Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 19001-23-31-000-2012-00180-02
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 19001-23-31-000-2012-00180-02
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 19001-23-31-000-2012-00180-02
Consejero ponente: Pablo Andrés Córdoba Acosta
14 de mayo de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
CONSEJERO PONENTE: PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA
Bogotá, D.C., catorce (14) de mayo de dos mil veintiséis (2026)
Número de radicación: 19001 23 31 000 2012 00180 02
Demandante: Ileana Mosquera Caicedo, María José Caicedo Mosquera, Norbey
Martín Muñoz Orozco, Tomás Caicedo Mosquera y Manuel Caicedo Mosquera
Demandada: Corporación Autónoma Regional del Cauca
Acción: Nulidad y restablecimiento del derecho – Código Contencioso
Administrativo.
Tesis: Los actos administrativos mediante los cuales se declaró la existencia y
delimitó el humedal, así como aquellos que posteriormente ajustaron la
individualización de los propietarios y modificaron la extensión y el área, no
constituyen un acto complejo o una única decisión administrativa, si cada uno tiene
contenido y efectos jurídicos autónomos.
Operó la caducidad de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho respecto
de los actos que crearon y delimitaron el humedal y aquel que precisó los
destinatarios, al haber sido demandados por fuera del término legal, sin que las
modificaciones posteriores tengan la virtualidad de reabrir dicho término.
Se configura una ausencia de carga argumentativa si del concepto de la violación
no se advierten cargos dirigidos a cuestionar la legalidad del acto administrativo
acusado.
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra
la sentencia del 27 de julio de 2023, mediante la cual el Tribunal Administrativo del
Cauca negó las pretensiones de la demanda.
I. DEMANDA
1.1. Las pretensiones
Número de radicación: 19001 23 31 000 2012 00180 02
Demandantes: Ileana Mosquera Caicedo, María José Caicedo
Mosquera, Norbey Martín Muñoz Orozco,
Tomás Caicedo Mosquera y Manuel Caicedo Mosquera
1. Los señores Ileana Mosquera Caicedo, María José Caicedo Mosquera, Norbey
Martín Muñoz Orozco, Tomás Caicedo Mosquera y Manuel Caicedo Mosquera
presentaron mediante apoderado judicial, demanda de nulidad y restablecimiento
del derecho contra la Corporación Autónoma Regional del Cauca (en adelante
CRC), solicitando lo siguiente a título de pretensiones:
«DECLARACIONES Y CONDENAS
PRIMERA: Declarar la nulidad de los siguientes actos administrativos:
• Resolución No. 063 del 5 de marzo por medio de la cual se (sic) “POR LA
CUAL SE DECLARA EL ÁREA EFECTIVA DEL HUMEDAL CIUDAD JARDÍN,
SE DELIMITA Y ESTABLECE SU FRANJA DE PROTECCIÓN Y SU ÁREA DE
PRODUCCIÓN”.
• Resolución No. 113 del 28 de abril de 2010 “POR LA CUAL SE ACLARA Y
MODIFICA LA RESOLUCIÓN No. 063 DEL 5 DE MARZO DE 2010.
• Resolución No. 1472 del 12 de agosto de 2011 “POR LA CUAL SE
MODIFICA PARA ACLARAR LA RESOLUCIÓN No. 063 DEL 5 DE MARZO DE
2010, MODIFICADA A LA VEZ POR LA RESOLUCIÓN No. 113 DE ABRIL 28
DE 2010 Y SE ADICIONAN DOS PARÁGRAFOS.
SEGUNDA: Como consecuencia de la anterior declaración y a título de
restablecimiento del derecho y reparación del daño:
2.1 Disponer el levantamiento de la afectación ambiental de los predios con
matrícula inmobiliaria No. 120-8593 y 120-185001, oficiando para tales efectos
al Registrador de Instrumentos Públicos de Popayán.
2.2 Restituir definitivamente a los propietarios de los predios con matrícula
inmobiliaria No. 120-8593 y 120-185001 el uso, goce y disposición de las franjas
afectadas con la medida ambiental.
SUBSIDIARIAS A LAS (sic) 2.2: Condenar al pago del precio de toda el área
afectada con la medida de conformidad con avalúo que se realizará dentro del
proceso contencioso administrativo.
2.3 Condenar a la CRC a pagar a favor del señor NORBEY MARTIN MUÑOZ
la suma de $1.965’598.872 o lo que resultare probado en el proceso por
concepto de lucro cesante consolidado.
2.4 Condenar a la CRC a pagar a favor del señor NORBEY MARTÍN MUÑOZ
la suma de $5.000’000.000 o lo que resultare probado en el proceso por
concepto de daño emergente (en el cual se incluirán los destratos (sic) que
llegue a pagar).
TERCERA: Las sumas reconocidas causarán intereses y serán actualizadas de
conformidad con los artículos 176 y 177 del C.C.A.
CUARTA: Condénese en costas y agencias en derecho a la entidad
demandada»1.
1 Visible a folios 142 a 154 del Cuaderno 8 del Tribunal.
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Número de radicación: 19001 23 31 000 2012 00180 02
Demandantes: Ileana Mosquera Caicedo, María José Caicedo
Mosquera, Norbey Martín Muñoz Orozco,
Tomás Caicedo Mosquera y Manuel Caicedo Mosquera
1.2. Los actos demandados
2. La Resolución 0063 del 5 de marzo de 2010, prevé:
«ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR EL ÁREA EFECTIVA DEL HUMEDAL
CIUDAD JARDÍN, DELIMITAR Y ESTABLECER SU FRANJA DE
PROTECCIÓN Y SU ÁREA DE PRODUCCIÓN, SEGÚN EL CONCEPTO
TÉCNICO DEL 21 DE DICIEMBRE DE 2009 DANDO ALCANCE A LA
ZONIFICACIÓN ELABORADA EN EL ESTUDIO DE PLAN DE MANEJO DE
HUMEDALES DE LA MESETA DE POPAYÁN REALIZADO POR LA CRC.
ARTÍCULO SEGUNDO: EL HUMEDAL CIUDAD JARDÍN, tendrá una longitud
aproximada de 171,82 metros lineales y una extensión aproximada efectiva de
4.064.21 metros cuadrados distribuidos de acuerdo al Plan U-01 de la
siguiente manera:
• Manzana 061: 609,37m2 (203,83m2 + 41,47m2 + 185,61m2 + 48,04m2,
130,42m2).
En la proyección de la Carrera 8 de la actual nomenclatura urbana 361,54m2
(51,29m2 + 135,81m2, 72,32m2+102,12m2).
En la proyección de la Calle 23N de la actual nomenclatura urbana 188,76m2
(16,72m2 + 57,27m2 + 144,77m2).
• Manzana 062: 462,47m2.
• Manzana 063: 341,22 m2.
• Manzana 068: 259,42m2 (51,29m2 + 135,81m2 + 72,32m2).
• Manzana 069: 1.840,69m2 (200,63m2 + 490,89m2 + 1.149,17m2).
Parágrafo: El área establecida en este artículo está soportada en el Concepto
Técnico de diciembre 21 de 2009, emitido por la CRC y planos anexos.
ARTÍCULO TERCERO: Establecer una franja de protección paralela a los
límites del HUMEDAL CIUDAD JARDÍN, en un área aproximada de 1.168,38m2,
distribuida así:
• Manzana 061: 389,44 m2 (203,83m2 + 185,61m2).
En la proyección de la Carrera 8 de la actual nomenclatura urbana, 94,97m2
(66,19m2 + 28,78m2).
• Manzana 068: 135,81m2.
En la proyección de la Calle 23N de la actual nomenclatura urbana, 57,27m2.
• Manzana 069: 490,89m2.
Parágrafo: La franja de protección del Humedal Olímpica, establecida en el
presente artículo está soportada en el Concepto Técnico de diciembre 21 de
2009, emitido por la CRC y en plano anexo U-01.
ARTÍCULO CUARTO: Las zonas de producción o urbanizable para El
HUMEDAL CIUDAD JARDÍN, tendrá un área total aproximada de 19.339,19m2,
distribuidos así:
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Número de radicación: 19001 23 31 000 2012 00180 02
Demandantes: Ileana Mosquera Caicedo, María José Caicedo
Mosquera, Norbey Martín Muñoz Orozco,
Tomás Caicedo Mosquera y Manuel Caicedo Mosquera
• Manzana 061: 6.404,81m2.
• Manzana 062: 4.735,98m2.
• Manzana 063: 4.258,83m2.
• Manzana 069: 2.125,00 m2 (1.717,66m2 + 407,34m2).
2
• Y 394,93m correspondiente a la proyección de las vías que afectan el cuerpo
del humedal (en la Calle 23N, 143,16m2 y en la Carrera 8, 251,77m2).
Consecuente en el presente Artículo, se contempla una franja de protección
ambiental en torno a las zonas de producción o urbanizable de esta manera:
• Manzana 061: 691,41m2 (243,66m2 + 193,02m2 + 254,73m2).
• Manzana 062: 833,6m2 (229,43m2 + 184,85m2 + 242,36m2, 176,96m2).
• Manzana 063: 869,50m2 (281,24m2 + 110,21m2 + 299,94m2 + 178,11m2).
Para un total de 2.394,51m2, que forman parte integral de áreas de cesión
obligatorias contempladas en el P.O.T.
Parágrafo: La franja de producción del HUMEDAL CIUDAD JARDÍN,
establecida en el presente artículo está soportada en el Concepto Técnico de
diciembre 21 de 2009, emitido por la CRC y en plano anexo U-01.
ARTÍCULO QUINTO: Se prohíbe la urbanización y cualquier otra conducta que
atente contra el Humedal Ciudad Jardín y su zona efectiva y de franja de
protección.
Parágrafo: El incumplimiento de lo dispuesto en este artículo dará a la
imposición de las medidas preventivas, correctivas y sancionatorias a que
hubiere lugar, las cuales podrán ser impuestas por las diferentes Autoridades
Municipales, de acuerdo con el ámbito de sus competencias.
ARTÍCULO SEXTO: Informar al Municipio de Popayán, sobre las decisiones
adoptadas en la presente Resolución, con el fin que se tengan en cuenta en el
momento en que se realicen revisiones o ajustes al Plan de Ordenamiento
Territorial.
ARTÍCULO SÉPTIMO: Comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos
Públicos del Municipio de Popayán, sobre las decisiones adoptadas mediante
el presente Acto Administrativo, con el fin que se realicen las inscripciones y se
adopten las determinaciones a que haya lugar, en relación con las Manzanas
N° 010200610001000, 010200690007000, 010200620001000,
010200630001000, localizados en el Municipio de Popayán (Cauca) de
propiedad del señor TOMÁS CAICEDO MOSQUERA, identificado con la cédula
de ciudadanía No. 76.309.415 de Popayán.
ARTÍCULO OCTAVO: De conformidad con la Constitución y la ley, se
respetarán los derechos adquiridos con arreglo a la normatividad vigente, sobre
los predios de propiedad privada que conforman este ecosistema, de que trata
la presente Resolución.
ARTÍCULO NOVENO: El presente Acto Administrativo deberá notificarse al
señor TOMÁS CAICEDO MOSQUERA, identificado con la cédula de
ciudadanía No. 76.309.415 expedida en Popayán en su calidad de propietario
de los predios 010200610001000, 0102006900070000, 010200620001000,
010200630001000 y otros propietarios o a su apoderado, en los términos del
artículo 71 de la Ley 99 de 1993 en concordancia con los artículos 44 y 45 del
Código Contencioso Administrativo, en forma personal, o en su defectos por
edicto fijado después de la citación, por un término de diez (10) días hábiles, en
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Número de radicación: 19001 23 31 000 2012 00180 02
Demandantes: Ileana Mosquera Caicedo, María José Caicedo
Mosquera, Norbey Martín Muñoz Orozco,
Tomás Caicedo Mosquera y Manuel Caicedo Mosquera
un lugar público de la sede de la Corporación Autónoma Regional del Cauca
CRC.
ARTÍCULO DÉCIMO: Contra el presente acto administrativo procede, por vía
gubernativa ante el Director General el recurso de reposición el cual podrá
interponerse dentro de los cinco (5) días siguientes a la diligencia de notificación
personal a la desfijación del edicto si a ello hubiere lugar y con plena
observancia de los requisitos que establece los artículos 51 y 52 del Decreto 01
de 1984 (Código Contencioso Administrativo).
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: De conformidad con lo establecido en el
artículo 71 de la Ley 99 de 1993, el artículo 45 del C.C.A., este acto debe
publicarse en el Boletín Oficial de la CRC, por una sola vez y a costa de la parte
interesada, previa cancelación de la publicación en la cuenta corriente N.
86800097000 del Banco de Colombia por valor de $78.800.oo.
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: Comunicar el contenido del presente acto, a
la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Popayán, al IGAC-Popayán
y a la Alcaldía de Popayán, para lo de su competencia.
ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: Remítase copia de la presente resolución a
la Subdirección de Gestión Ambiental de la CRC, al interesado y al expediente.
ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha
de su Ejecutoria.»2 (Negritas del texto original)
3. La parte resolutiva de la Resolución 0113 del 28 de abril de 2010, es la siguiente:
«ARTÍCULO PRIMERO. - Aclarar para todos los efectos, que cuando en las
consideraciones de la Resolución No. 0063 de 5 de marzo de 2010 “Por la Cual
se Declara el Área Efectiva del Humedal Ciudad Jardín, se Delimita Y Establece
Su Franja de Protección y Su área de Producción, Según el Concepto Técnico
Del 21 De Diciembre de 2009, Dando Alcance a La Zonificación Elaborada En
El Estudio Del Plan De Manejo De Humedales De La Meseta De Popayán
Realizado Por La Crc Y Se Adoptan Otras Determinaciones”, se usó
indistintamente la expresión propietario y/o propietarios, la misma se hizo
extensiva a todos y cada uno de los propietarios de los predios Nos.
