Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 25000-23-24-000-2005-00640-02
Consejo de Estado · Sección Primera
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 25000-23-24-000-2005-00640-02
Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 25000-23-24-000-2005-00640-02
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 25000-23-24-000-2005-00640-02
Consejero ponente: Pablo Andrés Córdoba Acosta
30 de julio de 2026
Radicado número: 25000 23 24 000 2005 00640 02
Demandante: Inversiones REACOL S.A.
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
CONSEJERO PONENTE: PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA
Bogotá, D.C., treinta (30) de julio de dos mil veintiséis (2026)
Número de radicación: 25000 23 24 000 2005 00640 02
Demandante: Inversiones REACOL S.A. y Otros.
Demandado: Empresa De Acueducto Y Alcantarillado De Bogotá. - ESP-.
Acción: Nulidad y restablecimiento del derecho – Código Contencioso
Administrativo
Tesis: Existe incongruencia entre la causa petendi de la demanda y las
pretensiones, si se demanda el acto en el que una empresa de servicios públicos
se negó a iniciar el procedimiento de enajenación voluntaria de un inmueble, si los
demandantes cuestionan que su derecho a la propiedad se ha visto vulnerado ya
que los bienes se encuentran ubicados en una zona de humedal en la que se
impusieron restricciones especiales de uso de suelo.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra
la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Primera, Subsección C en Descongestión, el 17 de septiembre de 2012, mediante
la cual se negaron las pretensiones de la demanda.
I. ANTECEDENTES
1.1 La demanda
1. Las sociedades Inversiones Reacol S.A. en Liquidación, Compañía
Suramericana de Construcciones S.A. y Urbanizadora Santa Fe de Bogotá
URBANSA S.A., por conducto de apoderado judicial presentaron demanda 1 en
ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho consagrada en el
1
Folios 1 al 28 del Cuaderno Principal.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Número de radicación: 25000 23 24 000 2005 00640 02
Demandante: Inversiones REACOL S.A.
artículo 85 del Código Contencioso Administrativo (en adelante CCA), contra la
Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.S.P (en adelante EAAB).
1.2. Pretensiones
2. Señaló como tales las que pasan a enunciarse literalmente2:
“Primera Pretensión: Que se decrete la nulidad del acto administrativo sin
fecha 0751-2002-000461 expedido por el Jefe de División Gestión Predial, Dr.
Gabriel Andrade Sulbarán y, por medio del cual se da respuesta al derecho de
petición radicado bajo el No. 100089 el 3 de Diciembre de 2002.
Segunda Pretensión: Que se decrete la nulidad del acto administrativo No.
0751-2003-0134 de fecha Febrero 12 de 2003, proferido por el Jefe de División
Gestión Predial Dr. Gabriel Andrade Sulbarán, por medio del cual se resuelve
el recurso de reposición interpuesto contra el acto administrativo 0751-2002-
000461.
Tercera Pretensión: Que se decrete la nulidad del acto administrativo de fecha
16 de Septiembre de 2004, proferido por la Directora Administrativa de Bienes
Raíces, Dra. Clara Amparo Parra Vélez por medio del cual se resuelve el
recurso de apelación interpuesto contra acto administrativo 0751-2002-000461.
Cuarta Pretensión: Como consecuencia de la declaratoria de nulidad de los
anteriores actos administrativos, se restablezca en su derecho a las sociedades
INVERSIONES REACOL S.A EN LIQUIDACION, COMPAÑÍA
SURAMERICANA DE CONSTRUCCIONES S.A, y URBANIZADORA SANTA
FE DE BOGOTA URBANSA S.A a través de la ejecución del proceso de
enajenación voluntaria siguiendo el procedimiento establecido en la Ley 9 de
1989 y la Ley 388 de 1997, de conformidad con el cual corresponderá al
representante legal de la entidad adquirente, previa las autorizaciones
estatutarias o legales respectivas expedir el oficio por medio del cual se
disponga la adquisición de un bien mediante enajenación voluntaria directa. El
oficio contendrá la oferta de compra, la trascripción de las normas que
reglamentan la enajenación voluntaria y la expropiación, la identificación
precisa del inmueble, y el precio base de la negociación fijado de acuerdo a lo
establecido en el artículo 61 de la Ley 388 de 1997, anexando la certificación
de que trata el artículo 12 de la Ley 9 de 1989. Posteriormente se notificará al
interesado como lo dispone el Código Contencioso Administrativo.
Quinta Pretensión: Que como consecuencia de la declaratoria de nulidad de
los citados actos administrativos se restablezca en su derecho a las sociedades
INVERSIONES REACOL S.A EN LIQUIDACION, COMPAÑIA
SURAMERICANA DE CONSTRUCCIONES S.A, Y URBANIZADORA SANTA
FE DE BOGOTA URBANSA S.A, ordenando el pago de la compensación por
reserva y conservación ambiental consagrada en el artículo 48 de la Ley 388
de 1997.
Sexta Pretensión: Que se condene en costas a la entidad demandada.”
2
Folios 2 a 3 ibidem.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
2
Número de radicación: 25000 23 24 000 2005 00640 02
Demandante: Inversiones REACOL S.A.
1.2 Los actos administrativos demandados
• Acto administrativo 0751-2002-000461
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
3
Número de radicación: 25000 23 24 000 2005 00640 02
Demandante: Inversiones REACOL S.A.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
4
Número de radicación: 25000 23 24 000 2005 00640 02
Demandante: Inversiones REACOL S.A.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
5
Número de radicación: 25000 23 24 000 2005 00640 02
Demandante: Inversiones REACOL S.A.
• Acto administrativo 0751-2003-0134:
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
6
Número de radicación: 25000 23 24 000 2005 00640 02
Demandante: Inversiones REACOL S.A.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
7
Número de radicación: 25000 23 24 000 2005 00640 02
Demandante: Inversiones REACOL S.A.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
8
Número de radicación: 25000 23 24 000 2005 00640 02
Demandante: Inversiones REACOL S.A.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
9
Número de radicación: 25000 23 24 000 2005 00640 02
Demandante: Inversiones REACOL S.A.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
10
Número de radicación: 25000 23 24 000 2005 00640 02
Demandante: Inversiones REACOL S.A.
• Acto administrativo del 16 de septiembre de 2004:
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
11
Número de radicación: 25000 23 24 000 2005 00640 02
Demandante: Inversiones REACOL S.A.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
12
Número de radicación: 25000 23 24 000 2005 00640 02
Demandante: Inversiones REACOL S.A.
1.3 Presupuestos fácticos
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
13
Número de radicación: 25000 23 24 000 2005 00640 02
Demandante: Inversiones REACOL S.A.
Las demandantes como fundamento de sus pretensiones narraron los siguientes
hechos:
3. Señalaron que son propietarias de 6 predios que conforman, como unidad
ecológica, el denominado Humedal La Conejera en la ciudad de Bogotá,
compuestos por dos globos, dos rondas hidráulicas y dos áreas de manejo y
preservación ambiental, según consta en los certificados de tradición y libertad Nos.
50N-20333566, 50N-20333567, 50N-20333568, 50N-20333569, 50N-20333570 y
50N-20333571, alinderados de acuerdo con la escritura pública 2589 del 16 de
septiembre de 1999 de la Notaría 48 del Círculo de Bogotá.
4. Indicaron que en la Resolución 0250 del 30 de junio de 1994, el Gerente General
de la EAAB acotó las zonas de ronda de las chucuas de La Conejera, Techo, el
Lago de Santamaría del Lago y definió las zonas de manejo y preservación
ambiental.
5. Refirieron que entre 1996 y 2002, la Curaduría Urbana No. 2 de Bogotá concedió
licencias de urbanismo para el proyecto Camino Verde antes El Cerezo,
desarrollado por las sociedades demandantes en terrenos adyacentes al Humedal.
En la Resolución CU2-98-327 del 30 de diciembre de 1998, que aprobó la
modificación del proyecto para su Etapa II, se autorizó reubicar la cesión tipo A en
el área suburbana. Además, en ese acto se fijó como obligación del urbanizador la
cesión al Distrito Capital de la totalidad de dicha área, una vez descontadas las
zonas de reserva del Humedal La Conejera.
6. Mencionaron que el artículo 95 del Decreto Distrital 190 de 2004 —compilación
de los Decretos 619 de 2000 y 469 de 2003 (Plan de Ordenamiento Territorial)—
catalogó al humedal de La Conejera como Parque Ecológico Distrital. Sostuvieron
que los artículos 83 y 86 del mismo decreto establecieron como obligación de la
EAAB la elaboración de los planes de manejo de los parques ecológicos y la
realización de los estudios y acciones necesarias para mantener, recuperar y
conservar los humedales en sus componentes hidráulico, sanitario, biótico y
urbanístico. Precisaron que el artículo 96 fijó un régimen especial de usos para los
parques ecológicos distritales, cuyos usos principales se limitan a la preservación y
restauración de flora y fauna nativos y a la educación ambiental, con uso compatible
de recreación pasiva y con prohibición expresa de usos residenciales, industriales,
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
14
Número de radicación: 25000 23 24 000 2005 00640 02
Demandante: Inversiones REACOL S.A.
mineros y de recreación activa.
7. Aseguraron que, ante la imposibilidad de desarrollar urbanísticamente los predios
por su clasificación como suelo de protección dentro del sistema de áreas
protegidas del Distrito Capital, el 3 de diciembre de 2002 las sociedades propietarias
presentaron un derecho de petición ante la EAAB, solicitando la iniciación del
proceso de enajenación voluntaria de los seis predios. La entidad negó la solicitud
mediante el oficio 0751-2002-000461, indicando que en el artículo 141 del Acuerdo
6 de 1990 no se estableció una obligación a cargo de esa empresa relacionada con
la compra de predios que se encuentren en áreas protegidas. Además, le indicó que
de conformidad con lo previsto en las Leyes 9 de 1989 y 388 de 1997, a esa
sociedad únicamente le corresponde adquirir inmuebles que sean necesarios para
la ejecución de obras de interés público asociadas al servicio de acueducto y
alcantarillado.
8. Contra dicho acto se interpusieron los recursos de reposición y apelación en sede
administrativa, los cuales fueron resueltos desfavorablemente mediante los actos
administrativos No. 0751-2003-0134 del 12 de febrero de 2003 y el acto del 16 de
septiembre de 2004, respectivamente, que confirmaron la decisión inicial.
1.4 Concepto de la violación
9. La demanda invocó como normas violadas los artículos 58 y 333 de la
Constitución Política; los artículos 2, 38, 48 y 58 de la Ley 388 de 1997; y los
artículos 86, 95 y 96 del Decreto Distrital 190 de 2004. Los cargos de nulidad se
estructuraron así:
1.4.1. Falsa motivación
10. Expresaron que los actos demandados adolecen de falsa motivación por cuanto
los fundamentos de hecho y de derecho que sustentaron la decisión no fueron
calificados correctamente. Los predios que conforman el Humedal La Conejera
fueron catalogados como Parque Ecológico Distrital a través del artículo 95 del
Decreto 190 de 2004 y, en consecuencia, se encuentran sometidos a un régimen
de uso especial (artículo 96 ibídem) que les impone una restricción urbanística total.
Ello configura una afectación real y material del derecho de propiedad de las
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
15
Número de radicación: 25000 23 24 000 2005 00640 02
Demandante: Inversiones REACOL S.A.
demandantes, que se manifiesta en la limitación al uso, disfrute y utilización de los
inmuebles, la restricción de la negociabilidad de los predios y la disminución de su
valor comercial.
11. Señalaron que de conformidad con las disposiciones contenidas en el Plan de
Ordenamiento Territorial la EAAB tenía la obligación de realizar los estudios
técnicos necesarios para garantizar la conservación y preservación de los Parques
Ecológicos Distritales. En ese sentido, afirmaron que dicha entidad debía ejecutar
las obras de infraestructura dirigidas a la rehabilitación de los humedales, así como
de las zonas de ronda y de manejo y preservación ambiental.
12. Sostuvieron que la restricción urbanística recaía sobre toda el área de los
predios objeto de conservación ambiental, razón por la cual la obligación de
adquisición no podía circunscribirse únicamente a los inmuebles requeridos para la
ejecución de obras de infraestructura, máxime cuando los propietarios no podían
adelantar construcciones o desarrollos sobre las zonas acotadas como humedal,
ronda hidráulica o zona de manejo y preservación ambiental.
1.4.2. Violación del artículo 58 constitucional
13. Dijeron que si bien la propiedad privada tiene una función social y ecológica que
la obliga a ceder ante el interés público, ello no significa que el particular deba
soportar sin compensación alguna los graves perjuicios derivados de la
imposibilidad de desarrollar y ejercer su derecho a la propiedad privada.
14. Anotaron que el artículo 79 de la Constitución obliga al Estado a conservar las
áreas de especial importancia ecológica y que la EAAB conforme al artículo 86 del
Decreto 190 de 2004, tiene la competencia de ejecutar obras de infraestructura
dirigidas a la rehabilitación de los humedales y de las zonas de ronda y preservación
ambiental, lo que implica el desarrollo de obras públicas y la adquisición de los
bienes requeridos para la ejecución de obras asociadas a la prestación de servicios
públicos de saneamiento básico. Ello no exime a la empresa de la obligación de
adquisición de los terrenos.
1.4.3. Afectación de los inmuebles como Parques Ecológicos Distritales
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
16
Número de radicación: 25000 23 24 000 2005 00640 02
Demandante: Inversiones REACOL S.A.
15. Acotaron que la EAAB fundamentaba la inexistencia de una afectación a sus
predios ya que no hay ninguna anotación en los folios de matrícula inmobiliaria de
los predios de los demandantes. Sin embargo, arguyeron que el aludido Humedal
fue catalogado como Parque Ecológico Distrital por el artículo 95 del Decreto 190
de 2004, lo que lo clasifica como suelo de protección (artículos 75, 76, 81 y 86
ibídem) con uso restringido, lo que se traduce en la imposibilidad de obtener
licencias urbanísticas y cualquier aprovechamiento económico.
1.4.4. Motivos de utilidad pública y distribución equitativa de cargas y
beneficios (artículo 38 de la Ley 388 de 1997)
16. Sostuvieron que los propietarios de predios determinados en los Planes de
Ordenamiento Territorial como de conservación ambiental deben ser compensados
por la carga derivada de tal calidad, conforme al artículo 48 de la Ley 388 de 1997.
La restricción impuesta a los demandantes afecta su derecho a realizar actividades
económicas, desvaloriza los predios y les impide cualquier aprovechamiento
urbanístico, mientras la EAAB se beneficia de la función de amortiguación pluvial
que cumplen dichos predios, servicio por el cual cobra una tarifa a los usuarios.
17. Destacó que aunque la EAAB manifestó que la compra de 97 predios para la
recuperación del Humedal de La Conejera constituía únicamente una proyección y
no un compromiso de adquisición, la delimitación de las zonas del humedal, sus
rondas y áreas de manejo y preservación ambiental contenida en un acto
administrativo no podía considerarse una simple proyección, pues implicaba la
restricción de sus derechos de propiedad por la delimitación de zonas catalogadas
como suelo de protección por hacer parte del Humedal de la Conejera.
II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA
18. La EAAB, por conducto de apoderado judicial, se opuso a la totalidad de las
pretensiones de la demanda. En relación con sus argumentos de defensa señaló
que:
19. Conforme a los artículos 491 y 492 del Decreto Distrital 619 de 2000, el Distrito
Capital es competente para adquirir por enajenación voluntaria o expropiación los
inmuebles que requiera para el cumplimiento de los fines previstos en el artículo 58
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
17
Número de radicación: 25000 23 24 000 2005 00640 02
Demandante: Inversiones REACOL S.A.
de la Ley 388 de 1997, y el objeto específico de la adquisición lo constituye la obra,
el programa, el proyecto o la actuación que la entidad se propone ejecutar. La
empresa no tiene proyectado llevar a cabo a corto o mediano plazo obra, programa
o proyecto que involucre los predios objeto del litigio.
20. Los fundamentos de derecho de la Resolución 250 de 1994 se encuentran en
los artículos 138 a 147 del Acuerdo Distrital 06 de 1990, en especial el artículo 141
que faculta a la empresa para acotar y demarcar en terreno las zonas de ronda
hidráulica y de manejo y preservación ambiental. Dicha labor de demarcación no
constituye forma alguna de afectación, prueba de ello era que no existía alguna
inscripción en el folio de matrícula inmobiliaria en los predios objeto de controversia.
21. La adquisición por enajenación voluntaria o expropiación, conforme a los
artículos 56 y 57 de la Ley 142 de 1994, debe realizarse en desarrollo del objeto
social de la empresa prestadora de servicios públicos.
