Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 05001-23-33-000-2015-00898-01
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 05001-23-33-000-2015-00898-01
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 05001-23-33-000-2015-00898-01
Consejero ponente: Carlos Fernando Mantilla Navarro
17 de septiembre de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
CONSEJERO PONENTE: CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Bogotá D.C., diecisiete (17) de septiembre del dos mil veintiséis (2026)
Radicado: 05001-23-33-000-2015-00898-01
Demandante: Zandor Capital S.A. Colombia (Gran Colombia Gold Segovia
Sucursal Colombia)
Demandados: Empresas Públicas de Medellín E.S.P. y Superintendencia de
Servicios Públicos Domiciliarios
Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho
Tema: Cargo novedoso en el recurso de apelación y reparos sobre la
valoración probatoria efectuada por el juez de primera instancia
Decisión: Confirma la sentencia de primera instancia que negó las
pretensiones de la demanda, declara no probada la excepción de
inepta demanda pendiente de resolución y se abstiene de condenar
en costas
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la
sentencia proferida el 20 de octubre de 2021 por el Tribunal Administrativo de Antioquia,
mediante la cual se negaron las pretensiones de la demanda.
I. ANTECEDENTES
1.1. La demanda
En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el
artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo (en adelante CPACA), la sociedad Zandor Capital S.A. Colombia, a través
de apoderado judicial, demandó a Empresas Públicas de Medellín E.S.P (en adelante
EPM) y a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (en adelante SSPD),
con el objeto de que se accediera a las siguientes pretensiones1:
1.1.1. Pretensiones
PRIMERA: Que se declare la nulidad del Acto Administrativo No. 0156SE-
2014044902, expedido por EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN E.S.P.
1El expediente se encuentra digitalizado en el índice 02 del SAMAI.
Radicado: 05001-23-33-000-2015-00898-01
Demandante: Zandor Capital S.A. Colombia
Demandados: Empresas Públicas de Medellín E.S.P. y otro
SEGUNDA: Que se declare la nulidad del Acto Administrativo No. 0156AE-
2014059871 expedido por EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN E.S.P.,
mediante el cual se resuelve un recurso de reposición.
TERCERA: Que se declare la nulidad del Acto Administrativo No. SSPD –
20148300034745, resolución expedida por la SUPERINTENDENCIA DE
SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS, mediante el cual se resuelve un
recurso de apelación.
CUARTA: Que como consecuencia de las anteriores declaraciones se declare que
la sociedad ZANDOR CAPITAL S.A. COLOMBIA no tiene la calidad de “usuario”
frente a los contratos de suministro de energía eléctrica suscritos entre las
EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN E.S.P. y los invasores y perturbadores
del título minero RPP-140 o R140011, así como frente a los invasores de los
predios de propiedad de la sociedad demandante.
QUINTA: Que se ordene a las EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN E.S.P.
proceder al corte del servicio y terminación de los contratos de suministro de
energía eléctrica suscritos con los mineros ilegales, que estén localizados en, o
cerca de, las coordenadas correspondientes con los noventa y cuatro (94)
Amparos Administrativos presentados por la sociedad DEMANDANTE ante la
Agencia Nacional de Minería y dentro del título minero RPP-140 o R140011; por
adolecer de causa ilícita.
SEXTA: Que se declaren responsables las entidades demandadas por los daños
sufridos por la demandante, en virtud de los Actos Administrativos expedidos por
estas autoridades.
SÉPTIMA. Que se condene a las entidades demandadas al pago los perjuicios que
resulten probados en el proceso, por concepto del daño emergente y lucro cesante
generado a la demandante, en virtud de la no terminación y desconconexión (sic)
de los contratos de suministro de energía eléctrica de los perturbadores del título
minero R140011 o RPP-140.
OCTAVA. Que se condene en costas y en agencias en derecho a las entidades
demandadas.
1.1.2. Los actos acusados
A continuación, se transcriben apartes de los actos acusados:
1.1.2.1. Acto Administrativo núm. 0156SE-2014044902 expedido por EPM
Medellín, 8 Mayo de 2014.
Señora 0156SE-2014044902
CAROLINA HERNANDEZ C.
Representante Legal
ZANDOR CAPITAL S.A. COLOMBIA
Cra. 10° Nro. 97 A — 13 Torre A Oficina 406 Bogotá D.C.
Calle 4 Sur No. 432 - 195 Oficina 230B Medellín
Medellín, Antioquia
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (60-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
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Radicado: 05001-23-33-000-2015-00898-01
Demandante: Zandor Capital S.A. Colombia
Demandados: Empresas Públicas de Medellín E.S.P. y otro
Respetada Señora Carolina,
Asunto: Derecho de Petición recibido en EPM el 4 de abril de 2014, radicado
internamente con el número 2014054705. Desconexión de contadores y usuarios
ubicados en inmuebles o títulos mineros de Zandor Capital S.A. Colombia
En atención al derecho de petición del asunto, dentro del término anunciado en la
comunicación del 25 de abril de 2014 (Radicado EPM 2014039923), se procede a
dar respuesta a ella, en los términos que a continuación se señalan.
[…] no existe una causal legal o contractual que le faculte a EPM para acceder a
su solicitud de desconectar todos los contadores y usuarios que se encuentren
dentro de los inmuebles o títulos mineros de la compañía que usted representa, no
obstante que, según lo manifestado en el escrito de petición, actualmente
adelantan procesos de amparo administrativo tendientes a cesar la perturbación
del título minero.
Así las cosas, dado que en las causales (legales y contractuales) de terminación
del contrato del servicio de energía no se incluye la circunstancia que usted
argumenta, su petición no puede ser atendida favorablemente a menos que exista
una orden de autoridad competente que así lo determine.
[…]
1.1.2.2. Acto Administrativo núm. 0156AE-2014059871 expedido por EPM
Medellín, 17 de Junio de 2014.
Señora 0156AE-2014059871
CAROLINA HERNANDEZ C.
Representante Legal
ZANDOR CAPITAL S.A. COLOMBIA
Cra. 10° Nro. 97 A — 13 Torre A Oficina 406 Bogotá D.C.
ZANDOR CAPITAL S.A. COLOMBIA
Calle 4 Sur No, 43A 195 Oficina 230B - Cra.10* N 97 A—13 Torre A Ofi. 406 Bogotá
D.C.
Medellín, Antioquia
Asunto: Respuesta al recurso de reposición y en subsidio el de apelación contra la
decisión PQR-428785-W3P6-A o 0156SE-2014044902
En consideración a los recursos s interpuestos contra la decisión contenida en la
respuesta a la petición que se cita en el asunto, se procede a atender el recurso
de reposición en los términos que a continuación se señalan.
[…]
Por tanto, no compete a EPM entrar a realizar juicios respecto a la actividad
realizada en el inmueble en la que se presta el servicio de energía y con base en
ello determinar la calidad de usuario requerida para la prestación del servicio, en
cuanto a que está obligada a su prestación una vez se cumplan los requisitos
definidos en la normatividad y en el contrato de condiciones uniformes.
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Radicado: 05001-23-33-000-2015-00898-01
Demandante: Zandor Capital S.A. Colombia
Demandados: Empresas Públicas de Medellín E.S.P. y otro
De otro lado, si bien el artículo 141 de la Ley 142 de 1994 que se cita en el escrito
del recurso le permite a la empresa prestadora tener por resuelto el contrato y
proceder al corte del servicio por la afectación grave a terceros, también dispone
que en las condiciones uniformes se precisarán las causales de incumplimiento
que dan lugar a tener por resuelto el contrato. Precisamente lo expuesto en el
recurso, afectación grave a terceros, no está contemplado como causal de
terminación: del contrato y no podría incluirse como tal, por ser su declaración de
competencia de diferentes autoridades y no de EPM como empresa prestadora del
servicio.
En consecuencia, EPM confirma la decisión administrativa PQR-428785-W3P6-A
o 0156SE-2014044902 e informa que no puede acceder a la solicitud de
terminación de los contratos de prestación del servicio de energía a los que se
hace alusión en su recurso, ante la posibilidad de existir un tercero afectado y, en
consecuencia, hasta tanto una autoridad competente no ordene la terminación del
contrato y como consecuencia el corte del servicio.