010200610001000, 0102000690007000, 010200620001000,
010200630001000, registrados a Folio de matrícula inmobiliaria No. 120-8593
que a saber son: ILEANA MOSQUERA CAICEDO, MARÍA JOSÉ CAICEDO
MOSQUERA, TOMÁS CAICEDO MOSQUERA, MANUEL ENRIQUE CAICEDO
MOSQUERA, MANUEL ENRIQUE CAICEDO MOSQUERA, identificados con
las cédulas de ciudadanía Nos. 25.258.734, 34.546.859, 76.309.415,
76.305.557, respectivamente.
ARTÍCULO SEGUNDO. - Modificar el artículo séptimo de la citada Resolución
No. 0063 de 5 de marzo de 2010, el cual quedará en el siguiente sentido:
ARTÍCULO SÉPTIMO. - Comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos
Públicos del Municipio de Popayán, sobre las decisiones adoptadas mediante
el presente Acto Administrativo, con el fin que se realicen las inscripciones y se
adopten las determinaciones a que haya lugar, en relación con los predios Nos.
010200610001000, 010200690007000, 010200620001000,
010200630001000, localizados en el Municipio de Popayán (Cauca) de
2 Visible a folios 71 a 78 del Cuaderno 8 del Tribunal.
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Número de radicación: 19001 23 31 000 2012 00180 02
Demandantes: Ileana Mosquera Caicedo, María José Caicedo
Mosquera, Norbey Martín Muñoz Orozco,
Tomás Caicedo Mosquera y Manuel Caicedo Mosquera
propiedad de los señores ILEANA MOSQUERA CAICEDO, MARÍA JOSÉ
CAICEDO MOSQUERA, TOMÁS CAICEDO MOSQUERA, MANUEL ENRIQUE
CACIEDO MOSQUERA, identificados con las cédulas de ciudadanía Nos.
25.258.734, 34.546.859, 76.309.415, 76.305.557, respectivamente.
ARTÍCULO TERCERO. – Modificar el artículo Noveno de la citada resolución
No. 0063 de 5 de marzo de 2010, el cual quedará en el siguiente sentido:
ARTÍCULO NOVENO. - El presente Acto Administrativo deberá notificarse a
los señores ILEANA MOSQUERA CAICEDO, MARÍA JOSÉ CAICEDO
MOSQUERA, TOMÁS CAICEDO MOSQUERA, MANUEL ENRIQUE CAICEDO
MOSQUERA, identificados con las cédulas de ciudadanía Nos. 25.258.734,
34.546.859, 76.309.415, 76.305.557, respectivamente, o a sus apoderados en
calidad de propietarios de los predios Nos. 010200610001000,
010200690007000, 010200620001000, 010200630001000, en los términos del
artículo 71 de la Ley 99 de 1993 en concordancia con los artículos 44 y 45 del
Código Contencioso Administrativo, en forma personal, o en su defecto por
edicto fijado después de la citación, por un término de diez (10) días hábiles, en
lugar público de la sede de la Corporación Autónoma Regional del Cauca CRC.
ARTÍCULO TERCERO (sic). – La presente Resolución rige a partir de su fecha
de expedición»3.
4. La parte resolutiva de la Resolución 1472 del 12 de agosto de 2011, señala:
«RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO: Modificar el Artículo Segundo de la Resolución N. 0063
de marzo 5 de 2010, el cual quedará así:
ARTÍCULO SEGUNDO: EL HUMEDAL CIUDAD JARDÍN tendrá una longitud
aproximada de 388.92 metros cuadrados de acuerdo al plano U-01 de la
siguiente manera:
• Manzana 061: 609,37 m2 (203,83m2 + 41,47 m2 + 185,61 m2 + 48,04m2 +
130,42m2).
En la proyección de la Carrera 8 de la actual nomenclatura urbana 361,54m2
(51,29m2 + 135,81m2 + 72,32m2 + 102,12m2).
En la proyección de la Calle 23N de la actual nomenclatura urbana 188,76m2
(16,72m2 + 57,27m2 + 144,77m2).
• Manzana 062: 462,47m2.
• Manzana 063: 341,22m2.
• Manzana 068: 259,42m2 (51,29m2 + 135,81m2 + 72,32m2).
• Manzana 069: 1.840,69m2 (200,63m2 + 490,89m2 + 1.149,17 m2).
ARTÍCULO SEGUNDO: Modificar el artículo tercero de la Resolución N. 0063
de marzo 5 de 2010, en el sentido de adicionar 2 parágrafos los cuales quedarán
así:
Parágrafo 2: Las zonas verdes contiguas a la zona de protección con una
extensión de 2.507,48 m2, son consideradas zonas anexas y que hacen parte
integral de la estrategia de conservación del Humedal Ciudad Jardín.
3 Visible a folios 56 a 58 del Cuaderno 8 del Tribunal.
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Número de radicación: 19001 23 31 000 2012 00180 02
Demandantes: Ileana Mosquera Caicedo, María José Caicedo
Mosquera, Norbey Martín Muñoz Orozco,
Tomás Caicedo Mosquera y Manuel Caicedo Mosquera
Parágrafo 3: El área total de la estrategia de conservación del humedal será de
4.064,21 m2, distribuidos de la siguiente manera:
Área Franja de Zonas
Efectiva protección verdes en
en m2 en m2 m2
388,92 1168,38 2.506,91
ARTÍCULO TERCERO: Los demás artículos y parágrafos de la resolución N.
063 DE MARZO 5 DE 2010, quedarán igual y conservarán su plena vigencia.
ARTÍCULO CUARTO: Informar al Municipio de Popayán sobre las decisiones
adoptadas en la presente Resolución, con el fin que se tengan en cuenta en el
momento en que se realicen revisiones o ajustes al Plan de Ordenamiento
Territorial.
ARTÍCULO QUINTO: Comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos
Públicos del Municipio de Popayán sobre la presente modificación adoptada
mediante el presente Acto Administrativo, con el fin que se realicen las
inscripciones y se adopten las determinaciones a que haya lugar, en relación
con los predios N. 010200610001000, 010200690007000, 010200620001000,
010200630001000, registrados a folio de matrícula inmobiliaria N. 120-8593,
localizados en el Municipio de Popayán (Cauca) de propiedad de los señores
TOMÁS CAICEDO MOSQUERA, identificado con la cédula de ciudadanía No.
76.309.415 de Popayán, ILEANA MOSQUERA CAICEDO, identificado (sic) con
la cédula de ciudadanía No. 25.258.734 de Popayán, MARÍA JOSÉ CAICEDO
MOSQUERA, identificado (sic) con la cédula de ciudadanía 34.546.859 de
Popayán, MANUEL ENRIQUE CAICEDO MOSQUERA, identificado con la
cédula de ciudadanía No. 76.305.557, respectivamente; al señor HUMBERTO
MORENO propietario del lote con número predial N. 01-02-0068-002-000,
identificado con número de matrícula inmobiliaria N. 120-114016; y a la
Sociedad CAUCANA AUTOMOTRIZ LTDA, propietaria del lote con número
predial N. 01-02-0061-002-000 identificado con el número de matrícula
inmobiliaria N. 120-15248 y el lote con número predial N. 01-02-0061-003-000
identificado con el número de matrícula inmobiliaria N. 120-15254.
ARTÍCULO SEXTO: El presente Acto Administrativo deberá Notificarse a los
señores TOMÁS CAICEDO MOSQUERA, identificado con la cédula de
ciudadanía No. 76.309.415 expedida en Popayán, ILEANA MOSQUERA
CAICEDO, identificado (sic) con la cédula de ciudadanía No. 25.258.734 de
Popayán, MARÍA JOSÉ CAICEDO MOSQUERA identificado (sic) con la cédula
de ciudadanía No. 34.546.859 de Popayán, MANUEL ENRIQUE CAICEDO
MOSQUERA identificado con la cédula de ciudadanía No. 76.305.557 en su
calidad de propietarios de los predios n. 010200610001000, 010200690007000,
010200620001000, 010200630001000 o su apoderado en los términos del
artículo 71 de la Ley 99 de 1993 en concordancia con los artículos 44 y 45 del
Código Contencioso Administrativo, en forma personal, o en su defecto por
edicto fijado después de la citación, por un término de diez (10) días hábiles, en
lugar público de la sede de la Corporación Autónoma Regional Cauca CRC., los
cuales se pueden ubicar en la siguiente dirección: Calle 18N N. 11-28 Barrio
Ciudad Jardín – Popayán.
De igual forma se deberá notificar del presente acto administrativo al
representante legal de la Sociedad CAUCANA AUTOMOTRIZ LTDA, Señor
GERMÁN LHEMANN, como propietarios de los lotes N. 01-02-0061-002-000
con matrícula inmobiliaria N. 120-15248 y el lote con número predial N. 01-02-
0061-003-000 con matrícula inmobiliaria N. 120-15254.
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Número de radicación: 19001 23 31 000 2012 00180 02
Demandantes: Ileana Mosquera Caicedo, María José Caicedo
Mosquera, Norbey Martín Muñoz Orozco,
Tomás Caicedo Mosquera y Manuel Caicedo Mosquera
Al señor GERMAN LHEMANN se puede citar en la Vereda Clarete, Lote 5C,
Casa 1.
ARTÍCULO SÉPTIMO: Contra el presente acto administrativo procede, por vía
gubernativa ante el Director General, el recurso de reposición el cual podrá
interponerse dentro de los Cinco (5) días siguientes a la diligencia de
notificación personal a la desfijación del edicto si a ello hubiere lugar y con plena
observancia de los requisitos que establece los artículos 51 y 52 del Decreto 01
de 1984 (Código Contencioso Administrativo).
ARTÍCULO OCTAVO: Comunicar el contenido del presente acto, a la Oficina
de Registro de Instrumentos Públicos de Popayán, al IGAC-Popayán y a la
Alcaldía de Popayán, para lo de su competencia.
ARTÍCULO NOVENO: Remítase copia de la presente resolución a la
Subdirección de Gestión Ambiental de la CRC, a los interesados y al
expediente.
ARTÍCULO DÉCIMO: La presente Resolución, rige a partir de la fecha de su
Ejecutoria.»4 (Subrayas del texto original).
1.3. Supuestos fácticos
5. Señaló que los señores Ileana Mosquera Caicedo, María José Caicedo
Mosquera, Tomás Caicedo Mosquera y Manuel Caicedo Mosquera, son propietarios
del predio con matrícula inmobiliaria No. 120-8593 ubicado en el Barrio Ciudad
Jardín de la ciudad de Popayán. Informó que la totalidad de propietarios cuenta con
sentencia protocolizada por Escritura Pública inscrita en el folio de matrícula
inmobiliaria No. 120 - 8593 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de
Popayán.
6. Expuso que mediante la cuestionada Resolución 063 del 5 de marzo de 2010 el
Director General de la CRC declaró el área efectiva del Humedal Ciudad Jardín,
estableciendo su longitud aproximada en 4.064.21 metros cuadrados, distribuidos
de acuerdo al Plano U-01. Así mismo, estableció una franja de protección paralela
a los límites del Humedal Ciudad Jardín en un área aproximada de 1.168,38 m 2.
7. Anotó que dicho acto administrativo se fundamentó en el concepto del 21 de
diciembre de 2009 expedido por la Subdirección de Gestión Ambiental y la
Subdirección de Defensa del Patrimonio Ambiental de la CRC.
4 Visible a folios 64 a 67 (anverso) del Cuaderno 8 del Tribunal.
8
Número de radicación: 19001 23 31 000 2012 00180 02
Demandantes: Ileana Mosquera Caicedo, María José Caicedo
Mosquera, Norbey Martín Muñoz Orozco,
Tomás Caicedo Mosquera y Manuel Caicedo Mosquera
8. Informó que en Resolución No. 113 del 28 de abril de 2010 el Director General
de la CRC modificó y/o aclaró la Resolución 063 del 5 de marzo de 2010, en lo
referente a los nombres de los propietarios de los predios afectados, en
cumplimiento de un requerimiento efectuado por la Oficina de Registro de
Instrumentos Públicos de Popayán.
9. Indicó que mediante Resolución No. 1472 del 12 de agosto de 2011 el Director
General de la CRC modificó y/o aclaró la Resolución 063 del 5 de marzo de 2010,
en cuanto a la longitud aproximada del Humedal Ciudad Jardín, indicando que
contaba con 388.92 metros de acuerdo al Plano U-01. Agregó que este acto
administrativo fue notificado personalmente el 24 de agosto de 2011 a los señores
Ileana Mosquera Caicedo, María José Caicedo Mosquera, Tomás Caicedo
Mosquera y Manuel Caicedo Mosquera, quienes renunciaron al término de
ejecutoria.
10. Manifestó que mediante Escritura Pública No. 3948 del 21 de noviembre de
2011 de la Notaría Segunda de Popayán, los señores Ileana Mosquera Caicedo,
María José Caicedo Mosquera, Tomás Caicedo Mosquera y Manuel Caicedo
Mosquera efectuaron venta parcial a favor del señor Norbey Martín Muñoz Orozco,
del predio con código catastral 010200610001000 el cual hace parte del predio con
matrícula inmobiliaria 120-8593; de esta compraventa se le asignó al comprador la
matrícula inmobiliaria 120-185001. Acotó que esta compraventa estaba pactada
desde el año 2008 y solo hasta el 2011 fue perfeccionada.
11. Destacó que la CRC expidió los actos demandados partiendo de la idea
equívoca de que en los predios de los demandantes existía un humedal, que en
realidad se trata de una tubería de alcantarillado sin conexión final a la recámara,
con un vertimiento permanente de aguas residuales dentro de la zona del relicto de
humedal y la zona de protección.