En cuanto a los hechos de la demanda, aceptó como ciertos los relativos a la
propiedad de los predios, las licencias de urbanismo otorgadas y el acotamiento
técnico del Humedal La Conejera, pero precisó que la Resolución 0250 de 1994 no
se refirió a un predio en particular sino al acotamiento técnico de las zonas de
protección, y que dicho acotamiento no constituye forma alguna de afectación.
III. SENTENCIA
22. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección
C en Descongestión, mediante sentencia del 17 de septiembre de 2012 negó las
pretensiones de la demanda y declaró probada la objeción grave al dictamen pericial
rendido por el señor Guillermo Nizo Caica, con base en las siguientes
consideraciones3:
23. En relación con la objeción grave al dictamen pericial, encontró que las
conclusiones del perito carecían de los estudios técnicos necesarios para establecer
el valor comercial de los predios, tales como sondeos de mercado, conceptos o
informes de lonjas de bienes raíces, valores del metro cuadrado en la zona y precios
3
• Folios 569 al 590 del Cuaderno Principal.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
18
Número de radicación: 25000 23 24 000 2005 00640 02
Demandante: Inversiones REACOL S.A.
de los terrenos debidamente actualizados. Adicionalmente, el perito no alinderó ni
determinó los segmentos de terreno afectados ni la porción correspondiente a la
restricción en el uso del suelo. Consideró que la suma indicada como perjuicios por
el auxiliar de la justicia no contaba con los fundamentos de hecho y de derecho
necesarios, por lo cual declaró probada la objeción.
24. En lo que respecta al análisis de los cargos de nulidad, desarrolló los siguientes
fundamentos para negar las pretensiones:
25. Efectuó un recuento del origen normativo de la declaratoria de Parque Ecológico
Distrital del humedal La Conejera a partir de la Resolución 250 de 1994
(acotamiento técnico), el Decreto 619 de 2000 (artículo 26, Parques Ecológicos
Distritales) y su compilación en el artículo 95 del Decreto 190 de 2004. Señaló que
dicha configuración como Parque Ecológico Distrital proviene de antaño y no
constituye una situación ajena al conocimiento de las propietarias de los bienes,
toda vez que dentro de la Resolución CU2-98-327 de 30 de diciembre de 1998 —
que modificó el proyecto urbanístico Camino Verde en su Etapa II — se fijó como
obligación del urbanizador la cesión al Distrito Capital descontadas las zonas de
Reserva del Humedal La Conejera. De allí, que se infiera la aceptación inequívoca
de la existencia de las limitaciones sobre los predios.
26. Posteriormente, examinó las facultades de la entidad demandada. A partir de lo
dispuesto en el artículo 141 del Acuerdo 06 de 1990 y en el artículo 86 del Decreto
190 de 2004, concluyó que la competencia de la empresa se circunscribe al
acotamiento, demarcación, mantenimiento, preservación, recuperación y
conservación de los humedales en sus componentes hidráulico, sanitario, biótico y
urbanístico. No se evidenció autorización legal alguna a la entidad para decretar la
enajenación de predios afectados con esta clase de medidas. Las atribuciones
dadas por la Ley a la EAAB se refieren a realizar acciones de mantenimiento,
preservación y conservación de las rondas hidráulicas y solo en el evento de
desarrollo del objeto social de la empresa prestadora de servicios públicos es
procedente adelantar la expropiación por motivos de utilidad pública, en aras de
suministrar los servicios públicos domiciliarios. Para ello, citó los artículos 56 y 57
de la Ley 142 de 1994.
27. Señaló que para que exista una eventual afectación y posterior adquisición a
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
19
Número de radicación: 25000 23 24 000 2005 00640 02
Demandante: Inversiones REACOL S.A.
través de enajenación voluntaria o expropiación por parte de la EAAB, es menester
que exista un proyecto o programa a adelantar mediante la ejecución de obras
públicas en desarrollo de su objeto social conforme a la Ley 142 de 1994. Dentro
del plenario no se observó que efectivamente la empresa demandada o el mismo
Distrito Capital hubiera procedido a efectuar la inscripción en los folios de matrícula
inmobiliaria de los predios de propiedad de los demandantes de la respectiva
afectación por motivo de la declaratoria de Parque Ecológico Distrital del Humedal
La Conejera, circunstancia que se hacía imprescindible para poder peticionar la
correspondiente compensación o indemnización de que trata el artículo 37 de la Ley
9ª de 1989, en armonía con el artículo 38 de la Ley 388 de 1997. Adicionalmente,
señaló que las obras que la empresa pueda ejecutar solo pueden efectuarse una
vez se haya afectado el bien conforme al procedimiento establecido en el Decreto
190 de 2004, en concordancia con los artículos 445, 447, 448, 449, 452, 453, 455 y
456 del mismo decreto.
28. Consideró que las accionantes tenían pleno conocimiento de la afectación
acaecida en los predios de su propiedad, motivo por el que no es de recibo alegar
a su favor su propia culpa, ya que no es admisible que después de 10 años de
expedida la Resolución de acotamiento y cuatro años después de la expedición del
Decreto 619 de 2000 que declaró al humedal como Parque Ecológico Distrital,
pretendan desconocer las restricciones al uso del suelo establecidas de antaño,
encontrándose en la obligación de acatar las decisiones de los organismos
ambientales competentes y de desarrollar su proyecto conforme a las limitaciones
impuestas.
29. En suma, concluyó que los actos administrativos censurados se encuentran
fáctica y jurídicamente soportados conforme a la Constitución y la Ley; que se
acreditó la ausencia de competencia para la adquisición de los inmuebles por parte
de la EAAB, toda vez que si bien es cierto que la obligación de la demandada es
relativa a mantener, preservar y ejecutar obras de alcantarillado pluvial en aras de
proteger la ronda hidráulica del Humedal La Conejera, también lo es que tales obras
solo pueden efectuarse una vez se haya afectado el bien, y que para ese efecto
resulta necesario que la enajenación voluntaria o expropiación de los terrenos se
realice en desarrollo del objeto social de la accionada de acuerdo a los artículos 56
y 57 de la Ley 142 de 1994, el artículo 58 de la Ley 388 de 1997 y el artículo 455
del Decreto 190 de 2004. Por último, no condenó en costas, al no advertir conducta
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
20
Número de radicación: 25000 23 24 000 2005 00640 02
Demandante: Inversiones REACOL S.A.
procesal teñida de mala fe.
IV. RECURSO DE APELACIÓN
30. La parte demandante interpuso y sustentó oportunamente recurso de
apelación contra la sentencia proferida en primera instancia, con base en los
siguientes argumentos:
4.1. Las áreas del Humedal de La Conejera son parte integral de la red de
alcantarillado pluvial de la ciudad
31. El recurrente sostuvo que el a quo erró al considerar que la entidad demandada
carece de competencia para adquirir los predios del Humedal La Conejera por
cuanto desconoció que las áreas del humedal, incluyendo sus rondas hidráulicas y
zonas de manejo y preservación ambiental, son elementos esenciales del sistema
de amortiguación del alcantarillado pluvial de la ciudad debido a que ejercen una
función hidráulica fundamental para la estabilidad del ecosistema al permitir que las
urbanizaciones construidas en zonas bajas no terminen inundadas.
32. Para sustentar esta afirmación, invocó los testimonios obrantes en el plenario.
En primer lugar, la declaración del señor Humberto Triana Luna, quien como
Gerente Corporativo Ambiental de la EAAB, manifestó que la ronda hidráulica es
necesaria para amortiguar las crecientes generadas por las lluvias y que debe
mantenerse libre de edificaciones; que en las zonas de manejo y preservación
ambiental la empresa requiere espacios para llevar elementos hidráulicos
denominados interceptores y atravesar colectores de aguas y que los humedales
actuales de Bogotá cumplen en su gran mayoría una función de carácter hidráulico.
33. En segundo lugar, la declaración del señor Oscar García Poveda quien, como
Gerente Corporativo del Sistema Maestro de la empresa, ratificó que las quebradas,
ríos y humedales hacen parte del sistema hídrico de la ciudad y que la importancia
de las rondas hidráulicas y zonas ambientales radica en que son elementos
fundamentales para el control de crecientes y el equilibrio ecológico.
Adicionalmente, señaló que dentro de la tarifa de alcantarillado se encuentran
incluidos los costos de las obras de infraestructura, incluidos diseños, interventorías,
suministros y, cuando sea menester, la compra de predios asociados a esa
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
21
Número de radicación: 25000 23 24 000 2005 00640 02
Demandante: Inversiones REACOL S.A.
infraestructura.
34. En tercer lugar, citó las conclusiones del ingeniero hidráulico Héctor Ismael
Páez, quien conceptuó que la ronda hidráulica es fundamental para la estabilidad
del ecosistema y que es necesario diseñar un mecanismo que permita la adquisición
plena de los predios por parte del Distrito para favorecer la preservación de las
zonas donde se garantiza la oferta plena de la EAAB.
35. A partir de los artículos 3 y 8 Decreto 302 de 2000, el apelante señaló que existe
una obligación expresa de la empresa de mantener las redes matrices pluviales de
alcantarillado y que no se entiende por qué la EAAB se niega a adquirir los predios
dado que cumplen una función de red de alcantarillado pluvial por la que la empresa
cobra una tarifa determinada. Concluyó que no tiene sustento jurídico, desde la
perspectiva del principio de cargas y beneficios de la Ley 388 de 1997, que a los
demandantes se les imponga la totalidad de la restricción urbanística mientras la
empresa se beneficia económicamente de la función que cumplen los predios.
4.2. No es necesario el agotamiento del procedimiento formal de imposición
de afectaciones
36. El apelante sostuvo que el a quo erró al exigir la inscripción de una afectación
formal en el folio de matrícula inmobiliaria como requisito previo para la procedencia
de la enajenación voluntaria.
37. Para sustentarlo, desarrolló tres líneas argumentativas. En primer lugar, señaló
la relevancia jurídica de la inclusión del Humedal de La Conejera en el sistema de
áreas protegidas del Distrito Capital. El Decreto Distrital 190 de 2004 estableció tres
estructuras de ordenamiento, entre ellas la Estructura Ecológica Principal, cuyo
componente natural incluye el sistema de áreas protegidas. El Humedal de La
Conejera fue catalogado como Parque Ecológico Distrital de Humedal por el artículo
95 del mismo decreto y el artículo 79 dispone que todas las áreas comprendidas
dentro del sistema de áreas protegidas del Distrito Capital constituyen suelo de
protección. El artículo 96 fija un régimen especial de usos — preservación y
restauración de flora y fauna nativos, educación ambiental, recreación pasiva — con
prohibición expresa de usos residenciales, industriales y de recreación activa. Lo
anterior implica que las actividades y usos que los propietarios pueden realizar en
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
22
Número de radicación: 25000 23 24 000 2005 00640 02
Demandante: Inversiones REACOL S.A.
los predios fueron condicionados por la ley, limitando o restringiendo el ejercicio de
los derechos de propiedad derivados.
38. En segundo lugar, el apelante argumentó que la falta de inscripción formal de la
afectación en el folio de matrícula no desvirtúa la existencia de la limitación al
dominio. El solo hecho de que el Humedal de La Conejera fuera catalogado como
Parque Ecológico Distrital por el Decreto 619 de 2000, reiterado por el Decreto 190
de 2004, implica una limitación al dominio, pues su uso se encuentra restringido a
lo establecido en el artículo 96 del Decreto 190 de 2004. Si bien jurídicamente la
afectación que se encuentra sobre los predios no impide la transferencia de dominio
a un tercero en la práctica sí existe un impedimento frente a la negociación de los
inmuebles, toda vez que de estos no se puede obtener ningún aprovechamiento
económico ni urbanístico. A ello se suma que, conforme al artículo 447 del Decreto
190 de 2004, las afectaciones imposibilitan el desarrollo de actividades urbanísticas
— lo que es exactamente lo que ocurre por tratarse de predios catalogados como
Parque Ecológico Distrital y suelo de protección —, a pesar de no haberse realizado
el procedimiento de la Ley 9ª de 1989 para perfeccionar la afectación.
39. En tercer lugar, señaló que la Resolución 250 de 1994 solo implicó la
demarcación del Humedal de La Conejera y que fue el Plan de Ordenamiento
Territorial (Decreto 619 de 2000, compilado en el Decreto 190 de 2004) el
instrumento normativo a través del cual se catalogó como Parque Ecológico Distrital
y suelo de protección, lo que trajo como consecuencia la afectación como zona de
preservación ambiental y la imposición de usos específicos que restringen
palmariamente el ejercicio del derecho de propiedad.
4.3. Los propietarios de los predios incluidos dentro del Humedal deben ser
indemnizados por la afectación
40. Sostuvo que el a quo erró al afirmar que las demandantes tenían pleno
conocimiento previo de las restricciones. Señaló que la adquisición de los predios
por parte de las sociedades demandantes se realizó el 1 de octubre de 1999 esto
es, con anterioridad a la expedición del Decreto Distrital 619 de 2000, que fue el
instrumento normativo que catalogó al Humedal como Parque Ecológico Distrital y
que impuso las restricciones especiales de uso. La Resolución 250 de 1994
solamente implicó la demarcación del área contentiva del humedal, sin que por ese
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
23
Número de radicación: 25000 23 24 000 2005 00640 02
Demandante: Inversiones REACOL S.A.
solo hecho se hubiere impuesto restricción alguna a los propietarios.
41. Adicionalmente, invocó el principio de distribución equitativa de cargas y
beneficios derivados del ordenamiento urbano (artículo 38 de la Ley 388 de 1997),
conforme al cual los planes de ordenamiento territorial y las normas urbanísticas
deben establecer mecanismos que garanticen el reparto equitativo de las cargas y
los beneficios. Señaló que el artículo 48 de la Ley 388 de 1997 dispone que los
propietarios de terrenos determinados en los planes de ordenamiento territorial
como de conservación ambiental deben ser compensados por la carga derivada de
tal calidad.
42. El apelante concluyó que los propietarios se ven afectados en la restricción de
su derecho para realizar actividades económicas, en el deber de soportar la
desvalorización que representa la limitante del uso y en la disminución del valor del
predio por tratarse de zonas de protección cuyo valor es radicalmente distinto al
establecido para predios considerados como zonas útiles. Aunado a ello, la empresa
de servicios públicos se encuentra obligada a la preservación y recuperación de los
humedales del Distrito por constituir parte integral de la red de alcantarillado pluvial
y el hecho de que no tenga prevista la ejecución de obras no es óbice para que se
abstenga de adquirir los predios. Adicionalmente, los demandantes se encuentran
obligados al pago de tributos por predios que no pueden ser utilizados en razón a
su vocación de uso público y a la imposibilidad de ejecutar desarrollo urbanístico
alguno sobre los mismos.
43. Con fundamento en lo anterior, solicitó que se revoque la sentencia de primera
instancia, se declare la nulidad de los tres actos administrativos demandados, y
como restablecimiento del derecho, se ordene a la entidad iniciar el proceso de
enajenación voluntaria conforme a la Ley 9ª de 1989 y la Ley 388 de 1997, así como
el pago de la compensación por reserva y conservación ambiental conforme al
artículo 48 de la Ley 388 de 1997.
V. ACTUACIÓN EN SEGUNDA INSTANCIA
44. Concedido el recurso de apelación, el expediente fue remitido a la Sección
Primera del Consejo de Estado y repartido al Despacho del Consejero Ponente.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
24
Número de radicación: 25000 23 24 000 2005 00640 02
Demandante: Inversiones REACOL S.A.
45. Mediante auto de fecha 7 de febrero de 2024 4, se decretó como prueba una
inspección judicial sobre los predios objeto de la controversia, la cual se practicó el
12 de marzo de 20245. En la diligencia se verificó el estado de cerramiento de los 6
lotes de terreno, las modalidades de cerramiento y su área y se constató la
existencia de mallas y polisombra instaladas sobre los predios.
46. Se corrió traslado a las partes para alegatos de conclusión y al Ministerio Público
para concepto.
VI. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN DE SEGUNDA INSTANCIA
47. La parte demandante, en sus alegatos de conclusión de segunda instancia6,
reiteró y profundizó los argumentos del recurso de apelación. Sostuvo que los
predios de propiedad de las demandantes ubicados en el Humedal La Conejera han
sido objeto de obras públicas por parte de la entidad demandada como parte integral
de la red de alcantarillado pluvial del Distrito. Insistió en la existencia de una
afectación jurídica y fáctica sobre los inmuebles por la declaratoria de Parque
Ecológico Distrital y argumentó que los propietarios deben ser indemnizados por la
restricción impuesta al amparo del principio de distribución equitativa de cargas y
beneficios. Reiteró las pruebas testimoniales y periciales que acreditan la función
hidráulica de los predios y el beneficio tarifario que obtiene la EAAB.
