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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 15001-23-33-000-2013-00225-01

Fecha
3 de julio de 2026
Consejero ponente
Nubia Margoth Peña Garzón
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 15001-23-33-000-2013-00225-01

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

F A L L A: PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia apelada. 31 Se califica como criterio objetivo-valorativo bajo el entendido que es objetivo, en cuanto prescribe que en toda sentencia se dispondrá sobre la condena en costas, según las reglas del CGP; y, valorativo, en cuanto se requiere que el juez revise si ellas se causaron y en la medida de su comprobación. Esto indica que el juez contencioso administrativo, según la situación que encuentre probada y atendiendo al resultado de la actuación procesal que define, está en la posibilidad de condenar en costas de manera total o parcial, o incluso abstenerse de su fijación, bien porque lo autoriza la ley o porque no aparecen comprobadas. 32 “ARTÍCULO 365. CONDENA EN COSTAS. En los procesos y en las actuaciones posteriores a aquellos en que haya controversia la condena en costas se sujetará a las siguientes reglas: 1. Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva desfavorablemente el recurso de apelación, casación, queja, súplica, anulación o revisión que haya propuesto. Además, en los casos especiales previstos en este código. 2. La condena se hará en sentencia o auto que resuelva la actuación que dio lugar a aquella. 3. En la providencia del superior que confirme en todas sus partes la de primera instancia se condenará al recurrente en las costas de la segunda. 4. Cuando la sentencia de segunda instancia revoque totalmente la del inferior, la parte vencida será condenada a pagar las costas de ambas instancias” […]”. Calle 12 Nro. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 100 Número único de radicación: 15001-23-33-000-2013-00225-01. Actora: FEDERACIÓN NACIONAL DE DISTRIBUIDORES DE COMBUSTIBLES Y ENERGÍA – FENDIPETRÓLEO NACIONAL SEGUNDO: NO CONDENAR en costas, en esta instancia, por lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. TERCERO: Una vez ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 15001-23-33-000-2013-00225-01

Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzón

3 de julio de 2026

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., tres (3) de julio de dos mil veintiséis (2026)

CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Número único de radicación: 15001-23-33-000-2013-00225-01
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Actora: FEDERACIÓN NACIONAL DE DISTRIBUIDORES DE
COMBUSTIBLES Y ENERGÍA – FENDIPETRÓLEO NACIONAL

TESIS: SE CONFIRMA LA SENTENCIA APELADA AL NO
DESVIRTUARSE LA PRESUNCIÓN DE LEGALIDAD DE LOS
ACTOS ADMINISTRATIVOS ACUSADOS, COMOQUIERA QUE
SE DEMOSTRÓ QUE LA ACTORA TRATÓ DE INFLUENCIAR,
CON EL OBJETO DE INTERVENIR EN LA FORMACIÓN DE LOS
PRECIOS AL PÚBLICO DE LA GASOLINA CORRIENTE Y EL
ACPM, SOBRE VARIAS ESTACIONES DE SERVICIO DEL
MUNICIPIO DE DUITAMA, A TRAVÉS DE GRABACIONES
MAGNETOFÓNICAS Y DIFERENTES REUNIONES DE
ASAMBLEA Y JUNTA DIRECTIVA, EN LAS QUE SUGERÍA EL
PRECIO Y SE FOMENTABA PARA NO REDUCIRLO, LO CUAL SE
REALIZÓ DE MANERA CONTINUADA EN EL TIEMPO.
REITERACIÓN JURISPRUDENCIAL.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la

FEDERACIÓN NACIONAL DE DISTRIBUIDORES DE

COMBUSTIBLES Y ENERGÍA -FENDIPETRÓLEO NACIONAL-1,

contra la sentencia de 25 de julio de 2017, proferida por la Sala de

decisión núm. 1 del Tribunal Administrativo de Boyacá2, que denegó

las pretensiones de la demanda.

1
En adelante FENDIPETRÓLEO NACIONAL.
2
En adelante Tribunal.

2

Número único de radicación: 15001-23-33-000-2013-00225-01.
Actora: FEDERACIÓN NACIONAL DE DISTRIBUIDORES DE COMBUSTIBLES Y ENERGÍA –
FENDIPETRÓLEO NACIONAL

I.- ANTECEDENTES

I.1. FENDIPETRÓLEO NACIONAL, actuando a través de

apoderado, en ejercicio del medio de control de nulidad y

restablecimiento del derecho, previsto en el artículo 138 del Código

de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo

• CPACA, presentó demanda tendiente a obtener las siguientes

declaraciones:

1ª: Se declare la nulidad de los siguientes actos administrativos:

a) La Resolución núm. 71794 de 12 de diciembre de 2011,

“Por la cual se imponen unas sanciones”, expedida por el

Superintendente de Industria y Comercio, mediante la cual se

declaró que FENDIPETRÓLEO NACIONAL infringió los artículos 1o

de la Ley 155 de 24 de diciembre de 19593 y 48, numeral 2 del

Decreto 2153 de 30 de diciembre 19924; y le impuso una multa por

valor de $ 1.071.200.000.

b) La Resolución núm. 11651 de 29 de febrero de 2012, “Por la

cual se resuelven unos recursos de reposición”, por medio de la cual se

modificó el artículo segundo de la Resolución núm. 71794 de 2011,

3
“Por la cual se dictan algunas disposiciones sobre prácticas comerciales restrictivas”.
4
“Por el cual se reestructura la Superintendencia de Industria y Comercio y se dictan otras
disposiciones”.

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3

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Actora: FEDERACIÓN NACIONAL DE DISTRIBUIDORES DE COMBUSTIBLES Y ENERGÍA –
FENDIPETRÓLEO NACIONAL

en el sentido de disminuir la sanción impuesta a $ 578.448.000 y se

confirmó en lo demás la referida disposición.

2ª: Que como consecuencia de la anterior declaración y a título del

restablecimiento del derecho, se declare responsable a la entidad

demandada y esta misma sea llamada a indemnizar según el

principio iura novit curia.

3ª: Que como consecuencia de la anterior declaración y a título del

restablecimiento del derecho, se restablezca el derecho del

particular por las siguientes indemnizaciones:

“[…] 6.5 Por concepto de daños materiales

6.5.1. Por concepto de daño emergente la suma de
Quinientos Setenta y Ocho Millones Cuatrocientos Cuarenta
y Ocho Mil Pesos M/C ($578.448.000) con motivo de la
sanción pecuniaria impuesta en la resolución 11651 de fecha
29 de febrero de 2012.

6.5.2. Por concepto de daño emergente la suma de
Setenta Millones de Pesos ($70.000.000) por concepto de
honorarios de abogado con causa de la demanda aquí
presentada.

Siendo así las cosas, solicito se indemnice por el total del
daño emergente la suma de Seiscientos Cuarenta y Ocho
Millones Cuatrocientos Cuarenta y Ocho Mil pesos M/C
($648.448.000).

Por concepto de lucro cesante los intereses corrientes
bancarios que genera la suma la suma de Seiscientos
Cuarenta y Ocho Millones Cuatrocientos Cuarenta y Ocho Mil
Pesos M/C ($648.448.000) con motivo de la sanción
pecuniaria impuesta en la resolución 11651 de fecha 29 de
febrero de 2012. […]”.

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4ª: Que como consecuencia de la anterior declaración y a título del

restablecimiento del derecho, se ordene a la entidad demandada

pagar los perjuicios anteriormente definidos, debidamente

indexados a la fecha del pago efectivo.

5ª: Se de aplicación al artículo 16 de la Ley 446 de 1998 que

contiene el principio de indemnización integral del daño.

6ª: Se ordene el cumplimiento de la sentencia en los términos

previstos en los artículos 176, 177 y 178 del CCA.

7ª: Se condene en costas a la entidad demandada conforme a lo

dispuesto por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998.

I.2.- La actora fundamentó su demanda5 y su reforma6, en síntesis,

en los siguientes hechos:

1º: Que la SIC mediante la Resolución núm. 33970 de 30 de junio

de 2010, dispuso la apertura de la investigación en contra de una

pluralidad de agentes del mercado de distribución minorista de

combustibles y también en su contra, por la posible infracción de las

normas de protección de la competencia, en especial, los artículos

5
Folios 2 a 59 del cuaderno físico núm. 1 de primera instancia.
6
Folios 97 a 155 del cuaderno físico núm. 1 de primera instancia.

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1º de la Ley 155 y 48, numeral 2, del Decreto 2153.

2º: Que a través de la Resolución núm. 71794 de 12 de

diciembre de 2011, la entidad demandada impuso sanciones

económicas a las personas jurídicas y naturales investigadas, entre

esos FEDIPETRÓLEO NACIONAL, por valor de $ 1.071.200.000,

fundamentándose en la infracción de las normas de protección a la

competencia, en especial, de los artículos 1º de la Ley 155 y 48,

numeral 2, del Decreto 2153.

3º: Que, contra la mencionada decisión, los investigados

interpusieron recurso de reposición siendo resuelto por el

Superintendente de Industria y Comercio (E), quien a través de la

Resolución núm. 11651 de 29 de febrero de 2012, modificó las

sanciones impuestas, entre ellas, reducir la sanción a

FENDIPETRÓLEO NACIONAL a $ 578.448.000 y confirmó los

demás apartes de la resolución sancionatoria.

I.3. NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE VIOLACIÓN

En apoyo de sus pretensiones, la actora adujo la violación de los

artículos 29 y 90 de la Constitución Política; 84 y 93 del CCA; y 736

y 737 del Estatuto Tributario.

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En síntesis, señaló los siguientes cargos de violación:

I.3.1. Inexistencia de la conducta antijurídica

Adujo que la SIC partió de una premisa equivocada para deducir

que existe paralelismo en los precios de la gasolina y, por ende,

acuerdo de precios en desmedro del consumidor final; y que la

entidad demandada interpretó erróneamente el mercado de venta y

distribución de hidrocarburos y combustibles, bajo un régimen de

libertad vigilada y regulada, lo cual conllevó a una falsa motivación.

Señaló que como marco legal del mercado minorista de

combustibles existe el artículo 5º, numeral 19, del Decreto 070 de

2001, que estableció que correspondía al Ministerio de Minas y

Energía fijar los precios de los productos derivados del petróleo a lo

largo de toda la cadena de producción y distribución, con excepción

del gas licuado.

Que el Decreto 4130 de 2011 reasignó parcialmente dicha función a

la Comisión de Regulación de Energía y Gas -CREG-, a través de su

artículo 3º, numeral 2, función que debe sujetarse a las

Resoluciones núms. 181047 de 2011 y 180112 de 2012 sobre

estructura de fijación de precios para la gasolina corriente motor y

ACPM.

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Adujo que, por tanto, desde el año de 1998, por medio de las

Resoluciones núms. 82438 y 82439 de 1998, se adoptó por parte

de la autoridad competente una estructura para la determinación

de los precios de la gasolina corriente motor y ACPM, que daba

cabida a dos regímenes para la distribución minorista a través de

estaciones de servicio; por un lado, el régimen de libertad vigilada,

que era aplicable a las estaciones de servicio que se encontraran

ubicadas en las capitales o ciudades importantes de Departamentos

para garantizar una sana y libre competencia y, por el otro, el

régimen de libertad regulada, que era aplicable a las estaciones de

servicio que se encontraban en municipios donde la competencia no

era un hecho ostensible y, por tanto, requerían de la intervención

del Estado para determinar el precio final al consumidor a través

del margen de comercialización o distribución minorista.

Anotó que hasta el 30 de julio de 2012 existía un régimen de

libertad regulada, fecha en la cual el Ministerio de Minas y Energía

expidió la Resolución núm. 181254 de ese año, por medio de la cual

en ciudades capitales y otras, en total 25 ciudades del País, se pasó

nuevamente a un régimen de libertad vigilada, situación en la que

se excluyó al municipio de Duitama, por lo que para dicha entidad

territorial nunca se ha aplicado ni se aplica un régimen de libertad

vigilada, sino que siempre se le ha aplicado un régimen de libertad

regulada.

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Que, entonces, el supuesto acuerdo de precios que fue endilgado a

las estaciones de servicio investigadas por medio de los actos

acusados parte de una causalidad equivocada, pues en el régimen

de venta de combustibles es el Estado quien da ciertas limitantes

en el precio de los combustibles; y que la causalidad adecuada,

para tal vez deducir que existe un acuerdo de precios en el régimen

minorista de combustibles no es el eventual acuerdo de precios,

pues existiendo asociaciones y gremios en el mismo sector

económico con fundamento en la libertad de asociación se deben

seguir los mismos lineamientos económicos o de regulación que

enmarca el Estado.

Explicó que, por tanto, es imposible que en estos regímenes no

exista similitud en los precios observando leves diferencias entre

cada distribuidor, basadas en su estructura de costos y gastos o en

la ubicación de las estaciones de servicio; y que en ningún

momento existió paralelismo en los precios de la gasolina ni

práctica comercial en detrimento del consumidor final, pues basta

con analizar la normatividad existente para darse cuenta de que es

el mismo régimen de libertad vigilada y regulada el que ocasiona la

similitud.

Estimó que las resoluciones acusadas vulneran el derecho de

asociación y de agremiación, pues en ellas se siguen parámetros

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legales en lo económico y político, pero además se imputa un

eventual paralelismo en los precios y una eventual práctica

anticompetitiva que no existe, ya que la similitud en los precios es

generada, primero, por el límite máximo establecido en el precio de

los combustibles por medio del Gobierno Nacional, y segundo, por

el poco margen de costo y utilidad que tienen de por si todas las

estaciones de servicio en la misma región, en este caso, el

municipio de Duitama.

Indicó que la SIC solamente acoge las pruebas que le conviene para

imponer la sanción, pero deja de lado la existencia de la libre

asociación y agremiación en que se tratan temas sobre precios y

existencia de régimen de libertad vigilada y regulada.

Explicó que el mercado geográfico está determinado por el

municipio de Duitama, complementado por el mercado producto

que se circunscribe a la gasolina motor corriente y ACPM

(combustibles líquidos derivados del petróleo) distribuido a nivel

minorista; y que en este mercado el comportamiento de los

agentes está siempre determinado de acuerdo con la Resolución

que expide el Ministerio de Minas y Energía, la cual establece los

mecanismos para fijar los precios, de manera que así se esté en un

mercado geográfico donde rija la libertad vigilada, es decir, en un

ambiente de libertad, en la realidad los agentes siempre se

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encuentran en un muy escaso margen de maniobra, teniendo en

cuenta que desde que el producto es suministrado por el

distribuidor mayorista, ya viene con un costo exacto para todos los

competidores.

Agregó que el transporte por vía terrestre tiene una variabilidad

mínima teniendo en cuenta que se trata de la misma zona

geográfica; que los consumidores conocen la Resolución del

Ministerio de Minas y Energía y, por lo tanto, castigan fuertemente

al distribuidor minorista que se aparta de los precios, obligándolo a

permanecer en un precio muy cercano al que establece la

Resolución; y que, por lo mismo, mucho menos existe libre juego

de oferta y demanda en el caso de la libertad regulada, como es el

caso del municipio de Duitama, por cuanto existe un precio máximo

establecido y unos escasos márgenes de comercialización y

distribución minorista.

Que, de lo anterior, se deduce que la similitud de los precios para la

gasolina motor corriente y ACPM de las estaciones de servicio

ubicadas en el municipio de Duitama no son efecto ni consecuencia

de un acuerdo de precios constituido a través de un cartel o de

prácticas conscientemente paralelas para efectuar prácticas

anticompetitivas, sino que obedece a un régimen de precios

determinado por el Gobierno Nacional, en donde el distribuidor

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minorista se encuentra entre dos límites estrechos que tienden a

acercarse a un mismo punto, por sus costos operativos y el margen

de comercialización máximo determinado por acto administrativo; y

que es una realidad que los distribuidores minoristas resultan

afectados por las políticas de estructuras de precios fijados por el

Gobierno Nacional.

Alegó que, sumado a ello, la SIC hizo una indebida interpretación,

al sancionar a un agente que busca subsistir en la cadena

productiva, procurando un margen de comercialización y

distribución minorista acorde con la justicia retributiva, retorno de

la inversión y utilidad proporcional de acuerdo con los costos

operativos para poner en marcha la actividad comercial.

Puntualizó que, entonces, el precio final de los combustibles

líquidos de gasolina motor corriente y ACPM no son producto de la

influencia que pueda tener sobre las estaciones de servicio, pues

depende del elevado precio de su compra, dejando solo un estrecho

marco de utilidad; y que los elevados costos dependen de una

agresiva política impositiva por parte del Estado y del alto costo

pagado al productor, pues el 32% del 100% del precio de la

gasolina corresponde al impuesto global, IVA y sobretasa y el 53%

al ingreso del productor, dejando escasos márgenes para la utilidad

de los distribuidores, quienes dentro de dichos márgenes podrán

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variar el precio de los combustibles, sin que se afecte

significativamente su costo.

Precisó que la existencia de un paralelismo de precios no

necesariamente implica una práctica anticompetitiva entre los

agentes que presentan dicho comportamiento, a menos que esa

sea la única explicación, luego se puede concluir que la conducta de

las estaciones de servicio del municipio de Duitama no se traduce

como causa real adecuada o nexo causal directo de las presuntas

conductas de paralelismo, dada la existencia de un motivo racional,

por cuanto cuentan con un estrecho margen de utilidad, por lo que

las variaciones en los precios son estrechas, lo que resulta en

precios similares en razón de la sensibilidad del mercado.

Que el estudio ITANSUCA, ordenado y contratado por el Ministerio

de Minas y Energía, evidencia y trae como resultado que, en la

realidad, no existe un alto margen de ganancia para los

comercializadores o distribuidores minoristas (estaciones de

servicios), no solo para las ubicadas en Duitama, sino para ninguna

de las estaciones de servicio del País; y que, por el contrario, es el

agente más afectado y golpeado por un margen indebido que no es

suficiente en la mayoría de las ocasiones ni siquiera para cubrir los

costos operativos.