12. Sobre la ubicación del vertimiento de aguas servidas, informó que estas eran
recogidas por un tubo en sentido sur-norte por la prolongación de la carrera 8 y en
la prolongación de la Calle 23N sentido oriente-occidente existía una tubería de
alcantarillado rota, con presencia de pavimento sobre la prolongación de la carrera
8 en la zona efectiva del relicto del humedal y zona de protección.
9
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Demandantes: Ileana Mosquera Caicedo, María José Caicedo
Mosquera, Norbey Martín Muñoz Orozco,
Tomás Caicedo Mosquera y Manuel Caicedo Mosquera
13. Señaló que esta situación fue puesta en conocimiento de la CRC, el Ministerio
de Ambiente, la Secretaría de Salud Municipal, la Procuraduría Agraria, la
Contraloría, la Personería Municipal de Popayán, y la Empresa de Acueducto de
Popayán S.A. E.S.P.
14. Al respecto indicó que la Personería Municipal de Popayán se pronunció sobre
el asunto, una vez adelantada una visita el 25 de abril de 2011, de la que destacó
la siguiente cita: “(…) en el lote en mención observó dos (2) recámaras colectoras
de aguas residuales, una sobre la prolongación de la Carrera 8 y Calle 23 y la otra
sobre la Carrera 7 y la prolongación de la Calle 24 parte posterior de Olímpica, y
otra tubería de alcantarillado (rota en dos tramos) sobre la calle 23N adyacente a la
Universidad Cooperativa, la cual está instalada superficialmente a 20 cms del
suelo”5.
15. Resaltó que en Oficio 2168 del 5 de abril de 2011 el Jefe de la División de
Alcantarillado del Acueducto y Alcantarillado de Popayán S.A. E.S.P., informó a los
demandantes que: “una vez verificado el estado físico del sitio el Acueducto y
Alcantarillado de Popayán S.A. E.S.P. se comprometió a hacer la reparación de 15
metros de tubería de diámetro de 12” sobre la Carrera 8 y conectada directamente
a la cámara existente en la calle 24AN con carrera 8 (…)”6, agregó que la tubería
no está conectada a la recámara y mantiene un constante vertimiento de aguas
residuales.
16. Refirió que la Secretaría de Salud Municipal de Popayán el 16 de marzo de
2011, realizó visita y consignó en la respectiva acta: “Se revisa el predio donde se
encuentran tuberías en mal estado y vertiendo aguas residuales al aire libre. El
acueducto y alcantarillado hace acompañamiento y determina que el vertimiento de
estas tuberías son aguas residuales”7.
17. Agregó que la CRC en oficio del 3 de junio de 2011 requirió al Gerente del
Acueducto de Popayán para que procediera a interrumpir los vertimientos,
5 Visible a folios 146 del Cuaderno 8 del Tribunal.
6 Ibidem.
7 Ibidem.
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Mosquera, Norbey Martín Muñoz Orozco,
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conectara la tubería al alcantarillado municipal y recuperara la zona afectada
mediante limpieza de los lodos generados en el terreno.
18. Manifestó que en estudio de aguas del 11 de abril de 2011 adelantado por la
Subdirección de Defensa del Patrimonio Ambiental de la CRC, se concluyó que en
la zona existían aguas impactadas por descargas de aguas residuales con
existencia de coliformes fecales.
19. Informó que el señor Darío Enrique Torres interpuso una acción popular contra
los demandantes, la CRC y otras autoridades con radicado 201100182 de
conocimiento del Tribunal Administrativo del Cauca, dentro de la que se profirió una
medida cautelar que impide la ejecución y emisión de actos urbanísticos y la
construcción de obras, en especial en el predio que comprende los lotes 61, 62, 63
y 69; medida confirmada por la Sección Primera del Consejo de Estado. Agregó que
el mismo actor popular interpuso una nueva acción la cual se acumuló a la ya
mencionada de conocimiento del Tribunal Administrativo del Cauca, dentro de la
cual se decretó una medida cautelar similar y que a la fecha de presentación de la
demanda no había sido resuelto el recurso de apelación interpuesto en su contra.
20. Adujo que el demandante Norbey Martín Muñoz quien está inscrito como
constructor, tenía planeado el desarrollo de un proyecto urbanístico en el predio
afectado por la medida cautelar, viéndose perjudicado al dejar de percibir el dinero
proveniente de las ventas.
1.4. Concepto de la violación
21. Invocó como causal de nulidad la falsa o errónea motivación consagrada en el
artículo 84 del Código Contencioso Administrativo (en adelante CCA).
22. Citó jurisprudencia de la Sección Tercera de esta Corporación, con radicado
76001 23 31 000 1994 09988 01 (16781), en la que se establece que la falsa
motivación se presenta cuando la situación de hecho que sirve de fundamento al
acto administrativo se revela inexistente.
23. A continuación expuso que la CRC expidió las resoluciones impugnadas con
11
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base en un concepto técnico del 21 de diciembre de 2009 y por remisión al Plano
U-01, no obstante adujo que existen méritos suficientes para sostener que los actos
cuestionados contienen una falsa motivación, pues parten de la existencia de un
humedal o relicto de humedal que no existe, al tratarse de aguas residuales
provenientes de una tubería de alcantarillado sin conexión final que produce un
vertimiento permanente de aguas residuales, así como tuberías en mal estado.
II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA
24. La CRC8 contestó la demanda, y solicitó se denieguen las pretensiones de la
parte actora.
25. Adujo que la autoridad ambiental en convenio con la organización World Wildlife
Fund (en adelante WWF), determinó la existencia del humedal. Destacó que los
actos cuestionados no adolecen de falsa motivación, pues para su expedición se
agotaron los lineamientos y metodologías establecidos por el Ministerio del Medio
Ambiente, como puede verificarse de los documentos denominados:
Caracterización Ambiental Preliminar de los Humedales de la Meseta de Popayán
y Puracé en el Departamento del Cauca, Caracterización de los humedales de la
Meseta de Popayán y el Plan de Manejo del Complejo de Humedales de la Meseta
de Popayán.
26. Informó que contrario a lo afirmado por la parte actora, la declaratoria del
Humedal Ciudad Jardín no se basó únicamente en el concepto técnico del 21 de
diciembre de 2009, por el contrario, se fundamentó en las Resoluciones Nos. 157
de 2004 y 196 de 2006 expedidas por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y
Desarrollo Territorial y se aplicaron para el efecto la caracterización y metodologías
pertinentes.
27. Anotó que aunque el humedal fue reconocido desde el 5 de marzo de 2010
cuando fue expedida la Resolución 063, los demandantes en el año 2011 iniciaron
remoción de tierra afectándolo; que por dicha razón se inició el procedimiento
sancionatorio identificado con radicado 0004 de 2011 en el que se profirió medida
8 Visible a folios 173 a 189 del cuaderno principal del Tribunal.
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preventiva el 29 de enero de 2011, consistente en la orden de suspensión de dichas
actividades. Que a pesar de ello, los demandantes continuaron con los trabajos y
en su desarrollo encontraron dos tuberías de alcantarillado rotas en marzo de 2011.
28. De lo anterior destacó que no es procedente buscar resarcimiento de daños y
perjuicios derivados del ejercicio de una actividad ilegal, en este caso, la ejecución
de trabajos sobre el área del humedal. Añadió que avalar este tipo de actividades
sería ir en contra de las funciones y competencias de la Autoridad Ambiental
contempladas en la Constitución y la Ley, favoreciendo intereses particulares sobre
los derechos colectivos.
29. Por ende afirmó que al estar las redes de alcantarillado ubicadas
superficialmente, aproximadamente desde el año 1969 y no contar con
mantenimiento, no resistieron el paso de la maquinaria usada para los trabajos de
remoción de tierra y de allí provienen los daños que sufrieron estas estructuras.
30. Precisó que para la CRC no era desconocida la presencia de aguas servidas en
el humedal, pues estaba contemplada como una perturbación puntual en el Plan de
Manejo del Complejo de Humedales de la Meseta de Popayán elaborado en el año
2008. Agregó que en dicho documento se consignó que al estar ubicado el humedal
en el casco urbano del municipio de Popayán estaba sometido a procesos de
desecamiento para implementar actividades urbanísticas, presentando una
tendencia a desaparecer siendo un ecosistema extremadamente frágil. Así mismo,
se determinó que del análisis de los planes de ordenamiento territorial de los
municipios de Popayán, Cajibío, El Tambo y Timbío se evidenciaba un
desconocimiento del concepto de humedal y de su importancia, en la medida en
que dichos instrumentos se limitaban a contemplar la conservación de las corrientes
hídricas.
31. Alegó que la alteración de las características del humedal por los trabajos que
se adelantaron irregularmente acompañada de las tuberías en mal estado, motivó
a los demandantes para pretender que se declare la inexistencia del humedal.
32. Sostuvo que la verdadera pretensión de la parte actora está dirigida al
cuestionamiento de la medida cautelar impuesta en una Acción Popular en la que
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Mosquera, Norbey Martín Muñoz Orozco,
Tomás Caicedo Mosquera y Manuel Caicedo Mosquera
se profirieron órdenes de suspensión de trabajos sobre el área del Humedal Ciudad
Jardín. Destacó que los demandantes buscan incluir de manera irregular
cuestionamientos sobre la ya mencionada acción, sin que sea esta la vía adecuada
y procedente para dilucidar tales controversias.
33. Indicó que a pesar de que el señor Norbey Martín Muñoz se encuentra inscrito
como constructor en la Cámara de Comercio del Cauca, sus activos no superan la
suma de un millón de pesos ($1.000.000).
34. Sostuvo que la afectación del desarrollo de un proyecto urbanístico mediante
los actos cuestionados no tiene asidero jurídico. Expuso que la compra del terreno
fue de fecha 21 de noviembre de 2011, tiempo después de haberse expedido las
resoluciones demandadas y decretada la medida cautelar por el Tribunal
Administrativo del Cauca, lo cual sucedió el 11 de abril de 2011.
35. Agregó que no se aportaron documentos adicionales como promesas de
compraventa u otro negocio jurídico que permitan comprobar que el demandante
adquirirá otra parte del predio y si así fuera, no es posible desconocer las medidas
ambientales que ya fueron tomadas en favor del humedal. Destacó que no se
allegaron soportes sobre el cálculo del precio comercial del metro cuadrado que aun
no ha sido vendido, sin que tampoco sea determinable en el evento en que en
realidad se fuesen a vender las propiedades que se pretenden construir en el
humedal.
36. Propuso como excepciones: i) falta de legitimación en la causa por activa, ii)
caducidad de la acción, iii) debida observancia del procedimiento establecido en las
normas vigentes al momento de la declaración de la zona efectiva del humedal y iv)
correcto ejercicio de la autoridad ambiental y desarrollo de sus obligaciones.
37. Sobre la primera de ellas informó que los demandantes no demuestran su
calidad de propietarios del bien, pues el folio de matrícula aportado contiene
irregularidades al no contar con la firma del registrador y contener una fecha de
expedición antigua.
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Mosquera, Norbey Martín Muñoz Orozco,
Tomás Caicedo Mosquera y Manuel Caicedo Mosquera
38. En cuanto a la caducidad expuso que la demanda se presentó por fuera del
término de cuatro (4) meses establecido en el artículo 136 CCA, frente a los actos
administrativos Resolución No. 0063 del 5 de marzo de 2010 y la Resolución 113
del 28 de abril de 2010. Al respecto argumentó que cada uno de los actos
cuestionados adquirieron su ejecutoria de manera independiente.
39. Concluyó frente a la última de las excepciones propuestas, que la CRC actuó
como autoridad ambiental con el único fin de proteger el medio ambiente, derecho
de tercera generación reconocido por normas colombianas y tratados
internacionales.
III. SENTENCIA APELADA
40. El Tribunal Administrativo del Cauca en sentencia proferida el 21 de julio de
20239, resolvió la controversia y decidió lo siguiente:
«PRIMERO: DECLARAR PROBADA la excepción de CADUCIDAD formulada
por la C.R.C., respecto la Resolución No. 0063 del 5 de marzo de 2010 y la
Resolución No. 113 del 28 de abril de 2010, de conformidad con lo expuesto en
la parte considerativa de esta providencia.
SEGUNDO: NO DECLARAR PROBADA la excepción de falta de legitimación
en la causa por activa para demandar formulada por a C.R.C., acorde las
consideraciones expuestas en esta providencia.
TERCERO: NEGAR las pretensiones de la demanda formuladas por el señor
TOMÁS CAICEDO MOSQUERA Y OTROS en contra de la CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DEL CAUCA – C.R.C., por lo expuesto.
CUARTO: Sin costas por no haberse acreditado su causación […]».
41. Se ocupó de resolver sobre el ejercicio oportuno de la acción. Al respecto indicó
que el artículo 136 numeral 2 del CCA señala que la caducidad de la acción de
nulidad y restablecimiento del derecho opera al cabo de 4 meses contados a partir
del día siguiente al de la publicación, notificación, comunicación o ejecución del
acto, según el caso.
42. Señaló que la Resolución 063 del 5 de marzo de 2010 se notificó al señor Tomás
9 Índice 00088 del expediente digital de primera instancia, SAMAI. También Visible a folios 1183 a
1192 del cuaderno del Tribunal.
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Demandantes: Ileana Mosquera Caicedo, María José Caicedo
Mosquera, Norbey Martín Muñoz Orozco,
Tomás Caicedo Mosquera y Manuel Caicedo Mosquera
Caicedo Mosquera el 5 de marzo de 2010 sin que se interpusieran recursos en su
contra.
43. Sostuvo que el Acto Administrativo Resolución 113 del 28 de abril de 2010 fue
notificado personalmente a los señores Ileana Mosquera Caicedo, María José
Caicedo Mosquera, Tomás Caicedo Mosquera y Manuel Enrique Caicedo Mosquera
el 18 de mayo de 2010, sin interposición de recursos, contando con una constancia
de ejecutoria que señala como fecha el 25 de mayo de 2010.
