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Consejo de Estado · Sección Cuarta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 15001-23-33-000-2013-00744-01

Fecha
8 de febrero de 2018
Consejero ponente
Milton Chaves García
Citada por
4 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 15001-23-33-000-2013-00744-01

Consejo de Estado · Sección Cuarta

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: REVOCAR el numeral segundo de la parte resolutiva de la sentencia apelada. En su lugar, quedará así: “SEGUNDO: A título de restablecimiento, se ORDENA al departamento de Boyacá a devolver a IMEGO CARGA LIMITADA la suma de $85.763.348 por los periodos 2007 –parcial-, 2008, 2009, 2010 y 2011. Este monto será la base para la liquidación de los intereses corrientes y moratorios en los términos reconocidos en esta providencia.” SEGUNDO: En lo demás, CONFIRMAR la sentencia apelada. TERCERO: No se condena en costas en esta instancia.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Cuarta

Radicado 15001-23-33-000-2013-00744-01

Consejero ponente: Milton Chaves García

8 de febrero de 2018

ESTAMPILLA PRO DESARROLLO DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ – Reiteración de jurisprudencia. La Asamblea Departamental no la puede cambiar como instrumento de recaudo por una guía de transporte / ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DE BOYACÁ – No tenía facultad para modificar el hecho generador del gravamen a las estampillas / GUÍA DE TRANSPORTE – No cumple el mismo objeto que la estampilla pro desarrollo del departamento de Boyacá, pues implica crear un tributo diferente / SENTENCIAS DE NULIDAD DE ACTOS ADMINISTRATIVOS DE CARÁCTER GENERAL – Efectos. Son inmediatos frente a las situaciones jurídicas no consolidadas / SITUACIÓN JURÍDICA NO CONSOLIDADA – Definición. Es aquella que al momento de proferirse el fallo anulatorio, se debatía o era susceptible de debate ante las autoridades administrativas o jurisdiccionales / SITUACIÓN JURÍDICA NO CONSOLIDADA EN DEVOLUCIÓN DE TRIBUTOS TERRITORIALES – Alcance. No se entiende consolidada la situación mientras subsista el término para solicitar devolución / RETENCIONES POR CONCEPTO DE ESTAMPILLA PRO DESARROLLO DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ DESPUÉS DE SENTENCIA ANULATORIA – Constituyen un pago de lo no debido y en consecuencia, permiten pedir la devolución de las sumas pagadas indebidamente

En los términos del recurso de apelación interpuesto por la parte demandante y la parte demandada, la Sala determina si procede la devolución de las retenciones practicadas por HOLCIM COLOMBIA S.A., en calidad de agente retenedor de IMEGO CARGA LIMITADA, por concepto de la estampilla pro desarrollo del departamento de Boyacá, correspondiente a los periodos 2006 a 2011. Por sentencia de 16 de septiembre de 2011, el Consejo de Estado confirmó el fallo del Tribunal Administrativo de Boyacá, que declaró la nulidad de los artículos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 12 de la Ordenanza 031 de 25 de octubre de 2005 de la Asamblea Departamental de Boyacá y del Decreto Departamental 276 de 10 de febrero de 2006 del Gobernador de Boyacá. En la decisión señalada, la Sección concluyó que las normas demandadas violaron la Ley 3 de 1986 y el Decreto 1222 de 1986 porque crearon otro tributo diferente, a pretexto de cambiar la estampilla como instrumento de recaudo por una guía de transporte que no cumple el mismo objeto y, habida cuenta de que se decretó la nulidad de los artículos 8 y 9 de la Ordenanza 031 de 2005, declaró la nulidad del Decreto 276 de 2006. Como lo ha precisado la Sala, los efectos de los fallos de nulidad de los actos de carácter general son inmediatos frente a las situaciones jurídicas no consolidadas, esto es, aquellas que se debaten o son susceptibles de debatirse ante las autoridades administrativas o ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, toda vez que cuando se define la situación jurídica particular y concreta, la norma que debía tenerse en cuenta para resolver el caso resulta inaplicable porque fue anulada. La entidad territorial demandada argumentó, en la contestación de la demanda y en el recurso de apelación, que los efectos de la providencia judicial que declaró la nulidad de la Ordenanza 031 de 2005 y el Decreto 276 de 2006, que incorporaron la estampilla pro desarrollo del departamento de Boyacá, operan hacia futuro y no afectan los pagos de la demandante que fueron realizados bajo la vigencia de normas amparadas por la presunción de legalidad, por lo que a su juicio, constituye una situación jurídica consolidada. Es de anotar que los efectos de la sentencia de nulidad de esta Sección, de fecha 16 de septiembre de 2011, son aplicables al caso concreto, pues no existe situación jurídica consolidada. Ello, porque para el caso de las devoluciones de tributos territoriales, la Sala ha señalado que las situaciones jurídicas no se consolidan mientras subsista el término para solicitar la devolución. En esas condiciones, como los efectos de la sentencia de nulidad son inmediatos, las retenciones que le realizó HOLCIM COLOMBIA S.A., en calidad de agente retenedor a IMEGO CARGA LIMITADA, por concepto de la estampilla pro desarrollo del departamento de Boyacá, constituyen un pago de lo no debido y, en consecuencia, la demandante podía pedir la devolución de las sumas pagadas indebidamente.

FUENTE FORMAL: LEY 6 DE 1986 / DECRETO 122 DE 1986 / ORDENANZA 031 DE 2005 (DEPARTAMENTO DE BOYACÁ)

NOTA DE RELATORÍA: Sobre la falta de competencia de la Asamblea Departamental de Boyacá para modificar el hecho generador de la Estampilla Pro Desarrollo del Departamento de Boyacá se reitera la sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, de 16 de septiembre de 2011, Exp. 15001-23-31-000-2007-00573-01(17655), C.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas

NOTA DE RELATORÍA: Sobre los efectos de la sentencias de nulidad de actos administrativos de carácter general y de su alcance respecto de las situación jurídicas consolidadas se citan las sentencias del Consejo de Estado, Sección Cuarta, de 23 de julio de 2009, Exp. 76001-23-31-000-2002-00452-01(16404), C.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas; de 11 de marzo de 2010, Exp. 76001-23-31-000-2006-02792-01(17617), C.P. Martha Teresa Briceño de Valencia; de 16 de junio de 2011, Exp. 25000-23-27-000-2008-00186-01(17922), C.P. William Giraldo Giraldo; de 3 de julio de 2013, Exp. 25000-23-27-000-2008-00129-01(19017), C.P. Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez y de 26 de febrero de 2014, Exp. 25000-23-27-000-2008-00141-01(19684), C.P. Martha Teresa Briceño de Valencia

NOTA DE RELATORÍA: Sobre el momento en que se consolidan las situaciones jurídicas para el caso de las devoluciones de tributos territoriales se citan las sentencias de 23 de julio de 2009, Exp. 76001-23-31-000-2002-00452-01(16404), C.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas; de 11 de marzo de 2010, Exp. 76001-23-31-000-2006-02792-01(17617), C.P. Martha Teresa Briceño de Valencia; de 16 de junio de 2011, Exp. 25000-23-27-000-2008-00186-01(17922), C.P. William Giraldo Giraldo. Reiteradas en sentencia de 23 de febrero de 2017, Exp. 08001-23-31-000-2011-00504-01(21314), C.P. Stella Jeannette Carvajal Basto

DEVOLUCIÓN DEL PAGO DE LO NO DEBIDO – Reiteración de jurisprudencia. Noción / TÉRMINO PARA SOLICITAR LA DEVOLUCIÓN DEL PAGO DE LO NO DEBIDO – Alcance. Es del término prescripción de la acción ejecutiva previsto en el artículo 2536 de Código Civil / DERECHO A SOLICITAR LA DEVOLUCIÓN DE LO PAGADO INDEBIDAMENTE – Procede siempre que no haya prescrito el derecho a pedir la devolución / DEVOLUCIÓN DE PAGOS EN EXCESO O DE LO NO DEBIDO – Regulación normativa / PRESCRIPCIÓN DEL CÓDIGO CIVIL – Alcance. Procede siempre que medie solicitud de parte / PRESCRIPCIÓN EXTINTIVA DE LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS – Alcance. Radica exclusivamente en cabeza de la administración, ya sea de oficio o a petición de parte / PRESCRIPCIÓN EXTINTIVA DE LAS OBLIGACIONES EN VIGENCIA DE LA LEY 1437 DE 2011 – Alcance. El juez o magistrado la puede decretar a solicitud de parte o incluso proceder de oficio