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I.3.2. Violación al principio de legalidad - deficiencia, mala y falsa

apreciación del acervo probatorio – inconducencia e impertinencia

de las pruebas.

Expresó que la Superintendencia impuso una sanción de multa con

base en conductas que no se encuentran prohibidas por la ley,

como son las relacionadas con las discusiones que se llevan al

interior de las asociaciones gremiales, porque nunca se suscribieron

acuerdos respecto de la fijación del precio final de la gasolina

corriente y del ACPM.

Que la entidad demandada para afirmar que del acervo probatorio

podía establecerse responsabilidad por la influencia ejercida por

FENDIPETRÓLEO NACIONAL durante los años 2007 y 2009,

tomó como prueba una grabación magnetofónica de la asamblea

ordinaria de FENDIPETRÓLEO SECCIONAL BOYACÁ Y

CASANARE llevada a cabo el 14 de junio de 2008, a la cual se

invitó como asistente al entonces presidente ejecutivo de

FENDIPETRÓLEO NACIONAL, quien intervino como expositor, de

cuya intervención la SIC transcribió frases sin analizar su

integralidad y así tergiversar lo expresado.

Que la entidad demandada incluyó dentro de su material probatorio

las actas núms. 241 de 28 y 29 de noviembre de 2008 y 245 de 3

de agosto de 2009, de la junta directiva de FENDIPETRÓLEO

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NACIONAL, y nuevamente sacó de contexto ideas, frases y

opiniones expresadas por miembros independientes que no

conforman la voluntad de este ente para concluir que existió

infracción al artículo 48, numeral 2, del Decreto 2153, por

sumatoria de indicios.

Expresó que, además, se suma al acervo probatorio una carta

remitida por el nuevo presidente ejecutivo de FENDIPETRÓLEO

NACIONAL a la Organización Terpel S.A., que contenía una fecha

posterior a los hechos investigados.

Que la Superintendencia parte de premisas falsas, –indicios-, lo

cual no resulta apropiado a las reglas de la sana crítica.

I.3.3. Vulneración del derecho de asociación

Sostuvo que las resoluciones acusadas son irregulares, pues

imponen una sanción por ejecutar una práctica anticompetitiva e

infringir una norma jurídica por unos actos derivados del ejercicio

del derecho fundamental de asociación previsto en el artículo 38 de

la Constitución Política.

Adujo que la conducta ejecutada por el entonces presidente

ejecutivo de FENDIPETRÓLEO NACIONAL, quien intervino

exponiendo su opinión como invitado a una asamblea ordinaria de

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FENDIPETRÓLEO SECCIONAL BOYACÁ Y CASANARE, reunión

de carácter privado que se surte a nivel gremial para tratar temas

relacionados con el sector de la economía, como calidades,

competencia y precios, no se puede tomar como prueba, porque

entonces en dichas reuniones los asistentes deben abstenerse de

pronunciarse sobre temas relevantes para el sector económico, de

manera que las reuniones quedarían limitadas a una congregación

de personas para debatir asuntos diferentes al objeto para el cual

fueron inicialmente conformadas.

Que lo único que hace FENDIPETRÓLEO NACIONAL es publicitar

los valores y precios fijados por el Ministerio y mantener informados

a los afiliados sobre decisiones adoptadas, hecho que demuestra

que la Superintendencia valoró de manera errada unas

apreciaciones e intervenciones que se efectuaron en algunas

reuniones gremiales que se suscitaron al interior de la asamblea y

junta directiva, que no guardan ninguna relación con los precios

fijados para la gasolina motor corriente y ACPM y los mecanismos

para su determinación por parte del Ministerio de Minas y Energía

y, actualmente, la CREG.

Mencionó que la uniformidad de los precios se debe a los factores

del mercado, como son: i) la uniformidad de los costos operativos;

y ii) la determinación de los precios por parte del Ministerio de

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Minas y Energía o de la CREG, independientemente de si se trata de

un régimen de libertad vigilada o regulada.

Que tampoco le asiste razón a la demandada cuando afirma que

existe un alto margen de ganancia como resultado del acuerdo

entre los agentes del mercado, porque nunca lo hubo y porque

dicha afirmación no es cierta.

I.3.4. Nunca influyó en la voluntad de los agentes del mercado.

Adujo que el interés de la Federación por buscar que algunos

agentes económicos vendan el producto al consumidor final de

acuerdo con el margen de comercialización establecido por el

Gobierno Nacional y que no vendan por debajo de la estructura de

costos (precios predatorios) no se traduce en un acto ilegal ni

antijurídico, sino simplemente en una conducta que busca la

aplicación de los precios fijados por el Gobierno y a no desmejorar

las condiciones del gremio, lo que en todo caso es el objeto de la

agremiación.

Que, precisamente, una de las funciones más importantes y

relevantes de FENDIPETRÓLEO NACIONAL y la Seccional de

Boyacá y Casanare, frente a sus agremiados, es representarlos y

ejercer presión política, para conseguir a nivel nacional márgenes

de comercialización y distribución minorista más altos y que sean

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suficientes para soportar los gastos operativos y obtener una

utilidad razonable, pues los fines y objetivos de los gremios, son

precisamente mejorar las condiciones de su sector económico y

propender porque no se desmejoren como consecuencia de actos

ejecutados dentro y fuera del sector, razón por la cual aconsejar

mantener una utilidad que les permita subsistir a través de un

razonable margen de comercialización y distribución minorista no se

sale de la órbita de su gestión ni transgrede el interés social ni

mucho menos el del mercado.

Estimó que la intervención del entonces presidente ejecutivo de

FENDIPETRÓLEO NACIONAL, efectuada a título personal en el

seno de una asamblea ordinaria de la Seccional de Boyacá y

Casanare, no puede tomarse como la voluntad de sus agremiados,

puesto que para ello se requiere de la deliberación y decisión

mediante votación aprobada de acuerdo con los estatutos, por lo

que se puede tomar como un elemento coactivo.

Que casi todas las estaciones de servicio ubicadas en el municipio

de Duitama mantienen similitud de precios finales de venta al

público, salvo algunas, como es el caso concreto de la estación de

servicio EDS INPRO que cuenta con el 22% de participación en el

mercado, por lo que la similitud obedece a actos deliberados,

puramente individuales y espontáneos de cada uno de los agentes.

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I.3.5. No hay proporcionalidad en la sanción.

Alegó que para imponer la sanción la entidad demandada no tuvo

en cuenta la persistencia de la conducta, el grado de participación

del implicado, el aprovechamiento económico, los antecedentes del

investigado, el impacto de sus actuaciones en el mercado, el

patrimonio del sujeto a sancionar y la afectación a los

consumidores; y que, por lo tanto, no hay proporcionalidad en la

sanción ni en el análisis requerido, de manera que se afectan los

principios de razonabilidad, favorabilidad y gradualidad de la multa.

Insistió en que el artículo 1º de la Ley 155 prohíbe cualquier

práctica, procedimiento o sistema tendiente a limitar la libre

competencia o a determinar o mantener precios inequitativos,

concepto éste que no está definido.

Que, además, se dio una doble imputación de pena por los mismos

hechos, porque se atribuye la infracción del artículo 1º de la Ley

155 a FENDIPETRÓLEO NACIONAL y a FENDIPETRÓLEO

SECCIONAL BOYACÁ Y CASANARE, así como del artículo 48,

numeral 2, del Decreto 2153; pero a su vez, y a título de sujeto

responsable, se impone una sanción al presidente ejecutivo de

FENDIPETRÓLEO NACIONAL, de manera que en el caso de

existir dolo o culpa grave por parte del representante legal, no

podría imputársele responsabilidad al órgano gremial.

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I.3.6 Desviación de poder.

Expresó que para la imposición de la sanción de multa no se

comprobó que hubiera existido un incumplimiento de las

disposiciones sobre protección de la competencia, pues las pruebas

que se valoraron no llevaban al pleno convencimiento de la

ocurrencia de la infracción.

I.4. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

La SIC, por medio de apoderado, contestó la demanda y se opuso a

las pretensiones de la misma, en los siguientes términos:

Señaló que en los actos administrativos acusados se analizaron en

detalle los mecanismos de fijación del precio de combustible; y que,

a pesar de las limitaciones propias del régimen de fijación de

tarifas, las estaciones de servicio sancionadas sí podían competir

por precios.

Alegó que no es correcto, desde el punto de vista económico,

probatorio y procesal, afirmar que la fórmula aplicada para la

gasolina corriente y ACPM establezca directamente el precio por

galón, sino que, para este caso, tras analizar factores como: i) tipo

de estación por volúmenes vendidos; ii) número de empleados; iii)

costo de transporte; y iv) ubicación de las estaciones de servicio,

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fue que llegó a la conclusión de que los precios fijados por las

estaciones investigadas fueron el resultado de la concertación de

las mismas.

Explicó que, además, se pudo evidenciar que FENDIPETRÓLEO

NACIONAL influenció a las estaciones sancionadas para pactar los

precios por galón mediante la intervención de su presidente en las

asambleas y juntas directivas; y que si bien es cierto existe un

reconocimiento constitucional a la libre asociación, también lo es

que dicha libertad no es ilimitada y encuentra como una de sus

fronteras la protección del interés general, de manera que a través

de las actividades gremiales y de representación sectorial no puede

desarrollarse ningún tipo de conducta que tenga la envergadura de

afectar el interés general, representado en el normal y correcto

funcionamiento de los mercados.

Puntualizó que el Decreto 4130 de 2011 reasignó funciones del

Ministerio de Minas y Energía a la CREG, pero esta norma fue

posterior al período investigado por la SIC, por lo que su referencia

no es pertinente para la presente controversia.

Explicó que las resoluciones núms. 82438 y 82439 de 1998

establecen los criterios del Ministerio de Minas y Energía para fijar

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los precios de la gasolina, dando lugar a los regímenes de libertad

vigilada y libertad regulada.

Resaltó que, en el régimen de libertad regulada, se reconocen los

costos de transporte entre la planta de abastecimiento del

distribuidor mayorista y la estación de servicio; y que si dicho valor

es superior al reconocido en la resolución de precios del Ministerio

de Minas y Energía que regulaba la materia, los comités

municipales deben establecerlo, no obstante en el municipio de

Duitama los referidos comités no habían entrado en

funcionamiento, razón por la cual cada una de las estaciones de

servicio establecía su propio precio bajo su criterio, lo que conlleva

que el rango de los precios entre las estaciones de servicio sí pueda

ser diferente y, ejemplo de ello, es el caso de la EDS Tundama y la

EDS La Dorada.

Mencionó que es cierto que actualmente las estaciones de servicio

del municipio de Duitama se encuentran sometidas al régimen de

libertad regulada, tal y como lo sostiene la actora; sin embargo, tal

situación no resulta relevante a efectos de la presente acción

judicial, comoquiera que se probó de forma contundente que,

pudiendo competir con precios inferiores a los de referencia fijados

por el Ministerio de Minas y Energías, las estaciones de ese

municipio, auspiciadas por la agremiación actora y su seccional,

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realizaron un acuerdo de precios en dicho mercado, con lo cual se

restringió de forma indebida la libre competencia, se afectó el

excedente del consumidor y se concretó el acto de influenciación

(sic) que sustentó la sanción impuesta a FENDIPETRÓLEO

NACIONAL y a su Seccional.

Sostuvo que no comparte la afirmación de la actora relacionada con

el margen de maniobra en el precio de los combustibles líquidos,

que según ella era mínimo debido a la libertad regulada, pues de

conformidad con el oficio expedido por el Ministerio de Minas y

Energías de 18 de abril de 2011, tanto en la libertad vigilada como

en la regulada, los agentes sí compiten y pueden establecer precios

menores a los de referencia.

Adujo que no es cierto que debido a las políticas sectoriales

adoptadas por el Gobierno Nacional, los agentes del mercado no

logren cubrir los costos operativos de su actividad económica; que

la variable correspondiente al margen del distribuidor minorista,

que busca remunerar las inversiones, costos, gastos y utilidad

asociada a la operación, permite la existencia de precios inferiores a

los de referencia, dependiendo de las características de cada

estación de servicio; y que, además, la parte actora no allegó

pruebas que respaldaran dicha afirmación.

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Explicó que no es cierto que haya sancionado a la actora basándose

en: i) la existencia de precios idénticos o similares; ii) la existencia

de precios altos en el mercado; y iii) un alto margen de ganancia

como resultado de un acuerdo; y que dichos elementos no se

encuentran establecidos en la norma como presupuestos fácticos

para la comisión de la conducta anticompetitiva endilgada. En

cambio, lo que sí observó fue un paralelismo de precios sin

justificación económica, corroborándolo mediante circulares y otros

elementos materiales probatorios.

Indicó que la demandante no probó que los precios uniformes

fuesen consecuencia de las características propias del mercado,

cuando la misma autoridad que fijaba los precios de referencia

manifestó que era posible competir con precios inferiores al de

referencia.

Puso de presente que ninguna de las estaciones de servicio

sancionadas demostró que sus precios finales de venta fueran

resultado de un ejercicio individual y aislado, ni que estuvieran en

condiciones homogéneas que permitieran suponer que, aunque

similares, los precios eran fruto de la interacción en el mercado.

Que, por el contrario, a través de los actos administrativos

acusados, demostró que los costos de evaporación, costos de

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transporte, costo de operación, inversión en infraestructura, gastos

administrativos, ventas y costos de obras civiles, eran variables que

incidían de forma particular y específica en el precio final de venta

al público, en cada una de las estaciones de servicio, teniendo en

cuenta que tienen costos operativos, de infraestructura y

mantenimiento claramente diferenciados entre ellas.

Aseguró que el argumento de la actora relacionado con precios

excesivamente altos resulta impertinente, por cuanto tal situación

no se derivó de una imposición de un agente dominante o

monopolio al consumidor, sino de la concertación de las estaciones

de servicio, con el auspicio de la actora, para pactar un precio por

galón durante los años 2007, 2008 y 2009.

Que tampoco se puede hablar de precios altos, por cuanto los

precios máximos por galón estaban regulados por el Gobierno

Nacional, de manera que, por la naturaleza misma del régimen de

libertad regulada, tal consideración no es de recibo.

Señaló que se pudo probar mediante grabaciones magnetofónicas,

actas de junta directiva y de asamblea, que los precios adoptados

por las estaciones de servicio afiliadas a FENDIPETRÓLEO

NACIONAL y su seccional de Boyacá y Casanare, durante los

mencionados períodos, no fueron fruto de la integración de la oferta

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y la demanda bajo los límites propios de la libertad regulada, sino

consecuencia de la concertación de los agremiados.

Adujo que no todo paralelismo de precios puede ser calificado como

competitivo si se encuentra justificación a la luz de las reglas de la

economía, situación que pasa por alto la parte actora, por cuanto

ante la existencia de pruebas tendientes a justificar tales

comportamientos, no se logró desvirtuar la tesis plasmada en la

resolución sancionatoria, en el sentido de que el comportamiento

sancionado era el reflejo de una práctica anticompetitiva.

Indicó que el acuerdo de fijación de precios bajo la modalidad de

conducta conscientemente paralela implica el análisis de cada uno

de sus presupuestos: i) paralelismo y ii) elemento consciente, los

que fueron demostrados, así:

i) Entre las estaciones de servicio sancionadas se presentó una

situación de identidad en el precio de venta de los combustibles

gasolina corriente y ACPM que, a pesar de tener como referente el

precio que el Gobierno Nacional asignó para las estaciones de

servicio sometidas al régimen de libertad regulada, sobrepasó

dichos límites, coincidiendo de manera idéntica en gran parte del

período analizado; y

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ii) Los precios fijados por las estaciones de servicio investigadas son

resultado de la concertación de estas como agremiadas de la

seccional, al tiempo que esta última y FENDIPETRÓLEO

NACIONAL habrían influenciado a dichas estaciones al sugerir la

política de precios a seguir, configurándose el elemento consciente

del paralelismo.

Resaltó que existe abundante material probatorio que da fe de la

existencia del paralelismo de precios y del rol influenciador que

ejerció la actora, aunado a que ni ella ni los demás sancionados

acreditaron que su comportamiento en el mercado tuviese

justificación económica alguna.

Aseveró que en el presente asunto no se sancionó a la actora ni a

las demás investigadas por conductas relacionadas con el abuso de

posición dominante, sino que esta correspondió fue a acuerdos y

actos restrictivos de la competencia, previstos en los artículos 47 y

48 del Decreto 2153, respectivamente.

Que prueba de ello es que en la Resolución núm. 33970 de 2010,

por medio de la cual se dio apertura a la investigación, no se

formularon cargos a las estaciones de servicios agremiadas, a la

actora, a su seccional o a personas naturales por abuso de su

posición dominante, sino por concurrir en actos y acuerdos

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anticompetitivos, imputación esta que se mantuvo incólume hasta

la expedición de la resolución sancionatoria y el acto que resolvió

los recursos de reposición presentados en contra de esta.

En cuanto a las opiniones personales e individuales del presidente

de la parte demandante en la asamblea ordinaria de la Seccional de

Boyacá y Casanare núm. 102, expresó que, de las grabaciones

como del acta física, se desprende que las intervenciones a las que

ella se refiere en la resolución sancionatoria no se dieron a título

personal, sino en el marco de la rendición del informe del

presidente de la Seccional dispuesto como un punto específico en el

orden del día, como también sucedió con la intervención del

presidente ejecutivo nacional, de donde se infiere que el acuerdo de

fijación de precios atribuido a las estaciones de servicio sancionadas

no se habría logrado sin la aceptación de los asambleístas

miembros de la junta directiva nacional y Seccional.

Frente a la presunta vulneración del principio de legalidad, hizo

hincapié en que lo único que hizo, por medio de las resoluciones

demandadas, fue imponer sanciones a quienes ejecutaron actos de

influencia contrarios al interés general tutelado en el artículo 333 de

la Constitución Política, sin limitar el ejercicio del derecho de

asociación y/o agremiación.

