Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 15001-23-33-000-2013-00225-01
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 15001-23-33-000-2013-00225-01
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 15001-23-33-000-2013-00225-01
Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzón
3 de julio de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá, D.C., tres (3) de julio de dos mil veintiséis (2026)
CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Número único de radicación: 15001-23-33-000-2013-00225-01
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Actora: FEDERACIÓN NACIONAL DE DISTRIBUIDORES DE
COMBUSTIBLES Y ENERGÍA – FENDIPETRÓLEO NACIONAL
TESIS: SE CONFIRMA LA SENTENCIA APELADA AL NO
DESVIRTUARSE LA PRESUNCIÓN DE LEGALIDAD DE LOS
ACTOS ADMINISTRATIVOS ACUSADOS, COMOQUIERA QUE
SE DEMOSTRÓ QUE LA ACTORA TRATÓ DE INFLUENCIAR,
CON EL OBJETO DE INTERVENIR EN LA FORMACIÓN DE LOS
PRECIOS AL PÚBLICO DE LA GASOLINA CORRIENTE Y EL
ACPM, SOBRE VARIAS ESTACIONES DE SERVICIO DEL
MUNICIPIO DE DUITAMA, A TRAVÉS DE GRABACIONES
MAGNETOFÓNICAS Y DIFERENTES REUNIONES DE
ASAMBLEA Y JUNTA DIRECTIVA, EN LAS QUE SUGERÍA EL
PRECIO Y SE FOMENTABA PARA NO REDUCIRLO, LO CUAL SE
REALIZÓ DE MANERA CONTINUADA EN EL TIEMPO.
REITERACIÓN JURISPRUDENCIAL.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la
FEDERACIÓN NACIONAL DE DISTRIBUIDORES DE
COMBUSTIBLES Y ENERGÍA -FENDIPETRÓLEO NACIONAL-1,
contra la sentencia de 25 de julio de 2017, proferida por la Sala de
decisión núm. 1 del Tribunal Administrativo de Boyacá2, que denegó
las pretensiones de la demanda.
1
En adelante FENDIPETRÓLEO NACIONAL.
2
En adelante Tribunal.
2
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Actora: FEDERACIÓN NACIONAL DE DISTRIBUIDORES DE COMBUSTIBLES Y ENERGÍA –
FENDIPETRÓLEO NACIONAL
I.- ANTECEDENTES
I.1. FENDIPETRÓLEO NACIONAL, actuando a través de
apoderado, en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, previsto en el artículo 138 del Código
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo
• CPACA, presentó demanda tendiente a obtener las siguientes
declaraciones:
1ª: Se declare la nulidad de los siguientes actos administrativos:
a) La Resolución núm. 71794 de 12 de diciembre de 2011,
“Por la cual se imponen unas sanciones”, expedida por el
Superintendente de Industria y Comercio, mediante la cual se
declaró que FENDIPETRÓLEO NACIONAL infringió los artículos 1o
de la Ley 155 de 24 de diciembre de 19593 y 48, numeral 2 del
Decreto 2153 de 30 de diciembre 19924; y le impuso una multa por
valor de $ 1.071.200.000.
b) La Resolución núm. 11651 de 29 de febrero de 2012, “Por la
cual se resuelven unos recursos de reposición”, por medio de la cual se
modificó el artículo segundo de la Resolución núm. 71794 de 2011,
3
“Por la cual se dictan algunas disposiciones sobre prácticas comerciales restrictivas”.
4
“Por el cual se reestructura la Superintendencia de Industria y Comercio y se dictan otras
disposiciones”.
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3
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en el sentido de disminuir la sanción impuesta a $ 578.448.000 y se
confirmó en lo demás la referida disposición.
2ª: Que como consecuencia de la anterior declaración y a título del
restablecimiento del derecho, se declare responsable a la entidad
demandada y esta misma sea llamada a indemnizar según el
principio iura novit curia.
3ª: Que como consecuencia de la anterior declaración y a título del
restablecimiento del derecho, se restablezca el derecho del
particular por las siguientes indemnizaciones:
“[…] 6.5 Por concepto de daños materiales
6.5.1. Por concepto de daño emergente la suma de
Quinientos Setenta y Ocho Millones Cuatrocientos Cuarenta
y Ocho Mil Pesos M/C ($578.448.000) con motivo de la
sanción pecuniaria impuesta en la resolución 11651 de fecha
29 de febrero de 2012.
6.5.2. Por concepto de daño emergente la suma de
Setenta Millones de Pesos ($70.000.000) por concepto de
honorarios de abogado con causa de la demanda aquí
presentada.
Siendo así las cosas, solicito se indemnice por el total del
daño emergente la suma de Seiscientos Cuarenta y Ocho
Millones Cuatrocientos Cuarenta y Ocho Mil pesos M/C
($648.448.000).
Por concepto de lucro cesante los intereses corrientes
bancarios que genera la suma la suma de Seiscientos
Cuarenta y Ocho Millones Cuatrocientos Cuarenta y Ocho Mil
Pesos M/C ($648.448.000) con motivo de la sanción
pecuniaria impuesta en la resolución 11651 de fecha 29 de
febrero de 2012. […]”.
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4ª: Que como consecuencia de la anterior declaración y a título del
restablecimiento del derecho, se ordene a la entidad demandada
pagar los perjuicios anteriormente definidos, debidamente
indexados a la fecha del pago efectivo.
5ª: Se de aplicación al artículo 16 de la Ley 446 de 1998 que
contiene el principio de indemnización integral del daño.
6ª: Se ordene el cumplimiento de la sentencia en los términos
previstos en los artículos 176, 177 y 178 del CCA.
7ª: Se condene en costas a la entidad demandada conforme a lo
dispuesto por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998.
I.2.- La actora fundamentó su demanda5 y su reforma6, en síntesis,
en los siguientes hechos:
1º: Que la SIC mediante la Resolución núm. 33970 de 30 de junio
de 2010, dispuso la apertura de la investigación en contra de una
pluralidad de agentes del mercado de distribución minorista de
combustibles y también en su contra, por la posible infracción de las
normas de protección de la competencia, en especial, los artículos
5
Folios 2 a 59 del cuaderno físico núm. 1 de primera instancia.
6
Folios 97 a 155 del cuaderno físico núm. 1 de primera instancia.
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1º de la Ley 155 y 48, numeral 2, del Decreto 2153.
2º: Que a través de la Resolución núm. 71794 de 12 de
diciembre de 2011, la entidad demandada impuso sanciones
económicas a las personas jurídicas y naturales investigadas, entre
esos FEDIPETRÓLEO NACIONAL, por valor de $ 1.071.200.000,
fundamentándose en la infracción de las normas de protección a la
competencia, en especial, de los artículos 1º de la Ley 155 y 48,
numeral 2, del Decreto 2153.
3º: Que, contra la mencionada decisión, los investigados
interpusieron recurso de reposición siendo resuelto por el
Superintendente de Industria y Comercio (E), quien a través de la
Resolución núm. 11651 de 29 de febrero de 2012, modificó las
sanciones impuestas, entre ellas, reducir la sanción a
FENDIPETRÓLEO NACIONAL a $ 578.448.000 y confirmó los
demás apartes de la resolución sancionatoria.
I.3. NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE VIOLACIÓN
En apoyo de sus pretensiones, la actora adujo la violación de los
artículos 29 y 90 de la Constitución Política; 84 y 93 del CCA; y 736
y 737 del Estatuto Tributario.
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En síntesis, señaló los siguientes cargos de violación:
I.3.1. Inexistencia de la conducta antijurídica
Adujo que la SIC partió de una premisa equivocada para deducir
que existe paralelismo en los precios de la gasolina y, por ende,
acuerdo de precios en desmedro del consumidor final; y que la
entidad demandada interpretó erróneamente el mercado de venta y
distribución de hidrocarburos y combustibles, bajo un régimen de
libertad vigilada y regulada, lo cual conllevó a una falsa motivación.
Señaló que como marco legal del mercado minorista de
combustibles existe el artículo 5º, numeral 19, del Decreto 070 de
2001, que estableció que correspondía al Ministerio de Minas y
Energía fijar los precios de los productos derivados del petróleo a lo
largo de toda la cadena de producción y distribución, con excepción
del gas licuado.
Que el Decreto 4130 de 2011 reasignó parcialmente dicha función a
la Comisión de Regulación de Energía y Gas -CREG-, a través de su
artículo 3º, numeral 2, función que debe sujetarse a las
Resoluciones núms. 181047 de 2011 y 180112 de 2012 sobre
estructura de fijación de precios para la gasolina corriente motor y
ACPM.
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Adujo que, por tanto, desde el año de 1998, por medio de las
Resoluciones núms. 82438 y 82439 de 1998, se adoptó por parte
de la autoridad competente una estructura para la determinación
de los precios de la gasolina corriente motor y ACPM, que daba
cabida a dos regímenes para la distribución minorista a través de
estaciones de servicio; por un lado, el régimen de libertad vigilada,
que era aplicable a las estaciones de servicio que se encontraran
ubicadas en las capitales o ciudades importantes de Departamentos
para garantizar una sana y libre competencia y, por el otro, el
régimen de libertad regulada, que era aplicable a las estaciones de
servicio que se encontraban en municipios donde la competencia no
era un hecho ostensible y, por tanto, requerían de la intervención
del Estado para determinar el precio final al consumidor a través
del margen de comercialización o distribución minorista.
Anotó que hasta el 30 de julio de 2012 existía un régimen de
libertad regulada, fecha en la cual el Ministerio de Minas y Energía
expidió la Resolución núm. 181254 de ese año, por medio de la cual
en ciudades capitales y otras, en total 25 ciudades del País, se pasó
nuevamente a un régimen de libertad vigilada, situación en la que
se excluyó al municipio de Duitama, por lo que para dicha entidad
territorial nunca se ha aplicado ni se aplica un régimen de libertad
vigilada, sino que siempre se le ha aplicado un régimen de libertad
regulada.
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Que, entonces, el supuesto acuerdo de precios que fue endilgado a
las estaciones de servicio investigadas por medio de los actos
acusados parte de una causalidad equivocada, pues en el régimen
de venta de combustibles es el Estado quien da ciertas limitantes
en el precio de los combustibles; y que la causalidad adecuada,
para tal vez deducir que existe un acuerdo de precios en el régimen
minorista de combustibles no es el eventual acuerdo de precios,
pues existiendo asociaciones y gremios en el mismo sector
económico con fundamento en la libertad de asociación se deben
seguir los mismos lineamientos económicos o de regulación que
enmarca el Estado.
Explicó que, por tanto, es imposible que en estos regímenes no
exista similitud en los precios observando leves diferencias entre
cada distribuidor, basadas en su estructura de costos y gastos o en
la ubicación de las estaciones de servicio; y que en ningún
momento existió paralelismo en los precios de la gasolina ni
práctica comercial en detrimento del consumidor final, pues basta
con analizar la normatividad existente para darse cuenta de que es
el mismo régimen de libertad vigilada y regulada el que ocasiona la
similitud.
Estimó que las resoluciones acusadas vulneran el derecho de
asociación y de agremiación, pues en ellas se siguen parámetros
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legales en lo económico y político, pero además se imputa un
eventual paralelismo en los precios y una eventual práctica
anticompetitiva que no existe, ya que la similitud en los precios es
generada, primero, por el límite máximo establecido en el precio de
los combustibles por medio del Gobierno Nacional, y segundo, por
el poco margen de costo y utilidad que tienen de por si todas las
estaciones de servicio en la misma región, en este caso, el
municipio de Duitama.
Indicó que la SIC solamente acoge las pruebas que le conviene para
imponer la sanción, pero deja de lado la existencia de la libre
asociación y agremiación en que se tratan temas sobre precios y
existencia de régimen de libertad vigilada y regulada.
Explicó que el mercado geográfico está determinado por el
municipio de Duitama, complementado por el mercado producto
que se circunscribe a la gasolina motor corriente y ACPM
(combustibles líquidos derivados del petróleo) distribuido a nivel
minorista; y que en este mercado el comportamiento de los
agentes está siempre determinado de acuerdo con la Resolución
que expide el Ministerio de Minas y Energía, la cual establece los
mecanismos para fijar los precios, de manera que así se esté en un
mercado geográfico donde rija la libertad vigilada, es decir, en un
ambiente de libertad, en la realidad los agentes siempre se
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encuentran en un muy escaso margen de maniobra, teniendo en
cuenta que desde que el producto es suministrado por el
distribuidor mayorista, ya viene con un costo exacto para todos los
competidores.
Agregó que el transporte por vía terrestre tiene una variabilidad
mínima teniendo en cuenta que se trata de la misma zona
geográfica; que los consumidores conocen la Resolución del
Ministerio de Minas y Energía y, por lo tanto, castigan fuertemente
al distribuidor minorista que se aparta de los precios, obligándolo a
permanecer en un precio muy cercano al que establece la
Resolución; y que, por lo mismo, mucho menos existe libre juego
de oferta y demanda en el caso de la libertad regulada, como es el
caso del municipio de Duitama, por cuanto existe un precio máximo
establecido y unos escasos márgenes de comercialización y
distribución minorista.
Que, de lo anterior, se deduce que la similitud de los precios para la
gasolina motor corriente y ACPM de las estaciones de servicio
ubicadas en el municipio de Duitama no son efecto ni consecuencia
de un acuerdo de precios constituido a través de un cartel o de
prácticas conscientemente paralelas para efectuar prácticas
anticompetitivas, sino que obedece a un régimen de precios
determinado por el Gobierno Nacional, en donde el distribuidor
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minorista se encuentra entre dos límites estrechos que tienden a
acercarse a un mismo punto, por sus costos operativos y el margen
de comercialización máximo determinado por acto administrativo; y
que es una realidad que los distribuidores minoristas resultan
afectados por las políticas de estructuras de precios fijados por el
Gobierno Nacional.
Alegó que, sumado a ello, la SIC hizo una indebida interpretación,
al sancionar a un agente que busca subsistir en la cadena
productiva, procurando un margen de comercialización y
distribución minorista acorde con la justicia retributiva, retorno de
la inversión y utilidad proporcional de acuerdo con los costos
operativos para poner en marcha la actividad comercial.
Puntualizó que, entonces, el precio final de los combustibles
líquidos de gasolina motor corriente y ACPM no son producto de la
influencia que pueda tener sobre las estaciones de servicio, pues
depende del elevado precio de su compra, dejando solo un estrecho
marco de utilidad; y que los elevados costos dependen de una
agresiva política impositiva por parte del Estado y del alto costo
pagado al productor, pues el 32% del 100% del precio de la
gasolina corresponde al impuesto global, IVA y sobretasa y el 53%
al ingreso del productor, dejando escasos márgenes para la utilidad
de los distribuidores, quienes dentro de dichos márgenes podrán
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variar el precio de los combustibles, sin que se afecte
significativamente su costo.
Precisó que la existencia de un paralelismo de precios no
necesariamente implica una práctica anticompetitiva entre los
agentes que presentan dicho comportamiento, a menos que esa
sea la única explicación, luego se puede concluir que la conducta de
las estaciones de servicio del municipio de Duitama no se traduce
como causa real adecuada o nexo causal directo de las presuntas
conductas de paralelismo, dada la existencia de un motivo racional,
por cuanto cuentan con un estrecho margen de utilidad, por lo que
las variaciones en los precios son estrechas, lo que resulta en
precios similares en razón de la sensibilidad del mercado.
Que el estudio ITANSUCA, ordenado y contratado por el Ministerio
de Minas y Energía, evidencia y trae como resultado que, en la
realidad, no existe un alto margen de ganancia para los
comercializadores o distribuidores minoristas (estaciones de
servicios), no solo para las ubicadas en Duitama, sino para ninguna
de las estaciones de servicio del País; y que, por el contrario, es el
agente más afectado y golpeado por un margen indebido que no es
suficiente en la mayoría de las ocasiones ni siquiera para cubrir los
costos operativos.
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I.3.2. Violación al principio de legalidad - deficiencia, mala y falsa
apreciación del acervo probatorio – inconducencia e impertinencia
de las pruebas.
Expresó que la Superintendencia impuso una sanción de multa con
base en conductas que no se encuentran prohibidas por la ley,
como son las relacionadas con las discusiones que se llevan al
interior de las asociaciones gremiales, porque nunca se suscribieron
acuerdos respecto de la fijación del precio final de la gasolina
corriente y del ACPM.
Que la entidad demandada para afirmar que del acervo probatorio
podía establecerse responsabilidad por la influencia ejercida por
FENDIPETRÓLEO NACIONAL durante los años 2007 y 2009,
tomó como prueba una grabación magnetofónica de la asamblea
ordinaria de FENDIPETRÓLEO SECCIONAL BOYACÁ Y
CASANARE llevada a cabo el 14 de junio de 2008, a la cual se
invitó como asistente al entonces presidente ejecutivo de
FENDIPETRÓLEO NACIONAL, quien intervino como expositor, de
cuya intervención la SIC transcribió frases sin analizar su
integralidad y así tergiversar lo expresado.
Que la entidad demandada incluyó dentro de su material probatorio
las actas núms. 241 de 28 y 29 de noviembre de 2008 y 245 de 3
de agosto de 2009, de la junta directiva de FENDIPETRÓLEO
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NACIONAL, y nuevamente sacó de contexto ideas, frases y
opiniones expresadas por miembros independientes que no
conforman la voluntad de este ente para concluir que existió
infracción al artículo 48, numeral 2, del Decreto 2153, por
sumatoria de indicios.
Expresó que, además, se suma al acervo probatorio una carta
remitida por el nuevo presidente ejecutivo de FENDIPETRÓLEO
NACIONAL a la Organización Terpel S.A., que contenía una fecha
posterior a los hechos investigados.