En relación con el término para pedir la devolución, la Sala ha precisado que comoquiera que la ley tributaria, que es especial, no señaló un término para que los contribuyentes soliciten la devolución de los pagos en exceso o de lo no debido, debe aplicarse la norma general de prescripción, esto es, el artículo 2536 del Código Civil. Con base en lo anterior, la petición de devolución puede presentarse dentro del plazo de prescripción de la acción ejecutiva previsto en el artículo 2536 del Código Civil, en concordancia con los artículos 11 y 21 del Decreto 1000 de 1997. Por lo tanto, el contribuyente tiene el derecho a solicitar la devolución de lo que pagó indebidamente, siempre que no haya prescrito el derecho a pedir la devolución, de acuerdo con lo previsto en el artículo 2536 del Código Civil, modificado por el artículo 8 de la Ley 791 de 2002. Así lo reiteró la Sala en sentencia de 23 de febrero de 2017, exp. 21314, C.P. Stella Jeannette Carvajal Basto. En dicha providencia, la Sala señaló que “para el caso de la devolución de pagos en exceso o de lo no debido, el plazo es el previsto en los artículos 11 y 21 del Decreto 1000 de 1997, aplicables por la remisión hecha por el artículo 59 de la Ley 788 de 2002, esto es, el de prescripción de la acción ejecutiva establecido en 5 años por el artículo 2536 del Código Civil, con la modificación establecida por el artículo 8º de la Ley 791 de 2002”. La Sala precisa que en virtud del artículo 2513 del Código Civil “el que quiera aprovecharse de la prescripción debe alegarla; el juez no puede declararla de oficio”, es decir, la prescripción debe ser solicitada por el interesado a fin de que sea decretada por la autoridad judicial correspondiente. No obstante, el artículo 817 del Estatuto Tributario determina que la competencia para decretar la prescripción extintiva de las obligaciones tributarias radica exclusivamente en cabeza de la Administración, ya sea de oficio o a petición de parte. Adicionalmente, en los términos del numeral 6º del artículo 180 del CPACA, en la Jurisdicción Contencioso Administrativa, el Juez o Magistrado tiene la facultad de resolver la excepción de prescripción extintiva de las obligaciones solicitada por la parte o incluso cuando no ha sido solicitada proceder de oficio. En consecuencia, la Sala estudiará si se presenta la figura de la prescripción extintiva en relación con la devolución del pago de lo no debido por parte de la demandante, en concordancia con el estudio que realizó el a quo de dicha prescripción.

FUENTE FORMAL: CÓDIGO CIVIL – ARTÍCULO 2536 / DECRETO 1000 DE 1997 – ARTÍCULO 11 / DECRETO 1000 DE 1997 – ARTÍCULO 21 / LEY 791 DE 2002 – ARTÍCULO 8 / DECRETO 2277 DE 2012 – ARTÍCULO 27 / LEY 1739 DE 2014 – ARTÍCULO 53 / ESTATUTO TRIBUTARIO – ARTÍCULO 817 / LEY 1437 DE 2011 – ARTÍCULO 180 NUMERAL 6

NOTA DE RELATORÍA: Sobre el término para solicitar la devolución del pago de lo no debido se cita la sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, de 9 de agosto de 2012, Exp. 11001-03-27-000-2010-00025-00(18301), C.P. Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez y de 13 de junio de 2013, Exp. 25000-23-27-000-2008-00058-01(17973), C.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas

NOTA DE RELATORÍA: Sobre el alcance del derecho a solicitar la devolución del pago de lo no debido se cita la sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, de 13 de junio de 2013, Exp. 25000-23-27-000-2008-00058-01(17973), C.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas

NOTA DE RELATORÍA: Sobre la regulación normativa de la devolución de pagos en exceso o de lo no debido se reitera la sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, de 23 de febrero de 2017, Exp. 08001-23-31-000-2011-00504-01(21314), C.P. Stella Jeannette Carvajal Basto

DEVOLUCIÓN DE RETENCIONES INDEBIDAS POR CONCEPTO DE ESTAMPILLA PRO DESARROLLO DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ – Procedibilidad. Las debe efectuar el departamento, si para la fecha de la solicitud de devolución ya estaban en su poder / RETENCIÓN – Reiteración de jurisprudencia. Noción. Consiste en detraer una suma determinada en la ley o reglamento por el agente retenedor a los ingresos sometidos al impuesto / AGENTE RETENEDOR – Es el encargado de practicar la retención, declarar y consignar los valores retenidos / AGENTE RECAUDADOR DE LA ESTAMPILLA PRO DESARROLLO DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ – No es el obligado a devolver el monto de las retenciones practicadas en forma indebida, si las consigno al sujeto pasivo del impuesto / PAGO DE LO DEBIDO – Alcance. La suma que se deba devolver genera intereses corrientes y moratorios / RECONOCIMIENTO DE INTERESES CORRIENTES Y MORATORIOS POR DEVOLUCIÓN DEL PAGO DE LO NO DEBIDO – Base de liquidación. Forma de calcularlos

Como la actora solicitó la devolución del pago de lo no debido el 10 de octubre de 2012, operó la prescripción del derecho a solicitar la devolución por las retenciones realizadas por el año 2006 y 2007 -parcial-, puesto que ya habían pasado los cinco años contados a partir de la retención de dichos periodos. Sin embargo, en cuanto al año 2007, solamente se encuentra prescrito el derecho a solicitar la devolución de las retenciones efectuadas antes del 10 de octubre de ese año. Respecto a los demás periodos que se discuten, esto es, los años 2007 – parcial- (a partir del 10 de octubre en adelante), 2008, 2009, 2010 y 2011, la petición de devolución fue oportuna. Por lo tanto, respecto de dichos periodos procede la devolución de las retenciones que le realizaron a la demandante, porque tal como lo preciso el Tribunal en la sentencia apelada, se encuentran acreditadas las retenciones realizadas en dichos periodos. Es de anotar que las retenciones deben ser devueltas por el demandado, esto es, el departamento de Boyacá, pues para la fecha de la solicitud de devolución de estas ya debían estar en poder del sujeto activo del impuesto. Al respecto, en sentencia de 25 de febrero de 2016, la Sala sostuvo lo siguiente: “La retención en la fuente se practica por los “agentes de retención” quienes al detraer una suma determinada en la ley o en el reglamento, actúan a nombre del Estado como recaudadores iniciales respecto a los ingresos sometidos al impuesto. El artículo 375 del Estatuto Tributario señala que “Están obligados a efectuar la retención o percepción del tributo, los agentes de retención que por sus funciones intervengan en actos u operaciones en los cuales deben, por expresa disposición legal, efectuar dicha retención o percepción”. La obligación de retener implica una delegación o autorización de atribuciones públicas relacionadas con el recaudo del tributo y, por ende, trae aparejadas una serie de cargas y facultades previstas en la ley, como retener, consignar, contabilizar, declarar, informar y certificar. De acuerdo con el artículo 376 del Estatuto Tributario, la obligación de consignar significa que el agente retenedor debe entregar al Estado los dineros retenidos dentro de los plazos y lugares que fije el Gobierno Nacional. De acuerdo con el artículo 382 del Estatuto Tributario Nacional, los agentes de retención deben presentar mensualmente las declaraciones de retenciones y para los periodos gravables en discusión, debían presentarse con pago, pues, de lo contrario, se tendrían por no presentadas (artículo 580 del E.T.N). Lo anterior significa que para la fecha de las solicitudes de devolución (13 de mayo de 2009 por los periodos 2006 a 2008-parcial y 18 de septiembre de 2009 por los años 2008 y 2009 –julio), ya EMCALI, como agente de retención, debió consignar al municipio de Santiago de Cali el valor de las retenciones que le practicó a la actora por los periodos 2006 a 2009. Por lo mismo, era este municipio el obligado a devolver a la demandante los valores retenidos, pues los tenía en su poder. […] Como se precisó, las retenciones practicadas a la actora por la estampilla pro cultura y la tasa pro deporte eran indebidas y debían ser devueltas a esta por el Municipio, pues las solicitudes de devolución fueron oportunas y las sumas retenidas ya debían estar consignadas al demandado, por lo cual ya estaban en su poder”. Por lo tanto, para la fecha en que fue presentada la solicitud de devolución de las retenciones por concepto de la estampilla pro desarrollo del Departamento de Boyacá por los periodos 2007 – parcial- (a partir del 10 de octubre en adelante), 2008, 2009, 2010 y 2011, el agente de retención ya debía haber consignado al Departamento de Boyacá el valor de las retenciones que le practicó a la actora y que están debidamente probadas en el expediente.