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En relación con la carta dirigida a la Organización Terpel S.A.,

señaló que ésta en ningún momento sirvió de fundamento para la

imposición de la sanción a la actora, por ser posterior al período

investigado, sino que esta simplemente sirvió de referencia para

evidenciar la preocupación de la agremiación frente a la reducción

de los precios por galón de gasolina corriente y ACPM en Boyacá.

En cuanto a la conducencia e impertinencia de las pruebas, alegada

por la parte demandante, adujo que este cargo resultaba

infundado, debido a que no fue aducido expresa o tácitamente en

vía gubernativa.

Señaló que quedó debidamente establecido en la resolución

sancionatoria que FENDIPETRÓLEO NACIONAL ejerció influencia

sobre sus seccionales para la unificación de tarifas por galón, lo que

permitió establecer, sin duda alguna, quiénes fueron los

influenciadores, esto es, FENDIPETRÓLEO NACIONAL y

FENDIPETRÓLEO SECCIONAL BOYACÁ Y CASANARE; que en

razón a dicha consideración fue que se impusieron las sanciones

correspondientes; y que, de lo anterior, también se desprende

quiénes fueron los influenciados, es decir, las estaciones de servicio

agremiadas en la seccional.

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Mencionó que FENDIPETRÓLEO NACIONAL y su representante

legal no son la misma persona, ni se confunden en forma alguna

para efectos de la investigación administrativa, por cuanto para el

ordenamiento jurídico se trata de personas diferentes; la primera

de ellas, ficta y, la segunda, natural o física, lo cual deja sin

fundamento la tesis invocada por la actora. Además, debe tenerse

en cuenta que la responsabilidad endilgada a la agremiación y a su

representante legal partió de normas diferentes.

Sostuvo que la demandante se limitó a mencionar una supuesta

desviación de poder por parte de la SIC al expedir los actos

acusados, la cual resulta infundada e inexistente; y que

FENDIPETRÓLEO NACIONAL no adujo cuáles habrían sido los

supuestos motivos que tuvo la entidad sancionadora para obrar con

una finalidad distinta a la señalada por la ley, carga probatoria que

se encuentra atribuida a la parte demandante, evidenciándose que

la presunta desviación obedece a apreciaciones subjetivas.

Precisó que el cargo de falsa motivación carece de todo

fundamento, teniendo en cuenta que identificó en cada uno de los

actos administrativos, tanto los hechos, como el período

investigado y las normas vulneradas, haciendo una descomposición

y descripción de cada uno de sus elementos, para luego

compararlos con el material probatorio, llegando a demostrar las

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infracciones por las cuales se sancionó a FENDIPETRÓLEO

NACIONAL y a su Seccional de Boyacá y Casanare, así como a sus

agremiadas.

II. FUNDAMENTOS DE LA SENTENCIA RECURRIDA

El Tribunal mediante sentencia de 25 de julio de 2017 denegó las

pretensiones de la demanda, con fundamento en los siguientes

razonamientos:

.- Del análisis y resolución del primer cargo relacionado con

mecanismos o parámetros para la determinación o fijación del

precio en la gasolina corriente motor y en el ACPM.

Señaló que, de los estudios realizados por la SIC, se pudo

establecer que los costos de cada una de las estaciones de servicio

del municipio de Duitama fueron diferentes, atendiendo a factores

como los volúmenes vendidos por cada una de ellas, número de

empleados y costos de transporte, elementos que necesariamente

generaban una diferencia en los costos operativos.

Que, en efecto, la entidad demandada demostró que el

comportamiento similar de los precios en la gasolina corriente y

ACPM no obedeció a un comportamiento propio del mercado o de

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los costos similares de las estaciones investigadas, como lo afirma

la parte demandante, debido a que, de los factores mencionados,

se pudo establecer que los costos operativos de cada una de ellas

eran diferentes, razón por la cual estos no podían ser la causa para

la similitud en los precios de venta.

Explicó que el costo del transporte era variable entre las mismas

estaciones de servicio. Así, por ejemplo, tratándose del régimen de

libertad regulada, como es el caso del municipio de Duitama, en los

que el precio máximo de venta al público por galón de gasolina es

fijado por el Gobierno Nacional, los Comités Municipales de Precios

son los que deben definir los costos de transporte que se aplican,

según lo previsto el artículo 3º del Decreto 2876 de 1984, comités

estos que no estaban conformados ni habían actuado, de acuerdo

con lo señalado por el Ministerio de Minas y Energía.

Que según los interrogatorios efectuados al Director de

Hidrocarburos del Ministerio de Minas y al representante de la EDS

INPRO del municipio de Duitama, el valor del transporte de la

gasolina del lugar de abastecimiento al sitio de las estaciones de

servicio no es el mismo para todas ellas, teniendo en cuenta que,

ante la inexistencia de los comités municipales de precios, quien

fijaba dicho valor era cada una de las estaciones.

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Sostuvo que no compartía lo afirmado por la parte actora cuando

manifiesta que la similitud de precios obedeció al poco margen de

maniobra de los agentes minoristas del mercado, pues las

estaciones de servicio investigadas contaban con estructuras de

costos distintos, de manera que no es posible concluir que los

precios ofrecidos fueran uniformes por la similitud de los

mencionados costos, lo que quiere decir que la paridad de precio no

puede explicarse por el comportamiento del mercado.

.- Del análisis y resolución del segundo cargo relacionado con la

Resolución del Ministerio de Minas y Energía y actualmente de la

CREG, en la cual se señala el mecanismo para determinar el precio

de la gasolina corriente y ACPM.

Resaltó que el artículo 3º del Decreto 219 de 1992 previó que al

Ministerio de Minas y Energía le correspondía adoptar la política

nacional de fijación de precios del petróleo y sus derivados; y que,

posteriormente, el numeral 19 del artículo 5º del Decreto 070 de

2001 dispuso que era tarea del mismo Ministerio fijar los precios de

los productos derivados del petróleo a lo largo de toda la cadena de

producción y distribución, excepto en lo referente al gas licuado de

petróleo.

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Que, posteriormente, mediante las resoluciones núms. 82438 y

82439 de 1998, el Gobierno Nacional estableció una estructura para

la fijación de los precios de la gasolina y el ACPM, dando lugar a

dos regímenes; por un lado, el de libertad vigilada, en el que se le

permite al distribuidor minorista establecer libremente el precio de

venta al público del galón de gasolina y ACPM a través de su

estación de servicio; y, por el otro, el de libertad regulada, en el

que los precios máximos de venta al público de los productos ya

mencionados son fijados directamente por el Gobierno Nacional a

través del margen de comercialización permitido a los

distribuidores.

Alegó que, si bien es cierto que el municipio de Duitama se

encuentra bajo un régimen de libertad regulada, también lo es que

dicha situación no puede explicar la similitud de precios a la que se

refiere la parte actora, pues tal como ya se mencionó, existen

variables que hacían que los agentes minoristas pudieran competir

con precios por debajo del máximo de referencia. Ello, atendiendo a

las diferencias de costos operacionales, así como a la diferencia del

flete de transporte en los términos antes indicados y más aún

cuando los comités locales no estaban operando en la práctica, de

manera que los agentes minoristas podían competir con precios por

debajo del máximo de referencia.

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.- Del análisis y resolución del tercer cargo relacionado con el

margen de maniobra y competencia por criterio de precio en los

combustibles líquidos derivados del petróleo.

Manifestó que el hecho de que las estaciones de servicio

sancionadas estuvieran bajo un régimen de libertad regulada no

implicaba, necesariamente, un margen estrecho de maniobrabilidad

de los agentes minoristas del mercado de los combustibles, pues

podían existir precios por debajo de los de referencia, atendiendo a

la diversidad de costos operacionales que podían presentarse entre

las distintas estaciones de servicio.

Que, de conformidad con lo señalado por el presidente de

FENDIPETRÓLEO NACIONAL y a la diversidad de costos

operacionales entre las distintas estaciones de servicio, se genera

necesariamente una diversidad de precios, sin que el régimen de

libertad regulada pueda explicar la similitud de los mismos, pues en

esta clase de regímenes es posible la existencia de precios por

debajo de la referencia máxima, precisamente, por lo disímil de los

costos, entre ellos, el de transporte.

Que del estudio realizado por la SIC se encontró una similitud de

precios en el valor de la gasolina en las estaciones de servicio del

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municipio de Duitama en el año 2007, situación que no varió entre

los años 2008 a 2009.

Expresó que, contrario a lo manifestado por la parte actora, la SIC

no sancionó a FENDIPETRÓLEO NACIONAL por los indicios de

existencia de elevados precios en el mercado o un alto margen de

ganancia como resultado de un acuerdo, sino que, conforme a lo

expuesto en la Resolución núm. 71794 de 2011, acusada, lo

que el ente de control evidenció fue un paralelismo de precios que

no encontraba justificación en el manejo del mercado ni mucho

menos en el régimen de libertad regulada que operaba para la

ciudad de Duitama.

.- Del análisis y resolución del cuarto cargo relacionado con la

inexistencia de una utilidad razonable presupuesto de las prácticas

anticompetitivas.

Consideró que, de conformidad con la Resolución núm. 71794 de

2011, acusada, FENDIPETRÓLEO NACIONAL fue investigada y

sancionada por actos de influencia sobre sus agremiadas respecto

al precio del galón de gasolina corriente y ACPM, conducta prevista

en el numeral 2 del artículo 48 del Decreto 2153, sin que dicha

sanción se hubiera fundamentado en precios predatorios o precios

excesivamente altos como lo sostiene la parte actora.

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Que lo afirmado por la parte demandante en cuanto a que el precio

final es el resultado de sumarle al precio máximo de venta en

planta de abastecimiento mayorista, los costos de transporte, las

inversiones en infraestructura, los costos de operación, el

mantenimiento, entre otros, no explica suficientemente la similitud

de precios que encontró la SIC de los combustibles en el municipio

de Duitama durante los años 2007, 2008 y 2009, teniendo en

cuenta que dichos costos operacionales son diferentes entre las

distintas estaciones de servicio.

.- Del análisis y resolución del quinto cargo relacionado con la causa

real y adecuada de las supuestas conductas conscientemente

paralelas.

Argumentó que dentro de los acuerdos tácitos se encuentran los

conscientemente paralelos que, tal y como lo manifestó la SIC en

los actos acusados, tiene dos elementos fundamentales: i) la

ocurrencia de una conducta paralela; y ii) un elemento consciente.

Explicó que la conducta paralela debe ser entendida como la

situación en la cual varias empresas presentan comportamientos

similares durante un período de tiempo determinado sin que exista

justificación; y que ello sea el resultado de un procedimiento

consciente.

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Precisó que, de acuerdo con los actos acusados, se logró demostrar

que entre las EDS EL SOL, DISCOL S.A., LA ISLA,

COOTRACHICA, COOFLOTAX y VILLA DEL RIO se presentó una

similitud en el precio de venta del galón de gasolina y ACPM; y que

incluso dicho valor sobrepasó el máximo señalado por el Ministerio

de Minas y Energía, tal como se desprende del estudio realizado por

la SIC en la resolución sancionatoria.

Que si bien es cierto que un paralelismo de precios no implica

necesariamente una conducta violatoria del derecho de la

competencia, también lo es que frente al caso en estudio no existe

prueba de que las condiciones del mercado hubieren generado la

similitud en los precios de la gasolina corriente y el ACPM, situación

que, tal como lo ha manifestado la doctrina y la misma SIC, genera

un indicio del elemento consciente, quedando en cabeza de la parte

demandada demostrar la causa de la similitud de los precios.

Explicó que, en ese sentido, se encuentra demostrado que,

contrario a lo afirmado por la actora, la entidad demandada sí pudo

comprobar que la similitud de los precios no obedeció al

comportamiento normal del mercado, ni mucho menos al régimen

de libertad regulada, pues resulta inexplicable que las estaciones de

servicio, que tienen costos operativos diferentes, presenten precios

similares dentro de un período de tiempo determinado.

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Que la SIC logró determinar que la influencia que ejerció

FENDIPETRÓLEO NACIONAL sobre los agremiados, hizo parte de

las discusiones relacionadas con el precio del combustible; y que

entre las pruebas que demuestran dicha intervención se encuentra

la grabación magnetofónica de la asamblea ordinaria núm. 102 de

14 de junio de 2008, en la cual intervino el presidente nacional de

FENDIPETRÓLEO NACIONAL, no con simples palabras y frases

casuales o aisladas, como lo afirma la parte actora, sino criticando

expresamente el hecho de que algunos de sus agremiados hubieren

decidido reducir los precios de los combustibles, llegando incluso a

proponer un incremento de los mismos para obtener un margen

mayor al establecido por el Gobierno Nacional.

.- Del Análisis y resolución del sexto cargo relacionado con

inexistencia de antijuridicidad de la conducta.

Mencionó que la sanción impuesta a FENDIPETRÓLEO NACIONAL

obedeció a que se probó que infringió lo dispuesto en el numeral 2

del artículo 48 del Decreto 2153 de 1992, esto es, “influenciar a

una empresa para que incremente los precios de sus productos o

servicios o para que desista de sus intenciones de rebajar los

precios”; conducta que, para el caso en estudio, quedó evidenciada

en la referida grabación magnetofónica en los términos indicados;

buscando generar un efecto sobre la determinación de los

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distribuidores minoristas en el precio de los combustibles, al sugerir

márgenes mayores de utilidad a los establecidos.

Que en el caso en estudio se encuentra demostrado que

FENDIPETRÓLEO NACIONAL abusó de la libertad de asociación y

de empresa que le había sido reconocida por la Constitución

Política, a través de reuniones en las que participó su presidente y

se discutían temas sensibles para la economía, con la única

intención de fijar precios similares en el mercado de combustibles

dentro del municipio de Duitama e incluso de aumentar los mismos

con el propósito de mejorar la utilidad de los distribuidores

minoristas, como se evidenció con las pruebas aportadas en el

expediente.

Anotó que, en lo que respecta a la indebida valoración de la carta

dirigida a la Organización Terpel S.A., así como de las actas núms.

241 de 28 de noviembre de 2009 y 245 de 03 de agosto del mismo

año, se compartía la posición de la SIC cuando señaló que de

conformidad con la Resolución núm. 71794 de 2011, acusada,

dicho documento no sirvió de sustento para la imposición de la

sanción, sino que simplemente se trató de un argumento para dar a

conocer la preocupación de FENDIPETRÓLEO NACIONAL en los

precios bajos del galón de gasolina en Boyacá.

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.- Del análisis y resolución del séptimo cargo relacionado con la

inexistencia del acto de influir en las voluntades de los agentes por

parte de FENDIPETRÓLEO Seccional Boyacá y Casanare.

Sostuvo que se encuentra demostrado que existió un acto mediante

el cual FENDIPETRÓLEO NACIONAL influyó en sus agremiados,

tal como se desprende de la aludida grabación magnetofónica y del

acta núm. 241 de la junta directiva nacional de las reuniones

llevadas a cabo los días 28 y 29 de noviembre de 2008.

Que la influencia para establecer un acuerdo de precios no solo se

configura con la celebración, en este caso, de lograr que los

distribuidores minoristas accedan a lo propuesto, sino que la

infracción a lo dispuesto en el numeral 2 del artículo 48 del decreto

2153, se da con la sola sugerencia de que dicho acuerdo de precios

se realice; y que, a pesar de que la EDS INPRO mantuvo precios

distintos a las demás estaciones de servicio, se trató de un asunto

excepcional que no puede de ninguna manera desconocer que la

mayoría de las estaciones mantuvieron un precio similar.

.- Del análisis y resolución del octavo cargo relacionado con ¿Quién

es el sujeto que influencia, y quién es el sujeto influenciado?

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Estimó que el objeto de FENDIPETRÓLEO NACIONAL, según el

artículo tercero de sus estatutos, es el de representar y proteger los

intereses de los distribuidores de combustible (asociados), así como

fomentar políticas que procuren el beneficio económico de quienes

tienen relación con la distribución de derivados del petróleo y gas

natural.

Que FENDIPETRÓLEO NACIONAL, a través de su presidente

ejecutivo, tenía el poder para influenciar a sus agremiados, en vista

de que esta agremiación está encargada de velar por sus intereses,

aunado a que existe estrecha relación entre todos ellos.

Observó que el poder influenciador corrió a cargo de

FENDIPETRÓLEO NACIONAL y se ejerció sobre sus agremiados

(estaciones de servicio de Duitama), cumpliéndose así el elemento

objetivo, pues a lo largo del proceso se demostró que éste en las

asambleas de la Seccional de Boyacá y Casanare, así como al

interior de la misma Federación, sugirió a sus agremiados que

mantuvieran los precios e incluso para que aumentaran el margen

de utilidad establecido por el Gobierno Nacional.

Concluyó que el sujeto que influenció fue FENDIPETRÓLEO

NACIONAL y que los sujetos influenciados fueron las estaciones de

servicio agremiadas a la primera, situación que fue clara para la

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SIC, quien sancionó a la agremiación por la conducta señalada en el

numeral 2 del artículo 48 del Decreto 2153, y a los agremiados por

haber infringido el numeral 1 del artículo 47 ibidem.

.- Del análisis y resolución del noveno cargo relacionado con la

Ausencia de gradualidad, proporcionalidad, dosimetría y debida

motivación de la sanción.

Mencionó que aunque en el numeral 6.11 de la Resolución núm.

71794 de 2011, acusada, la SIC estableció criterios de

dosificación de la sanción de manera insuficiente, mediante la

Resolución núm. 11651 de 2012, que resolvió los recursos de

reposición interpuestos, en el capítulo denominado “III

DOSIFICACIÓN”, realizó un análisis detallado sobre los principios de

proporcionalidad, dosimetría y metodología que fueron tenidos en

cuenta para efectos de imponer la sanción, principios que, en

efecto, fueron aplicados, si se parte del hecho de que se redujo la

sanción inicialmente impuesta, con lo cual se enmendó la falencia

alegada.