44. Resaltó que la Resolución No. 1472 del 12 de agosto de 2011 fue notificada
personalmente a los señores Ileana Mosquera Caicedo, María José Caicedo
Mosquera, Tomás Caicedo Mosquera y Manuel Enrique Caicedo Mosquera el 24 de
agosto de 2011, sin interposición de recursos.
45. Argumentó que la declaratoria del Humedal Ciudad Jardín surgió con la
expedición de la Resolución 0063 del 5 de marzo de 2010, la cual partió de una
serie de estudios efectuados sobre humedales den la Meseta de Popayán que llevó
a identificarlo plenamente, declarando su existencia en un área efectiva, delimitando
la franja de producción y su área de protección.
46. Estableció que en dicho acto también se impuso una carga de responsabilidad
a los predios inicialmente identificados con los números 010200610001000,
010200690007000, 010200620001000, 010200630001000 respecto de los cuales
se atribuyó la propiedad a uno de los ahora demandantes Tomás Caicedo
Mosquera, quien fue notificado personalmente en la misma fecha de expedición del
acto cuestionado.
47. Entonces de lo expuesto, concluyó que el señor Tomás Caicedo Mosquera tuvo
hasta el 6 de julio de 2010 para incoar la demanda respectiva.
48. Definió además que a través de la Resolución No. 113 del 28 de abril de 2010,
la CRC aclaró y modificó el contenido del acto anteriormente individualizado, en el
sentido de precisar que los predios identificados con los Nos. 010200610001000,
010200690007000, 010200620001000, 010200630001000 se encuentra la
matrícula inmobiliaria No. 120-8593 y a su vez que la totalidad de propietarios,
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Demandantes: Ileana Mosquera Caicedo, María José Caicedo
Mosquera, Norbey Martín Muñoz Orozco,
Tomás Caicedo Mosquera y Manuel Caicedo Mosquera
además del señor Tomás Caicedo Mosquera, son Ileana Mosquera Caicedo, María
José Caicedo Mosquera y Manuel Enrique Caicedo Mosquera respecto de quienes
se ordenó efectuar la notificación personal. Precisó entonces que los propietarios
fueron notificados el 18 de mayo de 2010, contando para incoar la demanda
respectiva hasta el 19 de septiembre de 2010.
49. Explicó que este último acto administrativo no reabrió discusión alguna frente a
la existencia propia de un área efectiva del Humedal Ciudad Jardín ni de la
delimitación de la franja de protección y área de producción.
50. Consideró que al haberse radicado la demanda hasta el 21 de marzo de 2012,
acaeció el fenómeno extintivo de la caducidad frente a los actos administrativos
Resoluciones 0063 del 5 de marzo de 2010 y 113 del 28 de abril de 2010, pues los
demandantes tuvieron conocimiento de la declaratoria de efectividad de un área de
humedal que afectaba los predios de su propiedad desde su notificación personal.
51. Precisó que la Resolución 1472 del 12 de agosto de 2011 no revivió ni extendió
los términos de caducidad de los demás actos administrativos, pues esta última no
reabre debates sobre la existencia ni declaratoria de efectividad del humedal, ni
mucho menos se profirió como resultado de la solución a un recurso de la parte
demandante.
52. Enfatizó que no se verifica la existencia de ningún tipo de acto complejo ni
interdependencia en la que jurídicamente los primeros actos no existan sin el último.
53. Determinó que la mencionada Resolución 1472 de 2011 se limita a disminuir la
extensión del área efectiva en metros cuadrados, sin variar la naturaleza propia de
la afectación registrada desde el año 2010.
54. Por dichas razones, continuó el estudio de la acción únicamente frente a la
Resolución No. 1472 del 12 de agosto de 2011.
55. Observó que no prosperaba la excepción de falta de legitimación en la causa
por activa, atendiendo a que en el certificado de tradición del predio identificado con
matrícula inmobiliaria 120-8593 se verifica que los señores Tomás Caicedo
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Demandantes: Ileana Mosquera Caicedo, María José Caicedo
Mosquera, Norbey Martín Muñoz Orozco,
Tomás Caicedo Mosquera y Manuel Caicedo Mosquera
Mosquera, Ileana Mosquera Caicedo, María José Caicedo Mosquera y Manuel
Enrique Caicedo Mosquera fungían como propietarios, constatándose también que
aquellos realizaron una venta parcial del predio al demandante Norbey Martín
Muñoz Orozco, de la que se aperturó el folio de matrícula inmobiliaria No. 120-
185001 para el 14 de diciembre de 2011.
56. Destacó que el acto objeto de estudio redujo la extensión efectiva del humedal
Ciudad Jardín fijada en un primer momento mediante la Resolución 0063 de 2010,
decantándola en 388,92 metros cuadrados. Señaló que en línea con lo anterior, la
existencia del humedal fue establecida a través del acto administrativo expedido el
5 de marzo de 2010 por parte de la CRC, cuya legalidad no ha sido desvirtuada ni
es objeto de debate a raíz del acaecimiento de la caducidad.
57. Concluyó que a pesar de lo anterior, del material probatorio allegado al plenario,
no se evidencian elementos de prueba que deslegitimen las actividades
desplegadas por la CRC durante el trámite de efectividad del área del Humedal
Ciudad Jardín en su franja de protección y de producción, al contar con múltiples
estudios previos iniciados desde el año 2003, la caracterización conforme los
análisis del año 2008 y el plan de manejo del humedal que data del 2009. Estableció
que estos estudios no cuentan con prueba en contrario, pues la parte actora
pretendía desvirtuarlos con el señalamiento de la presencia de una tubería rota en
la zona del humedal, sin que esta sea la causal de la declaratoria de efectividad del
ecosistema.
58. Agregó que en general las afirmaciones de la parte actora son carentes de
soporte técnico y no contradicen los estudios técnicos y científicos elaborados
desde el año 2006, ni coindicen con las afirmaciones de los testigos que adelantaron
de primera mano los análisis de la zona del humedal.
59. Afirmó que el único acto administrativo que no está afectado de caducidad se
limitó a ajustar la extensión del Humedal Ciudad Jardín a la realidad arrojada por
los estudios técnicos posteriores, sin que ello desconozca la normatividad aplicable
ni genere la configuración de la falsa motivación invocada en el concepto de la
violación.
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Número de radicación: 19001 23 31 000 2012 00180 02
Demandantes: Ileana Mosquera Caicedo, María José Caicedo
Mosquera, Norbey Martín Muñoz Orozco,
Tomás Caicedo Mosquera y Manuel Caicedo Mosquera
60. Cerró sus argumentos señalando que el señor Norbey Martín Muñoz Orozco al
momento de adquirir una porción del terreno con matrícula inmobiliaria No. 120-
8593 era plenamente consciente de la anotación existente en dicho predio en virtud
del Humedal Ciudad Jardín, sin que sea procedente que se aproveche de su propio
dolo y busque obtener una compensación económica por la expectativa de negocio
que planteaba desarrollar en el inmueble adquirido con restricciones conocidas y
publicitadas en materia ambiental.
61. En vista de que el demandante no desvirtuó la presunción de legalidad de la
Resolución No. 1472 de 2011 proferida por el director general de la CRC, el a quo
negó las pretensiones de la demanda.
IV. RECURSO DE APELACIÓN
62. La parte demandante interpuso y sustentó oportunamente recurso de
apelación contra la sentencia proferida en primera instancia con base en los
argumentos que enseguida se exponen10.
63. Para el recurrente el Tribunal erró al denegar las pretensiones de la demanda,
pues no se configuró la caducidad de la acción, esto en atención a que la Resolución
1472 del 12 de agosto de 2011 modificó aspectos sustanciales de la Resolución
0063 del 5 de marzo de 2010. Añadió que los tres actos impugnados corresponden
a una misma decisión.
64. Argumentó que la Resolución 1472 de 2011 concluyó todo el procedimiento
administrativo ante la autoridad ambiental y sin sus modificaciones la Resolución
0063 del mismo año no era ejecutable, pues no contenía responsabilidades claras
frente a los propietarios en cuanto a las áreas del humedal.
65. Explicó que en la Resolución 0063 se establecen manzanas en general,
denominándolas 061, 062, 063, 068 y 069, además de señalar que son de propiedad
del señor Tomás Caicedo Mosquera. A continuación destacó que en la Resolución
10 Índice 00092 del expediente digital de primera instancia, SAMAI, documento:
6_INCORPORAMEMORIAL_05RECURSO(.pdf). Visible también a folios 1200 a 1205 del cuaderno
del Tribunal.
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Mosquera, Norbey Martín Muñoz Orozco,
Tomás Caicedo Mosquera y Manuel Caicedo Mosquera
1472 si se hace una distribución por propietario, distinguiendo entre la familia
Caicedo Mosquera, el señor Humberto Moreno y la empresa Caucana Automotriz y
Vías.
66. Agregó que en este último acto se descargaron unas áreas a la familia Caicedo
Mosquera por cuanto un área del humedal estaba en terrenos de propiedad del
señor Humberto Moreno y Caucana Automotriz. Precisó que dichas modificaciones
no están contenidas en la parte resolutiva del acto cuestionado sino que hacen parte
de sus consideraciones.
67. Argumentó que existe una estrecha relación entre los tres actos cuestionados,
sin que se pueda desligar el uno del otro y por esta razón es equivocada la tesis del
a quo.
68. En cuanto al cargo de falsa motivación, sostuvo que este se encuentra
debidamente acreditado respecto de los actos que el a quo consideró en firme y
frente a los cuales declaró la caducidad de la acción. Señaló que en relación con
dichos actos, reposan en el expediente suficientes medios de convicción que
permiten demostrar la configuración de la causal de nulidad.
69. Señaló que se cuenta con soporte suficiente que permite concluir que en el año
2011 se encontró accidentalmente una tubería de alcantarillado instalada
superficialmente que presentaba averías.
70. Mencionó que se aportaron los oficios proferidos por la Personería Municipal de
Popayán, el Acueducto y Alcantarillado de Popayán S.A. E.S.P. y la Secretaría de
Planeación Municipal de Popayán en los que se verifica le existencia de la tubería
ya mencionada y su mal estado.
71. Citó como prueba trasladada el dictamen pericial expedido por la Universidad
del Cauca, proveniente del expediente de acción popular con radicado 201100180,
de conocimiento del Tribunal Administrativo del Cauca, en el cual se concluyó que
era imposible establecer el área del humedal debido al afloramiento de agua en una
zona muy reducida. Con fundamento en dicho dictamen, señaló que para el 12 de
junio de 2013 el agua superficial del humedal había desaparecido y que la flora y
20
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fauna existentes no correspondían a las propias de ese ecosistema.
72. Adujo que esta prueba pericial no se tuvo en cuenta por el a quo, a pesar que
de ella se pudo determinar que el humedal delimitado no existía al momento de la
visita efectuada y aunque en el pasado hubiese tenido dichas características, este
habría desaparecido por la intervención antrópica.
73. Añadió que de las declaraciones rendidas en el trámite procesal se concluye
que el informe de caracterización elaborado por la WWF y en el cual se basó la CRC
no partió de estudios e informes realizados directamente por la entidad que
conceptúa sobre la existencia del humedal.
74. Solicitó se revoque la sentencia de primera instancia y en su lugar se acceda a
las pretensiones de la demanda.
V. ACTUACIONES EN SEGUNDA INSTANCIA
75. El Tribunal Administrativo del Cauca, mediante auto de 21 de septiembre de
202311, concedió en el efecto suspensivo el recurso de apelación interpuesto por la
parte demandante.
76. El Despacho Sustanciador, mediante auto de 25 de junio de 202412, admitió el
recurso de apelación interpuesto por la parte demandante.
77. Posteriormente, en providencia del 13 de enero de 202613 se corrió traslado a
las partes para que presentaran sus alegatos de conclusión y al Ministerio Público
para que emitiera concepto.
VI. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN
11 Índice 00094 del expediente digital de primera instancia cargado en SAMAI, visible también a folio
1207 del Cuaderno del Tribunal.
12 Índice 00014 del expediente digital, SAMAI.
13 Índice 00021 del expediente digital, SAMAI.
21
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78. La parte demandante 14 presentó sus alegatos de conclusión en los cuales
solicitó se revoque la sentencia de primera instancia y expuso idénticos argumentos
a los del recurso de alzada, frente a la caducidad declarada por el a quo y la falsa
motivación de los actos cuestionados.
79. La parte demandada no presentó escrito de alegatos de conclusión.
VII. CONCEPTO DEL MINISTERIO PÚBLICO
80. El Ministerio Público no presentó escrito de intervención.
VIII. CONSIDERACIONES
8.1. Competencia
81. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 237 de la Constitución Política,
así como de lo ordenado en el artículo 129 del Código Contencioso Administrativo
y en el artículo 13 del Acuerdo 80 de 201915, la Sección Primera del Consejo de
Estado es competente para conocer del asunto de la referencia.
82. No observándose causal de nulidad que invalide lo actuado, procede la Sala a
decidir el asunto sub lite, con fundamento en lo que sigue.
8.2. De la naturaleza de las actuaciones impugnadas
83. Corresponde a la Sala determinar si la declaración del área efectiva de un
humedal, la aclaración posterior sobre sus destinatarios y la ulterior modificación de
su longitud integran un acto complejo.
84. Responder tal cuestionamiento impone referir el procedimiento administrativo al
que está sujeta la expedición de las mencionadas decisiones, con la previa
indicación de que para el momento de expedición de los actos que aquí se censuran
14 Índice 00025 del expediente digital, SAMAI.
15 Reglamento Interno del Consejo de Estado.
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existía dispersión normativa y por ello la Sala refiere el marco normativo en el que
se sustentan.