Que la Superintendencia parte de premisas falsas, –indicios-, lo
cual no resulta apropiado a las reglas de la sana crítica.
I.3.3. Vulneración del derecho de asociación
Sostuvo que las resoluciones acusadas son irregulares, pues
imponen una sanción por ejecutar una práctica anticompetitiva e
infringir una norma jurídica por unos actos derivados del ejercicio
del derecho fundamental de asociación previsto en el artículo 38 de
la Constitución Política.
Adujo que la conducta ejecutada por el entonces presidente
ejecutivo de FENDIPETRÓLEO NACIONAL, quien intervino
exponiendo su opinión como invitado a una asamblea ordinaria de
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FENDIPETRÓLEO SECCIONAL BOYACÁ Y CASANARE, reunión
de carácter privado que se surte a nivel gremial para tratar temas
relacionados con el sector de la economía, como calidades,
competencia y precios, no se puede tomar como prueba, porque
entonces en dichas reuniones los asistentes deben abstenerse de
pronunciarse sobre temas relevantes para el sector económico, de
manera que las reuniones quedarían limitadas a una congregación
de personas para debatir asuntos diferentes al objeto para el cual
fueron inicialmente conformadas.
Que lo único que hace FENDIPETRÓLEO NACIONAL es publicitar
los valores y precios fijados por el Ministerio y mantener informados
a los afiliados sobre decisiones adoptadas, hecho que demuestra
que la Superintendencia valoró de manera errada unas
apreciaciones e intervenciones que se efectuaron en algunas
reuniones gremiales que se suscitaron al interior de la asamblea y
junta directiva, que no guardan ninguna relación con los precios
fijados para la gasolina motor corriente y ACPM y los mecanismos
para su determinación por parte del Ministerio de Minas y Energía
y, actualmente, la CREG.
Mencionó que la uniformidad de los precios se debe a los factores
del mercado, como son: i) la uniformidad de los costos operativos;
y ii) la determinación de los precios por parte del Ministerio de
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Minas y Energía o de la CREG, independientemente de si se trata de
un régimen de libertad vigilada o regulada.
Que tampoco le asiste razón a la demandada cuando afirma que
existe un alto margen de ganancia como resultado del acuerdo
entre los agentes del mercado, porque nunca lo hubo y porque
dicha afirmación no es cierta.
I.3.4. Nunca influyó en la voluntad de los agentes del mercado.
Adujo que el interés de la Federación por buscar que algunos
agentes económicos vendan el producto al consumidor final de
acuerdo con el margen de comercialización establecido por el
Gobierno Nacional y que no vendan por debajo de la estructura de
costos (precios predatorios) no se traduce en un acto ilegal ni
antijurídico, sino simplemente en una conducta que busca la
aplicación de los precios fijados por el Gobierno y a no desmejorar
las condiciones del gremio, lo que en todo caso es el objeto de la
agremiación.
Que, precisamente, una de las funciones más importantes y
relevantes de FENDIPETRÓLEO NACIONAL y la Seccional de
Boyacá y Casanare, frente a sus agremiados, es representarlos y
ejercer presión política, para conseguir a nivel nacional márgenes
de comercialización y distribución minorista más altos y que sean
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suficientes para soportar los gastos operativos y obtener una
utilidad razonable, pues los fines y objetivos de los gremios, son
precisamente mejorar las condiciones de su sector económico y
propender porque no se desmejoren como consecuencia de actos
ejecutados dentro y fuera del sector, razón por la cual aconsejar
mantener una utilidad que les permita subsistir a través de un
razonable margen de comercialización y distribución minorista no se
sale de la órbita de su gestión ni transgrede el interés social ni
mucho menos el del mercado.
Estimó que la intervención del entonces presidente ejecutivo de
FENDIPETRÓLEO NACIONAL, efectuada a título personal en el
seno de una asamblea ordinaria de la Seccional de Boyacá y
Casanare, no puede tomarse como la voluntad de sus agremiados,
puesto que para ello se requiere de la deliberación y decisión
mediante votación aprobada de acuerdo con los estatutos, por lo
que se puede tomar como un elemento coactivo.
Que casi todas las estaciones de servicio ubicadas en el municipio
de Duitama mantienen similitud de precios finales de venta al
público, salvo algunas, como es el caso concreto de la estación de
servicio EDS INPRO que cuenta con el 22% de participación en el
mercado, por lo que la similitud obedece a actos deliberados,
puramente individuales y espontáneos de cada uno de los agentes.
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I.3.5. No hay proporcionalidad en la sanción.
Alegó que para imponer la sanción la entidad demandada no tuvo
en cuenta la persistencia de la conducta, el grado de participación
del implicado, el aprovechamiento económico, los antecedentes del
investigado, el impacto de sus actuaciones en el mercado, el
patrimonio del sujeto a sancionar y la afectación a los
consumidores; y que, por lo tanto, no hay proporcionalidad en la
sanción ni en el análisis requerido, de manera que se afectan los
principios de razonabilidad, favorabilidad y gradualidad de la multa.
Insistió en que el artículo 1º de la Ley 155 prohíbe cualquier
práctica, procedimiento o sistema tendiente a limitar la libre
competencia o a determinar o mantener precios inequitativos,
concepto éste que no está definido.
Que, además, se dio una doble imputación de pena por los mismos
hechos, porque se atribuye la infracción del artículo 1º de la Ley
155 a FENDIPETRÓLEO NACIONAL y a FENDIPETRÓLEO
SECCIONAL BOYACÁ Y CASANARE, así como del artículo 48,
numeral 2, del Decreto 2153; pero a su vez, y a título de sujeto
responsable, se impone una sanción al presidente ejecutivo de
FENDIPETRÓLEO NACIONAL, de manera que en el caso de
existir dolo o culpa grave por parte del representante legal, no
podría imputársele responsabilidad al órgano gremial.
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I.3.6 Desviación de poder.
Expresó que para la imposición de la sanción de multa no se
comprobó que hubiera existido un incumplimiento de las
disposiciones sobre protección de la competencia, pues las pruebas
que se valoraron no llevaban al pleno convencimiento de la
ocurrencia de la infracción.
I.4. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA
La SIC, por medio de apoderado, contestó la demanda y se opuso a
las pretensiones de la misma, en los siguientes términos:
Señaló que en los actos administrativos acusados se analizaron en
detalle los mecanismos de fijación del precio de combustible; y que,
a pesar de las limitaciones propias del régimen de fijación de
tarifas, las estaciones de servicio sancionadas sí podían competir
por precios.
Alegó que no es correcto, desde el punto de vista económico,
probatorio y procesal, afirmar que la fórmula aplicada para la
gasolina corriente y ACPM establezca directamente el precio por
galón, sino que, para este caso, tras analizar factores como: i) tipo
de estación por volúmenes vendidos; ii) número de empleados; iii)
costo de transporte; y iv) ubicación de las estaciones de servicio,
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fue que llegó a la conclusión de que los precios fijados por las
estaciones investigadas fueron el resultado de la concertación de
las mismas.
Explicó que, además, se pudo evidenciar que FENDIPETRÓLEO
NACIONAL influenció a las estaciones sancionadas para pactar los
precios por galón mediante la intervención de su presidente en las
asambleas y juntas directivas; y que si bien es cierto existe un
reconocimiento constitucional a la libre asociación, también lo es
que dicha libertad no es ilimitada y encuentra como una de sus
fronteras la protección del interés general, de manera que a través
de las actividades gremiales y de representación sectorial no puede
desarrollarse ningún tipo de conducta que tenga la envergadura de
afectar el interés general, representado en el normal y correcto
funcionamiento de los mercados.
Puntualizó que el Decreto 4130 de 2011 reasignó funciones del
Ministerio de Minas y Energía a la CREG, pero esta norma fue
posterior al período investigado por la SIC, por lo que su referencia
no es pertinente para la presente controversia.
Explicó que las resoluciones núms. 82438 y 82439 de 1998
establecen los criterios del Ministerio de Minas y Energía para fijar
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los precios de la gasolina, dando lugar a los regímenes de libertad
vigilada y libertad regulada.
Resaltó que, en el régimen de libertad regulada, se reconocen los
costos de transporte entre la planta de abastecimiento del
distribuidor mayorista y la estación de servicio; y que si dicho valor
es superior al reconocido en la resolución de precios del Ministerio
de Minas y Energía que regulaba la materia, los comités
municipales deben establecerlo, no obstante en el municipio de
Duitama los referidos comités no habían entrado en
funcionamiento, razón por la cual cada una de las estaciones de
servicio establecía su propio precio bajo su criterio, lo que conlleva
que el rango de los precios entre las estaciones de servicio sí pueda
ser diferente y, ejemplo de ello, es el caso de la EDS Tundama y la
EDS La Dorada.
Mencionó que es cierto que actualmente las estaciones de servicio
del municipio de Duitama se encuentran sometidas al régimen de
libertad regulada, tal y como lo sostiene la actora; sin embargo, tal
situación no resulta relevante a efectos de la presente acción
judicial, comoquiera que se probó de forma contundente que,
pudiendo competir con precios inferiores a los de referencia fijados
por el Ministerio de Minas y Energías, las estaciones de ese
municipio, auspiciadas por la agremiación actora y su seccional,
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realizaron un acuerdo de precios en dicho mercado, con lo cual se
restringió de forma indebida la libre competencia, se afectó el
excedente del consumidor y se concretó el acto de influenciación
(sic) que sustentó la sanción impuesta a FENDIPETRÓLEO
NACIONAL y a su Seccional.
Sostuvo que no comparte la afirmación de la actora relacionada con
el margen de maniobra en el precio de los combustibles líquidos,
que según ella era mínimo debido a la libertad regulada, pues de
conformidad con el oficio expedido por el Ministerio de Minas y
Energías de 18 de abril de 2011, tanto en la libertad vigilada como
en la regulada, los agentes sí compiten y pueden establecer precios
menores a los de referencia.
Adujo que no es cierto que debido a las políticas sectoriales
adoptadas por el Gobierno Nacional, los agentes del mercado no
logren cubrir los costos operativos de su actividad económica; que
la variable correspondiente al margen del distribuidor minorista,
que busca remunerar las inversiones, costos, gastos y utilidad
asociada a la operación, permite la existencia de precios inferiores a
los de referencia, dependiendo de las características de cada
estación de servicio; y que, además, la parte actora no allegó
pruebas que respaldaran dicha afirmación.
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Explicó que no es cierto que haya sancionado a la actora basándose
en: i) la existencia de precios idénticos o similares; ii) la existencia
de precios altos en el mercado; y iii) un alto margen de ganancia
como resultado de un acuerdo; y que dichos elementos no se
encuentran establecidos en la norma como presupuestos fácticos
para la comisión de la conducta anticompetitiva endilgada. En
cambio, lo que sí observó fue un paralelismo de precios sin
justificación económica, corroborándolo mediante circulares y otros
elementos materiales probatorios.
Indicó que la demandante no probó que los precios uniformes
fuesen consecuencia de las características propias del mercado,
cuando la misma autoridad que fijaba los precios de referencia
manifestó que era posible competir con precios inferiores al de
referencia.
Puso de presente que ninguna de las estaciones de servicio
sancionadas demostró que sus precios finales de venta fueran
resultado de un ejercicio individual y aislado, ni que estuvieran en
condiciones homogéneas que permitieran suponer que, aunque
similares, los precios eran fruto de la interacción en el mercado.
Que, por el contrario, a través de los actos administrativos
acusados, demostró que los costos de evaporación, costos de
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transporte, costo de operación, inversión en infraestructura, gastos
administrativos, ventas y costos de obras civiles, eran variables que
incidían de forma particular y específica en el precio final de venta
al público, en cada una de las estaciones de servicio, teniendo en
cuenta que tienen costos operativos, de infraestructura y
mantenimiento claramente diferenciados entre ellas.
Aseguró que el argumento de la actora relacionado con precios
excesivamente altos resulta impertinente, por cuanto tal situación
no se derivó de una imposición de un agente dominante o
monopolio al consumidor, sino de la concertación de las estaciones
de servicio, con el auspicio de la actora, para pactar un precio por
galón durante los años 2007, 2008 y 2009.
Que tampoco se puede hablar de precios altos, por cuanto los
precios máximos por galón estaban regulados por el Gobierno
Nacional, de manera que, por la naturaleza misma del régimen de
libertad regulada, tal consideración no es de recibo.
Señaló que se pudo probar mediante grabaciones magnetofónicas,
actas de junta directiva y de asamblea, que los precios adoptados
por las estaciones de servicio afiliadas a FENDIPETRÓLEO
NACIONAL y su seccional de Boyacá y Casanare, durante los
mencionados períodos, no fueron fruto de la integración de la oferta
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y la demanda bajo los límites propios de la libertad regulada, sino
consecuencia de la concertación de los agremiados.
Adujo que no todo paralelismo de precios puede ser calificado como
competitivo si se encuentra justificación a la luz de las reglas de la
economía, situación que pasa por alto la parte actora, por cuanto
ante la existencia de pruebas tendientes a justificar tales
comportamientos, no se logró desvirtuar la tesis plasmada en la
resolución sancionatoria, en el sentido de que el comportamiento
sancionado era el reflejo de una práctica anticompetitiva.
Indicó que el acuerdo de fijación de precios bajo la modalidad de
conducta conscientemente paralela implica el análisis de cada uno
de sus presupuestos: i) paralelismo y ii) elemento consciente, los
que fueron demostrados, así:
i) Entre las estaciones de servicio sancionadas se presentó una
situación de identidad en el precio de venta de los combustibles
gasolina corriente y ACPM que, a pesar de tener como referente el
precio que el Gobierno Nacional asignó para las estaciones de
servicio sometidas al régimen de libertad regulada, sobrepasó
dichos límites, coincidiendo de manera idéntica en gran parte del
período analizado; y
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ii) Los precios fijados por las estaciones de servicio investigadas son
resultado de la concertación de estas como agremiadas de la
seccional, al tiempo que esta última y FENDIPETRÓLEO
NACIONAL habrían influenciado a dichas estaciones al sugerir la
política de precios a seguir, configurándose el elemento consciente
del paralelismo.
Resaltó que existe abundante material probatorio que da fe de la
existencia del paralelismo de precios y del rol influenciador que
ejerció la actora, aunado a que ni ella ni los demás sancionados
acreditaron que su comportamiento en el mercado tuviese
justificación económica alguna.
Aseveró que en el presente asunto no se sancionó a la actora ni a
las demás investigadas por conductas relacionadas con el abuso de
posición dominante, sino que esta correspondió fue a acuerdos y
actos restrictivos de la competencia, previstos en los artículos 47 y
48 del Decreto 2153, respectivamente.
Que prueba de ello es que en la Resolución núm. 33970 de 2010,
por medio de la cual se dio apertura a la investigación, no se
formularon cargos a las estaciones de servicios agremiadas, a la
actora, a su seccional o a personas naturales por abuso de su
posición dominante, sino por concurrir en actos y acuerdos
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anticompetitivos, imputación esta que se mantuvo incólume hasta
la expedición de la resolución sancionatoria y el acto que resolvió
los recursos de reposición presentados en contra de esta.
En cuanto a las opiniones personales e individuales del presidente
de la parte demandante en la asamblea ordinaria de la Seccional de
Boyacá y Casanare núm. 102, expresó que, de las grabaciones
como del acta física, se desprende que las intervenciones a las que
ella se refiere en la resolución sancionatoria no se dieron a título
personal, sino en el marco de la rendición del informe del
presidente de la Seccional dispuesto como un punto específico en el
orden del día, como también sucedió con la intervención del
presidente ejecutivo nacional, de donde se infiere que el acuerdo de
fijación de precios atribuido a las estaciones de servicio sancionadas
no se habría logrado sin la aceptación de los asambleístas
miembros de la junta directiva nacional y Seccional.
Frente a la presunta vulneración del principio de legalidad, hizo
hincapié en que lo único que hizo, por medio de las resoluciones
demandadas, fue imponer sanciones a quienes ejecutaron actos de
influencia contrarios al interés general tutelado en el artículo 333 de
la Constitución Política, sin limitar el ejercicio del derecho de
asociación y/o agremiación.
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En relación con la carta dirigida a la Organización Terpel S.A.,
señaló que ésta en ningún momento sirvió de fundamento para la
imposición de la sanción a la actora, por ser posterior al período
investigado, sino que esta simplemente sirvió de referencia para
evidenciar la preocupación de la agremiación frente a la reducción
de los precios por galón de gasolina corriente y ACPM en Boyacá.
En cuanto a la conducencia e impertinencia de las pruebas, alegada
por la parte demandante, adujo que este cargo resultaba
infundado, debido a que no fue aducido expresa o tácitamente en
vía gubernativa.
Señaló que quedó debidamente establecido en la resolución
sancionatoria que FENDIPETRÓLEO NACIONAL ejerció influencia
sobre sus seccionales para la unificación de tarifas por galón, lo que
permitió establecer, sin duda alguna, quiénes fueron los
influenciadores, esto es, FENDIPETRÓLEO NACIONAL y
FENDIPETRÓLEO SECCIONAL BOYACÁ Y CASANARE; que en
razón a dicha consideración fue que se impusieron las sanciones
correspondientes; y que, de lo anterior, también se desprende
quiénes fueron los influenciados, es decir, las estaciones de servicio
agremiadas en la seccional.
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Mencionó que FENDIPETRÓLEO NACIONAL y su representante
legal no son la misma persona, ni se confunden en forma alguna
para efectos de la investigación administrativa, por cuanto para el
ordenamiento jurídico se trata de personas diferentes; la primera
de ellas, ficta y, la segunda, natural o física, lo cual deja sin
fundamento la tesis invocada por la actora. Además, debe tenerse
en cuenta que la responsabilidad endilgada a la agremiación y a su
representante legal partió de normas diferentes.