En consecuencia, el Departamento de Boyacá era el obligado a devolver a la demandante los valores retenidos, pues los tenía en su poder desde el momento en que fueron consignados por HOLCIM COLOMBIA S.A., en su calidad de agente retenedor. (…) En resumen, en relación con los periodos 2007 –parcial-, 2008, 2009, 2010 y 2011, bajo el entendido de que se encuentra acreditado en el expediente los valores retenidos y que es procedente la devolución de esos periodos, esta Sala ordenará la devolución de los valores como se detalla a continuación: (…) La suma de $85.763.348, cuya devolución se ordena, será la base para la liquidación de los intereses corrientes y moratorios, que se deberán reconocer en los términos de los artículos 863 y 864 del Estatuto Tributario, aplicables a este asunto por remisión del artículo 59 de la Ley 788 de 2002. Igual criterio tuvo en cuenta la Sala al ordenar la devolución de lo pagado indebidamente por concepto de otra estampilla municipal para el reconocimiento de los intereses corrientes y moratorios. En esas condiciones, con fundamento en el artículo 863 del Estatuto Tributario, la suma que debe devolverse y que constituye un pago de lo no debido, genera intereses corrientes y de mora. Los primeros, a partir de la notificación del acto administrativo que negó la devolución y hasta la ejecutoria del acto administrativo o providencia que confirme total o parcialmente la petición de devolución. Y los segundos, a partir del vencimiento del término para devolver y hasta la fecha del giro del cheque, emisión del título o consignación.

FUENTE FORMAL: ESTATUTO TRIBUTARIO – ARTÍCULO 375 / ESTATUTO TRIBUTARIO – ARTÍCULO 376 / ESTATUTO TRIBUTARIO – ARTÍCULO 580 / LEY 1430 DE 2010 – ARTÍCULO 15 / ESTATUTO TRIBUTARIO – ARTÍCULO 580-1 / ESTATUTO TRIBUTARIO – ARTÍCULO 863 / ESTATUTO TRIBUTARIO – ARTÍCULO 864 / LEY 788 DE 2002 – ARTÍCULO 59 / ESTATUTO TRIBUTARIO – ARTÍCULO 863 / ESTATUTO TRIBUTARIO – ARTÍCULO 864

NOTA DE RELATORÍA: Sobre la noción de la figura de la retención y del alcance de las obligaciones del agente retenedor se cita la sentencia de la Corporación de 25 de febrero de 2016, Exp. 76001-23-31-000-2011-01404-01(21115), C.P. Martha Teresa Briceño de Valencia

NOTA DE RELATORÍA: Sobre la base para liquidar los intereses corrientes y moratorios cuando se ordena la devolución de lo pagado indebidamente se citan las sentencias del Consejo de Estado, Sección Cuarta, de 30 de julio de 2015, Exp. 08001-23-31-000-2011-00010-01(19441), C.P. Martha Teresa Briceño de Valencia y 23 de febrero de 2017, Exp. 08001-23-31-000-2011-00504-01(21314), C.P. Stella Jeannette Carvajal Basto

CONDENA EN COSTAS DE SEGUNDA INSTANCIA EN VIGENCIA DE LA LEY 1564 DE 2012 – Reiteración de jurisprudencia. Noción / CONDENA EN COSTAS – Alcance. Su procedencia está sujeta a la existencia de medios de prueba que demuestren o justifiquen las erogaciones / CONDENA EN COSTAS – Reglas para su determinación. Se deben analizar en conjunto con la regla según la cual solo hay lugar a costas cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación / CONDENA EN COSTAS – Improcedencia por falta de prueba

Con fundamento en los artículos 188 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 365 del Código General del Proceso, el Tribunal condenó en costas al departamento de Boyacá y fijó como agencias en derecho, el 2% de la estimación razonada de la cuantía señalada en la demanda. Esta decisión se mantiene por no haber sido apelada por el demandado. En relación con las costas de segunda instancia, la Sala precisa lo siguiente: (…) De acuerdo con los artículos 188 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 361 del Código General del Proceso, las sentencias que deciden los procesos de conocimiento de la jurisdicción de lo contencioso administrativo deben resolver sobre la condena en costas, que están integradas por las expensas y gastos en que incurrió la parte durante el proceso y por las agencias en derecho. Esta regla que no se aplica a los procesos en los que se ventile un interés público. Por su parte, el artículo 365 del Código General del Proceso (Ley 1564 de 2012), señala las reglas para la determinación de la condena en costas, así: (…) En este caso, nos hallamos ante el evento descrito en el numeral 3 del artículo 365 del Código General del Proceso (Ley 1564 de 2012), para la procedencia de la condena en costas contra la parte vencida en el proceso, es decir, el demandado, pues fue la parte vencida en el proceso. No obstante, la Sala ha precisado que estas circunstancias deben analizarse en conjunto con la regla del numeral 8, que dispone que “Solo habrá lugar a costas cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación.” Revisado el expediente se advierte que no existen elementos de prueba que demuestren o justifiquen las erogaciones por concepto de costas. Por tanto, no procede la condena en costas en segunda instancia. En suma, la Sala revoca el numeral segundo de la parte resolutiva de la sentencia apelada. En su lugar, a título de restablecimiento se condena al Departamento de Boyacá a devolver a IMEGO CARGA LIMITADA la suma de $85.763.348 por los periodos 2007 –parcial-, 2008, 2009, 2010 y 2011, monto que será, a la vez, la base para la liquidación de los intereses reconocidos en esta providencia. En lo demás, confirma la sentencia apelada. Asimismo, niega la condena en costas en segunda instancia.

FUENTE FORMAL: LEY 1437 DE 2011 – ARTÍCULO 188 / LEY 1564 DE 2012 (CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO) – ARTÍCULO 365 NUMERAL 3 / LEY 1564 DE 2012 – ARTÍCULO 365 NUMERAL 8

NOTA DE RELATORÍA: Sobre la necesidad de que se encuentren comprobadas las costas para efectos de su decreto se reitera el criterio de la Sala expuesto en sentencia complementaria del 24 de julio de 2015, Exp. 25000-23-37-000-2012-00146-01(20485), C.P. Martha Teresa Briceño de Valencia

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION CUARTA

Consejero ponente: MILTON CHAVES GARCÍA

Bogotá D.C., ocho (8) de febrero de dos mil dieciocho (2018)

Radicación número: 15001-23-33-000-2013-00744-01(21803)

Actor: IMEGO CARGA LIMITADA

Demandado: DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

FALLO

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante y la parte demandada contra la sentencia de 10 de septiembre de 2014, proferida por el Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala de Decisión No. 5, que accedió parcialmente a las súplicas de la demanda y condenó en costas a la demandada.

La parte resolutiva de la sentencia apelada dispuso lo siguiente:

“PRIMERO: Declárese la nulidad de los actos administrativos contenidos en el oficio DRF-792 de 16 de octubre de 2012, mediante el cual se le negó a la empresa demandante el reintegro de lo pagado por concepto de la contribución estampilla pro desarrollo, así como de las Resoluciones Nos. 000755 de 26 de diciembre de 2012 y 00088 de 26 de agosto de 2013, por medio de las cuales se resuelven los recursos de reposición y apelación interpuestos contra el citado oficio, confirmándolo en su integridad.

SEGUNDO: A título de restablecimiento del derecho, condénese a la entidad demandada DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, a reintegrar a la empresa accionante IMEGO CARGA LTDA, las sumas que pagó por concepto de la contribución Estampilla Pro Desarrollo del 10 de octubre de 2007 en adelante, de acuerdo con los pagos que se acrediten en el incidente que se promueva dentro del término previsto en la ley, conforme a los parámetros señalados en la parte motiva de esta providencia.

CUARTO: Denegar las demás pretensiones de la demanda, de acuerdo con lo expuesto en la parte motiva de ésta providencia.

QUINTO: Condenar en costas a la parte vencida – DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, liquídense por secretaría y aplíquese el procedimiento establecido en al artículo 366 del C.G.P.

SEXTO: Fijar como agencias en derecho a cargo del DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, la suma de $3.435.0160 (sic), de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de ésta providencia.

[…]”.

ANTECEDENTES

El 10 de octubre de 2012, IMEGO CARGA LIMITADA, en adelante IMEGO, presentó ante el DEPARTAMENTO DE BOYACÁ solicitud de devolución por las retenciones indebidas por concepto de la estampilla pro desarrollo del Departamento de Boyacá, practicadas por HOLCIM COLOMBIA S.A., en condición de agente de retención, correspondiente a los periodos 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 y 2011.

Lo anterior, porque mediante fallo de 16 de septiembre de 2011, la Sección Cuarta del Consejo de Estado confirmó la sentencia dictada el 28 de enero de 2009 por la Sala de Decisión No. 2 del Tribunal Administrativo de Boyacá, que declaró la nulidad de los artículos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 12 de la Ordenanza 031 de 25 de octubre de 2005 de la Asamblea Departamental de Boyacá y del Decreto Departamental 276 del 10 de febrero de 2006 del Gobernador de Boyacá, que son el fundamento de los actos demandados.