[…]
1.1.2.3. Acto Administrativo No. SSPD – 20148300034745, Resolución
expedida por la SSPD
RESOLUCIÓN No. SSPD - 20148300034745 DEL 10/09/2014
Expediente No. 2014830390102007E
Por la cual
Se decide un Recurso de Apelación
EL DIRECTOR TERRITORIAL OCCIDENTE
De la Superintendencia de Servicios Públicos en ejercicio de sus facultades y, en
especial de las que le confiere el artículo 79 numeral 29, artículos 154 y 159 de la
Ley 142 de 1994, modificada por la Ley 689 de 2001 y el artículo 20 numerales 18
y 19 del Decreto 990 de 2002, Resolución SSPD No. 0021 de 2005, modificada
por la Resolución No. 201250000027085 del 30 de agosto de 2012; la Ley 1437
de 2011; y con fundamento en los siguientes
CONSIDERANDO QUE
Mediante escrito N° 2014088251 del 29 de mayo de 2014, la señora LUISA
FERNANDA MASSO HERRERA, en calidad de representante legal de ZANDOR
CAPITAL S.A. COLOMBIA, interpuso recurso de reposición y en subsidio de
apelación contra la decisión N° 0156SE- 2014044902 del 08 de mayo de 2014,
proferida por EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN E.S.P., identificada con NIT
890.904.996-1, relacionada con NEGACIÓN DESCONEXIÓN DEL SERVICIO DE
ENERGÍA, a la matrícula inmobiliaria N° 027-0000050, correspondiente al predio
ubicado en la Hacienda Marmajon, del municipio de Remedios, Antioquia.
La empresa, mediante decisión N° 0156SE — 2014059871 del 17 de junio de 2014,
resolvió el recurso de reposición y concedió el recurso de apelación para ante esta
Superintendencia, en consecuencia, procedió a remitir el respectivo expediente, el
cual fue radicado bajo el N* 2014- 830-008546-2 del 15 de julio de 2014.
[…]
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En este contexto, frente a la desvinculación del servicio público de energía,
actuación inherente a los derechos del suscriptor y/o usuario del servicio, antes
puestos de presente, se tiene que, el artículo 137 de la Ley 142 de 1994, ibidem
faculta al usuario para que en los casos de falla en la prestación del servicio pueda
solicitar la resolución del contrato. Por su parte, el artículo 138 ibidem dispone que
el contrato no sólo puede suspenderse, sino también terminarse de mutuo acuerdo
por solicitud de un suscriptor o usuario si en ello conviene la empresa, y los
terceros afectados. Cabe destacar que el término tercero no se refiere al
propietario, quien tiene la condición de parte.
De lo anterior, debe concluirse que la terminación del contrato puede ser solicitada
por quien ostente la calidad de usuario, suscriptor o propietario. Y, por otra parte,
que los contratos de servicios públicos se darán por terminados por las causales
previstas en el artículo 141 de la ley 142 de 1994, y en el contrato de condiciones
uniformes, cuando se cumple con la observancia de los requisitos previstos en
estos últimos.
En consecuencia, como la empresa ha negado la desvinculación del servicio, con
el argumento que no existe causal para solicitarse la terminación de los contratos
suscritos, el Despacho procede a confrontar los argumentos de la empresa, con
las normas que regulan la materia, antes puestas de presente, y se obtiene que si
bien es cierto que no es procedente ni legal la argumentación de la empresa para
negar la pretensión de terminación del contrato del servicio público de energía
pretendida por el propietario de un predio; también es cierto que lo resuelto de no
accederse a la pretensión es procedente y debe ser confirmada, pero ello porque
la peticionaria no ha demostrado que para radicar la pretensión haya dado
cumplimiento a los requisitos expuestos en el artículo 137 (sic) de la Ley 142 de
1994, cuando no allega prueba sumaria que en la desvinculación del servicio y
terminación del contrato convienen los terceros que pueden verse afectados.
[…]
RESUELVE
ARTICULO PRIMERO. - CONFIRMAR la decisión N 0156SE-2014044902 del 08
de mayo de 2014, proferida por EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN E.S.P., de
conformidad con la parte motiva de la presente resolución.
[…]
1.1.3. Fundamentos de hecho
La demandante expuso que es propietaria del título minero RPP-140 o R140011 ubicado
en los municipios de Segovia y Remedios, y que en virtud de ese título es propietaria del
subsuelo delimitado por el área registrada en el Registro Minero Nacional. Explicó que
ese derecho proviene del reconocimiento de propiedad privada solicitado en su momento
por Frontino Gold Mines Ltd. conforme a la Ley 20 de 1969, reconocido por el Ministerio
de Minas y Energía, y, posteriormente, cedido a la sociedad demandante. Agregó que
explota el título directamente y a través de 26 contratos de operación con terceros
habilitados y autorizados por ella.
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Indicó que, en ejercicio de ese derecho y en desarrollo de su operación minera, solicitó a
Empresas Públicas de Medellín E.S.P. la viabilidad de un punto de conexión eléctrica de
la mina Providencia, que se encuentra dentro del título y está ubicada en el predio
identificado con la matrícula inmobiliaria 027-0000050, denominado Hacienda Marmajón,
en el Municipio de Remedios, también de su propiedad.
Sostuvo que, en respuesta a esa solicitud, EPM le informó, mediante comunicación con
radicado núm. 2014026325 de 17 de marzo de 2014, que no se podía dar viabilidad al
punto de conexión de la mina Providencia, por cuanto dentro del predio donde se
desarrollaría el proyecto existe un transformador con dos instalaciones, una a nombre de
Mario Darío Zapata, ruta 502700, y otra a nombre de Mina La Platina, Luis Alfonso
Granda, ruta 882035, las cuales presentaban deudas pendientes, de modo que "para
otorgar el punto de conexión para el nuevo servicio es necesario que se pongan al día o
realicen las respectivas financiaciones".
La demandante afirmó que, como esas instalaciones eléctricas corresponden a minas
ilegales que no hacen parte de su proyecto minero y no están autorizadas por ella, quedó
de manifiesto que EPM suministra energía eléctrica a varias minas ilegales ubicadas al
interior del título minero y dentro de predios de su propiedad.
Ante esa circunstancia presentó una solicitud en ejercicio del derecho de petición ante
EPM, con radicado núm. 2014054705, el 4 de marzo de 20142, en la que advirtió que
dichas instalaciones fueron realizadas sin autorización de la compañía y que la empresa
suministra energía eléctrica a minas ilegales que operan dentro del título RPP-140 y en
predios de su propiedad. Precisó que en el mismo escrito solicitó desconectar todos los
contadores y usuarios que se encuentren dentro de los inmuebles o títulos mineros de su
propiedad que no demuestren tener contrato de arrendamiento, de operación minera o
algún otro título habilitante con el cual acrediten su presencia.
Aclaró a la entidad que el amparo administrativo es la figura legal diseñada por el
legislador para proteger los intereses del beneficiario de un título minero perturbado por
mineros ilegales, que solo respecto del título RPP-140 se encuentran interpuestos 94
amparos administrativos ante la Agencia Nacional de Minería, según la lista que adjuntó
con las coordenadas planas y geográficas de cada uno dentro de los municipios de
Segovia y Remedios, y que respecto de todos ellos solicitó la desconexión.
El 22 de mayo de 2014 recibió respuesta mediante el acto administrativo con radicado
núm. 0156SE-2014044902, en el cual EPM accedió a la conexión del punto de energía
solicitado para la mina Providencia y negó la desconexión de los contadores, por
considerar que no existe causal legal ni contractual que la faculte para ello y que la
petición no podía atenderse a menos que existiera orden de la autoridad competente.
Como consecuencia de esa negativa, presentó ante la misma entidad recursos de
reposición y, en subsidio, de apelación, radicados el 29 de mayo de 2014 con el núm.