.- Del análisis y resolución del décimo cargo relacionado con la

doble imputación de pena por los mismos hechos (Non bis in ídem)

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Sobre el particular, el Tribunal argumentó que no se impuso doble

sanción al mismo sujeto, comoquiera que FENDIPETRÓLEO

NACIONAL y su presidente ejecutivo no pueden ser considerados

como una misma persona, pues mientras la primera es una persona

jurídica, la segunda es una persona natural, por lo que se trata de

dos sujetos totalmente diferentes.

Que mientras el presidente ejecutivo fue vinculado y sancionado en

calidad de persona natural por la infracción al numeral 16 del

artículo 4° del Decreto 2153, FENDIPETRÓLEO NACIONAL fue

vinculada en su calidad de corporación gremial por infracción del

artículo 1o de la Ley 155 y por lo dispuesto en el numeral 2° del

artículo 48 del Decreto 2153.

Explicó que, por un lado, el numeral 15 del artículo 4° del Decreto

2153 faculta a la SIC para imponer sanciones pecuniarias a las

empresas infractoras de las normas sobre protección de

competencia y prácticas comerciales restrictivas; y, por el otro, el

numeral 16 del artículo 4° del Decreto 2153 le da la potestad para

sancionar a los administradores, representantes legales, revisores

fiscales y demás personas naturales que autoricen, ejecuten o

toleren conductas violatorias de las normas sobre protección de la

competencia.

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.- Del análisis y resolución del onceavo cargo relacionado con la

desviación de poder.

Al respecto, el a quo advirtió que la parte actora se limitó a señalar

que la SIC había incurrido en una desviación de poder, sin

demostrar, como le correspondía, de acuerdo con los principios de

la carga de la prueba, cuáles fueron las razones, contrarias a las

señaladas en el ordenamiento jurídico indebidamente invocadas en

los actos demandados. De ahí que deba presumirse que los

fundamentos de estos últimos, esto es, de las resoluciones núms.

71794 de 2011 y 11651 de 2012, acusadas, se ajustan a lo

previsto por la ley de protección de la competencia.

.- Del análisis y resolución del doceavo cargo relacionado con la

falsa motivación.

Señaló que ninguno de los dos requisitos que exige la

jurisprudencia para la prosperidad del cargo de falsa motivación se

presentó, teniendo en cuenta que cada uno de los hechos que tuvo

en cuenta la SIC para sancionar a la demandada fueron probados

según los documentos y grabaciones aportadas al expediente, tal

como se demostró a lo largo de la providencia, documentos que

acreditaron las infracciones cometidas por la demandante en contra

de las normas de protección de la competencia.

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.- De los alegatos de conclusión

Resaltó que en los alegatos de conclusión presentados por la nueva

apoderada de la parte actora, se incluyeron nuevos argumentos que

no fueron planteados en el escrito de demanda como: i) la

aplicación del concepto de responsabilidad objetiva; y ii) que la SIC

no estaba facultada para imponer sanciones a las estaciones de

servicio, por cuanto en la época en la que se había realizado la

investigación, la demandada no tenía facultades para hacerlo, en

virtud de no poderse determinar el precio exacto de la gasolina

corriente motor y ACPM, argumentos que el Tribunal se abstuvo de

analizar por cuanto escapaban a la fijación del litigio y al problema

jurídico a resolver.

Destacó que: “[…] al hacer un análisis del escrito de alegatos de

conclusión, pareciera que la parte actora formula una nueva

demanda al no encontrarse de acuerdo con la defensa que fue

presentada por su apoderado anterior, actuando de manera desleal

con mala fe frente a su contraparte. Así, la estructura del escrito

pareciera una verdadera demanda, pues el mismo se encuentra

conformado por los siguientes acápites: i) I. A LA CAUSA, ii) II.

PRETENSIONES, i¡i) A LOS HECHOS O ARGUMENTACION FACTICA,

iv) IV A LOS FUNDAMENTOS DE DERECHOS Y/O ARGUMENTOS

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JURIDICOS DE LA DEMANDA, v) CONCEPTO DE VIOLACION, vi)

PRUEBAS y viii) SOLICITUDES […]”7.

Así las cosas, el Tribunal concluyó que se demostró un paralelismo

de precios no justificados en los productos de gasolina corriente y

ACPM en el municipio de Duitama, como consecuencia de la

influencia ejercida por FENDIPETRÓLEO NACIONAL sobre sus

agremiadas, motivo por el cual se denegaron las súplicas de la

demanda.

III. FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN

La actora solicitó revocar la sentencia de primera instancia y, en su

lugar, acceder a las pretensiones contenidas en la demanda.

Para el efecto, fincó su inconformidad, en esencia, así:

III.1. Falta de competencia de la SIC

Manifestó que su desacuerdo con la sentencia de primer grado se

fundamenta en que, existiendo una evidente falta de competencia

funcional de la SIC para llevar a cabo los procesos investigativos

7
Folio 610 (vuelto) del cuaderno núm. 2 de primera instancia.

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por precios de los combustibles de gasolina corriente y ACPM a las

estaciones de servicio del municipio de Duitama, por cuanto no

estaba definido para la época el factor “TM transporte municipal”

que es un elemento obligatorio dentro de la fórmula de estructura

de precios de libertad regulada por el Ministerio de Minas y Energía,

el cual es competencia de los Comité Municipales de Precios o el

Alcalde de cada municipio, comités estos que no estaban

funcionando al momento de los hechos que dieron lugar a la

investigación.

Señaló que Duitama se encontraba dentro de los 25 municipios

donde operaba el régimen de libertad regulada, no obstante, la SIC

inició una investigación sancionatoria contra las estaciones de

servicio de ese municipio en el año 2011 y contra

FENDIPETRÓLEO NACIONAL, por la presunta inducción o

influencia para la cartelización de precios en las estaciones de

servicio de ese ente territorial y emitió un acto administrativo

sancionatorio sin tener competencia, lo cual configura una vía de

hecho administrativa que vicia los actos administrativos acusados.

Sostuvo que solo conoció de este hecho hasta llegada la etapa de

alegatos de conclusión y, siendo el mismo de público conocimiento,

lo invocó ante el a quo con la finalidad de que actuara de manera

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oficiosa y saneara la vía de hecho en que había incurrido la

Administración.

Manifestó que resultaba inaceptable que el Tribunal no analizara de

fondo los alegatos de conclusión que presentó invocando un hecho

que hasta ese momento desconocía, con lo cual, aquél otorgó

mayor relevancia a la estructura formal y a su oportunidad del

escrito de alegatos de conclusión que a la realidad jurídica

invocada.

Adujo que se demostró la existencia de un error que invalida la

presunción de legalidad de los actos administrativos impugnados, el

cual surge de la falta de competencia reconocida por la entidad

demandada para investigar a las estaciones de servicio por los

precios de los combustibles y, simultáneamente, a

FENDIPETRÓLEO NACIONAL por la supuesta influencia ejercida

en la fijación de estos precios en el municipio de Duitama, debido a

que no se conoce el precio máximo de venta al público, condición

necesaria para ejercer las facultades sancionatorias sobre las

estaciones de servicio y FENDIPETRÓLEO NACIONAL por su

presunta participación en un acuerdo de precios.

Para fundamentar la referida falta de competencia, expresó que el

Ministerio de Minas y Energía dispuso un régimen de libertad

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regulada para el municipio de Duitama y que era el propio

Ministerio el que debía fijar los precios máximos de venta al público

para que las autoridades (alcaldías municipales y SIC) pudieran

ejercer el control y la vigilancia.

Agregó que la norma aplicable obligaba a utilizar una fórmula que

incluía, entre otros, el factor “TM”, consistente en el precio de

transporte del combustible desde la planta de abastecimiento del

mayorista a las estaciones del servicio en cada municipio, precio

que debía ser fijado por cada alcalde.

Que, por lo anterior, hasta que no se surtiera ese procedimiento, no

era posible establecer el precio máximo de venta al público en los

municipios y, tampoco podían iniciarse investigaciones, como en

este caso, la de inducción a la cartelización de tarifas del

combustible.

III.2. Indebida valoración probatoria

Adujo que la SIC y el Tribunal le dieron valor a pruebas posteriores

a la investigación y “sobre temas ajenos”, como lo son la carta de

27 de abril de 2010 dirigida a la Vicepresidenta de la Organización

Terpel S.A. y las actas de FENDIPETRÓLEO NACIONAL que no

tenían relación con los hechos investigados en el municipio de

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Duitama, lo cual evidencia una falta de motivación en los actos

cuestionados y generó dudas razonables no consideradas en la

investigación.

III.3. Caducidad de la facultad sancionatoria

Alegó que operó el fenómeno jurídico de la caducidad previsto en el

artículo 38 del CCA, comoquiera que la investigación inició con base

en una queja presentada el 1º de abril de 2007 y sólo hasta el 30

de julio de 2010, que se expidió la Resolución núm. 33970 fue que

se dio apertura a la investigación, lo que vulnera su debido proceso

y coloca una mordaza al gremio, al imprimirle un sello de sospecha

a los temas de su soporte.

III.4. Violación al debido proceso

Señaló que es evidente la sistemática violación al debido proceso de

que fue objeto FENDIPETRÓLEO NACIONAL por parte de la SIC,

lo que generó un grave daño material a su patrimonio y a su buen

nombre, por lo que no se entiende cómo el Tribunal no encontró

vicios dignos de ser tenidos en cuenta para acceder a las

pretensiones de la demanda, tales como: i) la existencia probada

de falta de competencia funcional para sancionar a las EDS por

tarifas del combustible y/o cartelización de tarifas; y ii) la

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consecuente emisión de actos administrativos sancionatorios

constitutivos de vías de hecho, que estimó suficientes para decretar

la nulidad de las resoluciones demandadas por ser contrarias a la

Constitución Política y la ley.

III.5. Ausencia de facultad sancionatoria de la SIC

Puso de presente que desde el año 2013, en la página web de la

SIC, se encontraba publicado un comunicado oficial de 1º de

noviembre de 2013, aclarando que la SIC no estaba facultada para

imponer sanciones a las estaciones de servicio, ya que tratándose

del régimen de libertad regulada, es el propio Ministerio el que debe

fijar los precios máximos de venta al público que regirá para cada

uno de ellos, para que las autoridades (alcaldes municipales y SIC)

puedan ejercer control y vigilancia.

Puntualizó que la demandada no tenía competencia para iniciar

investigaciones contra las estaciones de servicio del municipio de

Duitama, bajo el régimen de libertad regulada, por cuanto el precio

del factor “TM”, que debía ser fijado por el comité municipal de

precios o el alcalde, aún no había sido determinado; y que sin este

precio, no era posible establecer el precio máximo de venta al

público, por lo que la SIC debía abstenerse de iniciar

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investigaciones contra minoristas y otros, por no cumplir con las

tarifas o manipularlas.

Que, por las anteriores razones, la entidad demandada se

extralimitó en el ejercicio de su función sancionatoria al investigar y

sancionar a los distribuidores minoristas del municipio de Duitama y

a FENDIPETRÓLEO NACIONAL, no obstante que su proceder

estaba habilitado hasta que se estableciera el precio máximo de

venta al público.

Resaltó que el funcionario de la Dirección de Hidrocarburos faltó a

la verdad en sus declaraciones, toda vez que estas no concuerdan

con la realidad municipal y normatividad vigente, prejuzgando a las

estaciones de servicio del municipio de Duitama, calificándolas de

ilegales por fijar este ítem del precio, olvidando el hecho de que el

Comité de precios del municipio de Duitama, hasta la fecha nunca

ha sido constituido, debido a la negligencia, a su juicio, de los

alcaldes y gobernadores, así como del Ministerio de Minas y Energía

y la entidad demandada, que son las autoridades competentes para

conformarlo y vigilarlo.

Que lo anterior quiere decir que, si las estaciones de servicio fijan el

precio del ítem de transporte es porque estas autoridades así lo han

permitido desde el año 1984; y que, adicionalmente, el artículo 10

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del Decreto 2876 de 1984 prevé que la SIC será la entidad

encargada de velar por el buen funcionamiento de dicho comité, por

lo que trata de cubrir con estas investigaciones y sanciones

infundadas su propia falta de eficiencia.

Insistió en que las conductas anticompetitivas imputadas a las

estaciones de servicio del municipio de Duitama y realizadas bajo la

supuesta influencia de FENDIPETRÓLEO NACIONAL no eran

investigables por parte de la SIC en el momento en que esta

asumió el conocimiento del asunto y, como consecuencia, las

resoluciones sancionatorias acusadas son manifiestamente ilegales

y así lo debió declarar el Tribunal en la providencia impugnada.

Expresó que FENDIPETRÓLEO NACIONAL nunca incidió para que

las estaciones de servicio del municipio de Duitama realizaran

acuerdos de precios, según las conductas imputadas por la entidad

demandada, menos aun cuando la SIC publicó en su página web

que no podía investigar por tarifas a las estaciones hasta que se

cumpliera con lo previsto en el artículo 7º Decreto 2876 de 1984.

III.6. Violación de sus derechos fundamentales al no estudiar de

fondo los alegatos de conclusión presentados en el trámite de la

primera instancia.

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Indicó que en el fallo proferido por el Tribunal no se estudiaron de

fondo los argumentos presentados en su escrito de alegatos de

conclusión, lo que vulnera sus derechos fundamentales, entre ellos,

al debido proceso, a la igualdad, al buen nombre y al habeas data,

previstos en los artículos 13, 29 y 90 de la Constitución Política; y

78, 86 y 206 del CCA, toda vez que la SIC sí se extralimitó en sus

funciones administrativas al investigar unos distribuidores

minoristas y a FENDIPETRÓLEO NACIONAL sin tener la

competencia funcional para ello, al momento de realizar la

investigación, al estar en cabeza del Ministerio de Minas y Energía

la competencia de fijar el precio máximo de venta de combustibles

al público y no haberlo realizado al momento de la investigación

sancionatoria.

IV. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

IV.1. En esta etapa procesal, la actora en su escrito de alegatos

insistió en los argumentos expuestos en el recurso de apelación, en

el sentido de que se revoque en la sentencia de primera instancia y,

en su lugar, se acceda a las pretensiones de la demanda, dado que

hay una ausencia de la facultad sancionatoria de la SIC, desde el

momento en que inició el proceso sancionatorio en su contra hasta

su culminación.

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Reiteró que la SIC no estaba facultada para imponer sanciones a las

estaciones de servicio del municipio de Duitama, al haber dispuesto

el Ministerio de Minas y Energía un régimen de libertad regulada,

según el cual el mismo Ministerio es quien debe fijar los precios

máximos de venta al público que regirá para dicho ente territorial,

para que las autoridades de control (alcaldías municipales y SIC)

puedan ejercer el control y la vigilancia.

IV.2. Por su parte, la SIC y el Agente del Ministerio Público

guardaron silencio.

V. CONSIDERACIONES DE LA SALA

El presente asunto se contrae a establecer la legalidad de las

resoluciones núms. 71794 de 12 de diciembre de 2011 y

11651 de 29 de febrero de 2012, expedidas por el

Superintendente de Industria y Comercio, por medio de las cuales

se impuso a FENDIPETRÓLEO NACIONAL una multa por valor de

$1.071.200.000, la cual fue posteriormente modificada a

$578.448.000, por infringir los artículos 1º de la Ley 155 y 48,

numeral 2, del Decreto 2153.

La anterior sanción pecuniaria fue impuesta como resultado de la

investigación administrativa adelantada contra la actora y otros

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agentes del mercado, al comprobar que FENDIPETRÓLEO

NACIONAL realizó actos de influencia a unas estaciones de servicio

ubicadas en el municipio de Duitama, Boyacá, para que acordaran

incrementar los precios de la gasolina corriente y ACPM, así como

para que desistieran de su intención de rebajar los precios.

El Tribunal de primera instancia, en la sentencia apelada, denegó las

pretensiones de la demanda, al estimar que, si bien es cierto que el

municipio de Duitama se encuentra bajo un régimen de libertad

regulada, también lo es que dicha situación no puede explicar la

similitud de precios que se presentó en las estaciones de servicio de

dicho municipio, pues existen variables que hacían que los agentes

minoristas pudieran competir con precios por debajo del máximo de

referencia. Ello, atendiendo a los distintos costos operacionales, así

como a la diferencia del flete de transporte y más aún cuando los

comités locales no estaban operando en la práctica, de manera que

los agentes minoristas podían competir con precios por debajo del

máximo de referencia.

Manifestó que el hecho de que las estaciones de servicio

sancionadas estuvieran bajo un régimen de libertad regulada no

implicaba, necesariamente, un margen estrecho de maniobrabilidad

de los agentes minoristas del mercado de los combustibles, pues

podían existir precios por debajo de los de referencia, atendiendo a

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la diversidad de costos operacionales que podían presentarse entre

las distintas estaciones de servicio.

Que, de conformidad con lo señalado por el presidente de

FENDIPETRÓLEO NACIONAL y a la diversidad de costos

operacionales entre las distintas estaciones de servicio, se genera

necesariamente una diversidad de precios, sin que el régimen de

libertad regulada pueda explicar la similitud de los mismos, pues en

esta clase de regímenes es posible la existencia de precios por

debajo de la referencia máxima, precisamente, por lo disímil de los

costos, entre ellos, el de transporte.

Resaltó que en los alegatos de conclusión presentados por la nueva

apoderada de la parte actora, se incluyeron nuevos argumentos que

no fueron planteados en el escrito de demanda como: i) la

aplicación del concepto de responsabilidad objetiva; y ii) que la SIC

no estaba facultada para imponer sanciones a las estaciones de

servicio, por cuanto en la época en la que se había realizado la

investigación, la demandada no tenía facultades para hacerlo, en

virtud de no poderse determinar el precio exacto de la gasolina

corriente motor y ACPM, argumentos que el Tribunal se abstuvo de

analizar por cuanto escapaban a la fijación del litigio y al problema

jurídico a resolver.