Sostuvo que la demandante se limitó a mencionar una supuesta
desviación de poder por parte de la SIC al expedir los actos
acusados, la cual resulta infundada e inexistente; y que
FENDIPETRÓLEO NACIONAL no adujo cuáles habrían sido los
supuestos motivos que tuvo la entidad sancionadora para obrar con
una finalidad distinta a la señalada por la ley, carga probatoria que
se encuentra atribuida a la parte demandante, evidenciándose que
la presunta desviación obedece a apreciaciones subjetivas.
Precisó que el cargo de falsa motivación carece de todo
fundamento, teniendo en cuenta que identificó en cada uno de los
actos administrativos, tanto los hechos, como el período
investigado y las normas vulneradas, haciendo una descomposición
y descripción de cada uno de sus elementos, para luego
compararlos con el material probatorio, llegando a demostrar las
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infracciones por las cuales se sancionó a FENDIPETRÓLEO
NACIONAL y a su Seccional de Boyacá y Casanare, así como a sus
agremiadas.
II. FUNDAMENTOS DE LA SENTENCIA RECURRIDA
El Tribunal mediante sentencia de 25 de julio de 2017 denegó las
pretensiones de la demanda, con fundamento en los siguientes
razonamientos:
.- Del análisis y resolución del primer cargo relacionado con
mecanismos o parámetros para la determinación o fijación del
precio en la gasolina corriente motor y en el ACPM.
Señaló que, de los estudios realizados por la SIC, se pudo
establecer que los costos de cada una de las estaciones de servicio
del municipio de Duitama fueron diferentes, atendiendo a factores
como los volúmenes vendidos por cada una de ellas, número de
empleados y costos de transporte, elementos que necesariamente
generaban una diferencia en los costos operativos.
Que, en efecto, la entidad demandada demostró que el
comportamiento similar de los precios en la gasolina corriente y
ACPM no obedeció a un comportamiento propio del mercado o de
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los costos similares de las estaciones investigadas, como lo afirma
la parte demandante, debido a que, de los factores mencionados,
se pudo establecer que los costos operativos de cada una de ellas
eran diferentes, razón por la cual estos no podían ser la causa para
la similitud en los precios de venta.
Explicó que el costo del transporte era variable entre las mismas
estaciones de servicio. Así, por ejemplo, tratándose del régimen de
libertad regulada, como es el caso del municipio de Duitama, en los
que el precio máximo de venta al público por galón de gasolina es
fijado por el Gobierno Nacional, los Comités Municipales de Precios
son los que deben definir los costos de transporte que se aplican,
según lo previsto el artículo 3º del Decreto 2876 de 1984, comités
estos que no estaban conformados ni habían actuado, de acuerdo
con lo señalado por el Ministerio de Minas y Energía.
Que según los interrogatorios efectuados al Director de
Hidrocarburos del Ministerio de Minas y al representante de la EDS
INPRO del municipio de Duitama, el valor del transporte de la
gasolina del lugar de abastecimiento al sitio de las estaciones de
servicio no es el mismo para todas ellas, teniendo en cuenta que,
ante la inexistencia de los comités municipales de precios, quien
fijaba dicho valor era cada una de las estaciones.
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Sostuvo que no compartía lo afirmado por la parte actora cuando
manifiesta que la similitud de precios obedeció al poco margen de
maniobra de los agentes minoristas del mercado, pues las
estaciones de servicio investigadas contaban con estructuras de
costos distintos, de manera que no es posible concluir que los
precios ofrecidos fueran uniformes por la similitud de los
mencionados costos, lo que quiere decir que la paridad de precio no
puede explicarse por el comportamiento del mercado.
.- Del análisis y resolución del segundo cargo relacionado con la
Resolución del Ministerio de Minas y Energía y actualmente de la
CREG, en la cual se señala el mecanismo para determinar el precio
de la gasolina corriente y ACPM.
Resaltó que el artículo 3º del Decreto 219 de 1992 previó que al
Ministerio de Minas y Energía le correspondía adoptar la política
nacional de fijación de precios del petróleo y sus derivados; y que,
posteriormente, el numeral 19 del artículo 5º del Decreto 070 de
2001 dispuso que era tarea del mismo Ministerio fijar los precios de
los productos derivados del petróleo a lo largo de toda la cadena de
producción y distribución, excepto en lo referente al gas licuado de
petróleo.
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Que, posteriormente, mediante las resoluciones núms. 82438 y
82439 de 1998, el Gobierno Nacional estableció una estructura para
la fijación de los precios de la gasolina y el ACPM, dando lugar a
dos regímenes; por un lado, el de libertad vigilada, en el que se le
permite al distribuidor minorista establecer libremente el precio de
venta al público del galón de gasolina y ACPM a través de su
estación de servicio; y, por el otro, el de libertad regulada, en el
que los precios máximos de venta al público de los productos ya
mencionados son fijados directamente por el Gobierno Nacional a
través del margen de comercialización permitido a los
distribuidores.
Alegó que, si bien es cierto que el municipio de Duitama se
encuentra bajo un régimen de libertad regulada, también lo es que
dicha situación no puede explicar la similitud de precios a la que se
refiere la parte actora, pues tal como ya se mencionó, existen
variables que hacían que los agentes minoristas pudieran competir
con precios por debajo del máximo de referencia. Ello, atendiendo a
las diferencias de costos operacionales, así como a la diferencia del
flete de transporte en los términos antes indicados y más aún
cuando los comités locales no estaban operando en la práctica, de
manera que los agentes minoristas podían competir con precios por
debajo del máximo de referencia.
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.- Del análisis y resolución del tercer cargo relacionado con el
margen de maniobra y competencia por criterio de precio en los
combustibles líquidos derivados del petróleo.
Manifestó que el hecho de que las estaciones de servicio
sancionadas estuvieran bajo un régimen de libertad regulada no
implicaba, necesariamente, un margen estrecho de maniobrabilidad
de los agentes minoristas del mercado de los combustibles, pues
podían existir precios por debajo de los de referencia, atendiendo a
la diversidad de costos operacionales que podían presentarse entre
las distintas estaciones de servicio.
Que, de conformidad con lo señalado por el presidente de
FENDIPETRÓLEO NACIONAL y a la diversidad de costos
operacionales entre las distintas estaciones de servicio, se genera
necesariamente una diversidad de precios, sin que el régimen de
libertad regulada pueda explicar la similitud de los mismos, pues en
esta clase de regímenes es posible la existencia de precios por
debajo de la referencia máxima, precisamente, por lo disímil de los
costos, entre ellos, el de transporte.
Que del estudio realizado por la SIC se encontró una similitud de
precios en el valor de la gasolina en las estaciones de servicio del
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municipio de Duitama en el año 2007, situación que no varió entre
los años 2008 a 2009.
Expresó que, contrario a lo manifestado por la parte actora, la SIC
no sancionó a FENDIPETRÓLEO NACIONAL por los indicios de
existencia de elevados precios en el mercado o un alto margen de
ganancia como resultado de un acuerdo, sino que, conforme a lo
expuesto en la Resolución núm. 71794 de 2011, acusada, lo
que el ente de control evidenció fue un paralelismo de precios que
no encontraba justificación en el manejo del mercado ni mucho
menos en el régimen de libertad regulada que operaba para la
ciudad de Duitama.
.- Del análisis y resolución del cuarto cargo relacionado con la
inexistencia de una utilidad razonable presupuesto de las prácticas
anticompetitivas.
Consideró que, de conformidad con la Resolución núm. 71794 de
2011, acusada, FENDIPETRÓLEO NACIONAL fue investigada y
sancionada por actos de influencia sobre sus agremiadas respecto
al precio del galón de gasolina corriente y ACPM, conducta prevista
en el numeral 2 del artículo 48 del Decreto 2153, sin que dicha
sanción se hubiera fundamentado en precios predatorios o precios
excesivamente altos como lo sostiene la parte actora.
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Que lo afirmado por la parte demandante en cuanto a que el precio
final es el resultado de sumarle al precio máximo de venta en
planta de abastecimiento mayorista, los costos de transporte, las
inversiones en infraestructura, los costos de operación, el
mantenimiento, entre otros, no explica suficientemente la similitud
de precios que encontró la SIC de los combustibles en el municipio
de Duitama durante los años 2007, 2008 y 2009, teniendo en
cuenta que dichos costos operacionales son diferentes entre las
distintas estaciones de servicio.
.- Del análisis y resolución del quinto cargo relacionado con la causa
real y adecuada de las supuestas conductas conscientemente
paralelas.
Argumentó que dentro de los acuerdos tácitos se encuentran los
conscientemente paralelos que, tal y como lo manifestó la SIC en
los actos acusados, tiene dos elementos fundamentales: i) la
ocurrencia de una conducta paralela; y ii) un elemento consciente.
Explicó que la conducta paralela debe ser entendida como la
situación en la cual varias empresas presentan comportamientos
similares durante un período de tiempo determinado sin que exista
justificación; y que ello sea el resultado de un procedimiento
consciente.
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Precisó que, de acuerdo con los actos acusados, se logró demostrar
que entre las EDS EL SOL, DISCOL S.A., LA ISLA,
COOTRACHICA, COOFLOTAX y VILLA DEL RIO se presentó una
similitud en el precio de venta del galón de gasolina y ACPM; y que
incluso dicho valor sobrepasó el máximo señalado por el Ministerio
de Minas y Energía, tal como se desprende del estudio realizado por
la SIC en la resolución sancionatoria.
Que si bien es cierto que un paralelismo de precios no implica
necesariamente una conducta violatoria del derecho de la
competencia, también lo es que frente al caso en estudio no existe
prueba de que las condiciones del mercado hubieren generado la
similitud en los precios de la gasolina corriente y el ACPM, situación
que, tal como lo ha manifestado la doctrina y la misma SIC, genera
un indicio del elemento consciente, quedando en cabeza de la parte
demandada demostrar la causa de la similitud de los precios.
Explicó que, en ese sentido, se encuentra demostrado que,
contrario a lo afirmado por la actora, la entidad demandada sí pudo
comprobar que la similitud de los precios no obedeció al
comportamiento normal del mercado, ni mucho menos al régimen
de libertad regulada, pues resulta inexplicable que las estaciones de
servicio, que tienen costos operativos diferentes, presenten precios
similares dentro de un período de tiempo determinado.
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Que la SIC logró determinar que la influencia que ejerció
FENDIPETRÓLEO NACIONAL sobre los agremiados, hizo parte de
las discusiones relacionadas con el precio del combustible; y que
entre las pruebas que demuestran dicha intervención se encuentra
la grabación magnetofónica de la asamblea ordinaria núm. 102 de
14 de junio de 2008, en la cual intervino el presidente nacional de
FENDIPETRÓLEO NACIONAL, no con simples palabras y frases
casuales o aisladas, como lo afirma la parte actora, sino criticando
expresamente el hecho de que algunos de sus agremiados hubieren
decidido reducir los precios de los combustibles, llegando incluso a
proponer un incremento de los mismos para obtener un margen
mayor al establecido por el Gobierno Nacional.
.- Del Análisis y resolución del sexto cargo relacionado con
inexistencia de antijuridicidad de la conducta.
Mencionó que la sanción impuesta a FENDIPETRÓLEO NACIONAL
obedeció a que se probó que infringió lo dispuesto en el numeral 2
del artículo 48 del Decreto 2153 de 1992, esto es, “influenciar a
una empresa para que incremente los precios de sus productos o
servicios o para que desista de sus intenciones de rebajar los
precios”; conducta que, para el caso en estudio, quedó evidenciada
en la referida grabación magnetofónica en los términos indicados;
buscando generar un efecto sobre la determinación de los
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distribuidores minoristas en el precio de los combustibles, al sugerir
márgenes mayores de utilidad a los establecidos.
Que en el caso en estudio se encuentra demostrado que
FENDIPETRÓLEO NACIONAL abusó de la libertad de asociación y
de empresa que le había sido reconocida por la Constitución
Política, a través de reuniones en las que participó su presidente y
se discutían temas sensibles para la economía, con la única
intención de fijar precios similares en el mercado de combustibles
dentro del municipio de Duitama e incluso de aumentar los mismos
con el propósito de mejorar la utilidad de los distribuidores
minoristas, como se evidenció con las pruebas aportadas en el
expediente.
Anotó que, en lo que respecta a la indebida valoración de la carta
dirigida a la Organización Terpel S.A., así como de las actas núms.
241 de 28 de noviembre de 2009 y 245 de 03 de agosto del mismo
año, se compartía la posición de la SIC cuando señaló que de
conformidad con la Resolución núm. 71794 de 2011, acusada,
dicho documento no sirvió de sustento para la imposición de la
sanción, sino que simplemente se trató de un argumento para dar a
conocer la preocupación de FENDIPETRÓLEO NACIONAL en los
precios bajos del galón de gasolina en Boyacá.
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.- Del análisis y resolución del séptimo cargo relacionado con la
inexistencia del acto de influir en las voluntades de los agentes por
parte de FENDIPETRÓLEO Seccional Boyacá y Casanare.
Sostuvo que se encuentra demostrado que existió un acto mediante
el cual FENDIPETRÓLEO NACIONAL influyó en sus agremiados,
tal como se desprende de la aludida grabación magnetofónica y del
acta núm. 241 de la junta directiva nacional de las reuniones
llevadas a cabo los días 28 y 29 de noviembre de 2008.
Que la influencia para establecer un acuerdo de precios no solo se
configura con la celebración, en este caso, de lograr que los
distribuidores minoristas accedan a lo propuesto, sino que la
infracción a lo dispuesto en el numeral 2 del artículo 48 del decreto
2153, se da con la sola sugerencia de que dicho acuerdo de precios
se realice; y que, a pesar de que la EDS INPRO mantuvo precios
distintos a las demás estaciones de servicio, se trató de un asunto
excepcional que no puede de ninguna manera desconocer que la
mayoría de las estaciones mantuvieron un precio similar.
.- Del análisis y resolución del octavo cargo relacionado con ¿Quién
es el sujeto que influencia, y quién es el sujeto influenciado?
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Estimó que el objeto de FENDIPETRÓLEO NACIONAL, según el
artículo tercero de sus estatutos, es el de representar y proteger los
intereses de los distribuidores de combustible (asociados), así como
fomentar políticas que procuren el beneficio económico de quienes
tienen relación con la distribución de derivados del petróleo y gas
natural.
Que FENDIPETRÓLEO NACIONAL, a través de su presidente
ejecutivo, tenía el poder para influenciar a sus agremiados, en vista
de que esta agremiación está encargada de velar por sus intereses,
aunado a que existe estrecha relación entre todos ellos.
Observó que el poder influenciador corrió a cargo de
FENDIPETRÓLEO NACIONAL y se ejerció sobre sus agremiados
(estaciones de servicio de Duitama), cumpliéndose así el elemento
objetivo, pues a lo largo del proceso se demostró que éste en las
asambleas de la Seccional de Boyacá y Casanare, así como al
interior de la misma Federación, sugirió a sus agremiados que
mantuvieran los precios e incluso para que aumentaran el margen
de utilidad establecido por el Gobierno Nacional.
Concluyó que el sujeto que influenció fue FENDIPETRÓLEO
NACIONAL y que los sujetos influenciados fueron las estaciones de
servicio agremiadas a la primera, situación que fue clara para la
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SIC, quien sancionó a la agremiación por la conducta señalada en el
numeral 2 del artículo 48 del Decreto 2153, y a los agremiados por
haber infringido el numeral 1 del artículo 47 ibidem.
.- Del análisis y resolución del noveno cargo relacionado con la
Ausencia de gradualidad, proporcionalidad, dosimetría y debida
motivación de la sanción.
Mencionó que aunque en el numeral 6.11 de la Resolución núm.
71794 de 2011, acusada, la SIC estableció criterios de
dosificación de la sanción de manera insuficiente, mediante la
Resolución núm. 11651 de 2012, que resolvió los recursos de
reposición interpuestos, en el capítulo denominado “III
DOSIFICACIÓN”, realizó un análisis detallado sobre los principios de
proporcionalidad, dosimetría y metodología que fueron tenidos en
cuenta para efectos de imponer la sanción, principios que, en
efecto, fueron aplicados, si se parte del hecho de que se redujo la
sanción inicialmente impuesta, con lo cual se enmendó la falencia
alegada.
.- Del análisis y resolución del décimo cargo relacionado con la
doble imputación de pena por los mismos hechos (Non bis in ídem)
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Sobre el particular, el Tribunal argumentó que no se impuso doble
sanción al mismo sujeto, comoquiera que FENDIPETRÓLEO
NACIONAL y su presidente ejecutivo no pueden ser considerados
como una misma persona, pues mientras la primera es una persona
jurídica, la segunda es una persona natural, por lo que se trata de
dos sujetos totalmente diferentes.
Que mientras el presidente ejecutivo fue vinculado y sancionado en
calidad de persona natural por la infracción al numeral 16 del
artículo 4° del Decreto 2153, FENDIPETRÓLEO NACIONAL fue
vinculada en su calidad de corporación gremial por infracción del
artículo 1o de la Ley 155 y por lo dispuesto en el numeral 2° del
artículo 48 del Decreto 2153.
Explicó que, por un lado, el numeral 15 del artículo 4° del Decreto
2153 faculta a la SIC para imponer sanciones pecuniarias a las
empresas infractoras de las normas sobre protección de
competencia y prácticas comerciales restrictivas; y, por el otro, el
numeral 16 del artículo 4° del Decreto 2153 le da la potestad para
sancionar a los administradores, representantes legales, revisores
fiscales y demás personas naturales que autoricen, ejecuten o
toleren conductas violatorias de las normas sobre protección de la
competencia.