2014088251, sustentado en el artículo 141 de la Ley 142 de 1994, para sostener que la
compañía está siendo afectada gravemente por la prestación del servicio de energía a
quienes ilícitamente perturban su propiedad minera y civil. Precisó que detalló allí los
perjuicios que se le venían generando y que solicitó reponer la decisión y ordenar la
2 La demandante indicó en la demanda que el derecho de petición se presentó el 4 de marzo de 2014. No
obstante, el escrito obrante en el expediente y los actos que lo resolvieron lo fechan el 4 de abril de 2014.
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terminación de todos los contratos de prestación del servicio celebrados con terceros
cuyos puntos de conexión se encuentren sin título habilitante y estén localizados en, o
cerca de, los puntos definidos como amparos administrativos.
Mediante aviso recibido el 1° de junio de 2014 le fue notificado el acto administrativo con
radicado núm. 0156AE-2014059871, en el que se negaron las solicitudes elevadas en el
recurso y se dio traslado de la apelación a la Superintendencia de Servicios Públicos
Domiciliarios.
El 25 de septiembre de 2014 recibió notificación por aviso de la Resolución núm. SSPD-
20148300034745 de 10 de septiembre de 2014, mediante la cual se resolvió el recurso
de apelación y se confirmó la decisión núm. 0156SE-2014044902, al no haber
demostrado que en la desvinculación del servicio y en la terminación del contrato
convienen los terceros que pueden verse afectados.
1.1.4. Normas violadas y concepto de violación
La demandante desarrolló sus fundamentos de derecho en un capítulo que denominó
"CIRCUNSTANCIAS DE DERECHO EN QUE SE FUNDAMENTAN LAS PETICIONES",
en el que señaló como vulnerado el artículo 130 de la Ley 142 de 1994, en concordancia
con la definición de usuario del numeral 33 del artículo 14 de la misma ley, y expuso tres
apartados referidos a la calidad de usuario que se le atribuye, al mínimo vital de energía
y a los perjuicios generados por la celebración de los contratos de suministro a minas
ilegales.
En el primer apartado sostuvo que las demandadas le atribuyeron a la sociedad ZANDOR
CAPITAL S.A. COLOMBIA el carácter de usuaria de los contratos de suministro suscritos
con los mineros ilegales por encontrarse los contadores en predios de su propiedad.
Explicó que la Corte Constitucional, en la sentencia C-493 de 1997, declaró ajustado a la
Carta el inciso segundo del artículo 130, pero lo hizo bajo el entendido de que el
propietario se beneficia con la prestación del servicio, en tanto se valoriza su inmueble y
lo hace apto para incorporarse al tráfico jurídico, supuesto en el que el usuario no
propietario tiene con el propietario una relación jurídica de arrendamiento, usufructo o
cualquier otro título.
Argumentó que ese no es su caso, pues se ve perjudicada con la suscripción, y que no
puede admitirse que el usuario no propietario sea "una persona que de manera ilegal y
actuando en contra de la voluntad e intereses del propietario, haga 'uso' de la propiedad
de aquel, perjudicándolo bajo todo punto de vista", máxime cuando manifestó su
oposición expresa a las conexiones y denunció la perturbación. Concluyó que debía
declararse que no tiene la calidad de usuaria frente a los contratos correspondientes a
los 94 amparos administrativos ni frente a los demás derivados de invasiones en sus
predios y que, en consecuencia, no podría ser declarada solidariamente responsable del
pago de las obligaciones económicas derivadas de ellos.
En el segundo apartado cuestionó la referencia al mínimo vital de energía contenida en
el acto por el cual EPM resolvió la reposición, en el que se invocó la sentencia C-636 de
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2000 de la Corte Constitucional sobre la condición de usuario como situación material u
objetiva.
Indicó que las conexiones a las que se opuso correspondían a 94 puntos del título minero
R140011 con perturbaciones por minería ilegal, no a viviendas ni a conexiones familiares,
de modo que la energía se utiliza como insumo para desplegar la actividad ilegal y no
para garantizar el mínimo vital, razón por la cual esa consideración no resulta
jurídicamente aplicable.
Manifestó su desacuerdo con la afirmación de EPM según la cual no le compete realizar
juicios sobre la actividad desarrollada en el inmueble donde se presta el servicio; pues
argumentó que las autoridades y el juez administrativo sí pueden valorar la conducta de
los usuarios y el uso que dan a la energía, y exigir a la empresa el corte del servicio y la
terminación del contrato cuando esas conductas resulten contrarias al ordenamiento.
Agregó que a EPM le bastaría con exigir a quien solicita el servicio la exhibición de título
minero debidamente registrado o de contrato con el titular minero, y así contribuir al
mantenimiento de la legalidad en lugar de propiciar la cadena de ilegalidad que genera
el suministro. Añadió que la minería no autorizada por el beneficiario del título constituye
las conductas punibles de los artículos 239 y 338 del Código Penal, y que las entidades
que, informadas de la ilegalidad, persisten en suministrar el fluido eléctrico se convierten
en partícipes de ellas.
En el tercer apartado se refirió a los perjuicios que le genera la actividad minera ilegal
desarrollada dentro de su título. Señaló que esa actividad afecta la seguridad física, por
ser una de las fuentes de mayores beneficios económicos para los grupos al margen de
la ley asentados en las zonas de explotación y un factor determinante en el alza de los
índices de criminalidad, con referencia al estudio de la Fundación Ideas Para la Paz sobre
la tasa de homicidios en el nordeste antioqueño.
Señaló que esa actividad compromete el sostenimiento de sus minas, porque las
explotaciones ilegales no cumplen los parámetros mínimos de planeación minera, de
seguridad industrial ni de protocolo de voladuras; generan fenómenos de subsidencia del
suelo y, en ocasiones, conllevan a la apertura de túneles de acceso para hurtar mineral.
Precisó que esto produce daño al medio ambiente, pues la minería ilegal opera al margen
de la regulación y de las autoridades ambientales, con vertimiento de cianuro y mercurio
en niveles no permisibles.
Sostuvo que la magnitud de esos impactos ambientales justificaría, por sí sola, una acción
popular para la protección de los derechos colectivos de la comunidad a vivir en un medio
ambiente sano. Añadió que, ante la amenaza que representa esa actividad, ha
presentado las respectivas acciones de amparo administrativo ante la Agencia Nacional
de Minería, "siendo este el instrumento legal dispuesto por el legislador para proteger los
intereses del beneficiario de un título minero que está siendo perturbado por mineros
ilegales".
Por último, afirmó que la relación entre el suministro de energía eléctrica y la actividad de
minería ilegal "es de total necesidad", toda vez que la minería subterránea que se practica
en la región presenta altas cantidades de aguas subterráneas que exigen bombeo
permanente mediante motobomba, sin el cual la mina se inunda en cortos períodos e
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impide el acceso. Concluyó que la energía eléctrica se convierte en insumo vital para el
ejercicio de esa actividad y que la conexión suministrada a las minas ilegales dentro del
título la afecta gravemente.
1.2. Las contestaciones de la demanda
1.2.1. Empresas Públicas de Medellín
EPM3 contestó la demanda y al pronunciarse sobre los hechos aceptó haber respondido
la solicitud de punto de conexión manifestando la existencia del transformador, de las
conexiones y de las deudas pendientes, pero negó haber calificado la mina Providencia
como legalmente constituida, por no ser de su competencia determinar qué título es legal
y cuál no.
Manifestó que corresponde a la demandante probar que las minas a que alude son
ilegales, y advirtió una contradicción en lo afirmado por ella, pues si esas minas están
ubicadas al interior del título minero no podrían llamarse ilegales. Aceptó la presentación
del derecho de petición, su respuesta, la interposición de los recursos y el traslado a la
Superintendencia, y destacó que la propia demandante reconoce que EPM sí accedió a
la conexión del punto de energía solicitado.