85. A efectos de materializar los postulados contenidos en los artículos 8 16, 7917,
8018, 8119, 8220 y 22921 de la Constitución Política, el Congreso de la República
aprobó la «Convención Relativa a los Humedales de Importancia Internacional
Especialmente como Hábitat de Aves Acuáticas» (en adelante Convención de
Ramsar), mediante la Ley 357 del 21 de enero de 199722, de modo que se adoptaran
los mecanismos que permitieran garantizar el efectivo amparo de la diversidad e
integridad del ambiente, el desarrollo sostenible de los recursos y riquezas naturales
y la conservación de las áreas de especial protección ecológica.
86. El artículo 1º ibidem, define los humedales como «las extensiones de marismas,
pantanos y turberas, o superficies cubiertas de aguas, sean éstas de régimen
natural o artificial, permanentes o temporales, estancadas o corrientes, dulces,
salobres o saladas, incluidas las extensiones de agua marina cuya profundidad en
marea baja no exceda de seis metros».
87. Como resultado de la Convención de Ramsar, en la Séptima Reunión de la
Conferencia de las Partes Contratantes de la Convención sobre los Humedales23,
16 “Artículo 8. Es obligación del Estado y de las personas proteger las riquezas culturales y
naturales de la Nación”.
17 “Artículo 79. Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. La ley garantizará
la participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo.
Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial
importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines”.
18 “Artículo 80. El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para
garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución.
Además, deberá prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones
legales y exigir la reparación de los daños causados.
Así mismo, cooperará con otras naciones en la protección de los ecosistemas situados en las zonas
fronterizas”.
19 “Artículo 81. Queda prohibida la fabricación, importación, posesión y uso de armas químicas,
biológicas y nucleares, así como la introducción al territorio nacional de residuos nucleares y
desechos tóxicos.
El Estado regulará el ingreso al país y la salida de él de los recursos genéticos, y su utilización, de
acuerdo con el interés nacional”.
20 “Artículo 82. Es deber del Estado velar por la protección de la integridad del espacio público y
por su destinación al uso común, el cual prevalece sobre el interés particular.
Las entidades públicas participarán en la plusvalía que genere su acción urbanística y regularán la
utilización del suelo y del espacio aéreo urbano en defensa del interés común”.
21 “Artículo 229. Se garantiza el derecho de toda persona para acceder a la administración de
justicia. La ley indicará en qué casos podrá hacerlo sin la representación de abogado”.
22 Diario Oficial No. 42.967 de 1997 (27 de enero).
23 Realizada en San José (Costa Rica) del 10 al 18 de mayo de 1999.
23
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se aprobaron los “Lineamientos para elaborar y aplicar Políticas Nacionales de
Humedales” en los cuales se fijaron los elementos para lograr su conservación.
88. En cumplimiento de lo acordado en dicha Reunión y de lo dispuesto en el
numeral 24 del artículo 5 de la Ley 99 de 1993 24 , el Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible expidió, en junio de 2002, la “Política Nacional para
Humedales Interiores de Colombia”, cuyos objetivos específicos fueron los
siguientes:
▪ «Integrar los humedales del país en los procesos de planificación de uso
del espacio físico, la tierra, los recursos naturales y el ordenamiento del
territorio, reconociéndolos como parte integral y estratégica del territorio, en
atención a sus características propias, y promover la asignación de un valor real
a estos ecosistemas y sus recursos asociados, en los procesos de planificación
del desarrollo económico.
▪ Fomentar la conservación, uso sostenible y rehabilitación de los humedales
del país de acuerdo a sus características ecológicas y socio económicas.
▪ Promover y fortalecer procesos de concienciación, y sensibilización a
escala nacional, regional y local, respecto a la conservación y uso sostenible de
humedales».
89. De acuerdo a lo establecido en la Convención Ramsar se clasificaron los
humedales en marinos o costeros e interiores, cada uno con un sistema,
subsistema, clase y subclase. Allí mismo, y luego de definir el marco general, el
diagnóstico, los principios de la política, las estrategias, líneas programáticas, metas
y acciones, el Ministerio se ocupó de concretar los instrumentos de articulación y
funcionamiento de la gestión para la conservación y uso sostenible de los
humedales, encontrando que en el punto legal el país carecía de normatividad que
regulara todo lo concerniente. Sobre el punto indicó:
«En la actualidad no existe en Colombia una normatividad específica para la
conservación, protección y manejo de estos ecosistemas, encontrándose sólo
en el Código Nacional de los Recursos Naturales Renovables y de Protección
del Medio Ambiente, algunos aspectos relacionados con el aprovechamiento de
las aguas superficiales y subterráneas, dominio de las aguas y sus cauces y de
los modos de adquirir derecho al uso de las aguas.
24 “Artículo 5º.- Funciones del Ministerio. Corresponde al Ministerio del Medio Ambiente:
(…)
24. Regular la conservación, preservación, uso y manejo del medio ambiente y de los recursos
naturales renovables, en las zonas marinas y costeras, y coordinar las actividades de las entidades
encargadas de la investigación, protección y manejo del medio marino, de sus recursos vivos, y de
las costas y playas; así mismo, le corresponde regular las condiciones de conservación y manejo de
ciénagas, pantanos, lagos, lagunas y demás ecosistemas hídricos continentales”.
24
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La ausencia de un marco legal específico para humedales, ha ocasionado la
pérdida y alteración de los mismos debido al deterioro de los procesos naturales
como consecuencia de la agricultura intensiva, la urbanización, la
contaminación, la construcción, de represas el traslado regional de aguas y
otras formas de intervención en el sistema ecológico e hidrológico.
Aunque no se ha cuantificado su pérdida, es claro que se está ocasionando un
impacto importante en las comunidades locales que depende de estos recursos
y por ende en los servicios ambiéntales que generan.
En este sentido la Convención Ramsar, en las Directrices sobre el uso
sostenible de humedales y en su Plan Estratégico insta a las Partes
Contratantes a realizar los exámenes de la legislación a partir de los
lineamientos para examinar leyes e instituciones a fin de promover la
conservación y uso sostenible de los humedales.
Teniendo en cuanta lo anterior, y en el marco de la Ley 357 de 1997, los
objetivos operativos y acciones específicas que se presentan a continuación
apuntan a evitar la pérdida de humedales y a regular las actividades que causen
un impacto sobre los humedales y establecer criterios de protección, mitigación,
seguimiento y ejecución de las leyes.
Meta 1
Examinar la legislación vigente y las políticas sectoriales para establecer
deficiencias para el manejo de humedales y proponer un desarrollo
reglamentario de la ley 357
Acciones:
▪ El Ministerio del Medio Ambiente a partir de la revisión de la normatividad
vigente, formulará y expedirá un Decreto reglamentario específico sobre
conservación y uso sostenible de humedales, con base en los
lineamientos de la Convención Ramsar.
▪ El Ministerio del Medio Ambiente, promoverá la participación de las
entidades del SINA, el Comité Nacional de Humedales, las
Organizaciones Gubernamentales y no Gubernamentales, el sector
productivo, la Sociedad Civil, las comunidades locales, en la
formulación, concertación y expedición del Decreto normativo específico
para humedales.
▪ Las CAR y CDS con base al Decreto reglamentario específico para
humedales, generan normas regionales y locales para la protección de
los humedales de su jurisdicción.»
90. Acatando el lineamiento que buscaba precisar un régimen claro de protección
de humedales, el entonces Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial
expidió la Resolución 0157 del 12 de febrero de 2004 25, en la cual, además de
precisar su ámbito de aplicación, es decir, los “humedales continentales y marino
25 “Por el cual se reglamentan el uso sostenible, conservación y manejo de los humedales, y se
desarrollan aspectos referidos a los mismos en aplicación de la Convención Ramsar”
25
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costeros” 26 , se indicó que eran bienes de uso público 27 , aspecto éste que fue
desarrollado vía concepto por la Sala de Consulta y Servicio Civil en dos
oportunidades28 y por esta Sección en una sentencia expedida el 21 de junio de
2018, que analizó a profundidad tal condición29.
91. Aunado a ello, el artículo 4 señaló cuales eran las autoridades ambientales
competentes y en el artículo 3 indicó que era su deber elaborar y ejecutar planes de
manejo ambiental para los humedales prioritarios de su jurisdicción, para la
definición de medidas de manejo y para la determinación de los parámetros de
delimitación, caracterización, zonificación y reglamentación de usos de los
humedales prioritarios, aspectos estos que se definieron en los artículos 6 a 9 y para
cuyo alcance ordenó que dentro de los seis (6) meses siguientes se expidiera una
guía técnica.
92. En concordancia con ello, el 1 de febrero de 2006, el Ministerio de Ambiente,
Vivienda y Desarrollo Territorial profirió la Resolución 019630, por medio de la cual
adoptó la “Guía Técnica para la formulación, complementación o actualización, por
parte de las autoridades ambientales competentes en su área de jurisdicción, de los
planes de manejo para los humedales prioritarios y para la delimitación de los
mismos(…)”31, en cuyo contenido se advierten varios anexos que fijan la manera en
que las autoridades deben delimitar, si a ello hay lugar, los humedales de su
jurisdicción. Así, precisa que la delimitación del humedal debía efectuarse a partir
de trabajo de campo, identificación de puntos de borde y análisis de dinámicas de
inundación, así como la definición de una franja paralela de hasta 30 metros,
orientada a garantizar su protección y equilibrio ecológico. Esto conforme el Anexo
26 Artículo 1.
27 Artículo 2.
28 Consejo de Estado. Sala de Consulta y Servicio Civil. Concepto del 28 de octubre de 1994,
proferido en el expediente número 642, M.P. Dr. Javier Henao Hidrón.
Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil. Concepto de 26 de julio de 2007. Rad. 1825.
C.P. Enrique José Arboleda Perdomo.
29 Consejo de Estado. Sección Primera. Proceso número 25000-23-24-000-2013-00008-01 (AP).
M.P. Hernando Sánchez Sánchez.
30 Resolución 0196 de 2006: “la cual fue elaborada a partir de las Guías de Ramsar 1994 y su
adaptación por el Centro de Asesoría y Entrenamiento de Humedales de Holanda, 2002; la Guía de
Inventario de Ramsar VIII 6 del 2002; los lineamientos para integrar la conservación y el uso racional
de los humedales en el manejo de las cuencas hidrográficas (Manual núm. 4 de Ramsar); y los
principios y lineamientos para incorporar las cuestiones concernientes a los humedales en el manejo
integrado de las zonas costeras (MIZC) (Resolución VIII.4). Así mismo, se contó con los aportes
realizados por los participantes del Sistema Nacional Ambiental - SINA, en el Tercer Curso de
Humedales realizado en octubre de 2004”.
31 Articulo 1.
26
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1C que contiene los criterios para la identificación y delimitación de humedales, en
el que se especifica el método de campo y se plasman los pasos para la
identificación, el Paso 3 que contiene lo relativo al Método de Puntos, el Paso 4 que
regula la determinación del límite del humedal y el Paso 5 que trata lo referente a la
Franja de Protección de 30 metros de ancho con el fin de amortiguar los impactos,
proteger el humedal y preservar el equilibrio ecológico.
93. Siguiendo con el estudio del procedimiento administrativo al que está sujeta la
expedición de los actos impugnados, la Sala aludirá al Anexo 1C de la Resolución
mencionada en el anterior numeral, en el cual se puntualizan los criterios para la
identificación y delimitación de humedales, los cuales, según se anuncia, fueron
adaptados del Manual para la Identificación de Humedales de Michigan, 2005, y
corresponden a los que se enlistan a continuación:
94. Supone dos etapas, la primera denominado «A. Requerimientos de
información», en el cual es necesario utilizar «1. Cartografía», «2. Uso de la Tierra»,
«3. Información de Sensores Remotos», «4. Suelos» y «5. Registro de Información
hidrológica». La segunda, implica agotar a su vez cinco (5) pasos, a saber: «Paso
1: Revisión de información», «Paso 2: Reconocimiento o verificación en campo»,
«Paso 3: Método de puntos», «Paso 4: Delimitación del límite del humedal» y «Paso
5: Franja de protección».
95. Es indispensable traer a colación los pasos 2 y siguientes, debido a que, con
ellos culmina el procedimiento de delimitación.
96. Pues bien, el Paso 2 dictamina que:
«Paso 2: Reconocimiento o verificación en campo
2A. Identificación del humedal
En esta etapa se debe verificar la información del paso 1 a partir de la cual se
identificará el humedal objeto de delimitación.
2B. Determinación de las condiciones presentes
Utilizando la información sobre los aspectos referentes a factores de
perturbación en el humedal, identifique las condiciones naturales o inducidas
por el hombre que pueden estar afectando los aspectos hidrológicos,
vegetación y suelos del humedal. Tales impactos incluyen, entre otros,
canalización, drenaje, represamiento, construcción de terraplenes o carillones,
27
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tomas de agua, rellenos, remoción de la vegetación o de suelos, así como
modificaciones adyacentes al humedal que puedan afectar su hidrología.
2C. Evaluación de los patrones hidrológicos y de vegetación del humedal
Tomando como referencia la información referente a los aspectos biofísicos del
humedal generados en la formulación del plan de manejo, la información del
paso 1 y observaciones visuales de las condiciones del humedal, determinar
sus patrones hidrológicos y de vegetación.
1. Localizar indicadores de aspectos hidrológicos (ejemplo: drenajes, corrientes,
ríos, lagos, etc.).
2. Describir la diversidad de la comunidad de plantas (emergentes, flotantes,
sumergidas, arbustivas), y su composición por cada tipo.
3. Determinar las áreas que corresponden a un humedal y las que no.
4. Estimar los límites del humedal identificando las zonas de vegetación
transicional y la topografía». (Subrayas de la Sala).