Por oficio DRF-792 de 16 octubre de 2012, el Departamento negó la petición de devolución por las retenciones indebidas por concepto de la estampilla pro desarrollo del Departamento de Boyacá, practicadas por HOLCIM COLOMBIA S.A., en condición de agente de retención, correspondiente a los periodos 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 y 2011, toda vez que las actuaciones tendientes al recaudo de la estampilla se realizaron con fundamento en la Ordenanza 031 de 25 de octubre de 2005 y el Decreto 276 de 2006, actos que se encontraban vigentes al momento del recaudo y que gozaban de presunción de legalidad. El acto fue notificado el 26 de octubre de 2012.

Por Resoluciones 000755 de 26 de diciembre de 2012 y 00088 de 26 de agosto de 2013, la Administración resolvió los recursos de reposición y apelación, respectivamente, confirmando la decisión.

DEMANDA

IMEGO CARGA LIMITADA, en ejercicio del medio de control previsto en el artículo 138 del Código De Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo - CPACA, formuló las siguientes pretensiones:

“I. PRETENSIÓN PRINCIPAL:
Que se declare la nulidad del acto administrativo contenido en el Oficio DRF-792 de fecha dieciséis (16) de octubre de 2012 proferido por el Departamento de Boyacá - Dirección de recaudo y fiscalización del Departamento, mediante el cual resolvió el derecho de petición elevado por mi Poderdante.
Que se declare la nulidad del acto administrativo contenido en la Resolución No 000755 de 26 de Diciembre de 2012, proferido por el Departamento de Boyacá – Dirección de recaudo y fiscalización del Departamento, mediante el cual se resolvió el recurso de reposición en sede administrativa confirmando el acto inicial que resolvió la petición.
Que se declare la nulidad del acto administrativo contenido en la Resolución No 00088 de 26 de agosto de 2013, proferida por el Departamento de Boyacá – Secretaría de Hacienda Departamental, mediante el cual se resolvió el recurso de apelación en sede administrativa confirmando los actos recurridos y negando el reintegro del dinero pagado por mi Poderdante.
Que a título de restablecimiento del derecho, se condene al Departamento de Boyacá, a reintegrar o devolver el dinero pagado por IMEGO CARGA Ltda. por concepto de contribución estampilla pro desarrollo, Ordenanza 031 del 25-10-2005 y Decreto 000276 del 10-02-2006, recaudado durante los años 2006 al 2011, actos que fueron declarados nulos mediante sentencia del Consejo de Estado de 16 de septiembre de 2011.
Que se condene al Departamento de Boyacá, a indexar la suma condenada en la pretensión anterior, aplicando los ajustes de valor, desde la fecha en que fue retenida dicha suma hasta la fecha de ejecutoria de la sentencia que ponga fin al proceso, conforme a la línea jurisprudencial del Honorable Consejo de Estado.
Que a la sentencia referida se le dé cumplimiento dentro del término previsto en el art. 192 C.C.A. y demás normas concordantes con la materia.
Que se condene en costas al departamento de Boyacá.

PRETENSIÓN SUBSIDIARIA:

Que se declare administrativa y/o extracontractualmente responsable al Departamento de Boyacá por los daños y perjuicios materiales y morales ocasionados a mi Representado, por falla en el servicio, al efectuar el recaudo e incurrir en la omisión al no devolver el dinero pagado por IMEGO CARGA Ltda., por concepto de la contribución estampilla pro desarrollo, Ordenanza 031 del 25-10-2005 y Decreto 000276 del 10-02-2006, durante los años 2006 al 2011.
Que en consecuencia, se condene al Departamento de Boyacá a pagar a título de reparación de los daños y perjuicios materiales ocasionados por el recaudo y la omisión en la devolución referida, que se llegaren a probar dentro del trámite procesal y de conformidad a (sic) lo establecido en el acápite de la estimación razonada de la cuantía.
Que se condene al Departamento de Boyacá a pagar a título de reparación de (sic) los daños y perjuicios morales subjetivados y objetivados, actuales y futuros en la cuantía que se llegare a probar en el proceso”.

La demandante invocó como normas violadas, las siguientes:

Artículos 1, 2, 6, 29, 83, 87 y 89 de la Constitución Política.
Artículos 817, 850 y 865 del Estatuto Tributario.
Artículos 11 y 21 del Decreto 1000 de 1997.
Artículos 386, 548 y siguientes de la Ordenanza 053 de 2004.
Ley 3 de 1986.
Decreto 1222 de 1986.
Ley 685 de 2011.
Artículos 2536, 2313 y siguientes del Código Civil.

El concepto de la violación se sintetiza así:

Efectos de las sentencias de nulidad

Las sentencias proferidas por la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo son declarativas y los efectos de los fallos de nulidad de los actos administrativos de carácter general son “ex tunc”, es decir, que las cosas vuelven al estado anterior en el que se encontraban antes de la expedición del acto declarado nulo, siempre y cuando se trate de situaciones jurídicas no consolidadas.

Por sentencia de 16 de septiembre de 2011, el Consejo de Estado confirmó el fallo del Tribunal Administrativo de Boyacá, que declaró la nulidad de los artículos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 12 de la Ordenanza 031 de 25 de octubre de 2005 de la Asamblea Departamental de Boyacá y del Decreto Departamental 276 de 10 de febrero de 2006 del Gobernador de Boyacá. Por lo tanto, los efectos de la declaratoria de nulidad son retroactivos, pues deben retrotraerse al estado en que se encontraban antes de la expedición de dichos actos.

Las retenciones efectuadas a la demandante por concepto de la estampilla pro desarrollo del Departamento de Boyacá, correspondiente a los periodos 2006 a 2011, las realizó HOLCIM (COLOMBIA) S.A., en calidad de agente retenedor, con fundamento en los actos declarados nulos. Por lo tanto, se configura un pago de lo no debido y, en esa medida, la devolución de dichos pagos puede ser objeto de discusión ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, pues se trata de una situación jurídica no consolidada.

De conformidad con el artículo 850 del Estatuto Tributario, el contribuyente tiene derecho a pedir la devolución del pago de lo no debido, pues no existe causa legal para hacer exigible las retenciones por concepto de la estampilla en comento. Además, no se presenta prescripción para solicitar la devolución de dichos pagos, según lo dispuesto en el artículo 817 del mismo estatuto.

Comoquiera que se está ante a un enriquecimiento sin justa causa por parte del Departamento de Boyacá por la suma de $117.815.444 y, en consecuencia, una disminución patrimonial para la demandante, procede la devolución solicitada ante la Administración de acuerdo con los certificados de retención expedidos por HOLCIM.

CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

El Departamento de Boyacá se opuso a las pretensiones de la demanda en los siguientes términos:

La devolución solicitada por la demandante no procede, porque los pagos por concepto de estampilla pro desarrollo del departamento de Boyacá se hicieron con fundamento en la Ordenanza 031 de 2005, que estaba vigente en el momento en que se efectuaron las retenciones y, además, gozaba de presunción de legalidad.

Durante la vigencia de la Ordenanza 031 de 2005 y su decreto reglamentario, tenía plena validez el cobro, recaudo y pago de la estampilla pro desarrollo del departamento de Boyacá, de conformidad con el artículo 88 de la Ley 1437 de 2011.

Lo anterior, constituye una situación jurídica consolidada, pues el recaudo de la estampilla se realizó con fundamento en los actos administrativos que, hasta la declaratoria de nulidad, eran legales. En consecuencia, no se presentó un daño o detrimento patrimonial en contra de la demandante, ni tampoco se configuró una falla en el servicio, pues el departamento actuó en cumplimiento de un deber legal.

Si bien es cierto que a partir de la declaratoria de nulidad de la Ordenanza 031 de 2005 y su decreto reglamentario no procede la liquidación, cobro o recaudo alguno por concepto de estampilla, también lo es que según la jurisprudencia del Consejo de Estado, los efectos del fallo de nulidad son “ex nunc”, es decir, hacia el futuro, por lo tanto, no afecta las situaciones jurídicas consolidadas que nacieron durante su vigencia.

En consecuencia, los pagos anteriores a la declaratoria de nulidad de los actos, no deben ser reintegrados, pues insiste, que estos se hicieron durante la vigencia de la norma.

SENTENCIA APELADA

El Tribunal accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda y condenó en costas a la demandada.