Respecto de los argumentos con que la Superintendencia confirmó su decisión,
manifestó disentir de algunos, pues conforme a las normas y al contrato de condiciones
uniformes no existía ninguna causal legal para retirar el servicio, y además la solicitud de
retiro no provino de quien es parte en esos contratos.
EPM se opuso a todas las pretensiones. Respecto de aquella dirigida a que se declarara
que no tiene la calidad de usuaria, adujo que la demandante reconoce ser propietaria
tanto de la finca donde se encuentra su mina como del título minero bajo el cual están
cobijadas la suya y la de los supuestos invasores, de modo que hace parte del contrato
de condiciones uniformes y no puede calificarse como tercero.
Y frente a la pretensión de terminación de los contratos, sostuvo que no es dable darlos
por terminados si no se configuran las causales para ello, so pena de que sea EPM la
que corra con los riesgos de una terminación ilegal, y que además la demandante no es
la llamada a solicitar la terminación de unos contratos de los cuales no es parte.
La empresa propuso las siguientes excepciones:
• La de culpa exclusiva de la víctima, por haber sido el actuar negligente de la
demandante el que propició la invasión de quienes, según ella misma afirma, se
encuentran dentro de su predio y bajo su propio título minero; negligencia de la
que dan cuenta los 94 amparos administrativos que asegura tener instaurados.
• La de ausencia de nexo causal, por no ser su actuar ni su omisión el causante de
los perjuicios reclamados.
3 Visible en el índice 02 del SAMAI. Documento “5CUADERNO PRINCIPAL 1”, pág. 259 y ss.
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• La de legalidad en el actuar de EPM, por haberse limitado a otorgar el servicio tras
verificar que los solicitantes cumplían los requisitos de ley y del contrato de
condiciones uniformes, pues negar el servicio a quienes cumplían esos requisitos
sí habría sido ilegal.
• La de inepta demanda, por cuanto la demandante no solo pretende la nulidad de
los actos administrativos que le negaron lo solicitado, sino que pretende la
terminación de los contratos de condiciones uniformes celebrados con los
supuestos invasores, pretensión esta última que, a su juicio, escapa al pedimento
que podría hacer el actor, pues como él mismo lo dice no es usuario en dichos
contratos.
• La de falta de legitimación en la causa por activa, unida a la anterior, porque la
demandante no está legitimada para solicitar la terminación de unos contratos de
los que no hace parte.
• Y, finalmente, la genérica4.
Explicó que, conforme al artículo 129 de la Ley 142 de 1994, existe contrato para la
prestación del servicio desde que la empresa define las condiciones uniformes en las que
está dispuesta a prestarlo y el propietario, o quien utiliza un inmueble determinado,
solicita recibirlo allí.
Agregó que esa definición encuentra eco en el artículo 16 de la Resolución CREG 108
de 1997, según el cual cualquier persona que habite o utilice permanentemente un
inmueble a cualquier título tiene derecho a recibir el servicio al hacerse parte de un
contrato de servicios públicos. De allí concluyó que para ser usuario no se requiere la
calidad de propietario ni tener relación alguna con este, y en el mismo sentido invocó el
Concepto Unificado SSPD-OJU-2009-01 de la Superintendencia.
Sostuvo que, celebrado el contrato, la única opción para proceder al corte y a la
terminación es que se configure alguna de las causales señaladas en la ley y en el
contrato de condiciones uniformes, aprobado por el Decreto núm. 1993 de 2014, y que
de ellas solo podría resultar viable, en el caso analizado, la orden de autoridad
competente.
Adujo que no es de recibo el argumento sobre incumplimiento del contrato por afectación
grave a un tercero, porque la demandante no puede tener esa calidad al ser propietaria
del bien y del título minero, y porque tal causal no se encuentra en el contrato de
condiciones uniformes.
Agregó que la afectación alegada proviene de las invasiones y no de la prestación del
servicio, y que no le compete al prestador determinar la calidad del poseedor ni los
conflictos entre particulares.
4 En la audiencia inicial celebrada el 2 de noviembre de 2016, el juez de primera instancia dispuso que las
excepciones quedaban supeditadas para ser resueltas en la sentencia.
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Señaló, por último, que los demás argumentos de la demanda sobre el riesgo ambiental
y social trascienden lo jurídico y se salen de su competencia, máxime cuando las
empresas prestadoras deben regirse por los principios de neutralidad y buena fe.
Informó que, consultados sus sistemas de información, el transformador 168298 aparece
cargado desde el 5 de febrero de 2008 a nombre de Luis Alfonso Granda, alimentando la
mina La Platina, y que la instalación de Wilmar Alexis García se encuentra ingresada
desde febrero de 2008. Precisó que ambas instalaciones están retiradas por falta de
pago, y que ello no impidió que se instalara el servicio de energía a la demandante para
la mina Providencia.
1.2.2. Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios
Por su parte, la SSPD5 contestó la demanda, y al pronunciarse sobre los hechos,
manifestó que no le constan la titularidad de los títulos mineros, la existencia de minas
ilegales ni que estas se encuentren en predios de la demandante, y aceptó como ciertos
los relativos a la solicitud elevada a EPM, a la presentación del derecho de petición, al
trámite de los recursos y a la actuación surtida ante ella.
Se opuso a todas las pretensiones y pidió que se tuvieran como razones de su defensa
las consideraciones de hecho y de derecho contenidas en el acto demandado, que estimó
ajustado a la Constitución Política y a la Ley 142 de 1994.
Sostuvo que la nulidad de los dos actos expedidos por EPM y la declaración sobre la
calidad de usuaria de la demandante son asuntos que conciernen a esa empresa y no a
ella, pues si asumiera esa declaración terminaría por convertirse en coadministradora de
la prestadora del servicio.
Frente a la terminación de los contratos adujo que la calidad de minero ilegal debe
declararla previamente la autoridad administrativa, y que en todo caso debía probarse en
el proceso la afectación grave a terceros. Y sobre los perjuicios señaló que la demandante
no acreditó cuáles fueron los daños sufridos.
En cuanto al cargo sobre la calidad de usuario, afirmó que su resolución nunca le atribuyó
a la demandante esa condición, y que allí se limitó a transcribir la norma según la cual el
servicio puede suspenderse a solicitud de un suscriptor o usuario si en ello convienen la
empresa y los terceros que puedan resultar afectados.
Explicó que confirmó la decisión de EPM porque la demandante no demostró que esos
terceros convinieran en la desvinculación, requisito que impone el artículo 138 de la Ley
142 de 1994 y que no obedece a un capricho de la entidad.
Respecto del cargo sobre el mínimo vital, indicó que en ningún aparte de la resolución
impugnada acudió a ese argumento. Precisó que allí había sostenido, por el contrario,
que los argumentos expuestos por EPM para negar la desvinculación del servicio no eran
procedentes, por no guardar correspondencia con lo dispuesto en las normas, de manera
que en principio la empresa sí podía acceder a lo solicitado. Explicó que si no accedió a
5 Visible en el índice 02 del SAMAI. Documento “5CUADERNO PRINCIPAL 1”, pág. 232 y ss.
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la pretensión y confirmó la decisión fue únicamente porque la demandante no demostró
que en la desvinculación del servicio y en la terminación del contrato convinieran los
terceros que pudieran verse afectados.
En cuanto al cargo sobre los perjuicios, aclaró que no cuestiona la titularidad del título
minero de la demandante ni los derechos que de él se derivan, pero que carece de
competencia para pronunciarse sobre las 94 explotaciones que se afirman ilegales, pues
al hacerlo estaría suplantando a la autoridad llamada a determinar quiénes ejercen
minería ilegal y a imponer las sanciones correspondientes. Añadió que guardar silencio
sobre esos presuntos usuarios no significa cohonestar la actividad, sino abstenerse de
adoptar decisiones que pertenecen a otra jurisdicción.
Solicitó que se declarara la legalidad de la Resolución SSPD-20148300034745 de 10 de
septiembre de 2014, que se negaran las pretensiones y que se condenara en costas a la
demandante. Pidió además que, en caso de fallo adverso, no se ordenara el
restablecimiento del derecho a su cargo ni se le condenara en costas bajo un criterio de
responsabilidad objetiva.