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Destacó que “[…] al hacer un análisis del escrito de alegatos de

conclusión, pareciera que la parte actora formula una nueva

demanda al no encontrarse de acuerdo con la defensa que fue

presentada por su apoderado anterior, actuando de manera desleal

con mala fe frente a su contraparte. Así, la estructura del escrito

pareciera una verdadera demanda, pues el mismo se encuentra

conformado por los siguientes acápites: i) I. A LA CAUSA, ii) II.

PRETENSIONES, i¡i) A LOS HECHOS O ARGUMENTACION FACTICA,

iv) IV A LOS FUNDAMENTOS DE DERECHOS Y/O ARGUMENTOS

JURIDICOS DE LA DEMANDA, v) CONCEPTO DE VIOLACION, vi)

PRUEBAS y viii) SOLICITUDES […]”.

Por su parte, la actora, en su recurso de apelación, adujo que su

desacuerdo con la sentencia de primer grado se fundamenta en

que, existiendo una evidente falta de competencia funcional de la

SIC para llevar a cabo los procesos investigativos por precios de los

combustibles de gasolina corriente y ACPM a las estaciones de

servicio del municipio de Duitama, por cuanto no estaba definido

para la época el factor “TM transporte municipal”, que es un

elemento obligatorio dentro de la fórmula de estructura de precios

de libertad regulada por el Ministerio de Minas y Energía, el cual es

competencia de los Comités Municipales de Precios o el Alcalde de

cada municipio, comités estos que no estaban funcionando al

momento de los hechos que dieron lugar a la investigación.

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Señaló que Duitama se encontraba dentro de los 25 municipios

donde operaba el régimen de libertad regulada, no obstante, la SIC

inició una investigación sancionatoria contra las estaciones de

servicio de ese municipio en el año 2011 y contra

FENDIPETRÓLEO NACIONAL, por la presunta inducción o

influencia para la cartelización de precios en las estaciones de

servicio de ese municipio y emitió acto administrativo sancionatorio

sin tener competencia, lo cual configura una vía de hecho

administrativa que vicia los actos administrativos acusados.

Sostuvo que solo conoció de este hecho hasta llegada la etapa de

alegatos de conclusión y, siendo el mismo de público conocimiento,

lo invocó ante el a quo con la finalidad de que actuara de manera

oficiosa y saneara la vía de hecho en que había incurrido la

Administración.

Manifestó que resultaba inaceptable que el Tribunal no analizara los

alegatos de conclusión que presentó invocando un hecho que hasta

ese momento desconocía, con lo cual, aquél otorgó mayor

relevancia a la estructura formal y a su oportunidad del escrito de

alegatos de conclusión que a la realidad jurídica invocada.

Adujo que se demostró la existencia de un error que invalida la

presunción de legalidad de los actos administrativos acusados, el

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cual surge de la falta de competencia reconocida por la entidad

demandada para investigar a las EDS por los precios de los

combustibles y, simultáneamente, a FENDIPETRÓLEO NACIONAL

por la supuesta influencia ejercida en la fijación de estos precios en

el municipio de Duitama, debido a que no se conoce el precio

máximo de venta al público, condición necesaria para ejercer las

facultades sancionatorias sobre las estaciones de servicio y

FENDIPETRÓLEO NACIONAL por su presunta participación en un

acuerdo de precios.

V.1.- Actos demandados

En el presente asunto son cuestionadas las siguientes resoluciones:

.- Resolución núm. 71794 de 12 de diciembre de 2011,

expedida por el Superintendente de Industria y Comercio “Por la

cual imponen unas sanciones”8, en la que se resolvió:

“[…] ARTÍCULO PRIMERO: Declarar que la Federación
Nacional de Distribuidores de Derivados del Petróleo -
FENDIPETRÓLEO NACIONAL- y la Federación Nacional de
Distribuidores de Derivados del Petróleo Seccional Boyacá y
Casanare FENDIPETRÓLEO SECCIONAL BOYACÁ Y CASANARE-
contravinieron lo dispuesto en el artículo 1º de la Ley 155 de
1959 y el numeral 2° del artículo 48 del Decreto 2153 de 1992.

ARTÍCULO SEGUNDO: Imponer unas sanciones pecuniarias a
la Federación Nacional de Distribuidores de Derivados del
Petróleo -FENDIPETRÓLEO NACIONAL- y la Federación Nacional

8
Folios 7 a 69 del anexo núm. 1.

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de Distribuidores de Derivados del Petróleo Seccional Boyacá y
Casanare FENDIPETRÓLEO SECCIONAL BOYACÁ Y CASANARE-,
por la suma de MIL SETENTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS
MIL PESOS MCT. ($1.071.200.000) para cada una

.FENDIPETRÓLEO NACIONAL, identificada con NIT 860033747-
5

.FENDIPETRÓLEO SECCIONAL BOYACÁ Y CASANARE,
identificada con NIT 800115612-4

PARÁGRAFO: El valor de la sanción pecuniaria que por esta
resolución se impone, deberá consignarse en efectivo o en
cheque de gerencia en el Banco de Bogotá, Cuenta Corriente
No. 062-754387, a nombre de la Superintendencia de Industria
y Comercio - Formato de Recaudo Nacional, Código de
referencia para pago No. 03. En el recibo deberá indicarse el
número del expediente y el número de la presente resolución.
El pago deberá acreditarse ante la pagaduría de esta
Superintendencia, con el original de la consignación, dentro de
los cinco (5) días hábiles siguientes a la ejecutoria de esta
resolución.

Vencido el término de pago aquí establecido se causarán
intereses moratorios a la tasa del 12% anual, liquidados por
días en forma proporcional, lo que le generará un saldo en su
contra, por ello, resulta de suma importancia acercarse a la
Dirección Administrativa y Financiera a efectos de que se
efectúe dicha liquidación.

ARTÍCULO TERCERO: Declarar que las empresas
Distribuidora de Combustibles El Sol S.A. DICOSOL S.A.,
Estación de servicio LA ISLA LTDA., Cooperativa de
Transportadores Rápido Chicamocha - COOTRACHICA,
Cooperativa de Transportadores Flotax Duitama - COOFLOTAX,
Estación de servicio VILLA DEL RIO LTDA., Comercializadora de
Combustibles y Transportes Ltda.- COMERTRANS LTDA. y

De acuerdo con el numeral 15 del articulo 4 del Decreto 2153
de 1992, el Superintendente de Industria y Comercio podrá
imponer sanciones pecuniarias hasta por dos mil (2.000)
salarios mínimos legales mensuales vigentes a las empresas
infractoras de las normas sobre protección de la competencia y
prácticas comerciales restrictivas a que se refiere el presente
decreto.

A su vez, el numeral 16 del articulo 4 del Decreto 2153 de
1992, establece la facultad del Superintendente de Industria y
Comercio, para imponer a los administradores, directores,
representantes legales, revisores fiscales y demás personas
naturales que autoricen, ejecuten o toleren conductas

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violatorias de las normas sobre protección de la competencia y
prácticas comerciales restrictivas, multas de hasta trescientos
(300) salarios mínimos legales mensuales vigentes en el
momento de la imposición de la sanción.

En el presente caso, fue demostrado que FENDIPETRÓLEO
NACIONAL y FENDIPETRÓLEO SECCIONAL BOYACÁ Y
CASANARE, transgredieron con su comportamiento lo dispuesto
en el artículo 1° de la Ley 155 de 1959 y en el numeral 2 del
articulo 48 del Decreto 2153 de 1992, con la realización de
actos de influenciación a las estaciones de servicio investigadas
para que incrementaran los precios de la gasolina corriente y
ACPM en la ciudad de Duitama y para que desistieran de su
intención de rebajar los precios.

Por su parte, las empresas Distribuidora de Combustibles El Sol
S.A. - DICOSOL S.A., Estación de servicio LA ISLA LTDA.,
Cooperativa de Transportadores Rápido Chicamocha
COOTRACHICA, Cooperativa de Transportadores Flotax
Duitama - COOFLOTAX, Estación de servicio VILLA DEL RÍO
LTDA., Comercializadora de Combustibles y Transportes Ltda.-
COMERTRANS LTDA., transgredieron con su comportamiento lo
dispuesto en el numeral 1° del artículo 47 del Decreto 2153 de
1992, al haber realizado un acuerdo para la fijación de los
precios de la gasolina corriente y ACPM en la ciudad de
Duitama, en la modalidad de práctica conscientemente
paralela. El comportamiento de las mencionadas empresas
reviste una especial importancia, teniendo en cuenta que,
analizadas sus ventas de combustible de manera conjunta, se
configura una cuota de participación significativa en el mercado
de distribución minorista en la ciudad de Duitama. Basado en
las anteriores consideraciones, este Despacho encuentra la
necesidad de imponer a cada una de las personas jurídicas
señaladas la multa máxima que el ordenamiento prevé para
este tipo de infracciones. Esto es, la suma 'equivalente a MIL
SETENTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS MCT.
($1.071.200.000).

En cuanto a las personas naturales responsables de haber
autorizado, ejecutado o tolerado el comportamiento
anticompetitivo merecedor del reproche, serán impuestas las
multas máximas que el ordenamiento prevé para este caso a
RODRIGO VALENCIA CONCHA ex presidente de
FENDIPETRÓLEO NÁCIONAL y AUGUSTO VARGAS SÁENZ
presidente de FENDIPETRÓLEO SECCIONAL BOYACÁ Y
CASANARE.

Para el caso de las personas naturales investigadas ÁLVARO
JAVIER GONZÁLEZ MANRIQUE en calidad de representante
legal de la empresa Distribuidora de Combustibles El Sol S.A.
DICOSOL S.A, MARTHA PATRICIA ROJAS RINCÓN,

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representante legal de la Estación de servicio LA ISLA LTDA.,
CARLOS ENRIQUE CASTILLO ARCOS, representante legal de la
Cooperativa de Transportadores Rápido.

[…]

ARTÍCULO DÉCIMO: Declarar que RODRIGO VALENCIA
CONCHA, identificado con cedula de ciudadanía No 9.093.505
de Cartagena quien se desempeñó desde el mes de junio de
2006 hasta mayo de 2009 como Presidente Ejecutivo y
Representante Legal de FENDIPETRÓLEO NACIONAL, ejecutó
las conductas de que trata el artículo primero, incurriendo en la
responsabilidad prevista en el numeral 16 del artículo 4º del
Decreto 2153 de 1992.

ARTICULO UNDÉCIMO: Imponer una sanción pecuniaria a
RODRIGO VALENCIA CONCHA en su calidad de presidente
ejecutivo y representante legal de FENDIPETRÓLEO NACIONAL
desde el mes de junio de 2006 hasta mayo de 2009, por la
suma de CIENTO SESENTA MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA
MIL PESOS MCT ($160.680.000). […]”.

.- Resolución núm. 11651 de 29 de febrero de 2012, expedida

por el Superintendente de Industria y Comercio (E), “Por la cual se

deciden unos recursos de reposición”, en la que se dispuso lo

siguiente9:

“[…] ARTÍCULO PRIMERO: Confirmar los artículos PRIMERO;
TERCERO; DÉCIMO: DÉCIMO SEGUNDO; DÉCIMO CUARTO;
DÉCIMO SEXTO: DÉCIMO OCTAVO; VIGÉSIMO; VIGĖSIMO
SEGUNDO; VIGÉSIMO CUARTO, VIGÉSIMO SEXTO, VIGĖSIMO
OCTAVO, VIGĖSIMO NOVENO Y TRIGĖSIMO de la Resolución
No. 71794 de 12 de diciembre de 2011.

ARTÍCULO SEGUNDO: Modificar el artículo SEGUNDO de la
Resolución No. 71794 de 12 de diciembre de 2011, el cual
quedará así:

"ARTÍCULO SEGUNDO: Imponer unas sanciones pecuniarias a
la Federación Nacional de Distribuidores de Derivados del
Petróleo -FENDIPETRÓLEO NACIONAL- y la Federación Nacional
de Distribuidores de Derivados del Petróleo Seccional Boyacá y
Casanare FENDIPETRÓLEO SECCIONAL BOYACÁ Y CASANARE-,
9
Folios 70 a del anexo núm. 1.

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por la suma de QUINIENTOS SETENTA Y OCHO MILLONES
CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL PESOS MCT
($578.448.000) para la primera y SEISCIENTOS SETENTA Y
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS
MILPESOS MCT ($674.856.000) para la segunda.

.FENDIPETRÓLEO NACIONAL, identificada con NIT 860033747-
5

.FENDIPETRÓLEO SECCIONAL BOYACA Y CASANARE,
identificada con NIT 800115612-4.

PARÁGRAFO: El valor de la sanción pecuniaria que por esta
resolución se impone, deberá consignarse en efectivo o en
cheque de gerencia en el Banco de Bogotá, Cuenta Corriente
No. 062-754387, a nombre de la Superintendencia de Industria
y Comercio - Formato de Recado Nacional, Código de
referencia para pago No. 03. En el recibo deberá indicarse el
número del expediente y el número de la presente resolución.
El pago deberá acreditarse ante la pagaduría de esta
Superintendencia, con el original de la consignación, dentro de
los cinco (5) días hábiles siguientes a la ejecutoria de esta
resolución.

Vencido el término de pago aquí establecido se causarán
intereses moratorios a la tasa del 12% anual, liquidados por
días en forma proporcional, lo que le generará un saldo en su
contra, por ello, resulta de suma importancia acercarse a la
Dirección Administrativa y Financiera a efectos de que se
efectúe dicha liquidación. […]”.

V.2. Problema jurídico

De acuerdo con los argumentos planteados por la actora en su

recurso de apelación, corresponde a la Sala determinar si los actos

acusados conservan la presunción de legalidad que los ampara, o

si, por el contrario, se encuentran incursos en vicios relacionados

con la falta de competencia de la SIC para expedir dichos actos,

indebida valoración probatoria, la caducidad de la facultad

sancionatoria, la violación a su debido proceso, la ausencia de la

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facultad sancionatoria de la entidad demandada, y si se debían

estudiar de fondo los alegatos de conclusión presentados en el

trámite de la primera instancia.

V.2.1.- El alcance de la apelación y de los límites del

pronunciamiento de la Sala.

Previo a abordar el estudio de fondo de los cargos de apelación, la

Sala estima necesario precisar el alcance de la competencia

funcional del juez de segunda instancia.

De conformidad con lo previsto en el artículo 328 del Código

General del Proceso, aplicable a esta jurisdicción por remisión

expresa del artículo 306 del CPACA, la competencia del juez de

segunda instancia se encuentra delimitada por los reparos

concretos formulados por el apelante, sin perjuicio de las

decisiones que deba adoptar de oficio en los casos previstos por la

ley, lo cual, según la jurisprudencia reiterada de esta Corporación,

garantiza los derechos de contradicción y defensa de las partes,

concreta el principio de congruencia y delimita el ámbito material

de la decisión del superior, de manera que este no puede extender

su examen a aspectos ajenos a la alzada ni desbordar el marco

fijado por los argumentos de inconformidad propuestos por la parte

recurrente.

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Bajo ese entendido, la Sala observa que, aunque en el escrito de

apelación se desarrollaron diversos razonamientos para

controvertir la legalidad de los actos acusados, lo cierto es que solo

puede ser objeto de pronunciamiento en esta instancia los cargos

que, en efecto, guarden correspondencia con el problema jurídico

efectivamente decidido por el Tribunal, el cual consistió en

determinar si las resoluciones demandadas desconocieron el

ordenamiento superior, la prohibición de non bis in ídem, la debida

motivación y la desviación de poder10.

Cabe destacar que en el planteamiento del anterior problema

jurídico, el a quo, especificó los cargos señalados por la actora en

la demanda y su reforma, de la siguiente manera11:

“[…] En síntesis, la sociedad demandante pretende que se
declare la nulidad de los actos administrativos proferidos por
la Superintendencia de Industria y Comercio que impuso
sanción económica por la presunta infracción a las normas
de protección de la competencia, toda vez que, a su juicio,
los mismos fueron proferidos con desconocimiento del
ordenamiento superior, de la prohibición de non bis in ídem,
con falsa motivación y desviación de poder, al considerarse,
grosso modo, que i. la similitud de precios de la gasolina y el
ACPM, presente en las estaciones de servicio de Duitama, no
obedeció a un paralelismo o acuerdo de precios sino a la
aplicabilidad del régimen de libertad regulada impuesta por
el Gobierno Nacional; ii. la similitud es consecuencia,
además, de los estrechos márgenes de utilidad; iii. la
actuación de FENDIPETROLEO responde al derecho
fundamental de asociación y de agremiación que le asiste al
intervenir en reuniones gremiales tratando temas

10
Folio 591 del cuaderno físico núm. 2 de primera instancia.
11
Folios 591 y 592 del cuaderno físico núm. 2 de primera instancia.

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relacionados con el sector, en donde las Seccionales son las
que deciden y guían las directrices de aquélla; iv. la SIC
utilizó prueba acaecida en fecha posterior a los hechos
investigados; v. los actos impugnados adolecen de
gradualidad, proporcionalidad, dosimetría y debida
motivación de la sanción; vi. que con estos, además, se dio
una doble imputación de pena por los mismos hechos, al
imponerse sanción al gremio y a su representante legal. […]”
(Destacado fuera de texto).

Ahora, se advierte que los desarrollos específicos introducidos en el

recurso de apelación en torno a: i) la falta de competencia de la

SIC; ii) la caducidad de la facultad sancionatoria; iii) la violación al

debido proceso derivada de la falta de competencia funcional de la

SIC para sancionar a las estaciones de servicios por tarifas de

combustible y/o cartelización de tarifas; iv) la ausencia de facultad

sancionatoria de la SIC; y v) la violación de los artículos 13, 29 y

90 de la Constitución Política; y 78, 86 y 206 del CCA, no fueron

estudiados por parte del a quo como cargos ni como problemas

jurídicos.