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.- Del análisis y resolución del onceavo cargo relacionado con la
desviación de poder.
Al respecto, el a quo advirtió que la parte actora se limitó a señalar
que la SIC había incurrido en una desviación de poder, sin
demostrar, como le correspondía, de acuerdo con los principios de
la carga de la prueba, cuáles fueron las razones, contrarias a las
señaladas en el ordenamiento jurídico indebidamente invocadas en
los actos demandados. De ahí que deba presumirse que los
fundamentos de estos últimos, esto es, de las resoluciones núms.
71794 de 2011 y 11651 de 2012, acusadas, se ajustan a lo
previsto por la ley de protección de la competencia.
.- Del análisis y resolución del doceavo cargo relacionado con la
falsa motivación.
Señaló que ninguno de los dos requisitos que exige la
jurisprudencia para la prosperidad del cargo de falsa motivación se
presentó, teniendo en cuenta que cada uno de los hechos que tuvo
en cuenta la SIC para sancionar a la demandada fueron probados
según los documentos y grabaciones aportadas al expediente, tal
como se demostró a lo largo de la providencia, documentos que
acreditaron las infracciones cometidas por la demandante en contra
de las normas de protección de la competencia.
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.- De los alegatos de conclusión
Resaltó que en los alegatos de conclusión presentados por la nueva
apoderada de la parte actora, se incluyeron nuevos argumentos que
no fueron planteados en el escrito de demanda como: i) la
aplicación del concepto de responsabilidad objetiva; y ii) que la SIC
no estaba facultada para imponer sanciones a las estaciones de
servicio, por cuanto en la época en la que se había realizado la
investigación, la demandada no tenía facultades para hacerlo, en
virtud de no poderse determinar el precio exacto de la gasolina
corriente motor y ACPM, argumentos que el Tribunal se abstuvo de
analizar por cuanto escapaban a la fijación del litigio y al problema
jurídico a resolver.
Destacó que: “[…] al hacer un análisis del escrito de alegatos de
conclusión, pareciera que la parte actora formula una nueva
demanda al no encontrarse de acuerdo con la defensa que fue
presentada por su apoderado anterior, actuando de manera desleal
con mala fe frente a su contraparte. Así, la estructura del escrito
pareciera una verdadera demanda, pues el mismo se encuentra
conformado por los siguientes acápites: i) I. A LA CAUSA, ii) II.
PRETENSIONES, i¡i) A LOS HECHOS O ARGUMENTACION FACTICA,
iv) IV A LOS FUNDAMENTOS DE DERECHOS Y/O ARGUMENTOS
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JURIDICOS DE LA DEMANDA, v) CONCEPTO DE VIOLACION, vi)
PRUEBAS y viii) SOLICITUDES […]”7.
Así las cosas, el Tribunal concluyó que se demostró un paralelismo
de precios no justificados en los productos de gasolina corriente y
ACPM en el municipio de Duitama, como consecuencia de la
influencia ejercida por FENDIPETRÓLEO NACIONAL sobre sus
agremiadas, motivo por el cual se denegaron las súplicas de la
demanda.
III. FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN
La actora solicitó revocar la sentencia de primera instancia y, en su
lugar, acceder a las pretensiones contenidas en la demanda.
Para el efecto, fincó su inconformidad, en esencia, así:
III.1. Falta de competencia de la SIC
Manifestó que su desacuerdo con la sentencia de primer grado se
fundamenta en que, existiendo una evidente falta de competencia
funcional de la SIC para llevar a cabo los procesos investigativos
7
Folio 610 (vuelto) del cuaderno núm. 2 de primera instancia.
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por precios de los combustibles de gasolina corriente y ACPM a las
estaciones de servicio del municipio de Duitama, por cuanto no
estaba definido para la época el factor “TM transporte municipal”
que es un elemento obligatorio dentro de la fórmula de estructura
de precios de libertad regulada por el Ministerio de Minas y Energía,
el cual es competencia de los Comité Municipales de Precios o el
Alcalde de cada municipio, comités estos que no estaban
funcionando al momento de los hechos que dieron lugar a la
investigación.
Señaló que Duitama se encontraba dentro de los 25 municipios
donde operaba el régimen de libertad regulada, no obstante, la SIC
inició una investigación sancionatoria contra las estaciones de
servicio de ese municipio en el año 2011 y contra
FENDIPETRÓLEO NACIONAL, por la presunta inducción o
influencia para la cartelización de precios en las estaciones de
servicio de ese ente territorial y emitió un acto administrativo
sancionatorio sin tener competencia, lo cual configura una vía de
hecho administrativa que vicia los actos administrativos acusados.
Sostuvo que solo conoció de este hecho hasta llegada la etapa de
alegatos de conclusión y, siendo el mismo de público conocimiento,
lo invocó ante el a quo con la finalidad de que actuara de manera
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oficiosa y saneara la vía de hecho en que había incurrido la
Administración.
Manifestó que resultaba inaceptable que el Tribunal no analizara de
fondo los alegatos de conclusión que presentó invocando un hecho
que hasta ese momento desconocía, con lo cual, aquél otorgó
mayor relevancia a la estructura formal y a su oportunidad del
escrito de alegatos de conclusión que a la realidad jurídica
invocada.
Adujo que se demostró la existencia de un error que invalida la
presunción de legalidad de los actos administrativos impugnados, el
cual surge de la falta de competencia reconocida por la entidad
demandada para investigar a las estaciones de servicio por los
precios de los combustibles y, simultáneamente, a
FENDIPETRÓLEO NACIONAL por la supuesta influencia ejercida
en la fijación de estos precios en el municipio de Duitama, debido a
que no se conoce el precio máximo de venta al público, condición
necesaria para ejercer las facultades sancionatorias sobre las
estaciones de servicio y FENDIPETRÓLEO NACIONAL por su
presunta participación en un acuerdo de precios.
Para fundamentar la referida falta de competencia, expresó que el
Ministerio de Minas y Energía dispuso un régimen de libertad
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regulada para el municipio de Duitama y que era el propio
Ministerio el que debía fijar los precios máximos de venta al público
para que las autoridades (alcaldías municipales y SIC) pudieran
ejercer el control y la vigilancia.
Agregó que la norma aplicable obligaba a utilizar una fórmula que
incluía, entre otros, el factor “TM”, consistente en el precio de
transporte del combustible desde la planta de abastecimiento del
mayorista a las estaciones del servicio en cada municipio, precio
que debía ser fijado por cada alcalde.
Que, por lo anterior, hasta que no se surtiera ese procedimiento, no
era posible establecer el precio máximo de venta al público en los
municipios y, tampoco podían iniciarse investigaciones, como en
este caso, la de inducción a la cartelización de tarifas del
combustible.
III.2. Indebida valoración probatoria
Adujo que la SIC y el Tribunal le dieron valor a pruebas posteriores
a la investigación y “sobre temas ajenos”, como lo son la carta de
27 de abril de 2010 dirigida a la Vicepresidenta de la Organización
Terpel S.A. y las actas de FENDIPETRÓLEO NACIONAL que no
tenían relación con los hechos investigados en el municipio de
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Duitama, lo cual evidencia una falta de motivación en los actos
cuestionados y generó dudas razonables no consideradas en la
investigación.
III.3. Caducidad de la facultad sancionatoria
Alegó que operó el fenómeno jurídico de la caducidad previsto en el
artículo 38 del CCA, comoquiera que la investigación inició con base
en una queja presentada el 1º de abril de 2007 y sólo hasta el 30
de julio de 2010, que se expidió la Resolución núm. 33970 fue que
se dio apertura a la investigación, lo que vulnera su debido proceso
y coloca una mordaza al gremio, al imprimirle un sello de sospecha
a los temas de su soporte.
III.4. Violación al debido proceso
Señaló que es evidente la sistemática violación al debido proceso de
que fue objeto FENDIPETRÓLEO NACIONAL por parte de la SIC,
lo que generó un grave daño material a su patrimonio y a su buen
nombre, por lo que no se entiende cómo el Tribunal no encontró
vicios dignos de ser tenidos en cuenta para acceder a las
pretensiones de la demanda, tales como: i) la existencia probada
de falta de competencia funcional para sancionar a las EDS por
tarifas del combustible y/o cartelización de tarifas; y ii) la
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consecuente emisión de actos administrativos sancionatorios
constitutivos de vías de hecho, que estimó suficientes para decretar
la nulidad de las resoluciones demandadas por ser contrarias a la
Constitución Política y la ley.
III.5. Ausencia de facultad sancionatoria de la SIC
Puso de presente que desde el año 2013, en la página web de la
SIC, se encontraba publicado un comunicado oficial de 1º de
noviembre de 2013, aclarando que la SIC no estaba facultada para
imponer sanciones a las estaciones de servicio, ya que tratándose
del régimen de libertad regulada, es el propio Ministerio el que debe
fijar los precios máximos de venta al público que regirá para cada
uno de ellos, para que las autoridades (alcaldes municipales y SIC)
puedan ejercer control y vigilancia.
Puntualizó que la demandada no tenía competencia para iniciar
investigaciones contra las estaciones de servicio del municipio de
Duitama, bajo el régimen de libertad regulada, por cuanto el precio
del factor “TM”, que debía ser fijado por el comité municipal de
precios o el alcalde, aún no había sido determinado; y que sin este
precio, no era posible establecer el precio máximo de venta al
público, por lo que la SIC debía abstenerse de iniciar
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investigaciones contra minoristas y otros, por no cumplir con las
tarifas o manipularlas.
Que, por las anteriores razones, la entidad demandada se
extralimitó en el ejercicio de su función sancionatoria al investigar y
sancionar a los distribuidores minoristas del municipio de Duitama y
a FENDIPETRÓLEO NACIONAL, no obstante que su proceder
estaba habilitado hasta que se estableciera el precio máximo de
venta al público.
Resaltó que el funcionario de la Dirección de Hidrocarburos faltó a
la verdad en sus declaraciones, toda vez que estas no concuerdan
con la realidad municipal y normatividad vigente, prejuzgando a las
estaciones de servicio del municipio de Duitama, calificándolas de
ilegales por fijar este ítem del precio, olvidando el hecho de que el
Comité de precios del municipio de Duitama, hasta la fecha nunca
ha sido constituido, debido a la negligencia, a su juicio, de los
alcaldes y gobernadores, así como del Ministerio de Minas y Energía
y la entidad demandada, que son las autoridades competentes para
conformarlo y vigilarlo.
Que lo anterior quiere decir que, si las estaciones de servicio fijan el
precio del ítem de transporte es porque estas autoridades así lo han
permitido desde el año 1984; y que, adicionalmente, el artículo 10
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del Decreto 2876 de 1984 prevé que la SIC será la entidad
encargada de velar por el buen funcionamiento de dicho comité, por
lo que trata de cubrir con estas investigaciones y sanciones
infundadas su propia falta de eficiencia.
Insistió en que las conductas anticompetitivas imputadas a las
estaciones de servicio del municipio de Duitama y realizadas bajo la
supuesta influencia de FENDIPETRÓLEO NACIONAL no eran
investigables por parte de la SIC en el momento en que esta
asumió el conocimiento del asunto y, como consecuencia, las
resoluciones sancionatorias acusadas son manifiestamente ilegales
y así lo debió declarar el Tribunal en la providencia impugnada.
Expresó que FENDIPETRÓLEO NACIONAL nunca incidió para que
las estaciones de servicio del municipio de Duitama realizaran
acuerdos de precios, según las conductas imputadas por la entidad
demandada, menos aun cuando la SIC publicó en su página web
que no podía investigar por tarifas a las estaciones hasta que se
cumpliera con lo previsto en el artículo 7º Decreto 2876 de 1984.
III.6. Violación de sus derechos fundamentales al no estudiar de
fondo los alegatos de conclusión presentados en el trámite de la
primera instancia.
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Indicó que en el fallo proferido por el Tribunal no se estudiaron de
fondo los argumentos presentados en su escrito de alegatos de
conclusión, lo que vulnera sus derechos fundamentales, entre ellos,
al debido proceso, a la igualdad, al buen nombre y al habeas data,
previstos en los artículos 13, 29 y 90 de la Constitución Política; y
78, 86 y 206 del CCA, toda vez que la SIC sí se extralimitó en sus
funciones administrativas al investigar unos distribuidores
minoristas y a FENDIPETRÓLEO NACIONAL sin tener la
competencia funcional para ello, al momento de realizar la
investigación, al estar en cabeza del Ministerio de Minas y Energía
la competencia de fijar el precio máximo de venta de combustibles
al público y no haberlo realizado al momento de la investigación
sancionatoria.
IV. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN
IV.1. En esta etapa procesal, la actora en su escrito de alegatos
insistió en los argumentos expuestos en el recurso de apelación, en
el sentido de que se revoque en la sentencia de primera instancia y,
en su lugar, se acceda a las pretensiones de la demanda, dado que
hay una ausencia de la facultad sancionatoria de la SIC, desde el
momento en que inició el proceso sancionatorio en su contra hasta
su culminación.
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Reiteró que la SIC no estaba facultada para imponer sanciones a las
estaciones de servicio del municipio de Duitama, al haber dispuesto
el Ministerio de Minas y Energía un régimen de libertad regulada,
según el cual el mismo Ministerio es quien debe fijar los precios
máximos de venta al público que regirá para dicho ente territorial,
para que las autoridades de control (alcaldías municipales y SIC)
puedan ejercer el control y la vigilancia.
IV.2. Por su parte, la SIC y el Agente del Ministerio Público
guardaron silencio.
V. CONSIDERACIONES DE LA SALA
El presente asunto se contrae a establecer la legalidad de las
resoluciones núms. 71794 de 12 de diciembre de 2011 y
11651 de 29 de febrero de 2012, expedidas por el
Superintendente de Industria y Comercio, por medio de las cuales
se impuso a FENDIPETRÓLEO NACIONAL una multa por valor de
$1.071.200.000, la cual fue posteriormente modificada a
$578.448.000, por infringir los artículos 1º de la Ley 155 y 48,
numeral 2, del Decreto 2153.
La anterior sanción pecuniaria fue impuesta como resultado de la
investigación administrativa adelantada contra la actora y otros
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agentes del mercado, al comprobar que FENDIPETRÓLEO
NACIONAL realizó actos de influencia a unas estaciones de servicio
ubicadas en el municipio de Duitama, Boyacá, para que acordaran
incrementar los precios de la gasolina corriente y ACPM, así como
para que desistieran de su intención de rebajar los precios.
El Tribunal de primera instancia, en la sentencia apelada, denegó las
pretensiones de la demanda, al estimar que, si bien es cierto que el
municipio de Duitama se encuentra bajo un régimen de libertad
regulada, también lo es que dicha situación no puede explicar la
similitud de precios que se presentó en las estaciones de servicio de
dicho municipio, pues existen variables que hacían que los agentes
minoristas pudieran competir con precios por debajo del máximo de
referencia. Ello, atendiendo a los distintos costos operacionales, así
como a la diferencia del flete de transporte y más aún cuando los
comités locales no estaban operando en la práctica, de manera que
los agentes minoristas podían competir con precios por debajo del
máximo de referencia.
Manifestó que el hecho de que las estaciones de servicio
sancionadas estuvieran bajo un régimen de libertad regulada no
implicaba, necesariamente, un margen estrecho de maniobrabilidad
de los agentes minoristas del mercado de los combustibles, pues
podían existir precios por debajo de los de referencia, atendiendo a
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la diversidad de costos operacionales que podían presentarse entre
las distintas estaciones de servicio.
Que, de conformidad con lo señalado por el presidente de
FENDIPETRÓLEO NACIONAL y a la diversidad de costos
operacionales entre las distintas estaciones de servicio, se genera
necesariamente una diversidad de precios, sin que el régimen de
libertad regulada pueda explicar la similitud de los mismos, pues en
esta clase de regímenes es posible la existencia de precios por
debajo de la referencia máxima, precisamente, por lo disímil de los
costos, entre ellos, el de transporte.
Resaltó que en los alegatos de conclusión presentados por la nueva
apoderada de la parte actora, se incluyeron nuevos argumentos que
no fueron planteados en el escrito de demanda como: i) la
aplicación del concepto de responsabilidad objetiva; y ii) que la SIC
no estaba facultada para imponer sanciones a las estaciones de
servicio, por cuanto en la época en la que se había realizado la
investigación, la demandada no tenía facultades para hacerlo, en
virtud de no poderse determinar el precio exacto de la gasolina
corriente motor y ACPM, argumentos que el Tribunal se abstuvo de
analizar por cuanto escapaban a la fijación del litigio y al problema
jurídico a resolver.
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FENDIPETRÓLEO NACIONAL
Destacó que “[…] al hacer un análisis del escrito de alegatos de
conclusión, pareciera que la parte actora formula una nueva
demanda al no encontrarse de acuerdo con la defensa que fue
presentada por su apoderado anterior, actuando de manera desleal
con mala fe frente a su contraparte. Así, la estructura del escrito
pareciera una verdadera demanda, pues el mismo se encuentra
conformado por los siguientes acápites: i) I. A LA CAUSA, ii) II.
PRETENSIONES, i¡i) A LOS HECHOS O ARGUMENTACION FACTICA,
iv) IV A LOS FUNDAMENTOS DE DERECHOS Y/O ARGUMENTOS
JURIDICOS DE LA DEMANDA, v) CONCEPTO DE VIOLACION, vi)
PRUEBAS y viii) SOLICITUDES […]”.