II. LA SENTENCIA APELADA
En sentencia del 20 de octubre de 20216, el Tribunal Administrativo de Antioquia negó
las pretensiones de la demanda y se abstuvo de condenar en costas.
Antes de abordar el fondo, el Tribunal declaró no probada la excepción de falta de
legitimación en la causa por activa propuesta por EPM, al considerar que la demandante
no pretendía que el juez declarara la terminación de los contratos celebrados entre esa
empresa y terceros, sino la nulidad de los actos que le negaron su solicitud, y que la
terminación la perseguía como consecuencia de esa declaratoria, de modo que sí estaba
legitimada para demandarlos.
Formuló como problema jurídico: determinar si la demandante tiene la calidad de usuaria
en los contratos que pretende se den por terminados y si la empresa debe cortar el
servicio y terminar los contratos de suministro de energía eléctrica celebrados en sus
títulos mineros con suscriptores distintos de ella.
Con apoyo en los artículos 128, 129 y 130 de la Ley 142 de 1994, y en las definiciones
de suscriptor, usuario y consumidor de su artículo 14 ibídem, señaló que el contrato de
servicios públicos es uniforme y de adhesión, y que se celebra entre la empresa y quien
solicita recibir el servicio en un inmueble determinado. Sobre esa base concluyó que la
demandante no tenía la calidad de usuaria en los contratos suscritos entre EPM y los
terceros. Aclaró, sin embargo, que no podía acceder a la pretensión de que así se
declarara, porque los actos demandados nunca le atribuyeron esa calidad.
Sobre la terminación de los contratos transcribió el artículo 141 de la Ley 142 de 1994 y
sostuvo que ninguna de las razones de inconformidad expuestas por la demandante
encaja en alguna causal de nulidad de los actos administrativos, y que, aun en gracia de
6 Visible en el índice 99 del SAMAI de primera instancia.
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discusión, tampoco se configuraría vicio alguno, pues los actos fueron expedidos por
autoridad competente, con el procedimiento debido, de manera motivada y sin desviación
de poder.
Precisó que el planteamiento sobre el mínimo vital carecía de incidencia respecto de las
causales de terminación, y que la exposición sobre los perjuicios tampoco constituía
causal de nulidad. Frente al argumento de los alegatos de conclusión, según el cual esas
causales no deben interpretarse de manera taxativa, invocó el artículo 6 de la
Constitución Política para señalar que las entidades solo pueden hacer aquello que el
ordenamiento les dicta.
Añadió que ni EPM ni la Superintendencia son las autoridades competentes para declarar
la ilicitud de las actividades que realizan los terceros en los predios de la demandante,
pues conforme a los artículos 306 y siguientes de la Ley 685 de 2001 (Código de Minas)
esa función corresponde a los alcaldes y a la autoridad minera, ante quienes se tramitan
los amparos administrativos que la propia demandante afirma haber instaurado.
Concluyó que, incluso admitiendo que los actos fueran ilegales, no podrían ordenarse el
restablecimiento del derecho ni la indemnización de perjuicios, porque los daños que la
demandante alega no proceden de dichos actos sino de la conducta de quienes perturban
su título y de la actuación de las autoridades llamadas a tramitar los amparos
administrativos.
III. RECURSO DE APELACIÓN
Inconforme con la decisión, la demandante apeló la sentencia y solicitó "la revocatoria de
la providencia judicial proferida”. Formuló un único fundamento, que rotuló como
"Incumplimiento de la EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN EPM de las obligaciones
contenidas en el contrato de condiciones uniformes, por el suministro de energía eléctrica
a los usuarios ilegales en la actividad minera"7.
Expuso que es propietaria del título minero RPP-140 o R140011, localizado en Segovia
y Remedios, donde adelanta la explotación por sí misma o mediante contratos de
operación con terceros habilitados y que, en las áreas de ese título, con conocimiento de
las demandadas, se realizan trabajos de minería ilegal por terceros indeterminados que
carecen de su permiso. Señaló haber radicado ante la autoridad minera cada uno de los
amparos administrativos y haber informado a las autoridades ambientales sobre las
afectaciones causadas.
Indicó que esas minas ponen en riesgo la vida y la integridad de quienes trabajan en ellas
y de las comunidades vecinas, porque emplean explosivos ilegales y operan al margen
del marco normativo, sin condiciones mínimas de higiene y seguridad. Agregó que
ninguna cuenta con permisos ambientales y que su actividad produce impactos
irremediables por el vertimiento de mercurio y otras sustancias tóxicas en las fuentes
hídricas.
7 Visible en el índice 02 del SAMAI – “DEMANDA Y ANEXOS”, Documento “01ApelacionDte”.
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Sostuvo que la energía suministrada por EPM resulta esencial para esas explotaciones,
pues mantiene operativa la maquinaria con que se adentran los socavones y se procesa
el mineral, lo que amplía la escala de extracción, incrementa los pasivos ambientales y
favorece la evasión de regalías. Precisó que el servicio no constituye un mínimo vital de
energía, sino que atiende fines industriales y comerciales de naturaleza minera, y que los
montos facturados junto con la ubicación de los equipos de interconexión evidencian esa
situación.
Afirmó que, sin control ni vigilancia alguna de EPM desde el inicio de la relación
contractual y durante su desarrollo, el servicio se presta a agentes "calificados por la
autoridad minera como 'ilegales', que cuentan con orden expresa de suspensión de
actividades y desalojo de áreas", cuyo actuar ha perjudicado el medio ambiente, los
recursos naturales, las fuentes hídricas y la hacienda pública nacional.
Anunció que, para resolver lo pedido, resultaba necesario examinar las condiciones
exigidas para ser usuario del servicio conforme al contrato de condiciones uniformes
adoptado por EPM, y determinar si esa empresa tiene facultades y obligaciones para
suspender el servicio o para rechazar la solicitud de conexión.
Transcribió la cláusula 14 del contrato, sobre condiciones para la prestación del servicio,
y destacó su parágrafo primero, según el cual para la legalización del servicio EPM
“verificará el cumplimiento de los requisitos técnicos y legales”. De allí dedujo que el
servicio no se concede de manera automática a quien lo solicite, sino que el usuario debe
satisfacer exigencias que corresponde comprobar al prestador, las cuales en materia
minera son el amparo de un título minero, el instrumento ambiental y el cumplimiento de
las normas técnicas, que los mineros ilegales no satisfacen.
Afirmó que los elementos materiales de prueba allegados revelan una situación innegable
no reconocida por el Tribunal en su fallo de 20 de octubre de 2021, consistente en que
EPM entrega energía a minas ilegales sin exigir los documentos que acrediten su labor
industrial, cuando una verificación consciente antes del contrato y durante su vigencia
habría impuesto reclamar el título minero, su certificado o la autorización del titular del
área.
Concluyó que EPM cuenta con los medios técnicos para advertir sobretasas en el uso de
energía y anomalías respecto de su figura contractual, que la relación entre capacidad y
volumen de consumo “fue abiertamente señalada por la declaración del experto”, y que
pese a ese conocimiento opta por la omisión. Cerró señalando que la decisión atacada
"no solo perpetúa esta posición omisiva del prestador de servicios públicos, sino que
somete a la empresa Gran Colombia Gold Segovia Sucursal Colombia, a continuar en un
vínculo contractual ilícito, que directamente lo afecta y lo revictimiza".
Transcribió enseguida las cláusulas 21 y 22 del contrato, sobre la negación y el rechazo
de las solicitudes de conexión, y de ellas dedujo que EPM puede negar o rechazar la
conexión cuando el usuario incumple la normatividad técnica o legal vigente, por lo que
no se entienden los motivos por los que otorgó el fluido eléctrico a instalaciones donde
se desarrolla "una actividad plenamente demostrada que es ilegal", pudiendo optar por
suspender o rechazar la solicitud del servicio.
