado todos los medios de defensa ordinarios y
extraordinarios. Sin embargo, no indicó qué medios de defensa considera
procedentes. Además, sostuvo que no se evidencia la ocurrencia de un perjuicio
irremediable que justifique la intervención urgente e impostergable del juez de
tutela, por lo que conocer de fondo el presente asunto sería convertir este medio
de amparo en una segunda instancia.
1.6.3. Tribunal Administrativo del Quindío4
19. Manifestó que lo pretendido por el municipio de Armenia no es más que
utilizar la acción de tutela como un recurso de instancia para que se deje sin
efecto una decisión judicial que no le fue favorable, lo que puede evidenciar un
mal uso, o incluso abuso, de la acción de tutela contra providencia judicial.
20. En efecto, los argumentos expuestos en el escrito de tutela recaen
estrictamente en la validez del acto revisado en el proceso ordinario, sobre lo cual
ya se emitió un estudio legal contenido en la sentencia acusada. Así, la posición
jurídica del accionante es respetable, pero no se ajusta a derecho por las razones
expuestas en la providencia del 5 de diciembre de 2024.
II. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia
21. Esta Sala es competente para conocer la acción de tutela presentada por
la parte actora contra el Tribunal Administrativo del Quindío, Sala Quinta de
Decisión. Lo anterior, de conformidad con lo establecido por el Decreto 2591 de
1991, en concordancia con el Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto
333 de 2021, y el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado.
2.2. Legitimación en la causa
22. La legitimación en la causa consiste, de una parte, en que quien promueve
la acción sea el titular del derecho o del interés que se invoca como fundamento
de las pretensiones que se aducen (activa), y, de otra, en que el accionado sea
el sujeto frente a quien deben reclamarse y controvertirse estas (pasiva).
23. La Sala advierte que el municipio de Armenia está legitimado en la causa
por activa por ser la autoridad que profirió el acto administrativo anulado a través
de la sentencia de única instancia dictada dentro del proceso de observación
3 Documento 21 del expediente digital.
4 Documento 20 de la carpeta «no asociado al cuaderno» del expediente digital.
5
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandantes: Municipio de Armenia
Demandado: Tribunal Administrativo del Quindío, Sala Quinta de Decisión
Radicado: 11001-03-15-000-2025-02037-00
legal y constitucional de acuerdo 63001-23-33-000-2024-00109-00.
24. Asimismo, se evidencia que el Tribunal Administrativo del Quindío, Sala
Quinta de Decisión, está legitimado en la causa por pasiva por ser la autoridad
judicial que profirió la sentencia de única instancia del 5 de diciembre de 2024
dentro del citado proceso contencioso-administrativo, que la parte accionante
considera trasgresora de sus derechos fundamentales.
2.3. Problema jurídico
25. Teniendo en cuenta la situación fáctica expuesta por la parte actora, el
material probatorio recaudado y los informes presentados, los problemas
jurídicos a resolver en el caso concreto son los siguientes:
● ¿Se superan los requisitos generales de procedibilidad de la acción de
tutela contra providencias judiciales?
26. De resultar afirmativa la respuesta a la pregunta anterior, la Sala analizará
lo siguiente:
● ¿El Tribunal Administrativo del Quindío, Sala Quinta de Decisión, vulneró el
derecho fundamental al debido proceso de la parte actora con la expedición
de la sentencia de única instancia del 5 de diciembre de 2024 que declaró
la invalidez del Acuerdo 315 del 11 de septiembre de 2024 proferido por el
Concejo Municipal de Armenia, dentro del proceso de revisión constitucional
y legal de acuerdo identificado con el radicado 63001-23-33-000-2024-
00109-00?
27. Para resolver los problemas jurídicos planteados, se analizarán los
siguientes temas: (i) las generalidades de la acción de tutela contra providencia
judicial; (ii) análisis sobre los requisitos generales en el presente asunto, y, en
caso de superar el citado estudio, (iii) el caso concreto.
2.4. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia
judicial
28. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo unificó la diversidad de
criterios que esta Corporación tenía sobre la acción de tutela contra providencias
judiciales, en fallo de 31 de julio de 20125. Lo anterior, porque hasta ese
momento, las distintas Secciones y la misma Sala Plena tenían diferentes
posturas sobre este tema6. En la referida sentencia se estableció que la tutela
5 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de 31 de julio de
2012, M.P. María Elizabeth García González, Rad. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01.