Por su parte, la actora, en su recurso de apelación, adujo que su
desacuerdo con la sentencia de primer grado se fundamenta en
que, existiendo una evidente falta de competencia funcional de la
SIC para llevar a cabo los procesos investigativos por precios de los
combustibles de gasolina corriente y ACPM a las estaciones de
servicio del municipio de Duitama, por cuanto no estaba definido
para la época el factor “TM transporte municipal”, que es un
elemento obligatorio dentro de la fórmula de estructura de precios
de libertad regulada por el Ministerio de Minas y Energía, el cual es
competencia de los Comités Municipales de Precios o el Alcalde de
cada municipio, comités estos que no estaban funcionando al
momento de los hechos que dieron lugar a la investigación.
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Señaló que Duitama se encontraba dentro de los 25 municipios
donde operaba el régimen de libertad regulada, no obstante, la SIC
inició una investigación sancionatoria contra las estaciones de
servicio de ese municipio en el año 2011 y contra
FENDIPETRÓLEO NACIONAL, por la presunta inducción o
influencia para la cartelización de precios en las estaciones de
servicio de ese municipio y emitió acto administrativo sancionatorio
sin tener competencia, lo cual configura una vía de hecho
administrativa que vicia los actos administrativos acusados.
Sostuvo que solo conoció de este hecho hasta llegada la etapa de
alegatos de conclusión y, siendo el mismo de público conocimiento,
lo invocó ante el a quo con la finalidad de que actuara de manera
oficiosa y saneara la vía de hecho en que había incurrido la
Administración.
Manifestó que resultaba inaceptable que el Tribunal no analizara los
alegatos de conclusión que presentó invocando un hecho que hasta
ese momento desconocía, con lo cual, aquél otorgó mayor
relevancia a la estructura formal y a su oportunidad del escrito de
alegatos de conclusión que a la realidad jurídica invocada.
Adujo que se demostró la existencia de un error que invalida la
presunción de legalidad de los actos administrativos acusados, el
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FENDIPETRÓLEO NACIONAL
cual surge de la falta de competencia reconocida por la entidad
demandada para investigar a las EDS por los precios de los
combustibles y, simultáneamente, a FENDIPETRÓLEO NACIONAL
por la supuesta influencia ejercida en la fijación de estos precios en
el municipio de Duitama, debido a que no se conoce el precio
máximo de venta al público, condición necesaria para ejercer las
facultades sancionatorias sobre las estaciones de servicio y
FENDIPETRÓLEO NACIONAL por su presunta participación en un
acuerdo de precios.
V.1.- Actos demandados
En el presente asunto son cuestionadas las siguientes resoluciones:
.- Resolución núm. 71794 de 12 de diciembre de 2011,
expedida por el Superintendente de Industria y Comercio “Por la
cual imponen unas sanciones”8, en la que se resolvió:
“[…] ARTÍCULO PRIMERO: Declarar que la Federación
Nacional de Distribuidores de Derivados del Petróleo -
FENDIPETRÓLEO NACIONAL- y la Federación Nacional de
Distribuidores de Derivados del Petróleo Seccional Boyacá y
Casanare FENDIPETRÓLEO SECCIONAL BOYACÁ Y CASANARE-
contravinieron lo dispuesto en el artículo 1º de la Ley 155 de
1959 y el numeral 2° del artículo 48 del Decreto 2153 de 1992.
ARTÍCULO SEGUNDO: Imponer unas sanciones pecuniarias a
la Federación Nacional de Distribuidores de Derivados del
Petróleo -FENDIPETRÓLEO NACIONAL- y la Federación Nacional
8
Folios 7 a 69 del anexo núm. 1.
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Número único de radicación: 15001-23-33-000-2013-00225-01.
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FENDIPETRÓLEO NACIONAL
de Distribuidores de Derivados del Petróleo Seccional Boyacá y
Casanare FENDIPETRÓLEO SECCIONAL BOYACÁ Y CASANARE-,
por la suma de MIL SETENTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS
MIL PESOS MCT. ($1.071.200.000) para cada una
.FENDIPETRÓLEO NACIONAL, identificada con NIT 860033747-
5
.FENDIPETRÓLEO SECCIONAL BOYACÁ Y CASANARE,
identificada con NIT 800115612-4
PARÁGRAFO: El valor de la sanción pecuniaria que por esta
resolución se impone, deberá consignarse en efectivo o en
cheque de gerencia en el Banco de Bogotá, Cuenta Corriente
No. 062-754387, a nombre de la Superintendencia de Industria
y Comercio - Formato de Recaudo Nacional, Código de
referencia para pago No. 03. En el recibo deberá indicarse el
número del expediente y el número de la presente resolución.
El pago deberá acreditarse ante la pagaduría de esta
Superintendencia, con el original de la consignación, dentro de
los cinco (5) días hábiles siguientes a la ejecutoria de esta
resolución.
Vencido el término de pago aquí establecido se causarán
intereses moratorios a la tasa del 12% anual, liquidados por
días en forma proporcional, lo que le generará un saldo en su
contra, por ello, resulta de suma importancia acercarse a la
Dirección Administrativa y Financiera a efectos de que se
efectúe dicha liquidación.
ARTÍCULO TERCERO: Declarar que las empresas
Distribuidora de Combustibles El Sol S.A. DICOSOL S.A.,
Estación de servicio LA ISLA LTDA., Cooperativa de
Transportadores Rápido Chicamocha - COOTRACHICA,
Cooperativa de Transportadores Flotax Duitama - COOFLOTAX,
Estación de servicio VILLA DEL RIO LTDA., Comercializadora de
Combustibles y Transportes Ltda.- COMERTRANS LTDA. y
De acuerdo con el numeral 15 del articulo 4 del Decreto 2153
de 1992, el Superintendente de Industria y Comercio podrá
imponer sanciones pecuniarias hasta por dos mil (2.000)
salarios mínimos legales mensuales vigentes a las empresas
infractoras de las normas sobre protección de la competencia y
prácticas comerciales restrictivas a que se refiere el presente
decreto.
A su vez, el numeral 16 del articulo 4 del Decreto 2153 de
1992, establece la facultad del Superintendente de Industria y
Comercio, para imponer a los administradores, directores,
representantes legales, revisores fiscales y demás personas
naturales que autoricen, ejecuten o toleren conductas
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FENDIPETRÓLEO NACIONAL
violatorias de las normas sobre protección de la competencia y
prácticas comerciales restrictivas, multas de hasta trescientos
(300) salarios mínimos legales mensuales vigentes en el
momento de la imposición de la sanción.
En el presente caso, fue demostrado que FENDIPETRÓLEO
NACIONAL y FENDIPETRÓLEO SECCIONAL BOYACÁ Y
CASANARE, transgredieron con su comportamiento lo dispuesto
en el artículo 1° de la Ley 155 de 1959 y en el numeral 2 del
articulo 48 del Decreto 2153 de 1992, con la realización de
actos de influenciación a las estaciones de servicio investigadas
para que incrementaran los precios de la gasolina corriente y
ACPM en la ciudad de Duitama y para que desistieran de su
intención de rebajar los precios.
Por su parte, las empresas Distribuidora de Combustibles El Sol
S.A. - DICOSOL S.A., Estación de servicio LA ISLA LTDA.,
Cooperativa de Transportadores Rápido Chicamocha
COOTRACHICA, Cooperativa de Transportadores Flotax
Duitama - COOFLOTAX, Estación de servicio VILLA DEL RÍO
LTDA., Comercializadora de Combustibles y Transportes Ltda.-
COMERTRANS LTDA., transgredieron con su comportamiento lo
dispuesto en el numeral 1° del artículo 47 del Decreto 2153 de
1992, al haber realizado un acuerdo para la fijación de los
precios de la gasolina corriente y ACPM en la ciudad de
Duitama, en la modalidad de práctica conscientemente
paralela. El comportamiento de las mencionadas empresas
reviste una especial importancia, teniendo en cuenta que,
analizadas sus ventas de combustible de manera conjunta, se
configura una cuota de participación significativa en el mercado
de distribución minorista en la ciudad de Duitama. Basado en
las anteriores consideraciones, este Despacho encuentra la
necesidad de imponer a cada una de las personas jurídicas
señaladas la multa máxima que el ordenamiento prevé para
este tipo de infracciones. Esto es, la suma 'equivalente a MIL
SETENTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS MCT.
($1.071.200.000).
En cuanto a las personas naturales responsables de haber
autorizado, ejecutado o tolerado el comportamiento
anticompetitivo merecedor del reproche, serán impuestas las
multas máximas que el ordenamiento prevé para este caso a
RODRIGO VALENCIA CONCHA ex presidente de
FENDIPETRÓLEO NÁCIONAL y AUGUSTO VARGAS SÁENZ
presidente de FENDIPETRÓLEO SECCIONAL BOYACÁ Y
CASANARE.
Para el caso de las personas naturales investigadas ÁLVARO
JAVIER GONZÁLEZ MANRIQUE en calidad de representante
legal de la empresa Distribuidora de Combustibles El Sol S.A.
DICOSOL S.A, MARTHA PATRICIA ROJAS RINCÓN,
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Número único de radicación: 15001-23-33-000-2013-00225-01.
Actora: FEDERACIÓN NACIONAL DE DISTRIBUIDORES DE COMBUSTIBLES Y ENERGÍA –
FENDIPETRÓLEO NACIONAL
representante legal de la Estación de servicio LA ISLA LTDA.,
CARLOS ENRIQUE CASTILLO ARCOS, representante legal de la
Cooperativa de Transportadores Rápido.
[…]
ARTÍCULO DÉCIMO: Declarar que RODRIGO VALENCIA
CONCHA, identificado con cedula de ciudadanía No 9.093.505
de Cartagena quien se desempeñó desde el mes de junio de
2006 hasta mayo de 2009 como Presidente Ejecutivo y
Representante Legal de FENDIPETRÓLEO NACIONAL, ejecutó
las conductas de que trata el artículo primero, incurriendo en la
responsabilidad prevista en el numeral 16 del artículo 4º del
Decreto 2153 de 1992.
ARTICULO UNDÉCIMO: Imponer una sanción pecuniaria a
RODRIGO VALENCIA CONCHA en su calidad de presidente
ejecutivo y representante legal de FENDIPETRÓLEO NACIONAL
desde el mes de junio de 2006 hasta mayo de 2009, por la
suma de CIENTO SESENTA MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA
MIL PESOS MCT ($160.680.000). […]”.
.- Resolución núm. 11651 de 29 de febrero de 2012, expedida
por el Superintendente de Industria y Comercio (E), “Por la cual se
deciden unos recursos de reposición”, en la que se dispuso lo
siguiente9:
“[…] ARTÍCULO PRIMERO: Confirmar los artículos PRIMERO;
TERCERO; DÉCIMO: DÉCIMO SEGUNDO; DÉCIMO CUARTO;
DÉCIMO SEXTO: DÉCIMO OCTAVO; VIGÉSIMO; VIGĖSIMO
SEGUNDO; VIGÉSIMO CUARTO, VIGÉSIMO SEXTO, VIGĖSIMO
OCTAVO, VIGĖSIMO NOVENO Y TRIGĖSIMO de la Resolución
No. 71794 de 12 de diciembre de 2011.
ARTÍCULO SEGUNDO: Modificar el artículo SEGUNDO de la
Resolución No. 71794 de 12 de diciembre de 2011, el cual
quedará así:
"ARTÍCULO SEGUNDO: Imponer unas sanciones pecuniarias a
la Federación Nacional de Distribuidores de Derivados del
Petróleo -FENDIPETRÓLEO NACIONAL- y la Federación Nacional
de Distribuidores de Derivados del Petróleo Seccional Boyacá y
Casanare FENDIPETRÓLEO SECCIONAL BOYACÁ Y CASANARE-,
9
Folios 70 a del anexo núm. 1.
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por la suma de QUINIENTOS SETENTA Y OCHO MILLONES
CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL PESOS MCT
($578.448.000) para la primera y SEISCIENTOS SETENTA Y
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS
MILPESOS MCT ($674.856.000) para la segunda.
.FENDIPETRÓLEO NACIONAL, identificada con NIT 860033747-
5
.FENDIPETRÓLEO SECCIONAL BOYACA Y CASANARE,
identificada con NIT 800115612-4.
PARÁGRAFO: El valor de la sanción pecuniaria que por esta
resolución se impone, deberá consignarse en efectivo o en
cheque de gerencia en el Banco de Bogotá, Cuenta Corriente
No. 062-754387, a nombre de la Superintendencia de Industria
y Comercio - Formato de Recado Nacional, Código de
referencia para pago No. 03. En el recibo deberá indicarse el
número del expediente y el número de la presente resolución.
El pago deberá acreditarse ante la pagaduría de esta
Superintendencia, con el original de la consignación, dentro de
los cinco (5) días hábiles siguientes a la ejecutoria de esta
resolución.
Vencido el término de pago aquí establecido se causarán
intereses moratorios a la tasa del 12% anual, liquidados por
días en forma proporcional, lo que le generará un saldo en su
contra, por ello, resulta de suma importancia acercarse a la
Dirección Administrativa y Financiera a efectos de que se
efectúe dicha liquidación. […]”.
V.2. Problema jurídico
De acuerdo con los argumentos planteados por la actora en su
recurso de apelación, corresponde a la Sala determinar si los actos
acusados conservan la presunción de legalidad que los ampara, o
si, por el contrario, se encuentran incursos en vicios relacionados
con la falta de competencia de la SIC para expedir dichos actos,
indebida valoración probatoria, la caducidad de la facultad
sancionatoria, la violación a su debido proceso, la ausencia de la
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facultad sancionatoria de la entidad demandada, y si se debían
estudiar de fondo los alegatos de conclusión presentados en el
trámite de la primera instancia.
V.2.1.- El alcance de la apelación y de los límites del
pronunciamiento de la Sala.
Previo a abordar el estudio de fondo de los cargos de apelación, la
Sala estima necesario precisar el alcance de la competencia
funcional del juez de segunda instancia.
De conformidad con lo previsto en el artículo 328 del Código
General del Proceso, aplicable a esta jurisdicción por remisión
expresa del artículo 306 del CPACA, la competencia del juez de
segunda instancia se encuentra delimitada por los reparos
concretos formulados por el apelante, sin perjuicio de las
decisiones que deba adoptar de oficio en los casos previstos por la
ley, lo cual, según la jurisprudencia reiterada de esta Corporación,
garantiza los derechos de contradicción y defensa de las partes,
concreta el principio de congruencia y delimita el ámbito material
de la decisión del superior, de manera que este no puede extender
su examen a aspectos ajenos a la alzada ni desbordar el marco
fijado por los argumentos de inconformidad propuestos por la parte
recurrente.
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Bajo ese entendido, la Sala observa que, aunque en el escrito de
apelación se desarrollaron diversos razonamientos para
controvertir la legalidad de los actos acusados, lo cierto es que solo
puede ser objeto de pronunciamiento en esta instancia los cargos
que, en efecto, guarden correspondencia con el problema jurídico
efectivamente decidido por el Tribunal, el cual consistió en
determinar si las resoluciones demandadas desconocieron el
ordenamiento superior, la prohibición de non bis in ídem, la debida
motivación y la desviación de poder10.
Cabe destacar que en el planteamiento del anterior problema
jurídico, el a quo, especificó los cargos señalados por la actora en
la demanda y su reforma, de la siguiente manera11:
“[…] En síntesis, la sociedad demandante pretende que se
declare la nulidad de los actos administrativos proferidos por
la Superintendencia de Industria y Comercio que impuso
sanción económica por la presunta infracción a las normas
de protección de la competencia, toda vez que, a su juicio,
los mismos fueron proferidos con desconocimiento del
ordenamiento superior, de la prohibición de non bis in ídem,
con falsa motivación y desviación de poder, al considerarse,
grosso modo, que i. la similitud de precios de la gasolina y el
ACPM, presente en las estaciones de servicio de Duitama, no
obedeció a un paralelismo o acuerdo de precios sino a la
aplicabilidad del régimen de libertad regulada impuesta por
el Gobierno Nacional; ii. la similitud es consecuencia,
además, de los estrechos márgenes de utilidad; iii. la
actuación de FENDIPETROLEO responde al derecho
fundamental de asociación y de agremiación que le asiste al
intervenir en reuniones gremiales tratando temas
10
Folio 591 del cuaderno físico núm. 2 de primera instancia.
11
Folios 591 y 592 del cuaderno físico núm. 2 de primera instancia.
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relacionados con el sector, en donde las Seccionales son las
que deciden y guían las directrices de aquélla; iv. la SIC
utilizó prueba acaecida en fecha posterior a los hechos
investigados; v. los actos impugnados adolecen de
gradualidad, proporcionalidad, dosimetría y debida
motivación de la sanción; vi. que con estos, además, se dio
una doble imputación de pena por los mismos hechos, al
imponerse sanción al gremio y a su representante legal. […]”
(Destacado fuera de texto).
Ahora, se advierte que los desarrollos específicos introducidos en el
recurso de apelación en torno a: i) la falta de competencia de la
SIC; ii) la caducidad de la facultad sancionatoria; iii) la violación al
debido proceso derivada de la falta de competencia funcional de la
SIC para sancionar a las estaciones de servicios por tarifas de
combustible y/o cartelización de tarifas; iv) la ausencia de facultad
sancionatoria de la SIC; y v) la violación de los artículos 13, 29 y
90 de la Constitución Política; y 78, 86 y 206 del CCA, no fueron
estudiados por parte del a quo como cargos ni como problemas
jurídicos.
La Sala observa, entonces, que tales planteamientos sólo fueron
aducidos en el recurso de apelación, lo que constituye unos nuevos
cargos contra los actos acusados, que no fueron invocados en la
demanda o su reforma ni hacen parte del problema jurídico fijado
por el a quo, situación que a todas luces es improcedente, no solo
por extemporáneo pues, se insiste, que el momento procesal
oportuno era la demanda o su reforma, sino también porque de
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acogerse su estudio se vulneraría el derecho de defensa y
contradicción de la parte demandada en el proceso, siendo deber
del juez de preservar la igualdad procesal entre las partes.