48. La parte demandada, en sus alegatos de conclusión solicitó que se confirme
integralmente la sentencia de primera instancia. Expuso reparos invocados por la
contraparte en el recurso de apelación y los controvirtió en su totalidad.
49. Reiteró que los actos administrativos demandados se encuentran ajustados a la
normatividad vigente y que la empresa solo está obligada a adquirir predios cuando
exista un proyecto u obra pública específica en desarrollo de su objeto social.
50. Argumentó que pretender obligar a la empresa a la compra de los predios es
inadmisible y que la autoridad encargada de definir la enajenación es el Distrito
Capital, conforme al artículo 491 del Decreto 619 de 2000.
4
Cfr. Índice 36 de la plataforma de gestión judicial SAMAI.
5
Cfr. Índice 41 de la plataforma de gestión judicial SAMAI.
6
Cfr. Índice 56 de la plataforma de gestión judicial SAMAI.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
25
Número de radicación: 25000 23 24 000 2005 00640 02
Demandante: Inversiones REACOL S.A.
51. Señaló, además, que los humedales son bienes de uso público, de carácter
inalienable, imprescriptible e inembargable, por lo que una compraventa en estas
condiciones tendría objeto ilícito7.
VII. INTERVENCIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO
52. El Procurador Quinto Delegado ante el Consejo de Estado rindió concepto
en el que solicitó que se confirme la sentencia de primera instancia8.
53. Señaló que las atribuciones dadas por la ley a la EAAB se relacionan con
acciones tendientes al mantenimiento, preservación y conservación de las rondas
hidráulicas en desarrollo del objeto social de la empresa prestadora de servicios
públicos, siendo procedente adelantar procesos de expropiación por motivos de
utilidad pública en aras de suministrar los servicios públicos domiciliarios, pero que
esa facultad se limita a ejecutar trabajos en los terrenos previamente afectados por
motivo de utilidad o interés social y adquiridos por la entidad competente, conforme
a los artículos 58 y 59 de la Ley 388 de 1997, en concordancia con los artículos 445,
447, 448, 449, 452, 455 y 456 del Decreto 190 de 2004.
54. Concluyó que los actos administrativos censurados se encuentran debidamente
sustentados conforme a la normatividad que regula el tema, ya que se acreditó la
ausencia de competencia para la adquisición de los predios toda vez que aun
cuando es obligación de la demandada mantener, preservar y ejecutar obras de
alcantarillado pluvial en aras de proteger la ronda hidráulica del Humedal La
Conejera, esas obras solo pueden realizarse una vez se haya afectado el bien, de
acuerdo a los artículos 56 y 57 de la Ley 142 de 1994, 58 de la Ley 388 de 1997 y
455 del Decreto 190 de 2004.
VIII. CONSIDERACIONES
8.1. Competencia
55. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 237 de la Constitución Política,
7
Cfr. Índice 54 de la plataforma de gestión judicial SAMAI.
8
Cfr. Índice 55 de la plataforma de gestión judicial SAMAI.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
26
Número de radicación: 25000 23 24 000 2005 00640 02
Demandante: Inversiones REACOL S.A.
así como de lo ordenado en los artículos 129 del CCA y en el artículo 13 del Acuerdo
80 de 2019, la Sección Primera del Consejo de Estado es competente para conocer
del presente asunto, en segunda instancia.
56. No observándose causal de nulidad que invalide lo actuado, procede la Sala a
decidir el asunto sub lite, con fundamento en lo que sigue.
8.2. Cuestión previa – De la falta de correspondencia entre la causa petendi
y las pretensiones de la demanda
57. De manera previa a absolver la controversia, es menester definir si existe
congruencia entre la causa petendi y las pretensiones, si se cuestiona la legalidad
del acto en el que una empresa de servicios públicos se negó a iniciar el
procedimiento de enajenación voluntaria de un inmueble pero los demandantes
aducen que su derecho de propiedad se ha visto vulnerado porque los inmuebles
se encuentran ubicados en una zona de humedal que tiene restricciones especiales
de uso.
58. Con miras a resolver ese problema, es menester señalar que en la parte
especial del Título I del Acuerdo 6 de 1990, «por medio del cual se adopta el Estatuto
para el Ordenamiento Físico del Distrito de Bogotá y se dictan otras disposiciones»,
expedido por el Concejo de Bogotá y vigente para la época de la Resolución 250 de
1994 se reguló la zonificación del Distrito Capital con el fin de ordenar el uso del
suelo.
59. Particularmente, el artículo 141 de esa norma previó que era responsabilidad de
la EAAB acotar y demarcar las rondas hídricas dentro del territorio distrital como
instrumento para su identificación, delimitación y preservación
«Artículo 141º.- Acotamiento. La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de
Bogotá hará el acotamiento y demarcará en el terreno, todas las rondas de los
ríos, embalses, lagunas, quebradas y canales dentro del territorio del Distrito
Especial de Bogotá y en especial las cuencas de Torca, Conejera, Salitre,
Jaboque, Fucha, Tunjuelo, Tintal y Soacha, velará por su preservación y
solicitará a las autoridades la protección que las leyes le otorgan a los bienes
de uso público.
El acotamiento tendrá una representación cartográfica elaborada con asesoría
técnica del Departamento Administrativo de Planeación Distrital, la cual
será incluida en la Cartografía Oficial del Distrito Especial de Bogotá, para todos
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
27
Número de radicación: 25000 23 24 000 2005 00640 02
Demandante: Inversiones REACOL S.A.
los efectos» (Subrayas de la Sala).
60. Con fundamento en dicha disposición, la EAAB emitió la Resolución 250 de
1994 por la cual se acotaron entre otras, la zona de ronda y manejo y preservación
ambiental del Humedal de la Conejera. Dicho acto contempló:
«Resolución núm. 250 de 30 de junio de 1994
“Por la cual se acotan las rondas hidráulicas de las chucuas de la Conejera y
Techo, el lago de Santa María del Lago, se definen sus zonas de manejo y
preservación ambiental, y se establece el acotamiento de rondas de los cuerpos
de agua rodeados por elementos definidos del espacio público en el Distrito
Capital”
(…)
RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO: Acotar como límite externo de las Zonas de Ronda y de
Manejo y Preservación Ambiental de la Chucua de La Conejera la línea formada
por la unión de los puntos cuyas coordenadas aparecen en los planos No. 1 y 2
elaborados por la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá y que
hacen parte de la presente Resolución, acotamiento dentro del cual la Zona de
Manejo y Protección Ambiental está constituida por una franja de quince (15)
metros de ancho.
PARÁGRAFO 1: Para efectos del acotamiento anterior, se consideró como
cuerpo de agua de la chucua de La Conejera la cartografía oficial del Instituto
Geográfico Agustín Codazzi emitida inmediatamente después de la expedición
del Código de Recursos Naturales Renovables (Decreto Ley 2811 de 1974). Las
planchas correspondientes son las números E-18, E-19, E-28 y E-29 de 1981.
PARAGRAFO 2: El acotamiento de la Chucua de La Conejera definido con
anterioridad para la Urbanización el Rincón de Santa Inés (Compartir - Suba),
mediante Resolución 576 del 27 de Diciembre de 1988 expedida por el
Departamento Administrativo de Planeación Distrital, Artículo 20, zonas de
cesión de uso público, afectación Zona Ronda de Río, seguirá vigente.
ARTICULO SEGUNDO: Acotar como límite externo de las Zonas de Ronda y
de Manejo y Preservación Ambiental del Lago de Santamaría del Lago la línea
formada por la unión de los puntos cuyas coordenadas aparecen en el plano
No. 3 elaborado por la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá y que
hace parte de la presente Resolución, acotamiento dentro del cual la Zona de
Manajo y Protección Ambiental está constituida por una franja de quince (15)
metros de ancho.
PARÁGRAFO: Para efectos del acotamiento anterior, se consideró como
cuerpo de agua del Lago de Santa María del Lago, la cartografía oficial del
Instituto Geográfico Agustin Codazzi emitida inmediatamente después de la
expedición del Código de Recursos Naturales Renovables (Decreto Ley 2811
de 1974). Las planchas correspondientes son las números E-89 de 1980 y E-
99 de 1979.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
28
Número de radicación: 25000 23 24 000 2005 00640 02
Demandante: Inversiones REACOL S.A.
ARTICULO TERCERO: Acotar como límite externo de las Zonas de Ronda y
de Manejo y Preservación Ambiental de la Chucua de Techo la línea formada
por la unión de los puntos cuyas coordenadas aparecen en el planos No. 3
elaborado por la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá y que hace
parte de la presente Resolución, acotamiento dentro del cual la Zona de Manejo
y Protección Ambiental está constituida por una franja de quince (15) metros de
ancho.
PARÁGRAFO: Considerar como cuerpo de agua de la chucua de Techo, la
cartografía oficial del Instituto Geográfico Agustín Codazzi emitida
inmediatamente después de la expedición del Código de Recursos Naturales
Renovables (Decreto Le 2811 de 1974). La plancha correspondiente es la H-46
de 1978.
ARTÍCULO CUARTO: Definir que para los cuerpos de agua ubicados en zonas
urbanísticamente conformadas y rodeadas por otros elementos ya definidos del
espacio público, tales como parques y vías, el acotamiento de las Zonas de
Ronda y de Manejo y Preservación Ambiental corresponde al límite de los
mencionados espacios públicos.
PARÁGRAFO: Los acotamientos de Zonas de Ronda y de Manejo y Protección
Ambiental para proyectos urbanísticos presentados a la Empresa en lotes para
desarrollar, seguirán efectuándose por las dependencias que tienen a su cargo
el estudio de tales proyectos, observando el procedimiento ya establecido.
ARTÍCULO QUINTO: La presente resolución rige a partir de la fecha de su
expedición y deroga las disposiciones que le sean contrarias» 9
61. Ahora, en vigencia de esa decisión se concedió una licencia de urbanismo para
el desarrollo del proyecto urbanístico residencial El Cerezo en los inmuebles objeto
de controversia a través de la Resolución CUP – 8-019 del 13 de diciembre de 1996.
Además, se aprobó la división de éste por etapas.
62. Particularmente en ese acto se señaló sobre los usos de suelo:
« III. NORMAS ESPECIFICAS DEL PREDIO EN AREA URBANA
USOS
1.1. USO PRINCIPAL: Vivienda de interés social En caso de que en las
siguientes etapas no se pretenda desarrollar proyectos arquitectónicos con este
tipo de vivienda, se deberá solicitar la modificación del proyecto urbanístico y
cumplir con el porcentaje de cesión tipo A mínimo exigido sobre Area Neta
Urbanizable para desarrollos urbanísticos residenciales, establecido en el
artículo 10 del Decreto 734 de 1.993.
En el desarrollo urbanístico propuesto, el uso de vivienda fue autorizado como
principal por el Departamento Administrativo de Planeación Distrital mediante
oficio N° 24072 del 30 de Octubre de 1.995.
9
Ibidem.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
29
Número de radicación: 25000 23 24 000 2005 00640 02
Demandante: Inversiones REACOL S.A.
Tipo de desarrollo urbanístico: Residencial por sistema de agrupación o loteo.
El desarrollo residencial por sistema de loteo no se permite con frente a la
Avenida Las Mercedes.
En caso de proceder a la división de los superlotes en lotes o superlotes con
áreas menores, se deberán tener en cuenta las dimensiones mínimas
establecidas en el artículo 21 del decreto 734 de 1.993.
PARAGRAFO: La subdivisión de los superlotes en unidades menores no
implicará la reforma de la presente resolución, excepto si genera nuevas vías
peatonales, vehiculares u otras obras de urbanismo.
1.2. USOS COMPLEMENTARIOS:
1.2.1. Comercio de cobertura local clases IA y IB, institucional de influencia local
(Clase I).
a. En las supermanzanas 1, 2 y 3 se permite en edificaciones aisladas de hasta
dos pisos que formen parte de agrupaciones residenciales sin sobrepasar 2.000
M2
b. En la supermanzana 4 se permite:
• En los dos primeros pisos de edificaciones destinadas a uso de vivienda y
en edificaciones aisladas de hasta tres (3) pisos que formen parte de
agrupaciones residenciales sin sobrepasar 2.000 M2.
• En lotes independientes con área máxima de 1.000 M2,
• En manzanas de cobertura local siempre y cuando se modifique el proyecto
urbanístico, cumpliendo con lo dispuesto en los artículo 11 y 14 del decreto 737
de 1.993.
• En desarrollos institucionales de influencia local en predios con área útil
máxima de 2.000 M2, en cuyo caso el comercio se permite únicamente como
parte integral del uso institucional.
•
1.2.2. Industria clase IA
• En los dos (2) primeros pisos de edificaciones destinadas al uso vivienda o
en edificaciones aisladas de hasta tres (3) pisos que formen parte de
agrupaciones residenciales sin sobrepasar 2.000 M2 de construcción.
• En lotes independientes con área útil máxima de 1.000 M2.
• En manzanas de cobertura local siempre y cuando se modifique el proyecto
urbanístico, cumpliendo con lo dispuesto en los articulo 11 y 14 del decreto 737
de 1.993.
1.2.3. Industria Clase IB
Se permite únicamente en la supermanzana 4, en superlotes independientes
con área útil máxima de 1.000 M2»10
63. A su vez, en la Resolución CU2-98-327 del 30 de diciembre de 1998 se aprobó
la modificación del proyecto de urbanización Camino Verde antes denominado El
Cerezo. El término para la realización del proyecto fue de 24 de meses prorrogables
10
Visible a folio 99 del Cuaderno del Tribunal.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
30
Número de radicación: 25000 23 24 000 2005 00640 02
Demandante: Inversiones REACOL S.A.
hasta por 36 meses11. Además, en la Resolución RES 04-2-00066 del 1 de marzo
de 2004 se prorrogó el término de la licencia de urbanismo por 12 meses12.
64. Asimismo, se anexaron los certificados de libertad y tradición de los inmuebles
objeto de controversia en los que consta que se encuentran en el Humedal La
Conejera y que no tienen ninguna limitación del dominio registrada. A modo de
ejemplo en el certificado con el bien con matrícula inmobiliaria 50N-20333566
consta:
«
»13
65. Posteriormente, con la emisión del artículo 95 del Decreto Distrital 190 de 200414
se señaló expresamente que la delimitación del Humedal de La Conejera
corresponde a los límites fijados en el anexo 2 de ese acto; veamos:
«Artículo 95. Parque Ecológico Distrital. Identificación.
Los Parques Ecológicos Distritales de Montaña son:
1. Cerro de La Conejera.
2. Cerro de Torca.
11
Visible a folios 108 a 116 del Cuaderno del Tribunal.
12
Visible a folios 117 a 119 del Cuaderno del Tribunal.
13
Visible a folio 99 del
14
«Por medio del cual se compilan las disposiciones contenidas en los Decretos Distritales 619 de
2000 y 469 de 2003»
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
31
Número de radicación: 25000 23 24 000 2005 00640 02
Demandante: Inversiones REACOL S.A.
3. Entrenubes (Cuchilla del Gavilán, Cerro de Juan Rey, Cuchilla de
Guacamayas).
4. Peña Blanca.
5. La Regadera.
Los Parques Ecológicos Distritales de Humedal son:
1. Humedal de Tibanica.
2. Humedal de La Vaca
3. Humedal del Burro.
4. Humedal de Techo.
5. Humedal de Capellanía o La Cofradía.
6. Humedal del Meandro del Say.
7. Humedal de Santa María del Lago.
8. Humedal de Córdoba y Niza.
9. Humedal de Jaboque.
10. Humedal de Juan Amarillo o Tibabuyes
11. Humedal de La Conejera
12. Humedales de Torca y Guaymaral
Parágrafo 1. Los Parques Ecológicos Distritales de Humedal incluidos en el
presente Artículo incluyen la zona de manejo y preservación ambiental (ZMPA),
la ronda hidráulica y el cuerpo de agua, como una unidad ecológica.
El alinderamiento de los humedales corresponde al establecido en los planes
de manejo respectivos, los cuales aparecen en el anexo No. 2 de este Decreto
y están señalados en el Plano denominado "Estructura Ecológica Principal" que
hace parte de esta revisión.
Parágrafo 2. En caso de modificación del alinderamiento de la zona de manejo
y preservación de los humedales existentes o de la creación de nuevos
humedales, con base en los correspondientes estudios técnicos de soporte, la
administración presentará la nueva delimitación al Concejo Distrital, para su
aprobación e incorporación a la Estructura Ecológica Principal.