La Sala observa, entonces, que tales planteamientos sólo fueron

aducidos en el recurso de apelación, lo que constituye unos nuevos

cargos contra los actos acusados, que no fueron invocados en la

demanda o su reforma ni hacen parte del problema jurídico fijado

por el a quo, situación que a todas luces es improcedente, no solo

por extemporáneo pues, se insiste, que el momento procesal

oportuno era la demanda o su reforma, sino también porque de

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acogerse su estudio se vulneraría el derecho de defensa y

contradicción de la parte demandada en el proceso, siendo deber

del juez de preservar la igualdad procesal entre las partes.

Precisamente, el examen de segunda instancia debe circunscribirse

a los aspectos desfavorables de la sentencia apelada que fueron

efectivamente cuestionados por el recurrente y que, además,

guarden correspondencia con la causa petendi fijada en la

demanda y con los problemas jurídicos resueltos en primera

instancia, por lo cual, no le es dable al ad quem pronunciarse sobre

argumentaciones nuevas que, aunque expuestas en la sustentación

del recurso, no fueron sometidas al debate procesal desde el libelo

introductorio ni constituyeron objeto de definición por parte del

Tribunal.

Por consiguiente, al no haber sido abordados en la sentencia

apelada, tales planteamientos exceden el marco funcional de

competencia del juez de segunda instancia, en la medida en que su

examen en esta oportunidad supondría emitir un pronunciamiento

sobre aspectos que no fueron resueltos en la primera instancia, con

desconocimiento del principio de congruencia y de los límites

propios de la alzada.

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Actora: FEDERACIÓN NACIONAL DE DISTRIBUIDORES DE COMBUSTIBLES Y ENERGÍA –
FENDIPETRÓLEO NACIONAL

Sobre el particular, esta Sección ha sostenido de manera reiterada

que la invocación de nuevas normas o la formulación de nuevos

cargos en sede de apelación resulta improcedente, no solo por

extemporánea, sino también porque su estudio comprometería los

principios de lealtad procesal, contradicción, defensa e igualdad

entre las partes.

En esa línea, en sentencia de 31 de mayo de 201812, precisó que el

juez de segunda instancia solo puede pronunciarse sobre los

cuestionamientos formulados con fundamento en las normas y

cargos oportunamente introducidos en la demanda, y no respecto

de reproches nuevos propuestos por primera vez en el recurso de

alzada, así:

“[…] la Sala debe puntualizar que los motivos de inconformidad
de la parte apelante involucran normas que no fueron
invocadas en la demanda como violadas, pues las indicadas en
ésta se circunscribieron a los artículos 29 y 58 de la
Constitución Política y 66 de la Ley 388.

A este respecto conviene poner de presente que la
invocación de nuevas normas en esta instancia significa,
ni más ni menos, la formulación de nuevos cargos contra
los actos acusados, lo cual resulta a todas luces
improcedente, no solamente por extemporáneos, pues el
momento procesal es en la demanda o su adición, sino en
razón a que de acometer su estudio se estaría violando el
derecho de defensa de la parte demandada en el proceso y el
deber del juez de hacer efectiva la igualdad de las partes en el
mismo.

12
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 31 de
mayo de 2018, C.P. María Elizabeth García González, núm. único de radicación 25000-23-40-000-
2008-00074-02.

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FENDIPETRÓLEO NACIONAL

Por consiguiente, la Sala solo se referirá a los cuestionamientos
que formula el recurrente con base en los artículos 29 y 58 de
la Constitución Política y 66 de la Ley 388, y no así a los
artículos 187, 252 del C de PC, ni al cargo de falsa motivación.
[…]” (Destacado fuera de texto).

Asimismo, en posterior pronunciamiento, esto es, en sentencia de 8

de octubre de 202013, esta Sección consideró que el ad quem no

puede abordar materias o cuestiones que se plantean en la

apelación, que no hacen parte del concepto de violación del libelo,

ni de lo que la sentencia de primera instancia estudió, pues es su

deber salvaguardar los derechos fundamentales al debido proceso y

de defensa de la contraparte en el proceso, en los siguientes

términos:

“[…] El Consejo de Estado ha considerado que en los procesos
ordinarios el recurso de apelación tiene límites, toda vez que
debe guardar correspondencia con el petitum de la demanda,
los fundamentos fácticos y jurídicos que la sustentan, los
argumentos de oposición a la misma y las consideraciones que
sirven de sustento al a quo para fundamentar la sentencia.
Sobre el particular, esta Sección precisó:

“[…] Esta Sala de decisión se limitará a conocer solamente de
los puntos o cuestiones a los cuales se contrae dicho recurso,
pues los mismos, en el caso de apelante único, definen el
marco de la decisión que ha de adoptarse en esta instancia.

[…] Sobre el particular, esta Sección en diversas oportunidades
ha puesto de presente que “[…] el juez de la segunda instancia
está sujeto, al decidir la apelación, a los planteamientos
expuestos en el recurso de alzada sin que esté facultado para
pronunciarse sobre aspectos o puntos de la sentencia de
primera instancia que no fueron objeto de impugnación.
Igualmente ha reiterado que no puede abordar materias

13
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 8 de
octubre de 2020, C.P. Hernando Sánchez Sánchez, núm. único de radicación 85001-23-33-000-2017-
00135-01.

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FENDIPETRÓLEO NACIONAL

o cuestiones que se plantean en la apelación, pero que
no hacen parte del concepto de violación del libelo, ni
que la sentencia de primera instancia estudió” […] La
Sala reitera que en virtud de los principios de lealtad
procesal, contradicción y de defensa y la congruencia
que debe existir entre el recurso, la sentencia
censurada, el concepto de violación de la demanda y los
argumentos expuestos en la contestación de la misma,
imponen que al apelante le esté vedado exponer en el
recurso de apelación hechos, cargos y presentar
pretensiones nuevas que no alegó ni en la demanda ni
en la contestación. Si lo hiciere, el ad quem no puede
abordar el estudio de estos nuevos reproches, pues es
su deber salvaguardar los derechos fundamentales al
debido proceso y de defensa de la contraparte en el
proceso […]”. (Resaltado fuera de texto).

Es oportuno reiterar que el recurso de apelación tiene como
finalidad controvertir las decisiones proferidas, en primera
instancia, es decir, su contenido y análisis jurídico y probatorio,
para que el superior funcional las revoque, modifique o
adicione; en esa medida, no es un instrumento para incluir
cargos nuevos en contra del acto administrativo acusado
porque ello desconocería los principios de lealtad procesal,
contradicción, defensa y congruencia que debe existir entre el
recurso y la sentencia apelada. […]” (Destacado fuera de
texto).

En consecuencia, la Sala no puede emitir pronunciamiento de fondo

alguno sobre esos argumentos nuevos, habida cuenta que solo

fueron invocados como argumentos de defensa en el recurso de

apelación. Proceder de manera contraria implicaría romper el

equilibrio procesal y la igualdad de las partes, pues la parte

demandada no tendría la posibilidad de controvertir y desvirtuar los

nuevos argumentos14.

14
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 2 de
marzo de 2017, C.P. María Elizabeth García González, número único de radicación
23001233300420160014301

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Ahora, la actora adujo en su recurso de apelación que el

planteamiento relacionado con la falta de competencia de la SIC

para sancionar a la actora fue puesto de presente solamente hasta

la presentación de los alegatos de conclusión dentro del trámite de

primera instancia, porque sólo hasta ese momento es que tuvo

conocimiento de su ocurrencia.

Al respecto, la Sala considera que no le asiste razón, toda vez que

desde la presentación de la demanda la actora ya tenía

conocimiento de los hechos por los cuales fue investigada,

situación distinta es que quiera formular nuevos cargos para

sustentar una presunta falta de competencia por parte de la SIC

para imponer la sanción de la cual fue sujeto FENDIPETRÓLEO

NACIONAL, con ocasión de conducta anticompetitiva que se le

endilgó en los actos acusados.

En efecto, la Sala observa que los hechos descritos por la actora en

su recurso de apelación no ocurrieron con posterioridad a la

presentación de la demanda, como lo adujo, sino que corresponden

a nuevos planteamientos jurídicos que no fueron puestos de

presente en el momento procesal oportuno para controvertir la

legalidad de las resoluciones demandadas.

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Así las cosas, la Sala echa de menos que la parte actora no haya

formulado algún reparo contra lo que consideró el Tribunal en la

sentencia apelada, con respecto a la no prosperidad de los cargos

de la demanda relacionados con: i) el comportamiento similar de

precios de la gasolina corriente y ACPM sin justificación; ii) la

posibilidad de que bajo el régimen de libertad regulada existan

precios inferiores al de referencia; iii) la antijuridicidad de la

conducta; iv) la influencia que ejerció FENDIPETRÓLEO

NACIONAL sobre las voluntades de la estaciones de servicio; v) la

gradualidad y proporcionalidad de la sanción; vi) la violación del

principio del non bis in idem; y vii) la desviación de poder, entre

otros, que fueron los fundamentos que tuvo en cuenta el fallo

recurrido para no declarar la nulidad de los actos acusados,

manteniendo su presunción de legalidad.

Por consiguiente, el examen de esta Corporación se circunscribirá

únicamente al cargo efectivamente resuelto por el Tribunal y

controvertido por la parte recurrente, esto es, el atinente a si hubo

una indebida valoración probatoria, al haber tenido en cuenta

pruebas posteriores a la investigación y sobre temas ajenos, como

lo son la carta de 27 de abril de 2010 dirigida a la Vicepresidenta

de la Organización Terpel S.A. y las actas de FENDIPETRÓLEO

NACIONAL que, a juicio de la actora, no tenían relación con los

hechos investigados en el municipio de Duitama; y a determinar si

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procedía o no estudiar de fondo, en la sentencia de primera

instancia, los alegatos de conclusión presentados por la actora.

V.2.2.- De la indebida valoración probatoria.

Previo a resolver este cargo, es necesario tener en cuenta el

precedente jurisprudencial contenido en las sentencias de 13 de

noviembre de 201415 y 16 de julio de 201516, pues en dichas

providencias se solicitó la nulidad de las mismas resoluciones que

se acusan en este proceso, esto es, las núms. 71794 de 12 de

diciembre de 2011 y 11651 de 29 de febrero de 2012, razón

por la cual, en aras del respeto al principio de igualdad y de la

seguridad jurídica17, habrá de observarse lo dispuesto en ellas.

En efecto, la Corte Constitucional ha señalado que el valor

vinculante de ciertas decisiones judiciales para la solución de

nuevos casos “[…] significa que la regla de decisión de algunas

sentencias debe ser aplicada por los jueces y tribunales

competentes a los casos posteriores que se apoyen en los mismos

supuestos fácticos y jurídicos. En tal sentido, el precedente

15
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, C.P. María Elizabeth
García González), núm. único de radicación 2013-00254-01.
16
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, C.P. María Elizabeth
García González), núm. único de radicación 2012-00374-01.
17
Ver sentencia de 16 de julio de 2015 (Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Primera, C.P. María Elizabeth García González, núm. único de radicación 2012-00374-01).

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jurisprudencial aparece como un mecanismo realizador de la

igualdad jurídica […]” 18.

En la primera providencia citada, esto es, la de 13 de noviembre de

201419, se encontró que las estaciones de servicio y dos personas

naturales investigadas, las cuales fueron sancionadas por medio de

los actos aquí acusados, realizaron un acuerdo para la fijación de

los precios de la gasolina corriente y ACPM en el municipio de

Duitama, en la modalidad de práctica conscientemente paralela,

prohibición prevista en el numeral 1 del artículo 47 del Decreto

2153, la cual dispone que están prohibidos los acuerdos que tengan

por objeto o como efecto la fijación directa o indirecta de precios.

En efecto, la Sección, en esa oportunidad, determinó lo siguiente:

“[…] De conformidad con los precedentes jurisprudenciales
antes señalados, que obviamente reitera la Sala, la fijación
de precios iguales o idénticos para un mismo producto en un
mismo tiempo y valor, con incrementos o variaciones en los
mismos períodos de tiempo y en igual proporción, por parte
de dos o más empresas diferentes, son coincidencias que
constituyen prueba suficiente de que hubo un acuerdo que
tuvo por efecto la fijación indirecta de precios del producto.

Dichas coincidencias o simetrías presentadas en un período
determinado de tiempo, por dos o más empresas, no pueden
ser resultado de la casualidad o del azar, teniendo en cuenta
que un producto, como el combustible en este caso,
depende de factores variables, como son: los costos de

18
Sentencia C-816 de 2011, M.P. Mauricio González Cuervo.
19
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, C.P. María Elizabeth
García González), núm. único de radicación 2013-00254-01.

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producción, de transporte, de operación de cada estación de
servicio, del nivel de eficiencia, las expectativas de utilidad
del empresario, el posicionamiento o acreditación del
establecimiento comercial, los cuales varían necesariamente
de una empresa a otra, no obstante que se trate de un
mismo producto.

En virtud de lo anterior, para la Sala carece de fundamento
el argumento de los recurrentes, según el cual “los acuerdos
y actos contrarios a la libre competencia, previstos en los
artículos 47 y 8 del Decreto 2153 de 1992, no pueden
considerarse como una responsabilidad objetiva; los eventos
allí consignados se asemejan a una presunción de ilegalidad,
la cual puede desvirtuarse demostrando que en el mercado
existe libertad de entrada, libertad de escogencia, variedad
de precios y servicios, así como una eficiencia en el aparato
productivo. Es decir, que no basta con acreditar la existencia
de un acuerdo de precios para establecer que se trata de un
medio torcido o desleal, pues se requiere también demostrar
que ese acuerdo de voluntades tuvo por objeto impedir,
restringir o falsear a la competencia” (Resalta la Sala), pues
se evidenció una voluntad exterior que permitió
colegir un comportamiento consecuente de agrupación
de objetivos y finalidades que se identifican entre sí,
es decir, una actuación conjunta y mancomunada, esto
es, quedó plenamente demostrada la ocurrencia de un
acuerdo entre los actores, en virtud del cual, se fijó el
precio del galón de gasolina en una sincronización y
coincidencia notable. […]”. (Destacado fuera de texto).

Ahora, en la sentencia de 16 de julio de 201520, la Sección encontró

que FENDIPETRÓLEO SECCIONAL BOYACÁ Y CASANARE

habían contravenido lo dispuesto en los artículos 1º de la Ley 155 y

48, numeral 2, del Decreto 2153, de la siguiente manera:

“[…] Del acervo probatorio recaudado por la entidad
demandada, la Sala establece, sin lugar a dudas, que en
efecto, existe responsabilidad de FENDIPETRÓLEO
SECCIONAL BOYACÁ Y CASANARE, por ejercer influencia
durante los años 2007 a 2009 para la determinación de los
precios de gasolina corriente y ACPM por parte de algunas

20
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, C.P. María Elizabeth
García González), núm. único de radicación 2012-00374-01.

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estaciones de servicio ubicadas en el Municipio de Duitama,
que incurrieron en un acuerdo anticompetitivo en la
modalidad de práctica conscientemente paralela.

En efecto, del material probatorio acopiado por la
Superintendencia de Industria y Comercio, se puede inferir
que está demostrado que efectivamente la actora
trató de influenciar, con el objeto de intervenir en la
formación de los precios al público de la gasolina
corriente y el ACPM, y lo hizo sobre varias estaciones
de servicio del Municipio de Duitama, a través de las
circulares, que según testimonios, se distribuían mes
a mes, por medio de las cuales se sugería el precio y
se alentaba para no reducirlo, lo cual se realizó de
manera continuada en el tiempo y también se utilizó
el correo electrónico. Además, existen grabaciones
magnetofónicas que así lo corroboran; no se advierte,
que tuvieran una función meramente informativa,
como lo aduce la actora.

Lo anterior es corroborado por las actuaciones de los entes
de la administración, como son la Asamblea General y la
Junta Directiva, desde el año 2006, en cuyas reuniones los
márgenes de comercialización eran temas prioritarios e
incluso, se delegó a uno de sus miembros para que se
lograran consensos entre las estaciones de servicios para
incrementar de manera coordinada los precios de venta.

A lo anterior se suma el hecho de que se tenía conocimiento
acerca de las prohibiciones legales relacionadas con los
monopolios, y se sabía de una sanción anterior que por los
mismos hechos fue impuesta a otra Seccional, por lo cual,
además se propuso hacer la sugerencia de precios sin que se
dijera que fue Fendipetróleo; de manera que pese a conocer
las consecuencias de su actuación no hubo intención de
modificarla, sino más bien de cambiar la estrategia para que
la Asociación no se viera involucrada.

Y como ya se observó, Fendipetróleo a través de sus
Directivas trató de influenciar a otros distribuidores
nuevos y no agremiados para que desistieran de fijar
un margen inferior.

Lo anterior representa una alteración a las normales
condiciones del mercado y, por lo tanto, una
afectación a la libre competencia que debe primar en
el mismo. […]” (Destacado fuera de texto).

De lo anterior, es posible evidenciar que la Sala en las sentencias

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citadas estableció que las conductas investigadas en los actos

acusados encajaban en el concepto de paralelismo, toda vez que,

conforme se indicó en las resoluciones ahí demandadas, durante el

período comprendido entre enero de 2007 y junio de 2009, el

precio tanto de la gasolina corriente como del ACPM, en las

diferentes estaciones de servicio sancionadas del municipio de

Duitama, varió en una sincronización y coincidencia notable, pese a

que sus condiciones no eran homogéneas, en aspectos tales como:

i) el tipo de estación, tamaño; ii) los costos de la actividad como el

transporte, ubicación, inversiones en infraestructura,

mantenimiento, cuantía de ventas; iii) se comprobó que existen

diferencias entre ellas; y iv) que son variables que afectan el precio

final de venta al público, de lo cual se dedujo que la conducta

reprochada no era racional, lo que hacía imposible que su

comportamiento fuera inconsciente.