Precisamente, el examen de segunda instancia debe circunscribirse
a los aspectos desfavorables de la sentencia apelada que fueron
efectivamente cuestionados por el recurrente y que, además,
guarden correspondencia con la causa petendi fijada en la
demanda y con los problemas jurídicos resueltos en primera
instancia, por lo cual, no le es dable al ad quem pronunciarse sobre
argumentaciones nuevas que, aunque expuestas en la sustentación
del recurso, no fueron sometidas al debate procesal desde el libelo
introductorio ni constituyeron objeto de definición por parte del
Tribunal.
Por consiguiente, al no haber sido abordados en la sentencia
apelada, tales planteamientos exceden el marco funcional de
competencia del juez de segunda instancia, en la medida en que su
examen en esta oportunidad supondría emitir un pronunciamiento
sobre aspectos que no fueron resueltos en la primera instancia, con
desconocimiento del principio de congruencia y de los límites
propios de la alzada.
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Sobre el particular, esta Sección ha sostenido de manera reiterada
que la invocación de nuevas normas o la formulación de nuevos
cargos en sede de apelación resulta improcedente, no solo por
extemporánea, sino también porque su estudio comprometería los
principios de lealtad procesal, contradicción, defensa e igualdad
entre las partes.
En esa línea, en sentencia de 31 de mayo de 201812, precisó que el
juez de segunda instancia solo puede pronunciarse sobre los
cuestionamientos formulados con fundamento en las normas y
cargos oportunamente introducidos en la demanda, y no respecto
de reproches nuevos propuestos por primera vez en el recurso de
alzada, así:
“[…] la Sala debe puntualizar que los motivos de inconformidad
de la parte apelante involucran normas que no fueron
invocadas en la demanda como violadas, pues las indicadas en
ésta se circunscribieron a los artículos 29 y 58 de la
Constitución Política y 66 de la Ley 388.
A este respecto conviene poner de presente que la
invocación de nuevas normas en esta instancia significa,
ni más ni menos, la formulación de nuevos cargos contra
los actos acusados, lo cual resulta a todas luces
improcedente, no solamente por extemporáneos, pues el
momento procesal es en la demanda o su adición, sino en
razón a que de acometer su estudio se estaría violando el
derecho de defensa de la parte demandada en el proceso y el
deber del juez de hacer efectiva la igualdad de las partes en el
mismo.
12
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 31 de
mayo de 2018, C.P. María Elizabeth García González, núm. único de radicación 25000-23-40-000-
2008-00074-02.
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Número único de radicación: 15001-23-33-000-2013-00225-01.
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Por consiguiente, la Sala solo se referirá a los cuestionamientos
que formula el recurrente con base en los artículos 29 y 58 de
la Constitución Política y 66 de la Ley 388, y no así a los
artículos 187, 252 del C de PC, ni al cargo de falsa motivación.
[…]” (Destacado fuera de texto).
Asimismo, en posterior pronunciamiento, esto es, en sentencia de 8
de octubre de 202013, esta Sección consideró que el ad quem no
puede abordar materias o cuestiones que se plantean en la
apelación, que no hacen parte del concepto de violación del libelo,
ni de lo que la sentencia de primera instancia estudió, pues es su
deber salvaguardar los derechos fundamentales al debido proceso y
de defensa de la contraparte en el proceso, en los siguientes
términos:
“[…] El Consejo de Estado ha considerado que en los procesos
ordinarios el recurso de apelación tiene límites, toda vez que
debe guardar correspondencia con el petitum de la demanda,
los fundamentos fácticos y jurídicos que la sustentan, los
argumentos de oposición a la misma y las consideraciones que
sirven de sustento al a quo para fundamentar la sentencia.
Sobre el particular, esta Sección precisó:
“[…] Esta Sala de decisión se limitará a conocer solamente de
los puntos o cuestiones a los cuales se contrae dicho recurso,
pues los mismos, en el caso de apelante único, definen el
marco de la decisión que ha de adoptarse en esta instancia.
[…] Sobre el particular, esta Sección en diversas oportunidades
ha puesto de presente que “[…] el juez de la segunda instancia
está sujeto, al decidir la apelación, a los planteamientos
expuestos en el recurso de alzada sin que esté facultado para
pronunciarse sobre aspectos o puntos de la sentencia de
primera instancia que no fueron objeto de impugnación.
Igualmente ha reiterado que no puede abordar materias
13
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 8 de
octubre de 2020, C.P. Hernando Sánchez Sánchez, núm. único de radicación 85001-23-33-000-2017-
00135-01.
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o cuestiones que se plantean en la apelación, pero que
no hacen parte del concepto de violación del libelo, ni
que la sentencia de primera instancia estudió” […] La
Sala reitera que en virtud de los principios de lealtad
procesal, contradicción y de defensa y la congruencia
que debe existir entre el recurso, la sentencia
censurada, el concepto de violación de la demanda y los
argumentos expuestos en la contestación de la misma,
imponen que al apelante le esté vedado exponer en el
recurso de apelación hechos, cargos y presentar
pretensiones nuevas que no alegó ni en la demanda ni
en la contestación. Si lo hiciere, el ad quem no puede
abordar el estudio de estos nuevos reproches, pues es
su deber salvaguardar los derechos fundamentales al
debido proceso y de defensa de la contraparte en el
proceso […]”. (Resaltado fuera de texto).
Es oportuno reiterar que el recurso de apelación tiene como
finalidad controvertir las decisiones proferidas, en primera
instancia, es decir, su contenido y análisis jurídico y probatorio,
para que el superior funcional las revoque, modifique o
adicione; en esa medida, no es un instrumento para incluir
cargos nuevos en contra del acto administrativo acusado
porque ello desconocería los principios de lealtad procesal,
contradicción, defensa y congruencia que debe existir entre el
recurso y la sentencia apelada. […]” (Destacado fuera de
texto).
En consecuencia, la Sala no puede emitir pronunciamiento de fondo
alguno sobre esos argumentos nuevos, habida cuenta que solo
fueron invocados como argumentos de defensa en el recurso de
apelación. Proceder de manera contraria implicaría romper el
equilibrio procesal y la igualdad de las partes, pues la parte
demandada no tendría la posibilidad de controvertir y desvirtuar los
nuevos argumentos14.
14
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 2 de
marzo de 2017, C.P. María Elizabeth García González, número único de radicación
23001233300420160014301
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Ahora, la actora adujo en su recurso de apelación que el
planteamiento relacionado con la falta de competencia de la SIC
para sancionar a la actora fue puesto de presente solamente hasta
la presentación de los alegatos de conclusión dentro del trámite de
primera instancia, porque sólo hasta ese momento es que tuvo
conocimiento de su ocurrencia.
Al respecto, la Sala considera que no le asiste razón, toda vez que
desde la presentación de la demanda la actora ya tenía
conocimiento de los hechos por los cuales fue investigada,
situación distinta es que quiera formular nuevos cargos para
sustentar una presunta falta de competencia por parte de la SIC
para imponer la sanción de la cual fue sujeto FENDIPETRÓLEO
NACIONAL, con ocasión de conducta anticompetitiva que se le
endilgó en los actos acusados.
En efecto, la Sala observa que los hechos descritos por la actora en
su recurso de apelación no ocurrieron con posterioridad a la
presentación de la demanda, como lo adujo, sino que corresponden
a nuevos planteamientos jurídicos que no fueron puestos de
presente en el momento procesal oportuno para controvertir la
legalidad de las resoluciones demandadas.
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Así las cosas, la Sala echa de menos que la parte actora no haya
formulado algún reparo contra lo que consideró el Tribunal en la
sentencia apelada, con respecto a la no prosperidad de los cargos
de la demanda relacionados con: i) el comportamiento similar de
precios de la gasolina corriente y ACPM sin justificación; ii) la
posibilidad de que bajo el régimen de libertad regulada existan
precios inferiores al de referencia; iii) la antijuridicidad de la
conducta; iv) la influencia que ejerció FENDIPETRÓLEO
NACIONAL sobre las voluntades de la estaciones de servicio; v) la
gradualidad y proporcionalidad de la sanción; vi) la violación del
principio del non bis in idem; y vii) la desviación de poder, entre
otros, que fueron los fundamentos que tuvo en cuenta el fallo
recurrido para no declarar la nulidad de los actos acusados,
manteniendo su presunción de legalidad.
Por consiguiente, el examen de esta Corporación se circunscribirá
únicamente al cargo efectivamente resuelto por el Tribunal y
controvertido por la parte recurrente, esto es, el atinente a si hubo
una indebida valoración probatoria, al haber tenido en cuenta
pruebas posteriores a la investigación y sobre temas ajenos, como
lo son la carta de 27 de abril de 2010 dirigida a la Vicepresidenta
de la Organización Terpel S.A. y las actas de FENDIPETRÓLEO
NACIONAL que, a juicio de la actora, no tenían relación con los
hechos investigados en el municipio de Duitama; y a determinar si
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Número único de radicación: 15001-23-33-000-2013-00225-01.
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procedía o no estudiar de fondo, en la sentencia de primera
instancia, los alegatos de conclusión presentados por la actora.
V.2.2.- De la indebida valoración probatoria.
Previo a resolver este cargo, es necesario tener en cuenta el
precedente jurisprudencial contenido en las sentencias de 13 de
noviembre de 201415 y 16 de julio de 201516, pues en dichas
providencias se solicitó la nulidad de las mismas resoluciones que
se acusan en este proceso, esto es, las núms. 71794 de 12 de
diciembre de 2011 y 11651 de 29 de febrero de 2012, razón
por la cual, en aras del respeto al principio de igualdad y de la
seguridad jurídica17, habrá de observarse lo dispuesto en ellas.
En efecto, la Corte Constitucional ha señalado que el valor
vinculante de ciertas decisiones judiciales para la solución de
nuevos casos “[…] significa que la regla de decisión de algunas
sentencias debe ser aplicada por los jueces y tribunales
competentes a los casos posteriores que se apoyen en los mismos
supuestos fácticos y jurídicos. En tal sentido, el precedente
15
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, C.P. María Elizabeth
García González), núm. único de radicación 2013-00254-01.
16
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, C.P. María Elizabeth
García González), núm. único de radicación 2012-00374-01.
17
Ver sentencia de 16 de julio de 2015 (Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Primera, C.P. María Elizabeth García González, núm. único de radicación 2012-00374-01).
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jurisprudencial aparece como un mecanismo realizador de la
igualdad jurídica […]” 18.
En la primera providencia citada, esto es, la de 13 de noviembre de
201419, se encontró que las estaciones de servicio y dos personas
naturales investigadas, las cuales fueron sancionadas por medio de
los actos aquí acusados, realizaron un acuerdo para la fijación de
los precios de la gasolina corriente y ACPM en el municipio de
Duitama, en la modalidad de práctica conscientemente paralela,
prohibición prevista en el numeral 1 del artículo 47 del Decreto
2153, la cual dispone que están prohibidos los acuerdos que tengan
por objeto o como efecto la fijación directa o indirecta de precios.
En efecto, la Sección, en esa oportunidad, determinó lo siguiente:
“[…] De conformidad con los precedentes jurisprudenciales
antes señalados, que obviamente reitera la Sala, la fijación
de precios iguales o idénticos para un mismo producto en un
mismo tiempo y valor, con incrementos o variaciones en los
mismos períodos de tiempo y en igual proporción, por parte
de dos o más empresas diferentes, son coincidencias que
constituyen prueba suficiente de que hubo un acuerdo que
tuvo por efecto la fijación indirecta de precios del producto.
Dichas coincidencias o simetrías presentadas en un período
determinado de tiempo, por dos o más empresas, no pueden
ser resultado de la casualidad o del azar, teniendo en cuenta
que un producto, como el combustible en este caso,
depende de factores variables, como son: los costos de
18
Sentencia C-816 de 2011, M.P. Mauricio González Cuervo.
19
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García González), núm. único de radicación 2013-00254-01.
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producción, de transporte, de operación de cada estación de
servicio, del nivel de eficiencia, las expectativas de utilidad
del empresario, el posicionamiento o acreditación del
establecimiento comercial, los cuales varían necesariamente
de una empresa a otra, no obstante que se trate de un
mismo producto.
En virtud de lo anterior, para la Sala carece de fundamento
el argumento de los recurrentes, según el cual “los acuerdos
y actos contrarios a la libre competencia, previstos en los
artículos 47 y 8 del Decreto 2153 de 1992, no pueden
considerarse como una responsabilidad objetiva; los eventos
allí consignados se asemejan a una presunción de ilegalidad,
la cual puede desvirtuarse demostrando que en el mercado
existe libertad de entrada, libertad de escogencia, variedad
de precios y servicios, así como una eficiencia en el aparato
productivo. Es decir, que no basta con acreditar la existencia
de un acuerdo de precios para establecer que se trata de un
medio torcido o desleal, pues se requiere también demostrar
que ese acuerdo de voluntades tuvo por objeto impedir,
restringir o falsear a la competencia” (Resalta la Sala), pues
se evidenció una voluntad exterior que permitió
colegir un comportamiento consecuente de agrupación
de objetivos y finalidades que se identifican entre sí,
es decir, una actuación conjunta y mancomunada, esto
es, quedó plenamente demostrada la ocurrencia de un
acuerdo entre los actores, en virtud del cual, se fijó el
precio del galón de gasolina en una sincronización y
coincidencia notable. […]”. (Destacado fuera de texto).
Ahora, en la sentencia de 16 de julio de 201520, la Sección encontró
que FENDIPETRÓLEO SECCIONAL BOYACÁ Y CASANARE
habían contravenido lo dispuesto en los artículos 1º de la Ley 155 y
48, numeral 2, del Decreto 2153, de la siguiente manera:
“[…] Del acervo probatorio recaudado por la entidad
demandada, la Sala establece, sin lugar a dudas, que en
efecto, existe responsabilidad de FENDIPETRÓLEO
SECCIONAL BOYACÁ Y CASANARE, por ejercer influencia
durante los años 2007 a 2009 para la determinación de los
precios de gasolina corriente y ACPM por parte de algunas
20
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García González), núm. único de radicación 2012-00374-01.
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estaciones de servicio ubicadas en el Municipio de Duitama,
que incurrieron en un acuerdo anticompetitivo en la
modalidad de práctica conscientemente paralela.
En efecto, del material probatorio acopiado por la
Superintendencia de Industria y Comercio, se puede inferir
que está demostrado que efectivamente la actora
trató de influenciar, con el objeto de intervenir en la
formación de los precios al público de la gasolina
corriente y el ACPM, y lo hizo sobre varias estaciones
de servicio del Municipio de Duitama, a través de las
circulares, que según testimonios, se distribuían mes
a mes, por medio de las cuales se sugería el precio y
se alentaba para no reducirlo, lo cual se realizó de
manera continuada en el tiempo y también se utilizó
el correo electrónico. Además, existen grabaciones
magnetofónicas que así lo corroboran; no se advierte,
que tuvieran una función meramente informativa,
como lo aduce la actora.
Lo anterior es corroborado por las actuaciones de los entes
de la administración, como son la Asamblea General y la
Junta Directiva, desde el año 2006, en cuyas reuniones los
márgenes de comercialización eran temas prioritarios e
incluso, se delegó a uno de sus miembros para que se
lograran consensos entre las estaciones de servicios para
incrementar de manera coordinada los precios de venta.
A lo anterior se suma el hecho de que se tenía conocimiento
acerca de las prohibiciones legales relacionadas con los
monopolios, y se sabía de una sanción anterior que por los
mismos hechos fue impuesta a otra Seccional, por lo cual,
además se propuso hacer la sugerencia de precios sin que se
dijera que fue Fendipetróleo; de manera que pese a conocer
las consecuencias de su actuación no hubo intención de
modificarla, sino más bien de cambiar la estrategia para que
la Asociación no se viera involucrada.
Y como ya se observó, Fendipetróleo a través de sus
Directivas trató de influenciar a otros distribuidores
nuevos y no agremiados para que desistieran de fijar
un margen inferior.
Lo anterior representa una alteración a las normales
condiciones del mercado y, por lo tanto, una
afectación a la libre competencia que debe primar en
el mismo. […]” (Destacado fuera de texto).
De lo anterior, es posible evidenciar que la Sala en las sentencias
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citadas estableció que las conductas investigadas en los actos
acusados encajaban en el concepto de paralelismo, toda vez que,
conforme se indicó en las resoluciones ahí demandadas, durante el
período comprendido entre enero de 2007 y junio de 2009, el
precio tanto de la gasolina corriente como del ACPM, en las
diferentes estaciones de servicio sancionadas del municipio de
Duitama, varió en una sincronización y coincidencia notable, pese a
que sus condiciones no eran homogéneas, en aspectos tales como:
i) el tipo de estación, tamaño; ii) los costos de la actividad como el
transporte, ubicación, inversiones en infraestructura,
mantenimiento, cuantía de ventas; iii) se comprobó que existen
diferencias entre ellas; y iv) que son variables que afectan el precio
final de venta al público, de lo cual se dedujo que la conducta
reprochada no era racional, lo que hacía imposible que su
comportamiento fuera inconsciente.
En otras palabras, se generó, por parte de las estaciones de
servicio sancionadas, una uniformidad en los precios que no estaba
justificada ni autorizada.
Asimismo, encontró que FENDIPETRÓLEO SECCIONAL BOYACÁ
Y CASANARE realizó actos de influencia a unas estaciones de
servicio ubicadas en el municipio de Duitama, Boyacá, para que
acordaran incrementar los precios de la gasolina corriente y ACPM,
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así como para que desistieran de su intención de rebajar los
precios.