Parágrafo 3. La delimitación del Parque Ecológico
Distrital Entrenubes corresponde a la establecida en el estudio denominado
"Elaboración de la topografía, trazado, estacamiento y registros topográficos del
límite del parque Entrenubes", realizado por el Departamento Administrativo del
Medio Ambiente (DAMA) en abril de 1999» (Subrayas de la Sala).
66. A su vez, el artículo 96 ibidem, previó que el único uso compatible en dichas
áreas era la recreación pasiva y que, dentro de los usos prohibidos, se encontraban
los de carácter residencial:
«Artículo 96. Parque Ecológico Distrital, régimen de usos.
Esta categoría se acoge al siguiente régimen de usos:
1. Usos principales: Preservación y restauración de flora y fauna nativos,
educación ambiental.
2. Uso compatible: Recreación pasiva.
3. Usos condicionados: Centros de recepción, educación e información
ambiental para los visitantes del parque; senderos ecológicos, peatonales y
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
32
Número de radicación: 25000 23 24 000 2005 00640 02
Demandante: Inversiones REACOL S.A.
para bicicletas; dotacional de seguridad ligado a la defensa y control del parque;
demás infraestructura asociada a los usos permitidos.
Los usos condicionados deben cumplir con los siguientes requisitos:
a. No generar fragmentación de la cobertura vegetal nativa ni de los hábitat de
la fauna nativa.
b. Integrar paisajísticamente la infraestructura al entorno natural.
c. No propiciar altas concentraciones de personas.
d. En los Parques Ecológicos de Humedal, los senderos para bicicletas sólo
podrán ubicarse en el perímetro del Parque, dentro de la zona de manejo y
preservación ambiental, y como cinta dura no podrán exceder un ancho de 1.5
metros.
e. En los Parques Ecológicos de Humedal, los senderos peatonales se ubicarán
exclusivamente en la zona de manejo y preservación ambiental y como cinta
dura no podrán exceder un ancho de 1.5 metros.
f. En los Parques Ecológicos de Humedal sólo los senderos ecológicos y los
observatorios de aves podrán localizarse dentro de la ronda hidráulica. Los
senderos ecológicos serán de materiales permeables y no excederán un ancho
de 1 metro.
g. Los senderos ecológicos tienen uso peatonal y fines educativos.
h. El Departamento Técnico Administrativo del Medio Ambiente definirá el
porcentaje máximo de áreas duras que se podrán construir en la Zona de
Manejo y Preservación Ambiental y en la ronda hidráulica.
i. La iluminación del sendero para bicicleta y el sendero peatonal, deberá estar
dirigida hacia el exterior del parque ecológico de humedal.
4. Usos prohibidos: Agrícola y pecuario, forestal productor, recreación activa,
minero industrial de todo tipo, residencial de todo tipo, dotacionales salvo los
mencionados como permitidos.
Parágrafo. La Vereda La Fiscala, dentro del Parque Ecológico
Distrital Entrenubes, incluirá en su régimen de usos como compatibles el
agroforestal y la agricultura orgánica en parcelas demostrativas para el
ecoturismo y el sostenimiento de las familias de agricultores tradicionales allí
asentadas, de conformidad con los lineamientos que el Departamento Técnico
Administrativo del Medio Ambiente establezca en el Plan de Manejo de dicho
parque» (Subrayas de la Sala).
67. Entre tanto, el artículo 78 ibidem, definió la recreación pasiva en los siguientes
términos:
«Artículo 78. Definiciones aplicadas a la Estructura Ecológica Principal:
(…)
2. Recreación pasiva: Conjunto de actividades contemplativas dirigidas al
disfrute escénico y la salud física y mental, para las cuales sólo se requieren
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
33
Número de radicación: 25000 23 24 000 2005 00640 02
Demandante: Inversiones REACOL S.A.
equipamientos en proporciones mínimas al escenario natural, de mínimo
impacto ambiental y paisajístico, tales como senderos para bicicletas, senderos
peatonales, miradores, observatorios de aves y mobiliario propio de actividades
contemplativas»
68. En ese contexto, se advierte que los demandantes adquirieron los inmuebles
objeto de controversia y promovieron el desarrollo de los proyectos urbanísticos El
Cerezo y Camino Verde durante la vigencia de la Resolución 250 de 1994, pese a
conocer que dichos predios se encontraban ubicados dentro de la zona acotada por
la EAAB en el Humedal de La Conejera, ya que para esa época las normas
urbanísticas vigentes permitían el desarrollo de proyectos residenciales en el sector,
razón por la cual se expidieron las correspondientes licencias de urbanismo, así
como sus posteriores modificaciones y prórrogas.
69. Sin embargo, esa situación cambió con la expedición del Decreto Distrital 190
de 2004, mediante el cual el Humedal de La Conejera fue incorporado
expresamente a la estructura ecológica principal del Distrito y sometido a un
régimen especial de protección ambiental que prohibió los usos residenciales y
limitó las actividades permitidas a la recreación pasiva y demás usos compatibles
previstos en el artículo 96 ibidem.
70. Como consecuencia de ello, el 25 de noviembre de 2002 las empresas
accionantes solicitaron a la EAAB a través de derecho de petición la adquisición de
los predios objeto de controversia. Para sustentar su petición, afirmaron que la
Resolución 0250 de 1994 y el Decreto 619 de 2000 les impusieron una afectación
desproporcionada a su derecho de propiedad sobre dichos inmuebles. En efecto,
en la mencionada solicitud se dijo:
«FUNDAMENTOS JURIDICOS DE LAS PETICIONES
1. Naturaleza Jurídica del Humedal de la Conejera.
El Humedal la Conejera, conformado por los globos uno y dos, junto con sus
respectivas rondas y áreas de Manejo y Preservación ambiental, elementos
identificados en la pretensión primera del presente escrito, es de propiedad de
las sociedades INVERSIONES REACOL S.A, COMPAÑÍA SURAMERICANA
DE CONSTRUCCIONES S.A Y URBANSA S.A, tal y como consta en los
certificados de tradición y libertad numero 50N-20333566, 50N-20333567, 50N-
20333568, 50N- 20333569, 50N-20333570 y 50N-20333571, a pesar de que
por sus características, funciones e importancia ecológica, el Humedal debería
ostentar la calidad de bien de uso público y estar sujeto a la normatividad
aplicable a este tipo de bienes.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
34
Número de radicación: 25000 23 24 000 2005 00640 02
Demandante: Inversiones REACOL S.A.
Debido a su importancia, a través de la Resolución Número 0250 de 1994 el
Gerente General de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá,
impuso una afectación sobre el inmueble objeto de petición de iniciación de la
negociación para la enajenación voluntaria, al efectuar el acotamiento de la
Zona de Ronda de las Chucuas del Lago de Santa María, la Conejera y Techo,
en consideración a que las mismas hacen parte del sistema hídrico de la ciudad.
Así mismo, el Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá, contenido en el
Decreto 619 del 2.000, ratificó la afectación sobre dicho inmueble, al consagrar
en el capítulo correspondiente a la estructura ecológica principal y
específicamente en el articulo 26, en el cual se enumeran los parques
ecológicos distritales, en el ítem sexto el Humedal La Conejera, como uno de
los parques que, según la descripción consagrada en el artículo 25, constituyen
áreas de alto valor escénico y/o biológico que, por ello, tanto como por sus
condiciones de localización y accesibilidad, se destinan a la preservación,
restauración y aprovechamiento sostenible de sus elementos biofisicos para la
educación ambiental y recreación pasiva. Debido a que en el parágrafo primero
del citado articulo 26 se indica que la zona de manejo y preservación ambiental,
la ronda hidráulica y el cuerpo de agua, constituyen una unidad ecológica, estos
elementos integrantes del Humedal la Conejera están afectados también como
parque Distrital.
Esta afectación limita el derecho de propiedad de las mencionadas sociedades
sobre el Humedal, ya que el artículo 27 del Decreto 619 del 2.000 por medio del
cual se adoptó el Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá, estableció el
régimen de usos propio de los parques ecológicos distritales, de la siguiente
manera:
(…)
A pesar de que la limitación al derecho de propiedad sobre el Humedal se
fundamenta en su importante función ecológica y su gran utilidad pública,
los propietarios del inmueble afectado tienen el derecho a obtener una
compensación económica para resarcir la limitación de su derecho de
dominio sobre el bien, debido a que su derecho fue adquirido conforme a
las leyes civiles antes de la afectación, no pudiendo ser vulnerado su
derecho constitucional a la propiedad privada por leyes posteriores,
según lo estipulado en el artículo 58 de la Constitución Política» 15
(Subrayas y negrillas de la Sala).
71. Además, en la aludida petición se indicó que la EAAB estaba obligada a comprar
los predios de los accionantes ya que se encontraban en la mencionada área
delimitada del Humedal de La Conejera por el Decreto Distrital 619 de 2000.
Veamos:
«2. Obligaciones legales de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de
Bogotá frente al Humedal.
La preservación y recuperación de humedales, hacen parte de la política
nacional para humedales interiores de Colombia, expedida por el Consejo
Nacional Ambiental el mes de Diciembre de 2001, debido a su importancia
ecológica y socioeconómica, ya que su uso racional y conservación garantizan
15
Visible a folios 36 a 37 del Cuaderno del Tribunal.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
35
Número de radicación: 25000 23 24 000 2005 00640 02
Demandante: Inversiones REACOL S.A.
la sostenibilidad de sus recursos hídricos, como ecosistemas estratégicos
dentro del ciclo hidrológico.
Debido a la gran importancia de su recuperación y cuidado, los parágrafos 2º y
3º del artículo 26 del Decreto 619 del 2.000 por medio del cual se adoptó el Plan
de Ordenamiento Territorial de Bogotá, instituyeron de manera específica la
responsabilidad de la preservación de los parques de humedal, en cabeza de
la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, al establecer lo siguiente:
"Parágrafo 1. La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá
(EAAB) es la entidad responsable de demarcar las rondas y zonas de
manejo y preservación ambiental y velará por su protección y cuidado, de
conformidad con lo dispuesto en los respectivos planes de manejo de
cada una de estas áreas y las directrices de la autoridad ambiental
competente para lo cual deberá presentar un acuerdo al Concejo Distrital
para su aprobación."
"Parágrafo 2. La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá
(EAAB) realizará los estudios y acciones necesarias para mantener,
recuperar y conservar los humedales tanto en su parte hídrica como
biótica, realizando además el seguimiento técnico de las zonas de ronda
y de manejo y preservación ambiental."
De igual manera, el artículo 54 del POT, estableció como responsable del
programa de descontaminación y recuperación ecológica e hidráulica de
humedales, a la Empresa de Acueducto y alcantarillado de Bogotá, el cual
busca la conservación de los servicios ambientales de estos ecosistemas para
garantizar su supervivencia a largo plazo.
De las normas anteriores se desprende claramente que en virtud de estas
funciones legales, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB)
se encuentra obligada a adelantar las gestiones tendientes a adquirir el
inmueble denominado HUMEDAL LA CONEJERA, ubicado en la ciudad de
Bogotá, a través del procedimiento de enajenación voluntaria consagrado en el
Capítulo VII de la Ley 388 de 1997, con el propósito de cumplir con el objetivo
de recuperación de humedales consagrado en el Plan de Ordenamiento
Territorial y en las demás normas concordantes.
Lo anterior se fundamenta en el interés social y la utilidad pública de la
preservación y recuperación de los Humedales, de propiedad de particulares, a
través de su adquisición por expropiación o negociación directa, según lo
estipulado en el literal j) del artículo 58 de la ley 388 de 1997, que modificó el
artículo 10º de la Ley 9 de 1.989, donde se consagra como motivo de utilidad
pública para efectos de adquisición de inmuebles por enajenación voluntaria y
por expropiación, entre otros, la adquisición de inmuebles para destinarlos a la
constitución de reservas para la protección del medio ambientes y los recursos
hídricos»16
72. De lo anterior se advierte que las sociedades accionantes en su petición
atribuyeron expresamente la presunta afectación de su derecho de propiedad a la
Resolución 250 de 1994 y al Decreto Distrital 619 de 2000. En efecto, sostuvieron
que tales disposiciones delimitaron el Humedal de La Conejera, incorporaron los
16
Visible a folios 37 a 38 del Cuaderno del Tribunal.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
36
Número de radicación: 25000 23 24 000 2005 00640 02
Demandante: Inversiones REACOL S.A.
inmuebles al régimen de protección ambiental aplicable a dicho ecosistema e
impusieron restricciones de uso que impedían su aprovechamiento urbanístico y
económico. A partir de esa premisa afirmaron que tenían derecho a obtener una
compensación patrimonial por las cargas derivadas de tales medidas.
73. Asimismo, los peticionarios fundamentaron la obligación de la EAAB de adquirir
los inmuebles en las funciones que, a su juicio, le fueron atribuidas por el Decreto
Distrital 619 de 2000 para la preservación y recuperación de los humedales. En esa
medida, la solicitud de compra de los predios partió nuevamente de la premisa
según la cual las restricciones derivadas del régimen de protección ambiental
establecido en dicho instrumento generaban para la administración el deber de
compensar a los propietarios. Por consiguiente, la controversia planteada desde
esta etapa no se dirigió a cuestionar una actuación propia de la EAAB, sino a
obtener el reconocimiento de los perjuicios que les ocasionó el mencionado Decreto
y la Resolución 250 de 1994.
74. Ahora, a través de oficio 0751-2022-000461, demandada, la EAAB negó la
petición de compra de los accionantes. Particularmente, en esa decisión se dijo que
no era cierto que la Resolución 0250 de 1994 o que el Decreto 619 de 2000, hubiera
ocasionado alguna afectación al derecho de dominio de las demandadas, de ahí
que esa empresa no estuviera en la obligación de comprar sus inmuebles. Sobre el
particular en ese acto dijo:
« EN CUANTO A LAS FUNDAMENTOS DE DERECHO:
1.: En realidad a los peticionarios no les asiste la razón cuando explican que por
virtud de la Resolución 0250 de 1994, la Gerencia General de la E.A.A.B-E.S.P.
impuso una afectación a los predios de su propiedad. Como tampoco es exacto
que el Decreto Distrital 619 de 2000, en aparte alguno, haya operado igual
instrumento jurídico respecto del Humedal La Conejera. Veamos.
Uno de los fundamentos de derecho de la Resolución 0250/94 es el Acuerdo 06
de 1990 del Concejo Distrital. Dicho acto administrativo en sus artículos 138 a
147 contiene el Capítulo VIII relativo a RONDAS DE RIO, QUEBRADAS,
CANALES, EMBALSES Y LAGUNAS Y ZONAS DE MANEJO Y
PRESERVACIÓN AMBIENTAL DE LAS MISMAS.
Luego, por disposición del Acuerdo 06 de 1990, artículo 141, la Empresa está
facultada para acotar y demarcar en terreno todas las Zonas de Ronda
Hidráulica y Zonas de Manejo y Preservación Ambiental de todos y cada uno
de los cuerpos de agua que integran el Sistema Hídrico del Distrito Capital, sin
que en tal virtud pueda deducirse que ella esté obligada a adquirir los predios
que se encuentren dentro de las Zonas de protección mencionadas, ni que tal
procedimiento suponga forma alguna de afectación, pues tal instrumento
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
37
Número de radicación: 25000 23 24 000 2005 00640 02
Demandante: Inversiones REACOL S.A.
implica la activación de un sin número de trámites administrativos que
necesariamente deberán culminar con la inscripción de la medida en el folio de
matrícula respectivo, aspecto que no se predica del asunto que nos ocupa.
Los procesos de adquisición predial, y por excepción, el reconocimiento de las
compensaciones por afectación que ejecute la Empresa están asociados única
y exclusivamente a la ejecución de una obra pública en desarrollo del artículo
58 de la Ley 388 de 1997. En este sentido se pronuncian los artículos 491 y 492
del Decreto Distrito 619 de 2000: (…)
En manera alguna, entonces, asoma la obligación de afectar ni adquirir predios,
como lo sugieren los peticionarios, por el solo hecho de que estén ubicados y
constituyan total o parcialmente las zonas de protección mencionadas.
Justamente esa es nuestra posición: La Empresa solo adquiere y afecta los
predios que sean estrictamente necesarios para la ejecución de obras de interés
público asociadas al servicio público de Acueducto y Alcantarillado. Para el caso
que nos ocupa, la Empresa no tiene previsto ni proyectado la ejecución de obra
pública alguna que haga necesaria la adquisición de los predios en cuestión, en
desarrollo y al amparo de la Ley 9ª de 1989 modificada por la Ley 338 de 1997,
en concordancia con el Decreto Distrital 619 de 2000 (P.O.T.)