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Luego invocó los artículos 169, 170, 179 y 181 del Reglamento de Seguridad en las
Labores Mineras Subterráneas y el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas, para
sostener que EPM es responsable de velar por el cumplimiento de esas normas
especiales. En ese sentido transcribió la cláusula 19, sobre ejecución de las obras de
conexión, y la cláusula 65, cuyo literal d contempla como evento de incumplimiento que
da lugar a la suspensión del servicio el que se compruebe la inobservancia de las
obligaciones establecidas en la ley, la regulación o el contrato.
Alegó que EPM no aplica lo establecido en el contrato de condiciones uniformes, por no
tomar el control inicial antes de su celebración ni durante su ejecución, permitiendo el
ejercicio de actividades ilegales sin el cumplimiento de la reglamentación técnica mínima,
y que ha debido "proceder de manera inmediata a ejercer la obligación de suspender la
prestación del servicio", de suerte que su conducta constituye una ayuda determinante
para el desarrollo de la explotación minera ilegal en Segovia y Remedios.
En suma, adujo que los contratos de suministro suscritos por EPM con unidades mineras
que carecen de título inscrito o de autorización del titular del área "son nulos por la
ilegalidad de su causa", y que el Tribunal contaba con todos los medios probatorios del
expediente y con el marco del contrato de condiciones uniformes para declarar la
anulación de esas convenciones y reconocer los perjuicios patrimoniales que, como
consecuencia de la participación de EPM en la interconexión, le han causado las minas
ilegales vinculadas al proceso.
Manifestó que "no es aceptable, que para el fallador se contemple como legalmente
permitido asimilar los efectos de un contrato de condiciones uniformes para la prestación
de energía doméstica a la de uso industrial, máxime si esa industria es la minería ilegal".
Señaló que al proceso se llevaron pruebas de las que se desprende que la capacidad
instalada de los equipos, los volúmenes de consumo, las tarifas cobradas y aun el nombre
de los usuarios contratantes revelan la existencia de un criterio diferenciador, y que la
empresa está en plena capacidad de determinar que su servicio se usa para fines
distintos del proyectado.
Indicó, por último, que el dictamen pericial constituye un elemento desconocido para el
caso, y afirmó que la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín, en calidad de
perito judicial, habría señalado que sin la energía suministrada por EPM sería imposible
llevar a cabo las labores de extracción a partir de cierta profundidad, pues la maquinaria
destinada a romper la roca, movilizarla a superficie, ventilar los socavones e iluminar los
túneles requiere energía eléctrica.
IV. TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA
Mediante auto del 19 de mayo de 20228 se admitió el recurso de apelación interpuesto y
sustentado oportunamente por Gran Colombia Gold Segovia Sucursal Colombia (antes
Zandor Capital S.A. Colombia). En dicha providencia se dispuso prescindir del traslado
para alegar de conclusión en segunda instancia, de conformidad con lo previsto en el
artículo 247.5 del CPACA, en tanto en el recurso no se solicitaron pruebas.
8 Visto en el índice 04 del SAMAI.
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V. DECISIÓN
No observándose causal de nulidad que invalide lo actuado, procede la Sala a decidir el
asunto sub-lite, previas las siguientes
VI. CONSIDERACIONES
6.1. Competencia
De conformidad con los artículos 150 y 247 del Código de Procedimiento Administrativo
y de lo Contencioso Administrativo, y el artículo 13 del Acuerdo 080 de 2019 (modificado
por el artículo 1º del Acuerdo núm. 434 de 2024), expedido por la Sala Plena de esta
Corporación, la Sección Primera del Consejo de Estado es competente para conocer del
recurso de apelación interpuesto contra la sentencia del Tribunal Administrativo de
Antioquia.
6.2. Cuestión previa: la excepción de inepta demanda planteada por EPM
Antes de delimitar el alcance del recurso, la Sala debe ocuparse de una excepción que
quedó pendiente de resolución en la primera instancia.
En la contestación de la demanda, EPM propuso las excepciones previas de inepta
demanda y de falta de legitimación en la causa por activa, con el argumento de que la
actora, al afirmar que no es usuaria de los contratos comentados, carece de habilitación
para solicitar su terminación. En la audiencia inicial celebrada el 2 de noviembre de 2016,
el Tribunal difirió su decisión en los siguientes términos:
Se solicitó con la demanda la nulidad de los actos mediante los cuales se resuelve
no dar por terminados unos contratos y no se accede a la desconexión de unos
servicios de energía, en el presente asunto se demanda en acción de nulidad y
restablecimiento del derecho mas no se ejerció el medio de control de
controversias contractuales, por lo que será en la sentencia donde se analice esa
pretensión consecuencial. Así las cosas, las excepciones de falta de legitimación
en la causa por activa e inepta demanda frente a la pretensión quinta, quedan
supeditadas para ser resueltas en la sentencia.
La sentencia apelada resolvió la primera de esas excepciones, pues declaró no probada
la falta de legitimación en la causa por activa al considerar que la actora no pretende que
el juez termine los contratos sino la nulidad de los actos que negaron su solicitud. Sobre
la segunda guardó silencio.
Corresponde entonces a la Sala pronunciarse sobre ella, comoquiera que la aptitud de la
demanda constituye un presupuesto del pronunciamiento de fondo y el propio Tribunal
remitió su resolución a la sentencia, sin que la de primera instancia la hubiera adoptado.
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Ahora bien, el artículo 162 del CPACA exige que la demanda individualice el acto
acusado, exprese lo pretendido con precisión y claridad, señale las normas violadas y
explique el concepto de su violación. Sobre esa base, esta Sección ha entendido que la
excepción de inepta demanda por falta de requisitos formales "tiene la finalidad de
advertir que el libelo introductorio no cumple con todas las exigencias mínimas" de
contenido previstas en esa disposición9.
Pues bien, el fundamento con que EPM propuso la excepción no denuncia defecto formal
alguno. Lo que la empresa sostiene es que la pretensión de terminación de los contratos
"escapa al pedimento que pudiera hacer el actor", pues la actora, que como ella misma
lo dice no es usuaria en dichos contratos, formuló esa solicitud "sin estar legitimado para
ello".
De lo expuesto, la Sala no advierte defecto alguno que permita la prosperidad del medio
exceptivo. La pretensión quinta, contra la cual se dirigió la excepción, expresa con
precisión y claridad lo pedido, esto es, que se ordene el corte del servicio y la terminación
de los contratos celebrados con los terceros que perturban el título minero. Y el libelo, en
su formulación integral, satisface las cargas del artículo 162 ibidem, porque individualizó
los tres actos acusados, señaló como vulnerado el artículo 130 de la Ley 142 de 1994,
en concordancia con la definición de usuario del numeral 33 del artículo 14 de la misma
ley, y desarrolló las razones de la presunta violación.
En consecuencia, la Sala declarará no probada la excepción de inepta demanda.
6.3. Alcance de la apelación
La competencia de la Sala como juez de segunda instancia se circunscribe a los reparos
concretos que el apelante formule contra la sentencia, conforme a los artículos 320 y 328
del Código General del Proceso, aplicables por remisión del artículo 306 del CPACA.
Conforme a esas disposiciones, la apelación tiene por objeto que el superior examine la
cuestión decidida únicamente en relación con los argumentos expuestos por el
recurrente, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio en los casos
previstos por la ley10.
Bajo este régimen, y con el fin de delimitar el objeto de la controversia, la Sala confronta
a continuación los fundamentos de la sentencia apelada con los planteamientos que
desarrolla el recurso.
La sentencia apelada se sostiene en tres fundamentos. Primero, frente a la calidad de
usuaria, el Tribunal formuló una doble consideración, pues consideró que la parte actora
que no tiene esa condición en los contratos suscritos entre EPM y terceros, y agregó que
no podía acceder a la pretensión de declararlo "por la sencilla razón de que los actos
demandados no le dieron ese tratamiento". Segundo, tras transcribir el artículo 141 de la
9 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, auto de 16 de abril de 2026,
C.P. Pablo Andrés Córdoba Acosta, radicación número 11001-03-24-000-2018-00429-00.