Las razones de la decisión se resumen así:

HOLCIM COLOMBIA S.A., en su calidad de agente retenedor, efectuó la correspondiente retención de la estampilla pro desarrollo del departamento de Boyacá, a cargo de la demandante, por los años 2006 a 2011. Sin embargo, por la declaratoria de nulidad de los actos que establecían la estampilla, la actora solicitó la devolución de las sumas que fueron recaudadas.

De acuerdo con la jurisprudencia del Consejo de Estado, los efectos de los fallos de nulidad son “ex tunc” y afecta las situaciones jurídicas no consolidadas. Por lo tanto, en este caso, se desvirtuó la presunción de legalidad del tributo y se configuró un pago de lo no debido.

En concordancia con lo anterior, el término para pedir la devolución de los pagos en exceso o de lo no debido, es el fijado en los artículos 11 y 21 del Decreto 1000 de 1997, esto es, el de prescripción de la acción ejecutiva, establecido en el artículo 2536 del Código Civil.

Como la solicitud de lo indebidamente pagado fue presentada el 10 de octubre de 2012, la sociedad demandante tenía derecho a que el departamento de Boyacá le reintegrara las retenciones efectuadas por HOLCIM por concepto de la estampilla pro desarrollo del departamento de Boyacá, desde el 10 de octubre de 2007 en adelante, pues lo anterior a esa fecha se considera una situación jurídica consolidada.

De las pruebas allegadas al proceso no se tiene certeza de las sumas que mensualmente HOLCIM le retuvo a la actora, por lo tanto, la condena se realiza en abstracto con el fin de que mediante el trámite incidental previsto en los artículos 127 y siguientes del CGP, se liquide el derecho reconocido. Para tal efecto, se deberá tener en cuenta lo previsto en el artículo 127 de la Ley 1437 de 2011.

Por último, condena en costas a la demandada y como agencias en derecho establece la suma de $3.435.160, que corresponde al 2% de la estimación razonada de la cuantía en la demanda.

RECURSO DE APELACIÓN

El demandante apeló con fundamento en los siguientes argumentos:

Las situaciones jurídicas no se encontraban consolidadas al momento de proferirse la sentencia de nulidad de la Ordenanza 031 de 2005 y su decreto reglamentario, pues estas normas estaban siendo objeto de estudio en varias acciones de nulidad cuando se efectuaron los pagos por concepto de la estampilla pro desarrollo del departamento de Boyacá.

En efecto, durante los años 2006 a 2011, se interpuso la acción de nulidad 2006-2940, en la que se declaró cosa juzgada y, así mismo, se expidió el fallo de segunda instancia del Consejo de Estado, en el que se confirmó la nulidad de la citada Ordenanza y su Decreto Reglamentario.

Adicionalmente, la demora en la expedición de la sentencia de nulidad no puede afectar a la demandante para efectos de contabilizar el término de prescripción para la procedencia de la solicitud de devolución del pago de lo no debido.

Por lo anterior, procede la adición de la sentencia apelada en el sentido de que el departamento de Boyacá debe reintegrar a la actora todas la sumas que pagó por concepto de estampilla pro desarrollo por los periodos comprendidos entre el año 2006 al 2011.

El demandado presentó recurso de apelación contra la sentencia bajo los argumentos que se sintetizan a continuación:

Tal como lo manifiesta el a quo, las situaciones jurídicas no están consolidadas en dos eventos: i) cuando los actos se encuentran en discusión o son susceptibles de discusión en sede administrativa entre el momento de expedición del acto general y la sentencia anulatoria; y ii) cuando los actos estuvieren demandados o fueran susceptibles de debatirse ante la jurisdicción administrativa entre el momento de expedición del acto general y la sentencia anulatoria.

De acuerdo con lo anterior, los pagos realizados por IMEGO por concepto de la estampilla pro desarrollo del departamento de Boyacá, por los periodos correspondientes a los años 2006 a 2011, constituyen situaciones jurídicas consolidadas, porque dichos pagos no fueron controvertidos entre el 25 de octubre de 2005 [fecha de expedición de la Ordenanza 031 de 2005] y el 16 de septiembre de 2011 [fecha de la sentencia de anulación].

Tampoco se configura un pago de lo no debido, pues se requiere ausencia de la causa legal para pagar, error de hecho o de derecho de quien hizo el pago y ausencia de la obligación que permita a la administración retener lo pagado, circunstancias que no se presentan en este caso.

Si se llegaren a cumplir los presupuestos que establecen la responsabilidad, la entidad llamada a indemnizar el daño es la Asamblea Departamental, pues en uso de sus facultades legislativas profirió el acto anulado, esto es, la Ordenanza 031 de 2005.

Por último, precisa que en el salvamento de voto del Magistrado Javier Ortiz del Valle del Tribunal Administrativo de Boyacá, se dijo que el pago de las obligaciones fiscales no es reembolsable debido a que los efectos de la sentencia anulatoria son “ex nunc”, es decir, hacia el futuro.

ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

La demandante insistió en los argumentos de la demanda y del recurso de apelación.

La demandada reiteró, en términos generales, los argumentos de la contestación de la demanda y del recurso de apelación.

El Ministerio Público no emitió concepto.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

En los términos del recurso de apelación interpuesto por la parte demandante y la parte demandada, la Sala determina si procede la devolución de las retenciones practicadas por HOLCIM COLOMBIA S.A., en calidad de agente retenedor de IMEGO CARGA LIMITADA, por concepto de la estampilla pro desarrollo del departamento de Boyacá, correspondiente a los periodos 2006 a 2011.

Estampilla Pro Desarrollo del departamento de Boyacá

Por sentencia de 16 de septiembre de 2011, el Consejo de Estado confirmó el fallo del Tribunal Administrativo de Boyacá, que declaró la nulidad de los artículos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 12 de la Ordenanza 031 de 25 de octubre de 2005 de la Asamblea Departamental de Boyacá y del Decreto Departamental 276 de 10 de febrero de 2006 del Gobernador de Boyacá.

En la decisión señalada, la Sección concluyó que las normas demandadas violaron la Ley 3 de 1986 y el Decreto 1222 de 1986 porque crearon otro tributo diferente, a pretexto de cambiar la estampilla como instrumento de recaudo por una guía de transporte que no cumple el mismo objeto y, habida cuenta de que se decretó la nulidad de los artículos 8 y 9 de la Ordenanza 031 de 2005, declaró la nulidad del Decreto 276 de 2006.

Efectos de las sentencias de nulidad de actos administrativos de carácter general

Como lo ha precisado la Sala, los efectos de los fallos de nulidad de los actos de carácter general son inmediatos frente a las situaciones jurídicas no consolidadas, esto es, aquellas que se debaten o son susceptibles de debatirse ante las autoridades administrativas o ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, toda vez que cuando se define la situación jurídica particular y concreta, la norma que debía tenerse en cuenta para resolver el caso resulta inaplicable porque fue anulada.

La entidad territorial demandada argumentó, en la contestación de la demanda y en el recurso de apelación, que los efectos de la providencia judicial que declaró la nulidad de la Ordenanza 031 de 2005 y el Decreto 276 de 2006, que incorporaron la estampilla pro desarrollo del departamento de Boyacá, operan hacia futuro y no afectan los pagos de la demandante que fueron realizados bajo la vigencia de normas amparadas por la presunción de legalidad, por lo que a su juicio, constituye una situación jurídica consolidada.

Es de anotar que los efectos de la sentencia de nulidad de esta Sección, de fecha 16 de septiembre de 2011, son aplicables al caso concreto, pues no existe situación jurídica consolidada. Ello, porque para el caso de las devoluciones de tributos territoriales, la Sala ha señalado que las situaciones jurídicas no se consolidan mientras subsista el término para solicitar la devolución.

En esas condiciones, como los efectos de la sentencia de nulidad son inmediatos, las retenciones que le realizó HOLCIM COLOMBIA S.A., en calidad de agente retenedor a IMEGO CARGA LIMITADA, por concepto de la estampilla pro desarrollo del departamento de Boyacá, constituyen un pago de lo no debido y, en consecuencia, la demandante podía pedir la devolución de las sumas pagadas indebidamente.

Devolución del pago de lo no debido

En relación con el término para pedir la devolución, la Sala ha precisado que comoquiera que la ley tributaria, que es especial, no señaló un término para que los contribuyentes soliciten la devolución de los pagos en exceso o de lo no debido, debe aplicarse la norma general de prescripción, esto es, el artículo 2536 del Código Civil.

Con base en lo anterior, la petición de devolución puede presentarse dentro del plazo de prescripción de la acción ejecutiva previsto en el artículo 2536 del Código Civil, en concordancia con los artículos 11 y 21 del Decreto 1000 de 1997.