6 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes
reseñado.
6
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandantes: Municipio de Armenia
Demandado: Tribunal Administrativo del Quindío, Sala Quinta de Decisión
Radicado: 11001-03-15-000-2025-02037-00
contra providencias judiciales sí es procedente si se cumplen ciertos requisitos
especiales y excepcionales7.
29. A su vez, los requisitos especiales y excepcionales para que proceda una
acción de tutela contra providencia judicial fueron unificados por la Sala Plena de
esta Corporación en la sentencia del 5 de agosto del 20148. En esta sentencia
establecieron seis requisitos adjetivos de procedencia9 y ocho defectos
especiales en los que puede incurrir una providencia judicial, de la siguiente
manera:
Los seis criterios adjetivos establecidos en la sentencia de unificación del 05 de
agosto del 2014 son: i). Que la cuestión que se discuta resulte de evidente
relevancia constitucional; ii) Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios
y extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo
que se trate de evitar la consumación de un perjuicio ius fundamental
irremediable; iii) Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la
tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del
hecho que originó la vulneración. iv) Cuando se trate de una irregularidad
procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante
en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la
parte actora; v) Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los
hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que
hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere
sido posible y vi) Que no se trate de sentencias de tutela.
30. Por tanto, previo a estudiar de fondo el asunto y determinar si se
configuran los defectos especiales, la Sala determinará si se superan los
siguientes requisitos generales de procedencia:
i) que la acción de tutela no se dirija contra un fallo de tutela,
ii) inmediatez,
iii) subsidiariedad,
iv) relevancia constitucional,
v) identificación razonable de los hechos vulneradores del derecho,
vi) efecto decisivo de la irregularidad procesal.
7 Se dijo en la mencionada sentencia “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, de conformidad con lo expresado a folios 2 a 50 de esta providencia.”
8 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia del 05 de agosto
de 2014, M.P. Jorge Octavio Ramírez, Rad. No. 11001-03-15-000-2012-02201-01.
9 Los seis criterios adjetivos establecidos en la sentencia de unificación del 05 de agosto del 2014
son: i). Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; ii) Que se
hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios- de defensa judicial al alcance de
la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio ius fundamental
irremediable; iii) Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere
interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración.
iv) Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto
decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales
de la parte actora; v) Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que
generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en
el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible y vi) Que no se trate de sentencias de
tutela.
7
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandantes: Municipio de Armenia
Demandado: Tribunal Administrativo del Quindío, Sala Quinta de Decisión
Radicado: 11001-03-15-000-2025-02037-00
31. De modo que, de no observarse el cumplimiento de uno de estos
presupuestos, se declara improcedente la acción de amparo, sin que se analice
el fondo del asunto. Cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala
estudiar si se configura uno o más de los defectos especiales de procedencia de
la acción de tutela contra providencia judicial. En este mismo sentido, la Sala ha
establecido que, para la prosperidad o negación del amparo impetrado, se
requerirá:
i) que la causa, motivo o razón a la que se atribuya la transgresión sea de
tal entidad que incida directamente en el sentido de la decisión, y,
ii) que la acción no intente reabrir el debate de instancia.
32. Es importante recalcar que la acción de tutela no puede ser considerada
como una «tercera instancia» que se emplee, por ejemplo, para revivir términos,
interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez natural.
33. Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar si en el caso concreto
concurren los requisitos de procedibilidad. En caso de encontrarlos superados,
se resolverá si la sentencia censurada incurrió en los defectos aludidos.
2.5. Análisis de los requisitos generales de procedibilidad
34. Al respecto, esta Sección en sentencia del 29 de septiembre de 2022
modificó la postura que venía manejando sobre el estudio del requisito de
relevancia constitucional, en especial, en aquellos casos en los cuales se hace
evidente que los temas se limitan a aspectos de índole legal o económico, sin
que se pueda advertir la necesidad de desarrollar un estudio de fondo sobre una
posible vulneración de una garantía constitucional10.