10 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencias de 3 de julio de
2026: C.P. Nubia Margoth Peña Garzón, radicación número 15001-23-33-000-2013-00225-01. También se
puede consultar el pronunciamiento proferido en el proceso con radicación número 54-001-23-33-000-
2020-00593-01, C.P. Carlos Fernando Mantilla Navarro.
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Ley 142 de 1994 y repasar las razones de la demanda, entre ellas la tacha al
planteamiento de EPM sobre el mínimo vital, que despachó por carecer de incidencia
frente a las causales de terminación, concluyó que "ninguna de estas razones de
inconformidad se incluye en alguna causal de nulidad de los actos administrativos" y que,
en gracia de discusión, tampoco se configuraría vicio alguno en los elementos del acto.
Y tercero, sostuvo que "los daños que alega no proceden de dichos actos" sino de las
acciones de los terceros perturbadores y de las autoridades a cargo de los amparos
administrativos, de modo que el restablecimiento pretendido no podría ordenarse ni aun
admitiendo la ilegalidad de los actos acusados.
El recurso de apelación, según quedó reseñado en los antecedentes, modifica el
fundamento principal de la censura de la demanda con la exposición de un marco
normativo y argumentativo que no integró el concepto de violación formulado en el libelo
introductorio. Describió la actividad de explotación ilegal dentro de su título minero y los
riesgos que apareja, y sostuvo que EPM incumplió los deberes de verificación y de
suspensión previstos en el contrato de condiciones uniformes y en los reglamentos
técnicos de la actividad minera. Sobre esa base adujo que los contratos celebrados con
quienes carecen de título "son nulos por la ilegalidad de su causa" y que el Tribunal podía
declarar su anulación.
Concretamente, la apelante censura el fallo en tres pasajes. Le reprocha no reconocer la
situación que estima probada, esto es, que EPM suministra energía a minas ilegales sin
exigirles los documentos que validen su labor. Le atribuye contemplar "como legalmente
permitido asimilar los efectos de un contrato de condiciones uniformes para la prestación
de energía doméstica a la de uso industrial". Y le reprocha, por último, haber pasado por
alto el dictamen pericial, al que se refiere como "un elemento ciertamente desconocido
para el caso".
Así, la confrontación que antecede arroja un resultado para cada uno de los tres
fundamentos de la sentencia, con los que la Sala depura a continuación el objeto de la
alzada.
El primero, relativo a la calidad de usuaria, no fue atacado. El artículo 130 de la Ley 142
de 1994, eje normativo de ese debate, desapareció en la alzada, y la única alusión del
recurso a la condición de usuario se refiere a los terceros que reciben el servicio, pues lo
que allí se propone es "analizar las condiciones para ser usuario/beneficiario del servicio
de energía eléctrica" que los mineros debían reunir. El recurso guarda silencio, entonces,
sobre la doble consideración con que el Tribunal negó la pretensión cuarta. Como la
competencia del superior comprende únicamente los puntos de censura, este
fundamento queda al margen de la alzada y sobre él se mantiene lo resuelto en la primera
instancia.
Frente al segundo, conforme al cual ninguna de las razones de la demanda encaja en
causal de nulidad, el recurso propone un marco distinto, integrado por las cláusulas del
contrato de condiciones uniformes (CCU) y los reglamentos técnicos de la actividad
minera, del cual deriva los deberes de verificación y de suspensión que atribuye a EPM.
En ese marco se inscribe también la censura por la asimilación de los regímenes
doméstico e industrial, pues la diferenciación que reclama solo existe en esas
disposiciones. Corresponde a la Sala establecer, en el acápite siguiente, si esos
planteamientos constituyen un cargo nuevo en la alzada.
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Frente al tercero, conforme al cual los daños alegados provienen de las acciones de los
terceros perturbadores y de las autoridades a cargo de los amparos administrativos, el
recurso formula los reparos sobre la valoración de las pruebas: reprocha que el fallo no
reconoció la situación que la apelante estima probada y que el dictamen pericial quedó
como un elemento desconocido para el caso. Esos reparos serán examinados de fondo.
Depurado así el debate, el estudio de la Sala se contrae a dos cuestiones: la procedencia
de los planteamientos que el recurso apoya en normas que no integraron el concepto de
violación de la demanda, y los reparos sobre la valoración probatoria.
6.4. Análisis de la Sala
6.4.1. Primera cuestión: la procedencia de los planteamientos apoyados en el
contrato de condiciones uniformes y en los reglamentos técnicos
Según quedó delimitado, el recurso atribuye a EPM unos deberes de verificación y de
suspensión que deriva de las cláusulas 14, 19, 21, 22 y 65 del CCU, de los artículos 169,
170, 179 y 181 del Reglamento de Seguridad en las Labores Mineras Subterráneas y del
Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas, y de cuyo incumplimiento concluye que
los contratos celebrados con los mineros son nulos por la ilegalidad de su causa.
A ese planteamiento se suma una censura: para la apelante, no es aceptable que el
fallador haya tenido por legalmente permitido asimilar los efectos del contrato de
condiciones uniformes para el suministro doméstico a los del uso industrial. Sin embargo,
confrontada con la sentencia, dicha asimilación atribuida al Tribunal no se observa, pues
el Tribunal no declaró equivalencia alguna entre esos regímenes. La Sala encuentra que
la diferenciación que la apelante echa de menos, entre suministro doméstico y suministro
industrial) está prevista en las mismas cláusulas y reglamentos técnicos que sustentan
su planteamiento principal, de modo que la censura y el planteamiento comparten una
única base normativa y deben examinarse juntos.
De conformidad con lo anterior, corresponde a la Sala establecer si dichos
planteamientos pueden examinarse en esta instancia y, con ese fin, procede a confrontar
las disposiciones que sustentan el reproche, y la construcción que sobre ellas se edifica,
con lo invocado en la demanda
El punto de partida de ese examen es el principio de justicia rogada, que esta Sección ha
formulado en los siguientes términos:
[E]n la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo tiene aplicación el principio de
justicia rogada, lo que significa que a la parte actora le asiste la obligación de
delimitar el alcance del estudio de validez que pretende plantear ante el Juez, para
lo cual deberá indicar cuáles son las normas que considera vulneradas y señalar
el razonamiento respectivo para ese efecto11.
11 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 14 de mayo
de 2026, C.P. Pablo Andrés Córdoba Acosta, radicación número 19001-23-31-000-2012-00180-02. En el
mismo sentido, se puede consultar la sentencia de 30 de julio de 2026, C.P. Pablo Andrés Córdoba Acosta,
radicación número 25000-23-24-000-2005-00640-02.
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En la misma providencia se reiteró que, por virtud de ese principio, el juez “no puede
realizar el estudio de legalidad del acto administrativo acusado con fundamento en
normas superiores de derecho no invocadas en la demanda, ni atender conceptos de
violación no explicados”. Ahora bien, cuando el proceso llega a la segunda instancia, la
regla adquiere una proyección adicional, que esta Sección precisó así:
“[E]n el control rogado de legalidad el examen de la Sala está acotado por las
normas invocadas como violadas y por el concepto de violación desarrollado en la
demanda. Por ello no son de recibo en la apelación los planteamientos que, por no
haber integrado ese concepto, introducen en la alzada una controversia ajena a la
propuesta en la demanda”12.
Con ese marco, la Sala confronta en primer lugar las disposiciones. El concepto de
violación de la demanda se construyó sobre el artículo 130 de la Ley 142 de 1994, por la
definición de usuario del numeral 33 del artículo 14 de la misma ley y por la jurisprudencia
constitucional relativa a esas materias. Ninguna de las cláusulas ni de las normas
técnicas que sustentan el reproche de la apelación aparecen allí: las únicas cláusulas del
CCU que la demanda menciona son la 3, la 60 y la 35, y figuran en la narración de los
hechos como transcripción de los actos acusados, esto es, como el fundamento de la
decisión atacada y no como parámetro de control; los reglamentos técnicos, por su parte,
no registran mención alguna.