97. A su turno, el Paso 3, se refiere a lo siguiente:
«Paso 3: Método de Puntos
Una vez que se ha identificado una zona de transición entre un humedal y un
área que no lo es, establecer puntos dentro de la zona de transición, para
determinar el límite entre el humedal y el área que no lo es. Esto se lleva a cabo,
localizando y evaluando puntos de observación específicos dentro de la zona
de transición, en número suficiente para permitir la identificación del límite del
humedal de acuerdo con los siguientes pasos:
3A. Determinar la presencia de vegetación hidrófila. Considerada como los tipos
vegetacionales asociados a medios acuáticos o semiacuáticos. Se tendrá en
cuenta el límite entre terrenos con predominancia de cobertura vegetacional
hidrófila y terrenos con cobertura de vegetación no propia de ambientes
acuáticos o semiacuáticos
1. Establecer un punto de observación y examinar la vegetación determinando
las especies predominantes en cada estrato de vegetación. Se consideran
como especies predominantes, las que son más abundantes dentro del área
objeto de evaluación.
2. Determinar si hay predominancia de vegetación hidrófila en el área, es decir,
si su ocurrencia es mayor que el de plantas que no son hidrófilas.
3B. Determinar la presencia visual de indicadores hidrológicos como:
• Observación visual de inundación
• Observación visual de suelos saturados
• Niveles de agua
• Depósitos de sedimentos
• Patrones de drenaje dentro del humedal
3C. Determinar la presencia de suelos hídricos. Suelos que se desarrollan en
condiciones con alto grado de humedad, hasta llegar a grados de saturación y
el límite entre suelos predominantemente hídricos y suelos no hídricos.
28
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Utilizando la información del paso 1 y la de aspectos físicos del humedal
generados en la formulación del plan de manejo determinar la presencia de
suelos hídricos.
En el caso de terrenos que presenten alguna condición hidrológica, pero
desprovistos de vegetación o suelo hídrico; los límites se determinan entre los
terrenos que estén inundados o saturados durante algún período del año y
aquellos que no presentan esta condición.» (Subrayas de la Sala).
98. Precisado el alcance de ese paso, la Guía ordena continuar con el Paso 4, que
está orientado a lo siguiente:
«Usando el método de puntos descrito en el paso 3, se determina el límite del
humedal en un punto dado. Se pueden establecer entonces, una serie de
puntos de delimitación en el área del humedal como sean necesarios,
representándolos en el mapa para establecer su límite. Así mismo, otra forma
para determinar el límite total del humedal, es utilizando la información referente
a periodos de máxima y mínima inundación con recurrencia mínima de 10 años
y caudales.»
99. Resta por hacer referencia a la necesaria demarcación de la zona de protección
y a la línea de transición que debe existir al elaborar el plan de manejo de este tipo
de recursos, que se encuentra establecida en el Paso 5; veamos:
«Paso 5. Franja de protección
Una vez determinado el límite del humedal objeto de estudio, se procederá
a establecer una franja paralela de protección, a que aluden los artículos 83
literal d), y 14 del Decreto 1541 de 1978, constituida por una franja paralela a la
línea de mareas máximas o a la del cauce permanente, hasta de 30 metros de
ancho, que involucra las áreas inundables para el paso de las crecientes no
ordinarias y las necesarias para la amortiguación, protección y equilibrio
ecológico del humedal y el mantenimiento permanente de su zona de
transición.»
29
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100. Visto así el panorama normativo que rige este tópico y de cara a los actos
cuestionados, tenemos que en la Resolución 0063 del 5 de marzo de 2010 la
autoridad ambiental dio cuenta del cumplimiento de dicho procedimiento, al
desarrollar las actividades de verificación en campo, análisis técnico y
determinación de los límites del humedal, con fundamento en los criterios
establecidos en la citada guía técnica, lo que permitió declarar su existencia y
delimitar el Humedal Ciudad Jardín, así como establecer su franja de protección y
las restricciones de uso correspondientes, siendo el acto que concluyó con el
procedimiento para la declaratoria de dicho ecosistema.
101. Posteriormente, la Resolución 0113 del 28 de abril de 2010 se limitó a precisar
e individualizar los destinatarios de la decisión, sin alterar el contenido sustancial
del acto inicial, esto es, la existencia y delimitación previa del humedal, aunque sí
generó efectos jurídicos en relación con dichos sujetos.
102. Por su parte, la Resolución 1472 del 12 de agosto de 2011 introdujo una
modificación puntual relacionada con la longitud del humedal y algunos aspectos de
su configuración, sin que ello implique que en ese momento se hubiese determinado
por primera vez la existencia del ecosistema, la cual ya había sido definida en la
Resolución 0063 de 2010.
103. En otras palabras, las dos últimas resoluciones no participaron en la formación
de la declaración de existencia del humedal Ciudad Jardín, sino que intervinieron
con posterioridad para individualizar los propietarios o introducir ajustes técnicos
puntuales en la delimitación previamente establecida, sin alterar la decisión
estructural adoptada en el acto inicial referente a la declaratoria de la existencia del
Humedal Ciudad Jardín.
104. En este escenario, es claro que en cada una de las resoluciones que aquí se
demandan se crearon situaciones jurídicas distintas y que al tenor de lo que dispone
el artículo 50 del CCA cada una de ellas se connota en un acto definitivo:
«Artículo 50. Recursos en la Vía Gubernativa.
[…]
30
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Son actos definitivos, que ponen fin a una actuación administrativa, los que
deciden directa o indirectamente el fondo del asunto; los actos de trámite
pondrán fin a una actuación cuando hagan imposible continuarla»
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/codigo_contencioso_admi
nistrativo_pr001.html
105. En lo relativo a su eficacia y oponibilidad, el CCA dispone que las decisiones
administrativas deben ser publicadas o notificadas según su naturaleza (arts. 43, 44
y 45), de manera que los actos de carácter general requieren publicación, mientras
que aquellos que afectan situaciones particulares deben notificarse a sus
destinatarios.
106. En ese sentido una vez ejecutoriadas conforme al artículo 62 ibidem, dichas
decisiones producen plenos efectos jurídicos.
107. Así reza el artículo 62 CCA:
«Artículo 62. Los actos administrativos quedarán en firme:
1. Cuando contra ellos no proceda ningún recurso.
2. Cuando los recursos interpuestos se hayan decidido.
3. Cuando no se interpongan recursos, o cuando se renuncie expresamente a
ellos.
4. Cuando haya lugar a la perención, o cuando se acepten los desistimientos.»
(Subrayas de la Sala).
108. Adicionalmente no puede perderse de vista que entre la expedición de la
Resolución 0063 del 5 de marzo de 2010 y la Resolución 1472 del 12 de agosto de
2011 transcurrió un lapso superior a un año, lo que evidencia que no se trata de
actuaciones simultáneas o concurrentes dirigidas a conformar una única decisión,
sino de intervenciones administrativas sucesivas en momentos distintos, cada una
con efectos jurídicos propios. Este intervalo temporal confirma, además, que no es
cierto que el acto inicial no pudiera ejecutarse sin la expedición de los posteriores,
pues desde el año 2010 ya se había adoptado la decisión de declarar la existencia
del humedal y fijar su delimitación, la cual era plenamente oponible y susceptible de
control judicial.
109. La circunstancia de que los actos posteriores se refieran al mismo humedal no
implica que integren una única decisión administrativa, pues la declaratoria de
existencia del Humedal ya había sido definida de manera definitiva desde el año
2010.
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110. De lo anterior es claro que no se está en presencia de un acto administrativo
complejo, sino de actos administrativos independientes y separables. En efecto, el
acto complejo supone la concurrencia de varias voluntades o decisiones que
integradas, conforman una única decisión jurídica, de manera que ninguna de ellas
produce efectos por sí sola.
111. Sobre los actos complejos esta Corporación ha determinado:
«Están constituidos por la concurrencia sucesiva de varias declaraciones de
voluntad administrativa en su formación, la cual está mandada por el
ordenamiento jurídico superior o por la necesidad de resolver los recursos del
procedimiento administrativo.
Estas manifestaciones de voluntad han de tener unidad de finalidad u objeto y
contenido.
Entre ellas se presenta una relación de interdependencia en la que
jurídicamente una no existe sin la otra»32.
112. Así mismo esta Sección ha señalado:
«5.6.2. En reciente decisión33, este Despacho consideró lo siguiente respecto
de los actos administrativos complejos:
«Sobre los actos administrativos complejos, el Consejo de Estado ha sido
enfático en señalar que por ellos se entiende aquellos que resultan del concurso
de voluntades de una misma entidad o de entidades distintas que se unen en
una sola, de forma que haya unidad de contenido y unidad de fin en las diversas
voluntades, así como que la serie de actos que lo integran no tengan existencia
jurídica separada e independiente»34.
5.6.3. Las características del acto administrativo complejo se pueden sintetizar
en las siguientes: i) el acto administrativo complejo resulta del concurso de
voluntades de una misma entidad o entidades distintas que se unen en una
sola. ii) en el acto administrativo complejo existe unidad de contenido de las
diversas voluntades. iii) En el acto administrativo complejo existe unidad de fin
de las diversas voluntades. iv) En el acto administrativo complejo, los distintos
actos que lo integran no tienen existencia jurídica separada e independiente.
32 Consejo de Estado, Sección Segunda, fallo del 26 de enero de 2023,
Radicación: 11001032500020210020900 (1324-2021), Consejero ponente: William Hernández
Gómez.
33 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, decisión de 11 de abril de 2019, rad.
250002341000201701391-01.
34 Consejo de Estado. Sentencia de 25 de mayo de 1990, expediente 1772; actora, María Inés Lasso
Olarte, M.P. Clara Forero de Castro, reiterada en Consejo de Estado, Sección Segunda, Sentencia
del 11 de octubre de 2007, M.P. Gustavo Eduardo Gómez Aranguren. Rad. 11001-03-25-000-2005-
00115-00(4984-05).
32
Número de radicación: 19001 23 31 000 2012 00180 02
Demandantes: Ileana Mosquera Caicedo, María José Caicedo
Mosquera, Norbey Martín Muñoz Orozco,
Tomás Caicedo Mosquera y Manuel Caicedo Mosquera
5.6.4.1. En lo que respecta al punto ii), la Corporación35 ha sostenido que «para
que un acto administrativo sea complejo, debe contener varias declaraciones
conjuntas y sucesivas de dos o más autoridades. Del mismo modo, esas
declaraciones de voluntad de la administración deben tener como
características: unidad de contenido y de fines, de forma tal que ninguna de
ellas puede asimilarse separada e individualmente».
5.6.4.2. Sobre el punto iv), de tiempo atrás esta Corporación ha sostenido que
«las declaraciones que conforman un acto administrativo complejo no tienen
identidad o existencia como actos administrativos autónomos, es decir,
consideradas de manera separada, por lo cual no son aisladamente
pasibles de control jurisdiccional»36
[…]»37 (Negrillas del texto original).
113. Entonces de todo lo expuesto se concluye que los actos administrativos
demandados tienen existencia jurídica separada e independiente, aun cuando se
encuentren relacionados entre sí o se refieran a un mismo objeto material.
114. En tal sentido, se concluye que las resoluciones mediante las cuales se declara
y delimita el humedal, aquellas que individualizan a los sujetos destinatarios del acto
y las que introducen modificaciones parciales a su longitud no constituyen un acto
administrativo complejo, sino actos administrativos independientes y separables. En
consecuencia, cada uno de estos actos era susceptible de ser demandado de
manera autónoma, en la medida en que cumple una función decisoria propia: el
primero crea la situación jurídica al declarar y delimitar el humedal e imponer
restricciones; el segundo concreta su oponibilidad al individualizar a los
destinatarios; y el tercero introduce ajustes técnicos o modificaciones parciales
sobre la delimitación previamente establecida. Se trata por tanto, de decisiones que
producen efectos jurídicos diferenciados y que, como tales, pueden ser
controvertidas ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo de manera
independiente.
8.3. De la caducidad
35 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, decisión de 18 de
octubre de 2012, rad. 05001-23-15-000-2000-01421-01.
36 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, decisión de 1 de
agosto de 2002, rad. 11001 03 24 000 2000 06674 01(6674).
37 Consejo de Estado, Sección Primera, Auto del 30 de mayo de 2019, Consejero Ponente: Oswaldo
Giraldo López, rad.: 08001 23 33 000 2015 00078 01.
33
Número de radicación: 19001 23 31 000 2012 00180 02
Demandantes: Ileana Mosquera Caicedo, María José Caicedo
Mosquera, Norbey Martín Muñoz Orozco,
Tomás Caicedo Mosquera y Manuel Caicedo Mosquera
115. Como consecuencia de lo anterior, corresponde a la Sala determinar si en el
presente asunto operó la caducidad de la acción de nulidad y restablecimiento del
derecho, si la demanda se presentó dentro de los 4 meses siguientes a la
notificación del acto administrativo por medio del cual se introdujeron modificaciones
a otro acto a través del cual se declaró el área efectiva de un humedal en el sentido
de precisar su longitud; pero por fuera de los 4 meses siguientes a la notificación
del acto administrativo que declaró el área efectiva de un humedal y a otra decisión
que aclara el alcance de esa decisión en lo que respecta a los propietarios de los
inmuebles del área de influencia.
116. En consecuencia, al tratarse de actos administrativos independientes y
separables, cada uno de ellos cuenta con un término de caducidad propio, el cual
debe computarse de manera individual, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 136 del CCA, según el cual la acción de nulidad y restablecimiento del
derecho caduca al cabo de 4 meses contados a partir del día siguiente al de la
notificación, publicación, comunicación o ejecución del respectivo acto:
«Artículo 136. Caducidad de las acciones.
1. La acción de nulidad podrá ejercitarse en cualquier tiempo a partir de la
expedición del acto.