35. De esta manera, en esa oportunidad, se planteó que el estudio de la
relevancia constitucional debía estar acompasado con los criterios establecidos
por la Corte Constitucional en la sentencia SU-215 de 2022, los cuales fueron
acogidos por esta Corporación. En concreto, estos presupuestos se refieren a:
i) que el actor cumpla su carga argumentativa, en donde justifique
suficientemente la relevancia constitucional por vulneración de derechos
fundamentales, ya que no basta que se aduzca la vulneración de aquellos;
ii) que la acción de tutela no se erija en una instancia adicional al proceso
ordinario en el cual fue proferida la providencia acusada, puesto que este
mecanismo sólo está instituido para proteger derechos fundamentales y no para
discutir la discrepancia que el actor tenga frente a la decisión judicial. Por ende, no
debe ser un debate exclusivamente legal; y
10 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta. Sentencia del 29
de septiembre de 2022. Rad. 11001-03-15-000-2022-03365-01, M.P. Pedro Pablo Vanegas Gil.
8
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandantes: Municipio de Armenia
Demandado: Tribunal Administrativo del Quindío, Sala Quinta de Decisión
Radicado: 11001-03-15-000-2025-02037-00
iii) que no se trate de asuntos puramente económicos en los que no se
advierta la tensión entre las decisiones que se enjuician y una vulneración
ostensible de un derecho fundamental. Lo anterior porque estas controversias
corresponde definirlas a los jueces ordinarios y la tutela no puede convertirse en
una tercera instancia.
36. Adicionalmente, en el fallo de unificación referenciado la Corte explicó que,
dado que las providencias judiciales hacen tránsito a cosa juzgada, cuando se
interponga un mecanismo de amparo constitucional contra una decisión judicial
«el juez de tutela debe limitarse a analizar los yerros puntuales de la providencia
cuestionada señalados por el accionante, pues tiene vedado adelantar un control
oficioso y exhaustivo de la providencia reprochada».
37. Al abordar el caso concreto, el alto tribunal constitucional precisó que la
acción de tutela contra providencias judiciales implica un juicio de validez y no
una corrección del fallo cuestionado. En ese sentido, no se puede utilizar este
instrumento como una instancia adicional para discutir cuestiones probatorias o
formas de interpretación de las normas que se zanjaron por el juez natural. Lo
anterior como un eje fundamental para «lograr un correcto entendimiento de los
hechos y del problema jurídico, pues así se previene la irrupción del juez de tutela
en asuntos que no son de su competencia y se garantiza que la cuestión sea
analizada a la luz de la Constitución».
38. Conforme a lo decidido en anteriores oportunidades, la Sala entrará a
decidir si en el presente caso el asunto reviste o no de relevancia constitucional,
de conformidad con los criterios antes planteados y atendiendo a los fines
acogidos por la Corte Constitucional y esta Corporación.
2.6. Relevancia constitucional en el caso en concreto
39. De acuerdo con la parte accionante, el Tribunal Administrativo del Quindío
incurrió en los defectos sustantivo y violación directa de la Constitución en la
sentencia de única instancia del 5 de diciembre de 2024, dictada dentro del
proceso de revisión constitucional y legal de acuerdo identificado con el radicado
63001-23-33-000-2024-00109-00.
40. Lo anterior, por declarar la invalidez del Acuerdo 315 del 11 de septiembre
de 2024, proferido por el Concejo Municipal de Armenia, por lo que consideró una
indebida interpretación del numeral 3 del artículo 313 de la Constitución Política
y una incorrecta aplicación del artículo 111 de la Ley 489 de 1998.
41. De acuerdo con el material probatorio allegado al proceso y los
argumentos expuestos por las partes, la Sala concluye que la presente acción de
tutela no cumple el requisito general de procedencia relativo a la relevancia
constitucional por las siguientes razones:
9
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandantes: Municipio de Armenia
Demandado: Tribunal Administrativo del Quindío, Sala Quinta de Decisión
Radicado: 11001-03-15-000-2025-02037-00
42. El departamento del Quindío promovió el medio de control de revisión
constitucional y legal de acuerdo ante el Tribunal Administrativo del Quindío, con
el propósito de que se revisara la validez del Acuerdo 315 del 11 de septiembre
de 2024, por medio del cual el Concejo de Armenia autorizó al alcalde de ese
municipio a adelantar el proceso precontractual y de suscripción de un contrato
de concesión en materia de tránsito. La autorización es la siguiente:
[…]
ARTÍCULO PRIMERO: AUTORIZAR al Alcalde Municipal de Armenia, Quindío,
para que adelante el proceso precontractual y la posterior suscripción de un
contrato de concesión de los servicios de registro automotor, derechos de licencia
de tránsito, registro de conductores, registro de transporte, apoyo administrativo
técnico y tecnológico al proceso de cobro coactivo, plataforma digital misional;
implementación de tecnologías parala detección electrónica de infracciones de
tránsito, así como el montaje y funcionamiento del Centro de Gestión de
Movilidad para la ciudad de Armenia, Quindío, según el ordenamiento legal
vigente.