De conformidad con lo antes expuesto, se evidenció un acuerdo de
precios o práctica conscientemente paralela; y que
FENDIPETRÓLEO SECCIONAL BOYACÁ Y CASANARE realizó
actos de influencia para la realización de dicho acuerdo, razón por
la cual la Sala procede a analizar la responsabilidad de la actora
frente a la conducta imputada, en el caso sub examine.
Al respecto, se observa que los actos acusados sancionaron a la
demandante en este proceso, como ya se dijo, por adelantar
prácticas tendientes a limitar la libre competencia, porque ejerció
influencia indebida sobre la formación de los precios de gasolina
corriente y ACPM en el municipio de Duitama, lo que generó que
hubiera una práctica conscientemente paralela entre las distintas
estaciones de servicio que fueron sancionadas; conducta que
constituye una limitación a la competencia, según lo previsto en los
artículos 1º de la Ley 155 y 48, numeral 2 del Decreto 2153.
Sobre el particular, cabe precisar que no era necesario que se
demostrara un efecto en las conductas, siendo suficiente que el
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objeto fuera “influenciar”, para que se considere como contraria a
la libre competencia21.
La conducta de influenciar está tipificada, como reprochable, en el
artículo 48, numeral 2, del Decreto 2153 de 30 de diciembre de
1992, que dispone lo siguiente:
“[…] ARTÍCULO 48. ACUERDOS CONTRARIOS A LA
LIBRE COMPETENCIA. Para el cumplimiento de las
funciones a que se refiere el artículo 44 del presente Decreto
se consideran contrarios a la libre competencia, entre otros,
los siguientes acuerdos:
[…]
2. Influenciar a una empresa para que incremente los
precios de sus productos o servicios o para que desista de su
intención de rebajar los precios. […]”.
Precisado lo anterior, la Sala se referirá a las inconformidades que
la actora presentó contra el fallo de primera instancia, relacionadas
con la indebida valoración probatoria, así:
La SIC para demostrar la influencia que FENDIPETRÓLEO
NACIONAL ejerció sobre las estaciones de servicio sancionadas,
con el objeto de que incrementaran los precios y no los rebajaran,
21
Así lo expresó esta Sección mediante sentencia de 19 de noviembre de 2009, cuando señaló que el
elemento objetivo:
“[…] no es otro, que el ejercicio de la actividad económica desplegada por una empresa, en la
que sus actos vayan encaminados a alterar el libre albedrío de otra empresa, respecto del
precio que está dispuesta a asignar a los productos y servicios que ofrece […]”.
(Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, C.P. Marco Antonio
Velilla Moreno, núm. único de radicación 2001-01261-01).
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se basó en pruebas constituidas por las diferentes grabaciones
magnetofónicas, actas de asambleas y juntas directivas de las
agremiaciones involucradas.
Específicamente, sobre la conducta de la actora, los actos acusados
relacionaron los elementos probatorios, señalando de manera
expresa, en lo pertinente, su contenido, los cuales demostraron a la
entidad demandada, que efectivamente hubo una influencia por
parte de FENDIPETRÓLEO NACIONAL sobre varias estaciones de
servicio de Duitama, direccionada a intervenir en la formación de
los precios al público de la gasolina corriente y el ACPM.22
A su turno, el Tribunal en la sentencia apelada encontró
demostrado que existió un acto mediante el cual FENDIPETRÓLEO
NACIONAL influyó en sus agremiados, tal y como se desprende de
la grabación magnetofónica y del acta núm. 241 de la junta
directiva nacional de las reuniones llevadas a cabo los días 28 y 29
de noviembre de 2008; y que en lo que respecta a la indebida
valoración de la carta dirigida a la Organización Terpel S.A., así
como de las actas núms. 241 de 28 de noviembre de 2009 y 245 de
3 de agosto del mismo año, se compartía la posición de la SIC
cuando señaló que de conformidad con la Resolución núm. 71794
22
A folio 278 del cuaderno físico núm. 1 de primera instancia obra un medio magnético que contiene
el expediente administrativo.
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de 2011, acusada, dicho documento no sirvió de sustento para la
imposición de la sanción, sino que simplemente se trató de un
argumento para dar a conocer la preocupación de
FENDIPETRÓLEO NACIONAL en los precios bajos del galón de
gasolina en Boyacá.
Al respecto, la parte recurrente alegó que tanto el a quo como la
SIC le dieron valor a pruebas que contaban con una fecha posterior
a la investigación y sobre temas ajenos, como lo son: la carta de 27
de abril de 2010 dirigida a la Vicepresidenta de la Organización
Terpel S.A. y las actas de FENDIPETRÓLEO NACIONAL que no
tenían relación con los hechos investigados en el municipio de
Duitama, lo cual evidencia una falta de motivación en los actos
cuestionados y generó dudas razonables no consideradas en la
investigación.
Dichos elementos de prueba, relacionados en los actos
administrativos acusados, son los siguientes:
i) Grabaciones magnetofónicas.
.- Grabación magnetofónica de la asamblea ordinaria de la
FENDIPETRÓLEO SECCIONAL DE BOYACÁ Y CASANARE núm.
102 llevada a cabo el 14 de junio de 2008, en la que el señor
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RODRIGO VALENCIA CONCHA, presidente ejecutivo de
FENDIPETRÓLEO NACIONAL indicó lo siguiente:
“[…] "(...) 4. SALUDO DEL PRESIDENTE EJECUTIVO DE
FEDIPETRÓLEO NACIONAL, DR. RODRIGO VALENCIA
CONCHА.
(...) Estos esfuerzos que se hicieron sin recoger plata ni
hacer lobby ni poner nadie nada mas allá que un desayuno y
un almuerzo pero con el trabajo nuestro y con la tristeza de
que algunos de ustedes, nosotros nos esforzamos por
obtener mejores beneficios para los distribuidores y algunos
no entendemos por qué, por el contrario se esfuerzan en
conseguir bajar y vender a unos márgenes menores de lo
que nosotros por principio nos esforzamos por conseguir.
Ósea que luchamos contra nosotros mismos (...).
Nosotros inicialmente pensábamos el año pasado, que el
margen debía estarse regulado, del Ministerio (...) que hay
que buscar que esté en un nivel medio porque si está más
alto pagan más impuestos porque recuerden que nosotros
pagamos margen por galones vendidos esa es la base
tributaria de nuestros impuestos, pero no puede estar tan
abajo porque tenemos un negocio de distribución de
combustible en que si se pone un nivel bajo de margen,
pues algunos de ustedes le echan más para abajo
todavía en detrimento de ustedes mismos, entonces
pensábamos que eso deba estar sobre 650 pesos en
estudios que tenemos ahora pensamos que debemos
estar entre 800 y 1200 pesos el margen.
Y saben ustedes por qué? Porque este negocio se va a poner
difícil (...). Quién sabe que irá a pasar aquí en Colombia.
Entonces si la cosa se va a poner dura y a uno le cuesta, uno
tiene que ganar por el servicio que preste y si el precio del
combustible va a subir y va a seguir subiendo, es
mejor tener un buen margen desde ahora, y no tratar
de conseguirlo cuando el precio esté alto y ya no lo
pueda hacer. […]” (Destacado fuera de texto).
ii) Actas de asamblea y junta directiva
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.- Acta 102 de la asamblea llevada a cabo el 14 de junio de 2008,
en la que se señala:
“[…] 4. SALUDO DEL PRESIDENTE EJECUTIVO DE
FENDIPETROLEO NACIONAL, DR. RODRIGO VALENCIA
CONCHA
(...)
Prosigue su intervención haciendo un llamado a todos los
distribuidores para que se mantengan los precios
establecidos por el Gobierno.
"6. INFORME DEL PRESIDENTE SECCIONAL, SR. AUGUSTO
VARGAS SAENZ. (...)
Durante todo el tiempo hemos informado oportunamente
sobre el alza de los Combustibles, sugiriendo los precios que
deben colocarse en el surtidor para así obtener un poco más
del margen establecido por el Gobierno el cual es hoy muy
bajo haciendo esta recomendación basados en la diferencia
de los fletes ya que esta parte es de resorte de los
Distribuidores Minoristas, sin embargo, en vez de acatar
nuestras sugerencias algunos colegas han bajado los
precios por debajo de la Resolución ocasionando
cuantiosas pérdidas a los demás y dividiendo en forme
visible a nuestro gremio. […]” (Destacado fuera de texto).
.- Acta núm. 241 de la junta directiva de FENDIPETRÓLEO
NACIONAL celebrada los días 28 y 29 de noviembre de 2008, en la
que se expresa:
“[…] El Dr. Jorge Navia, [Presidente de la Seccional
Suroccidente], le pide al capitán que le diga que vamos a
hacer con respecto a la situación de Cali, el Dr. Ismael
Pacheсо de Risaralda dice, yo cuando recibí el correo de
bajar los precios llamé a varios colegas, la posición como
persona natural es esta, como presidente es esta y también
llamando a mis colegas ellos me decían que no iban a
bajar un peso, se tomó la decisión de seguir arañando,
le pregunte capi. como ves la cosa de bajar y tomamos
la decisión de bajar 100 pesos, pero es muy importante
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la decisión de la presidencia ejecutiva quien está enfrente
del Gobierno, comparto que la decisión del Gobierno es un
atropello, como gremio me gustaría escuchar al Dr. Rodrigo
de cómo es la situación y así cual es la decisión que quiere
tomar la Federación". (...)
"El Dr. Navia dice que va a agregar una información que se
le pasó decir al capitán, el pacto de transparencia que el
Gobierno quería que fuéramos responsables, de las
estaciones manejadas por las mayoristas, o las estaciones
no afiliadas, el caso de Fendipetróleo, es absurdo que nos
hagamos responsables de que estas estaciones no bajen,
firmemos el acuerdo como afiliados y salgamos de
este rollo en qué precio, estamos metido (sic), yo le
envié un listado de las estaciones que no bajaron de
mal haría yo clavándome yo mismo el cuchillo, entre
estas Carrefour y las estaciones manejadas por los
mayoristas […]” (Destacado fuera de texto).
.- Acta núm. 245 de la junta directiva de FENDIPETRÓLEO
NACIONAL de 3 de agosto de 2009, en la que consta:
“[…] Toma la palabra el Dr. José Guillermo Sánchez y dice
que se debe respetar la Junta, ya que no está de acuerdo
que no se hable de márgenes, solicita que se destine un área
para que se encargue de manejar estos temas. Él dice que
cuando se habla de grandes superficies, en Bogotá hay 75
zonas de grandes superficies y se están vendiendo por
debajo del precio del decreto en algunos casos y en otros
por debajo del margen. Dice que ha hecho varias
advertencias, pero que no le ponen atención a tiempo
y que se han quedado callados y las cosas siguen
pasando" (...)
"Luego el Dr. José Guillermo Sánchez dice que en la Junta se
deben colocar las directrices para actuar, para que no se
quede solo en hablar.
Entre los miembros analizan y debaten el aspecto de los
márgenes y beneficios que tienen las estaciones que
favorecen los mayoristas y que con razón venden a un
precio de resolución e incluso por debajo. Y dicen que el
tema de congelamiento de las estaciones de servicio,
tampoco ha dado resultado […]” (Destacado fuera de texto).
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iii) Comunicación enviada por FENDIPETRÓLEO NACIONAL vía
correo electrónico a la vicepresidente comercial de la Organización
Terpel S.A.
A través de correo electrónico de 4 de mayo de 2010, el asesor
económico de Soldicom-Fendipetróleo reenvió a cada una de las
seccionales la comunicación enviada por FENDIPETRÓLEO
NACIONAL el 27 de abril de 2010 a la vicepresidente comercial de
la Organización Terpel S.A., que contenía la siguiente información:
“[…] Bogotá D.C., Abril 27 de 2010
Doctora SYLVIA ESCOVAR
Vicepresidente Comercial
Organización Terpel S.A. Ciudad
Asunto: Estaciones de Servicio con aparentes precios
predatorios
Apreciada Dra. Sylvia,
Conforme a lo conversado en la mañana de hoy, y tras
recibir las opiniones de diferentes seccionales, sobre la
preocupación que genera la presencia de EDS en diferentes
ciudades del país que están comercializando combustibles a
precios sustancialmente por debajo de los sugeridos por el
Gobierno Nacional y causando un grave perjuicio a la
distribución minorista, en razón a los irrisorios márgenes con
los que se operan estas EDS, enviando un mensaje
equivocado a los consumidores finales respecto a los precios
promedio del resto de estaciones y lo que es peor,
capturando la clientela natural de sus competidores a
nuestro modo de ver de una forma no ética, y contrariando
las buenas prácticas comerciales que deben inspirar nuestra
actividad, es nuestro deber como agremiación responsable
por la defensa de los intereses del sector minorista, verificar
las condiciones en que se desarrolla esta actividad, y la
búsqueda de mecanismos que conduzcan el normal cause de
la EDS.
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Cuando al parecer, las gestiones adelantadas por el sector,
para hacer comprender el equívoco y los perjuicios en
términos de pérdidas de empleo y productividad, en los que
estaba incurriendo las estaciones de servicio de Grandes
Superficies de Colombia S.A. - Carrefour, ubicadas en las
principales ciudades del país, están dando buenos
resultados, al punto de que hoy en ciudades como Medellín,
Cali y Bogotá, esta empresa viene nivelando los precios de
comercialización de combustibles de sus EDS incluso por
encima del precio de referencia sugerido por el Gobierno
Nacional, lamentablemente debemos registrar que hay,
algunas EDS, de diferentes banderas, que insisten de forma
inexplicable, en comercializar combustibles a precios
verdaderamente incomprensibles, muy por debajo del precio
de referencia.
En el caso particular de las EDS abanderadas por TERPEL
S.A: podemos citar a título de ejemplo las siguientes:
EDS Terpel La Colina, ubicada frente al club La Colina de
Colsubsidio, en la vía que de Suba conduce a Bogotá. Allí se
comercializa hoy el combustible a un precio que ronda los
$250 pesos menos que el sugerido por el gobierno
EDS Terpel Av. 168 con paralela. Allí se comercializa el
combustible a un precio que ronda los $250 pesos menos
que el sugerido por el Gobierno.
EDS Terpel Javeriana, ubicada en la Av. Séptima con calle
39. Allí se comercializa el combustible a un precio que ronda
los $200 pesos menos que el sugerido por el Gobierno.
Esta situación debe convocar la atención de todos los actores
de la cadena para impedir por una parte, el deterioro de esta
actividad comercial, ya de por sí muy afectada proceso de
con los exiguos márgenes dispuestos por el Gobierno, y por
otra, que el incrementos en los precios de los combustibles,
decretados por el de Gobierno, las abismales resulten
contrastantes e incomprensibles para los consumidores, a la
luz como las anteriormente diferencias de precios que
generan algunas de las EDS del país señaladas. […]”.
iv) Declaraciones
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.- Declaración del señor HERNANDO COLMENARES SALAMANCA,
representante legal de COOFLOTAX desde abril de 2002 hasta mayo
de 2008, en la que manifestó:
“[…] Pregunta 32. Decía usted en una respuesta anterior que la
Seccional o Fendipetróleo Nacional sugería los precios de la
gasolina, de los combustibles gasolina corriente y ACPM
¿Puede usted indicarle al despacho en qué fecha y a través de
qué medio Fendipetróleo sugería esos precios?
Respondió: A veces llegaban notas a la oficina de recepción e
información de la cooperativa, o por fax … .
Pregunta 34. Por favor indíquele al despacho que contenían esas
comunicaciones.
Respondió: Ellos normalmente traían la resolución de la
estructura de costos del Estado, que el Estado expedía y la
sugerencia de precios para ACPM y gasolina por sectores
regionales […]”. (Destacado fuera de texto).
Del acervo probatorio recaudado por la entidad demandada, la Sala
establece, sin lugar a dudas, que en efecto, existe responsabilidad
de FENDIPETRÓLEO NACIONAL por ejercer influencia durante los
años 2007 a 2009 para la determinación de los precios de gasolina
corriente y ACPM por parte de algunas estaciones de servicio
ubicadas en el municipio de Duitama, que incurrieron en un acuerdo
anticompetitivo en la modalidad de práctica conscientemente
paralela.
En efecto, del material probatorio recaudado por la SIC, se puede
inferir que efectivamente la actora trató de influenciar, con el
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objeto de intervenir en la formación de los precios al público de la
gasolina corriente y el ACPM, y lo hizo sobre varias estaciones de
servicio del municipio de Duitama, a través de diferentes reuniones
de asamblea y junta directiva, en las que se sugería el precio y se
fomentaba para no reducirlo, lo cual se realizó de manera
continuada en el tiempo. Además, existen grabaciones
magnetofónicas de dichas reuniones que así lo corroboran, sin que
se advierta que estas no tuvieran relación con los hechos
investigados en el municipio de Duitama, como lo adujo la actora.
Y como ya se observó, FENDIPETRÓLEO NACIONAL a través de
su presidente ejecutivo, trató de influenciar a otros distribuidores
para que desistieran de fijar un margen inferior, pues planteó como
criticable que algunos de los asociados hayan decidido reducir los
precios de los combustibles, además de recomendar un incremento
común, con la finalidad de no competir entre las distintas
estaciones de servicio.
En efecto, de la transcripción de las actas de asamblea núm. 102 de
14 junio de 2008; 245 de 3 de agosto de ese año y 241 celebrada
los días 28 y 29 de noviembre de esa anualidad, para la Sala
resulta evidente que FENDIPETRÓLEO NACIONAL buscaba una
unificación de precio por parte de las estaciones de servicio, la cual
en todo momento debía ser al alza y coordinada.