Por lo tanto, el contribuyente tiene el derecho a solicitar la devolución de lo que pagó indebidamente, siempre que no haya prescrito el derecho a pedir la devolución, de acuerdo con lo previsto en el artículo 2536 del Código Civil, modificado por el artículo 8 de la Ley 791 de 2002.

Así lo reiteró la Sala en sentencia de 23 de febrero de 2017, exp. 21314, C.P. Stella Jeannette Carvajal Basto. En dicha providencia, la Sala señaló que “para el caso de la devolución de pagos en exceso o de lo no debido, el plazo es el previsto en los artículos 11 y 21 del Decreto 1000 de 1997, aplicables por la remisión hecha por el artículo 59 de la Ley 788 de 2002, esto es, el de prescripción de la acción ejecutiva establecido en 5 años por el artículo 2536 del Código Civil, con la modificación establecida por el artículo 8º de la Ley 791 de 2002”.

La Sala precisa que en virtud del artículo 2513 del Código Civil “el que quiera aprovecharse de la prescripción debe alegarla; el juez no puede declararla de oficio”, es decir, la prescripción debe ser solicitada por el interesado a fin de que sea decretada por la autoridad judicial correspondiente.

No obstante, el artículo 817 del Estatuto Tributario determina que la competencia para decretar la prescripción extintiva de las obligaciones tributarias radica exclusivamente en cabeza de la Administración, ya sea de oficio o a petición de parte. Adicionalmente, en los términos del numeral 6º del artículo 180 del CPACA, en la Jurisdicción Contencioso Administrativa, el Juez o Magistrado tiene la facultad de resolver la excepción de prescripción extintiva de las obligaciones solicitada por la parte o incluso cuando no ha sido solicitada proceder de oficio.

En consecuencia, la Sala estudiará si se presenta la figura de la prescripción extintiva en relación con la devolución del pago de lo no debido por parte de la demandante, en concordancia con el estudio que realizó el a quo de dicha prescripción.

En el caso en estudio, HOLCIM COLOMBIA S.A. allegó certificados de fecha de 8 de junio de 2012, en los que hace constar que le realizó a IMEGO CARGA LIMITADA las siguientes retenciones, por concepto de la estampilla pro desarrollo del departamento de Boyacá:

Año
Valor de la retención
Folio
2006
15.661.968
32 c. p. 1.
2007
22.604.332
33 c. p. 1
2008
20.942.509
34 c. p. 1
2009
23.208.465
35 c. p. 1
2010
19.406.844
36 c. p. 1
2011
15.991.336
37 c. p. 1
Total
117.815.454

Es de anotar que las retenciones efectuadas a la actora por parte de HOLCIM, en calidad de agente retenedor, y los correspondientes pagos que éste efectuó al departamento de Boyacá, no son objeto de controversia ni de discusión en el presente proceso, por el contrario, este es un hecho aceptado por las partes.

Como la actora solicitó la devolución del pago de lo no debido el 10 de octubre de 2012, operó la prescripción del derecho a solicitar la devolución por las retenciones realizadas por el año 2006 y 2007 -parcial-, puesto que ya habían pasado los cinco años contados a partir de la retención de dichos periodos. Sin embargo, en cuanto al año 2007, solamente se encuentra prescrito el derecho a solicitar la devolución de las retenciones efectuadas antes del 10 de octubre de ese año.

Respecto a los demás periodos que se discuten, esto es, los años 2007 – parcial- (a partir del 10 de octubre en adelante), 2008, 2009, 2010 y 2011, la petición de devolución fue oportuna. Por lo tanto, respecto de dichos periodos procede la devolución de las retenciones que le realizaron a la demandante, porque tal como lo preciso el Tribunal en la sentencia apelada, se encuentran acreditadas las retenciones realizadas en dichos periodos.

Es de anotar que las retenciones deben ser devueltas por el demandado, esto es, el departamento de Boyacá, pues para la fecha de la solicitud de devolución de estas ya debían estar en poder del sujeto activo del impuesto.

Al respecto, en sentencia de 25 de febrero de 2016, la Sala sostuvo lo siguiente:

“La retención en la fuente se practica por los “agentes de retención” quienes al detraer una suma determinada en la ley o en el reglamento, actúan a nombre del Estado como recaudadores iniciales respecto a los ingresos sometidos al impuesto. El artículo 375 del Estatuto Tributario señala que “Están obligados a efectuar la retención o percepción del tributo, los agentes de retención que por sus funciones intervengan en actos u operaciones en los cuales deben, por expresa disposición legal, efectuar dicha retención o percepción”.

La obligación de retener implica una delegación o autorización de atribuciones públicas relacionadas con el recaudo del tributo y, por ende, trae aparejadas una serie de cargas y facultades previstas en la ley, como retener, consignar, contabilizar, declarar, informar y certificar.

De acuerdo con el artículo 376 del Estatuto Tributario, la obligación de consignar significa que el agente retenedor debe entregar al Estado los dineros retenidos dentro de los plazos y lugares que fije el Gobierno Nacional. De acuerdo con el artículo 382 del Estatuto Tributario Nacional, los agentes de retención deben presentar mensualmente las declaraciones de retenciones y para los periodos gravables en discusión, debían presentarse con pago, pues, de lo contrario, se tendrían por no presentadas (artículo 580 del E.T.N).

Lo anterior significa que para la fecha de las solicitudes de devolución (13 de mayo de 2009 por los periodos 2006 a 2008-parcial y 18 de septiembre de 2009 por los años 2008 y 2009 –julio), ya EMCALI, como agente de retención, debió consignar al municipio de Santiago de Cali el valor de las retenciones que le practicó a la actora por los periodos 2006 a 2009. Por lo mismo, era este municipio el obligado a devolver a la demandante los valores retenidos, pues los tenía en su poder.

[…]

Como se precisó, las retenciones practicadas a la actora por la estampilla pro cultura y la tasa pro deporte eran indebidas y debían ser devueltas a esta por el Municipio, pues las solicitudes de devolución fueron oportunas y las sumas retenidas ya debían estar consignadas al demandado, por lo cual ya estaban en su poder”.

Por lo tanto, para la fecha en que fue presentada la solicitud de devolución de las retenciones por concepto de la estampilla pro desarrollo del Departamento de Boyacá por los periodos 2007 – parcial- (a partir del 10 de octubre en adelante), 2008, 2009, 2010 y 2011, el agente de retención ya debía haber consignado al Departamento de Boyacá el valor de las retenciones que le practicó a la actora y que están debidamente probadas en el expediente.

En consecuencia, el Departamento de Boyacá era el obligado a devolver a la demandante los valores retenidos, pues los tenía en su poder desde el momento en que fueron consignados por HOLCIM COLOMBIA S.A., en su calidad de agente retenedor.

Se advierte que el total de las retenciones por los años 2008, 2009, 2010 y 2011, según las certificaciones de HOLCIM, es de $79.549.154.

Se encuentra probado por certificación emitida por HOLCIM, que las retenciones en el año 2007 por concepto de la estampilla pro desarrollo del departamento de Boyacá, es de $22.604.332, también obra certificación del departamento de Boyacá, donde consta los pagos al departamento durante las vigencias 2006 y 2007 realizados por HOLCIM por concepto de la referida estampilla registrados por la Tesorería General del Departamento.

A pesar de tener convencimiento de que se realizaron las retenciones y los pagos correspondientes en el año 2007, de las pruebas allegadas al proceso no era posible establecer con exactitud a cuánto corresponde la suma que fue retenida a IMEGO por el periodo comprendido entre el 10 de octubre de 2007 hasta el 31 de diciembre del mismo año, dado que las certificaciones solo discriminan los valores retenidos por periodos anuales.

Teniendo en cuenta lo anterior y ante la falta de certeza en la información, mediante auto de 8 de noviembre de 2017, la Sala ordenó oficiar a la sociedad Imego Carga Limitada, para que su Revisor Fiscal o Contador Público certificara, las retenciones que mes a mes le realizó HOLCIM COLOMBIA S.A. por concepto de la Estampilla Pro desarrollo del departamento de Boyacá, por el año 2007.

El 21 de noviembre de 2017, el apoderado de la sociedad demandante allegó certificación del Revisor Fiscal de HOLCIM (Colombia) S.A. y del Contador Público de IMEGO. En las certificaciones se hizo constar mes a mes las retenciones realizadas a la actora, por los periodos discutidos.