2. La de restablecimiento del derecho caducará al cabo de cuatro (4) meses
contados a partir del día siguiente al de la publicación, notificación,
comunicación o ejecución del acto, según el caso.
Sin embargo, los actos que reconozcan prestaciones periódicas podrán
demandarse en cualquier tiempo por la administración o por los interesados,
pero no habrá lugar a recuperar las prestaciones pagadas a particulares de
buena fe.» (Subrayas de la Sala).
117. Entonces se procede a realizar el conteo de caducidad para cada uno de los
actos administrativos que se cuestionan.
118. En ese contexto, la Sala advierte que si bien la Resolución 0063 de 2010
constituyó el acto administrativo definitivo mediante el cual se declaró la existencia
del humedal, se delimitó su área y se establecieron las restricciones
correspondientes, lo cierto es que su oponibilidad frente a los sujetos afectados no
se configuró de manera uniforme.
34
Número de radicación: 19001 23 31 000 2012 00180 02
Demandantes: Ileana Mosquera Caicedo, María José Caicedo
Mosquera, Norbey Martín Muñoz Orozco,
Tomás Caicedo Mosquera y Manuel Caicedo Mosquera
119. En efecto, dicho acto fue notificado únicamente al señor Tomás Caicedo
Mosquera. Conforme la documental que reposa en el plenario dicho acto
administrativo se notificó el 5 de marzo de 201038, contando por tanto el demandante
para interponer la acción de nulidad y restablecimiento del derecho hasta el 6 julio
de 2010.
120. Ahora respecto de los demás propietarios de los predios afectados, la situación
es distinta, pues solo a través de la Resolución 0113 del 28 de abril de 2010 se
procedió a su debida individualización y notificación, momento a partir del cual el
acto administrativo adquirió oponibilidad frente a ellos. En consecuencia, para estos
sujetos el término de caducidad no puede computarse desde la expedición o
notificación inicial de la Resolución 0063 de 2010, sino desde la notificación de la
Resolución 0113 de 2010, que fue la que materializó su vinculación efectiva a la
decisión administrativa.
121. Del expediente se evidencia que la Resolución 0113 fue notificada el 18 de
mayo de 201039 a los demás propietarios: María José Caicedo Mosquera, Ileana
Mosquera de Caicedo y Manuel Enrique Caicedo Mosquera, por lo tanto, el término
para interponer la acción feneció el 19 de septiembre de 2010.
122. Frente al último acto administrativo, Resolución 1472 del 12 de agosto de 2011,
se evidencia que fueron notificados los señores María José Caicedo Mosquera,
Tomás Caicedo Mosquera, Manuel Caicedo Mosquera e Ileana Mosquera de
Caicedo el 24 de agosto de 2011 40 , por lo tanto, contaban para interponer la
demanda hasta el 25 de diciembre de 2011.
123. Se advierte que la parte actora acudió al trámite de conciliación prejudicial
como requisito de procedibilidad lo cual, de conformidad con lo previsto en el artículo
21 de la Ley 640 de 2001, aplicable para la época de los hechos, suspende el
término de caducidad de la acción. En el caso concreto, se evidencia que la solicitud
de conciliación fue radicada el 19 de diciembre de 201141, suspendiéndose desde
38 Folio 79 del Cuaderno del Tribunal.
39 Folios 59 a 62 del Cuaderno del Tribunal.
40 Folio 70 del Cuaderno del Tribunal.
41 Folios 140 a 141 del Cuaderno del Tribunal.
35
Número de radicación: 19001 23 31 000 2012 00180 02
Demandantes: Ileana Mosquera Caicedo, María José Caicedo
Mosquera, Norbey Martín Muñoz Orozco,
Tomás Caicedo Mosquera y Manuel Caicedo Mosquera
ese momento el término de caducidad; posteriormente el 15 de marzo de 2012 42 se
celebró la audiencia y se expidió en esa misma fecha la constancia de no
conciliación, reanudándose el cómputo del término. Finalmente, la demanda fue
presentada el 21 de marzo de 201243.
124. En ese contexto, aun teniendo en cuenta la suspensión de la caducidad con
ocasión del trámite conciliatorio, se observa que para ese momento ya se
encontraba ampliamente vencido el término para demandar las Resoluciones 0063
del 5 de marzo de 2010 y 0113 del 28 de abril de 2010, cuyos términos de caducidad
habían expirado el 6 de julio de 2010 y el 19 de septiembre de 2010,
respectivamente.
126. Por el contrario, respecto de la Resolución 1472 del 12 de agosto de 2011,
el término de caducidad se encontraba vigente al momento de la solicitud de
conciliación prejudicial. En efecto, dicho acto fue notificado el 24 de agosto de 2011,
por lo que el término de 4 meses vencía el 25 de diciembre de 2011. No obstante,
antes de su expiración, el 19 de diciembre de 2011 se presentó la solicitud de
conciliación prejudicial, lo cual produjo la suspensión del término de caducidad. Para
ese momento restaban 7 días para que operara la caducidad. Posteriormente, la
constancia de no conciliación fue expedida el 15 de marzo de 2012, fecha a partir
de la cual se reanudó el cómputo del término restante, que vencía el 22 de marzo
de 2012. Comoquiera que la demanda fue radicada el 21 de marzo de 2012, se
concluye que fue presentada oportunamente, razón por la cual no operó la
caducidad frente a este acto administrativo.
127. Caso diferente es el del señor Norbey Martín Muñoz Orozco, quien adquirió
una parte del predio afectado con la declaratoria del Humedal Ciudad Jardín. No
obstante, de la revisión del expediente se advierte que dicho negocio jurídico se
celebró mediante escritura pública del 21 de noviembre de 2011 y se inscribió el 14
de diciembre de 201144 en el folio de matrícula inmobiliaria correspondiente, esto
es, con posterioridad a la expedición y ejecutoria de los actos administrativos que
declararon y delimitaron el humedal.
42 Ibidem.
43 Folio 155 del Cuaderno del Tribunal.
44 Folio 16 del Cuaderno del Tribunal, anotación 81 del folio de matrícula inmobiliaria.
36
Número de radicación: 19001 23 31 000 2012 00180 02
Demandantes: Ileana Mosquera Caicedo, María José Caicedo
Mosquera, Norbey Martín Muñoz Orozco,
Tomás Caicedo Mosquera y Manuel Caicedo Mosquera
128. En consecuencia, se configura el fenómeno de la caducidad frente a los actos
administrativos demandados, en los mismos términos analizados previamente para
los demás demandantes. En efecto, para el momento en que se celebró la
compraventa el 21 de noviembre de 2011 y con mayor razón, para cuando se
produjo su inscripción en el folio de matrícula inmobiliaria el 14 de diciembre de
2011, los actos administrativos que declararon y delimitaron el Humedal Ciudad
Jardín ya se encontraban ejecutoriados y produciendo efectos jurídicos, por lo que
la situación jurídica del inmueble se hallaba consolidada y era plenamente oponible.
En ese sentido, la adquisición del derecho de dominio no tiene la virtualidad de
reabrir términos de caducidad ya vencidos ni de generar un nuevo término
autónomo para su impugnación.
125. Por lo expuesto se acoge el análisis de caducidad efectuado por el a quo y se
constata que operó la caducidad respecto de las Resoluciones 0063 del 5 de marzo
de 2010 y 113 del 28 de abril de 2010, más no sobre la Resolución 1472 del 12 de
agosto de 2011, lo que conlleva a efectuar el análisis correspondiente a la luz del
cargo de falsa motivación.
8.4. De la falsa motivación
129. Como quedó anunciado, se impondría el análisis de la nulidad por falsa
motivación del acto por medio del cual se precisó la longitud del humedal Ciudad
Jardín. Sin embargo, la Sala advierte que la causa petendi está orientada a
cuestionar la validez de aquel acto que crea el humedal en consideración a que
indica que no están reunidas las condiciones para que ello sea procedente, toda
vez que lo que existe es una fuga de aguas servidas.
130. Vistas así las cosas, debe ahora a la Sala estudiar si es procedente resolver
la pretensión de nulidad de un acto administrativo, si del concepto de la violación se
desprende que los reproches se dirigen contra un acto distinto.
131. De la lectura de las pretensiones de la demanda, se observa que
efectivamente se busca la declaración de nulidad de la Resolución 1472 del 12 de
agosto de 2011. Veamos:
37
Número de radicación: 19001 23 31 000 2012 00180 02
Demandantes: Ileana Mosquera Caicedo, María José Caicedo
Mosquera, Norbey Martín Muñoz Orozco,
Tomás Caicedo Mosquera y Manuel Caicedo Mosquera
«PRIMERA: Declarar la nulidad de los siguientes actos administrativos:
• Resolución No. 063 del 5 de marzo por medio de la cual se (sic) “POR LA
CUAL SE DECLARA EL ÁREA EFECTIVA DEL HUMEDAL CIUDAD JARDÍN,
SE DELIMITA Y ESTABLECE SU FRANJA DE PROTECCIÓN Y SU ÁREA DE
PRODUCCIÓN”.
• Resolución No. 113 del 28 de abril de 2010 “POR LA CUAL SE ACLARA Y
MODIFICA LA RESOLUCIÓN No. 063 DEL 5 DE MARZO DE 2010.
• Resolución No. 1472 del 12 de agosto de 2011 “POR LA CUAL SE
MODIFICA PARA ACLARAR LA RESOLUCIÓN No. 063 DEL 5 DE MARZO DE
2010, MODIFICADA A LA VEZ POR LA RESOLUCIÓN No. 113 DE ABRIL 28
DE 2010 Y SE ADICIONAN DOS PARÁGRAFOS.
[…]»45 (Subrayas de la Sala).
128. Ahora, vale la pena recordar lo resuelto en los actos que se cuestionan
puntualmente en la Resolución 0063 de 2010 y en la Resolución 1472 de 2011.
Veamos lo que indica la primera de ellas:
«ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR EL ÁREA EFECTIVA DEL HUMEDAL
CIUDAD JARDÍN, DELIMITAR Y ESTABLECER SU FRANJA DE
PROTECCIÓN Y SU ÁREA DE PRODUCCIÓN, SEGÚN EL CONCEPTO
TÉCNICO DEL 21 DE DICIEMBRE DE 2009 DANDO ALCANCE A LA
ZONIFICACIÓN ELABORADA EN EL ESTUDIO DE PLAN DE MANEJO DE
HUMEDALES DE LA MESETA DE POPAYÁN REALIZADO POR LA CRC.
ARTÍCULO SEGUNDO: EL HUMEDAL CIUDAD JARDÍN, tendrá una longitud
aproximada de 171,82 metros lineales y una extensión aproximada efectiva de
4.064.21 metros cuadrados distribuidos de acuerdo al Plan U-01 de la
siguiente manera:
(…)»
126. La parte resolutiva de la Resolución 1472 del 12 de agosto de 2011, indicó:
«RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO: Modificar el Artículo Segundo de la Resolución N. 0063
de marzo 5 de 2010, el cual quedará así:
ARTÍCULO SEGUNDO: EL HUMEDAL CIUDAD JARDÍN tendrá una longitud
aproximada de 388.92 metros cuadrados de acuerdo al plano U-01 de la
siguiente manera:
(…)»
45 Folios 142 a 154 del Cuaderno 8 del Tribunal.
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Número de radicación: 19001 23 31 000 2012 00180 02
Demandantes: Ileana Mosquera Caicedo, María José Caicedo
Mosquera, Norbey Martín Muñoz Orozco,
Tomás Caicedo Mosquera y Manuel Caicedo Mosquera
129. Es relevante igualmente traer a colación los argumentos expuestos en la
demanda46. Veamos:
46 Expediente digital: índice 00012, archivo: CUADERNO TRIBUNAL8(pdf) folios 142 a 154.
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Número de radicación: 19001 23 31 000 2012 00180 02
Demandantes: Ileana Mosquera Caicedo, María José Caicedo
Mosquera, Norbey Martín Muñoz Orozco,
Tomás Caicedo Mosquera y Manuel Caicedo Mosquera
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Número de radicación: 19001 23 31 000 2012 00180 02
Demandantes: Ileana Mosquera Caicedo, María José Caicedo
Mosquera, Norbey Martín Muñoz Orozco,
Tomás Caicedo Mosquera y Manuel Caicedo Mosquera
130. En el recurso se dejó dicho47:
131. Bajo esa perspectiva, atendiendo al concepto de la violación de la demanda
y al recurso de apelación, se advierte que los reproches del actor en realidad recaen
sobre el acto que declaró la existencia del humedal, puntualmente respecto del
artículo 1 de la Resolución 0063 de 2010.
132. El demandante no proporcionó un fundamento preciso para explicar por qué
consideraba que la Resolución 1472 de 2011 era contraria a derecho. En ese
sentido, es pertinente señalar que no es posible interpretar dichos reparos, pues
esta Corporación de manera consistente ha indicado que en la Jurisdicción de lo
Contencioso Administrativo tiene aplicación el principio de justicia rogada, lo que
significa que a la parte actora le asiste la obligación de delimitar el alcance del
estudio de validez que pretende plantear ante el Juez, para lo cual deberá indicar
cuáles son las normas que considera vulneradas por el acto enjuiciado y señalar el
razonamiento respectivo para ese efecto.
133. En el presente caso, la parte actora no cumplió con dicha carga, pues si bien
identificó la Resolución 1472 de 2011 como acto demandado, no expuso las normas
que estima trasgredidas ni desarrolló razonamiento alguno que permita establecer
en qué consiste su ilegalidad. Esa ausencia de carga argumentativa impide a la Sala
adelantar el estudio de legalidad del acto, pues hacerlo implicaría suplir de oficio la
actividad que le corresponde exclusivamente al demandante.