PARAGRAFO: Bajo ninguna circunstancia se entiende incluida la autorización
para celebrar el contrato de concesión de servicios de grúas y patios.
ARTÍCULO SEGUNDO: El contrato a suscribir o celebrar tendrá una duración
máxima de 15 años y 4 meses, según el modelo financiero presentado por el
municipio en la discusión de este acuerdo
ARTÍCULO TERCERO: Una vez celebrado el contrato de concesión, el municipio
remitirá un informe al Concejo Municipal sobre sus actuaciones y el resultado del
trámite precontractual respectivo.
[…]
43. Los argumentos del departamento del Quindío para solicitar la revisión del
acuerdo fueron, fundamentalmente, los siguientes11: (i) falta de delimitación
temporal de la autorización para contrato de concesión, en los términos del
numeral 3 del artículo 313 de la Constitución Política; (ii) inexistencia de
estudios12 que justifiquen la autorización; (iii) falta de establecimiento de la fuente
de financiación; (iv) inconsistencias en el porcentaje de remuneración por
instalación y puesta en operación de sistemas automáticos y semiautomáticos; y
(v) la delegación de funciones públicas a particulares no puede exceder los 5
años.
44. El Tribunal Administrativo del Quindío profirió decisión de única instancia
del 5 de diciembre de 2024, en la que declaró la invalidez del citado acuerdo,
pues halló prosperidad en los argumentos 1 y 5 antes indicados. Las razones de
la anterior decisión fueron, sustancialmente, las siguientes:
11 Documento 3 del comprimido «recibe pruebas» de la carpeta «no asociado al cuaderno» del
expediente digital.
12 De justificación y técnica legal, siniestralidad, movilidad y tráfico, seguridad vial, viabilidad
técnica de cámaras, condiciones geográficas, tecnología a utilizar, impacto a la comunidad,
señalización y socialización, impacto ambiental, protocolo de evaluación y monitoreo y estudio
económico.
10
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandantes: Municipio de Armenia
Demandado: Tribunal Administrativo del Quindío, Sala Quinta de Decisión
Radicado: 11001-03-15-000-2025-02037-00
16.4 El Acuerdo cuestionado, en efecto no señala un término para el alcalde, a
fin de que ejerza la facultad de contratar, sino que señala el plazo máximo de la
concesión. Con lo cual se falta al requisito de que la facultad otorgada sea
temporal, pues en las condiciones en que se estipuló la parte resolutiva del acto
administrativo, se otorga carta abierta para adelantar la actividad precontractual
y la celebración de la contratación, sin límite temporal, es decir que el MUNICIPO
podría así hacer uso de la autorización de manera indefinida.
[…]
16.8 Bajo ese contexto normativo y jurisprudencial debe concluirse: i) Es el
alcalde quien tiene la posibilidad de proponer la celebración de un contrato de
concesión, por ser del resorte de la administración local; ii) Es el Concejo
Municipal quien debe autorizar al alcalde la celebración de dicho contrato; iii) La
autorización debe regirse por la ley vigente y la reglamentación interna que al
respecto pudiese haber expedido la corporación edilicia; iv) El beneplácito no
puede entrar a regular aspectos como procedimientos de selección, normas
generales aplicables a los contratos, puesto que ello forma parte del núcleo
propio del Estatuto de Contratación, ni la selección del contratista, ni la
especificidad del contrato a realizar.
16.9 Para el evento analizado, el alcalde del MUNICIPIO DE ARMENIA, propuso
una concesión por el término de 15 años y 4 meses, explicando las razones para
ello, dentro de los debates reglamentarios que tuvo el proyecto de acuerdo.
16.10 Se desconoce, o al menos no se probó en esta actuación, que exista una
reglamentación interna del Concejo de Armenia sobre el tema de autorización al
alcalde municipal para contratar. Si eso es así, no se encuentra desde el punto
de vista legal, una limitación concreta sobre el plazo máximo de la concesión.