De acuerdo con la certificación del Revisor Fiscal de HOLCIM, las retenciones practicadas por $22.604.322 en el año 2007, corresponden a los valores descontados de los pagos realizados por el servicio de carga en su facturación mensual, así:

Mes declarado en el año 2007
Número de Radicación
Fecha de radicación
Valor de declaración consignado por HOLCIM Colombia S.A. a favor de la Gobernación de Boyacá
Valor descontado por Holcim Colombia S.A.
Enero
007-0144
09-FEB-2007
$60.346.000
$1.708.800
Febrero
007-0339
13-MAR-2007
$63.199.000
$1.837.422
Marzo
007-0453
10-ABR-2007
$63.013.000
$1.682.100
Abril
007-0563
18-MAY-2007
$61.283.000
$1.640.400
Mayo
007-0681
12-JUN-2007
$70.191.000
$1.833.600
Junio
007-0793
10-JUL-2007
$68.647.000
$1.673.364
Julio
007-0918
10-AGO-2007
$71.392.000
$2.126.712
Agosto
007-1016
10-SEP-2007
$68.181.000
$1.927.518
Septiembre
007-1145
09-OCT-2007
$69.638.000
$1.960.212
Octubre
007-1322
13-NOV-2007
$70.122.000
$2.144.070
Noviembre
007-1432
10-DIC-2007
$70.635.000
$1.969.224
Diciembre
008-104
10-ENE-2008
$73.326.000
$2.100.900
TOTAL

$22.604.322

Por su parte, en la certificación del Contador de la sociedad demandante, se encuentra la relación de retenciones practicadas en el año 2007, la cual se transcribe a continuación:

AÑO
MES
VALOR
2007
ENERO
1.708.800
2007
FEBRERO
1.837.422
2007
MARZO
1.682.100
2007
ABRIL
1.640.400
2007
MAYO
1.833.600
2007
JUNIO
1.673.364
2007
JULIO
2.126.712
2007
AGOSTO
1.927.518
2007
SEPTIEMBRE
1.960.212
2007
OCTUBRE
2.144.070
2007
NOVIEMBRE
1.969.224
2007
DICIEMBRE
2.100.900
TOTAL

22.604.322

Con los certificados allegados por la demandante, se probó que las retenciones practicadas por concepto de la Estampilla Pro Desarrollo del departamento de Boyacá, por el periodo comprendido entre octubre y diciembre de 2007, corresponde a la suma de $6.214.194.

En resumen, en relación con los periodos 2007 –parcial-, 2008, 2009, 2010 y 2011, bajo el entendido de que se encuentra acreditado en el expediente los valores retenidos y que es procedente la devolución de esos periodos, esta Sala ordenará la devolución de los valores como se detalla a continuación:

Año
Valor de la retención
2007
6.214.194
2008
20.942.509
2009
23.208.465
2010
19.406.844
2011
15.991.336
Total
85.763.348

La suma de $85.763.348, cuya devolución se ordena, será la base para la liquidación de los intereses corrientes y moratorios, que se deberán reconocer en los términos de los artículos 863 y 864 del Estatuto Tributario, aplicables a este asunto por remisión del artículo 59 de la Ley 788 de 2002. Igual criterio tuvo en cuenta la Sala al ordenar la devolución de lo pagado indebidamente por concepto de otra estampilla municipal para el reconocimiento de los intereses corrientes y moratorios.

En esas condiciones, con fundamento en el artículo 863 del Estatuto Tributario, la suma que debe devolverse y que constituye un pago de lo no debido, genera intereses corrientes y de mora. Los primeros, a partir de la notificación del acto administrativo que negó la devolución y hasta la ejecutoria del acto administrativo o providencia que confirme total o parcialmente la petición de devolución. Y los segundos, a partir del vencimiento del término para devolver y hasta la fecha del giro del cheque, emisión del título o consignación.

En consecuencia, se deberán reconocer los intereses corrientes a la tasa señalada en el artículo 864 del Estatuto Tributario, en relación con las sumas objeto de devolución por concepto de las retenciones indebidamente practicadas por la estampilla pro desarrollo del departamento de Boyacá por los periodos 2007-parcial-, 2008, 2009, 2010 y 2011, desde la fecha de notificación del acto que rechazó la devolución [26 de octubre de 2012] hasta la ejecutoria de esta providencia, e intereses moratorios desde el día siguiente de la ejecutoria de este fallo hasta la fecha de giro del cheque, emisión del título o consignación, también a la tasa prevista en el artículo 864 ibídem.

Condena en costas

Con fundamento en los artículos 188 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 365 del Código General del Proceso, el Tribunal condenó en costas al departamento de Boyacá y fijó como agencias en derecho, el 2% de la estimación razonada de la cuantía señalada en la demanda. Esta decisión se mantiene por no haber sido apelada por el demandado.

En relación con las costas de segunda instancia, la Sala precisa lo siguiente:

De acuerdo con los artículos 188 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 361 del Código General del Proceso, las sentencias que deciden los procesos de conocimiento de la jurisdicción de lo contencioso administrativo deben resolver sobre la condena en costas, que están integradas por las expensas y gastos en que incurrió la parte durante el proceso y por las agencias en derecho. Esta regla que no se aplica a los procesos en los que se ventile un interés público.

Por su parte, el artículo 365 del Código General del Proceso (Ley 1564 de 2012), señala las reglas para la determinación de la condena en costas, así:

“1. Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva desfavorablemente el recurso de apelación, casación, queja, súplica, anulación o revisión que haya propuesto. Además, en los casos especiales previstos en este código.

“Además se condenará en costas a quien se le resuelva de manera desfavorable un incidente, la formulación de excepciones previas, una solicitud de nulidad o de amparo de pobreza, sin perjuicio de lo dispuesto en relación con la temeridad o mala fe.

“2. La condena se hará en sentencia o auto que resuelva la actuación que dio lugar a aquella.

“3. En la providencia del superior que confirme en todas sus partes la de primera instancia se condenará al recurrente en las costas de la segunda.

“4. Cuando la sentencia de segunda instancia revoque totalmente la del inferior, la parte vencida será condenada a pagar las costas de ambas instancias.

“5. En caso de que prospere parcialmente la demanda, el juez podrá abstenerse de condenar en costas o pronunciar condena parcial, expresando los fundamentos de su decisión.

“6. Cuando fueren dos (2) o más litigantes que deban pagar las costas, el juez los condenará en proporción a su interés en el proceso; si nada se dispone al respecto, se entenderán distribuidas por partes iguales entre ellos.

“7. Si fueren varios los litigantes favorecidos con la condena en costas, a cada uno de ellos se les reconocerán los gastos que hubiere sufragado y se harán por separado las liquidaciones.

“8. Solo habrá lugar a costas cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación.

“9. Las estipulaciones de las partes en materia de costas se tendrán por no escritas. Sin embargo podrán renunciarse después de decretadas y en los casos de desistimiento o transacción.” (Destaca la Sala)

En este caso, nos hallamos ante el evento descrito en el numeral 3 del artículo 365 del Código General del Proceso (Ley 1564 de 2012), para la procedencia de la condena en costas contra la parte vencida en el proceso, es decir, el demandado, pues fue la parte vencida en el proceso. No obstante, la Sala ha precisado que estas circunstancias deben analizarse en conjunto con la regla del numeral 8, que dispone que “Solo habrá lugar a costas cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación.”

Revisado el expediente se advierte que no existen elementos de prueba que demuestren o justifiquen las erogaciones por concepto de costas. Por tanto, no procede la condena en costas en segunda instancia.

En suma, la Sala revoca el numeral segundo de la parte resolutiva de la sentencia apelada. En su lugar, a título de restablecimiento se condena al Departamento de Boyacá a devolver a IMEGO CARGA LIMITADA la suma de $85.763.348 por los periodos 2007 –parcial-, 2008, 2009, 2010 y 2011, monto que será, a la vez, la base para la liquidación de los intereses reconocidos en esta providencia.

En lo demás, confirma la sentencia apelada. Asimismo, niega la condena en costas en segunda instancia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO: REVOCAR el numeral segundo de la parte resolutiva de la sentencia apelada. En su lugar, quedará así:

“SEGUNDO: A título de restablecimiento, se ORDENA al departamento de Boyacá a devolver a IMEGO CARGA LIMITADA la suma de $85.763.348 por los periodos 2007 –parcial-, 2008, 2009, 2010 y 2011. Este monto será la base para la liquidación de los intereses corrientes y moratorios en los términos reconocidos en esta providencia.”

SEGUNDO: En lo demás, CONFIRMAR la sentencia apelada.

TERCERO: No se condena en costas en esta instancia.

Cópiese, notifíquese, devuélvase el expediente al Tribunal de origen. Cúmplase.

La anterior providencia se estudió y aprobó en sesión de la fecha.