Insistimos que el proceso de demarcación y acotación en terreno de la Zona de
Ronda y Zona de Manejo y Preservación Ambiental no implica la obligación de
adquirir los predios que resulten dentro de ellas ni constituye AFECTACION.
Por tanto, en cuanto a la afirmación de que la Empresa debe afectar
jurídicamente los inmuebles propiedad de los peticionarios, reiteramos que
nuestra intervención se limita a la demarcación de las zonas de protección en
cita. Con relación a la afectación propiamente dicha, ello es un instrumento
jurídico cuya finalidad es marginar el ó los predios del comercio. Para este
efecto debe agotarse el tramite previo consistente básicamente en la
individualización del predio, el avalúo del mismo, la oferta de compra
correspondiente, para finalmente solicitar el registro de la oferta de compra en
el folio de matricula inmobiliaria correspondiente. Todo ello sobre la base de que
se trate de un proceso de adquisición propiamente dicho, destinado a la
construcción de una obra pública a asociada al servicio público a nuestro cargo»
17
(Subrayas de la Sala)
75. Así, es claro para la Sala que en el oficio no se impusieron restricciones sobre
los inmuebles de los actores ni tampoco se definió el régimen jurídico aplicable a
estos. En efecto, la EAAB sostuvo que la delimitación y demarcación del Humedal
de La Conejera no generaba por sí misma perjuicios a los demandantes y por ende
no implicaban la obligación de adquirir los inmuebles ubicados dentro de las zonas
de protección ambiental.
76. Contra la citada decisión, la parte actora interpuso recurso de reposición y en
subsidio de apelación. Reiteró que los inmuebles objeto de controversia habían
resultado afectados por la Resolución 0250 de 1994 y el Decreto 619 de 2000, los
17
Visible a folios 44 y 45 del Cuaderno del Tribunal.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
38
Número de radicación: 25000 23 24 000 2005 00640 02
Demandante: Inversiones REACOL S.A.
cuales les impusieron restricciones que excedían las cargas que deben soportar los
particulares. Con fundamento en ello, insistió en que la EAAB estaba obligada a
adquirir los predios o en todo caso, a compensarlos económicamente a por la
afectación de sus derechos de dominio. Lo anterior, puede constatarse enseguida:
«3. MOTIVOS DE INCONFORMIDAD
La E.A.AB fundamenta la inexistencia de una afectación sobre el Humedal La
Conejera en el hecho de no haberse realizado todo el procedimiento legal
previsto para la afectación de inmuebles, el cual debe culminar con la
inscripción de tal circunstancia en el folio de matrícula inmobiliaria respectivo,
así como también, en el hecho de limitarse sus funciones a la acotación y
demarcación del Humedal junto con sus zonas de Ronda y Preservación
ambiental, a lo cual me permito manifestar lo siguiente:
El Humedal La Conejera fue catalogado como Parque Ecológico Distrital
mediante el artículo 26 del Decreto Distrital 619 de 2000, razón por la cual hace
parte de las áreas protegidas del orden Distrital, estando su uso limitado a lo
establecido en el artículo 27 de la norma en mención; lo anterior trae como
consecuencia que el Humedal La Conejera sea considerado como suelo de
protección, en concordancia con los artículos 13, 14, 15 y 90 del Decreto 619,
lo que se traduce en la restringida posibilidad de ser urbanizado por sus
características ambientales.
Si en concordancia con lo anterior tenemos en cuenta que según el artículo 483
del Decreto Distrital 619 de 2000 por medio del cual se adoptó el Plan de
Ordenamiento Territorial de Bogotá, la afectación "es una restricción impuesta
a uno o más inmuebles específicos, que limita o impide la obtención de licencias
urbanísticas de que trata el capítulo X de la ley 388 de 1997, por causa de la
construcción o ampliación de una obra pública o por razón de protección
ambiental", nos vemos obligados a concluir que el Humedal La Conejera, es un
inmueble específico que se haya afectado con el fin de protección ambiental,
debido a que por ostentar la calidad de Parque Ecológico Distrital y ser suelo
de protección, no es posible obtener una licencia de urbanismo que permita
realizar obras de construcción sobre el mismo, diferentes a la infraestructura
básica que permita darle el uso determinado por el Plan de Ordenamiento
Territorial en su artículo 27, a pesar de no haberse realizado el procedimiento
establecido por la ley 9 de 1989 para perfeccionar la afectación sobre
inmuebles.
En conclusión, a contrario de lo afirmado por la E.A.A.B, el Humedal la Conejera
sí fue objeto de afectación tanto por la Resolución 0250 de 1994 como por el
Decreto 619 de 2000, debido a que por medio de la primera fue delimitado el
Humedal La Conejera junto con sus zonas de ronda y preservación ambiental y
por medio del segundo fue catalogado como Parque Distrital Ecológico y suelo
de protección, lo que trajo como consecuencia su afectación como zona de
preservación ambiental.
De igual forma, carece de todo fundamento la falta de capacidad para adquirir
el inmueble alegada por la E.A.A, ya que no es cierto, como se afirma en el acto
recurrido, que sus obligaciones respecto de los humedales, se limiten a realizar
la demarcación y acotamiento de las zonas de ronda hidráulica y zonas de
manejo y preservación de los mismos, toda vez que también se encuentra
obligada a la preservación y recuperación de los humedales, así como también,
de imponer afectaciones y adquirir tales bienes por enajenación voluntaria o por
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
39
Número de radicación: 25000 23 24 000 2005 00640 02
Demandante: Inversiones REACOL S.A.
expropiación, cuando sea necesario para la cumplida ejecución de su encargo,
en virtud de los artículos 481 y siguientes del Decreto 619 de 2000.
Es necesario dejar en claro, que en ninguna oportunidad se ha fundamentado,
como lo afirma la E.A.A.B, que la obligación de adquirir el Humedal la Conejera,
se derive del proceso de demarcación y acotación realizado por esta entidad,
ya que tal obligación encuentra su fundamento en la ley, más específicamente,
en el Decreto Distrital 619 de 2000, por medio del cual se estableció en cabeza
del Distrito, los establecimientos públicos distritales, las empresas industriales
y comerciales del Distrito y las sociedades de economía mixta, la obligación de
adquirir por enajenación voluntaria, los inmuebles que requieran para el
cumplimiento de los fines previstos en el artículo 58 de la ley 388 de 1997, esto
es, para el cumplimiento de los fines de utilidad pública, lo cual se configura en
el presente caso, ya que la E.A.A.B es la encargada de preservar
ambientalmente el Humedal la Conejera y como consecuencia, la obligada a
expedir el acto administrativo mediante el cual ordene adelantar todos los
estudios previos necesarios para llevar a cabo la adquisición de éste inmueble
para cumplir con éste fin catalogado como utilidad pública por el mencionado
artículo 58 de la ley 388 de 1997, en concordancia con lo establecido en los
artículo 491 y 492 del P.O.T.
Por otra parte, no es cierto que las compensaciones a que tienen derecho los
particulares se deriven única y exclusivamente de las afectaciones o de los
procesos de adquisición predial originados por la ejecución de una obra pública
por parte de la E.A.A.B en desarrollo del artículo 58 de la ley 388 de 1997, tal y
como se afirma en el acto recurrido, ya que, en primer lugar, el mencionado
artículo 58 también contempla, entre otros, como motivos de utilidad pública
para la adquisición de inmuebles " la preservación del patrimonio cultural y
natural de interés nacional, regional y local, incluidos el paisajistico, ambiental,
histórico y arquitectónico", y en segundo lugar, porque en virtud del artículo 48
de la misma ley, los propietarios de terrenos e inmuebles determinados en los
Planes de Ordenamiento Territorial como de conservación ambiental, deben ser
compensados por la carga derivada de tal calidad, mediante la obtención de
una compensación por lo general de carácter económico, razones por las cuales
en el presente caso, la E.A.A.B se encuentra obligada al pago de la
compensación a la que tienen derecho los propietarios del Humedal la
Conejera, por haber sido éste inmueble objeto de conservación ambiental. Lo
anterior en desarrollo del principio del reparto equitativo de cargas y beneficios
establecido en el artículo 38 de la ley 388 de 1997»18 (Subrayas de la Sala).
77. Así, de la lectura del recurso interpuesto contra la decisión de la EAAB es dable
colegir que nuevamente la inconformidad de los accionantes se dirigía realmente
contra las consecuencias jurídicas y económicas que se derivaban de la Resolución
250 de 1994 y del Decreto Distrital 619 de 2000. Como se vio, insistieron en que
tales disposiciones convirtieron los predios en suelo de protección ambiental,
restringieron su aprovechamiento urbanístico y limitaron de manera
desproporcionada el ejercicio del derecho de propiedad lo que obligaba a la
accionada a compensarlos económicamente.
18
Visible a folio 65 del Cuaderno del Tribunal.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
40
Número de radicación: 25000 23 24 000 2005 00640 02
Demandante: Inversiones REACOL S.A.
78. Dicho recurso fue negado por la EAAB en sede de reposición y apelación a
través de los actos administrativos 0751-2003-0134 del12 de febrero de 2003 y el
acto sin número de identificación del 16 de septiembre de 2004, enjuiciados.
79. Lo hasta aquí expuesto resulta relevante, pues de la revisión integral de la
demanda se advierte que la ilegalidad atribuida a los actos aquí censurados no se
fundamenta en vicios propios de las decisiones mediante las cuales la EAAB negó
iniciar el procedimiento de enajenación voluntaria. Por el contrario, los demandantes
sostuvieron que la afectación a su derecho de propiedad se originó en las
restricciones urbanísticas y ambientales derivadas de la delimitación del Humedal
de La Conejera y de su incorporación al sistema de áreas protegidas del Distrito.
Así, desde el propio relato de los hechos identificaron como fuente del perjuicio la
imposibilidad de desarrollar urbanísticamente los inmuebles por encontrarse
sometidos a dicho régimen de protección, régimen que nació a la vida con la
expedición de Resolución 250 de 1994 y del Decreto Distrital 619 de 2000. Prueba
de ello es que en el hecho decimotercero del libelo introductorio se indicó:
«Decimotercero. Debido a la restricción de uso y a la imposibilidad de
desarrollar urbanísticamente los inmueble por hacer parte de las áreas
protegidas del Distrito Capital, y en consideración al perjuicio ocasionado
a los propietarios por la afectación que sufren los inmuebles, el 3 de
Diciembre de 2002 se presentó ante la Empresa de Acueducto y Alcantarillado
de Bogotá E.S.P, derecho de petición para la compra por parte de ésta, de los
predios denominados HUMEDAL LA CONEJERA GLOBO NUMERO UNO,
HUMEDAL LA CONEJERA GLOBO NUMERO DOS, RONDA HUMEDAL
GLOBO NUMERO UNO, RONDA HUMEDAL GLOBO NUMERO DOS, ÁREA
DE MANEJO Y PRESERVACIÓN AMBIENTAL NUMERO UNO, Y ÁREA DE
MANEJO Y PRESERVACIÓN AMBIENTAL NUMERO DOS con el fin que se
ordenará la iniciación de las negociaciones directas para la enajenación
voluntaria de los mencionados inmuebles»19 (Subrayas y negritas de la Sala).
80. En el mismo sentido, en el concepto de violación los actores afirmaron que la
afectación de su derecho de dominio provenía de las limitaciones de uso impuestas
sobre los predios ubicados en el Humedal de La Conejera y de las obligaciones de
conservación asociadas a dicha categoría de protección ambiental. Con
fundamento en ello, sostuvieron que la EAAB estaba obligada a adquirir los
inmuebles o a asumir las consecuencias económicas derivadas de tales
restricciones. En concreto, manifestaron:
19
Visible a folio 8 del Cuaderno del Tribunal
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
41
Número de radicación: 25000 23 24 000 2005 00640 02
Demandante: Inversiones REACOL S.A.
«La afectación del derecho de dominio del titular de estas zonas consideradas
como áreas protegidas por hacer parte del parque ecológico Distrital
denominado Humedal de la Conejera, está representado en primer lugar por
una limitación al uso, disfrute o utilización del bien inmueble que finalmente
altera su derecho de dominio y que genera una restricción en la destinación del
bien solamente a aquellas actividades y usos determinados en el decreto.
La afectación entonces, se deriva de la obligación de conservación,
preservación y rehabilitación de los Humedales, sus rondas hidráulicas y
zonas de preservación ambiental, obligación que se encuentra a cargo de
la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá y que implica
necesariamente el desarrollo de obras públicas dirigidas a cumplir con
este fin.
Sin embargo es conveniente aclarar que la afectación no solo se deriva del
cumplimiento de las obligaciones por parte de la Empresa, sino también de la
destinación al uso público de los Humedales por ser considerados Parques
Ecológicos Distritales, hecho que implica una afectación que limita el derecho
de propiedad de los propietarios.
Lo anterior sin lugar a dudas tiene incidencia en el contenido económico
del derecho de propiedad, que implica una limitación a la negociabilidad
de dicho bienes inmuebles, por ser considerados de reserva ecológica,
hecho que implica una disminución de su valor económico.
De conformidad con las disposiciones contenidas en el Plan de Ordenamiento
Territorial, existe una obligación expresa en cabeza de la Empresa de
Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, de realizar los estudios técnicos para
cumplir con la finalidad de conservación y preservación de los Parques
Ecológicos Distritales. En esta medida, debe ejecutar las obras de
infraestructura dirigidas a la rehabilitación de los humedales, y de las zonas de
ronda y zonas de manejo y preservación ambiental.
En esta medida, es cierto, que la Empresa debe adquirir los bienes inmuebles
requeridos para la ejecución de obras asociadas a la prestación de servicios
públicos de saneamiento básico y agua potable. Sin embargo, ello no quiere
decir que la empresa se exima de la obligación de adquirir inmuebles, cuando
se trate de la realización de obras públicas destinadas a la conservación y
preservación de los parques ecológicos Distritales.
Por otra parte, la restricción urbanística se predica sobre toda el área de los
predios que son objeto de conservación ambiental, por lo cual, la obligación de
adquirir no se limita únicamente a aquellos predios necesarios para el desarrollo
de las obras publicas tendientes a su preservación, más aun si tenemos en
cuenta que los propietarios no podrán desarrollar ningún tipo de obra o
construcción sobre las zonas que fueron acotadas como humedal, ronda
hidráulica o zona de manejo y preservación ambiental.
Lo anterior se confirma si reiteramos la naturaleza jurídica de los humedales,
que por constituir reservas naturales de agua, están constituidos jurídicamente
como bienes de uso público y por tanto, son inalienables e imprescriptibles, por
mandato del artículo 63 de la Constitución Política»20. (Subrayas y negritas de
la Sala).
20
Visible a índice 17 del Cuaderno del Tribunal.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
42
Número de radicación: 25000 23 24 000 2005 00640 02
Demandante: Inversiones REACOL S.A.
81. Así mismo, al desarrollar el cargo relacionado con la función social y ecológica
de la propiedad, los demandantes insistieron en que las limitaciones derivadas de
la protección ambiental de los predios imponían al Estado el deber de adquirirlos,
por tratarse de bienes que en su criterio habían quedado destinados al interés
público. Veamos:
«La función ecológica de la propiedad es precisamente la que permite que el
Estado adquiera los bienes necesarios para la protección ambiental en
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 79 de la Constitución Nacional.
Bienes que por su especial destinación y por ser considerados de uso público
cuando constituyen zonas de protección ambiental por expresa disposición del
Plan de Ordenamiento Territorial, deben ser adquirirlos por el Estado cuando se
encuentran en cabeza de particulares.
En el presente caso la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, tiene
la obligación de preservación y conservación de estas zonas de uso público
constituidas por predios de propiedad particular, que por su especial destinación
deben pasar a ser de propiedad del Estado.
Con respecto a lo manifestado por la Empresa de Acueducto y Alcantarillado,
en relación a la obligación de los propietarios de soportar las cargas derivadas
de la protección ecológica en virtud de lo dispuesto en el artículo 58 de la
Constitución, es conveniente precisar que esa función ecológica si bien impone
una carga al propietario que lo obliga a conservar el medio ambiente, esa
obligación no puede vulnerar sus derechos.
No es cierto, entonces, que cualquier tipo de carga impuesta a los propietarios
de bienes raíces deba ser soportada sin tener consideración alguna frente los
perjuicios que ello trae, principalmente porque la constitución garantiza el
derecho a la propiedad privada que ha sido adquirida conforme a las leyes
civiles»21 (Subrayas de la Sala).