134. Al respecto, esta Sección, en sentencia del 12 de junio de 2014, manifestó:
«Al respecto, cabe advertir que el Juez Contencioso Administrativo no puede
realizar el estudio de legalidad del acto administrativo acusado con base en
47 Expediente digital: índice 00012, CUADERNO PRINCIPAL (pdf) folios 1200 a 1205
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Número de radicación: 19001 23 31 000 2012 00180 02
Demandantes: Ileana Mosquera Caicedo, María José Caicedo
Mosquera, Norbey Martín Muñoz Orozco,
Tomás Caicedo Mosquera y Manuel Caicedo Mosquera
normas no invocadas en la demanda, ni atender conceptos de violación no
explicados, sino que debe limitarse a estudiar las razones de
inconstitucionalidad o ilegalidad, expuestas en la demanda.
Sobre el particular, es oportuno traer a colación la sentencia de 27 de noviembre
de 2003 de esta Sección (Expedientes Acumulados núms. Rad.: 1101-03-24-
000-2002-00398-01 y 1101-03-24-000-2002-00080-01 (8456 y 7777), Actores:
José Darío Forero Fernández, Hugo Hernando Torres y otro, Consejera ponente
doctora Olga Inés Navarrete Barrero), en la que se precisó:
“Respecto de la interposición de demandas de nulidad ante lo contencioso
administrativo, es necesario recordar que la justicia contencioso administrativa es
“rogada” es decir, que solo puede pronunciarse respecto de los hechos y normas
que se hayan esgrimido en la demanda de donde resulta que la precisa y
adecuada cita de los fundamentos de derecho y de las normas violadas viene a
constituir el marco dentro del cual puede moverse el juzgador. Así lo ha expresado
esta Corporación a través de sus fallos de los cuales se destaca el siguiente
pronunciamiento:
“En atención al carácter de "justicia rogada" que tiene la justicia administrativa,
el juez no puede realizar el estudio de legalidad con normas no invocadas en la
demanda, pues la expresión tanto de los fundamentos de derecho que se
invocan como vulnerados, así como el concepto de la violación, constituyen el
marco dentro del cual puede moverse el juez administrativo. Así lo ha señalado
en reiterada jurisprudencia esta Corporación. En distintos fallos se ha dicho:
"Esta jurisdicción es por esencia rogada. Ello significa que es el accionante, en
el señalamiento que hace de las disposiciones transgredidas con los actos
administrativos que acusa, quien determina el marco de juzgamiento. No le está
permitido al juez administrativo confrontar el acto impugnado con normas no
invocadas en la demanda ni atender a conceptos de violación diferentes a los
expuestos en el libelo En otros términos, al juzgador solo le es dado analizar el
acto enjuiciado a la luz de las disposiciones que se indican como violadas y por
los motivos planteados en el escrito introductorio". (Confr. Sentencia Consejo
de Estado, Sección Segunda. Radicación 8051. C.P. Joaquín Barreto Ruíz.
Noviembre 29 de 1995). En otro fallo se ratifica este criterio en la siguiente
forma: "El juez administrativo no tiene competencia para realizar un control
general de legalidad. Está limitado por la demanda que constituye el marco de
litis por manera que no puede analizar un acto que no se acusa". (Cfr. Consejo
de Estado. Sección Quinta. C.P: Miren de La Lombana. Radicación 1468).
Cuando la ley habla de citar las disposiciones violadas no se cumple con este
requisito con la simple cita del ordenamiento al cual pertenecen las normas
infringidas, sino que éstas deben señalarse con toda precisión. El control que
realiza el Consejo de Estado no es un control general de legalidad que
supondría la confrontación con todos los ordenamientos superiores
relacionados con el acto acusado, labor que resultaría imposible de ejecutar.
Resulta procedente la prosperidad de la excepción de inepta demanda
propuesta por la apoderada del Ministerio de Agricultura”. (Cfr. Consejo de
Estado. Sección Primera. M.P. Dra. Olga Inés Navarrete Barrero. Expediente:
6536. Fecha: 02/04/18).” (Las negrillas y subrayas fuera de texto)
Consecuente con el precedente jurisprudencial enunciado, considera la Sala
que el Juez Contencioso Administrativo no puede realizar el estudio de legalidad
del acto administrativo acusado con fundamento en normas superiores de
derecho no invocadas en la demanda, ni atender conceptos de violación no
explicados, sino que debe limitarse a estudiar las razones de
inconstitucionalidad o ilegalidad, expuestas en la demanda, que constituyen el
marco de la litis o del juzgamiento.
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Número de radicación: 19001 23 31 000 2012 00180 02
Demandantes: Ileana Mosquera Caicedo, María José Caicedo
Mosquera, Norbey Martín Muñoz Orozco,
Tomás Caicedo Mosquera y Manuel Caicedo Mosquera
En otras palabras, al Juez le está vedado pronunciarse sobre cuestiones o
asuntos de fondo que no fueron objeto del debate en el proceso, conforme lo
ha sostenido esta Sección en reiterados pronunciamientos, entre ellos, en
sentencia de 7 de junio de 2012 (Expediente núm. 73001-23-31-000-2007-
00153-01, Actor: Ricardo Guarnizo Morales, Consejera ponente doctora María
Elizabeth García González), en la cual se dijo que:
“Reitera la Sala que al juez en cada instancia le está vedado pronunciarse sobre
cuestiones o asuntos de fondo que no fueron objeto del debate procesal, toda
vez que su competencia está circunscrita al ámbito del proceso…»48 (Subrayas
de la Sala).
135. Exigir que quien demanda un acto administrativo señale las normas que
considera vulneradas y desarrolle el concepto de su violación no riñe con el acceso
a la justicia ni con la primacía del derecho sustancial. La propia Corte Constitucional
lo avaló al estudiar la legalidad del artículo 137 del CCA y concluyó que lejos de ser
un obstáculo, esa carga garantiza que el debate judicial tenga contornos definidos
y que el juez no tenga que buscar de oficio los vicios que el demandante no se tomó
el trabajo de identificar:
«2.3. El numeral 4 del art. 137 del Código Contencioso Administrativo establece,
entre los requisitos de la demanda, el señalamiento de los fundamentos de
derecho de las pretensiones y que cuando se trate de la impugnación de un
acto administrativo deberán indicarse las normas violadas y explicarse el
concepto de su violación.
A juicio de la Corte, la exigencia que contiene el segmento normativo acusado,
cuando se demandan actos administrativos, encuentra su justificación en lo
siguiente:
Los actos administrativos constituyen la forma o el modo usual en que se
manifiesta la actividad de la administración, con miras a realizar las múltiples
intervenciones en la actividad de los particulares, que en cumplimiento de los
cometidos que le son propios autoriza el derecho objetivo.
La existencia de un régimen de derecho administrativo como el que nos rige,
implica que la administración a través de dichos actos unilateralmente crea
situaciones jurídicas impersonales y abstractas o define situaciones jurídicas
subjetivas, es decir, que imponen obligaciones o reconocen derechos a favor
de particulares.
La administración no requiere acudir al proceso judicial para declarar lo que es
derecho en un caso concreto e imponer obligaciones a cargo del administrado,
pues ella al igual que el juez aplica el derecho cuando quiera que para hacer
prevalecer el interés público y dentro de la órbita de su competencia necesite
actuar una pretensión frente a un particular, en virtud de una decisión que es
ejecutiva y ejecutoria.
48 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Sentencia del 12 de
junio de 2014. Proceso radicado número: 25000 23 24 000 2005 00434 01. Magistrada Ponente:
María Elizabeth García González.
43
Número de radicación: 19001 23 31 000 2012 00180 02
Demandantes: Ileana Mosquera Caicedo, María José Caicedo
Mosquera, Norbey Martín Muñoz Orozco,
Tomás Caicedo Mosquera y Manuel Caicedo Mosquera
La necesidad de hacer prevalecer los intereses públicos o sociales sobre los
intereses particulares y de responder en forma inmediata a la satisfacción de
las necesidades urgentes de la comunidad, determina que los actos
administrativos, una vez expedidos conforme a las formalidades jurídicas y
puestos en conocimiento de los administrados, se presuman legales y tengan
fuerza ejecutiva y ejecutoria, es decir, sean obligatorios para sus destinatarios
y pueden ser realizados materialmente aun contra la voluntad de éstos.
Los anteriores caracteres que se predican del acto administrativo tienen su
fundamento constitucional en el régimen de derecho administrativo que
institucionaliza nuestra Constitución, con fundamento en los arts. 1, 2, 3, 4, 6,
83, 84, 90, 91, 92, 113, 115, 121, 122, 123-2, 124, 150-2-4-5-7-8-9-19-21-22-
23-25, 189, 209, 210, 211, 236, 237 y 238, entre otros.
Reitera la Corte, que si la administración debe realizar sus actividades con el
propósito de satisfacer en forma inmediata y oportuna los intereses públicos o
sociales, ajustada a los principios de legalidad y buena fe, dentro de los límites
de su competencia, observando los criterios de igualdad, moralidad, publicidad,
imparcialidad, eficiencia eficacia, economía y celeridad, y sujeta a un régimen
de responsabilidad, la consecuencia necesaria es que sus actos gozan de la
presunción de legalidad y son oponibles y de obligatorio cumplimiento por sus
destinatarios.
La naturaleza y características propias del acto administrativo, que se han
puesto de presente anteriormente, justifican plenamente que el legislador,
dentro de la libertad de configuración de las normas procesales que regulan el
ejercicio de las acciones contencioso administrativas, haya dispuesto que
cuando se impugna un acto administrativo deban citarse las normas violadas y
explicarse el concepto de la violación. En efecto:
Si el acto administrativo, como expresión de voluntad de la administración que
produce efectos jurídicos se presume legal y es ejecutivo y ejecutorio, le
corresponde a quien alega su carencia de legitimidad, motivada por la
incompetencia del órgano que lo expidió, la existencia de un vicio de forma, la
falsa motivación, la desviación de poder, la violación de la regla de derecho o el
desconocimiento del derecho de audiencia y de defensa, la carga procesal de
cumplir con las exigencias que prevé la norma acusada.
Carece de toda racionalidad que presumiéndose la legalidad del acto tenga el
juez administrativo que buscar oficiosamente las posibles causas de nulidad de
los actos administrativos, mas aún cuando dicha búsqueda no sólo dispendiosa
sino en extremo difícil y a veces imposible de concretar, frente al sinnúmero de
disposiciones normativas que regulan la actividad de la administración. Por lo
tanto, no resulta irrazonable, desproporcionado ni innecesario que el legislador
haya impuesto al demandante la mencionada obligación, la cual contribuye
además a la racional, eficiente y eficaz administración de justicia, si se tiene en
cuenta que el contorno de la decisión del juez administrativo aparece
enmarcado dentro de la delimitación de la problemática jurídica a considerar en
la sentencia, mediante la determinación de las normas violadas y el concepto
de la violación.»49 (Subrayas de la Sala).
49 Corte Constitucional. Sentencia C- 197 del 7 de abril de 1999. Magistrado Ponente: Antonio
Barrera Carbonell.
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Número de radicación: 19001 23 31 000 2012 00180 02
Demandantes: Ileana Mosquera Caicedo, María José Caicedo
Mosquera, Norbey Martín Muñoz Orozco,
Tomás Caicedo Mosquera y Manuel Caicedo Mosquera
136. Así, de cara al caso bajo examen, la Sala advierte que la Resolución 1472
de 2011, que constituye el único acto demandado oportunamente, se limitó a
precisar la extensión del área de un humedal cuya existencia había sido declarada
por la Resolución 00063 de 2010, acto este último respecto del cual ya operó la
caducidad.
137. Ahora, es necesario reiterar que en el libelo introductorio no media reproche
alguno sobre la Resolución 1472 de 2011, es decir, no se vislumbra alguna
inconformidad orientada a cuestionar el cambio en el área que lo comprende, por el
contrario, la controversia planteada por los accionantes se funda en la indebida
creación del humedal que fue definida en la Resolución 00463 de 2010, de suerte
frente a la Resolución 1472 de 2011 no existe carga argumentativa al no invocarse
normas vulneradas por este acto ni articular razonamiento alguno dirigido a
cuestionar su validez.
138. En esas condiciones, la Sala encuentra que debe confirmarse la sentencia
apelada, pero por las razones aducidas con anterioridad.
8.5. Condena en costas
139. De conformidad con el artículo 171 del CCA, en consonancia con el artículo
55 de la Ley 446 de 1998, hay lugar a condenar en costas a la parte vencida, sólo
en la medida en que su conducta sea temeraria porque no le asiste al demandar u
oponerse “un fundamento razonable, o hay de su parte una injustificada falta de
colaboración en el aporte o práctica de pruebas, o acude a la interposición de
recursos con un interés meramente dilatorio”50.
140. En el caso concreto la parte demandante acudió al proceso sin abusar de su
derecho a acceder a la Administración de Justicia; por tanto, no hay lugar a imponer
condena en costas.
50 Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 18 de febrero de 1999, exp: 10.775, C. P.
Ricardo Hoyos Duque.
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Número de radicación: 19001 23 31 000 2012 00180 02
Demandantes: Ileana Mosquera Caicedo, María José Caicedo
Mosquera, Norbey Martín Muñoz Orozco,
Tomás Caicedo Mosquera y Manuel Caicedo Mosquera
141. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, Administrando Justicia en nombre de la República
y por autoridad de la Ley,
FALLA
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del
Cauca el 27 de julio de 2023, por las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia.
SEGUNDO: NO CONDENAR en costas en esta instancia, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.
TERCERO: En firme esta providencia, devolver el expediente al Tribunal de origen.
Cópiese, notifíquese y cúmplase
Se deja constancia que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión de la fecha.
PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Presidente Consejero de Estado
Consejero de Estado
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Consejero de Estado Consejera de Estado
La presente sentencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la
sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.
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