MILTON CHAVES GARCÍA
Presidente de la Sección
STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO

JULIO ROBERTO PIZA RODRÍGUEZ
JORGE OCTAVIO RAMÍREZ RAMÍREZ

Folios 458 a 67 c. p. 1. Folio 466 (anverso) y 467 c. p. 1. Folios 85 a 87 c. p. 1
Folios 27 a 48 c. p. 1
Folios 88 y 89 c. p. 1. Folio 89 (anverso) c. p. 1. Folios 90 a 93 c. p. 1. Folios 94 a 97 c. p. 1. Folios 115 y 116 c. p. 1. Folios 145 a 154 c. p. 1
Sentencias de 21 de noviembre de 2007, exp. 16294, C.P. Ligia López Díaz y de 18 de julio de 2012, exp. 16191, C.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas. Folios 458 a 467 c. p. 1
Sentencia de 29 de abril de 2010, exp. 17051, C.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas. Sentencia de 31 de julio de 2009, exp. 14508, C.P. Héctor J. Romero Díaz. Folios 481 a 484 c. p. 1
Folios 474 a 480 c. p. Sentencia de 29 de abril de 2010, C.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas. Folios 19 a 21 c. p. 2
Folios 22 a 24 c. p. 2
Exp. 17655, C.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas. Entre otras, ver sentencias de 16404 del 23 de julio de 2009, C.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas; de 17617 del 11 de marzo de 2010, C.P. Martha Teresa Briceño de Valencia; de 17922 del 16 de junio de 2011, C.P. William Giraldo Giraldo; de 3 de julio de 2013, exp. 19017, C.P. Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez y de 26 de febrero de 2014, exp 19684, C.P. Martha Teresa Briceño de Valencia. Sentencias 16404 de 23 de julio de 2009, C.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas; 17617 del 11 de marzo de 2010, C.P. Martha Teresa Briceño de Valencia y, 17922 del 16 de junio de 2011, C.P. William Giraldo Giraldo. Reiteradas en sentencia de 23 de febrero de 2017, exp. 21314, C.P. Stella Jeannette Carvajal Basto. Sentencias de 9 de agosto de 2012, exp. 18301, C.P. Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez y 13 de junio de 2013, exp. 17973, C.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas. Artículo 2536 Código Civil. La acción ejecutiva se prescribe por diez años, y la ordinaria por veinte. La acción ejecutiva se convierte en ordinaria por el lapso de diez años, y convertida en ordinaria durará solamente otros diez. Artículo modificado por el artículo 8 de la Ley 791 de 2002. El nuevo texto es el siguiente: La acción ejecutiva se prescribe por cinco (5) años. Y la ordinaria por diez (10). La acción ejecutiva se convierte en ordinaria por el lapso de cinco (5) años, y convertida en ordinaria durará solamente otros cinco (5). Decreto 1000 de 1997, artículo 11. TÉRMINO PARA SOLICITAR LA DEVOLUCIÓN POR PAGOS EN EXCESO. Las solicitudes devolución o compensación por pagos en exceso, deberán presentarse dentro del término de prescripción de la acción ejecutiva, establecido en el artículo 2536 del Código Civil. Para el trámite de estas solicitudes, en los aspectos no regulados especialmente, se aplicará el mismo procedimiento establecido para la devolución de los saldos a favor liquidados en las declaraciones tributarias. En todo caso, el término para resolver la solicitud, será el establecido en el artículo 855 del Estatuto Tributario. Decreto 1000 de 1997, artículo 21. TÉRMINO PARA SOLICITAR Y EFECTUAR LA DEVOLUCIÓN DE PAGOS DE LO NO DEBIDO. Habrá lugar a la devolución o compensación de los pagos efectuados a favor de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales sin que exista causa legal para hacer exigible su cumplimiento, para lo cual deberá presentarse solicitud ante la Administración de Impuestos y Aduanas donde se efectuó el pago, dentro del término establecido en el artículo 11 del presente Decreto. La Administración para resolver la solicitud contará con el término establecido en el mismo artículo. El Decreto 1000 de 1997 fue derogado por el artículo 27 del Decreto 2277 de 2012. Los artículos 11 y 16 del Decreto 2277 de 2012 regulan, en su orden, el plazo para pedir la devolución de pagos en exceso y pagos de lo no debido. Sentencia de 13 de junio de 2013, exp. 17973, C.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas.
“Art. 11. Término para solicitar la devolución por pagos en exceso. Las solicitudes devolución o compensación por pagos en exceso, deberán presentarse dentro del término de prescripción de la acción ejecutiva, establecido en el artículo 2536 del Código Civil”.
“Art.

21. Término para solicitar y efectuar la devolución de pagos de lo no debido. Habrá lugar a la devolución o compensación de los pagos efectuados a favor de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales sin que exista causa legal para hacer exigible su cumplimiento, para lo cual deberá presentarse solicitud ante la Administración de Impuestos y Aduanas donde se efectuó el pago, dentro del término establecido en el artículo 11 del presente Decreto. La Administración para resolver la solicitud contará con el término establecido en el mismo artículo”.
“Art. 59. Procedimiento tributario territorial. Los departamentos y municipios aplicarán los procedimientos establecidos en el Estatuto Tributario Nacional, para la administración, determinación, discusión, cobro, devoluciones, régimen sancionatorio incluida su imposición, a los impuestos por ellos administrados”.
“Art 2536. La acción ejecutiva se prescribe por cinco (5) años. Y la ordinaria por diez (10)”.
“Artículo 817. Modificado por la Ley 1739 de 2014, artículo 53. (éste reglamentado por el Decreto 2452 de 2015.) La acción de cobro de las obligaciones fiscales, prescribe en el término de cinco (5) años, contados a partir de: 1. La fecha de vencimiento del término para declarar, fijado por el Gobierno Nacional, para las declaraciones presentadas oportunamente.

2. La fecha de presentación de la declaración, en el caso de las presentadas en forma extemporánea.
3. La fecha de presentación de la declaración de corrección, en relación con los mayores valores.
4. La fecha de ejecutoria del respectivo acto administrativo de determinación o discusión.
La competencia para decretar la prescripción de la acción de cobro será de los Administradores de Impuestos o de Impuestos y Aduanas Nacionales respectivos, o de los servidores públicos de la respectiva administración en quien estos deleguen dicha facultad y será decretada de oficio o a petición de parte.” (Negrillas fuera del texto original)
“Artículo 180. Audiencia inicial. Vencido el término de traslado de la demanda o de la de reconvención según el caso, el Juez o Magistrado Ponente, convocará a una audiencia que se sujetará a las siguientes reglas:
(…)

6. Decisión de excepciones previas. El Juez o Magistrado Ponente, de oficio o a petición de parte, resolverá sobre las excepciones previas y las de cosa juzgada, caducidad, transacción, conciliación, falta de legitimación en la causa y prescripción extintiva.
Si excepcionalmente se requiere la práctica de pruebas, se suspenderá la audiencia, hasta por el término de diez (10) días, con el fin de recaudarlas. Al reanudar la audiencia se decidirá sobre tales excepciones.
Si alguna de ellas prospera, el Juez o Magistrado Ponente dará por terminado el proceso, cuando a ello haya lugar. Igualmente, lo dará por terminado cuando en la misma audiencia advierta el incumplimiento de requisitos de procedibilidad.
El auto que decida sobre las excepciones será susceptible del recurso de apelación o del de súplica, según el caso. (…)” (Negrillas fuera del texto original)

Folios 32 a 37 c. p.
Folios 85 a 87 c. p. 1
Sentencia de 25 de febrero de 2016, Radiación: 21115, C.P. Martha Teresa Briceño de Valencia.
Artículos 375 y ss. del Estatuto Tributario
Estatuto Tributario Nacional. Artículo 376. Consignar lo retenido. Las personas o entidades obligadas a hacer la retención, deberán consignar el valor retenido en los lugares y dentro de los plazos que para tal efecto señale el Gobierno Nacional.
El artículo 15 de la Ley 1430 de 2010 adicionó al E.T el artículo 580-1 del E.T, conforme con el cual las declaraciones de retenciones sin pago total no producen efectos, sin necesidad de acto que así lo declare.
Folios 4 y 7 a 10 c. a.
Folio 4 c.a.
Folio 6 c.a.
Folio 399 y 400 c. p 1.
Folio 216 c.p. 2
Folios 27 a 37 c. p. 2
Folio 30 c. p. 2
Folio 36 c. p. 2
Sentencias de 30 de julio de 2015, exp. 19441, C.P. Martha Teresa Briceño de Valencia y de 23 de febrero de 2017, exp. 21314, C.P. Stella Jeannette Carvajal Basto.
Folio 89 (anverso) c. p. 1.
Se reitera el criterio de la Sala expuesto en sentencia complementaria del 24 de julio de 2015, Exp. 20485, C.P. Martha Teresa Briceño de Valencia.

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