82. De igual forma, al sustentar la infracción de las normas urbanísticas y
ambientales, los accionantes reiteraron que la afectación de sus derechos se
produjo porque el Humedal de La Conejera fue incorporado al sistema de áreas
protegidas del Distrito y sometido a un régimen especial de protección que restringía
su aprovechamiento urbanístico. Asimismo, cuestionaron que tales medidas no
hubieran individualizado expresamente sus predios y que no se hubiera ordenado
adelantar el procedimiento formal de afectación previsto en la Ley 9 de 1989 y en la
Ley 388 de 1997 debido a que las restricciones derivadas de dichas disposiciones
recaían materialmente sobre los inmuebles de su propiedad. Lo anterior se
evidencia enseguida:
21
Visible a índice 20 a 21 del Cuaderno del Tribunal.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
43
Número de radicación: 25000 23 24 000 2005 00640 02
Demandante: Inversiones REACOL S.A.
«El Humedal de la Conejera fue catalogado como Parque Ecológico Distrital por
el articulo 95 del Decreto Distrital 190 de 2004, razón por la cual hace parte de
las áreas protegidas del orden Distrital, estando su uso limitado a lo establecido
en el artículo 96 de la norma en mención; lo anterior trae como consecuencia
que el Humedal de la Conejera, la zona de manejo y preservación ambiental y
las rondas hidráulicas, sean considerados como suelo de protección, en
concordancia con los artículos 75, 76, 81 y 86 del Decreto 190 de 2004, lo que
se traduce en la restringida posibilidad de ser urbanizado por sus características
ambientales.
Si en concordancia con lo anterior tenemos en cuenta que según el artículo 447
del Decreto Distrital 190 de 2004, por medio del cual se compilaron las
disposiciones contenidas en los Decretos Distritales 619 de 2000 y 469 de 2003,
la afectación "es una restricción impuesta a uno o más inmuebles específicos,
que limita o impide la obtención de licencias urbanísticas de que trata el capítulo
X de la ley 388 de 1997, por causa de la construcción o ampliación de una obra
pública o por razón de protección ambiental", se concluye sin lugar a duda que
el Humedal de la Conejera junto con la zona de protección ambiental y las
rondas hidráulicas, como unidad ecológica, constituyen un inmueble especifico
que se haya afectado con el fin de protección ambiental, debido a que por
ostentar la calidad de Parque Ecológico Distrital y hacer parte del sistema
de áreas protegidas del Distrito Capital, no es posible obtener una licencia
de urbanismo y construcción que permita realizar cualquier tipo de obras
de construcción sobre el mismo, diferentes a la infraestructura básica que
permita darle el uso determinado por el Plan de Ordenamiento Territorial
en su artículo 96, a pesar de no haberse realizado el procedimiento
establecido por la ley 9 de 1989 para perfeccionar la afectación sobre
inmuebles.
En conclusión, al contrario de lo afirmado por la E.A.A.B, el Humedal de la
Conejera si fue objeto de afectación tanto por la Resolución 0250 de 30 de
Junio de 1.994 como por el Decreto 190 de 2004, debido a que por medio
de la primera fue delimitado el Humedal de la Conejera junto con sus zonas
de ronda y zonas de manejo y preservación ambiental y por medio del
segundo fue catalogado como Parque Distrital Ecológico y suelo de
protección, lo que trajo como consecuencia su afectación como zona de
preservación ambiental.
Si bien es cierto, que en dicha resolución no se mencionan predios específicos,
sino se señalan cartográficamente las zonas de protección; dentro de dicha
determinación se encuentran incluidos los predios denominados HUMEDAL LA
CONEJERA GLOBO NUMERO UNO, HUMEDAL LA CONEJERA GLOBO
NUMERO DOS, RONDA HUMEDAL GLOBO NUMERO UNO, RONDA
HUMEDAL GLOBO NUMERO DOS, ÁREA DE MANEJO Y PRESERVACIÓN
AMBIENTAL NUMERO UNO, Y ÁREA DE MANEJO Y PRESERVACIÓN
AMBIENTAL NUMERO DOS, lo que da lugar a afirmar que fueron afectados
con fines de protección ambiental por encontrarse dentro del sistema de áreas
protegidas del Distrito Capital.
De igual forma, carece de todo fundamento la falta de capacidad para adquirir
el inmueble alegada por la E.A.A, ya que no es cierto, como se afirma, que sus
obligaciones respecto de los humedales, se limiten a realizar la demarcación y
acotamiento de las zonas de ronda hidráulica y zonas de manejo y preservación
de los mismos, toda vez que también se encuentra obligada a la preservación
y recuperación de los humedales que implica el desarrollo de obras públicas y
uso público, así como también, de imponer afectaciones y adquirir tales bienes
por enajenación voluntaria o por expropiación, cuando sea necesario para la
cumplida ejecución de su encargo, en virtud del artículo 445 y siguientes del
Decreto 190 de 2004.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
44
Número de radicación: 25000 23 24 000 2005 00640 02
Demandante: Inversiones REACOL S.A.
En este orden de ideas, y contrario a lo manifestado por la E.A.A.B, existen
fundamentos jurídicos y técnicos que respaldan la solicitud de los propietarios
de comprar las zonas mencionadas» (Subrayas y negrillas de la Sala)
83. Finalmente, los actores afirmaron que las limitaciones impuestas sobre los
predios debían dar lugar al reconocimiento de una compensación económica, pues
consideraban que la destinación ambiental de los inmuebles había restringido de
manera desproporcionada el ejercicio del derecho de propiedad y disminuido su
valor económico. En apoyo de dicha tesis señalaron:
«Por otra parte, no es cierto que las compensaciones a que tienen derecho los
particulares se deriven única y exclusivamente de las afectaciones o de los
procesos de adquisición predial originados por la ejecución de una obra pública
relacionada con servicios públicos domiciliarios en desarrollo del artículo 58 de
la ley 38 de 1997, en primer lugar, el mencionado artículo también contempla,
entre otros, como motivos de utilidad pública para la adquisición de inmuebles
" la preservación del patrimonio cultural y natural de interés nacional, regional y
local, incluidos el paisajistico, ambiental, histórico y arquitectónico", y la
"Constitución de zonas de reserva para la protección del medio ambiente y los
recursos hídricos" y en segundo lugar, porque en virtud del artículo 48 de la
misma ley, los propietarios de terrenos e inmuebles determinados en los Planes
de Ordenamiento Territorial como de conservación ambiental, deben ser
compensados por la carga derivada de tal calidad, mediante la obtención de
una compensación por lo general de carácter económico, razones por las cuales
en el presente caso, la E.A.A.B se encuentra obligada al pago de la
indemnización a la que tienen derecho los propietarios de los inmuebles que
componen el Humedal La Conejera, por haber sido éste inmueble objeto de
conservación ambiental.
Lo anterior en desarrollo del principio del reparto equitativo de cargas y
beneficios establecido en el artículo 38 de la ley 388 de 1997.
(…)
Es claro que el titular del derecho de propiedad sobre un bien inmueble que
haya sido declarado como área protegida y que en consecuencia deba ser
objeto de preservación y conservación, va a tener restringido su derecho y
limitada su capacidad de realizar actividades económicas y de ejercer su
iniciativa privada constitucionalmente garantizada (arts. 58 y 333); además debe
soportar la desvalorización que representa la restricción del uso y la destinación
que pueda darse a un activo de su patrimonio; también la eventual disminución
del precio o valor comercial del bien por la destinación ambiental, todo ello en
aras del interés superior de la sociedad.
El ordenamiento jurídico prevé eventos en los que se afectan bienes de
particulares a una finalidad de interés público, social, cultural o ambiental,
teniendo como presupuesto la titularidad de los bienes en cabeza de
particulares, bien sea personas naturales o jurídicas, las cuales soportan las
consecuencias económicas derivadas de la restricción de negociabilidad o de
utilización y destinación de los bienes.
En el presente caso, se trata de inmuebles que fueron afectados con fines
ambientales, y que componen el sistema de áreas protegidas del Distrito
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
45
Número de radicación: 25000 23 24 000 2005 00640 02
Demandante: Inversiones REACOL S.A.
Capital y son considerados como un elemento fundamental del sistema
hídrico del distrito. Por su importante valor ecológico, y la necesidad de
conservación y preservación de éstas zonas, deber que debe ser cumplido no
sólo por los particulares sino por el Estado, los propietarios del inmueble tienen
restringida la posibilidad de construir o de enajenar el inmueble, toda vez que
su valor se ve disminuido por tratarse de zonas de protección cuyo valor es
radicalmente distinto al establecido para los predios considerados como áreas
útiles.
Si bien, de conformidad con el articulo 58 de la Constitución Nacional, el interés
privado debe ceder ante el publico, y la propiedad privada debe cumplir una
función social y ecológica, ello no quiere decir que el particular se encuentre
obligado a soportar los graves perjuicios que ello le pueda ocasionar, toda vez
que de igual forma el articulo garantiza la propiedad privada y los derechos
adquiridos conforme a las leyes civiles. Lo anterior quiere decir que debe existir
una distribución equitativa de las cargas y beneficios; de tal manera que las
cargas que se impongan a los particulares en beneficio del interés general no
sean desproporcionadas ni impliquen un sacrificio de gran magnitud para el
propietario
Lo anterior quiere decir que debe existir una distribución equitativa de las cargas
y beneficios; de tal manera que las cargas que se impongan a los particulares
en beneficio del interés general no sean desproporcionadas ni impliquen un
sacrificio de gran magnitud para el propietario.
La sentencia de la Corte Constitucional T-506 de Agosto 21 de 1.992
Magistrado Ponente Ciro Angarita Barón, expone los límites a la propiedad
privada y estudia detenidamente el principio de reparto equitativo de cargas y
beneficios, en los siguientes términos:
(…)
Sin bien la empresa manifiesta, que la compra de 97 predios para la
recuperación del humedal de la Conejera es una proyección que no constituye
un compromiso para la empresa de adquirirlos; la demarcación de las zonas del
humedal, las rondas y las zonas de manejo y preservación ambiental, esta
contenida en un acto administrativo, que no configura una proyección sino que
efectivamente implica la delimitación de las zonas que se consideran como
suelo de protección por constituir parte del Humedal de la Conejera» 22
(Subrayas de la Sala).
84. Posteriormente, en el recurso de alzada la parte actora varió dicha
inconformidad pues indicó que el daño que le fue causado derivaba exclusivamente
del Decreto Distrital 190 de 2004. En efecto, en esa oportunidad, los demandantes
centraron su inconformidad en las restricciones urbanísticas y ambientales
derivadas en ese acto al sostener que dicho instrumento incorporó el Humedal de
La Conejera al sistema de áreas protegidas del Distrito, le asignó un régimen
especial de protección y limitó de manera sustancial el ejercicio de las facultades
inherentes al derecho de propiedad. Con fundamento en ello, insistieron en que la
22
Visible a folios 23 a 24 del Cuaderno del Tribunal
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
46
Número de radicación: 25000 23 24 000 2005 00640 02
Demandante: Inversiones REACOL S.A.
EAAB estaba obligada a adquirir los inmuebles o a asumir las consecuencias
patrimoniales derivadas de tales restricciones. En concreto, señalaron:
«El sistema de Áreas Protegidas del Distrito Capital, es el conjunto de espacios
con valores singulares para el patrimonio natural de la Nación, cuya
conservación resulta imprescindible para el fundamento de la función de los
ecosistemas y la conservación de la biodiversidad, las cuales, en beneficio de
todos los habitantes, se reservan y se declaran dentro de cualquiera de la
categorías enunciadas dentro del Plan de Ordenamiento Territorial. En ese
orden de ideas, podemos afirmar que todas las áreas comprendidas dentro del
sistema de Áreas Protegidas del Distrito Capital constituyen suelo de
protección.
Así las cosas, el Decreto Distrital 190 de 2004, que compiló las disposiciones
contenidas en los Decretos Distritales 619 de 2000 y 469 de 2003 y constituyen
el Plan de Ordenamiento Territorial, dispone en su artículo 16 el establecimiento
de tres estructuras como estrategia de ordenamiento del Distrito así:
2. La estructura ecológica principal
3. La estructura funcional de servicios
4. La estructura socio económica y espacial
Dado que el tema preponderante en el caso en concreto es la estructura
ecológica principal, podemos decir frente aquel que el artículo 16 del Plan de
Ordenamiento Territorial, estableció que éste se encuentra constituido por una
red de corredores ambientales, localizados en jurisdicción del Distrito Capital e
integrados a la estructura ecológica regional, cuyos componentes básicos son
el sistema de áreas protegidas, los parques urbanos, los corredores ecológicos
y el área de manejo especial del río Bogotá.
Así las cosas, el componente natural reconocido como estructura ecológica
principal, de conformidad con el artículo 72 del Decreto Distrital 190 de 2004,
establece frente al particular que:
(…)
En ese orden de ideas, la finalidad de la Estructura Ecológica Principal es la
conservación y recuperación de los recursos naturales, así como sostener y
conducir la biodiversidad y los procesos ecológicos esenciales a través del
territorio del Distrito Capital.
Para efectos de regulación y ordenamiento de la Estructura Ecológica Principal,
los artículos 17 y 75 del Plan de Ordenamiento Territorial, establecen sus
componentes de la siguiente forma:
a. Sistema de Áreas Protegidas del Distrito Capital
b. Parques urbanos
c. Corredores Ecológicos d. Área de Manejo especial del Río Bogotá.
En esa misma línea, el artículo 76 del Decreto Distrital 190 de 2004, establece
que la Estructura Ecológica Principal en sus diferentes categorías, comprende
los elementos del sistema hídrico, el cual se compone de los siguientes
elementos:
a. Las áreas de recarga de acuíferos.
b. Cauces y rondas de nacimientos y quebradas.
c. Cauces y rondas de ríos y canales.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
47
Número de radicación: 25000 23 24 000 2005 00640 02
Demandante: Inversiones REACOL S.A.
d. Humedales y sus rondas.
e. Lagos, lagunas y embalses.
Ahora bien, uno de los componentes que integra la Estructura Ecológica
Principal es el sistema de Áreas Protegidas del Distrito Capital que, de
conformidad con lo establecido en el artículo 79 del Decreto Distrital 190 de
2004, son:
(…)
De igual forma, el artículo 81 del Decreto 190 de 2004 estatuye los distintos
componentes del sistema de áreas protegidas del Distrito Capital en los
siguientes términos:
1. Áreas protegidas de orden Nacional o Regional según las categorías
declaradas conforme a las normas vigentes.
2. Áreas protegidas del orden Distrital: a. Santuario Distrital de Fauna y Flora.
b. Área Forestal Distrital.
c. Parque Ecológico Distrital.
A tono con lo anterior, se puede vislumbrar que como parte del Sistema de
Áreas Protegidas de Orden Distrital se encuentran los Parques Ecológicos
Distritales, considerados como aquellas áreas "de alto valor escénico y/o
biológico que, por ello, tanto como por sus condiciones de localización y
accesibilidad, se destina a la preservación, restauración y aprovechamiento
sostenible de sus elementos biofísicos para educación ambiental y recreación
pasiva.”
Es imperativo señalar que, en lo que respecta al caso en concreto, el Humedal
de la Conejera es considerado como "Parque Ecológico Principal" en armonía
con lo preceptuado en el artículo 95 del Decreto Distrital 190 de 2004.
Bajo el contexto de lo expuesto y con el fin de darle mayor claridad al tema
objeto de debate, es preciso señalar que dada la importancia ecológica de los
Humedales en el Plan de Ordenamiento Territorial, el artículo 96 de la
disposición normativa antes mencionada establece un régimen especial de
usos, dirigido a la conservación y preservación tanto del humedal como de las
zonas de ronda y zonas de manejo y preservación ambiental en los siguientes
términos:
(…)
Conforme los apartes transcritos, se puede colegir que a los demandantes
propietarios de los inmuebles objeto de reproche se les impuso una
obligación que se fundamentó en la importancia de la función ecológica
principal e hídrica de la que se hizo mención en párrafos anteriores
respecto a los humedales y que sin lugar a equívocos, limita el derecho de
propiedad para los demandantes que es protegido por la Constitución
Política.
En ese orden de ideas tenemos que las actividades y usos que los demandantes
de los inmuebles objeto de reproche pueden realizar en los mismos, fueron
condicionados por la Ley, de modo que el ejercicio de los derechos derivados
de la propiedad están limitados o restringidos a lo que allí se establezca.