En otras palabras, se generó, por parte de las estaciones de

servicio sancionadas, una uniformidad en los precios que no estaba

justificada ni autorizada.

Asimismo, encontró que FENDIPETRÓLEO SECCIONAL BOYACÁ

Y CASANARE realizó actos de influencia a unas estaciones de

servicio ubicadas en el municipio de Duitama, Boyacá, para que

acordaran incrementar los precios de la gasolina corriente y ACPM,

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así como para que desistieran de su intención de rebajar los

precios.

De conformidad con lo antes expuesto, se evidenció un acuerdo de

precios o práctica conscientemente paralela; y que

FENDIPETRÓLEO SECCIONAL BOYACÁ Y CASANARE realizó

actos de influencia para la realización de dicho acuerdo, razón por

la cual la Sala procede a analizar la responsabilidad de la actora

frente a la conducta imputada, en el caso sub examine.

Al respecto, se observa que los actos acusados sancionaron a la

demandante en este proceso, como ya se dijo, por adelantar

prácticas tendientes a limitar la libre competencia, porque ejerció

influencia indebida sobre la formación de los precios de gasolina

corriente y ACPM en el municipio de Duitama, lo que generó que

hubiera una práctica conscientemente paralela entre las distintas

estaciones de servicio que fueron sancionadas; conducta que

constituye una limitación a la competencia, según lo previsto en los

artículos 1º de la Ley 155 y 48, numeral 2 del Decreto 2153.

Sobre el particular, cabe precisar que no era necesario que se

demostrara un efecto en las conductas, siendo suficiente que el

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objeto fuera “influenciar”, para que se considere como contraria a

la libre competencia21.

La conducta de influenciar está tipificada, como reprochable, en el

artículo 48, numeral 2, del Decreto 2153 de 30 de diciembre de

1992, que dispone lo siguiente:

“[…] ARTÍCULO 48. ACUERDOS CONTRARIOS A LA
LIBRE COMPETENCIA. Para el cumplimiento de las
funciones a que se refiere el artículo 44 del presente Decreto
se consideran contrarios a la libre competencia, entre otros,
los siguientes acuerdos:

[…]

2. Influenciar a una empresa para que incremente los
precios de sus productos o servicios o para que desista de su
intención de rebajar los precios. […]”.

Precisado lo anterior, la Sala se referirá a las inconformidades que

la actora presentó contra el fallo de primera instancia, relacionadas

con la indebida valoración probatoria, así:

La SIC para demostrar la influencia que FENDIPETRÓLEO

NACIONAL ejerció sobre las estaciones de servicio sancionadas,

con el objeto de que incrementaran los precios y no los rebajaran,

21
Así lo expresó esta Sección mediante sentencia de 19 de noviembre de 2009, cuando señaló que el
elemento objetivo:

“[…] no es otro, que el ejercicio de la actividad económica desplegada por una empresa, en la
que sus actos vayan encaminados a alterar el libre albedrío de otra empresa, respecto del
precio que está dispuesta a asignar a los productos y servicios que ofrece […]”.

(Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, C.P. Marco Antonio
Velilla Moreno, núm. único de radicación 2001-01261-01).

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se basó en pruebas constituidas por las diferentes grabaciones

magnetofónicas, actas de asambleas y juntas directivas de las

agremiaciones involucradas.

Específicamente, sobre la conducta de la actora, los actos acusados

relacionaron los elementos probatorios, señalando de manera

expresa, en lo pertinente, su contenido, los cuales demostraron a la

entidad demandada, que efectivamente hubo una influencia por

parte de FENDIPETRÓLEO NACIONAL sobre varias estaciones de

servicio de Duitama, direccionada a intervenir en la formación de

los precios al público de la gasolina corriente y el ACPM.22

A su turno, el Tribunal en la sentencia apelada encontró

demostrado que existió un acto mediante el cual FENDIPETRÓLEO

NACIONAL influyó en sus agremiados, tal y como se desprende de

la grabación magnetofónica y del acta núm. 241 de la junta

directiva nacional de las reuniones llevadas a cabo los días 28 y 29

de noviembre de 2008; y que en lo que respecta a la indebida

valoración de la carta dirigida a la Organización Terpel S.A., así

como de las actas núms. 241 de 28 de noviembre de 2009 y 245 de

3 de agosto del mismo año, se compartía la posición de la SIC

cuando señaló que de conformidad con la Resolución núm. 71794

22
A folio 278 del cuaderno físico núm. 1 de primera instancia obra un medio magnético que contiene
el expediente administrativo.

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de 2011, acusada, dicho documento no sirvió de sustento para la

imposición de la sanción, sino que simplemente se trató de un

argumento para dar a conocer la preocupación de

FENDIPETRÓLEO NACIONAL en los precios bajos del galón de

gasolina en Boyacá.

Al respecto, la parte recurrente alegó que tanto el a quo como la

SIC le dieron valor a pruebas que contaban con una fecha posterior

a la investigación y sobre temas ajenos, como lo son: la carta de 27

de abril de 2010 dirigida a la Vicepresidenta de la Organización

Terpel S.A. y las actas de FENDIPETRÓLEO NACIONAL que no

tenían relación con los hechos investigados en el municipio de

Duitama, lo cual evidencia una falta de motivación en los actos

cuestionados y generó dudas razonables no consideradas en la

investigación.

Dichos elementos de prueba, relacionados en los actos

administrativos acusados, son los siguientes:

i) Grabaciones magnetofónicas.

.- Grabación magnetofónica de la asamblea ordinaria de la

FENDIPETRÓLEO SECCIONAL DE BOYACÁ Y CASANARE núm.

102 llevada a cabo el 14 de junio de 2008, en la que el señor

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RODRIGO VALENCIA CONCHA, presidente ejecutivo de

FENDIPETRÓLEO NACIONAL indicó lo siguiente:

“[…] "(...) 4. SALUDO DEL PRESIDENTE EJECUTIVO DE
FEDIPETRÓLEO NACIONAL, DR. RODRIGO VALENCIA
CONCHА.

(...) Estos esfuerzos que se hicieron sin recoger plata ni
hacer lobby ni poner nadie nada mas allá que un desayuno y
un almuerzo pero con el trabajo nuestro y con la tristeza de
que algunos de ustedes, nosotros nos esforzamos por
obtener mejores beneficios para los distribuidores y algunos
no entendemos por qué, por el contrario se esfuerzan en
conseguir bajar y vender a unos márgenes menores de lo
que nosotros por principio nos esforzamos por conseguir.
Ósea que luchamos contra nosotros mismos (...).

Nosotros inicialmente pensábamos el año pasado, que el
margen debía estarse regulado, del Ministerio (...) que hay
que buscar que esté en un nivel medio porque si está más
alto pagan más impuestos porque recuerden que nosotros
pagamos margen por galones vendidos esa es la base
tributaria de nuestros impuestos, pero no puede estar tan
abajo porque tenemos un negocio de distribución de
combustible en que si se pone un nivel bajo de margen,
pues algunos de ustedes le echan más para abajo
todavía en detrimento de ustedes mismos, entonces
pensábamos que eso deba estar sobre 650 pesos en
estudios que tenemos ahora pensamos que debemos
estar entre 800 y 1200 pesos el margen.

Y saben ustedes por qué? Porque este negocio se va a poner
difícil (...). Quién sabe que irá a pasar aquí en Colombia.
Entonces si la cosa se va a poner dura y a uno le cuesta, uno
tiene que ganar por el servicio que preste y si el precio del
combustible va a subir y va a seguir subiendo, es
mejor tener un buen margen desde ahora, y no tratar
de conseguirlo cuando el precio esté alto y ya no lo
pueda hacer. […]” (Destacado fuera de texto).

ii) Actas de asamblea y junta directiva

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.- Acta 102 de la asamblea llevada a cabo el 14 de junio de 2008,

en la que se señala:

“[…] 4. SALUDO DEL PRESIDENTE EJECUTIVO DE
FENDIPETROLEO NACIONAL, DR. RODRIGO VALENCIA
CONCHA

(...)

Prosigue su intervención haciendo un llamado a todos los
distribuidores para que se mantengan los precios
establecidos por el Gobierno.

"6. INFORME DEL PRESIDENTE SECCIONAL, SR. AUGUSTO
VARGAS SAENZ. (...)

Durante todo el tiempo hemos informado oportunamente
sobre el alza de los Combustibles, sugiriendo los precios que
deben colocarse en el surtidor para así obtener un poco más
del margen establecido por el Gobierno el cual es hoy muy
bajo haciendo esta recomendación basados en la diferencia
de los fletes ya que esta parte es de resorte de los
Distribuidores Minoristas, sin embargo, en vez de acatar
nuestras sugerencias algunos colegas han bajado los
precios por debajo de la Resolución ocasionando
cuantiosas pérdidas a los demás y dividiendo en forme
visible a nuestro gremio. […]” (Destacado fuera de texto).

.- Acta núm. 241 de la junta directiva de FENDIPETRÓLEO

NACIONAL celebrada los días 28 y 29 de noviembre de 2008, en la

que se expresa:

“[…] El Dr. Jorge Navia, [Presidente de la Seccional
Suroccidente], le pide al capitán que le diga que vamos a
hacer con respecto a la situación de Cali, el Dr. Ismael
Pacheсо de Risaralda dice, yo cuando recibí el correo de
bajar los precios llamé a varios colegas, la posición como
persona natural es esta, como presidente es esta y también
llamando a mis colegas ellos me decían que no iban a
bajar un peso, se tomó la decisión de seguir arañando,
le pregunte capi. como ves la cosa de bajar y tomamos
la decisión de bajar 100 pesos, pero es muy importante

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la decisión de la presidencia ejecutiva quien está enfrente
del Gobierno, comparto que la decisión del Gobierno es un
atropello, como gremio me gustaría escuchar al Dr. Rodrigo
de cómo es la situación y así cual es la decisión que quiere
tomar la Federación". (...)

"El Dr. Navia dice que va a agregar una información que se
le pasó decir al capitán, el pacto de transparencia que el
Gobierno quería que fuéramos responsables, de las
estaciones manejadas por las mayoristas, o las estaciones
no afiliadas, el caso de Fendipetróleo, es absurdo que nos
hagamos responsables de que estas estaciones no bajen,
firmemos el acuerdo como afiliados y salgamos de
este rollo en qué precio, estamos metido (sic), yo le
envié un listado de las estaciones que no bajaron de
mal haría yo clavándome yo mismo el cuchillo, entre
estas Carrefour y las estaciones manejadas por los
mayoristas […]” (Destacado fuera de texto).

.- Acta núm. 245 de la junta directiva de FENDIPETRÓLEO

NACIONAL de 3 de agosto de 2009, en la que consta:

“[…] Toma la palabra el Dr. José Guillermo Sánchez y dice
que se debe respetar la Junta, ya que no está de acuerdo
que no se hable de márgenes, solicita que se destine un área
para que se encargue de manejar estos temas. Él dice que
cuando se habla de grandes superficies, en Bogotá hay 75
zonas de grandes superficies y se están vendiendo por
debajo del precio del decreto en algunos casos y en otros
por debajo del margen. Dice que ha hecho varias
advertencias, pero que no le ponen atención a tiempo
y que se han quedado callados y las cosas siguen
pasando" (...)

"Luego el Dr. José Guillermo Sánchez dice que en la Junta se
deben colocar las directrices para actuar, para que no se
quede solo en hablar.

Entre los miembros analizan y debaten el aspecto de los
márgenes y beneficios que tienen las estaciones que
favorecen los mayoristas y que con razón venden a un
precio de resolución e incluso por debajo. Y dicen que el
tema de congelamiento de las estaciones de servicio,
tampoco ha dado resultado […]” (Destacado fuera de texto).

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iii) Comunicación enviada por FENDIPETRÓLEO NACIONAL vía

correo electrónico a la vicepresidente comercial de la Organización

Terpel S.A.

A través de correo electrónico de 4 de mayo de 2010, el asesor

económico de Soldicom-Fendipetróleo reenvió a cada una de las

seccionales la comunicación enviada por FENDIPETRÓLEO

NACIONAL el 27 de abril de 2010 a la vicepresidente comercial de

la Organización Terpel S.A., que contenía la siguiente información:

“[…] Bogotá D.C., Abril 27 de 2010

Doctora SYLVIA ESCOVAR
Vicepresidente Comercial
Organización Terpel S.A. Ciudad
Asunto: Estaciones de Servicio con aparentes precios
predatorios

Apreciada Dra. Sylvia,

Conforme a lo conversado en la mañana de hoy, y tras
recibir las opiniones de diferentes seccionales, sobre la
preocupación que genera la presencia de EDS en diferentes
ciudades del país que están comercializando combustibles a
precios sustancialmente por debajo de los sugeridos por el
Gobierno Nacional y causando un grave perjuicio a la
distribución minorista, en razón a los irrisorios márgenes con
los que se operan estas EDS, enviando un mensaje
equivocado a los consumidores finales respecto a los precios
promedio del resto de estaciones y lo que es peor,
capturando la clientela natural de sus competidores a
nuestro modo de ver de una forma no ética, y contrariando
las buenas prácticas comerciales que deben inspirar nuestra
actividad, es nuestro deber como agremiación responsable
por la defensa de los intereses del sector minorista, verificar
las condiciones en que se desarrolla esta actividad, y la
búsqueda de mecanismos que conduzcan el normal cause de
la EDS.

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Cuando al parecer, las gestiones adelantadas por el sector,
para hacer comprender el equívoco y los perjuicios en
términos de pérdidas de empleo y productividad, en los que
estaba incurriendo las estaciones de servicio de Grandes
Superficies de Colombia S.A. - Carrefour, ubicadas en las
principales ciudades del país, están dando buenos
resultados, al punto de que hoy en ciudades como Medellín,
Cali y Bogotá, esta empresa viene nivelando los precios de
comercialización de combustibles de sus EDS incluso por
encima del precio de referencia sugerido por el Gobierno
Nacional, lamentablemente debemos registrar que hay,
algunas EDS, de diferentes banderas, que insisten de forma
inexplicable, en comercializar combustibles a precios
verdaderamente incomprensibles, muy por debajo del precio
de referencia.

En el caso particular de las EDS abanderadas por TERPEL
S.A: podemos citar a título de ejemplo las siguientes:

EDS Terpel La Colina, ubicada frente al club La Colina de
Colsubsidio, en la vía que de Suba conduce a Bogotá. Allí se
comercializa hoy el combustible a un precio que ronda los
$250 pesos menos que el sugerido por el gobierno

EDS Terpel Av. 168 con paralela. Allí se comercializa el
combustible a un precio que ronda los $250 pesos menos
que el sugerido por el Gobierno.

EDS Terpel Javeriana, ubicada en la Av. Séptima con calle
39. Allí se comercializa el combustible a un precio que ronda
los $200 pesos menos que el sugerido por el Gobierno.

Esta situación debe convocar la atención de todos los actores
de la cadena para impedir por una parte, el deterioro de esta
actividad comercial, ya de por sí muy afectada proceso de
con los exiguos márgenes dispuestos por el Gobierno, y por
otra, que el incrementos en los precios de los combustibles,
decretados por el de Gobierno, las abismales resulten
contrastantes e incomprensibles para los consumidores, a la
luz como las anteriormente diferencias de precios que
generan algunas de las EDS del país señaladas. […]”.

iv) Declaraciones

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.- Declaración del señor HERNANDO COLMENARES SALAMANCA,

representante legal de COOFLOTAX desde abril de 2002 hasta mayo

de 2008, en la que manifestó:

“[…] Pregunta 32. Decía usted en una respuesta anterior que la
Seccional o Fendipetróleo Nacional sugería los precios de la
gasolina, de los combustibles gasolina corriente y ACPM
¿Puede usted indicarle al despacho en qué fecha y a través de
qué medio Fendipetróleo sugería esos precios?

Respondió: A veces llegaban notas a la oficina de recepción e
información de la cooperativa, o por fax … .

Pregunta 34. Por favor indíquele al despacho que contenían esas
comunicaciones.

Respondió: Ellos normalmente traían la resolución de la
estructura de costos del Estado, que el Estado expedía y la
sugerencia de precios para ACPM y gasolina por sectores
regionales […]”. (Destacado fuera de texto).

Del acervo probatorio recaudado por la entidad demandada, la Sala

establece, sin lugar a dudas, que en efecto, existe responsabilidad

de FENDIPETRÓLEO NACIONAL por ejercer influencia durante los

años 2007 a 2009 para la determinación de los precios de gasolina

corriente y ACPM por parte de algunas estaciones de servicio

ubicadas en el municipio de Duitama, que incurrieron en un acuerdo

anticompetitivo en la modalidad de práctica conscientemente

paralela.

En efecto, del material probatorio recaudado por la SIC, se puede

inferir que efectivamente la actora trató de influenciar, con el

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objeto de intervenir en la formación de los precios al público de la

gasolina corriente y el ACPM, y lo hizo sobre varias estaciones de

servicio del municipio de Duitama, a través de diferentes reuniones

de asamblea y junta directiva, en las que se sugería el precio y se

fomentaba para no reducirlo, lo cual se realizó de manera

continuada en el tiempo. Además, existen grabaciones

magnetofónicas de dichas reuniones que así lo corroboran, sin que

se advierta que estas no tuvieran relación con los hechos

investigados en el municipio de Duitama, como lo adujo la actora.

Y como ya se observó, FENDIPETRÓLEO NACIONAL a través de

su presidente ejecutivo, trató de influenciar a otros distribuidores

para que desistieran de fijar un margen inferior, pues planteó como

criticable que algunos de los asociados hayan decidido reducir los

precios de los combustibles, además de recomendar un incremento

común, con la finalidad de no competir entre las distintas

estaciones de servicio.

En efecto, de la transcripción de las actas de asamblea núm. 102 de

14 junio de 2008; 245 de 3 de agosto de ese año y 241 celebrada

los días 28 y 29 de noviembre de esa anualidad, para la Sala

resulta evidente que FENDIPETRÓLEO NACIONAL buscaba una

unificación de precio por parte de las estaciones de servicio, la cual

en todo momento debía ser al alza y coordinada.