16.11 Pero la observación del DEPARTAMENTO, sobre la temporalidad de la
autorización para contratar la concesión es admisible y bastaría con ello para
declarar la falta de validez del Acuerdo.
16.12 Tan solo para comparar, recuérdese que en el Acuerdo 302 de 2024,
similar al que ahora se revisa, sí se determinó esa temporalidad para contratar:
[…]
20.2 En este caso los servicios concesionados, desde luego que involucran
funciones administrativas propias del municipio y en concreto de la Secretaría de
Tránsito Municipal, o la dependencia que haga sus veces, como son las de llevar:
el registro automotor; los derechos de licencia de tránsito, el registro de
conductores y el registro de transporte.
[…]
20.4 El art. 8 ibidem, determina que el registro de automotores, de conductores,
de transporte, de licencias forma parte de las funciones que deben cumplir las
autoridades de tránsito, es decir, hacen parte de la esencia de la administración
en ese sector del transporte.
20.5 Si eso es así, independientemente de que sobre las demás actividades
concesionadas (apoyo administrativo, técnico y tecnológico al proceso de cobro
coactivo; construcción y desarrollo de la plataforma digital; la implementación de
tecnología para la detección electrónica de infracciones de tránsito; y el
funcionamiento del Centro de Gestión de Movilidad), se predique que no
11
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandantes: Municipio de Armenia
Demandado: Tribunal Administrativo del Quindío, Sala Quinta de Decisión
Radicado: 11001-03-15-000-2025-02037-00
involucran una función administrativa en sí, la concesión no podía ser superior a
5 años, tal como lo señala el art. 111 citado.
45. Ahora bien, durante el trámite del proceso ordinario, el municipio de
Armenia se pronunció frente a los reparos propuestos por el departamento del
Quindío. En cuanto a la delimitación temporal de la autorización para que el
alcalde suscriba el contrato de concesión, señaló que la Gobernación erró en su
interpretación del artículo 313 de la Constitución Política, toda vez que, según
afirmó, confundió la autorización para celebrar contratos con la autorización para
ejercer, pro tempore, funciones que le correspondan al Concejo.
46. En ese sentido, el municipio expuso las razones por las cuales consideró
que la expresión «pro tempore», consignada en el numeral 3 del artículo 313 de
la Constitución Política de 1991 se predica de la segunda premisa allí contenida,
es decir, del ejercicio de funciones que, generalmente, le corresponderían al
Concejo. En ese sentido, explicó por qué la autorización para celebrar contratos
de concesión no requiere un plazo determinado.
47. Ahora bien, en cuanto al segundo de los argumentos admitidos por el
Tribunal, esto es, el que se refiere al límite de 5 años contenido en el artículo 111
de la Ley 489 de 1998 para que un particular ejerza funciones públicas, el
municipio enlistó los argumentos en los que fundamentó que un contrato de
concesión sobre servicios de tránsito no está sometido a dicho límite y, por el
contrario, es un acuerdo sometido a las reglas de la Ley 80 de 1993.
48. De acuerdo con lo anterior, respecto de los dos cargos por cuales se
declaró la invalidez del Acuerdo 315 de 202413, y discutidos en esta oportunidad,
el municipio de Armenia utilizó los mismos argumentos en la sede ordinaria y
ahora en la sede constitucional. Es decir, trajo a la presente acción de tutela
contra providencia judicial la misma discusión respecto de la que, a su juicio, es
la correcta interpretación sore las facultades de los concejos y los contratos de
concesión, sin poner de presente por qué lo decidido por el juez natural de la
causa contraviene su derecho fundamental al debido proceso.
49. Así las cosas, de la simple contrastación entre lo decidido por el Tribunal
y los argumentos expuestos por el municipio de Armenia, resulta evidente que la
discusión propuesta por la parte accionante es netamente normativa, pues
pretende discutir el entendimiento que sobre el artículo 313 de la Constitución
Política y el artículo 111 de la Ley 489 de 1998 efectuó la autoridad judicial
cuestionada, aun cuando en la decisión adoptada, que hoy se cuestiona, se
invocó lo decidido por la Corte Constitucional en sentencia C-738 del 11 de julio
de 2011.
50. En ese sentido, la parte actora no cumplió con la carga argumentativa que
le impone el ejercicio de esta clase de medios de amparo. Lo anterior es así
13 La temporalidad sobre la autorización para celebrar contratos de concesión y el límite de 5 años
para ceder a un particular el ejercicio de funciones públicas.