Consecuencia de lo anterior, se puede colegir que a mis mandantes se les
impuso una obligación de protección respecto a los usos condicionados
y una restricción frente a la posibilidad de implementar el uso residencial,
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
48
Número de radicación: 25000 23 24 000 2005 00640 02
Demandante: Inversiones REACOL S.A.
lo que limita su derecho de propiedad dado impide cualquier tipo de
aprovechamiento económico y urbanístico de los predios.
En concordancia con lo anterior, el Perito avaluador GUILLERMO NIZO CAICA
sostuvo:
(….)
De igual forma, en lo que atañe a las Rondas Hidráulicas, el Decreto Distrital
190 de 2004 artículo 78 numeral 3 las reconoce como:
(…)
En esa medida es claro, que las rondas hidráulicas constituyen un componente
fundamental de los parques ecológicos distritales, y un elemento indispensable
dentro del sistema hídrico, considerado como el principal elemento conector de
las áreas protegidas y, como pieza clave para la conservación de la
biodiversidad de los servicios ambientales que éstas áreas le prestan al Distrito
y la operación de las redes pluviales de la ciudad.
Frente al particular, es preciso señalar que los humedales junto con las rondas
hidráulicas y las zonas de manejo y preservación ambiental, hacen parte del
sistema de área protegidas por el Distrito, que deben ser preservadas y
conservadas por parte de la EMPRESA DE ACUEDUCTO Y
ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ y bajo ese contexto, cuentan con un régimen
de uso especial que impone restricción urbanística para los predios que
componen el Humedal de la Conejera.
Bajo este esquema, es preciso señalar que si bien la entidad demandada debe
adquirir los bienes inmuebles requeridos para la ejecución de obras asociadas
a la prestación de servicios de saneamiento básico y agua potable, ello NO
quiere decir que la empresa de servicios públicos se exima de la obligación de
adquirir inmuebles, cuando se trate de la realización de obras públicas
destinadas a la conservación y la preservación de los parques ecológicos
distritales, toda vez que aquellos pueden ser adquiridos por parte de la entidad
demandada, a través o de un proceso de enajenación voluntaria o de una
expropiación judicial.
Así las cosas, es válido aseverar que el A quo incurre en un error al no
acceder a las pretensiones propuestas en la demanda en virtud a que no
se probó que la entidad demanda haya impuesto cargas a mis
representados derivados de la protección ecológica, afirmación frente a la
que disentimos toda vez que conforme lo expuesto, la obligación de
protección respecto a los usos condicionados preceptuados en el Decreto
190 de 2004 claramente limita la posibilidad de adquirir cualquier tipo de
aprovechamiento económico y urbanístico de los predios de propiedad de
los demandantes en el caso de la referencia»23 (Subrayas y negrillas de la
Sala).
85. Asimismo, en otro de los cargos de la alzada los recurrentes sostuvieron
expresamente que la afectación de sus derechos provenía del reconocimiento del
Humedal de La Conejera como Parque Ecológico Distrital mediante el Decreto 619
de 2000, compilado posteriormente en el Decreto 190 de 2004. En esa línea,
23
Visible a folios 605 a 616 del Cuaderno del Tribunal
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
49
Número de radicación: 25000 23 24 000 2005 00640 02
Demandante: Inversiones REACOL S.A.
señalaron que fue esta regulación la que les impuso restricciones al uso de los
inmuebles y generó la obligación estatal de compensarlos por las cargas derivadas
de la protección ambiental. Al respecto manifestaron:
« 2.2.3. ¿LOS PARTICULARES PROPIETARIOS DE LOS PREDIOS
INCLUIDOS DENTRO DEL HUMEDAL DE LA CONEJERA, LAS RONDAS
HIDRÁULICAS Y LAS ZONAS DE PRESERVACIÓN AMBIENTAL DEBEN SER
INDEMNIZADOS POR LA AFECTACIÓN DE ÉSTAS ZONAS COMO PARQUE
ECOLÓGICO DISTRITAL?
De entrada se responde al presente cuestionamiento de forma afirmativa, dado
que por una parte, carece de correspondencia con la realidad el aserto
declarado por el A quo, alusivo a que mis mandantes al momento de adquirir
los predios objeto de la afectación tenían pleno conocimiento de las
restricciones especiales al ejercicio del derecho de propiedad sobre los mismos,
y por otra, debe dársele prevalencia al principio de distribución equitativa de
cargas y beneficios previsto tanto en el artículo 58 de la Constitución Política,
como en el artículo 38 de la Ley 388 de 1997.
2.2.3.1. LAS RESTRICCIONES EN EL USO DE LOS INMUEBLES UBICADOS
EN LAS ZONAS DE HUMEDAL SURGIERON A PARTIR DE SU
RECONOCIMIENTO COMO PARQUES ECOLÓGICOS DISTRITALES Y NO
COMO RESULTADO DE LAS ACOTACIONES Y DEMARCACIONES
EFECTUADAS CON OCASIÓN DE LA EXPEDICIÓN POR PARTE DE LA
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA RESOLUCIÓN 250
DEL 30 DE JUNIO DE 1994
Como nota preliminar al desarrollo de este punto, debe evidenciarse la
contradicción en la que incurre el A quo respecto a la premisa principal que
proyectó en su proveído, como quiera que el Tribunal arguyó, en procura de
desechar la existencia de la obligación de la entidad demanda de recibir los
inmuebles contenidos en el Humedal de la Conejera, que no existió nunca
afectación de los predios de mis mandantes, para luego terminar aseverando
que los demandantes tenían pleno conocimiento de la afectación que se le
impuso con la Resolución 250 de 1994 y el Decreto 619 de 2000.
En tal sentido, aseveró el A quo:
(…)
Del anterior aparte del fallo es válido sostener que el A quo reconoció la efectiva
imposición de restricciones a los usos y desarrollos urbanísticos de los
inmuebles con ocasión de la expedición de normas tendientes a la protección
ambiental, lo que a todas luces es concomitante con lo desarrollado en el
acápite No. 2.2.2.2 del presente escrito, en el entendido que a partir de la sola
expedición de las normas generales y particulares que le otorgan tratamiento
especial de conservación al Humedal de la Conejera se entiende que surgen
las respectivas afectaciones sin necesidad de agotar los procedimientos de
afectación previstos en la ley 9 de 1989 y 388 de 1997.
Lo anterior reviste una palmaria falta a la congruencia entre las razones
sostenidas por el A quo como sustrato argumentativo del fallo.
Ahora bien, sin perjuicio de lo antes referido, debe decirse que de todas formas
yerra el Tribunal al sostener que la afectación devenida del reconocimiento de
los predios como Parques Ecológicos Distritales, era una circunstancia previa y
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
50
Número de radicación: 25000 23 24 000 2005 00640 02
Demandante: Inversiones REACOL S.A.
de pleno conocimiento de ellos al momento de la adquisición de los susodichos
inmuebles, y que en esa medida, debían asumir tal carga.
Esta postura argumental desconoce que fue el Plan de Ordenamiento
Territorial, es decir el Decreto Distrital 619 de 2000, modificado por el Decreto
Distrital 469 de 2003, el instrumento normativo a través del cual el humedal
previamente acotado, fue catalogado como Parque Distrital Ecológico y suelo
de protección, lo que trajo como consecuencia su afectación como zona de
preservación ambiental, así como la imposición de unos usos específicos
que restringen palmariamente el ejercicio del derecho de propiedad.
En contrapartida, resulta improcedente afirmar que con la Resolución 250
del 30 de junio de 1994, se hubiera configurado la afectación como zona
de preservación ambiental, puesto que el contenido material de dicho acto
administrativo se agota en la simple demarcación del área contentiva del
Humedal la Conejera, sin que por ese solo hecho se hubiere impuesto
restricción alguna a los propietarios de los predios que se involucraron en
dicha demarcación.
Ahora bien, contrario a lo aseverado por el A quo, la expedición del
Decreto Distrital 619 de 2000 reviste una circunstancia sobreviniente a la
adquisición de los predios por parte de mis mandantes, como bien puede
vislumbrarse en lo registrado en los folios de matrícula Nos. 50N-
20333566, No. 50N-20333568, No. 50N-20333569, No. 50N-20333570 y No.
50N-20333571.
Los referidos documentos tienen la nota común de dar constancia de la
adquisición de la propiedad de los predios ubicados en la zona del Humedal de
la Conejera el día primero de octubre de 1999»24 (Subrayas y negrillas de la
Sala).
86. Finalmente, los apelantes insistieron en que las limitaciones derivadas de la
protección ambiental de los predios les ocasionaron un perjuicio patrimonial que
debía ser indemnizado por cuanto restringían el aprovechamiento económico de los
inmuebles y trasladaban a los propietarios cargas que correspondían a la
administración. Bajo esa premisa, reiteraron que la EAAB debía adquirir los predios
afectados o reconocer una compensación económica por las restricciones
impuestas. En ese sentido expusieron:
«2.2.3.2 MOTIVOS DE UTILIDAD PÚBLICA Y EL PRINCIPIO DE
DISTRIBUCIÓN EQUITATIVA DE CARGAS Y BENEFICIOS SEGÚN LO
ESTABLECIDO EN LA LEY 388 DE 1997: EN ATENCIÓN A QUE LA ZONA DE
RONDA HACE PARTE DE LA RED DE ALCANTARILLADO PLUVIAL DE LA
CIUDAD, A LOS PROPIETARIOS NO SE LES DEBE IMPONER LAS CARGAS
QUE CONLLEVA EL OSTENTAR EL DERECHO DE PROPIEDAD DE
INMUEBLES AFECTOS A DICHO FIN TAL Y COMO LO PRETENDE EL A
QUO
(…)
24
Visible a folios 616 a 618 del Cuaderno del Tribunal.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
51
Número de radicación: 25000 23 24 000 2005 00640 02
Demandante: Inversiones REACOL S.A.
Es claro conforme la norma transcrita que el titular del derecho de propiedad
sobre un bien inmueble que haya sido declarado como área protegida y que, en
consecuencia, deba ser objeto de conservación, necesariamente se va a ver
afectado en:
1. La restricción de su derecho para realizar actividades económicas y de
ejercer su derecho de propiedad privada constitucionalmente protegida.
2. El deber de soportar la desvalorización que representa la limitante del uso
y la destinación que puede dársele al mismo
3. El valor del predio se ve disminuido, por tratarse de zonas de protección
cuyo valor es radicalmente distinto al establecido para los predios considerados
como zonas útiles
Así las cosas, de conformidad con lo establecido con el artículo 58 de la
Constitución Nacional, el interés privado debe ceder ante el interés
público, y la propiedad privada debe cumplir una función social y
ecológica. Empero ello no quiere decir que el particular deba soportar los
graves perjuicios que ello le pueda ocasionar.
Lo anterior indica, que debe existir una distribución de cargas y
beneficios, de tal manera que las cargas que se le impongan a los
particulares en beneficio de interés general NO pueden ser
desproporcionadas, NI pueden implicar un sacrificio de gran magnitud por
parte del propietario.
Es así como lo ha establecido la Corte Constitucional:
(…)
En ese orden de ideas, se puede sintetizar de lo expuesto en este acápite que,
si bien la empresa de ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ
manifiesta que los predios ubicados en el Humedal de la Conejera no deben ser
adquiridos por parte de ésta en razón a que en ellos no se va ejecutar ninguna
obra, y así es entendido de igual manera por parte del a quo, NO puede
olvidarse que la empresa de servicios públicos se encuentra obligada a la
preservación y recuperación de los humedales del Distrito, por constituir parte
integral de la red de alcantarillado pluvial de la ciudad.
Lo anterior en razón al principio de reparto equitativo de las cargas y beneficios
establecidos en la Ley 388 de 1997, toda vez el hecho de que a la fecha la
empresa de ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ NO tenga
previsto la ejecución de obras de adecuación en las redes de alcantarillado, ello
no es óbice, para que la empresa de servicios públicos se abstenga de adquirir
los predios de mi mandantes, en razón a que éstos cumplen una función de red
de alcantarillado pluvial, y en atención a ello quien debe mantener dichas redes
matrices pluviales, es la EAAB y no mis prohijados.
No obstante lo anterior, no debe dejarse pasar en alto en éste acápite el
grave perjuicio patrimonial que se ha ocasionado a mis mandantes, como
quiera que se encuentran obligados al pago de tributos por predios que
no pueden ser utilizados en razón a su vocación de uso público, y a la
imposibilidad entonces de ejecutar algún desarrollo urbanístico sobre los
mismos.
En ese orden de ideas, podemos concluir que, la EMPRESA DE
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ, a la fecha ha causado a
mis mandantes un perjuicio económico por la imposibilidad de ejecutar
un desarrollo urbanístico para los predios objeto de reproche y por ende
un detrimento patrimonial por el pago de tributos para unos bienes que
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
52
Número de radicación: 25000 23 24 000 2005 00640 02
Demandante: Inversiones REACOL S.A.
NO se pueden disfrutar, de conformidad con lo expuesto en párrafos
anteriores.
Habida cuenta de lo concluido en cada uno de los puntos desarrollados en el
presente escrito, a título de colofón se plasman las siguientes conclusiones
decantadas a lo largo toda esta disertación:
1.La afectación del derecho de dominio del titular de esta zonas consideradas
como áreas protegidas por hacer parte del parque ecológico Distrital
denominado Humedal de Córdoba (Sic), está representado en primer lugar por
una limitación al uso, disfrute o utilización del bien inmueble, que afecta el
derecho de dominio de los demandantes.
2. La afectación a la propiedad se deriva de la obligación de conservación,
preservación y rehabilitación de los Humedales, sus rondas hidráulicas y zonas
de preservación ambiental, que constituyen parte de la red de alcantarillado
pluvial y, por tanto, se encuentran a cargo de la EMPRESA DE ACUEDUCTO
Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ.
Sin embargo, es preciso aclarar, que la afectación no solo se deriva del
cumplimiento de las obligaciones por parte de la Empresa de Servicios
Públicos, sino también de la destinación de uso público de los Humedales,
por ser considerados estos "Parques Ecológicos Distritales" hecho que
implica implícitamente una afectación en el derecho de propiedad de mis
representados, por cumplir una función como parte integral de red de
alcantarillado pluvial.
3. Lo anterior tiene incidencia en el contenido económico del derecho de
propiedad, en razón a que implica una limitación a la negociabilidad y posible
explotación de dichos bienes inmuebles, esto es, cualquier aprovechamiento
urbanístico que puedan obtener los demandantes.
4. Por último, y de conformidad con las disposiciones contenidas en el
Plan de Ordenamiento Territorial, se puede colegir que existe una
obligación expresa por parte de la EMPRESA DE ACUEDUCTO Y
ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ de realizar estudios técnicos para
cumplir con la finalidad de conservación y preservación de los Parques
Ecológicos Distritales y en ese orden de ideas, deben ejecutarse las obras
de infraestructura dirigidas a la rehabilitación de los humedales y de las
zonas de ronda y zonas de manejo y preservación ambiental, por ser estos
parte de la red de alcantarillado pluvial de la Ciudad.
En esta medida, que la empresa de servicios públicos debe adquirir los bienes
inmuebles requeridos para la ejecución de obras asociadas a la prestación de
servicios públicos de saneamiento básico»25
87. En tal contexto, de la lectura integral de la petición que dio inicio al trámite, de
los recursos interpuestos en la vía gubernativa, de la demanda y de la apelación
contra la sentencia de primera instancia, la Sala advierte que la controversia
planteada por los accionantes no se dirige realmente a cuestionar las razones
expuestas por la EAAB en los actos acusados para negar el inicio del procedimiento
25
Visible a folios 622 a 623 del Cuaderno del Tribunal.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
53
Número de radicación: 25000 23 24 000 2005 00640 02
Demandante: Inversiones REACOL S.A.
de enajenación voluntaria. Por el contrario, los argumentos desarrollados a lo largo
del proceso se encaminan a sostener que la Resolución 250 de 1994 y,
especialmente, el Decreto Distrital 619 de 2000, compilado posteriormente en el
Decreto Distrital 190 de 2004, impusieron restricciones urbanísticas y ambientales
que limitaron de manera excesiva el ejercicio de su derecho de propiedad, al impedir
el desarrollo urbanístico de los inmuebles y restringir su aprovechamiento
económico.
88. Asimismo, los demandantes sostuvieron que aunque el Decreto Distrital 619 de
2000 incorporó el Humedal de La Conejera al sistema de áreas protegidas del
Distrito e impuso restricciones que impedían el aprovechamiento urbanístico de los
predios, dicho instrumento no ordenó adelantar el procedimiento formal de
afectación previsto en la Ley 9 de 1989 y en la Ley 388 de 1997 ni la inscripción de
la correspondiente restricción en los folios de matrícula inmobiliaria.