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De ahí la importancia y la relevancia las actas traídas a colación
que, se insiste, contrario a lo afirmado por la apelante, sí guardan
estrecha relación con los hechos investigados, pues estas se
suscribieron con ocasión de las asambleas de FENDIPETRÓLEO
SECCIONAL DE BOYACÁ Y CASANARE a las que asistía el
presidente ejecutivo de FENDIPETRÓLEO NACIONAL, así como
las reuniones de su junta directiva, las cuales fueron celebradas
durante el período investigado, comprendido entre los años 2007 y
2009, tal y como lo determinó la SIC en la resolución sancionatoria.
Las pruebas en mención se refieren a unas reuniones de carácter
nacional en las que participaban la mayoría de empresas
agremiadas y que de manera directa muestran la ejecución de la
conducta aquí investigada.
Lo anterior representa una alteración a las normales condiciones del
mercado y, por lo tanto, una afectación a la libre competencia que
debe primar en el mismo.
Sobre el particular, cabe señalar que a la misma conclusión arribó
la Sala, en la mencionada sentencia de 16 de julio de 2015, frente
a los actos de influencia llevados a cabo por FENDIPETRÓLEO
SECCIONAL BOYACÁ Y CASANARE, en la que se consideró lo
siguiente:
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“[…]
La Superintendencia de Industria y Comercio para demostrar
la influencia que FENDIPETRÓLEO Seccional Boyacá y
Casanare ejerció sobre las estaciones de servicio
sancionadas para que en efecto incrementaran los precios y
no los rebajaran, se basó en pruebas constituidas por las
diferentes circulares, grabaciones y actas de asambleas y
juntas directivas de las agremiaciones involucradas.
Específicamente, sobre la conducta de la actora, los actos
acusados relacionaron los elementos probatorios, señalando
textualmente en lo pertinente su contenido, los cuales
demostraron a la entidad demandada, que efectivamente
hubo una influencia por parte de la Seccional sobre varias
estaciones de servicio de Duitama, direccionada a intervenir
en la formación de los precios al público de la gasolina
corriente y el ACPM.
Dichos elementos de prueba, relacionados en los actos
administrativos acusados, cuya existencia y contenido no fue
objetado por la actora, son los siguientes:
[…]
Del acervo probatorio recaudado por la entidad demandada,
la Sala establece, sin lugar a dudas, que en efecto, existe
responsabilidad de FENDIPETRÓLEO SECCIONAL BOYACÁ Y
CASANARE, por ejercer influencia durante los años 2007 a
2009 para la determinación de los precios de gasolina
corriente y ACPM por parte de algunas estaciones de servicio
ubicadas en el Municipio de Duitama, que incurrieron en un
acuerdo anticompetitivo en la modalidad de práctica
conscientemente paralela.
En efecto, del material probatorio acopiado por la
Superintendencia de Industria y Comercio, se puede
inferir que está demostrado que efectivamente la
actora trató de influenciar, con el objeto de intervenir
en la formación de los precios al público de la gasolina
corriente y el ACPM, y lo hizo sobre varias estaciones
de servicio del Municipio de Duitama, a través de las
circulares, que según testimonios, se distribuían mes
a mes, por medio de las cuales se sugería el precio y
se alentaba para no reducirlo, lo cual se realizó de
manera continuada en el tiempo y también se utilizó
el correo electrónico. Además, existen grabaciones
magnetofónicas que así lo corroboran; no se advierte,
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que tuvieran una función meramente informativa,
como lo aduce la actora.
Lo anterior es corroborado por las actuaciones de los
entes de la administración, como son la Asamblea
General y la Junta Directiva, desde el año 2006, en
cuyas reuniones los márgenes de comercialización
eran temas prioritarios e incluso, se delegó a uno de
sus miembros para que se lograran consensos entre
las estaciones de servicios para incrementar de
manera coordinada los precios de venta.
A lo anterior se suma el hecho de que se tenía conocimiento
acerca de las prohibiciones legales relacionadas con los
monopolios, y se sabía de una sanción anterior que por los
mismos hechos fue impuesta a otra Seccional, por lo cual,
además se propuso hacer la sugerencia de precios sin que se
dijera que fue Fendipetróleo; de manera que pese a conocer
las consecuencias de su actuación no hubo intención de
modificarla, sino más bien de cambiar la estrategia para que
la Asociación no se viera involucrada.
Y como ya se observó, Fendipetróleo a través de sus
Directivas trató de influenciar a otros distribuidores
nuevos y no agremiados para que desistieran de fijar
un margen inferior.
Lo anterior representa una alteración a las normales
condiciones del mercado y, por lo tanto, una
afectación a la libre competencia que debe primar en
el mismo. […]” (Destacado fuera de texto).
Ahora, frente a la prueba relacionada con la comunicación enviada
por la actora a la vicepresidente comercial de la Organización Terpel
S.A., la Sala considera que le asistió razón al a quo al estimar que
compartía el análisis efectuado por la SIC en los actos acusados,
comoquiera que dicho documento no sirvió de sustento para la
imposición de la sanción, sino que simplemente se trató de un
argumento complementario para dar a conocer la preocupación de
FENDIPETROLEO NACIONAL en los precios bajos del galón de
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gasolina en Boyacá, como en efecto lo precisó en las resoluciones
núms. 71794 de 2011 y 11651 de 2012, acusadas, de la
siguiente manera:
.- Resolución núm. 71794 de 2011:
“[…] Las siguientes dos pruebas, hacen referencia a las
preocupaciones de la Federación por los "bajos
precios" ofrecidos por algunas estaciones de servicio.
• Comunicación enviada por Fendipetróleo Nacional vía
correo electrónico a la Vicepresidente Comercial de la
Organización Terpel S.A., replicada a cada una de las
Seccionales a través de ese mismo medio […]".
(Destacado fuera de texto).
.- Resolución núm. 11651 de 2012:
“[…] No es desconocido por esta Superintendencia el
hecho de que la comunicación a la que hace referencia
el Recurrente es posterior al periodo en el cual se
presentó el paralelismo en los precios y es por eso
mismo que en el Acto recurrido se afirma que
resultaba "(...) evidente la tendencia de
FENDIPETRÓLEO a tratar temas relacionados con la
disminución de los márgenes de comercialización de
los combustibles a nivel nacional, incluso en
Seccionales como la de Bogotá, en las que para la
época del referido correo electrónico existía la libertad
vigilada de precios".
Es decir, la prueba en mención demuestra que tal como
ya se observaba en la intervención de
FENDIPETRÓLEO en la asamblea de la SECCIONAL
BOYACÁ Y CASANARE, existía por parte de la primera
una tendencia a participar en la formación de precios
de sus asociadas y a desestimular la competencia en
el sector. Se trata, entonces, de evidencia que
complementa la estructuración de la conducta
sancionada. […]” (Destacado fuera de texto).
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Así las cosas, la Sala considera que el cargo propuesto por la
recurrente no tiene vocación de prosperidad, comoquiera que por
medio de los elementos materiales probatorios recaudados durante
el trámite administrativo fue que pudo determinar que la actora
había incurrido en la conducta anticompetitiva prevista en el
artículo 48, numeral 2, del Decreto 2153, consistente en influenciar
a una empresa para que incremente los precios de sus productos o
servicios o para que desista de sus intenciones de rebajar los
precios, es decir, que existió un paralelismo de precios no
justificados en los productos de gasolina corriente y ACPM en el
municipio de Duitama, como consecuencia de la influencia ejercida
por FENDIPETRÓLEO NACIONAL sobre las estaciones de servicio
agremiadas.
Por último, cabe señalar que la actora también sustentó el cargo de
indebida valoración probatoria con base en una supuesta falta de
motivación de los actos acusados; sin embargo, la Sala no se
pronunciará al respecto, toda vez que tal planteamiento sólo fue
aducido en el recurso de apelación, lo que constituye un nuevo
argumento o cargo contra las resoluciones demandadas, que no fue
invocado en la demanda o su reforma ni hace parte del problema
jurídico fijado por el a quo, situación que a todas luces es
improcedente, como quedó visto en acápites anteriores.
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V.2.3.- De la procedencia del estudio de fondo de los
alegatos de conclusión presentados por la actora, en la
sentencia de primera instancia.
De conformidad con lo previsto en los artículos 181, último inciso 23,
18224 y 182A25 del CPACA, los alegatos de conclusión constituyen la
oportunidad que tienen las partes en un proceso para presentar sus
últimas argumentaciones, antes de que el juez profiera la
sentencia.
23
“[…] ARTÍCULO 181. Audiencia de pruebas. En la fecha y hora señaladas para el efecto y con la
dirección del Juez o Magistrado Ponente, se recaudarán todas las pruebas oportunamente solicitadas
y decretadas. La audiencia se realizará sin interrupción durante los días consecutivos que sean
necesarios, sin que la duración de esta pueda exceder de quince (15) días.
[…]
En esta misma audiencia el juez y al momento de finalizarla, señalará fecha y hora para la audiencia
de alegaciones y juzgamiento, que deberá llevarse a cabo en un término no mayor a veinte (20) días,
sin perjuicio de que por considerarla innecesaria ordene la presentación por escrito de los alegatos
dentro de los diez (10) días siguientes, caso en el cual dictará sentencia en el término de veinte (20)
días siguientes al vencimiento de aquel concedido para presentar alegatos. En las mismas
oportunidades señaladas para alegar podrá el Ministerio Público presentar el concepto si a bien lo
tiene […]” (Destacado fuera de texto).
24
“[…] ARTÍCULO 182. Audiencia de alegaciones y juzgamiento. Sin perjuicio de lo dispuesto en
el inciso final del artículo anterior, esta audiencia deberá realizarse ante el juez, sala, sección o
subsección correspondiente y en ella se observarán las siguientes reglas:
1. En la fecha y hora señalados se oirán los alegatos, primero al demandante, seguidamente a tos
terceros de la parte activa cuando los hubiere, luego al demandado y finalmente a los terceros de la
parte pasiva si los hubiere, hasta por veinte (20) minutos a cada uno. También se oirá al Ministerio
Público cuando este a bien lo tenga. El juez podrá interrogar a los intervinientes sobre lo planteado en
los alegatos.
2. Inmediatamente, el juzgador dictará sentencia oral, de no ser posible, informará el sentido de la
sentencia en forma oral, aún en el evento en que las partes se hayan retirado de la audiencia y la
consignará por escrito dentro de los diez (10) días siguientes.
3. Cuando no fuere posible indicar el sentido de la sentencia la proferirá por escrito dentro de los
treinta (30) días siguientes. En la audiencia el Juez o Magistrado Ponente dejará constancia del
motivo por el cual no es posible indicar el sentido de la decisión en ese momento […]”.
25
“[…] ARTÍCULO 182A. Sentencia anticipada. Se podrá dictar sentencia anticipada:
[…]
Cumplido lo anterior, se correrá traslado para alegar en la forma prevista en el inciso final del
artículo 181 de este código y la sentencia se expedirá por escrito.”
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La Sala precisa que los alegatos de conclusión no constituyen una
actuación aislada dentro del proceso, en la medida en que las
partes sólo pueden manifestar en ellos los argumentos que les
resulte pertinentes, siempre y cuando guarden relación con los
puntos controvertidos del acto acusado, previamente planteados en
la demanda inicial, adición, reforma o contestación de la misma, sin
que sea legalmente posible introducir nuevos cargos o
razonamientos que impliquen un nuevo concepto de violación que
desborde la fijación del litigio.
Cabe señalar que así lo ha señalado esta Corporación en varias
oportunidades, entre ellas, en la sentencia de 28 de octubre de
202126, en la que consideró, lo siguiente:
“[…] No hay lugar a analizar los alegatos de conclusión que
sobrepasan el concepto de violación inicial, so pena de
quebrantar el debido proceso con la alteración del único
fin legalmente asignado a la etapa de alegaciones, y el
derecho de defensa de la parte demandada, cuya
oposición se estructuró frente al texto mismo de la demanda
[…]”. (Destacado fuera de texto).
La Sala debe enfatizar en que los alegatos de conclusión no
constituyen una oportunidad en la que se permita formular nuevas
pretensiones, hechos o cambios en el concepto de la violación,
26
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta. Sentencia de 28 de
octubre de 2021, C.P. Stella Jeannette Carvajal Basto núm. único de radicación. 11001-03-27-000-
2018-00041-00.
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puesto que la demanda y su reforma son las únicas oportunidades
procesales previstas para ello. Presentar nuevos cargos en los
alegatos de conclusión viola el debido proceso y el derecho de
defensa de la parte demandada, ya que esta no tendría oportunidad
de pronunciarse sobre los mismos.
Así las cosas, la Sala considera que le asistió razón al Tribunal en
no estudiar los alegatos de conclusión presentados por la actora,
comoquiera que en ellos se formularon nuevos cargos y
argumentos que no fueron propuestos en el escrito inicial de
demanda o su reforma, específicamente en lo relacionado con: i) la
aplicación del concepto de responsabilidad objetiva; y ii) que la SIC
no estaba facultada para imponer sanciones a las estaciones de
servicio debido a que, en la época de la investigación, la
demandada no tenía dichas facultades por la imposibilidad de
determinar el precio exacto de la gasolina corriente motor y ACPM.
En este orden de ideas, acertó el a quo al no proceder con el
estudio de dichos cargos, cuando estos ni siquiera fueron
formulados inicialmente en la demanda o su reforma o hicieron
parte de la fijación del litigio, pues de hacerlo, se estaría violando el
derecho al debido proceso de la parte demandada, quien no hubiera
tenido la oportunidad de ejercer el derecho de contradicción frente
a aquellos argumentos.
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Por lo tanto, la Sala concluye que la decisión del Tribunal de no
abordar el estudio de esos nuevos conceptos de violación,
plasmados en los alegatos de conclusión, se encontró ajustada a
derecho.
En consecuencia, se confirmará la sentencia apelada, al no
encontrarse desvirtuada la presunción de legalidad que ampara los
actos administrativos acusados.
COSTAS PROCESALES EN SEGUNDA INSTANCIA
Las costas según el artículo 361 del CGP se componen por “la
totalidad de las expensas y gastos sufragados durante el curso
del proceso27 y por las agencias en derecho28“.
De conformidad con lo previsto en el artículo 18829 del CPACA en
armonía con el numeral 8 del artículo 365 del CGP30, esto es, en
27
“[…] Las expensas son las erogaciones distintas al pago de los honorarios del abogado, tales como
el valor de las notificaciones, los honorarios de los peritos, los impuestos de timbre, copias, registros,
pólizas, etc. […]”. Corte Constitucional. Sentencia C-043/04. M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
28
“[…] Las agencias en derecho corresponden a los gastos por concepto de apoderamiento dentro
del proceso, que el juez reconoce discrecionalmente a favor de la parte vencedora atendiendo a
los criterios sentados en el numeral 3° del artículo 393 del C.P.C., y que no necesariamente deben
corresponder a los honorarios pagados por dicha parte a su abogado […]”. Corte Constitucional.
Sentencia C-043/04. M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
29
“[…] ARTÍCULO 188. CONDENA EN COSTAS. Salvo en los procesos en que se ventile un interés
público, LA SENTENCIA DISPONDRÁ sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se
regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil.
<Inciso adicionado por el artículo 47 de la Ley 2080 de 2021. El nuevo texto es el
siguiente:> En todo caso, LA SENTENCIA DISPONDRÁ sobre la condena en costas cuando se
establezca que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal […]”
30
El artículo 365, numeral 8, del CGP dispone: “ […] Solo habrá lugar a costas cuando en el
expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación […]”.
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Número único de radicación: 15001-23-33-000-2013-00225-01.
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FENDIPETRÓLEO NACIONAL
aplicación de un criterio objetivo valorativo31, corresponde a la
Sala examinar si hay lugar a condenar en costas a la parte a la que
se le resolvió desfavorablemente el recurso de apelación, en los
términos de los numerales 1°, 2°, 3° y 432 del artículo 365 ibidem,
habida cuenta de la decisión que aquí se profiere.
Al respecto se tiene que, en esta instancia, y según las reglas
previstas en el artículo 365 del CGP la Sala no condenará en
costas procesales en el componente de agencias en derecho ni
expensas por no encontrarse probadas.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
F A L L A:
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia apelada.
31
Se califica como criterio objetivo-valorativo bajo el entendido que es objetivo, en cuanto
prescribe que en toda sentencia se dispondrá sobre la condena en costas, según las reglas del CGP;
y, valorativo, en cuanto se requiere que el juez revise si ellas se causaron y en la medida de su
comprobación. Esto indica que el juez contencioso administrativo, según la situación que encuentre
probada y atendiendo al resultado de la actuación procesal que define, está en la posibilidad de
condenar en costas de manera total o parcial, o incluso abstenerse de su fijación, bien porque lo
autoriza la ley o porque no aparecen comprobadas.
32
“ARTÍCULO 365. CONDENA EN COSTAS. En los procesos y en las actuaciones posteriores a
aquellos en que haya controversia la condena en costas se sujetará a las siguientes reglas:
1. Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva
desfavorablemente el recurso de apelación, casación, queja, súplica, anulación o revisión que
haya propuesto. Además, en los casos especiales previstos en este código.
2. La condena se hará en sentencia o auto que resuelva la actuación que dio lugar a aquella.
3. En la providencia del superior que confirme en todas sus partes la de primera instancia se
condenará al recurrente en las costas de la segunda.
4. Cuando la sentencia de segunda instancia revoque totalmente la del inferior, la parte vencida
será condenada a pagar las costas de ambas instancias” […]”.
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Número único de radicación: 15001-23-33-000-2013-00225-01.
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FENDIPETRÓLEO NACIONAL
SEGUNDO: NO CONDENAR en costas, en esta instancia, por lo
expuesto en la parte motiva de esta providencia.
TERCERO: Una vez ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER el
expediente al Tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída,
discutida y aprobada por la Sala en la sesión del día 3 de julio de
2026.
PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Presidente
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.
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