12
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandantes: Municipio de Armenia
Demandado: Tribunal Administrativo del Quindío, Sala Quinta de Decisión
Radicado: 11001-03-15-000-2025-02037-00
porque insiste en imponer el entendimiento normativo que considera correcto, a
pesar de que el Tribunal explicó, incluso con antecedentes jurisprudenciales, las
razones por las que considera que el Acuerdo 315 de 2024 es inválido.
51. Entonces, el municipio señala cómo considera que la autoridad accionada
debió interpretar las normas aplicables al asunto, pero no argumentó de qué
modo las conclusiones a que se arribó en la sentencia que cuestiona son
abiertamente contrarias a derecho o irracionales, de modo que desconozca su
derecho fundamental al debido proceso.
52. Adicionalmente, el sustento de la vulneración propuso estrictamente un
debate de carácter normativo e interpretativo, por lo que resulta evidente que se
pretende reabrir el debate ordinario sobre si la autorización de los concejos a los
alcaldes para la celebración de contratos de concesión debe estar sujeto o no a
un plazo para el ejercicio de dicha facultad.
53. Así las cosas, lo relativo a si el ejercicio de la autorización para contratar
debe estar sujeta a un término perentorio es un asunto de mero debate legal que
ya fue resuelto en la instancia ordinaria que corresponde, de modo que no es
admisible que se pretenda utilizar la acción de tutela como si se tratara de una
instancia adicional, pues en esta oportunidad se reprodujeron de manera integral
los argumentos de defensa propuestos en el proceso de observación legal y
constitucional, sin elevar dicha discusión al ámbito constitucional.
54. En la misma línea se encuentra lo relativo a la supuesta violación directa
de la Constitución, en cuyo desarrollo únicamente se invocó la autonomía
administrativa de las entidades territoriales de que trata el artículo 287 de la
Constitución Política, como si la mera invocación de normas superiores bastara
para dar por superado el requisito de relevancia.
55. Así, tal como sucede con el argumento del plazo de la autorización para
contratar, lo relacionado con el término del ejercicio de funciones administrativas
por particulares tampoco evidencia la existencia de una verdadera discusión de
índole constitucional, pues el asunto versa sobre si para el caso bajo estudio
debe aplicarse la Ley 80 de 1993 o la Ley 489 de 1998.
56. Resulta evidente que lo discutido es netamente legal y de interpretación
del ordenamiento jurídico, pero no un asunto que amerite la intervención del juez
de tutela, más aún si se toma en consideración el carácter residual de esta clase
de mecanismos de amparo.
57. Por lo anterior, se advierte que formular un simple desacuerdo con una
decisión judicial y, sumado a ello, alegar la vulneración de unas garantías
fundamentales, no conlleva que el asunto puesto en conocimiento revista
necesariamente relevancia constitucional.
58. En estos asuntos, se requiere que en el escrito inicial medie un ejercicio
13
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandantes: Municipio de Armenia
Demandado: Tribunal Administrativo del Quindío, Sala Quinta de Decisión
Radicado: 11001-03-15-000-2025-02037-00
argumentativo que permita entrever que la controversia gira en torno al alcance,
contenido o goce de un derecho fundamental. Esto, debido a que la competencia
de este juez se restringe a la protección efectiva de las garantías constitucionales
y no a problemas de carácter legal y/o económico, o a estudiar una mera
inconformidad con las decisiones adoptadas por los jueces naturales.
59. En definitiva, para la Sala resulta evidente que la presente acción tutela y
los cargos que el actor aduce no cuenta con la carga argumentativa mínima para
ser estudiada de fondo. Por ende, la Sala declarará la improcedencia del presente
medio de amparo, al no superar el requisito de relevancia constitucional.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la Ley,
III. RESUELVE
PRIMERO. DECLARAR la improcedencia de la presente acción constitucional
por no superar el requisito de relevancia constitucional.
SEGUNDO. NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista
en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
TERCERO. En caso de que no sea impugnada esta providencia, REMITIR el
expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión al día siguiente de
su ejecutoria.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado
14
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandantes: Municipio de Armenia
Demandado: Tribunal Administrativo del Quindío, Sala Quinta de Decisión
Radicado: 11001-03-15-000-2025-02037-00
Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia
oficial con el número de radicación en
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx
15
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.