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De ahí la importancia y la relevancia las actas traídas a colación

que, se insiste, contrario a lo afirmado por la apelante, sí guardan

estrecha relación con los hechos investigados, pues estas se

suscribieron con ocasión de las asambleas de FENDIPETRÓLEO

SECCIONAL DE BOYACÁ Y CASANARE a las que asistía el

presidente ejecutivo de FENDIPETRÓLEO NACIONAL, así como

las reuniones de su junta directiva, las cuales fueron celebradas

durante el período investigado, comprendido entre los años 2007 y

2009, tal y como lo determinó la SIC en la resolución sancionatoria.

Las pruebas en mención se refieren a unas reuniones de carácter

nacional en las que participaban la mayoría de empresas

agremiadas y que de manera directa muestran la ejecución de la

conducta aquí investigada.

Lo anterior representa una alteración a las normales condiciones del

mercado y, por lo tanto, una afectación a la libre competencia que

debe primar en el mismo.

Sobre el particular, cabe señalar que a la misma conclusión arribó

la Sala, en la mencionada sentencia de 16 de julio de 2015, frente

a los actos de influencia llevados a cabo por FENDIPETRÓLEO

SECCIONAL BOYACÁ Y CASANARE, en la que se consideró lo

siguiente:

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“[…]

La Superintendencia de Industria y Comercio para demostrar
la influencia que FENDIPETRÓLEO Seccional Boyacá y
Casanare ejerció sobre las estaciones de servicio
sancionadas para que en efecto incrementaran los precios y
no los rebajaran, se basó en pruebas constituidas por las
diferentes circulares, grabaciones y actas de asambleas y
juntas directivas de las agremiaciones involucradas.

Específicamente, sobre la conducta de la actora, los actos
acusados relacionaron los elementos probatorios, señalando
textualmente en lo pertinente su contenido, los cuales
demostraron a la entidad demandada, que efectivamente
hubo una influencia por parte de la Seccional sobre varias
estaciones de servicio de Duitama, direccionada a intervenir
en la formación de los precios al público de la gasolina
corriente y el ACPM.

Dichos elementos de prueba, relacionados en los actos
administrativos acusados, cuya existencia y contenido no fue
objetado por la actora, son los siguientes:

[…]

Del acervo probatorio recaudado por la entidad demandada,
la Sala establece, sin lugar a dudas, que en efecto, existe
responsabilidad de FENDIPETRÓLEO SECCIONAL BOYACÁ Y
CASANARE, por ejercer influencia durante los años 2007 a
2009 para la determinación de los precios de gasolina
corriente y ACPM por parte de algunas estaciones de servicio
ubicadas en el Municipio de Duitama, que incurrieron en un
acuerdo anticompetitivo en la modalidad de práctica
conscientemente paralela.

En efecto, del material probatorio acopiado por la
Superintendencia de Industria y Comercio, se puede
inferir que está demostrado que efectivamente la
actora trató de influenciar, con el objeto de intervenir
en la formación de los precios al público de la gasolina
corriente y el ACPM, y lo hizo sobre varias estaciones
de servicio del Municipio de Duitama, a través de las
circulares, que según testimonios, se distribuían mes
a mes, por medio de las cuales se sugería el precio y
se alentaba para no reducirlo, lo cual se realizó de
manera continuada en el tiempo y también se utilizó
el correo electrónico. Además, existen grabaciones
magnetofónicas que así lo corroboran; no se advierte,

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que tuvieran una función meramente informativa,
como lo aduce la actora.

Lo anterior es corroborado por las actuaciones de los
entes de la administración, como son la Asamblea
General y la Junta Directiva, desde el año 2006, en
cuyas reuniones los márgenes de comercialización
eran temas prioritarios e incluso, se delegó a uno de
sus miembros para que se lograran consensos entre
las estaciones de servicios para incrementar de
manera coordinada los precios de venta.

A lo anterior se suma el hecho de que se tenía conocimiento
acerca de las prohibiciones legales relacionadas con los
monopolios, y se sabía de una sanción anterior que por los
mismos hechos fue impuesta a otra Seccional, por lo cual,
además se propuso hacer la sugerencia de precios sin que se
dijera que fue Fendipetróleo; de manera que pese a conocer
las consecuencias de su actuación no hubo intención de
modificarla, sino más bien de cambiar la estrategia para que
la Asociación no se viera involucrada.

Y como ya se observó, Fendipetróleo a través de sus
Directivas trató de influenciar a otros distribuidores
nuevos y no agremiados para que desistieran de fijar
un margen inferior.

Lo anterior representa una alteración a las normales
condiciones del mercado y, por lo tanto, una
afectación a la libre competencia que debe primar en
el mismo. […]” (Destacado fuera de texto).

Ahora, frente a la prueba relacionada con la comunicación enviada

por la actora a la vicepresidente comercial de la Organización Terpel

S.A., la Sala considera que le asistió razón al a quo al estimar que

compartía el análisis efectuado por la SIC en los actos acusados,

comoquiera que dicho documento no sirvió de sustento para la

imposición de la sanción, sino que simplemente se trató de un

argumento complementario para dar a conocer la preocupación de

FENDIPETROLEO NACIONAL en los precios bajos del galón de

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gasolina en Boyacá, como en efecto lo precisó en las resoluciones

núms. 71794 de 2011 y 11651 de 2012, acusadas, de la

siguiente manera:

.- Resolución núm. 71794 de 2011:

“[…] Las siguientes dos pruebas, hacen referencia a las
preocupaciones de la Federación por los "bajos
precios" ofrecidos por algunas estaciones de servicio.

• Comunicación enviada por Fendipetróleo Nacional vía
correo electrónico a la Vicepresidente Comercial de la
Organización Terpel S.A., replicada a cada una de las
Seccionales a través de ese mismo medio […]".
(Destacado fuera de texto).

.- Resolución núm. 11651 de 2012:

“[…] No es desconocido por esta Superintendencia el
hecho de que la comunicación a la que hace referencia
el Recurrente es posterior al periodo en el cual se
presentó el paralelismo en los precios y es por eso
mismo que en el Acto recurrido se afirma que
resultaba "(...) evidente la tendencia de
FENDIPETRÓLEO a tratar temas relacionados con la
disminución de los márgenes de comercialización de
los combustibles a nivel nacional, incluso en
Seccionales como la de Bogotá, en las que para la
época del referido correo electrónico existía la libertad
vigilada de precios".

Es decir, la prueba en mención demuestra que tal como
ya se observaba en la intervención de
FENDIPETRÓLEO en la asamblea de la SECCIONAL
BOYACÁ Y CASANARE, existía por parte de la primera
una tendencia a participar en la formación de precios
de sus asociadas y a desestimular la competencia en
el sector. Se trata, entonces, de evidencia que
complementa la estructuración de la conducta
sancionada. […]” (Destacado fuera de texto).

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Así las cosas, la Sala considera que el cargo propuesto por la

recurrente no tiene vocación de prosperidad, comoquiera que por

medio de los elementos materiales probatorios recaudados durante

el trámite administrativo fue que pudo determinar que la actora

había incurrido en la conducta anticompetitiva prevista en el

artículo 48, numeral 2, del Decreto 2153, consistente en influenciar

a una empresa para que incremente los precios de sus productos o

servicios o para que desista de sus intenciones de rebajar los

precios, es decir, que existió un paralelismo de precios no

justificados en los productos de gasolina corriente y ACPM en el

municipio de Duitama, como consecuencia de la influencia ejercida

por FENDIPETRÓLEO NACIONAL sobre las estaciones de servicio

agremiadas.

Por último, cabe señalar que la actora también sustentó el cargo de

indebida valoración probatoria con base en una supuesta falta de

motivación de los actos acusados; sin embargo, la Sala no se

pronunciará al respecto, toda vez que tal planteamiento sólo fue

aducido en el recurso de apelación, lo que constituye un nuevo

argumento o cargo contra las resoluciones demandadas, que no fue

invocado en la demanda o su reforma ni hace parte del problema

jurídico fijado por el a quo, situación que a todas luces es

improcedente, como quedó visto en acápites anteriores.

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V.2.3.- De la procedencia del estudio de fondo de los

alegatos de conclusión presentados por la actora, en la

sentencia de primera instancia.

De conformidad con lo previsto en los artículos 181, último inciso 23,

18224 y 182A25 del CPACA, los alegatos de conclusión constituyen la

oportunidad que tienen las partes en un proceso para presentar sus

últimas argumentaciones, antes de que el juez profiera la

sentencia.

23
“[…] ARTÍCULO 181. Audiencia de pruebas. En la fecha y hora señaladas para el efecto y con la
dirección del Juez o Magistrado Ponente, se recaudarán todas las pruebas oportunamente solicitadas
y decretadas. La audiencia se realizará sin interrupción durante los días consecutivos que sean
necesarios, sin que la duración de esta pueda exceder de quince (15) días.
[…]
En esta misma audiencia el juez y al momento de finalizarla, señalará fecha y hora para la audiencia
de alegaciones y juzgamiento, que deberá llevarse a cabo en un término no mayor a veinte (20) días,
sin perjuicio de que por considerarla innecesaria ordene la presentación por escrito de los alegatos
dentro de los diez (10) días siguientes, caso en el cual dictará sentencia en el término de veinte (20)
días siguientes al vencimiento de aquel concedido para presentar alegatos. En las mismas
oportunidades señaladas para alegar podrá el Ministerio Público presentar el concepto si a bien lo
tiene […]” (Destacado fuera de texto).

24
“[…] ARTÍCULO 182. Audiencia de alegaciones y juzgamiento. Sin perjuicio de lo dispuesto en
el inciso final del artículo anterior, esta audiencia deberá realizarse ante el juez, sala, sección o
subsección correspondiente y en ella se observarán las siguientes reglas:

1. En la fecha y hora señalados se oirán los alegatos, primero al demandante, seguidamente a tos
terceros de la parte activa cuando los hubiere, luego al demandado y finalmente a los terceros de la
parte pasiva si los hubiere, hasta por veinte (20) minutos a cada uno. También se oirá al Ministerio
Público cuando este a bien lo tenga. El juez podrá interrogar a los intervinientes sobre lo planteado en
los alegatos.

2. Inmediatamente, el juzgador dictará sentencia oral, de no ser posible, informará el sentido de la
sentencia en forma oral, aún en el evento en que las partes se hayan retirado de la audiencia y la
consignará por escrito dentro de los diez (10) días siguientes.

3. Cuando no fuere posible indicar el sentido de la sentencia la proferirá por escrito dentro de los
treinta (30) días siguientes. En la audiencia el Juez o Magistrado Ponente dejará constancia del
motivo por el cual no es posible indicar el sentido de la decisión en ese momento […]”.

25
“[…] ARTÍCULO 182A. Sentencia anticipada. Se podrá dictar sentencia anticipada:
[…]
Cumplido lo anterior, se correrá traslado para alegar en la forma prevista en el inciso final del
artículo 181 de este código y la sentencia se expedirá por escrito.”

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La Sala precisa que los alegatos de conclusión no constituyen una

actuación aislada dentro del proceso, en la medida en que las

partes sólo pueden manifestar en ellos los argumentos que les

resulte pertinentes, siempre y cuando guarden relación con los

puntos controvertidos del acto acusado, previamente planteados en

la demanda inicial, adición, reforma o contestación de la misma, sin

que sea legalmente posible introducir nuevos cargos o

razonamientos que impliquen un nuevo concepto de violación que

desborde la fijación del litigio.

Cabe señalar que así lo ha señalado esta Corporación en varias

oportunidades, entre ellas, en la sentencia de 28 de octubre de

202126, en la que consideró, lo siguiente:

“[…] No hay lugar a analizar los alegatos de conclusión que
sobrepasan el concepto de violación inicial, so pena de
quebrantar el debido proceso con la alteración del único
fin legalmente asignado a la etapa de alegaciones, y el
derecho de defensa de la parte demandada, cuya
oposición se estructuró frente al texto mismo de la demanda
[…]”. (Destacado fuera de texto).

La Sala debe enfatizar en que los alegatos de conclusión no

constituyen una oportunidad en la que se permita formular nuevas

pretensiones, hechos o cambios en el concepto de la violación,

26
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta. Sentencia de 28 de
octubre de 2021, C.P. Stella Jeannette Carvajal Basto núm. único de radicación. 11001-03-27-000-
2018-00041-00.

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puesto que la demanda y su reforma son las únicas oportunidades

procesales previstas para ello. Presentar nuevos cargos en los

alegatos de conclusión viola el debido proceso y el derecho de

defensa de la parte demandada, ya que esta no tendría oportunidad

de pronunciarse sobre los mismos.

Así las cosas, la Sala considera que le asistió razón al Tribunal en

no estudiar los alegatos de conclusión presentados por la actora,

comoquiera que en ellos se formularon nuevos cargos y

argumentos que no fueron propuestos en el escrito inicial de

demanda o su reforma, específicamente en lo relacionado con: i) la

aplicación del concepto de responsabilidad objetiva; y ii) que la SIC

no estaba facultada para imponer sanciones a las estaciones de

servicio debido a que, en la época de la investigación, la

demandada no tenía dichas facultades por la imposibilidad de

determinar el precio exacto de la gasolina corriente motor y ACPM.

En este orden de ideas, acertó el a quo al no proceder con el

estudio de dichos cargos, cuando estos ni siquiera fueron

formulados inicialmente en la demanda o su reforma o hicieron

parte de la fijación del litigio, pues de hacerlo, se estaría violando el

derecho al debido proceso de la parte demandada, quien no hubiera

tenido la oportunidad de ejercer el derecho de contradicción frente

a aquellos argumentos.

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Por lo tanto, la Sala concluye que la decisión del Tribunal de no

abordar el estudio de esos nuevos conceptos de violación,

plasmados en los alegatos de conclusión, se encontró ajustada a

derecho.

En consecuencia, se confirmará la sentencia apelada, al no

encontrarse desvirtuada la presunción de legalidad que ampara los

actos administrativos acusados.

COSTAS PROCESALES EN SEGUNDA INSTANCIA

Las costas según el artículo 361 del CGP se componen por “la

totalidad de las expensas y gastos sufragados durante el curso

del proceso27 y por las agencias en derecho28“.

De conformidad con lo previsto en el artículo 18829 del CPACA en

armonía con el numeral 8 del artículo 365 del CGP30, esto es, en

27
“[…] Las expensas son las erogaciones distintas al pago de los honorarios del abogado, tales como
el valor de las notificaciones, los honorarios de los peritos, los impuestos de timbre, copias, registros,
pólizas, etc. […]”. Corte Constitucional. Sentencia C-043/04. M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
28
“[…] Las agencias en derecho corresponden a los gastos por concepto de apoderamiento dentro
del proceso, que el juez reconoce discrecionalmente a favor de la parte vencedora atendiendo a
los criterios sentados en el numeral 3° del artículo 393 del C.P.C., y que no necesariamente deben
corresponder a los honorarios pagados por dicha parte a su abogado […]”. Corte Constitucional.
Sentencia C-043/04. M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
29
“[…] ARTÍCULO 188. CONDENA EN COSTAS. Salvo en los procesos en que se ventile un interés
público, LA SENTENCIA DISPONDRÁ sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se
regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil.
<Inciso adicionado por el artículo 47 de la Ley 2080 de 2021. El nuevo texto es el
siguiente:> En todo caso, LA SENTENCIA DISPONDRÁ sobre la condena en costas cuando se
establezca que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal […]”
30
El artículo 365, numeral 8, del CGP dispone: “ […] Solo habrá lugar a costas cuando en el
expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación […]”.

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aplicación de un criterio objetivo valorativo31, corresponde a la

Sala examinar si hay lugar a condenar en costas a la parte a la que

se le resolvió desfavorablemente el recurso de apelación, en los

términos de los numerales 1°, 2°, 3° y 432 del artículo 365 ibidem,

habida cuenta de la decisión que aquí se profiere.

Al respecto se tiene que, en esta instancia, y según las reglas

previstas en el artículo 365 del CGP la Sala no condenará en

costas procesales en el componente de agencias en derecho ni

expensas por no encontrarse probadas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo

Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando

justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

F A L L A:

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia apelada.

31
Se califica como criterio objetivo-valorativo bajo el entendido que es objetivo, en cuanto
prescribe que en toda sentencia se dispondrá sobre la condena en costas, según las reglas del CGP;
y, valorativo, en cuanto se requiere que el juez revise si ellas se causaron y en la medida de su
comprobación. Esto indica que el juez contencioso administrativo, según la situación que encuentre
probada y atendiendo al resultado de la actuación procesal que define, está en la posibilidad de
condenar en costas de manera total o parcial, o incluso abstenerse de su fijación, bien porque lo
autoriza la ley o porque no aparecen comprobadas.
32
“ARTÍCULO 365. CONDENA EN COSTAS. En los procesos y en las actuaciones posteriores a
aquellos en que haya controversia la condena en costas se sujetará a las siguientes reglas:
1. Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva
desfavorablemente el recurso de apelación, casación, queja, súplica, anulación o revisión que
haya propuesto. Además, en los casos especiales previstos en este código.
2. La condena se hará en sentencia o auto que resuelva la actuación que dio lugar a aquella.
3. En la providencia del superior que confirme en todas sus partes la de primera instancia se
condenará al recurrente en las costas de la segunda.
4. Cuando la sentencia de segunda instancia revoque totalmente la del inferior, la parte vencida
será condenada a pagar las costas de ambas instancias” […]”.

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SEGUNDO: NO CONDENAR en costas, en esta instancia, por lo

expuesto en la parte motiva de esta providencia.

TERCERO: Una vez ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER el
expediente al Tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída,

discutida y aprobada por la Sala en la sesión del día 3 de julio de

2026.

PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Presidente

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.

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