Continuando con el examen, la argumentación del reproche de la alzada conduce al
mismo resultado. Las razones de la demanda, según quedó visto, fueron la indebida
calificación de usuaria, la inaplicabilidad del mínimo vital y los perjuicios causados por la
actividad de los terceros, y ninguna de ellas enunció un deber de verificación o de
suspensión a cargo de EPM.
El reproche de la recurrente, en cambio, parte de un deber de verificar los requisitos
técnicos y legales antes del contrato y durante su ejecución, le añade el deber de
suspender el servicio ante el incumplimiento comprobado y remata en la nulidad de los
contratos por la ilegalidad de su causa. De esa cadena, la demanda solo contiene un eco:
la afirmación de que a EPM “tan solo le bastaría con exigirle al titular del contrato que
exhiba título minero debidamente registrado o contrato con el titular minero”, enunciada
sin apoyo en disposición alguna que imponga esa exigencia. Con lo anterior se constata
que no se trata de la formulación de un cargo con origen en la demanda.
De esa doble constatación la Sala encuentra que los planteamientos del recurso
constituyen un cargo nuevo, cuyo examen en esta instancia introduciría una controversia
ajena a la propuesta en la demanda, frente a la cual las demandadas no tuvieron
oportunidad de ejercer contradicción. Igual suerte corre la censura por la asimilación de
los regímenes pues, como se expuso, comparte con dichos planteamientos su base
normativa.
12 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 3 de julio de
2026, C.P. Carlos Fernando Mantilla Navarro, radicación número 54-001-23-33-000-2020-00593-01, ya
citada. Allí la Sala se abstuvo de examinar el reproche de la alzada fundado en una tesis que no integró el
concepto de violación, con reiteración de la sentencia de 5 de febrero de 2026, radicación número 25000-
23-24-000-2012-00763-02, C.P. Pablo Andrés Córdoba Acosta, en la que se adoptó igual determinación
frente a una norma invocada por primera vez en la apelación.
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En consecuencia, la Sala se abstendrá de examinarlos, de tal forma que el fundamento
de la sentencia conforme al cual ninguna de las razones de la demanda encaja en causal
de nulidad de los actos administrativos conserva su firmeza.
6.4.2. Segunda cuestión: los reparos sobre la valoración probatoria
Resta por resolver la segunda de las cuestiones a las que quedó contraído el estudio de
la Sala, relativa a los reparos que el recurso dirige contra la valoración de las pruebas.
El tercer fundamento de la sentencia sostiene que los daños que la demandante alega
no proceden de los actos acusados sino de las acciones y omisiones de los terceros
perturbadores y de las autoridades que deben actuar en el trámite de los amparos
administrativos.
En el recurso, por su parte, la apelante afirma que los elementos de prueba del proceso
"arrojan una situación innegable no reconocida por el Tribunal Administrativo de Antioquia
en su fallo", esto es, que EPM suministra energía a minas ilegales sin exigirles los
documentos que validen su labor, y agrega que "hay un elemento ciertamente
desconocido para el caso, y es el dictamen pericial". Por tratarse de reparos dirigidos
directamente contra la sentencia de primera instancia, la Sala procederá a analizarlos.
Conforme al primer reparo, a juicio de la apelante, todos los elementos de prueba del
proceso mostrarían, que EPM suministra energía a minas ilegales sin exigirles los
documentos que validen su labor, situación que el Tribunal no habría reconocido en su
fallo. Contrastada la sentencia se encuentra, sin embargo, que el Tribunal relacionó las
pruebas del proceso, entre ellas los cuatro testimonios recibidos y el dictamen pericial, y
que en ninguna parte de sus consideraciones negó que las explotaciones ilegales
existieran ni que causaran daños a la demandante; por el contrario, el tercer fundamento
da por sentada esa situación, pues justamente en la actividad de los perturbadores sitúa
la fuente de los perjuicios alegados.
Así las cosas, la sentencia de primera instancia no desconoció la situación que la
apelante estima probada, sino que la juzgó insuficiente para comprometer la validez de
los actos, por las razones jurídicas que quedaron recapituladas, contra las cuales el
recurso no dirige argumento alguno.
Conforme al segundo reparo, el dictamen pericial quedó como "un elemento ciertamente
desconocido para el caso". Para resolverlo es preciso establecer, ante todo, cuál era el
objeto de esa prueba. El dictamen fue solicitado por la propia demandante, quien fijó su
cuestionario en tres asuntos: la relación entre los contratos de suministro referenciados
por EPM y los puntos en los que se encuentran las actividades ilegales denunciadas
mediante los amparos administrativos; la estimación de las cantidades de mineral
extraídas mensualmente dentro de las minas beneficiarias del suministro; y un tercero,
que la solicitud formuló en los siguientes términos:
Los perjuicios que pueden generar para la operación de la demandante la actividad de
minería ilegal desplegada por los perturbadores del título minero R140011 ó RPP-140,
específicamente, aquellos que se demuestre se beneficien del suministro de energía a
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mismos.
En esos términos lo decretó el Tribunal en la audiencia inicial, y así lo registró la
sentencia, que relacionó la prueba practicada "con el fin de identificar el impacto
económico del suministro de energía eléctrica por parte de EPM a unidades mineras
perturbadoras". El objeto del dictamen versa, entonces, sobre el nexo fáctico entre los
contratos de suministro y los puntos de explotación, sobre las cantidades de mineral
extraídas y sobre los perjuicios que la actividad de los perturbadores genera a la
demandante, junto con su estimación.
Establecido ese objeto, se advierte que ninguno de los cargos de nulidad de la demanda
se apoyó en el dictamen, y no podía ser de otra manera: la calificación de usuaria y la
aplicación del mínimo vital son juicios jurídicos sobre el contenido de los actos acusados,
ajenos al conocimiento de un perito técnico, mientras que los perjuicios y su cuantía
conciernen al restablecimiento del derecho, que es consecuencial a la nulidad. De ahí
que la apreciación de su contenido careciera de aptitud para incidir en el juicio de
legalidad: el nexo fáctico que la primera pregunta indaga no fue invocado como
fundamento de cargo alguno, y las cantidades y los perjuicios de las otras dos preguntas
del cuestionario conciernen a un restablecimiento que solo habría tenido lugar si alguna
causal de nulidad hubiese prosperado, y ninguna prosperó.
Finalmente, el propio cuestionario de la demandante atribuyó los perjuicios objeto de la
prueba a la actividad de minería ilegal desplegada por los perturbadores, que es
precisamente la fuente del daño que el tercer fundamento de la sentencia identificó.
En consecuencia, la Sala encuentra los reparos contra la valoración probatoria no
desvirtúan el tercer fundamento de la sentencia, que conserva su firmeza.
Así las cosas, la Sala encuentra que ninguno de los reparos formulados logró desvirtuar
los fundamentos de la sentencia apelada, por lo que la confirmará en su integridad.
6.5. Condena en costas
La Sala no condenará en costas en la presente instancia comoquiera que las mismas no
aparecen causadas ni probadas, lo anterior de acuerdo con lo establecido en el artículo
188 del CPACA, en concordancia con los artículos 365 y 366 del CGP, aplicables al caso
por la remisión del artículo 306 de la mencionada ley.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,
FALLA
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PRIMERO. DECLARAR NO PROBADA la excepción de inepta demanda propuesta por
Empresas Públicas de Medellín E.S.P., por las razones expuestas en la parte motiva de
esta providencia.
SEGUNDO. CONFIRMAR la sentencia de 20 de octubre de 2021, proferida por el
Tribunal Administrativo de Antioquia, por las razones expuestas en la parte motiva de
esta providencia.
TERCERO. Sin condena en costas en esta instancia, por las razones expuestas en la
parte motiva de esta providencia.
CUARTO. Una vez en firme esta decisión, la Secretaría procederá al archivo del
expediente, con las constancias de rigor.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en su sesión del 17 de
septiembre de 2026.
PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Consejero de Estado Consejero de Estado
Presidente
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZON
Consejero de Estado Consejera de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la sede electrónica para la gestión
judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con la ley.
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