89. Por ende, es claro que el presunto perjuicio que dio lugar a la interposición de
la presente demanda no derivó de los actos mediante los cuales la EAAB negó
iniciar el procedimiento de enajenación voluntaria, sino de la alegada afectación al
derecho de propiedad que, según los accionantes, se produjo con la expedición de
la Resolución 250 de 1994 y especialmente, del Decreto Distrital 619 de 2000,
compilado posteriormente en el Decreto Distrital 190 de 2004. Además,
controvirtieron que tales disposiciones no hubieran adelantado el procedimiento
formal de afectación previsto en la Ley 9 de 1989 y en la Ley 388 de 1997, ordenado
la inscripción de la correspondiente restricción en los folios de matrícula inmobiliaria
o que se hubiere dispuesto compensación alguna por las cargas que les fueron
impuestas.
90. De hecho, del contenido de la petición presentada ante la EAAB, de los recursos
interpuestos en la vía gubernativa y de los argumentos desarrollados en la demanda
y en la apelación, se advierte que los accionantes promovieron la actuación que
culminó con la expedición de los actos aquí enjuiciados con el propósito de provocar
un pronunciamiento de la administración que reconociera las consecuencias
patrimoniales que, a su juicio, se derivaban de las restricciones impuestas sobre los
inmuebles ubicados en el Humedal de La Conejera. En otras palabras, acudieron al
procedimiento de enajenación voluntaria como mecanismo para lograr que la EAAB
compensara económicamente las cargas que consideraban les habían sido
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
54
Número de radicación: 25000 23 24 000 2005 00640 02
Demandante: Inversiones REACOL S.A.
impuestas por la delimitación y protección ambiental del humedal, razón por la cual
los actos acusados constituyen la respuesta negativa a esa reclamación y no la
fuente misma del perjuicio cuya reparación pretenden.
91. En efecto, del contenido del Oficio 0751-2002-000461 se advierte que la EAAB
no impuso restricciones sobre los inmuebles de las demandantes ni declaró una
afectación respecto de ellos. Por el contrario, la entidad sostuvo que la Resolución
250 de 1994 y el Decreto Distrital 619 de 2000 no constituían, por sí solos, una
afectación que obligara a adquirir los predios o a reconocer compensaciones
económicas a sus propietarios. En ese sentido, en los actos acusados únicamente
se negó la solicitud presentada por la actora al considerar que no existía fundamento
jurídico para iniciar un procedimiento de enajenación voluntaria. Por tanto, la
supuesta vulneración al derecho de propiedad alegada en la demanda no se originó
en dicho acto administrativo sino en las restricciones de uso derivadas de las
normas de ordenamiento territorial y protección ambiental aplicables a los
inmuebles.
92. En ese orden de ideas, se advierte que los actos administrativos aquí
enjuiciados no crearon, modificaron ni consolidaron la situación jurídica que según
los demandantes, ocasionó la afectación de su derecho de propiedad. Por el
contrario, en dichas decisiones la EAAB se limitó a señalar que ni la Resolución 250
de 1994 ni el Decreto Distrital 619 de 2000 generaron una afectación a los
accionantes, pues tales disposiciones se limitaron a definir y regular áreas de
protección ambiental sin imponer formalmente una afectación sobre los predios ni
restringir el dominio mediante los mecanismos previstos en la Ley 9 de 1989 y la
Ley 388 de 1997.
93. Así, es evidente que existe una falta de correspondencia entre la causa petendi
y las pretensiones formuladas en la demanda ya que la controversia realmente
planteada por los accionantes recae sobre las limitaciones impuestas en la
Resolución 250 de 1994 y el Decreto Distrital 190 de 2004 y la consecuente
obligación de las entidades distritales de indemnizarlos por las restricciones
ambientales y urbanísticas, sin que esos actos hubieran sido demandados en este
asunto.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
55
Número de radicación: 25000 23 24 000 2005 00640 02
Demandante: Inversiones REACOL S.A.
94. En ese sentido, es pertinente señalar que no es posible interpretar dichos
reparos, pues esta Corporación de manera consistente ha indicado que en la
Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo tiene aplicación el principio de justicia
rogada, lo que significa que a la parte actora le asiste la obligación de delimitar el
alcance del estudio de validez que pretende plantear ante el Juez, para lo cual
deberá indicar cuáles son las normas que considera vulneradas por el acto
enjuiciado y señalar el razonamiento respectivo para ese efecto.
95. En el presente caso, la parte actora no cumplió con dicha carga, pues no se
desarrolló un concepto de violación encaminado a demostrar la ilegalidad de los
actos administrativos aquí enjuiciados. Por el contrario, la argumentación se dirige
a cuestionar las restricciones urbanísticas y ambientales derivadas de la Resolución
250 de 1994 y del Decreto Distrital 619 de 2000, compilado posteriormente en el
Decreto Distrital 190 de 2004. Esa ausencia de carga argumentativa impide a la
Sala adelantar el estudio de legalidad del acto, pues hacerlo implicaría suplir de
oficio la actividad que le corresponde exclusivamente al demandante.
126. Al respecto, esta Sección, en sentencia del 12 de junio de 2014, manifestó:
«Al respecto, cabe advertir que el Juez Contencioso Administrativo no puede
realizar el estudio de legalidad del acto administrativo acusado con base en
normas no invocadas en la demanda, ni atender conceptos de violación no
explicados, sino que debe limitarse a estudiar las razones de
inconstitucionalidad o ilegalidad, expuestas en la demanda.
Sobre el particular, es oportuno traer a colación la sentencia de 27 de noviembre
de 2003 de esta Sección (Expedientes Acumulados núms. Rad.: 1101-03-24-
000-2002-00398-01 y 1101-03-24-000-2002-00080-01 (8456 y 7777), Actores:
José Darío Forero Fernández, Hugo Hernando Torres y otro, Consejera ponente
doctora Olga Inés Navarrete Barrero), en la que se precisó:
“Respecto de la interposición de demandas de nulidad ante lo contencioso
administrativo, es necesario recordar que la justicia contencioso administrativa es
“rogada” es decir, que solo puede pronunciarse respecto de los hechos y normas
que se hayan esgrimido en la demanda de donde resulta que la precisa y
adecuada cita de los fundamentos de derecho y de las normas violadas viene a
constituir el marco dentro del cual puede moverse el juzgador. Así lo ha expresado
esta Corporación a través de sus fallos de los cuales se destaca el siguiente
pronunciamiento:
“En atención al carácter de "justicia rogada" que tiene la justicia administrativa,
el juez no puede realizar el estudio de legalidad con normas no invocadas en la
demanda, pues la expresión tanto de los fundamentos de derecho que se
invocan como vulnerados, así como el concepto de la violación, constituyen el
marco dentro del cual puede moverse el juez administrativo. Así lo ha señalado
en reiterada jurisprudencia esta Corporación. En distintos fallos se ha dicho:
"Esta jurisdicción es por esencia rogada. Ello significa que es el accionante, en
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
56
Número de radicación: 25000 23 24 000 2005 00640 02
Demandante: Inversiones REACOL S.A.
el señalamiento que hace de las disposiciones transgredidas con los actos
administrativos que acusa, quien determina el marco de juzgamiento. No le está
permitido al juez administrativo confrontar el acto impugnado con normas no
invocadas en la demanda ni atender a conceptos de violación diferentes a los
expuestos en el libelo En otros términos, al juzgador solo le es dado analizar el
acto enjuiciado a la luz de las disposiciones que se indican como violadas y por
los motivos planteados en el escrito introductorio". (Confr. Sentencia Consejo
de Estado, Sección Segunda. Radicación 8051. C.P. Joaquín Barreto Ruíz.
Noviembre 29 de 1995). En otro fallo se ratifica este criterio en la siguiente
forma: "El juez administrativo no tiene competencia para realizar un control
general de legalidad. Está limitado por la demanda que constituye el marco de
litis por manera que no puede analizar un acto que no se acusa". (Cfr. Consejo
de Estado. Sección Quinta. C.P: Miren de La Lombana. Radicación 1468).
Cuando la ley habla de citar las disposiciones violadas no se cumple con este
requisito con la simple cita del ordenamiento al cual pertenecen las normas
infringidas, sino que éstas deben señalarse con toda precisión. El control que
realiza el Consejo de Estado no es un control general de legalidad que
supondría la confrontación con todos los ordenamientos superiores
relacionados con el acto acusado, labor que resultaría imposible de ejecutar.
Resulta procedente la prosperidad de la excepción de inepta demanda
propuesta por la apoderada del Ministerio de Agricultura”. (Cfr. Consejo de
Estado. Sección Primera. M.P. Dra. Olga Inés Navarrete Barrero. Expediente:
6536. Fecha: 02/04/18).” (Las negrillas y subrayas fuera de texto)
Consecuente con el precedente jurisprudencial enunciado, considera la Sala
que el Juez Contencioso Administrativo no puede realizar el estudio de legalidad
del acto administrativo acusado con fundamento en normas superiores de
derecho no invocadas en la demanda, ni atender conceptos de violación no
explicados, sino que debe limitarse a estudiar las razones de
inconstitucionalidad o ilegalidad, expuestas en la demanda, que constituyen el
marco de la litis o del juzgamiento.
En otras palabras, al Juez le está vedado pronunciarse sobre cuestiones o
asuntos de fondo que no fueron objeto del debate en el proceso, conforme lo
ha sostenido esta Sección en reiterados pronunciamientos, entre ellos, en
sentencia de 7 de junio de 2012 (Expediente núm. 73001-23-31-000-2007-
00153-01, Actor: Ricardo Guarnizo Morales, Consejera ponente doctora María
Elizabeth García González), en la cual se dijo que:
“Reitera la Sala que al juez en cada instancia le está vedado pronunciarse sobre
cuestiones o asuntos de fondo que no fueron objeto del debate procesal, toda
vez que su competencia está circunscrita al ámbito del proceso…»26 (Subrayas
de la Sala).
127. Exigir que quien demanda un acto administrativo señale las normas que
considera vulneradas y desarrolle el concepto de su violación no riñe con el acceso
a la justicia ni con la primacía del derecho sustancial. La propia Corte Constitucional
lo avaló al estudiar la legalidad del artículo 137 del CCA y concluyó que lejos de ser
un obstáculo, esa carga garantiza que el debate judicial tenga contornos definidos
26
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Sentencia del 12 de
junio de 2014. Proceso radicado número: 25000 23 24 000 2005 00434 01. Magistrada Ponente:
María Elizabeth García González.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
57
Número de radicación: 25000 23 24 000 2005 00640 02
Demandante: Inversiones REACOL S.A.
y que el juez no tenga que buscar de oficio los vicios que el demandante no se tomó
el trabajo de identificar:
«2.3. El numeral 4 del art. 137 del Código Contencioso Administrativo establece,
entre los requisitos de la demanda, el señalamiento de los fundamentos de
derecho de las pretensiones y que cuando se trate de la impugnación de un
acto administrativo deberán indicarse las normas violadas y explicarse el
concepto de su violación.
A juicio de la Corte, la exigencia que contiene el segmento normativo acusado,
cuando se demandan actos administrativos, encuentra su justificación en lo
siguiente:
Los actos administrativos constituyen la forma o el modo usual en que se
manifiesta la actividad de la administración, con miras a realizar las múltiples
intervenciones en la actividad de los particulares, que en cumplimiento de los
cometidos que le son propios autoriza el derecho objetivo.
La existencia de un régimen de derecho administrativo como el que nos rige,
implica que la administración a través de dichos actos unilateralmente crea
situaciones jurídicas impersonales y abstractas o define situaciones jurídicas
subjetivas, es decir, que imponen obligaciones o reconocen derechos a favor
de particulares.
La administración no requiere acudir al proceso judicial para declarar lo que es
derecho en un caso concreto e imponer obligaciones a cargo del administrado,
pues ella al igual que el juez aplica el derecho cuando quiera que para hacer
prevalecer el interés público y dentro de la órbita de su competencia necesite
actuar una pretensión frente a un particular, en virtud de una decisión que es
ejecutiva y ejecutoria.
La necesidad de hacer prevalecer los intereses públicos o sociales sobre los
intereses particulares y de responder en forma inmediata a la satisfacción de
las necesidades urgentes de la comunidad, determina que los actos
administrativos, una vez expedidos conforme a las formalidades jurídicas y
puestos en conocimiento de los administrados, se presuman legales y tengan
fuerza ejecutiva y ejecutoria, es decir, sean obligatorios para sus destinatarios
y pueden ser realizados materialmente aun contra la voluntad de éstos.
Los anteriores caracteres que se predican del acto administrativo tienen su
fundamento constitucional en el régimen de derecho administrativo que
institucionaliza nuestra Constitución, con fundamento en los arts. 1, 2, 3, 4, 6,
83, 84, 90, 91, 92, 113, 115, 121, 122, 123-2, 124, 150-2-4-5-7-8-9-19-21-22-
23-25, 189, 209, 210, 211, 236, 237 y 238, entre otros.
Reitera la Corte, que si la administración debe realizar sus actividades con el
propósito de satisfacer en forma inmediata y oportuna los intereses públicos o
sociales, ajustada a los principios de legalidad y buena fe, dentro de los límites
de su competencia, observando los criterios de igualdad, moralidad, publicidad,
imparcialidad, eficiencia eficacia, economía y celeridad, y sujeta a un régimen
de responsabilidad, la consecuencia necesaria es que sus actos gozan de la
presunción de legalidad y son oponibles y de obligatorio cumplimiento por sus
destinatarios.
La naturaleza y características propias del acto administrativo, que se han
puesto de presente anteriormente, justifican plenamente que el legislador,
dentro de la libertad de configuración de las normas procesales que regulan el
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
58
Número de radicación: 25000 23 24 000 2005 00640 02
Demandante: Inversiones REACOL S.A.
ejercicio de las acciones contencioso administrativas, haya dispuesto que
cuando se impugna un acto administrativo deban citarse las normas violadas y
explicarse el concepto de la violación. En efecto:
Si el acto administrativo, como expresión de voluntad de la administración que
produce efectos jurídicos se presume legal y es ejecutivo y ejecutorio, le
corresponde a quien alega su carencia de legitimidad, motivada por la
incompetencia del órgano que lo expidió, la existencia de un vicio de forma, la
falsa motivación, la desviación de poder, la violación de la regla de derecho o el
desconocimiento del derecho de audiencia y de defensa, la carga procesal de
cumplir con las exigencias que prevé la norma acusada.
Carece de toda racionalidad que presumiéndose la legalidad del acto tenga el
juez administrativo que buscar oficiosamente las posibles causas de nulidad de
los actos administrativos, mas aún cuando dicha búsqueda no sólo dispendiosa
sino en extremo difícil y a veces imposible de concretar, frente al sinnúmero de
disposiciones normativas que regulan la actividad de la administración. Por lo
tanto, no resulta irrazonable, desproporcionado ni innecesario que el legislador
haya impuesto al demandante la mencionada obligación, la cual contribuye
además a la racional, eficiente y eficaz administración de justicia, si se tiene en
cuenta que el contorno de la decisión del juez administrativo aparece
enmarcado dentro de la delimitación de la problemática jurídica a considerar en
la sentencia, mediante la determinación de las normas violadas y el concepto
de la violación.»27 (Subrayas de la Sala).
128. En esas condiciones, la Sala encuentra que debe modificar la sentencia
recurrida en el sentido de inhibirse de emitir un pronunciamiento de fondo sobre las
pretensiones para las razones aquí expuestas.
8.3. Condena en costas
96. En atención a lo dispuesto por el artículo 171 del CCA, sobre condena en costas,
y atendiendo la conducta asumida por las partes, la Sala considera que no se
configuran los presupuestos previstos en la norma, por lo que se abstendrá de
condenar en costas a la parte demandada.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, Administrando Justicia en nombre de la República
y por autoridad de la Ley,
FALLA:
27
Corte Constitucional. Sentencia C- 197 del 7 de abril de 1999. Magistrado Ponente: Antonio
Barrera Carbonell.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
59
Número de radicación: 25000 23 24 000 2005 00640 02
Demandante: Inversiones REACOL S.A.
PRIMERO: MODIFICAR la sentencia recurrida en el sentido de INHIBIRSE de emitir
un pronunciamiento de fondo sobre las pretensiones del libelo introductorio por las
razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: NO CONDENAR en costas en esta instancia, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.
TERCERO: DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen, una vez en firme esta
sentencia.
Cópiese, notifíquese y cúmplase.
Se deja constancia que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión de la fecha.
PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Presidente Consejero de Estado
Consejero de Estado
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Consejero de Estado Consejera de Estado
La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en
la sede electrónica para la gestión judicial Samai. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
60
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.